martes, 22 de febrero de 2011

Carmen Aristegui entrevista a AMLO

‎23 febrero 2011. A partir de las 08.30 horas Carmen Aristegui entrevista a AMLO en Noticias MVS, 102.5 fm. Pasa la voz!

AMLO ENTREVISTA POR JORGE RAMOS UNIVISIÓN RUMBO AL 2012

“Felipe Calderón tiene un nivel feroz de impunidad”, critica Fernández Noroña


CONSUELA ARAIZA DÁVILA
(ESPECIAL PARA LA JORNADA SAN LUIS)

A su paso por San Luis Potosí para cortar el listón del Comité Municipal Lopezobradorista, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña indicó que no dejará de colocar mantas en el Legislativo: “la última que puse estaba completamente en blanco, les dije: no dice nada pero imagínenselo, y a pesar de ello se molestaron, yo creo que la caballada en el PAN no está flaca sino anoréxica”. Insistió además que en el Congreso todo es negativo, y que de todo le ha dicho a Calderón y “no pasa nada”.

“Del Congreso salen puras cosas malas para la gente, para los que no saben inglés por ejemplo, la palabraoutsourcing quiere decir te vamos a fregar, porque se pasan todos los derechos de los trabajadores por encima y no les reconocen nada, les pagan a los trabajadores dos mil 500 pesos al mes, a los de limpieza que están subcontratados por medio de la empresa Alfasol, ni siquiera les pagan puntual, esto no puede ser, nosotros ganamos 150 mil al mes, hay una enorme diferencia”, comentó .

Sobre el regreso de Carmen Aristegui a la radio, el diputado, quien colocó la manta por la cuál la periodista lanzo la pregunta: ¿tiene o no problemas de alcoholismo Felipe Calderón?; Fernández Noroña dijo no sentirse culpable de la salida de la conductora, pero advirtió que fue una muestra de represión.

“Ella sólo preguntó y eso obligó a que respondiera el gobierno usurpador de manera absolutamente arbitraria, cerrándole el espacio, se dio cuenta de la torpeza de la decisión y tuvo que dar marcha atrás, es la segunda vez que a Aristegui la reprimen en éste gobierno y a la gente se le olvida, pero es positivo su retorno, ella es un ícono del trabajo serio del periodismo y respecto a la torpeza, pues qué bueno que se haya corregido”.

– Dicen sus críticos periodistas como Carlos Ramírez que ella es una periodista de oposición, porque manejó como noticia un rumor.

– “Es un ignorante, un tipo de mala fe, ella no dio por buena ninguna presunción, ella sólo preguntó si es alcohólico “.

– ¿Y qué elementos tuvo usted para hacer ésa manta?

– “Todo el mundo lo sabe, o sea, yo te podría dar fuentes, te podría dar videos y van a decir, pero fue sólo ésa vez, yo creo que la pregunta que uno debe de hacerse es si le he dicho narco, está comprobado, y lo leo en el libro de Anabel Hernández, de los vínculos de él con el Chapo, si le he dicho vendepatrias, por que ha rematado el petróleo, la energía eléctrica, le ha entregado a las canadienses las minas de oro; ha estado entregando el agua, ha permitido el desmantelamiento de Mexicana, se entregó a sus amigotes y permitió la quiebra. Lo del SME es una canallada, te puedo hacer una larga lista de agravios, es corrupto, es asesino, hay mil 50 niños asesinados en la llamada guerra contra el narco, ha ensangrentado el territorio nacional, tiene un nivel de impunidad feroz, le digo todo eso y no pasa nada, y luego le digo borracho y se vuelve loco, yo creo más bien que todos debiéramos preguntarnos qué pasa con él, qué tipo de persona es. Digo, porque está señalado como de muchas cosas y no se inmuta, pero le dices borracho y se enloquece, bueno, creo que tiene problemas mayores, a mí cuando me dicen corrupto no me enojo, porque sé que no es cierto, si yo fuera corrupto no pudiera decir lo que digo, ya me lo hubieran sacado completo”.

– ¿Qué piensa de la presencia del FBI en San Luis Potosí y de los congresistas norteamericanos que están pidiendo que no se viaje a San Luis Potosí?

– “Son unos hipócritas, Estados Unidos es el mercado de drogas más grande del mundo, de consumo, el más grande. Es ilegal su estancia en San Luis, no creo que hayan ido nada más a las Pozas de Xilitla, es evidente que ha habido denuncias de que han estado operando cuerpos de inteligencia estadounidenses en nuestro país, lo cual es una grave intromisión, una grave violación a la soberanía que es entendible, porque Calderón está totalmente subordinado al gobierno de Estados Unidos y a los intereses de esta gente”, finalizó.

Fuente: La Jornada de San Luis

Oficio de Papel


• Calderón pide renuncia a Chávez Chávez
• Prepara EU invasión al territorio nacional
• Confirman daño patrimonial en la Defensa

El procurador Arturo Chávez Chávez tiene los días contados. Desde hace poco más de un mes su renuncia aguarda sobre el escritorio del presidente de la República, quien ya no acuerda con él y, en su lugar, en Los Pinos se reúne con los probables sustitutos.

Felipe Calderón revisa varios nombres para proponer al próximo abogado de la nación: Marisela Morales Ibáñez, subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quien parece ser la favorita sobre los demás contendientes; Javier Lainez Potisek, procurador Fiscal de la Federación; el abogado Julio Esponda Ugartechea, experto en litigios corporativos y financieros y, además, muy amigo de Calderón, y hasta el veracruzano Miguel Angel Yunes, quien después de perder las elecciones para gobernador, es impulsado al cargo de procurador por su madrina política Elba Esther Gordillo.

El motivo del alejamiento entre Chávez Chávez y Calderón, es porque el procurador olvidó su responsabilidad en el combate al crimen organizado y dejó solos en ese trabajo a las Fuerzas Armadas, es decir al Ejército y la Marina, mientras que él se dedicaba a preparar cursos, talleres y seminarios para sus ministerios públicos, a fin de tenerlos listos “cuando el país los necesitara”.

La insensibilidad de Chávez Chávez es más que evidente, pues jamás se enteró de que Calderón ordenó desde hace cuatro años hacer una “guerra” en contra del crimen organizado, por lo que todos se preguntan ¿dónde están las averiguaciones previas por los casi 50 mil muertos que ha cobrado la violencia en todo el país en lo que va de la administración calderonista?

