jueves, 12 de marzo de 2009

La narcoguerra/Parte IV

La sociedad tiene miedo ante la delicuencia y nadie se atreve a denunciar

"En Matamoros damos muy buenos narcos; controlan todo"

Las familias empezaron a descomponerse desde 1970; cuando llegaron las empresas maquiladoras las madres se fueron a trabajar a las fábricas y los hijos quedaron solos

En la ciudad operan 127 maquiladoras que dan empleo a más de 53 mil personas. Pero en el sector servicios y en los negocios que se dedican a exportar e importar mercancías, se lava 30 por ciento de los ingresos del cártel del Golfo

En esta ciudad fronteriza, los jóvenes ven el narcotráfico como hobby. En la imagen fuerzas especiales del Ejército realizan tareas de apoyo a los operativos contra la delincuencia. Foto Cuartoscuro

Gustavo Castillo García
Enviado

Matamoros, Tamps. “Aquí nos dedicamos a dar buenos narcotraficantes, ¡y muy buenos! Esa es la verdad. Los de Sinaloa pueden parecer lo mismo; a lo mejor siguen siendo narcos puros, pero aquí ya es otra línea: controlan todo. ¿La sociedad?, está desmadrada totalmente. Está muy cabrón que una voz se acerque a los tiras y les diga algo. La raza tiene miedo. Ustedes mismos, los periodistas, si tocan un nervio, se los empinan antes de que salgan de Matamoros. Eso no es miedo, es la verdad”, lanza de un tirón Enrique, un sesentón que, asegura, ha conocido a "jefes, jefes" del narcotráfico en esta frontera, como Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas.

Asegura que también tiene contacto con el actual comandante de la región, "aunque hay uno que es nacional, y a ese se le respeta donde quiera".

El rostro bonachón y de aparente tranquilidad que se mira bajo el sombrero texano se contradice con el lenguaje de su cuerpo. Las manos de don Enrique van y vienen a su cintura, como si trajera un arma encajada; voltea en forma insistente hacia todos lados mientras suelta información en el único sitio donde accedió a hablar, el estacionamiento de un centro comercial.

Las paredes oyen

Porque en Matamoros, más que en ningún otro lugar de la frontera tamaulipeca, las paredes oyen, pero también lo hacen las banquetas, las mesas de café, los taxis, los vestíbulos de los hoteles, en fin, todo mundo y en todos lados puede delatar.

Por eso, este norteño que se presentó a sí mismo como empresario, sin especificar en qué actividad, guarda todo género de precauciones: "Aquí las cosas han cambiado mucho; antes sabías por qué te iban a chingar, y si te escondías en las faldas de tu mujer y junto a hijos hasta te la perdonaban. Pero se rompió el código de honor que tenían los bandidos. Se han ido terminando esos valores."

En Matamoros habitan 550 mil personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aunque la población flotante se calcula en 250 mil más. Estudios gubernamentales estiman que "43 por ciento de sus pobladores viven en situación de elevada pobreza, lo que explica el enquistamiento de la delincuencia organizada".

Miguel, quien pidió no publicar su apellido y es uno de los muchos empleados públicos que por seguridad duermen en Brownsville, Texas –población vecina ubicada en Estados Unidos–, sostiene que la problemática empieza porque "a las ciudades fronterizas se las chingaron las maquiladoras. Las familias se han ido descomponiendo desde los años 70, cuando las madres se fueron a trabajar a las fábricas y sus hijos tuvieron que irse solos a la primaria, a la secundaria, a cualquier parte".

Aquí en Matamoros, delincuencia y juventud son vistos como una sola cosa. “Los jóvenes ven esto (el narcotráfico) como un hobby, como algo natural, porque a lo mejor todos tenemos un pariente o un amigo que está metido. Los güercos dicen: ‘veo al hermano de mi amigo que le está yendo a toda madre, y yo, por qué no’”, explica a su vez Efraín Hernández, representante del Instituto Tamaulipeco de la Juventud en Matamoros.

En esta población, camionetas y vehículos de lujo y otras unidades de uso que se adquieren en Estados Unidos desde mil dólares llenan durante el día las dañadas avenidas en las que sobresalen los centros comerciales.

El promedio de edad de la población es de 24 años (51 por ciento son mujeres) y escasos los centros de diversión y cultura. Uno de los puntos de mayor concurrencia son las pulgas, mercados en los que se adquieren artículos electrónicos y ropa de segunda mano.

"ANTES SABÍAS POR QUÉ TE IBAN A CHINGAR... PERO SE ROMPIÓ EL CÓDIGO DE HONOR"

Matamoros basa su actividad económica legal en la inversión directa. Operan 127 empresas maquiladoras que dan empleo a más de 53 mil personas.

Sin embargo, reportes gubernamentales refieren que en el llamado sector servicios, así como en los negocios relacionados con la importación y exportación de mercancías, se lava 30 por ciento de los recursos que obtiene el cártel del Golfo.

Los mismos informes, de los cuales La Jornada posee copias, precisan: "El 70 por ciento de la población respalda, protege y alienta de distintas maneras la industria del narcotráfico. Se calcula que al menos mil viviendas, de las 116 mil que hay, son utilizadas como bodegas o casas de seguridad para guardar armas, cuidar secuestrados o migrantes."

En esta ciudad, nada ni nadie escapa a los ojos del cártel. Reportes de inteligencia militar consignan que taxistas, meseros, taqueros, empleados de hoteles y sus propios gavilanes o halcones, como nombran a sus vigías, cuidan "de Tampico hasta Laredo" y "no dejan que otras aves aniden en sus lugares, que defienden con su sangre cuando alguien quiere ganarles".

Después de que se recibió una amenaza de bomba, agentes de la Policía Federal Preventiva acudieron al consulado de Estados Unidos en Matamoros, con el proposito de resguardar las instalaciones de la sede diplomática. Foto La Jornada

Así dice el corrido dedicado a Osiel Cárdenas, poderoso ex líder del cártel del Golfo –hoy preso en Estados Unidos–, que cantaba Beto Quintanilla, fallecido en marzo de 2007, aparentemente de muerte natural, aunque todo mundo especula que lo asesinaron en revancha por el ajusticiamiento, en Reynosa, del cantante sinaloense Valentín Elizalde, en noviembre de 2006.

En esta ciudad ocurren homicidios de los que nadie debe dar cuenta. Periodistas de la región aseguran que "si publicas algo que no guste a los jefes, lo menos que te puede pasar es una tabliza de la que no te levantas en una semana".

"Trabajas para mí, cabrón"

Cuentan que hace poco un reportero escribió de narcotienditas y de inmediato lo mandó traer el jefe de la plaza. Como no acudió el día que lo convocaron, al siguiente lo interceptaron cuando iba a dejar a su hijo a la escuela. Lo llevaron ante el patrón, lo hincaron delante del niño.

“El patrón le preguntó: ‘¿Para quién trabajas?’ En respuesta dio el nombre de un diario local. Los tablazos le llovieron. ‘¡Trabajas para mí, cabrón!’”, le gritó aquél.

Aquí aún no se olvida lo ocurrido en enero de hace cuatro años, cuando la guerra entre los cárteles del Golfo y de Sinaloa se libraba a todo lo largo de la frontera tamaulipeca. Una noche arribaron al hotel Ritz, ubicado en el centro, varias camionetas con hombres armados y la cara cubierta con pasamontañas.

"A LOS QUE MATAN ES POR JOTOS, PORQUE SE LE DESCOMPUSO LA VOZ AL PELADO"

Entraron al hotel, reunieron a 54 personas que habían llegado horas antes desde Chihuahua. Les exigieron identificarse y que explicaran los motivos de su viaje. Luego, de acuerdo con algunos testimonios, los desnudaron, los despojaron de sus documentos –incluidos pasaportes– y les ordenaron regresar a su tierra en los mismos autobuses. Ninguna autoridad informó del incidente.

El obispo de Matamoros, Faustino Armendáriz Jiménez, accede a hablar: "Lo único que le queda hacer a nuestra población es resguardarse; lógicamente, no salimos en las noches, nos cuidamos de andar a deshoras, estamos lo menos posible en las calles."

En Matamoros hay, sin embargo, quienes en un rapto de cinismo sincero, asumen: “Nosotros no tenemos problemas. No hay broncas; esas se dan en otras partes, donde hay diferencias entre los grupos y al final se impone uno. Pero aquí no hay tanta violencia. Si tú ya sabes las reglas del juego, pues las acatas. Y a los que matan es por jotos, porque se le descompuso la voz al pelado. Pa’ qué busca uno; todo el mundo sabe jugar y todo mundo se hace pendejo.”

El obispo Armendáriz Jiménez, entrevistado al término de la misa dominical, pregunta si la grabadora ya está apagada. Y sólo entonces se sincera: “Aquí nadie habla nada de eso. Los periodistas que vienen de otros lados también deben tener cuidado. Si los detectan, en una de esas hasta los levantan y los desaparecen. No pregunte a nadie que no conozca, no confíe.

“Lo más que puedo hacer por usted es pedir que lo acompañe y lo proteja el Santo Niño de Atocha. Si no tiene nada que hacer por aquí, mejor regrésese…”


Fuente: Diario La Jornada.

Mañana:La narcoguerra/parte V

Fotos: Dos tipos de cuidado en la ENAP!!!




12.marzo.09 El día de hoy se llevó a cabo una charla en la ENAP (Escuela Nacional de Artes Plásticas) organizada por Redes Universitarias con la presencia de los moneros El Fisgón y Hernández quienes hablaron sobre la crisis que ya estamos viviendo y sobre la importancia de organizarnos para enfrentarla. Asi mismo se dio a conocer la convocatoria para la campaña de transporte gratuito a los estudiantes.


