Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
TANIA DAMIAN JIMÉNEZ
La revisión de los expedientes de los presos de San Andrés Azumiatla retrasó el inicio del procedimiento para su liberación, que debió haber iniciado la semana pasada, se justificó el subsecretario de Gobernación de Puebla, Francisco Díaz Gil, durante la última reunión que sostuvo –este lunes por la tarde– con la comisión investigadora sobre los hechos violentos que sucedieron en dicha comunidad los pasados 23 y 24 de abril.
Así lo informó el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la comisión, Salvador Ruiz Sánchez, quien agregó que el funcionario estatal se comprometió a que ahora sí a partir de la próxima semana empezarán las liberaciones de los detenidos.
En entrevista con La Jornada de Oriente, indicó que se busca presentar un pre–informe al Congreso de la Unión sobre el avance de la resolución de la problemática social por parte del gobierno del estado antes del 5 de julio, por lo que previó que el mismo ahora sí cumpla su promesa de darles la libertad absoluta a los 15 encarcelados de la junta auxiliar, localizada al sur de la ciudad de Puebla, pues su detención se realizó de forma “injusta”.
Dijo que durante el encuentro –al que nada más asistió el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Amador Leal y él–, Diaz Gil reforzó la versión de que serán liberados los presos de San Andrés Azumiatla, sin ningún condicionamiento de por medio. Aseguró que al gobierno estatal no le conviene incumplir su promesa, pues ese hecho se daría a conocer a nivel nacional.
El diputado federal explicó que el funcionario estatal también dijo que el inicio del trámite del incidente de desvanecimiento de datos se retrasó unos días porque hay varios abogados defensores de los presos y no han podido buscarlos a todos. “Nos dijo que no se han podido coordinar con los diferentes defensores de los encarcelados, además de que cada uno sigue su procedimiento de manera distinta, pero lo importante es ponerse de acuerdo para que se vayan desahogando las pruebas”.
Señaló que pese a que se cometieron los delitos de la quema de camionetas y las agresiones a los topógrafos y al agente del Ministerio Público, no existen pruebas fehacientes que demuestren que las personas detenidas –entre las cuales sólo una es mujer– son las culpables de los hechos, pues muchas ni siquiera estaban en el lugar de los hechos.
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