Eso mantiene encabronado (sinónimo de enojado, según los buenos diccionarios) a Felipe Calderón, pues el mandatario prefiere acordar con la titular de la SIEDO, Marisela Morales, que perder el tiempo con un inútil procurador general de la República que ha dejado de servirle al presidente.

Esta semana se espera el anuncio de la renuncia de Arturo Chávez Chávez y la propuesta del nuevo procurador que tiene que ser avalada por el Senado de la República, en donde su líder Manlio Fabio Beltrones sabe mucho de los temas de seguridad nacional y delincuencia organizada.

Esta decisión presidencial revela la ineficacia y las constantes equivocaciones en la lucha contra el crimen organizado en los cuatro años de la actual administración, pero la razón principal para remover al procurador general de la República es el temor de Calderón porque el próximo gobierno, que segura y afortunadamente no será panista, lo pueda llamar a cuentas porque el Ministerio Público Federal no hizo bien su trabajo y tampoco hay evidencias de haber iniciado investigaciones por los miles de homicidios ocurridos en estos cuatro años de gobierno.

Además, la PGR permitió este genocidio de miles de mexicanos, cuando decidió hacerse a un lado en lugar de aplicar la Ley y dejó que cárteles de la droga se enfrentarán y exterminaran entre sí, lo cual costó la vida delincuentes y a miles de inocentes, sin que se elaboraran las investigaciones correspondientes.

Mucho tendrían que explicar Felipe Calderón y sus procuradores ante la justicia de un gobierno distinto al PAN.

Prepara EU invasión de tropas a México

Mientras en México Felipe Calderón se ahoga en sus propias decisiones y pide la renuncia a dos procuradores, el General de la República, Arturo Chávez Chávez, y el Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Sandy Winnefeld, declara que México libra una batalla no sólo sobre su futuro y seguridad, sino sobre toda Norteamérica, pues mientras en la guerra contra el narcotráfico sólo ha muerto un policía estadounidense, en México han perdido la vida 2 mil agentes mexicanos.

Esto es considerado por sectores ultraderechistas del gobierno de Estados Unidos como el momento propicio para enviar tropas de ese país a México, en lo que más que colaboración para combatir a bandas criminales del narcotráfico, es una descarada invasión y una violación a la soberanía nacional, pues la Constitución Mexicana tiene muy claro que las fuerzas armadas no pueden permitir la injerencia de fuerzas extranjeras para resolver problemas internos, llámesele fuerzas de tarea, agentes encubiertos, grupos armados de apoyo o el mismo ejército estadounidense.

Pero la debilidad del presidente Felipe Calderón para controlar el desorden y la violencia que ha generado su política de combate a los cárteles de la droga, lo ha doblegado a los intereses de Washington, por lo que tendrá que ser el Congreso de la Unión, con apoyo de todos los mexicanos y del Ejército, el que exija e impida una invasión armada como ya se prepara en Estados Unidos, bajo el argumento de que la violencia en México y la incapacidad del presidente de la República para mantener el control del gobierno federal, pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Habrá que estar atentos de qué hace el Ejército Mexicano, pues hasta el momento ha guardado silencio ante las constantes declaraciones que desde septiembre pasado han hecho funcionarios y militares estadounidenses, en el sentido de que es inminente el envío de tropas de ese país hacia territorio nacional para, según han dicho, mantener la estabilidad política y social de México, y reducir la violencia en todo el país.

Daño patrimonial por 45 millones en la Sedena

Hace unos días comentamos aquí el nerviosismo que había en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por las irregularidades descubiertas en la asignación directa de un contrato millonario para el mantenimiento en Rusia de cinco helicópteros utilizados en la “guerra” contra el narcotráfico.

Ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de vigilancia y control del Congreso, ha confirmado la información de que la Sedena incurrió en irregularidades respecto del contrato FAM 2050/I/2008 para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, pagado con recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.

En su último informe dado a conocer la semana pasada, explica que las anomalías habrían costado al erario 36 millones 251 mil 300 pesos por concepto de sobrecostos y 8 millones 187 mil 700 pesos por penalizaciones no cobradas a la empresa rusa Volans, según se desprende del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2009. Es decir, un daño patrimonial por unos 45 millones de pesos.

Como lo informó esta columna la semana pasada, las autoridades militares enfrentaron también una investigación del Órgano Interno de Control porque los helicópteros jamás fueron enviados a las instalaciones rusas de la empresa Volans, y prefirieron que fuera en México en donde se realizara las reparaciones correspondientes.

La ASF indica que el contrato se firmó el 22 de septiembre de 2008 y tuvo como objeto la adquisición de servicios de reparación mayor de cinco helicópteros por un importe de 147 millones 985 mil 400 pesos (del cual en el ejercicio 2009 se erogó un importe de 121 millones 353 mil 400 pesos).

En la cláusula octava, agrega, se estipuló que los servicios se realizarían en una planta reparadora ubicada en Rusia y que los helicópteros tendrían que ser entregados con el servicio aplicado en un tiempo que no excedería del 10 de julio de 2009.

No obstante, indica, “la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana con el oficio ADQ-262/840 del 9 de enero de 2009 determinó técnicamente que, por cuestiones de seguridad nacional y debido a diversa problemática que se ha presentado para el cumplimiento de contratos de servicio para este tipo de material de vuelo en talleres certificados fuera del país, no era conveniente que la reparación de los helicópteros se realizara en las instalaciones de Rusia, por lo cual consideró que se estableciera comunicación con el proveedor a fin de que la reparación se realizara en México para prevenir un probable incumplimiento por causas de fuerza mayor”.

El cambio de planes en la Sedena costó 36 millones 251 mil pesos más a las finanzas públicas. Según la empresa Volans, el sobrecosto se derivó de la subcontratación de una planta reparadora en Ucrania, pues su planta rusa no podía realizar los trabajos en México.

Los gastos extras se justificaron de la siguiente forma: por la cancelación del contrato original con la planta reparadora ubicada en Rusia y la ubicación del personal técnico en México durante ocho meses, Volans facturó otros 756.8 miles de dólares, equivalentes a 10 millones 564 mil 900 pesos a un tipo de cambio de 13.96 pesos por 1 dólar del 31 de diciembre de 2009.