Cobertura AMLOTV

AMLOTV
Soberania Popular
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Encuentro del 8 de marzo de 2009

Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo y Virgilio Caballero hablan sobre La crisis de los bancos, el cambio de gabinete y el caso Jacinta, la increíble mujer condenada a 21 años de prisión por haber secuestrado a 6 agentes armados de la AFI.

´El Chapo´ Guzmán en Forbes

´El Chapo´ Guzmán se codea con millonarios
La presión internacional obligaría a una investigación para saber los orígenes y el destinos de la fortuna del líder del Cártel de Sinaloa, dice analista de la ONU Edgardo Buscaglia.





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Carmen Aristegui Noticias MVS 12 de marzo de 2009






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Soberania Popular
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Rechifla y consignas contra el gobernador en festival de cine



Fuente: La Jornada de Morelos.

Escrito por Jorge Sifuentes Cañas

Jueves, 12 de Marzo de 2009 00:00

CUERNAVACA. Fue la noche de inauguración de Cinema Planeta, que levantó ámpula entre la cúpula estatal tras la breve, pero enérgica manifestación de la sociedad contra las acciones en contra del medio ambiente. La hora pactada fue las siete de la noche. Todo estaba en su lugar; algunos jóvenes empleados de Cinemex conducían a los asistentes a sus lugares en el Foro del Lago del Jardín Borda; también elegantemente decorado con velas entre las gradas.

Sin embargo; y a pesar del esfuerzo del Comité Organizador, encabezado por Gustavo Martínez, Eleonora Isunza y Milko Días Coronel, el público tuvo que aguantarse más de una hora para el acto inaugural. Poco después de las ocho de la noche, las autoridades comenzaron la pasarela.

Y la rechifla no se hizo esperar. Juan Rafael Elvira Quezada, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Marco Antonio Adame Castillo, gobernador del estado; y Jesús Giles, presidente municipal de Cuernavaca; caminaban rumbo a sus lugares, en medio de gritos surgidos entre los asistentes: ¡Ni un voto al PAN! ¡Ni un voto al PAN! Mientras los funcionarios sólo atinaban a endurecer la expresión.

En el escenario dispuesto para los discursos, apareció la figura de la actriz Patricia Llaca, quien luego del desaguisado intentaba con su entusiasmo llamar la atención del público. Luego tocó el turno del micrófono a los organizadores, quienes agradecieron a las autoridades el apoyo para el Festival e invitaron a presenciar el filme seleccionado para abrir el evento.

De pronto, apareció en una parte de la grada cerca del lago manta mostrada por Pietro Ameglio y Jean Robert. En ella, se leía claramente: “¡El trabajador de la basura no es basura, no lo barran!”. Antes de llegar donde el palco principal, fueron detenidos por elementos de seguridad. Y ahí se inició la discusión. Ambos fueron “invitados” a retirarse y no se les volvió a permitir la entrada.

Mientras, los guaruras no atinaban exactamente qué hacer. Algunos comentaban nerviosos: “¿Qué hacemos?”. Otro más allá aseguraba: “Ya está controlado todo”. Poco después, se desplegó otras manta en la parte de arriba, con la leyenda: “Giles, PASA y GEM; Ecocidas de los acuerdos en Morelos”; que también fue retirada.

Cuando estaba la discusión, aparecieron las consignas: “¡No al relleno sanitario de Loma de Mejía”. Y otra vez, entre la penumbra, otro elemento de seguridad sólo atinaba a decir: “Estos weyes ya hicieron su desmadre”.

Los Montajes mediáticos de Genaro García Luna

El caso de la francesa Florence Cassez, no es el único donde Genaro García Luna monta todo un show mediático para engrandecer operativos o capturas de presuntos delincuentes poniendo en peligro la investigación y los derechos humanos de los inculpados.




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Entrevista con Leticia Valdés Martell


ENTREVISTA CON: LETICIA VALDÉS MARTELL.
CARGO: MADRE DEL NIÑO PRESUNTAMENTE VIOLADO EN EL COLEGIO SAN FELIPE EN LA CAPITAL DE OAXACA.
TEMA: PUBLICÓ UN DESPLEGADO EN EL PERIÓDICO “NOTICIAS DE OAXACA” PARA RESPONDER A LA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO EN SU CONTRA EN LOS MEDIOS LOCALES.



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JORNADA CONTINENTAL DE PROTESTA POR LAS VICTIMAS DE SUCUMBIOS, ECUADOR.

El lunes 2 de marzo se llevó a cabo el acto central de la Jornada Continental de Protesta por las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, en la Ciudad de México. A partir de las 15:00 hrs, la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, junto con varias organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y personas solidarias, nos dimos cita frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, (SRE), para presenciar la participación cultural de los compañeros del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA).


Representación artística a cargo del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, CLETA, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México.

Minutos después inició una conferencia de prensa en donde los Padres y Familiares de los jóvenes asesinados en Sucumbíos a manos del ejército colombiano, leyeron un documento dirigido al presidente de México y que fue entregado ante la Cancillería mexicana1, en el cual se denuncia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas al no dar una defensa efectiva para los cuatro jóvenes mexicanos asesinados y para Lucía Morett tal y como se encuentra consagrado en el artículo 4º del Código Penal Federal. Por el contrario, el gobierno mexicano mantiene una postura acusatoria para con las víctimas de la masacre de Sucumbíos al conservar abiertos procesos penales en contra de más de 15 ciudadanos mexicanos. De la misma forma ha mantenido un silencio cómplice omitiendo la entrega de información y respuestas puntuales a los comunicados entregados por los Padres y Familiares desde marzo y abril del 2008.



Conferencia de prensa frente a la SRE y entrega del documento ante las autoridades de la cancillería mexicana.

En dicha conferencia de prensa Lucía Morett respondió a los diferentes cuestionamientos que le realizaron medios de comunicación nacionales e internacionales, reiterando que el Estado colombiano quiere criminalizar a las víctimas con el único objetivo de exculpar a los verdaderos responsables de delitos de lesa humanidad, más aún, atendiendo a las declaraciones realizadas por el presidente de Colombia Alvaro Uribe Vélez este 1º de marzo de 2009 donde se atribuye el derecho de eliminar a cualquier persona que él considere terrorista en cualquier lugar que se encuentre, a lo que Lucía denunció que ésta es una clara y grave amenaza a su seguridad y de todas aquellas personas acusadas falsamente por Uribe Vélez como terroristas.

Al concluir la conferencia de prensa y la entrega del documento, partimos en marcha haciendo una breve escala en la embajada norteamericana denunciando la participación de Estados Unidos con asesoría y armamento en la masacre de Sucumbíos del año pasado. Asimismo, los asistentes a la manifestación rechazamos los intentos que mantienen los norteamericanos por reproducir en México un símil del Plan Colombia bajo el nombre de Iniciativa Mérida, lo que conllevaría la aplicación de un terrorismo de Estados revestido de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.






La solidaridad del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Protesta frente a la embajada norteamericana.


Momentos después continuamos nuestro recorrido pata culminar en un mitin frente a la embajada de Colombia donde los distintos representantes de las agrupaciones que nos acompañaron se manifestaron en repudio al bombardeo del 1º de marzo de 2008 donde fueron asesinadas 25 personas entre las cuales se encontraban nuestros hijos Verónica Velázquez, Juan González, Soren Avilés y Fernando Franco, exigiendo el castigo a los responsables de esta masacre y de quienes acosaron y amenazaron a la sobreviviente mexicana Lucía Morett.

Uno a uno los oradores de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, el Foro de la Izquierda Proletaria, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, el Frente Nacional Contra la Represión, el Frente Popular Francisco Villa Independiente, el Grupo de Acción Revolucionaria, las Juventudes Comunistas de México, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, el Movimiento Proletario Independiente, la Otra Cultura de la Otra Campaña, el Partido Comunista de México Marxista- Leninista, el Partido de los Comunistas y cientos de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, participaron para mostrar su apoyo y solidaridad para con los Padres y Familiares, pero al mismo tiempo, para denunciar la política belicista que el gobierno colombiano está implementado en el país andino infundiendo un real terrorismo de Estado contando con el apoyo total del imperialismo norteamericano bajo el diseño de la llamada guerra preventiva.

Al filo de las 19:00 hrs dio fin el acto central de la Jornada Continental de Protesta por las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, refrendado la lucha que hemos asumido todos los asistentes por lograr el castigo a los responsables de la masacre, que Alvaro Uribe y sus mandos sean llevados a juicio, que cese la persecución contra Lucía Morett y ciudadanos mexicanos, que se de fin a la campaña de desprestigio y calumnias vertidas en contra de los jóvenes asesinados, sabemos que es una lucha larga pero seguiremos firmes por la memoria de Juan González, Soren Avilés, Fernando Franco y Verónica Velázquez.









Expresión artística de la Otra Cultura. Aspecto de la manifestación rumbo a la embajada de Colombia.


Asimismo les informamos que en distintos estados de la República Mexicana y en otros países del mundo se llevaron a cabo diversos actos políticos y actividades culturales dentro del marco de la Jornada Continental de Protesta por las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, de este modo el 1º de marzo se sumaron Chiapas en México, Quito en Ecuador, Zulia y Aragua en Venezuela, Carolina del Norte, Chicago, San Francisco, Minneapolis en Estados Unidos. El día 2 de marzo se sumaron diversas organizaciones y personas solidarias de Uruguay, Santiago de Chile, Buenos Aires en Argentina y Roma en Italia.

