domingo, 21 de diciembre de 2008

El falso Juárez de la derecha

Pedro Salmerón/La Jornada/21 de diciembre de 2008.

So pretexto del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, se publicó un grueso libro titulado Juárez y Maximiliano. La roca y el ensueño, de Armando Fuentes Aguirre, Catón . Según la contraportada y las “primeras palabras”, el objetivo del libro es la reconciliación “en el común amor a México”: debemos “aquilatar la grandeza de Juárez sin tildar de traidores a su contemporáneos”. Asegura el autor que busca comprender a los personajes en su contexto y no juzgarlos con los raseros del presente.
Sin embargo, brillan por su ausencia la reconciliación y la comprensión anunciadas. Lo que el lector encontrará es una repetición más –aunque se presenten como novedosísimas ideas muy viejas– de la historia tradicional de la derecha. Tenemos aquí a un Juárez al que conocemos bien: el de las escuelas de monjas, que tienen en común con el Juárez de la era priísta la misma simplificación maniquea de la historia, basada en la deshumanización reduccionista de los personajes y los procesos: para una, Juárez es el héroe de bronce; para la otra, es el traidor que puso a la patria en riesgo de desaparecer y la entregó a la influencia yanqui.
Si el objetivo explícito de Fuentes hubiese sido relanzar esa vieja historia, no faltaría a la verdad, pero el Juárez de su libro está en permanente contradicción con lo que promete: es un politiquillo ambicioso, un pésimo administrador; un gobernante radical, mentiroso, autoritario y vengativo; un personaje sin pizca de grandeza ni generosidad. Y, lo peor de todo, un traidor que entregó la patria a los yanquis, quienes lo sostuvieron en el poder.
Ese es el hilo conductor del libro, “el hilo negro”: cómo fue que los gringos se adueñaron de México gracias a los liberales. Primero, los gringos dieron el triunfo a los liberales en una guerra, la de Reforma, en la que la inmensa mayoría de los mexicanos era contraria al bando liberal. Más de veinte veces se repite esa especie de “la inmensa mayoría”, sin que se aporte ninguna prueba al respecto. Los liberales “dependieron casi absolutamente [de los yanquis] para triunfar”. “No cabe duda que Juárez y su partido pudieron obtener la victoria sobre los conservadores únicamente merced a la ayuda que recibieron de los estadunidenses”, otorgada a cambio de la traición perpetrada por Juárez y Ocampo, con el beneplácito de todo su partido. Porque casi todos los liberales quedan manchados, en una historia cuyas contradicciones internas son discretamente pasadas por alto (por ejemplo, Fuentes dice que en todas las batallas, incluso las anteriores a la intromisión gringa, los liberales contaron con la ventaja del número, olvidando su cantaleta de la “la inmensa mayoría”).
Mayor contradicción hay en culpar a Juárez de la intervención francesa, que causó él por un grave error político, “origen de otros siete años de destrucción y muerte para México”, para decir después que los conservadores trajeron a los franceses para “restablecer la paz entre los mexicanos” y “poner freno de una vez por todas a las ambiciones expansionistas de Estados Unidos”: un grupo de buenos mexicanos que advertían que los yanquis habían entregado el país a una camarilla de traidores, conspiraron para hacer de México una monarquía, aprovechando la pugna de Juárez con Inglaterra, Francia y España y, sobre todo, la Guerra de secesión estadunidense, que impediría por una vez que los yanquis decidieran nuestro destino.
Aquí es donde Fuentes reitera con mayor ahínco que no hay que juzgar a los hombres del pasado con los criterios del presente, argumento que usa para justificar a quienes invitaron al ejército francés y ofrecieron el trono a Maximiliano, pero nunca recuerda ese argumento cuando habla de Juárez, que estaba entregando la patria a los yanquis, que ningún mérito tiene ante la intervención, como tampoco lo tiene casi ninguno de los liberales, que son torpes o traidores o cobardes. Hay párrafos en que Fuentes muestra lo mismo su odio visceral por los liberales que su desconocimiento de nuestra historia, como puede verse en la parte relativa a la defensa de Puebla en 1863.
Y conforme avanza la intervención, Juárez casi desaparece, porque Fuentes habla de sus héroes, Maximiliano, Miramón y sus esposas. Son sus románticas, heroicas y generosas historias de las que se ocupa y, si aparece Juárez, es para reiterar que estaba entregando México a los yanquis, para recordarlo una y otra vez, hasta el cansancio. Nada tuvieron que ver los liberales en el fracaso del imperio; nada hizo Juárez desde julio de 1863, salvo clamar por la ayuda gringa, que finalmente llegó para acabar con la intervención. Sólo se habla de la resistencia nacional para mencionar armas y recursos gringos, otra vez, sin aportar pruebas.
El final del imperio de Maximiliano está lleno de actos cobardes y deshonrosos, cometidos por Juárez y los suyos. Sólo se salvan del “naufragio” y aparecen “con honor en medio de tantas escenas de deshonras” algunos liberales, como Mariano Escobedo y, por supuesto, Porfirio Díaz. A traición fue entregado Maximiliano a la vengativa inquina del inhumano Juárez, que violó sus propias leyes para cumplimentar a los yanquis y fusilar al valeroso príncipe. El triunfo de Juárez sobre Maximiliano no fue un triunfo de México sobre Francia, pues “lo cierto es que el triunfo correspondió a los Estados Unidos” y facilitó su dominio sobre nuestro país.
El final del libro nos permite sumar a la deshonestidad intelectual del autor, una de las mejores muestras, entre muchas, de su calidad como investigador. En el último párrafo afirma que “nadie pudo averiguar a ciencia cierta en qué papel, carta, discurso, proclama o manifiesto había dicho Juárez aquello de: El respeto al derecho ajeno es la paz [...] Quién sabe quién leyó la frasecita, le gustó y se la endilgó a Juárez.”
¿Así investiga usted, señor Fuentes? Permítame decírselo entonces: la “frasecita” está en uno de los documentos más significativos de la trayectoria de Juárez: el Manifiesto a la Nación , del 15 de julio de 1867, en que, de regreso a Ciudad de México, informa a los mexicanos que los poderes de la Unión volvían a establecerse en la capital; en que señala –como así fue– que se habían afirmado la independencia y la soberanía de México.
Pues bien, si esa es la reconciliación histórica que nos ofrece la derecha, no la queremos. Es tan falsa y alevosa como la reconciliación política que finge ofrecer esa misma derecha por boca de Felipe Calderón. No queremos su Juárez, no queremos el Juárez de Salvador Abascal y su hijo Carlos, que como secretario de Gobernación saboteó los festejos del bicentenario; el Juárez del Vasconcelos de fines de los treinta, a sueldo de los nazis. No queremos el Juárez del cardenal y del gobernador de Jalisco, como no queríamos tampoco al Juárez del bronce y los discursos huecos de lo peor del priísmo, encarnado en Mario Marín o Ulises Ruiz. Nos quedamos con nuestro Juárez, el de la historia, no el de las fantasías sin sustento de la derecha. Nos quedamos con el Juárez que hizo del nuestro un país soberano, derrotando a las fuerzas de la reacción y al invasor extranjero, y poniendo límites infranqueables al expansionismo estadunidense. Nos quedamos con Juárez.