Por la transportación aérea de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos); por la transportación marítima de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 240 mil dólares (3 millones 350 mil 400 pesos); por el envío de la herramienta especializada y equipo rentado que se utilizaría para la reparación de los helicópteros de México-Ucrania-México, 400 mil dólares (5 millones 584 mil pesos); y por la compra de material y fabricación en México de equipo y contenedores para la transportación segura de los componentes que fueran enviados a reparación a Ucrania, así como el personal mexicano contratado, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos).

De acuerdo con la ASF, la Sedena no cuenta con evidencia de las investigaciones de mercado que demostraran que no existían ofertas de proveedores nacionales o de países con los que se tenga un tratado de libre comercio respecto de los servicios en cuanto a cantidad, calidad y precio.

Al respecto, la Secretaría señaló a los auditores “que no se realizó la investigación de mercado que se alude en la observación, en razón de que no se trató de una licitación pública, sino de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas”.

Para la Auditoría Superior, esto habría contravenido el artículo 43, fracción V, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena aseguran que no hay irregularidades en ese contratos y que sólo hubo un convenio modificatorio del original para “ahorrar” costos, lo cual contradice el informe de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se afirma que hay un daño patrimonial por cerca de 45 millones de pesos, además de violar las leyes de adquisiciones por asignar de manera directa el contrato por casi 150 millones de pesos.

El máximo órgano fiscalizador también señala que se incumplió con la fecha de entrega de tres helicópteros establecida en el contrato (10 de noviembre 2009). La Dirección General de Administración (DGA), detalla, conocía del atraso en la entrega de los servicios desde el 11 de noviembre de 2009, por lo cual tenía la obligación de cobrar penas convencionales (1 por ciento por cada día de atraso). “Sin embargo, al ordenar que se realizara el pago final de esos tres helicópteros no se previó que se retuviera la pena convencional al proveedor por la entrega extemporánea que le correspondía”.

Mientras que la ASF determinó que las penas convencionales ascienden a 636 mil dólares (8 millones 187 mil 700 pesos); la Sedena sólo aplicó sanciones por 422 mil dólares (5 millones 174 mil 800 pesos). Ninguno de los dos montos fue recuperado, porque el proveedor solicitó su cancelación el 27 de mayo de 2010; y aunque habían transcurrido seis meses de la fecha de entrega pactada, “dicha penalización se encuentra en análisis por el área jurídica de la DGA”, dice la Sedena.

La Auditoría Superior notificó al Órgano Interno de Control las anomalías. Expediente que, según indican fuentes de la Secretaría de la Función Pública, ya habría sido cerrado sin fincar las responsabilidades correspondientes.

ABANDONO DEL CAMPO, CAUSA DE LA CRISIS ALIMENTARIA

• México tiene el potencial territorial, recursos y fuerza de trabajo para abatir la dependencia en ese rubro, afirmó Emilio Romero Polanco, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM

• De cada 100 kilogramos de maíz que requerimos, 33 los tenemos que importar

La crisis alimentaria en México es producto del abandono del campo, advirtió Emilio Romero Polanco, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, y propuso revisar la política agropecuaria, impulsar la producción, otorgar créditos, reforzar subsidios, impartir asistencia técnica y rescatar los mecanismos de comercialización, para tener un sector agrícola que responda a la demanda en el país.

“México tiene potencial territorial, recursos y fuerza de trabajo para abatir al 100 por ciento la dependencia alimentaria, por ejemplo, en maíz”, afirmó.

A partir de la década de los 80, recordó, se invirtió en exportaciones ganaderas, cultivo de hortalizas, frutas, productos tropicales y orgánicos, en detrimento de las cosechas de granos básicos, por recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Las tasas de crecimiento del sector agroexportador, precisó, no alcanzan a compensar las compras masivas de alimentos “ante la destrucción de la economía campesina, en la que descansaba la autosuficiencia en la materia”.

Tenemos en maíz una dependencia del 33 por ciento, “de cada 100 kilogramos que requerimos, 33 los tenemos que comprar”. En trigo, las importaciones ascienden al 55 por ciento; soya, 95 por ciento, y arroz, 32 por ciento.

Hasta 1980, recordó, México no adquiría más del cinco por ciento de sus necesidades alimentarias, “era un país que garantizaba su autosuficiencia”. Hoy, el porcentaje asciende, en promedio, al 50 por ciento. En 2009, el monto total de importaciones de productos agrícolas, agroindustriales, alimentos, bebidas y tabaco, alcanzó los 18 mil 943 millones de dólares.

Crisis global alimentaria

Entre 2007 y 2008, dijo, se registraron, a nivel mundial, alzas significativas en los precios de granos básicos y alimentos, lo que provocó una crisis alimentaria en las regiones más pobres del mundo, seguida de inestabilidad política y disturbios sociales en varias naciones. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, alertó, en 2008, que unas 100 millones de personas “pueden verse seriamente en riesgo por la crisis”.

“En ese periodo, el promedio del aumento internacional de precios fue del 45 por ciento; destacaron los cereales, con 62 por ciento; aceites vegetales, 85 por ciento, y productos lácteos, 69 por ciento”, refirió el universitario.

Romero Polanco advirtió que el detonante de esta crisis fue la decisión tomada en 2007, por la administración de George W. Bush, de fomentar la producción de etanol a partir del maíz.

“Estados Unidos es el primer productor y exportador mundial del grano, y en lugar de venderlo como alimento en el mercado internacional, lo transforma en combustible para el consumo interno y así aminorar la dependencia que tiene del petróleo”. En la actualidad, precisó, la fabricación del biocombustible acapara casi 40 por ciento del maíz originado en aquella nación.

El precio actual y futuro de los productos agrícolas, señaló, se incrementó en las últimas semanas, ante la frecuencia creciente de fenómenos naturales asociados al cambio climático; “mientras no se controle el calentamiento global, existirán condiciones muy inciertas, como huracanes, inundaciones, sequías y plagas”, aseguró.

Otro factor fundamental a considerar, agregó, son las maniobras financieras de inversionistas que, en la crisis de 2007, retiraron sus recursos del sector inmobiliario y los colocaron en el mercado de futuros de Chicago, con todo tipo de granos. “Especulan con el hambre de los pueblos”.

Respecto a la introducción de semillas transgénicas en los cultivos, admitió que hay un gran debate, pero está demostrado que el incremento en la productividad, al utilizarlas, “no es tan significativo”. En México, afirmó, inquieta la posibilidad de que se vulnere la biodiversidad de los maíces locales, en detrimento de la seguridad alimentaria del país.