En algunas ciudades del mundo se han programado eventos durante el mes de marzo como es el caso de varias ciudades del Estado de Guerrero y Puebla en México, Venezuela, Chile y Melbourne, Australia. De este modo la Jornada Continental de Protesta por las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, contó con un gran apoyo y solidaridad en México, América Latina y Europa para que ésta fuera una gran Jornada de denuncia, exigencia de justicia y de solidaridad con el pueblo colombiano, que nos permitirán ir creciendo, consolidando grupos de apoyo para llegar a más países y continuar luchando por justicia y para construir un espacio más amplio de organización con miras a la Segunda Jornada Continental de Protesta por las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, en el 2010.

ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE SUCUMBIOS, ECUADOR.

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com/
sucumbiosmarzo08@yahoo.com.mx
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Anexo 1.

México, D. F. a 1 de marzo de 2009.

LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
PRESIDENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE.

Hoy se cumple un año del artero asesinato de nuestros familiares Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles y del intento de homicidio sufrido por Lucía Andrea Morett Álvarez, el cual le causó graves heridas. Como usted y la opinión pública conocen, cinco compatriotas fueron víctimas de la acción militar que el gobierno y el ejército colombiano realizaron de manera ilegal e injustificable al invadir, bombardear y disparar desde aire y tierra la región de Angostura, Ecuador. De este ataque, internacionalmente condenado, el presidente Álvaro Uribe Vélez asumió la responsabilidad, sin que hasta la fecha se le finquen los cargos por los crímenes cometidos.

Cabe recordar que la violación a la soberanía ecuatoriana fue una acción de fuerza, un ataque sofisticado de gran precisión, con uso de la más alta tecnología militar; se trató de una medida premeditada y planeada aun cuando implicaba transgredir el derecho internacional y el derecho humanitario. No hubo respeto por la vida, algunos sobrevivientes fueron rematados cuando pedían ayuda. Lucía Morett sufrió amenazas, torturas, vejaciones sexuales y fue abandonada en la selva con riesgo de morir. Los graves delitos cometidos, incluso penados en situaciones de guerra, derivaron en una masacre con fines de exterminio. Fueron asesinadas 25 personas, cuatro de ellas estudiantes mexicanos, civiles indefensos para quienes no ha habido justicia ni la defensa que la ley establece. Seguimos recordándole a Ud. Sr. Presidente, la obligación constitucional del Estado Mexicano de respetar y hacer respetar el derecho a la vida de sus ciudadanos sin importar dónde se encuentren éstos.

Múltiples ataques e infundios se han manejado para desprestigiar a nuestros hijos asesinados y a Lucía como testigo, pretendiendo con ello desviar la responsabilidad que los asesinos tienen por los delitos que cometieron. Categóricamente reiteramos: nuestros hijos ingresaron y transitaron legalmente por Ecuador. Su visita como civiles en un campamento de las FARC no constituía ningún delito. Eran jóvenes entusiastas, interesados en conocer los procesos sociales latinoamericanos. Su derecho a realizar investigaciones académicas in situ fue reivindicado por autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes de la UNAM.

Frente a la evidencia de los graves delitos cometidos contra nuestros hijos el 1 de marzo en Sucumbíos, Ecuador, nos resulta extraño y preocupantes, entre otros, los siguientes hechos:

1. La imposibilidad de tener un diálogo personal con usted y la Canciller Patricia Espinosa, no obstante la gravedad de lo sucedido y la evidencia gráfica que les hicimos llegar el 17 de marzo de 2008, en donde queda crudamente documentada la masacre de la que fueron víctimas nuestros familiares.

2. La falta de una defensa efectiva para los connacionales víctimas de delitos en el extranjero, como lo estipula el artículo 4° del Código Penal Federal; que nuestro interés porque se haga justicia y castigue a los asesinos no se ve acompañado de acciones estatales que apunten en ese sentido.

3. Que las investigaciones realizadas por México se hayan centrado más en indagar acerca de la presencia de nuestros hijos en el campamento atacado, que en esclarecer lo ocurrido el 1 de marzo de 2008.

4. Que en la declaración que la PGR le tomó a Lucía Morett en Ecuador, lejos de preguntarle a ella lo sucedido en el ataque y las acciones de las que fueron víctimas, el interrogatorio tuvo una orientación incriminatoria y sesgada.

5. Que siendo los hechos irrefutables, pues todo se originó con la incursión ilegal de militares colombianos a un territorio ajeno a su jurisdicción y en el que no tenían ningún derecho a intervenir; que al amparo del uso de la fuerza y el poder se cometieron gravísimos delitos; que de este ejercicio de violencia de Estado existen tanto responsables inmediatos como personas que dieron las órdenes para delinquir, no se hayan realizado hasta ahora las acciones en derecho para que los culpables sean juzgados y paguen por sus crímenes.

6. Que a pesar de que las autoridades de la PGR, incluyendo su titular, han declarado, que “hasta el momento” (a casi un año del ataque en Sucumbíos) no hay nada en contra de Lucía Morett, mantienen dos procesos penales abiertos en los que se involucra a ella y a otros ciudadanos más en la posible comisión de delitos, sin que existan pruebas o fundamentos para ello. Estos procesos son una amenaza para la seguridad, tranquilidad y derechos humanos de Lucía. ¿Por qué no se declara el no ejercicio de la acción penal como correspondería? ¿Por qué nuestros hijos han sido tratados más como delincuentes y no protegidos y defendidos como víctimas?

7. Que en la respuesta que por instrucciones suyas nos dio la Canciller Patricia Espinosa C., a los comunicados que le enviamos el 13 y 17 de marzo pasados, señaló “…que por principio y por mandato constitucional, el gobierno de México tiene un inequívoco compromiso con el respeto a la vida humana, los derechos humanos y la dignidad de las personas. Asimismo, es parte fundamental de nuestra política exterior, la protección de los derechos de los connacionales en el exterior, la defensa del derecho internacional y la promoción del respeto y la convivencia pacífica entre las naciones” y que “México ha deplorado las acciones por parte del Gobierno de Colombia, por constituir una clara violación del derecho internacional”, a estas claras e importantes declaraciones no se les ha acompañado de acciones efectivas a favor de nuestros hijos y de la justicia. ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano para poner en alto esos principios?

8. La falta de respuesta de la titular de la Cancillería mexicana a múltiples comunicados y peticiones que le hemos formulado, no obstante que en distintos oficios, como el del 10 de abril de 2008, nos expresó: “les reitero la disposición del Gobierno de México de mantener el diálogo que hemos establecido y de informarles de cualquier avance que se produzca en torno a las gestiones que ha emprendido el Gobierno de México…” ¿Por qué no se nos ha informado de un asunto que nos compete y tan delicado para nosotros?

Adicionalmente queremos expresarle que confiamos en la prudencia y apego a derecho de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, por lo que esperamos que esta instancia no se pronuncie pidiendo a México la extradición de Lucía Andrea Morett Álvarez; pero, de ocurrir esta solicitud, nos opondremos terminantemente a que el gobierno mexicano pudiera responder positivamente, ya que se trata de un proceso con connotaciones más políticas que legales y en donde hay múltiples presiones para criminalizar a las víctimas y exculpar a los responsables de haber cometido delitos de lesa humanidad. Resulta absurdo que Lucía haya atentado contra la seguridad interna del Ecuador. Nuestros hijos no cometieron delitos ni aquí ni en la hermosa república de Ecuador.

Por todo lo anterior, por la necesidad de conocer el desarrollo de las investigaciones y las acciones que el gobierno ha realizado todo este tiempo con relación a los hechos violentos en los que perdieron la vida nuestros hijos y Lucía resulto con heridas que aún no sanan, y por nuestro legítimo derecho de avanzar por lograr la justicia para nuestros hijos, le solicitamos con carácter de urgente una audiencia y su intervención para poder tener este diálogo con los titulares de la Cancillería y la PGR.

ATENTAMENTE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS, ECUADOR

Nota. Toda clase de comunicaciones favor de enviarlas a Lic. Hugo Rosas de León. Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Torre Caballito Av. Paseo de la Reforma N° 10, piso 14, oficina 15. Col Tabacalera. C.P. 06030.

c.c.p. C. Patricia Espinosa C. Secretaria de Relaciones Exteriores.
c.c.p. C. Eduardo Medina Mora Procurador General de la República
c.c.p. Integrantes del poder Legislativo. H. Cámara de Senadores y de Diputados.
c.c.p. Medios de comunicación nacionales e internacionales.

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Fuente: LIMEDDH




Constitucionalidad del fuero militar ya está en duda

Redacción

Guadalupe Gómez Q.

El Centro Prodh presentó ayer el informe ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que documenta 120 casos de abusos militares en el actual sexenio.

El informe presenta los casos más recientes, que se suman a los cometidos antes de este sexenio y que no han tenido aún solución debido al fuero militar, como el de Inés, quien el 22 de marzo de 2002 fue violada por tres soldados del Ejército federal en la región de La Montaña, en Guerrero.

Ante la falta de justicia, en 2006 su caso fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero a partir de entonces no han cesado las amenazas y agresiones en contra de ella y su esposo Fortunato Prisciliano.