Los pendientes del IFE



Hay asuntos sin cerrar. El Consejo tendrá que definir si Fox intervino o no en la elección presidencial. Además, deberá asumir una postura sobre las campañas de autopromoción de algunos gobernadores.

Por Pablo Ortega

El Instituto Federal Electoral (IFE) resolverá el próximo 22 de diciembre la segunda queja sobre la intervención indebida de Vicente Fox en la elección presidencial de 2006 con la difusión de spots, pagados con recursos públicos, en los que conminó a los mexicanos: “Si seguimos por este camino, mañana México será mejor que ayer”.

Posiblemente este caso ponga de nuevo en un predicamento al Consejo General del IFE, ya que tendrá que definir si da vista o no al Congreso, en caso de que vote por sancionar al PAN a causa de esos spots, que le habrían favorecido.

El 29 de septiembre el instituto se negó, en votación dividida de 5 contra 4, a dar vista al Congreso por las expresiones públicas del ex presidente a favor de la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa, cuyo partido fue multado con 15.4 millones de pesos luego de obtener una rebaja de 22.5 millones de pesos.

De esta manera, el IFE evitó enterar a la Cámara de Diputados de la manera en que Fox faltó a su protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, al intervenir y poner en riesgo la elección presidencial de 2006 e impedir que la nación –representada por los legisladores– se lo demandara, como marca el Artículo 87 de la Carta Magna.

Votaron por no dar vista el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, y los consejeros electorales María Macarita Elizondo Gasperín, Alfredo Figueroa Fernández, Benito Nacif Hernández y Arturo Sánchez Gutiérrez. Estuvieron a favor Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Baños Martínez, Marco Antonio Gómez Alcántar y Francisco Javier Guerrero Aguirre.

Casi dos años y medio después, los efectos de la elección presidencial aún persisten. Se prevé, además, que este 22 de diciembre el Consejo General del IFE despache, de un solo golpe, más de 200 quejas por los comicios más disputados de la historia reciente del país, no porque se haya hecho alguna investigación, sino por el desistimiento de los partidos que las interpusieron.