En 2011, mencionó el investigador, ese rubro ya rebasó el mayor incremento en sus precios, “todas las organizaciones internacionales, así como las grandes empresas agroalimentarias y analistas señalan que, por lo menos en los próximos 10 años, el mundo seguirá con esta problemática”.

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Fuente: Dirección General de Comunicación Social de la UNAM

PRIORITARIO, QUE RECURSOS EXCEDENTES SE DESTINEN A LA EDUCACIÓN PÚBLICA: JOSÉ NARRO


• El rector de la UNAM dijo que el gobierno debe “escarbar” para ver si encuentra fondos adicionales

• Se inauguró el Año Internacional de la Química 2011, con la apertura de la sala La química está en todo, en Universum, Museo de las Ciencias

El rector de la UNAM, José Narro Robles, señaló que las autoridades gubernamentales deben “escarbar” más para ver si encuentran recursos adicionales; en las universidades públicas podemos contribuir a invertirlos de mejor manera, apuntó.

Siempre serán bienvenidos los apoyos a la instrucción de todo tipo, “pero es preferible si se destinan a la educación pública”, estableció.

En la apertura de la sala “La química está en todo”, en Universum,Museo de las Ciencias, acto que inauguró en el país las conmemoraciones por el Año Internacional de la Química (AIQ) 2011, el rector dijo que sería mejor que los fondos federales adicionales con los que se apoyarán deducciones fiscales en materia educativa, pudieran destinarse a la investigación científica.

La UNAM y las universidades públicas han demostrado ser instituciones capaces de formar profesionales de la más alta categoría y calidad, que pueden terminar su formación en centros de excelencia y, con el apoyo adecuado, poner en alto el nombre de nuestro país, expuso en presencia del Premio Nobel de Química, Mario Molina.

Se debe reforzar la investigación y generar más compromisos con el desarrollo de nuevo conocimiento, pues es una tarea indispensable, añadió.

En su oportunidad, Mario Molina, presidente honorario del comité organizador del AIQ en México, comentó que si bien hoy día esta disciplina no es muy aceptada en varios sectores de la sociedad, porque en ocasiones sus productos se asocian con contaminación o daños, es necesario cambiar esta imagen, pues es un campo fundamental para la civilización moderna.

En ese sentido, Eduardo Bárzana García, presidente del comité organizador y director de la Facultad de Química, agregó que es una paradoja que esta ciencia pase desapercibida e incluso sea estigmatizada, aunque sea parte de nosotros y esté en todo momento presente en nuestras vidas.

A su vez, René Drucker Colín, director General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, mencionó que el objetivo de la sala –que constituye un espacio único en el mundo-, es mostrar la importancia de esta disciplina en todos los aspectos de la vida, de una manera divertida e interactiva.

La sala cuenta con 34 equipos interactivos distribuidos en mil 500 metros cuadrados y un foro de demostraciones para 100 personas. La museografía está basada en un hilo conductor que alude a la cotidianidad a través de un recorrido por las habitaciones de una casa: baño, botiquín, sala, recámara, cocina, estudio y jardín.

Además, posee un espacio para que los visitantes experimenten procesos químicos en forma interactiva, y también un foro para diversas demostraciones en este ámbito.

El Año Internacional de la Química 2011, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas, es organizado por la FQ en México, en coparticipación con diversas instituciones del país.

Asistieron, entre otros, Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, secretario General; Carlos Arámburo de la Hoz, coordinador de la Investigación Científica, y Francisco Bolívar Zapata, investigador emérito de la UNAM, así como Eusebio Juaristi Cosío, presidente de la Sociedad Química de México.

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Fuente: Fuente: Dirección General de Comunicación Social de la UNAM

Ponencia del foro público “Militarización y Violencia de Estado”


Para leer en línea: http://www.comitecerezo.org/spip.php?article848

Ponencia leída por Antonio Cerezo del Comité Cerezo y representante de la Coordinadora Metropolitana contra la militarización y la Violencia de Estado.

La militarización, una falsa solución a los problemas económicos y sociales en nuestro país.

El proceso de militarización que vivimos en México no es reciente, no inició en el último sexenio ni con la alternancia partidista en el gobierno federal. Sin embargo, identificamos una agudización de este fenómeno en los últimos años que resulta preocupante en extremo y que exige la reflexión y la organización de la sociedad. Asumimos que la agudización del proceso de militarización es ocasionado por la importación de la agenda de seguridad de los Estados Unidos a través del apoyo logístico y financiero que proviene de la Iniciativa Mérida, complemento militar del TLCAN. Como se sabe, a la par de los tratados de libre comercio, Estados Unidos impulsa convenios de seguridad binacionales (como el Plan Colombia o la propia Iniciativa Mérida); o bien regionales (Centroamérica y Cuenca del Caribe).Dichos convenios, además de los objetivos explícitos de las políticas promovidas por los Estados Unidos (combate al crimen organizado, guerra contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico), son utilizados para acosar y eliminar a los opositores de los Estados que los firman, al mismo tiempo que constituyen un mecanismo altamente eficaz de control social.

Con base en lo dicho anteriormente, debemos comenzar señalando que el proceso de militarización que estamos viviendo en México durante los últimos años ha implicado un estado de sitio de facto que ha dejado en total indefensión a los habitantes de regiones y ciudades del país como Juárez, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, etc. Como consecuencia de dicho estado de sitio, hemos asistido a un escenario social en el que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas Armadas no sólo se han generalizado, sino que ocurren con total impunidad. De manera paralela el gobierno mexicano ha echado mano de una retórica bélica, que anteriormente no era expresada de manera pública, lo que sin duda no sólo contribuye a generar más violencia, sino que además promueve y justifica una cultura militarista que se difunde entre la población y, especialmente, entre la juventud.

Los argumentos para este avance de la militarización y el autoritarismo centran su justificación en la expansión del llamado crimen organizado, particularmente del narcotráfico, los secuestros y las extorsiones. Sin embargo, no se habla de las condiciones, económicas y sociales, que han propiciado que un mayor porcentaje de la sociedad se haya incorporado a este tipo de actividades

Los participantes en la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia de Estado consideramos que es necesario dejar de lado los discursos que promueven el miedo y que plantean el problema en términos de buenos contra malos, ya que, hasta el momento, el resultado de esta manera de plantear la problemática por parte del Estado mexicano ha ocultado una situación que debe ser descrita como de crisis humanitaria, en la que distintos sectores; entre los que destacan las mujeres, los jóvenes y los migrantes, resultan un blanco recurrente de distintos tipos de violencia, sobre todo de aquella que proviene del propio Estado.