En la conferencia de prensa también se anunció que un caso representado por el Centro Prodh y la organización Fundar, en el que se cuestiona la aplicación del fuero de guerra en México, ha sido atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se trata del caso de Santiago Caballeros, en Badiraguato, Sinaloa, donde cuatro civiles fueron privados arbitrariamente de la vida. A partir de ese caso la SCJN podría definir si el fuero de guerra es compatible con la Constitución y otros tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

El informe señala que, según datos obtenidos por el Centro Prodh a través de las instancias de acceso a la información pública, entre enero de 2006 y noviembre de 2008, 500 averiguaciones previas han sido remitidas a la justicia militar por las autoridades civiles; de éstas, 381 corresponden a 2008.

En el mismo periodo, la Procuraduría General de Justicia Militar aceptó que sus agentes del Ministerio Público iniciaron 174 averiguaciones previas por delitos cometidos contra civiles –110 tan sólo en 2008– de las cuales sólo 11 fueron consignadas: menos de una de cada 10. La información recabada confirma que los abusos militares van en aumento y que, frente a ello, la justicia militar tiende a perpetuar la impunidad.

Los principales tipos de abusos que se han denunciado en los 120 casos que analiza el Centro Prodh son cateos ilegales, agresiones físicas y torturas, así como detenciones arbitrarias. En cuanto a su distribución geográfica, los cuatro estados más afectados han sido, en ese orden, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán.

Cómo convivir con militares

En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se desarrolla el Operativo Conjunto Chihuahua Seguro, lo que significa la presencia de 7 mil 500 soldados del Ejército Mexicano y 2 mil agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), ante el temor de la población, las autoridades municipales y estatales publicaron un manual para “convivir” con militares sin “contratiempos”.

Asimismo, anunciaron capacitación “especial” en materia de derechos humanos a los militares recién llegados, así como la creación de un Centro de Atención de Quejas contra Abusos de Militares y Policías Federales.

Con dichas medidas, las autoridades de Juárez pretenden responder a la inquietud y protesta ciudadana ante el arribo de miles de soldados y policías del Operativo Conjunto, quienes actúan bajo el argumento de “combate a la delincuencia”.

El manual, distribuido por autoridades municipales y estatales para “convivir con los militares”, está dirigido a automovilistas, a quienes se sugiere reducir la velocidad de su vehículo en cuanto vean una caravana o retén militar y encender las luces intermitentes para indicar a los uniformados que responden a su llamado.

Les sugieren también encender la luz interior del coche, colocar las manos en la parte superior del volante, llevar en la unidad sólo los objetos necesarios y colaborar en todo momento con los soldados y policías.

Tampoco deben rebasar a los vehículos militares o federales; deben evitar las avenidas principales en horas de mayor tránsito y conducir durante las noches con los vidrios abajo o las luces interiores encendidas cuando se circule cerca de un retén o se le solicite detenerse para una inspección.

De igual forma, el gobierno municipal de Juárez informó, mediante un comunicado, la creación del Centro de Atención y Quejas contra Abusos de Militares y Policías Federales, “con el objetivo de evitar que se den abusos de los elementos del Ejército Mexicano y de la PFP en la implementación del Operativo Conjunto Policiaco”.

Al frente del Centro de Atención estará el abogado Javier González Mochen, que fue creado por un acuerdo entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Estado Mayor Presidencial y otras áreas del gobierno federal, el jueves pasado en la ciudad de México.

El comunicado también señala que las dependencias continuarán bajo el control del gobierno de Ciudad Juárez, “pero debido a la presencia del alto número de militares se aceptó la sugerencia de que sean integrantes del Ejército Mexicano quienes ocupen los mandos en la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y en el Centro de Readaptación Social para Adultos, municipal y estatal”.

Las sanciones a los militares que incurran en “irregularidades” corresponderán al secretario de Seguridad Pública municipal, ya que al iniciar el operativo pasan a formar parte de la Policía Municipal.

Al mismo tiempo, la autoridad informó que soldados recién llegados a Ciudad Juárez serán “capacitados” en derechos humanos, durante dos semanas, dos horas diarias, al finalizar sus labores. Serán catedráticos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez quienes hablarán a los militares sobre el Reglamento de Policía y Buen Gobierno local para evitar afectaciones a la población.

Fuente: La Jornada de Zacatecas

Audio: Cuba celebra nueva Ley de EU



Por Maru de Aragón



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En vivo por AMLOTV Jaime Cárdenas

Presos políticos en Querétaro y los abusos del juez

Redacción

Aquiles Córdova Morán

Al inicio fueron detenidos 19 vecinos de la comunidad La Piedad, municipio de El Marqués, en Querétaro, que resguardaban un pozo de agua de su propiedad y del cual se había apoderado, desde hacía 12 años, un vivales de nombre Roberto Hernández Barrón, cuñado del secretario general del gobierno del estado, Alfredo Botello Montes.

Todos fueron detenidos en la madrugada del 27 de septiembre de 2008, a la misma hora, en el mismo lugar y por los mismos delitos: despojo, peligro de devastación, motín y resistencia de particulares. Entre los 19 iban cuatro menores de edad.

Posteriormente fueron libradas sendas órdenes de aprehensión en contra de la licenciada Yesenia Valdez Flores, defensora legal de los detenidos, y del profesor Jerónimo Gurrola Grave, representante del Movimiento Antorchista Nacional en Querétaro, de las cuales se ha ejecutado ya la relativa a la licenciada Valdez, quien se encuentra en la cárcel.

Ante la indignación pública por lo abusivo de las detenciones, y ante las protestas de los vecinos de La Piedad y del Movimiento Antorchista que los apoyaba con anterioridad, el juez octavo de primera instancia, José Antonio Ortega Cerbón, puso en libertad a los cuatro menores de edad, no sin antes sentenciarlos a trabajos forzados “en beneficio de su comunidad”.

Es decir, los puso en la picota, los expuso al escarnio público, y sólo le faltó ordenar la infamante letra escarlata en la espalda para que todo mundo supiera que se trataba de criminales irreductibles. Pero sus 15 compañeros acusados de los mismos delitos, contra toda lógica, permanecieron en prisión.

Como he dicho antes, la lucha por su liberación a cargo del Movimiento Antorchista Nacional (lo que le ha valido una feroz guerra mediática encabezada por el conductor de noticiarios Ciro Gómez Leyva) logró a duras penas que el Tribunal Colegiado de Circuito les concediera un amparo que, en esencia, reconocía que la formal prisión dictada por el juez octavo era legalmente insostenible.

Cualquier impartidor de justicia profesionalmente honesto hubiera ordenado la libertad inmediata de los detenidos; pero Ortega Cerbón, que por órdenes de Botello Montes y de Garrido Patrón, gobernador del estado, es más cerbero (el monstruo de 50 cabezas que guarda las puertas del Tártaro por orden de Zeus, según Hesíodo) que Cerbón, hizo algo que, desde el punto de vista jurídico, es un completo disparate.

Usurpando el papel del Ministerio Público, que es la instancia facultada por ley para inconformarse ante un fallo como el que nos ocupa, interpuso, por sus puras pistolas, el recurso de inconformidad. El Tribunal Colegiado de Circuito desechó la maniobra por notoriamente improcedente, con lo que colocó nuevamente a Ortega Cerbón en la disyuntiva de poner a los presos en libertad o volver a violar descaradamente sus garantías.

El juez no dudó. Mediante una maniobra que a sus ojos debe parecer lo máximo en materia de habilidad para burlar la justicia, puso en libertad a nueve de los detenidos y mantuvo en prisión a los seis restantes a través de la chicana de “reclasificar” el delito de que los acusa. Ahora ya no es sabotaje, despojo y peligro de devastación, sino “despojo agravado”.

Así, el juez Ortega Cerbón, sin importarle un bledo la opinión pública ni el respeto a los derechos de los ciudadanos, amparado tras el poder de quienes lo controlan y le dan órdenes, vuelve a salir a la palestra a exhibirse sin rubor en paños menores ante todo el mundo como un juez de consigna al servicio de intereses totalmente ajenos a su función institucional.

En efecto, la nueva resolución no resiste el más mínimo examen. Primero, porque si todos los acusados fueron detenidos en la misma fecha, en el mismo lugar y por los mismos delitos, no se entiende por qué no reformula su acusación contra todos. La cosa se aclara si se sabe que libera a los notoriamente inocentes.

Entre ellos, además, van dos que lograron ser amedrentados por los agentes del gobierno para que renunciaran a la defensa y al apoyo de Antorcha Campesina, mientras se deja presos a los integrantes del comité administrador del pozo elegido por la comunidad y a Rubén del Río Alonso, líder antorchista en La Piedad.

Se trata, pues, de una aplicación burdamente parcial y selectiva del derecho para quitarse presión, para premiar a los sumisos y castigar a los contumaces, a los más fieles al antorchismo que los defiende. En segundo lugar, tampoco se sostiene el nuevo delito inventado por el juez: no se puede acusar a algún vecino de La Piedad de despojo cuando el gobierno del estado reconoce que son los legítimos dueños del pozo y, por tanto, que son ellos los despojados.

Si bien es cierto que el despojo se comete contra la posesión y no la propiedad, también es un hecho que ni Hernández Barrón ni la Comisión Estatal del Agua estuvieron en posesión del pozo. ¿A quién, pues, despojaron los campesinos? Y ¿de qué lo habrían despojado, dado que las aguas del subsuelo son propiedad de la nación, según la Constitución General de la República?

Finalmente, se ha insistido en los medios informativos en que los nueve presos salieron mediante una fianza de 10 mil pesos; de esa manera, dieron la impresión de que fue un pago prácticamente simbólico. Nada de eso. El juez fijó 10 mil pesos, sí, pero por cada uno de los detenidos, es decir, 90 mil pesos en total que, dada la situación en que viven nuestros campesinos, resulta casi una fortuna.