La idea es iniciar el proceso electoral de 2009 sin pendientes. Aunque el IFE lograra cerrar en su mayor parte el expediente de 2006 –está por definirse el destino de las boletas electorales–, le esperan nuevos flancos qué enfrentar con motivo de la reforma electoral de 2007, principalmente por la rebeldía de los medios electrónicos –televisión y radio–, que se niegan a acatar las nuevas reglas. Y también están los políticos, tanto partidos, como funcionarios, que buscan dar la vuelta a los ordenamientos.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene en ascuas al IFE al no resolver sobre la solicitud de amparo del Consejo Coordinador Empresarial, de organizaciones privadas y de personas físicas para que les permitan emitir spots durante las campañas electorales como parte de su derecho a la libertad de expresión. Si la Suprema Corte favorece a los empresarios, la reforma electoral habrá muerto antes de nacer, porque su principal objetivo es evitar que el dinero incline la elección presidencial hacia determinado candidato.

Otro flanco es el que abrieron los gobernadores del Estado de México, Enrique Peña Nieto; del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón; y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, quienes ya están haciendo campañas simuladas o “piratas” hacia las elecciones presidenciales de 2012, y sobre las que el IFE parece indiferente.

1. SANCIONES A RADIO Y TV

El consejero electoral Alfredo Figueroa trabaja actualmente con sus compañeros en la elaboración del reglamento del 134 constitucional, que prohíbe la promoción personalizada de cualquier servidor público, y adelanta que no sólo se sancionará al funcionario o político que viole este precepto, sino también a la televisora y estación de radio que difunda esa propaganda.

Figueroa no quiere referirse de manera particular a las campañas que realizan Peña Nieto, Ebrard Casaubón y Herrera Beltrán porque posiblemente sean asuntos que le toque resolver. Prefiere hablar del tema en general.

Maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Sociales “José María Luis Mora”, dice que “el IFE tiene que tomar ya una determinación en razón de esos casos”. De ahí que esté sentando los criterios generales con los que actuará.

Explica que los servidores públicos pueden contratar spots durante un periodo de gracia que corresponde a sus informes de gobierno, unos días antes y después, pero no es legal que los transmitan fuera de su demarcación.

“Si el gobernador de una entidad de pronto tiene cadena nacional, eso no es exactamente lo que tutela la norma. No hay objeto de que el informe de un gobernador tenga que estar pasando a nivel nacional. Sólo tiene derecho de hacerlo en su entidad, así como un diputado en su distrito y un presidente municipal en su municipio”.

Sin embargo, asegura que la autoridad tiene que resolver los problemas de orden técnico con la tutela de la norma porque suele suceder que en una entidad no hay una demarcación municipal para las ondas de radio y televisión. En estos casos, se tendría que establecer procesos de bloqueo de imagen.

“Si a nivel estatal está resultando un asunto complejo, en la zona central del país, donde se establecen las señales madre, y en otros lugares, es todavía más difícil”.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 134, servidores públicos, partidos políticos y candidatos no pueden pagar por entrevistas en medios ni contratar espacio y tiempo en radio y televisión. Estas denuncias se pueden hacer a petición de parte y de oficio. Además, la propaganda no deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Se le comenta el caso del delegado de Iztapalapa, Horacio Martínez Meza, del PRD, que gastó 603 mil pesos para promover el Festival de Fuego Nuevo mediante la difusión de 16 spots y una entrevista en el noticiero Matutino Express de Televisa.

La dirección de Comunicación Social de la Delegación aseguró que la entrevista con el funcionario se debió al interés de la producción de ese noticiario, ya que el contrato no incluía la aparición a cuadro del funcionario. Sin embargo, los titulares del programa sólo hicieron preguntas positivas al funcionario.

“Desconozco el caso”, asegura Alfredo Figueroa, “pero tendría que haber una denuncia para atender este tipo de temas”.

No obstante, admite que el IFE tiene que buscar las condiciones institucionales que le permitan saber si existe un proceso de simulación, tanto de medios de comunicación, como de servidores públicos, partidos políticos, candidatos o precandidatos. “Mi posición será la de ir permanentemente en contra de procesos de simulación democrática o de fraude a la ley. Es decir, intentar por alguna vía que el derecho que está tutelado no se pueda ejercer a cabalidad, merced a un mecanismo interpretativo o una vía embozada donde al final ese derecho no se pueda ejercer a plenitud, a favor de la equidad en la contienda.

Al respecto, no actuaré con omisión”. Explica que ya se ha castigado a televisoras y radiodifusoras. El IFE ha emitido sanciones para elecciones locales, como el caso de Coahuila, donde tres estaciones de radio fueron sancionadas con 400 mil pesos cada una.

“Si se encuentran causas, evidencias, méritos en ese mismo sentido y hay un incumplimiento de la ley por parte de los concesionarios, efectivamente se puede llegar a sancionar a televisoras y a radiodifusoras”, señala Figueroa.