Es importante decir que lo que ocurre en México es la materialización de un proceso histórico en el cual se ha promovido el empobrecimiento masivo de la población, la precarización del trabajo, la reducción del gasto estatal en educación, salud y sistemas de pensiones. No obstante, cuando los medios de difusión masiva, funcionarios del gobierno o los “especialistas” en la materia, hablan del “terrible clima de inseguridad” en el que vivimos, omiten explicar que esta inseguridad proviene del ataque a las garantías sociales, de la destrucción de las expectativas y del futuro de millones de niños y jóvenes y de la atomización de la sociedad que se promueve con la cultura del individualismo.

El incumplimiento de la obligación que tiene el Estado para garantizar, promover y vigilar los derechos humanos de toda la población, así como la ausencia del castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos provocan incertidumbre, no obstante dicha incertidumbre se ve canalizada por el miedo a la delincuencia que promueven, mediáticamente, los grandes consorcios y las elites gobernantes del país.

En el discurso contra la inseguridad también se ha omitido el hecho de que otra de las vertientes del proceso de militarización no tiene que ver con perseguir o castigar a narcos o secuestradores, sino que se dirige contra los pobres y los luchadores sociales. Por medio de la política de crear “enemigos internos”, el estado criminaliza la pobreza, la protesta social y el disenso. Así, el discurso de la “seguridad” resulta oportuno cuando se utiliza para contener los efectos del desastre neoliberal; tanto los socioeconómicos, cuyo ejemplo es la proliferación de estrategias de supervivencia que se encuentran al margen de la legalidad; como los efectos de las legales y legítimas resistencias al saqueo, al despojo y al ataque sistemático contra las condiciones de vida de la clase trabajadora y de la población en general.

En ese sentido observamos que la política de militarización también se activa cuando se pone en riesgo la ganancia de los empresarios más poderosos del país o del extranjero. Como ejemplo de esto podemos remitirnos a los casos en los que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas defienden su territorio y las maneras en que ancestralmente se han relacionado con él. En todos estos casos las fuerzas represivas que se crean, profesionalizan y a las cuales se destinan enormes porciones del erario público, son utilizadas para asegurar la expoliación de recursos estratégicos como los minerales, el acceso a la biodiversidad, el agua o cualquier otro elemento que resulte atractivo para el mercado. Esto es lo que actualmente sucede en distintas zonas del país, donde las mineras amenazan con irrumpir en el territorio contaminando el medio ambiente. Lo mismo ocurre en los territorios que se encuentran en disputa debido a que ofrecen cuantiosas ganancias tal y como ocurre ahora en Lomas de Poleo, Ciudad Juárez o como ocurrió en San Salvador Atenco, Estado de México.

Tampoco debemos ignorar que la militarización es un recurso indispensable de los gobiernos ilegítimos y de las ofertas políticas que carecen de contenidos genuinos: Mano dura, cámaras de vigilancia, tolerancia cero y programas de mochila segura, es lo único que la clase política está dispuesta a ofrecer. Por eso invierten enormes sumas de dinero en su propaganda del miedo, para eso promueven la desconfianza, la delación, el desgarramiento del tejido social.

El Estado Mexicano y los medios de difusión masiva se empeñan en plantear la problemática de manera burda ya que, al igual que el movimiento blanco contra la delincuencia, les resulta primordial alegar que debemos de conducirnos de manera apolítica, tan solo pedir soluciones que no resuelven las desigualdades sociales, lo cual allana el camino al autoritarismo y a las prácticas violatorias de los derechos humanos. Nosotros sabemos que esto es falso, que la problemática de la inseguridad y de la violencia de Estado son asuntos eminentemente políticos porque son el resultado de políticas gubernamentales, las cuales obedecen a la necesidad de construir enemigos para legitimar un sistema político envilecido y corrupto, que opera con la complicidad de las empresas y el Estado para facilitar la intervención del mercado en cada espacio del territorio nacional que les resulte rentable.

La muerte en cifras.

Las cifras son contundentes, desde el inicio de la gestión del presidente Felipe Calderón al final del año 2010, han muerto en palabras del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré 33 797 personas en el contexto de la que hoy llaman “lucha contra el narcotráfico”.[1]

Para nosotros aunque se separe el número de muertos entre los ocasionados por los enfrentamientos de “carteles de la droga” y los que causa el actuar de las fuerzas armadas, ambos tienen un mismo origen estructural, pues los carteles no existirían sin la serie de políticas gubernamentales que se han desarrollado desde hace al menos 30 años en el país, su existencia es consecuencia de la violencia que el Estado implementa a través de sus políticas de recorte al gasto social.

“En Ciudad Juárez se registraron 191 homicidios por cada 100 mil habitantes, confirmando a la ciudad como la más violenta del mundo”.[2] Este es otro de los resultados de la estrategia de miedo y control social que ha implementado el gobierno. Otro ejemplo terrible de muertes se muestra en un estudio dado a conocer el mes pasado por la Red por los Derechos de la Infancia. En México, “nueve de cada 100 mil adolescentes (de 15 a 17 años) mueren asesinados, pero en Chihuahua…la cifra es de 45.” El estudio de la Red, asegura, que a Chihuahua le sigue Baja California con una tasa de homicidios de 23.7 por cada 100 mil[3],

Es evidente que las condiciones estructurales niegan las expectativas de trabajo a miles de jóvenes y los arrojan a situaciones que facilitan su enrolamiento en los carteles del narcotráfico esto lo confirma la propia SEDENA en un informe que un medio electrónico publica:

“Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (diciembre de 2000 a diciembre de 2009), mil 326 menores han perdido la vida en la llamada guerra contra el crimen organizado. Del total, 600 han fallecido en balaceras entre narcotraficantes o presuntos delincuentes y autoridades; los otros 726, cuyas edades iban de los 15 a los 17 años de edad, fueron asesinados por ser sicarios o narcomenudistas, revelaron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”…En el periodo del primero de diciembre de 2006 a febrero de 2010 (gestión de Felipe Calderón), la Sedena ha contabilizado 600 muertes de menores de edad, que supuestamente participaban como distribuidores de droga al menudeo o como sicarios. El 40 por ciento de los casos se registró de abril de 2009 al 28 de febrero de este año, al sumar 173 casos”[4].