Como ya dije, dos de los liberados pagaron su multa por separado; los siete restantes tuvieron que abonar 70 mil pesos por su libertad, de los cuales 17 mil se juntaron por cooperación de la comunidad, y los 53 mil restantes los aportó la tesorería nacional del Movimiento Antorchista.

He aquí, pues, un ejemplo práctico de cómo se aplica y se defiende, desde el poder, nuestro Estado de Derecho. Y ¡ojo!: es gratis esta lección de justicia a la mexicana para quien quiera aprovecharla.

Fuente: La Jornada de Zacatecas

Alegaciones de tortura y malos tratos/ Detención arbitratria temporal/ Temor por integridad personal

Caso MEX 110309

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con preocupación informaciones de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre la detención arbitraria temporal, la tortura y los malos tratos contra el Sr. Marcelino Coache Verano, en hechos ocurridos en el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.

De acuerdo con las informaciones, el 4 de marzo de 2009, hacia las 13h30, el Sr. Marcelino Coache Verano, originario del municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca, quien ha sido miembro de la comisión de prensa y propaganda de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue interceptado y arrestado por sujetos desconocidos en inmediaciones de las céntricas calles de Victoria, Trujano y Periférico, en Oaxaca de Juárez, momentos después de salir de una reunión realizada por miembros del Sindicato de Limpia del mencionado municipio.

Según las informaciones, los desconocidos, quienes lo aprehendieron y lo subieron a una camioneta diciéndole: “estás detenido”, al comienzo le dijeron que lo que le hacían obedecía a una orden de aprehensión, pero posteriormente lo trataron de confundir con un supuesto asalto. Según sus denuncias, lo llevaron en un recorrido de más de una hora por lo que parecía ser una carretera, amarrado de pies y manos y con la cara tapada y después lo llevaron a algún lugar donde lo desnudaron, lo arrodillaron y le preguntaron que cada cuánto tiempo depositaba dinero en una cuenta, pregunta que a la víctima le sorprendió ya que él afirma: “no tengo ni un peso”.

De acuerdo con las informaciones, el Sr. Coache Verano habría permanecido al menos diez horas con los ojos vendados, durante las cuales lo interrogaron sobre su familia y sobre a qué actividades se dedica. Sus agresores, utilizaron las colillas de cigarrillo para causarle diversas quemaduras en el pecho y en los genitales. Según la víctima: “sólo escuché uno de los sujetos, alcancé a ver que portaba un uniforme azul con una banderita en el hombro que hablaban constantemente por radio y se referían a alguien a quien le decían 'señor' o 'lince' y de manera constante se reportaban con esa persona”.

Según las informaciones el Sr. Marcelino Coache Verano escuchó que decían entre ellos que sólo esperaban al “Señor Lince”, y que luego otra persona entró al lugar en donde lo tenían diciendo: “éste es uno de los revoltosos”, otra persona contestó “entonces lo matamos” y se escuchó el corte de cartucho de un arma de fuego. Posteriormente, lo desamarraron, le dijeron que se vistiera y lo sacaron de ese lugar en un coche y después de una hora y media lo bajaron y le desamarraron las manos, destaparon una botella e hicieron intentos de rociarlo con gasolina.

El Sr. Marcelino Coache Verano cree que serían aproximadamente las tres o cuatro de la madrugada del 5 de marzo de 2009 cuando lo dejaron abandonado y esperó a que amaneciera, momento en el cual se dio cuenta que estaba en la Colonia González Guardado, perteneciente al municipio de Zaachila, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Posteriormente un taxista lo auxilió y lo trasladó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que recibiera atención médica. Según el diagnóstico médico el Sr. Marcelino Coache Verano él presenta: poli-contusiones, quemaduras de 2º y 3º grado en tórax y genitales, hematoma frontal y edema en labios. Además presenta visibles muestras de maltrato en las muñecas, quemaduras y golpes en el rostro.

El Secretariado Internacional de la OMCT al condenar los hechos aquí denunciados manifiesta su preocupación por la seguridad y por la integridad personal del Sr. Marcelino Coache Verano, así como de los miembros de su familia y solicita a las autoridades estatales y federales que tomen las medidas más apropiadas para garantizar las mismas.

La OMCT recuerda que México como Estado Parte de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y que de acuerdo con estos dos Instrumentos: “(…) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (…)”, y además, « (…) Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.(…) Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. (…) ».

Antecedentes y contexto de la situación

Se ha informado que el Sr. Marcelino Coache Verano ha sufrido hostigamiento en diversas ocasiones e incluso estuvo detenido durante cerca de seis meses, por su carácter de activista político al lado de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En efecto, el Sr.Marcelino Coache Verano fue detenido por la policía federal el 4 de diciembre de 2006, junto con los Sres. Flavio Sosa Villavicencio, Horacio Sosa Villavicencio e Ignacio García Maldonado,cuando los cuatro se encontraban en la ciudad de México D.F. para establecer la mesa de negociación convocada por el gobierno del Presidente Felipe Calderón. En esa ocasión él fue detenido a pesar de no tener orden de aprehensión en su contra y se le inició en ese momento una averiguación previa por haberse opuesto a la detención.

El Sr. Marcelino Coache Verano estuvo recluido en el Penal de Cosolapa, Veracruz, ubicado aproximadamente a 10 horas de distancia de la ciudad de Oaxaca, lo que dificultó que su familia le prestara asistencia. Posteriormente, a pesar de haber ganado un recurso de Amparo, fue retenido en la cárcel por la reclasificación de los delitos, y después de una larga lucha legal, fue liberado el 31 de mayo de 2007. A partir de ese momento, se reincorporó a las actividades de la APPO de la que es miembro activo.

Durante la creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el Sr. Marcelino Coache Verano fue nombrado Concejal y miembro de la comisión de prensa y propaganda. Se ha informado que entre agosto y diciembre de 2006 acudió a las mesas de negociación realizadas entre el gobierno federal y la APPO en la ciudad de México.

De otra parte, la OMCT recuerda que había denunciado la presunta desaparición forzada del estudiante Sr. Pedro García1, integrante de la sección juvenil del Frente Popular Revolucionario, organización parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en hechos ocurridos el 1° de octubre de 2006, en las inmediaciones de la ciudad universitaria de Oaxaca. La OMCT ha conocido ahora que, en esa ocasión, el Sr. Pedro García, cuyo nombre completo es Francisco Pedro García García, permaneció detenido en el penal femenil de Tlacolula, fue liberado una semana después de su arresto y, durante el mismo, habría sido objeto de malos tratos y tortura.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:

i. tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Marcelino Coache Verano, incluida la atención médica adecuada y gratuita que su estado requiera, así como garantizar la seguridad de los miembros de familia;
ii. ordenar a las autoridades correspondientes que lleven a cabo una investigación rápida, efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial en torno a las alegaciones de tortura y malos tratos infligidos al Sr. Marcelino Coache Verano, que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley, y que el resultado de la investigación se haga público;
iii. otorgar una adecuada reparación al Sr. Marcelino Coache Verano;
iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por México, en particular a la Convención Contra la Tortura.

Direcciones

· Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. FAX: + 41 22 748 07 08 E-mail:mission.mexico@ties.itu.int;
· Sra. Sandra Camila Fuentes Berain Villenave, Embajadora de México en las Comunidades Europeas, y Observadora Permanente de México ante el Consejo de Europa 94 Avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruselas, Bélgica. FAX: +32 2 644 08 19. Tel. + 32 2 629 07 77
E-mail: embamex@embamex.eu
· Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel.: +52 5527891100 FAX: +52 55527 72 376 + 52 55 27 89 11 13 E-mail:felipe.calderon@presidencia.gob.mx
· Licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 (55) 5093 3414 E-mail: secretario@segob.gob.mx
· Licenciado Mauricio E. Montes de Oca Durán, Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. E-mail: mmontesdeoca@segob.gob.mx
· Licenciado Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República, E-mail:ofproc@pgr.gob.mx Fax: +52 (55) 53 46 0908
· Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. E-mail: correo@cndh.org.mx

También pueden escribir a las autoridades del Estado de Oaxaca:
· Licenciado Ulises Ruiz Ortiz, Gobernador del Estado de Oaxaca, Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Km. 9.5, Santa María Coyotepec, Oaxaca, Oaxaca C. P. 71254, MÉXICOFax: +52 951 502 0530 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor") Correo-E.:gobernador@oaxaca.gob.mx
· Licenciado Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Procurador del Estado de Oaxaca, Avenida Luis Echeverría s/n, Col. La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, Oaxaca 71236, México, Fax: +52 951 511 5519 E-mail: buzonciudadano@pgj.net

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.

Ginebra, 11 de marzo de 2009

Agradeceremos informarnos acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

El gobierno engañó a las universidades al asegurar que no había dinero: De la Fuente


ARTURO ALFARO GALÁN

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente Ramírez, reprochó al gobierno federal haber “engañado” a las universidades públicas, al referir que durante años les aseguraron que no había dinero para invertir en la educación superior, mientras que en “menos de cinco minutos” desembolsaron millones de dólares para rescatar a las instituciones financieras perjudicadas por la actual crisis económica que impera en el país.

Ante la negativa de las autoridades federales –dijo– las universidades tendrán como principal reto promover la construcción de un modelo de educación que permita a los estudiantes egresados incorporarse de manera más eficiente al mundo laboral, a fin de combatir los actuales índices de desempleo y deserción escolar.