Advierte que él no dudaría en actuar en los casos que presentaran evidencias suficientes de incumplimiento por parte de partidos o candidatos, televisoras, radiodifusoras, ciudadanos y de todos aquellos implicados, ya sean personas morales, organizaciones, etcétera. Sin embargo, dice que las televisoras no serán sancionadas por la transmisión de los spots del Consejo Coordinador Empresarial en la contienda presidencial pasada “porque estamos ante las reglas del 2006”.

La posibilidad de hacerlo vino con la reforma de 2007. “Si ahorita ocurriera una cosa así, implicaría una sanción no sólo al CCE directamente, sino a la televisora o radiodifusoras que los difundiera”. Además, habría un procedimiento especial para detener esos spots de inmediato con medidas cautelares, independientemente de la sanción. “Y sobre eso es que tenemos que construir reglamentos u orientaciones generales, para que no quede lugar a dudas de cómo vamos a implementarlo”.

2. LOS SPOTS DE FOX EN EL AIRE

En septiembre pasado, el IFE atendió la primera queja interpuesta por la Coalición por el Bien de Todos en torno a los pronunciamientos de Vicente Fox, quien pidió a los mexicanos no equivocarse a la hora de votar y no oír “el canto de las sirenas”, entre otras expresiones proselitistas, con lo cual violó el acuerdo de neutralidad de los funcionarios públicos.

La discusión en el seno del Consejo General hasta hoy permanece inédita. La Comisión de Quejas y Denuncias del IFE resolvió dar vista al Congreso por la conducta de Fox, pero el consejero Arturo Sánchez propuso desechar la propuesta porque ya no se podía pedir una declaración de procedencia o desafuero al ex presidente, ni aplicársele una responsabilidad administrativa, ni demandar juicio político, porque ya no era funcionario público.

Pero el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, observó que el instituto estaba aplicando criterios diferentes a situaciones parecidas, ya que en el caso del ex gobernador de Tabasco Manuel Andrade, quien hizo declaraciones a favor del candidato tricolor, sí dio vista al Congreso local. Arturo Sánchez explicó que el Artículo 111 constitucional no prevé una situación particular para el presidente de la república y que el marco jurídico tampoco establece quién es la autoridad superior del primer mandatario.

En respuesta, el consejero Marco Antonio Baños sostuvo que los casos del ex gobernador de Tabasco y del ex presidente eran similares, por lo que era posible que los legisladores conocieran las eventuales infracciones cometidas por funcionarios de alto nivel como Vicente Fox. De lo contrario, dijo, se dejaría “un precedente en el cual un funcionario de alto nivel, como es un presidente de la república, pueda hacer o decir situaciones que puedan incidir en favor de un determinado candidato y eso coloque en un peligro el libre desarrollo de la contienda electoral”.

El consejero Benito Nacif manifestó su desacuerdo: “no estamos ante conductas que notoria o evidentemente puedan ser sancionables por dicho órgano (Congreso), ni que de forma directa o inmediata constituyan un ilícito”.

Por su parte, el consejero Marco Antonio Gómez contestó que “todos fuimos testigos, y creo que el pueblo de México también, de que el ex presidente Vicente Fox intervino en un proceso electoral federal para la renovación del presidente de la república”.

Agregó que esas conductas “no pueden ser olvidadas ni hacernos como si dichas conductas no existieron. Creo que es importante que esta autoridad siente un precedente sobre las conductas y sobre la injerencia del Poder Ejecutivo en un proceso electoral, precisamente para prevenir que este tipo de acciones puedan reiterarse en un futuro”.

El consejero Virgilio Andrade sostuvo que la alta jerarquía de Vicente Fox lo puso “en una posición de ser el máximo respetuoso de la legalidad en todos los ámbitos y en todos los términos, por lo que no debe ser impune”.

Sostuvo que el ex presidente “puede ser observable por la autoridad administrativa una vez que terminó el cargo, cierto; puede ser acusado penalmente una vez que haya terminado el cargo, cierto, y cierto es también que no es sujeto de juicio político ni de juicio de procedencia ni tampoco por mera expresión de ideas”.

Luego cuestionó: “¿Qué pasa cuando se viola la protesta constitucional por parte del Poder Ejecutivo? Ésa es la relevancia constitucional de la pregunta y por la que esta propuesta incluye dar vista a quienes son constitucionalmente los representantes de la nación, encarnados específicamente en la Cámara de Diputados”.

“Le corresponde al propio Poder Legislativo hacer la reflexión correspondiente

en torno a un evento que tuvo trascendencia histórica y los efectos que todos conocemos, que todos vivimos y que todos padecemos”, afirmó Andrade.

