jueves, 25 de junio de 2009

Justicia, el clamor de los familiares de Bonfilio Rubio en su sepelio

De Jesús Rodríguez Montes en La Jornada Guerrero.

El centro Tlachinollan ayudará para llevar la denuncia a la CNDH, adelantan
Reclaman en el funeral del nahua “que se haga una investigación seria y clara”

Tlatzala, 24 de junio. De una casa a medio construir, casi en obra negra, emerge el aroma del copal. Es creencia entre los nahuas que la quema de esta resina vegetal purifica el alma del difunto cuando se vela. Así el alma descansa en paz.

Miércoles 24 de junio. Si Bonfilio Rubio Villegas no hubiera muerto hace cuatro días, el sábado 20, en dos días más estaría partiendo a Tijuana. Seguramente lo haría en autobús y después, a pie, caminaría varios kilómetros en el desierto, con su cuñado Francisco como compañero en el viaje hasta Nueva York, Estados Unidos, un destino ya muy común de los indígenas de La Montaña de Guerrero.

Tlatzala es un pueblo pobre de Tlapa. Esa condición el pueblo la ha comenzado a disfrazar, desde hace una década quizá, construyendo casas de concreto con el dinero que envían los paisanos desde Estados Unidos. Bonfilio ya había estado en Nueva York durante seis años.

En este pueblo de migrantes la muerte estremece a la familia Rubio. Lo que les ha ocurrido en los últimos cuatro días fue realmente inesperado. Todo comenzó hace unos meses, en diciembre, cuando la pequeña empresa de venta de pollo en la que trabajaba Bonfilio en el Distrito Federal fue clausurada, por órdenes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Desempleado, el indígena de 29 años decidió volver a Nueva York; pero como en la vida nadie sabe lo que va a pasar, dice Francisco, su cuñado se topó con una “bala perdida” de quizá decenas –tal vez muchas más– que salieron de las metralletas de los soldados el sábado por la noche, en un retén de Huamuxtitlán.

En lo alto, desde una bocina que suena ronca, comienzan a tocar Las Golondrinas. Rostros cansados de viejos, niños, adolescentes, muchachas, mujeres, hombres de bigote con la mirada vidriosa del llanto. Son los parientes de Bonfilio, que no han dormido desde ayer, cuando a las 7 de la noche recibieron el cuerpo.

“Esto no se va a quedar así. No se vale. No es justo. El no tenía problemas con nadie”, lamenta Francisco, rodeado de hombres ebrios y tristes que escuchan sus palabras cabizbajos.

La misma ropa de hace dos días porta José Rubio. De Tlatzala a Huamuxtitlán, de Huamuxtitlán a Tlapa, de Tlapa a Chilpancingo y de Chilpancingo de vuelta a Tlatzala. El se ha encargado de todos los trámites para el traslado del cuerpo de Bonfilio, su hermano, y el viernes ofrecerá su testimonio ante el Ministerio Público de Huamuxtitlán, sobre el homicidio que cometió un soldado, a la fecha anónimo.

Advierte: “lo que queremos es que se esclarezca todo esto porque no tiene justificación. No tiene justificación lo que le hicieron a mi hermano. Fue injusto porque si él hubiera tenido problemas, pues lo hubieran detenido y ya, si hubiera traído armas, drogas, pero él no era un delincuente”.

No hay duda de que la familia Rubio recurrirá a todos los medios posibles para presionar a las autoridades a que den el nombre del responsable de la muerte de Bonfilio, y que, en consecuencia, le “apliquen la ley”. José anticipa que el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan coadyuvará con ellos, y seguramente, en los próximos días, habrá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“En lo personal no acepto y repruebo lo que hicieron los señores. Queremos que se haga una investigación seria, clara, que haya respuestas. Queremos que se haga justicia”, insiste.

En la muerte de Bonfilio se entretejen historias de personas inocentes. Sin antecedentes penales o indicios de pertenecer a alguna agrupación criminal, hoy están presos el chofer del camión donde viajaba el indígena, Francisco Emanuel Pizano Alejo, y Fausto Saavedra Valera, a quien arrestaron los soldados por calzar botas tipo militar.

La familia no oculta su temor a que en las investigaciones resulte que no hay culpables del homicidio, o que si los llegara a haber, esquiven las sanciones tras un proceso judicial poco transparente.

Incluso, más grave aún, temen por su seguridad: “¿y por hacer las denuncias no tendremos problemas con los militares?”, pregunta a los reporteros una hermana del difunto.

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