De la Fuente indicó que mientras los gobiernos en Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania y Finlandia han invertido en el capital universitario, creando más infraestructura para las universidades públicas y los espacios para el desarrollo de la ciencia, tecnología y la cultura, el futuro en México en esta materia aún está incierto.

“El gobierno ha invertido millones de pesos, de dólares, para rescatar a los sectores que están siendo perjudicados con esta crisis económica, y en ese sentido mi pregunta sigue siendo: ‘¿había o no había dinero?’, porque durante mucho tiempo a las universidades nos engañaron, están escatimando el dinero en las personas en las instituciones públicas, lo que está provocando un crecimiento con desigualdades sociales”, acotó.

Ayer, el ex rector de la UNAM participó en el panel “La importancia de la educación superior en la crisis global”, que se realizó en el Teatro del Complejo Cultural de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), donde también asistieron Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad de Tlaxcala; José Martínez Vilchis, del estado de México; Luis Gil Borja, de Hidalgo; Silvia María Concepción, de Michoacán, y como anfitrión, Enrique Agüera.

Durante su exposición, Juan Ramón de la Fuente –quien recibirá este día el doctorado Honoris Causa por la UAP– retó a los directores de las universidades públicas del país a “ocupar a los egresados que están desempleados” mediante un programa nacional para brindar capacitación, asesorías, talleres, conferencias, incluso emplearlos para mejorar los programas educativos de las instituciones, a fin de invertir en el capital humano.

Expuso que mientras el gobierno federal continúa en la negativa de capitalizar la investigación, la infraestructura, la cultura y la ciencia universitaria, “los rectores debemos estar comprometidos con la sociedad”, por lo que exhortó al Congreso de la Unión y a los directores educativos a impulsar un programa nacional que combata los índices de desempleo en México.

“Todos los universitarios de Puebla, Hidalgo, Michoacán y del país pueden asistir a las casas de estudio para que el egresado que pierda el empleo encuentre el cobijo y apoyo de la universidad pública de su estado. Me parece importante que en lugar de estar desolado, el universitario pueda plantear acciones a favor de la comunidad. Eso será una muestra del pacto de las instituciones con la sociedad”, manifestó durante su exposición.

Asimismo, el ex rector de la UNAM afirmó que mientras en el mundo diferentes países se están preparando ya para la reinserción global, una vez que concluya la crisis económica, mediante la canalización de apoyos masivos y recursos para la educación y el desarrollo científico y tecnológico, el Estado mexicano aún no tiene respuestas para ello.

“Los países están planteando respuestas, no sólo miran al pasado, sino que están viendo hacia el futuro, porque la crisis llegará a su fin, la recesión algún día terminará, y la diferencia es que hay naciones que se están preparando para reinsertarse en la economía global cuando la coyuntura termine, pero hay países, como nosotros, que sólo vemos hacia atrás”, subrayó.

De la Fuente lamentó que el Estado mexicano carezca de respuestas y no haya anunciado ningún plan de rescate con recursos específicos para la educación en este sentido, producto de la visión de corto plazo que ha caracterizado a los últimos gobiernos.

En su turno, Enrique Agüera Ibáñez indicó que la actual situación financiera del país representa una pérdida de valores en el ser humano, que ha perdido su capacidad de interés hacia los problemas colectivos y se ha centrado en un individualismo.

“Es indispensable avanzar hacia el aseguramiento de la convivencia social, hoy vulnerada y golpeada desde la economía, la política, la impunidad, el crimen, la desigualdad y la pobreza, y es imprescindible, además, restablecer una relación benéfica entre el hombre y la naturaleza que otorgue viabilidad a nuestra supervivencia como especie”, apuntó.

El rector de la UAP señaló que la actual crisis que aqueja al mundo no solamente es financiera, sino que también es una crisis de valores que tiene como factor principal el abandono al ser humano; “no tan sólo es el desgaste del sistema capitalista; en realidad enfrentamos los estragos de los efectos globalizadores de la disparidad de las relaciones norte–sur, de la creciente brecha científica y tecnológica, no sólo entre naciones, sino entre generaciones”, expresó.

Por su parte, Luis Gil Borja, rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, manifestó su preocupación ante la crisis global, pues el papel de las instituciones públicas de educación superior deberán sortear problemas como el financiamiento para la construcción de infraestructura, una caída en la demanda estudiantil, la creación de pasivos en las finanzas universitarias, el incremento en los costos de tecnología, ciencia, cultura, además de la contracción que representa un recorte presupuestal para los investigadores.

“Los apoyos del gobierno son limitados, y los problemas que estamos encarando son múltiples, pues la crisis económica no sólo afecta a las instituciones bancarias y de crédito, al sector automotriz, sino que también perjudica a la calidad de la educación y las ofertas que nuestras casas de estudio deben mantener”, aseveró.

En tanto, Silvia María Concepción, de la Universidad de Michoacán, precisó que las instituciones educativas están consideradas en el primer escalón del índice de confianza entre la ciudadanía, junto a la iglesia, el Ejército mexicano y los medios de comunicación, respectivamente, mientras los partidos políticos, diputados federales y local, policías, sindicatos y senadores son los peor calificados.

Por ello, indicó que el compromiso de las escuelas públicas para brindar respuestas a la sociedad emana de una “legítima necesidad”, por lo que llamó a los sectores y grupos minoritarios no interponer los intereses personales ante los reclamos de las mayorías, a fin de tener resultados en el menor tiempo posible.

“En realidad lo que nuestro país requiere es una serie de brazos multicolores, multisectoriales y multitemáticos para albergar nuestras necesidades. Es necesario impulsar una gran alianza con todos en México, y nosotros no sólo tenemos las propuestas, sino las herramientas para hacerlo”, detalló.

Por último, Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad de Tlaxcala, propuso a los rectores asistentes crear un modelo que incluya la consolidación del Homo Universitatis, que consiste en el desarrollo de programas educativos con plusvalía para los estudiantes, quienes al término de sus estudios estarán preparados para enfrentar los problemas económicos con una visión humanista.

Entre las características que mencionó destacan que el egresado tendrá capacidad de análisis, predicción, con sentido propositivo, de innovación e investigador, que junto con una “personalidad de alto impacto” podrán encarar los retos del futuro. Además, indicó, tendrán capacidades diferentes a los universitarios de otras instituciones de educación superior, pues tendrán valores demócratas, de solidaridad, con sentido claro de la verdad, coexistentes y universales, concluyó.

Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

Inicia Ministerio Público investigación contra Luis Aquiáhuatl por falsear declaraciones



JUAN LUIS CRUZ PÉREZ

Por falsedad de declaraciones a una autoridad, el agente del Ministerio Público de la Federación del juzgado primero de distrito inició un proceso de investigación y sanción en contra del todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Luis Aquiáhuatl Hernández, lo que podría derivar en que el magistrado sea condenado hasta con tres años de prisión.

El proceso penal iniciado en contra del magistrado es el resultado de la promoción de un incidente de objeción por falsedad de declaraciones dentro del juicio de amparo número 1503/2007 que promovió José Amado Justino Hernández Hernández y por el cual Luis Aquiáhuatl no ha sido depuesto de su cargo.

De acuerdo con el proceso jurídico, el todavía magistrado incurrió en el “don de la ubicuidad” para estar presente al mismo tiempo en dos lugares distintos, pues mientras presenciaba en la ciudad de México la plenaria a través de la cual los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaraban ilegales los juicios de autoprotección que se otorgaron seis magistrados, también promovía su desistimiento a dicho autoamparo.

La medida fue una argucia legaloide de Aquiáhuatl Hernández, pues al declararse inválidos los citados juicios, éste trató de desistirse de su autoprotección, a fin de no continuar con la violación en la que incurre al artículo 73, fracción III, de la Constitución Política federal, que establece que el juicio de amparo es improcedente “contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución”, como fue en este caso.

Ante ello, Justino Hernández, quien no ha podido asumir el cargo de magistrado en lugar de Luis Aquiáhuatl Hernández, promovió el recurso en contra del presidente del TSJE, al considerar que viola varias disposiciones jurídicas del fuero federal, por lo que tiene que ser sancionado.

De acuerdo con el acta presentada por el magistrado Aquiáhuatl Hernández en este litigio, el pasado 25 de febrero, a las 12 horas del día, acudió “personalmente” ante su homólogo Amado Badillo Xilotl para desistirse del juicio de protección constitucional “por así convenir a mis intereses”. La resolución acordada por Badillo Xilotl fue a favor de la petición, según consta en el acta firmada por el secretario de acuerdos del Tribunal, Rodolfo Montealegre Luna.

Sin embargo, a decir de Justino Hernández, “los hechos allí fedatados y asentados son total y notoriamente falsos y prefabricados, con la finalidad de ser indebidamente ofrecidos dentro del incidente en que se actúa… es completamente falso que el quejoso se haya encontrado a las 12 horas del día 25 de febrero de la anualidad en curso personalmente en el desahogo de dicha audiencia, ya que éste se encontraba en ese preciso momento personalmente en las instalaciones de la SCJN durante el desahogo de la sesión de la Segunda Sala que resolvió la controversia constitucional numero 99/2008. Él estuvo en compañía de los magistrados Amado Badillo Xilotl y José Rufino Mendieta Cuapio, existiendo datos ineludibles que así lo evidencian, como son videos de la sesión de la Corte, así como el registro con hora de entrada y salida de los magistrados al edificio del máximo órgano de justicia del país”.

El denunciante refirió que con dicho acto, el presidente del TSJE “incurrió en responsabilidad penal”.