En este sentido, dijo, “es de la mayor relevancia histórica poner en vigor la observación sobre la protesta constitucional que hace el presidente de la república o el jefe de Estado”.

La votación, empero, no favoreció a los que estaban por dar vista al Congreso. El dilema volverá a plantearse el 22 de diciembre, cuando se ventile en el Consejo General del IFE la queja que presentó Horacio Duarte Olivares a nombre de la Coalición por el Bien de Todos.

En ella denuncia la estrategia concertada entre la Presidencia de la República y la campaña de Felipe Calderón para dejar en el ánimo de los mexicanos la idea de que les convenía la continuidad.

En su último año de gobierno, Fox echó a andar una campaña gubernamental en radio y televisión para promover sus presuntos logros, en particular en los rubros de seguridad social, educación y vivienda.

En todos los spots se utilizó la frase: “Si seguimos por este camino, mañana México será mejor que ayer”.

Para realizar dicha campaña, puntualiza la queja, no sólo se utilizaron recursos públicos en beneficio del PAN, sino también los tiempos del Estado, que por disposición legal tienen otros fines.

Además, los promocionales del candidato del PAN, en particular un breve mensaje que contenía su lema de campaña: “Valor y pasión por México”, eran transmitidos inmediatamente después de los de Fox, con una clara intención de asociar ambas campañas, “lo cual evidentemente representa una influencia indebida en los electores y atenta contra el postulado constitucional de voto libre y la exigencia de que las elecciones sean auténticas”.

3. REFORMA ELECTORAL EN RIESGO

Lorenzo Córdova Vianello, coordinador del área de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que es muy desafortunado que en vísperas del proceso electoral de 2009 sigan en revisión quejas de 2006, sobre todo porque son asuntos sobre los que ya se pronunció el Tribunal Electoral.

“El Consejo General anterior del IFE, que presidió Luis Carlos Ugalde, fue profundamente negligente en la tramitación de las quejas de un proceso electoral que resultó extremadamente polarizante. No las atendió de manera adecuada ni rápida, incluyendo las de Fox, que prácticamente no requerían de indagatorias”, afirma.

Dice que si el IFE concluyó que hubo una irregularidad cometida por un ex presidente de la república, “es absurdo que no se le dé vista al Congreso o a las autoridades competentes”.

Lo mismo pasa con la queja sobre los plantones en Reforma y la toma de tribunas en la Cámara de Diputados y el Senado por parte del PRD, agrega Córdova Vianello. El IFE, sostiene, no puede pretender que la justicia administrativa electoral esté aislada de otros órdenes jurídicos competentes.

Y no es que el instituto propicie la impunidad. “Lo que pasa es que es incongruente y, en ese sentido, uno de los principios que rigen la materia electoral es el de certeza y legalidad. Eso es lo que deja mal sabor de boca”. Considera que el 22 de diciembre se van a resolver cerca de 300 quejas sobre el proceso de 2006.

“(El IFE) pecó de omisión, dejó correr las cosas. Ésa parecía ser la política del Consejo General anterior, que miraba para el otro lado y dejaba pasar el agua. Y hoy estamos en la penosa situación de estar resolviendo viejos asuntos”.

Se ha recorrido tanto camino, dice Córdova Vianello, que no hay más que imponer la sanción que corresponda. “No estoy diciendo que se le dé carpetazo, sino simple y sencillamente que se cierre el asunto”.

Afirma que no es conveniente para el IFE mantener abiertos los expedientes de 2006. “Si nada más vamos a estar viviendo de los agravios pasados, pues eso significa que simple y sencillamente no vamos a poder hacernos cargo de los grandes problemas que estamos enfrentando. “La reforma electoral está en riesgo porque afectó grandes intereses mediáticos y hay que hacernos cargo de eso. El problema de hoy en día ya no es el 2006, sino que la reforma electoral, que fue producto y atiende los problemas del 2006, está queriendo ser dinamitada por una serie de intereses fortísimos y gravísimos que están allí”, señala el especialista.

Sostiene que los jueces de la Suprema Corte pueden echar a perder la reforma electoral si no asumen su papel de órgano de Estado. Y crean “el peor escenario político de los tiempos recientes si conceden el amparo a las televisoras y a los grupos empresariales. Eso quiere decir que los partidos y el IFE no saldrían al aire, porque no van a poder transmitir en los tiempos oficiales”.

Tampoco podrían comprar publicidad, ya que el amparo nada más protege a quienes lo demandaron. “Eso significa que solamente los empresarios o quienes fueran amparados pudieran comprar publicidad, y no los partidos políticos ni el IFE”.