Estos datos son relevantes pues comprueban, una vez más, que uno de los sectores de la población que está siendo golpeado con más firmeza por la estrategia del gobierno federal, es la juventud, esa que, cómo ya dijimos, sufre los embates de la violencia estatal que no le asegura una forma de vida digna y se enfrenta a una sociedad hipócrita en la que, por un lado, se premia la acumulación de dinero, sin importar los medios con los que se obtenga; pero, por el otro lado,l censura el narcotráfico.

Otra cifra lamentable es el del número de mujeres asesinadas: 1,080, de 2006 al 2010 según los documentos de la SEDENA; este número aumenta conforme nos acercamos al presente, pues tan sólo en 2010 ocurrieron 427 casos.

Las cifras anteriores nos permiten, afirmar que el Estado mexicano ha decidido profundizar, en los últimos cuatro años, la aplicación de una guerra que nos afecta profundamente y que tiene como fin la imposición de un modelo económico injusto y acelerar el control absoluto de la sociedad eliminando toda disidencia.

Las violaciones de Derechos Humanos.

La guerra que el Estado mexicano nos impone agrava la ya de por sí crítica situación con respecto a la violación de los derechos humanos de la población. A la pobreza, que afectaba a 80 millones de mexicanos en 2008 y que implica la violación permanente y sistemática de muchos otros derechos humanos como son el derecho al trabajo bien remunerado, a la educación, a la salud, a la recreación, a la vivienda digna etcétera,[5]debemos sumar la violación de los derechos de la población que ha decidido organizarse y protestar contra estas condiciones de vida y contra las decisiones que el Estado toma sin consultarlos.

Como ejemplos de lo anterior podemos citar la represión que ocurrió en mayo de 2006 contra el movimiento de San Salvador Atenco, y que tuvo, entre otros resultados, 2 personas muertas, cientos de presos, de torturados y más de 20 mujeres agredidas sexualmente; la represión contra el movimiento social de Oaxaca que alcanzó su momento más álgido en octubre y noviembre de 2006 y que arrojó más de 20 ejecutados extrajudicialmente y cientos de presos y de torturados; y la represión contra el movimiento magisterial de Morelos que ocurrió en 2008, y que arrojó cifras de decenas de detenidos y torturados.

En todos los casos anteriores se violaron los derechos a la vida, a la integridad física y moral, a la organización, a la libre expresión de las ideas, a la manifestación, al libre tránsito, al debido proceso legal, entre otros. Pero también tenemos ejemplos más recientes de actos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos: La ejecución extrajudicial de once luchadores sociales en 2010[6], entre los que se encuentran Josefina Reyes Salazar, quien luchaba contra los abusos del ejército en Ciudad Juárez y fue ejecutada el 3 de enero, Marisela Escobedo Ortiz, quien luchaba por justicia para su hija asesinada en Cd, Juárez y fue ejecutada el 16 de diciembre, y la detención-desaparición de siete luchadores sociales durante ese mismo año.

La detención-desaparición ha vuelto a ser un mecanismo de represión política como en los años de la llamada guerra sucia y, actualmente, también es un mecanismo de control social. El derecho a no ser detenido-desaparecido es otro derecho que no se respeta en México y ningún funcionario del Estado ha sido castigado por su responsabilidad en este crimen cuyo nivel de impunidad es del 100%.

Sin embargo, no sólo la población organizada ha sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos, no obstante estos casos han intentado ser ocultados o minimizados al igual que la gran cantidad de violaciones a los derechos que sufre la población civil víctima de la “guerra o lucha” que el Estado mexicano ha profundizado contra el enemigo interno que él mismo construyó: el narcotráfico.

En este contexto, se han restringido, por vía de los hechos, derechos humanos básicos. Ciudad Juárez, Chihuahua es un ejemplo que muestra que el Estado no respeta, no garantiza ni promueve el derecho a la vida, a la integridad física y emocional, a la justicia, a la organización, a la manifestación, a la libertad de expresión, al libre tránsito, al debido proceso; basta ver los números de feminicidios, de niños y niñas muertos en retenes o en enfrentamientos y de las masacres de jóvenes sin relación con la delincuencia. Estas cifras muestran que el estado Mexicano ha violado sistemáticamente los derechos humanos de millones de compatriotas por comisión, por omisión y por aquiescencia.

Sumado a esto, existe otra vía por la cual se restringen nuestros derechos humanos: la modificación de leyes que criminalizan la protesta social, de la cual sólo daremos dos ejemplos: La ley federal contra la delincuencia organizada y la definición del delito de terrorismo. La primera de estas ha sido cuestionada como resultado del Examen Periódico Universal al que se presentó México ante la ONU en 2009, porque su definición de delincuencia organizada es tan abierta que no se apega a los criterios de la legislación internacional en dicha materia. Esto significa que cualquier luchador social puede ser acusado, en cualquier momento, de dicho delito, basta con que un juez reúna indicios y no necesariamente pruebas plenas para abrirle un proceso judicial, de tal manera que indicio puede ser que alguien haya escuchado a otra persona decir que el procesado participaba en alguna organización criminal o la declaración de un testigo protegido por las autoridades y que el acusado no conoce.

El delito de Terrorismo, según la nueva definición, también incluye a “quienes por cualquier otro medio violento…” presionen “a la autoridad para que tome una determinación”. Según el Artículo 139 del Código Penal. Por tanto, si las autoridades consideran que una huelga, un plantón o una marcha sobre una carretera son un medio violento que utilizan los manifestantes para presionar a una autoridad, y, además, causan “alarma, temor o terror en la población o en grupo o sector de ella”, con apego a su legislación aplicarán el delito de terrorismo a los luchadores sociales y si son más de tres es posible que les apliquen La ley federal contra la delincuencia organizada.

De esta manera los luchadores sociales y la población en general, que vemos restringidos nuestros derechos humanos, por la vía de los hechos y las modificaciones a las leyes podemos pasar a ser, por decisión de las autoridades y en cualquier momento, peligrosos miembros de la delincuencia organizada o “daños colaterales” de la misma.

Conclusiones

El proceso de militarización de nuestro país se ha acentuado en los últimos cuatro años, como un instrumento para asegurar la implementación de medidas desreguladoras del mercado, que tienen como consecuencia el estrangulamiento de los derechos a la educación, el empleo y la salud y por lo tanto en el cierre a la expectativa de una vida digna de miles de trabajadores de este país. Esto implica para los grupos dirigentes de este proceso, la creación de marcos jurídicos y campañas mediáticas para criminalizar a cualquier persona o grupo que no esté de acuerdo con su visión.