Fuente: La Jornada de Oriente (Tlaxcala)

Familia O’Farrill usará 9 hectáreas de bosque de la Calera para centro comercial: Cociep



TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

En el foro denominado “Bosque La Calera: ecocidio”, el Consejo Ciudadano Ecológico de Puebla (Cociep) aseguró que el ex propietario del rancho San Cristóbal –localizado al oriente de la ciudad–, Jorge Bautista O’Farril, ha destinado unas nueve hectáreas para la instalación de centros comerciales que estarán ubicados a un lado del fraccionamiento Jardines de la Montaña.

Lo anterior porque de acuerdo con las escrituras 42709, 42707 y 4270 de la notaría pública número 42, inscritas el 20 de febrero de 2008, el predio 6717 –localizado en la lateral noroeste del periférico ecológico– medía casi 169 hectáreas, pero sólo le vendió 160 a la empresa Alteq Construcciones que edifica Jardines de la Montaña, aseguró Jorge Sosa Pérez, uno de los representantes del Cociep.

Actualmente en el fraccionamiento se han construido unas 400 casas, las cuales están en obra negra. Ese proyecto inmobiliario inició después de que el gobierno municipal de Enrique Doger le cambió el uso de suelo a la zona a finales de su gestión, la cual de ser un área de preservación ecológica pasó a ser habitacional; por ello, este viernes el organismo ciudadano le solicitará a la presidente municipal que se le devuelva la clasificación que tenía antes con el fin de garantizar su conservación y evitar que se pierdan especies de flora y fauna endémicas.

Durante su ponencia en el foro, Sosa Pérez explicó que “como buen empresario Bautista O’Farril dejó una extensión de terreno para que después se instale algún centro comercial”.

Agregó que a la administración de Blanca Alcalá Ruiz no le ha interesado conservar la última reserva natural que tiene el municipio de Puebla, pese a que en el eje 3 de su Plan de Desarrollo Municipal se establece la conservación de áreas verdes.

El plan reconoce que existe un deterioro ambiental y alude políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, así como indica que Puebla carece de un proyecto común que unifique el sentido de autoridad con las iniciativas ciudadanas; sin embargo, critica que este plan no abordé ningún proyecto en concreto, “sólo es un mero discursos que no aterriza en nada”, aseguró.

Por su parte, Martín Camacho Morales, representante de la organización Huitzicoatl, dijo –durante su participación en el foro realizado en la Facultad de Derecho de la UAP–, que en cuestión ecológica las disposiciones legales en Puebla son “letra muerta”.

Concluyó que es urgente la creación del Bio Parque La Calera con la finalidad de detener el impacto de la contaminación, así como preservar la flora y fauna existente en la zona.

Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

Minatitlán a merced del hampa

Fragmento del programa PUNTO DE PARTIDA, sobre el control que ejerce el Narco en el municipio de Minatitlán en el estado de Veracruz, donde han tomado el control de todo tipo de delitos no solo el narcotrafico




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En vivo por AMLOTV Los chamucos: Hernández, El Fisgón y Helguera

Problemas para Vega Robles por la situación en el Cerro de San Pedro

El 5 de febrero algunas casas fueron incendiadas por desconocidos


Todo indica que Héctor Vega Robles, nuevo secretario general de Gobierno, terminará mal su cargo, pues de no atender inmediatamente el caso, la situación que se vive en la fracción de Portezuelo, se convertirá en un verdadero foco rojo social.

El día de ayer se presentó en las oficinas de Vega Robles, María Juana Hernández Gaytan, una de las personas afectadas por el despojo de sus tierras en ésta fracción del municipio de Cerro de San Pedro.

Se sabe que el 5 de febrero, algunas de las casas del lugar fueron destruidas e incendiadas por personas desconocidas. De esto estaba enterado José Alfonso Castillo Machuca, ahora pre candidato a diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), ex secretario general de Gobierno, y ex brazo derecho del gobernador Marcelo de los Santos, según se establece en un oficio presentado con sello y fecha de recibido en Palacio de Gobierno el día

Por si fuera poco, el pasado viernes 6 de marzo, cerca de las 2:25 de la tarde, el señor Juan José Hernández Loredo, quien según la entrevistada, dijo ser abogado y representante de la UASLP, llegó en una camioneta a los terrenos del Fraccionamiento Nuevo Amanecer, acompañado de dos jóvenes, quienes comenzaron a quitar y aventar los tubos y palos con los que se delimitaba el lugar. La misma situación volvió a ocurrir el día 8 de marzo, a las 8:30 de la noche, pero en esta ocasión el señor Juan José estuvo hablando con algunas personas del predio, y los amenazó con mandar gente para que los golpeara.

Hernández Gaytan señaló que los afectados del lugar son aproximadamente 200 personas, afirmó que no tiene pruebas de que Rosaura Loredo, presidente municipal de Cerro de San Pedro, esté implicada en ésto. Sin embargo, pidió que se investigue a fondo y se determine la responsabilidad de cada uno de los particulares implicados, así como de las autoridades municipales y estatales.

Después de casi una hora y media de espera, el secretario general de Gobierno, Héctor Vega Robles, no quiso declarar nada respecto al tema, y sólo le dijo a la señora Juana Hernández que se comprometía a revisar y estar al pendiente de su caso.

Fuente: La Jornada de San Luis

Miembros del FERC ayunan por la libertad a manifestarse

Se oponen a criminalizar la protesta social y pública

Integrantes del Frente Estatal Contra la Represión (FECR), encabezados por Pedro Torres, Noé García y Ricardo Rebolloso realizaron un ayuno en los pasillos de palacio de gobierno, para exigir respeto a los derechos constitucionales relacionados con la libertad de manifestación, de expresión y de asociación; así mismo señalaron su oposición a la intención de criminalizar la protesta social y regular la protesta pública.

Al ser recibidos por el secretario general de Gobierno, Héctor Vega Robles, le manifestaron su preocupación por las declaraciones del regidor del ayuntamiento capitalino, Gastón Gómez Meraz y algunos miembros de Nuestro Centro, en el sentido de que se buscaría desempolvar una propuesta para regular las manifestaciones públicas.

Así mismo, se le aclaró al funcionario estatal que algunos burócratas menores, buscaban cualquier pretexto para impulsar su opinión favoreciendo la tendencia de criminalizar la protesta social, cuya expresión se manifiesta en el encarcelamiento de Miguel Angel Wong Soto, Pedro Rebolloso Bravo y otros dirigentes sociales detenidos y encarcelados durante el presente sexenio.

En su intervención, Vega Robles, reconoció que efectivamente las garantías establecidas en nuestra constitución debían preservarse, por lo que se comprometió a garantizar su plena vigencia con la recomendación de que las manifestaciones y el uso de otros derechos correlativos, no rebasaran los cauces establecidos que derivaran en otro tipo de actos.

Aprovechó el secretario general de Gobierno, para informar que el caso de Pedro Rebolloso Bravo mantenía un avance importante y en cuanto a Miguel Angel Wong, señaló que por instrucciones del gobernador, se llevaría a cabo un análisis del caso, con la idea de agilizar el estudio de los procesos existentes en su contra.

Para finalizar, estableció el funcionario el compromiso de buscar el diálogo y revisar algunos casos de las organizaciones sociales en materia de impartición de justicia. Por su parte, los miembros FECR levantaron el ayuno a las 14:30 horas.

Fuente: La Jornada de San Luis

Niega que se dañe la imagen de Zapata por relacionarlo con MSX

Sólo son porros disfrazados de investigadores, afirma Mendizábal

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Mendizábal Acebo, rechazó que se dañe la imagen de Alejandro Zapata por las declaraciones de integrantes del Movimiento en defensa de Cerro de San Pedro, al mismo tiempo que desconoció el haber hecho cualquier tipo de amenazas a investigadores de El Colegio de San Luis, a los que inquirió si de verdad eran investigadores, ya que según él, solamente “son porros disfrazados de investigadores”.

“No tengo nada que opinar, es un tema que no me interesa tocar”, respondió al ser cuestionado sobre la mala imagen del candidato panista a gobernador, a raíz de lo manifestado por integrantes del Movimiento en defensa del Cerro de San Pedro, quienes afirman que hay influencias de Alejandro Zapata trabajando en favor de la minera San Xavier.

En relación con las supuestas amenazas hechas por él a investigadores de El Colegio de San Luis si no se retractaban de los señalamientos de la relación de Alejandro Zapata con la minera San Xavier, respondió que ni los conocía y ni sabe quienes son. “No voy a responderles porque precisamente eso es lo que quieren, que caiga en su juego de declaraciones, y no lo voy a hacer”, dijo.

Mendizábal señaló que para responder a este tema, él tomaría en cuenta dos teorías: que alguien se hizo pasar por él para amenazarlos, o que muy probablemente es un invento por parte de quienes defienden al Cerro de San Pedro.

Para finalizar, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional señaló “¿de verdad son investigadores?, para mi que se parecen a Lucia Moret, unos porros disfrazados de investigadores”.

PAN no retrasa investigación del Ceepac

En otro asunto, Héctor Mendizábal señaló que el proceso que sigue el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), iniciado por Sergio Iván García Badillo por violaciones al artículo 154 de la Ley Estatal Electoral durante la precampaña de Alejandro Zapata, “sigue su curso natural”, y que en ningún momento el PAN esté retrasando la investigación.

“El Consejo no sabe oficialmente el domicilio del candidato porque aún no está registrado, pero Alejandro me autorizó a darle el de sus oficinas para que le llegara la notificación, pero hasta el momento no hemos recibido nada”.