Aunque lo acontecido hace dos años fue grave, Córdova Vianello afirma que lo más urgente es la aplicación de las reformas. “No hay agravio que se hubiera planteado en el 2006 que no hubiera sido resuelto, bien o mal, por la reforma electoral. El proceso electoral del 2009, con todo y que sea sólo una elección intermedia, es una elección que tiene una importancia, en términos de futuro político, igual o mayor que la del 2006”, expresa.

Lo que está en juego es una apuesta del Estado que se plasmó en la Constitución para maniatar los grandes intereses mediáticos que existen en el país y subordinarlos al Estado, como debe ser en cualquier sociedad democrática, explica el especialista en teoría política. Por cierto, dice, muchas de las quejas de 2006 tienen que ver con los medios electrónicos de comunicación, ya sea las declaraciones de Fox o los spots comprados en radio y televisión por la Presidencia.

Desde su punto de vista, la reforma electoral de 2007 no se podría hacer actualmente “porque la voluntad política que se plasmó en esa reforma constitucional hoy ya no existe, y aquí estoy recriminando a los partidos y actores políticos. Yo creo que hay muchos que están arrepentidos de aprobar esa reforma”.

A pesar de todo, precisa Córdova Vianello, el IFE está encontrando poco a poco su personalidad y sus ejes rectores distintivos. “Tenemos un Consejo General del instituto mucho más asentado, y eso es bueno”. Pero sus retos superan a los de 2006. “Los grandes intereses que afectó la reforma no lo van a dejar en paz y van a estar ahí gravitando, tratando de sabotear la actuación del IFE. Y eso es gravísimo. Por eso es importante un IFE sólido, con empaque, para que pueda enfrentar este desafío”.

Afirma que los partidos y los políticos en nada ayudan al instituto. “Al día siguiente de que se aprueba la reforma electoral, todos los partidos empezaron a buscar vericuetos y a intentar darle la vuelta a las nuevas normas”

Fuente: Reporte Índigo.

La Secretaría de Hacienda del GL se muda al Partido del Trabajo

20 de Diciembre de 2008. En el Círculo de Estudios Buzón Ciudadano, se llevó acabo su última sesión de este año, para cerrar con broche de oro estuvo como invitado el Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México, Lic. Mario Dicostanzo, quien habló sobre los efectos de la crisis económica y las propuestas del Gobierno LopezObradorista para combatirlas desde una perspectiva del poder popular, como son la Banca Ética y el Consejo de Defensa de la Vivienda. A este respecto señaló que las nuevas oficinas de la Secretaría de Hacienda Legítima serán en la sede del Partido del Trabajo, que se encuentra en la calle de Monterrey 242, entre Coahuila y Campeche, frente al mercado de Medellín.



AMLO TV

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El EPR, el Gobierno y la Mediación

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Por Jorge Lofredo.

A lo largo de su existencia —aún antes de 1996, cuando se le conoció públicamente— el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ha recorrido distintas etapas en su desarrollo interno. Iniciar una mínima reconstrucción de su historia (o lo que pueda saberse de ella, porque su condición clandestina no permite ver la totalidad del proceso) comprenderá el lugar que ocupa la organización político-militar más importante de México en la actualidad desde el segundo semestre de 2007.

1. Un brevísimo recuento

Según sus documentos internos, el EPR es la continuación histórica del PROCUP-PDLP y no la confluencia de catorce organizaciones en un solo proyecto armado. Este argumento resultó una estrategia de seguridad y la necesidad que estas organizaciones tuvieron para romper la “leyenda negra” que las embargó. En 1994, el PROCUP realizó algunas acciones militares en solidaridad con el levantamiento zapatista en distintos puntos de la República Mexicana. Ese mismo año el PROCUP se refundó como EPR (el brazo militar) y meses después la expresión política: el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR).

Pero no será sino hasta dos años y medio después que el EPR se presentará públicamente en Guerrero. Entre junio y septiembre de 1996, el eperrismo realizó diversas acciones políticas y dio a conocer su ideario a través de los medios de comunicación. En septiembre, emprendió su primera campaña militar, atacando coordinadamente a distintos objetivos en diferentes estados de la República.

A inicios de 1997 empezaron a manifestarse los primeros signos de inconformidad intestina y en junio de 1998 se conocerá de la primera escisión formal del grupo. Entre ese momento y el año 2000, las rupturas continuarán hasta registrarse no menos de cinco desprendimientos (período que se conoce como “diáspora eperrista”). A mitad de ese año y el siguiente, el EPR, o el sector que conservó esta denominación, realizó su primer congreso nacional; lo que marca, también, el final del proceso de desmembramiento.

Tras un largo período de inactividad militar y luego del conflicto en Oaxaca, tiene lugar la desaparición de dos miembros de su estructura. Y ya en el segundo semestre del 2007 se consuman los atentados contra los ductos en PEMEX y otras acciones militares dentro de su segunda campaña militar por la presentación de sus desaparecidos. En abril de 2008, a través de un comunicado, el EPR realizó la propuesta de la formación de la Comisión de Mediación para resolver esta misma cuestión.