Otro punto a destacar es que la militarización del país conlleva necesariamente una política estructurada para causar miedo y terror entre la población, con la intención de que los habitantes del país legitimemos la presencia de los militares en las calles: por un lado se realza la figura del militar y del policía, así como de las Instituciones encargadas de la seguridad pública; mientras que por otro lado, se explota mediáticamente, el trauma familiar que implica ser víctima de la violencia estructural a la que nos hemos referido, esto crea un precedente en la sociedad cultivando el miedo a la realidad, a la vida y a la organización como opción de transformación social.

Que el miedo se apoderé de nuestras vidas es sólo un primer momento en el transcurso de la normalización de la violencia, interés primario de nuestro gobierno en su estrategia psicológica, si las personas comenzamos a observar como algo cotidiano el número de muertes y el aumento de la violencia, no cuestionaremos el por qué de estos hechos, solamente los dejaremos pasar, y, aunque no los legitimemos de manera activa, sí estaremos permitiendo su implementación al no hacer nada.

Este proceso de militarización sólo se detendrá si denunciamos abiertamente que la estrategia federal desprecia la vida humana y nos desensibiliza ante su violencia.

La Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia le exige al Estado que cumpla con la responsabilidad social que tiene con toda la población asignándole un porcentaje mayor del aumento al presupuesto de seguridad a los rubros del llamado gasto social, con el objetivo, de crear trabajos bien remunerados, que posibiliten condiciones de vida digna.

Exigimos que el Ejército no cumpla funciones policíacas y que las policías no se militaricen

Exigimos juicio y castigo a todos los responsables de las violaciones de derechos humanos contra la población civil, los luchadores sociales y los defensores de derechos humanos.

Por último hacemos un llamado a incrementar los esfuerzos de información y de sensibilización respecto al tema de la militarización y la violencia de Estado; a intensificar la organización para exigir alto a la impunidad, y para exigir justicia. Debemos de evitar que la mayoría de la población considere la militarización y la guerra de este gobierno como las únicas soluciones posibles a los problemas económicos y sociales que vivimos en la actualidad.

Coordinadora Metropolitana contra la militarización y la Violencia de Estado.

[1] AP. En 2010 los asesinatos relacionados con el narco subieron un 63%”, en http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1922281.htm, consultado el día 3 de Febrero de 2011.

[2] Rodríguez Ruth. “Suman 900 niños muertos por lucha antinarco”, en http://www.eluniversal.com.mx/notas/685930.html, consultado el día 3 de Febrero de 2011.

[3] Expreso Chiapas, “En México…Alarmante índice de muertes violentas de jóvenes de 15 a 17”, en http://www.expresochiapas.com/noticias/estatal/16430-en-mexicoalarmante-indice-de-muertes-violentas-de-jovenes-de-15-a-17.html, consultado el día 3 de Febrero de 2011.

[4] El Polvorin, “Son cifras de la SEDENA, empezó en el sexenio de Fox pero la mayoría han ocurrido en el sexenio de Calderón”, en http://elpolvorin.over-blog.es/article-mas-de-1-300-menores-muertos-y-mas-de-mil-mujeres-muertos-en-la-guerra-contra-el-narco-47645641.html, consultado el día 3 de Febrero de 2011.

[5] http://www.jornada.unam.mx/2009/07/21/index.php?section=politica&article=003n1pol

[6] http://www.vientodelibertad.org/spip.php?article1865

14 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE ACCIÓN CONTRA LAS REPRESAS, POR EL AGUA, LOS RIOS Y LA VIDA

El mes de marzo es un mes especial para continuar y resaltar las luchas permanentes contra todas las estructuras injustas de la sociedad.

En este mes conmemoramos el Día Internacional de la Mujer (08 de marzo), el Día Internacional de Acción contra las Represas, y por el Agua, los Ríos y la Vida (14 de marzo) y el Día Mundial del Agua (22 de marzo).

Teniendo en cuenta estas fechas convocamos a todos los movimientos populares, sindicales, eclesiales, organizaciones sociales y no gubernamentales, que apoyan la lucha por la defensa de la vida, contra la mercantilización de la naturaleza y por otro modelo de sociedad, a manifestarse y movilizarse contra las injusticias, en todos los lugares posibles.

Es necesario denunciar la explotación de los pueblos, en especial de las poblaciones afectadas que son expulsadas de sus territorios, denunciar la entrega de los bienes naturales y públicos a los grandes grupos y empresas nacionales y trasnacionales, denunciar las políticas de los gobiernos nacionales que vulneran los derechos de los pueblos y que promueven la destrucción de la madre tierra.

Este es un momento para fortalecer nuestros procesos, organizaciones sociales, reivindicaciones y la solidaridad internacional.

Es importante promover cualquier tipo de acción y manifestación pública en esta época, y difundámosla por todos los medios físicos y virtuales posibles, que la voz de los afectados se sienta como más eco este año y que la solidaridad entre los pueblos siga derrumbando las fronteras.

Los pueblos afectados por represas, conmemoraremos con diversas jornadas de lucha y acción el próximo 14 de marzo.

Convocan

Movimiento de los Afectados por Represas de Brasil - MAB - Brasil
Red Nacional de pueblos Afectados y Amenazados por Represas de Colombia
Movimiento de Afectados por Represas de El Salvador – MONARES
Coordinadora de Afectados por la Represa el Cimarrón – CORAF-CIMARRÓN
Movimiento de Afectados por Represas y por la Defensa de los Ríos de México –MAPDER
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA)

Fuente: Notas Rebeldes

Curioso, pagar Oportunidades con tarjetas: en la sierra no hay cajeros

La directora de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (Aveli), Lucía Tepole Ortega, calificó como “situación curiosa”, el pago del programa Oportunidades que se pretende realizar a través de tarjetas electrónicas, ya que muchos beneficiarios son de comunidades donde no hay luz, no hay medios de comunicación, “quisiéramos ver que un banco fuera a poner su cajero automático en la sierra”, criticó.

Esto, en respuesta a la afirmación que hizo durante su visita al estado de Veracruz el director nacional del programa Oportunidades, Salvador Escobedo Zoletto, quien sostuvo que “se tratará que ningún beneficiario de Oportunidades reciba su dinero en efectivo, sino a través de tarjetas de chip o tarjetas bancarias, o través de tarjetas de las tiendas Liconsa”.