Fuente: La Jornada de San Luis

Sólo siete de las 17 autoridades implicadas aceptaron la recomendación sobre el río Santiago: CEDHJ

Tres rechazaron algunos puntos y seis no se pronunciaron, detalló Alvarez Cibirán

RAUL TORRES

De las 17 autoridades a las que fue dirigida la recomendación 01/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), relacionada con la contaminación del río Santiago, sólo siete la aceptaron totalmente, tres rechazaron algunos puntos, seis no se pronunciaron al respecto y existe un caso en que la Comisión no tiene claro cuál fue la respuesta.

Según el presidente del organismo, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, las autoridades que aceptaron totalmente la recomendación fueron los ayuntamientos de Tototlán, Tlaquepaque, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Tlajomulco de Zúñiga, Poncitlán y el SIAPA. En este último caso, elombudsman aclaró que el administrador del agua en la Zona Metropolitana aceptó 22 de los 23 puntos que le conciernen, por lo que se consideró que aceptó en su totalidad la recomendación.

Las autoridades que aceptaron parcialmente los puntos de la recomendación que les atañen son el Poder Ejecutivo, la Comisión Estatal del Agua y el Ayuntamiento de Tonalá.

“Seis autoridades no se pronunciaron y por lo tanto se declara la no aceptación, no obstante que en algunos de los casos pidieron prórroga, pero el día de ayer (lunes) no se recibió respuesta y por lo tanto se les tiene como no aceptada. Son Guadalajara, El Salto, Ocotlán, Atotonilco El Alto, Juanacatlán y Arandas. Y tenemos un caso más, que es el de Zapopan, donde parece que hubo una confusión y aparentemente sí se tiene un escrito donde están aceptando la recomendación”, dijo Alvarez Cibrián.

En esa misma situación parece estar Guadalajara, pues ayer mismo el Ayuntamiento tapatío emitió un boletín donde aclara que desde el 27 de febrero el pleno del cabildo aprobó en sesión ordinaria aceptar la recomendación.

Durante la rueda de prensa en la que se informó sobre esta situación estuvo presente el director del SIAPA, Rodolfo Ocampo, quien explicó que el único punto que no aceptó el organismo fue el que recomienda otorgar gratuitamente 30 litros de agua diarios por usuario y a partir del litro 31 cobrar el líquido al costo de producción.

“No lo aceptamos porque consideramos que de alguna forma esto lesionaría las finanzas del organismo, a pesar de que es una recomendación a 20 años y que considera ajustar la tarifa del agua; si esto sucediera (el ajuste) realmente fortalecería las finanzas del organismo, pero considero poco probable que exista el ajuste en las tarifas”, indicó el funcionario.

Ocampo indicó que si se otorgaran los 30 litros y no se ajustara la tarifa, el SIAPA perdería alrededor de 480 millones de pesos al año, pero reconoció que si se siguiera al pie de la letra la recomendación de la Comisión, es decir, logrando el ajuste de la tarifa, la dependencia intermunicipal recibiría anualmente más de mil 500 millones de pesos.

El director del SIAPA indicó que en cuanto a la recomendación de sustituir totalmente la red de drenaje de la Zona Metropolitana, el organismo intensificará sus labores en ese sentido para en 20 años lograr hacerlo, pues advirtió que en las condiciones actuales se desperdicia el 32 por ciento del agua que se consume en la ciudad.

Según sus cálculos, se necesitan restituir más de los 3 mil 500 kilómetros en la red de drenaje y agua, lo que implicaría una inversión mínima de 10 mil 800 millones de pesos.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Denuncian comuneros de Temalacatzingo acoso de la ministerial por litigio de tierras

Dos particulares se dicen dueños de 700 hectáreas y acusan a campesinos de despojo


Desde 2007 el proceso legal se hizo a sus espaldas y no pudieron defenderse, recriminan

MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 10 DE MARZO. Indígenas nahuas de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, denunciaron que la Policía Ministerial los hostiga y solicitaron al Congreso su intervención, porque esa persecución deriva de un problema agrario con dos particulares que se dicen dueños de más de 700 hectáreas de los bienes comunales.

Juan Villa Hernández, presidente del comisariado de Bienes Comunales en el trienio 2004-2007, contó que durante muchos años tuvieron un conflicto con el núcleo agrario de Cualac, por la posesión de más de 700 hectáreas, pero en 2002 llegaron a un acuerdo con sus vecinos.

Prosiguió que en mayo de 2007, una vez consolidado el acuerdo, cuando todavía era presidente de los Bienes Comunales, junto con los integrantes de esa instancia y otros habitantes de la localidad, fueron a la superficie que había estado en disputa para hacer la distribución entre los comuneros.

En el reparto se enteraron de que esa área supuestamente tenía otros dueños.

Se trata de Pedro Reynoso García y su hijo Abundio Reynoso García, quienes denunciaron a los comuneros por despojo, lesiones e intento de homicidio, en una supuesta agresión que habría ocurrido el día que fueron a repartir las tierras.

Villa Hernández aseguró que no ocurrió ni siquiera un enfrentamiento verbal con quienes se dicen dueños de las tierras, pero que ellos procedieron a hacer lo que les correspondía como autoridades agrarias: entregaron las tierras a los comuneros que las solicitaron.

Contó que un mes después del reparto fueron citados a declarar por esos hechos, se presentaron ante la autoridad y ya no volvieron a saber más del asunto.

Sin embargo, en febrero de este año se enteraron de que el Ministerio Público emitióo 32 órdenes de aprehensión contra quienes eran las autoridades agrarias en 2007, los comuneros a los que se les repartió las tierras y otros habitantes de la población que acudieron el día del reparto.

Villa Hernández denunció que todo el procedimiento lo hicieron a sus espaldas, pues salvó esa ocasión que los citaron a declarar, nunca fueron avisados que tenían integrada una averiguación, así que no tuvieron la oportunidad de aportar pruebas en su defensa.

Luego de que las órdenes de aprehensión fueron emitidas, agentes ministeriales recorren las calles de la población, buscándolos.

Por esa situación, relató, no salen de sus casas, para evitar que los detengan, así que no van a trabajar al campo ni a ningún otro lado.

Este día, para evadir a los ministeriales, salieron de madrugada de sus viviendas para estar en el Congreso, hacer la denuncia y pedir la intervención de los diputados en el conflicto.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Rechazan liquidación empleados de gasera de Zihuatanejo

La JLCA, comprada por empresa, acusan


FRANCISCA MEZA CARRANZA (Corresponsal)

Zihuatanejo, 10 de Marzo. Trabajadores de la empresa Global Gas rechazaron la liquidación como resultado del paro laboral iniciado el viernes debido a diversas irregularidades en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y por el mismo líder sindical que, según los inconformes, fueron comprados por el corporativo por eso amenazaron con interponer una denuncia colectiva ante el mismo tribunal laboral.

Después del mediodía llegaron a la JLCA los inconformes que en un principio aceptaron recibir su liquidación acompañados por el su dirigente sindical Javier Oregón Corona, sin embargo se dieron cuenta que a los trabajadores de recién ingreso a la empresa se les pagó con cantidades similares a los de más antigüedad.

Además de que los representantes de la empresa pedían que los trabajadores firmaran antes una lista y después les darían su cheque sin que vieran el monto de su liquidación.

Los inconformes, que permanecían afuera de la JLCA, argumentaron que a Reynaldo Castro y Melchor Antonio que tenían meses de haber ingresado les dieron 8 mil pesos mientras que a algunos compañeros de hasta cuatro años les ofrecían 11.

Oregón Corona entró a la oficina del presidente de la JLCA, Abad Gerardo Orozco Rojas, quien estaba con el representante del corporativo Salvador Momox, y después salió a decirle a sus agremiados que hicieran una lista de los que aceptaban su liquidación, pero ésta tenía que estar firmada.

Los empleados se negaron porque no sabían qué cantidad les darían. Minutos después llamaron a tres personas para que entraran a la oficina a acordar el pago, sin embargo el argumento fue el mismo, tenían que firmar antes la lista sin ver el monto a pagar.

“Con razón nos apoyaste para hacer el paro hasta se nos hizo raro, por qué no nos dijiste para venir a ampararnos o emplazar a huelga, nada más nos chingaste”, lo increpó a Oregón uno de ellos.

Omar de la Rosa Bernal detalló que al parecer estaba en su contra porque hoy les dijo que el paro era ilegal y que por es la empresa no les pagaría al 100 por ciento lo que les corresponde.

Expuso de hace tiempo había inconformidades y que hasta ahora él se decidió a apoyarlos por eso consideró que está de parte de los empresarios.

Denunció que la compañía les da la espalda luego de que ellos los han apoyado y recordó que cuando los inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor llegaban a la ciudad a inspeccionar el gerente Isaac Fajardo Santana les hablaba para que escondieran las camionetas, porque ellos mismos eran quienes ordeñaban los cilindros.

Por política de la empresa, reveló, se le tenían que sacar tres kilos a cada tanque y que incluso tienen un video de cuando el gerente les enseñaba como llevar a cabo la práctica sin que se notara.

Consideraron que el hecho de que sean camionetas de Lázaro Cárdenas y de Atoyac las que venden el producto en Zihuatanejo es irregular, porque sus permisos no son para esos municipios, “es como si un camión de allá se metiera a trabajar en este ruta”.

En cuanto, al presidente de la Junta, indicó que les dijo que así llevaran a 10 abogados la última decisión la tomaría él.

Ante la resistencia de los trabajadores a firmar la lista los empresarios le informaron que ya no los iban a liquidar.

Fuente: La Jornada de Guerrero