2. El EPR, hoy

El EPR que actualmente dirime la cuestión de sus desaparecidos por la vía política a través de la Comisión de Mediación no es el mismo de 1996. Y no sólo se trata de una cuestión metafórica sino que parte de quienes integraron la columna que se presentó en Aguas Blancas hoy conforman otras organizaciones que rompieron con aquella; por tanto, la mayoría de los grupos político-militares conocidos cuentan con ex eperristas. El “actual” EPR se corporizó a partir de su primer congreso nacional y se mantuvo en una clandestinidad suficientemente rigurosa para recomponerse, nuevamente acumular fuerzas y reconquistar espacios, entre otras cuestiones. Y así hubo de continuar hasta mayo de 2007. La cuestión de los desaparecidos, sin embargo, le ha planteado una modificación radicalmente distinta del escenario que había desarrollado a largo plazo, encuadrado dentro de la estrategia de Guerra Popular Prolongada (GPP).

3. El Gobierno frente al EPR

El Gobierno se enfrenta a los planteamientos políticos de una organización clandestina que propuso una iniciativa alejada de cualquier actitud que pudiese considerarse extremista o intransigente; más aún, el EPR se “alejó de sí mismo” con la propuesta de la Mediación, debido a que su antecedente más inmediato ha sido la voladura en los ductos de Petróleos Mexicanos. Este viraje debiera permitir el debate sobre la forma de inclusión del grupo armado al sistema, aunque la percepción y establecimiento de las fronteras que delimitan a las organizaciones antisistémicas de las que no la son han sido establecidas por fuerzas centrífugas ubicadas en el interior del mismo. Ello implica que aunque la ocasión se presente como propicia para resolver un conflicto por la vía política, los sectores duros que se oponen al diálogo logran dentro del sistema; al contrario de lo que ocurre hoy al interior del EPR.

El mensaje de los “duros” estableció que el EPR distrajo fuerzas del Gobierno en su lucha contra el narco y la delincuencia. Ahora que encuentra en la vía política la manera de resolver su demanda, no debiera prevalecer este posicionamiento para encauzar una solución definitiva a la cuestión de las desapariciones forzadas. Estos temas que vinculan a los Derechos Humanos, siempre presentará un problema político pendiente de resolución, donde el caso mexicano actual no representa una excepción. Tampoco puede especular con la impaciencia del EPR pues, con un grupo con tantos años de existencia en la clandestinidad, continuará elaborando distintas estrategias y tácticas a lo largo del tiempo; de ahí también el planteamiento de la GPP. La simple administración —y no resolución del conflicto— construye una coyuntura que obvia una salida de los tantos frentes que la actual administración federal enfrenta.

La referencia “autodenominado” es, también, una negativa a definirlo de otra manera que no sea a partir de la diferenciación radical con la sociedad. La estigmatización de los eperristas armados parte desde una relación asimétrica de poder, donde se impone una caracterización delineada en forma exclusiva por el Estado Mexicano. Estigmatizar es un eficaz medio de control social y de preservación del poder, pero cuanto mayor es la ilegalidad a la que se enfrenta un Estado mayor debe ser la legalidad con la que debe revestir cada medida que tome para resolver esa ilegalidad, si es que desea profundizar la institucionalidad y la democracia. La importancia del momento redunda en la superación de estos recursos y la profundización de la vía política con el grupo armado.

4. La Comisión de Mediación

La Comisión de Mediación representa la herramienta más importante para conocer la verdad de lo sucedido con los desaparecidos de la que disponen no sólo el Gobierno y el EPR sino la sociedad mexicana. Su trabajo se ha delimitado a los hechos evitando cualquier caracterización de las partes, lo que evidencia la equidistancia asumida con respecto a las partes. Proveyó, además, los elementos imprescindibles para su esclarecimiento y se condujo con transparencia: sus conclusiones están al alcance de todos. Y su reclamo se centra, confirmando la vía política que adquirió dicho proceso, en una mayor participación y disposición de las autoridades y corporaciones de seguridad.

5. Conclusiones

México sigue contando con un momento político excepcional —un “caso testigo”— que sirve para revertir las estrategias históricas que el Estado Mexicano ejecutó en su enfrentamiento contra las guerrillas (las que, además, resultaron ineficaces, porque el aniquilamiento militar no significó su desaparición). Hoy, en cambio, el marco institucional y el corte radical de la práctica de la desaparición forzada de personas debieran ser el camino obligado y la salida política por la gravedad de la circunstancia. Pero aún continúa definiendo al eperrismo como grupo subversivo. Sobre el “autodenominado” EPR se evita una caracterización de fondo y sólo se le resume a una frase que porta una carga significativamente negativa que no explica lo que implica y que impide una salida pacífica.

Quedan, finalmente, un par de preguntas todavía sin respuesta: ¿se tiene verdadero conocimiento de lo que el EPR representa y demanda? y ¿posee la actual administración una política de inclusión del grupo armado?

Fuente: Noticias del Sur.

Familiares de Al Zaidi desmienten que se haya disculpado por lanzar zapatos a Bush



Por: Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)
Fecha de publicación: 20/12/08

Caracas, 20 Dic. ABN.- La familia del reportero iraqui, Muntazer al Zaidi, quien en días recientes lanzara dos zapatos al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, negó que éste haya pedido disculpas, tal como la asegura el gobierno de Irak, reseñó la agencia de noticias española Europa Press.

"Esta información no es en absoluto verdad. Es una mentira. Muntazer es mi hermano y le conozco muy bien. El no pide perdón", dijo Udai al Zaidi, y enfatizó en que si sucedió fue "bajo presión".

Los familiares denunciaron en más de una oportunidad que desde que encarcelaron al periodista el domingo, éste sufrió torturas y hasta le fracturaron un brazo.

El asesor de comunicación de la oficina del Primer Ministro, Yasin Majeed, había declarado que en una carta, "Zaidi dijo que este acto tan feo no tiene disculpa".

Según Majeed, Zaidi añadió: "Pero recuerdo que el verano de 2005 yo entrevisté a su excelencia (el premier Nuri Al Maliki) y me dijo: "Pasa, ésta es tu casa". Por eso apelo a sus sentimientos paternales para que me perdone".

Fuente: Aporrea.

Acción Urgente de Salva la Selva

Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva:

Por favor, apoyen esta nueva acción urgente, y pidan hoy mismo al gobernador de la provincia de Salta en el noroeste argentino, que vete la nueva Ley de Ordenamiento Territorial antes de que esta conduzca a más destrucción de bosques y poblaciones en la provincia. El proyecto ha sido arreglado a conveniencia del empresariado y politiqueo local, que se beneficia de la expansión sin límites de los agronegocios, y que no se para considerar la irreversibilidad del ecocidio.

De parte de una ex autoridad de la provincia pudimos saber que es necesario ayudar con “presión internacional contra los desmontes, pues desde adentro no lograrán frenarlos”.

Tienen tiempo hasta el 31 de diciembre. Para firmar la carta pueden hacerlo desde

http://www.salvalaselva.org

y por favor, no dejen de difundir también entre todos sus contactos que puedan contribuir con el envío de una carta.

Muchas gracias y muy felices fiestas para todos

Guadalupe Rodríguez

Salva la Selva

www.salvalaselva.org
www.stop-agrocombustibles.nireblog.com

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Lanzan manifiesto que rechaza injerencia extranjera en Nicaragua



Por: TeleSUR
Fecha de publicación: 20/12/08

20 de diciembre 2008. - Periodistas, escritores y figuras políticas de todo el mundo lanzaron este sábado un llamado en defensa de Nicaragua ante la campaña de mentiras y chantajes promovidas desde Washington y varias capitales europeas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Titulado "Manifiesto en Defensa de Nicaragua", el texto aborda la situación en el país en el contexto del proceso de liberación nacional irreversible que vive América Latina.

Nicaragua, agrega, ha recuperado la dignidad nacional con un gobierno independiente de los poderes imperiales, que ha vuelto a colocar a los más pobres como centro de las políticas de desarrollo.

Señala que el país se ha sumado a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) y con el generoso respaldo de numerosos pueblos y gobiernos, especialmente Cuba y Venezuela, abriendo las posibilidades para el progreso nacional, democrático y socialista.

Pero como ocurrió durante los años 80, desde Washington se desarrolla "una despiadada campaña de mentiras y chantajes".

Precisa el texto que el objetivo es desacreditar la inobjetable y contundente victoria electoral del sandinismo en las elecciones municipales del pasado 9 de noviembre, cuando los nicaragüenses validaron en las urnas su respaldo al nuevo rumbo del país.

Los firmantes expresan que es inaceptable que los gobiernos de los países desarrollados utilicen el dinero que sus propios pueblos destinan a los países más empobrecidos, como arma política de dominación imperialista.

El manifiesto expresa apoyo "al derecho del pueblo nicaragüense a su autodeterminación y soberanía nacional, sin injerencias extranjeras de ningún tipo" y rechaza tales prácticas.

En iguales términos se manifiesta contra la política de chantaje que ejecutan los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea y "la campaña de mentiras desatada por las corporaciones y multinacionales de la información internacional".

Fuente: Aporrea.