Por ello, Tepole Ortega consideró que los programas sociales deben tener coherencia con sus beneficiarios, “no sé si algún banco se atreva a llevar un cajero electrónico a una comunidad donde no haya luz, entonces creo que hay que ser conscientes de la realidad indígena”.

Estamos en un mundo donde la tecnología parece ser la solución de todo, acotó la titular de la Aveli, “los pueblos indígenas aún sobrevivimos y lo hemos hecho sin la necesidad estricta de la tecnología, por lo que insisto, debe haber conciencia, pertinencia y coherencia en todos estos trabajos, por eso se me hace algo muy curioso”.

En otro tema, dijo que la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas está invitando a los alcaldes con población indígena a que participen en actividades para consolidar su lengua, ya que citó el caso del municipio de Astacinga, donde sucede un fenómeno debido al alto número de migración; allí la gente combate con hablar lo que recuerdan del náhuatl, lo que saben del castellano y lo que han aprendido del inglés.

Fuente: La Jornada de Veracruz

COMUNICADO DE PRENSA DE CARAVANA DE MUJERES

Centro Turístico de Agua Azul, Chiapas a 19 de febrero de 2011.

Las y los integrantes de esta Caravana venimos desde diferentes comunidades de Chiapas a solidarizarnos con las compañeras de la comunidad de San José en Rebeldía, del ejido de San Sebastián Bachajón, Chilón y sus familias que resisten contra las violaciones que ha cometido el gobierno a su derecho de autonomía comunitaria y luchan por la liberación de sus compañeros injustamente presos.

Sabemos bien que la intromisión del gobierno en esta comunidad no inicia el 2 y 3 de febrero cuando 117 ejidatarios de esta comunidad fueron detenidos por las autoridades, a 10 de los cuales les han dictado formal prisión “por delitos que no cometieron tales como privación ilegal de la libertad, lesiones, homicidio calificado y daños a las vías de comunicación y a la paz” según han dado a conocer las compañeras de San José en un reciente comunicado.

La violación a la autonomía se inicia desde hace tiempo con la pretensión gubernamental de construir en Agua Azul un gran centro turístico con capital transnacional, que supuestamente redundaría en beneficio de los ejidatarios de Agua Azul que forman parte del gran ejido de San Sebastián Bachajón. La resistencia de quienes por varias generaciones han cuidado y administrado ese hermoso lugar, que es parte de su tierra y territorio, fue larga y heroica; pero finalmente el gobierno después de cooptar a varios líderes, logró romper la dinámica de los acuerdos internos y de la unidad. En colisión con los disidentes y en base a una sucia maniobra, ha logrado apoderarse de la administración del lugar encubriéndose con 3000 firmas de aceptación de su intervención, que en el mejor de los casos son de ejidatarios de otras comunidades del ejido, no de Agua Azul, pero que además no responden a los intereses históricos y derechos internacionales de los pueblos indígenas.

Sabemos que la llamada “mesa de negociación” que se realizó el domingo pasado, con la presencia de autoridades de gobierno y del oficialista Consejo de Derechos Humanos del Estado, fue un vergonzoso festejo, que pretende legitimar la intervención gubernamental y el despojo del Centro Turístico de Agua Azul a sus legítimos propietarios, desafortunadamente ahora divididos.

Mencionamos aquí sólo tres elementos que nuestras compañeras. defensoras de derechos humanos encuentran para demostrar la ilegalidad de la maniobra. Una es que ninguna de ellas ha sido consultada, ni ha aceptado la intromisión del gobierno en la administración de la caseta, tampoco nadie les puede negar su pertenencia a la comunidad y su derecho ciudadano a participar en las decisiones. Si las mujeres no han sido consultadas es evidente que las firmas que ha reunido el gobierno no representan a la mayoría de los miembros del ejido.

El segundo argumento es que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se refiere a la autonomía de los pueblos y comunidades, en este caso de las personas miembros del ejido San Sebastian Bachajón. Un tercer elemento es que, jurídicamente se trata de una violación a la autonomía de la comunidad, pues aunque supuestamente el acuerdo de que el gobierno administre la caseta de Agua Azul se ha tomado en asamblea y en consulta, la presencia e inducción oficial no deja de ser una intromisión externa, que en si misma es una flagrante violación al derecho de autonomía y autodeterminación.

La guerra que se vive en Chiapas ya no se puede ocultar con promesas ni con la guerra contra el crimen organizado. Las y los integrantes de esta caravana consideramos que la violación de la autonomía a toda la comunidad de Agua Azul (no solamente a una de las partes en conflicto), forma parte de las estrategias de guerra de baja intensidad que han implementado los distintos niveles de gobierno federal y estatal a partir de 1994 y que actualmente se dirigen a la resistencia organizada en la Otra Campaña, focalizadas en Agua Azul, Mitziton, Tila, Chicomuselo y en distintos territorios donde los pueblos resisten por la defensa de su tierra y territorio.

Ante la intervención del gobierno en Agua Azul, las mujeres junto con los hombres que integran esta caravana exigimos

• La libertad inmediata de los presos políticos

• Retiro inmediato de las fuerzas militares y policiacas en Agua Azul del ejido San Sebastián Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas.

• No a la privatización de la tierra y el territorio en Agua Azul.

• Alto a la intervención del Estado en los recursos y patrimonio de los pueblos

• Respeto a las autonomías en el manejo y gestión de sus recursos

A hombres y mujeres del campo y la ciudad, las comunidades, ejidos y localidades les llamamos a seguir luchando por nuestras tierras y en la defensa de nuestros recursos, a seguir construyendo nuestras autonomías. Sola la unidad de hombres y mujeres será garante de nuestras luchas.

¡La tierra no se vende, hombres y mujeres la tenemos, la cultivamos y la defendemos¡

¡Viva la resistencia en Agua Azul!

“CARAVANA DE LAS MUJERES POR LA DEFENSA DE LA AUTONOMIA, DE NUESTRAS TIERRAS Y TERRITORIOS”

Fuente: Notas Rebeldes

No a la represión al magisterio de Oaxaca y No a la privatización de la educación

El lunes 14 de febrero, la presidencia de México emitió un decreto donde el gobierno hace deducibles de impuestos los gastos de colegiaturas en escuelas privadas desde preescolar hasta bachillerato, ante esto el magisterio democrático se movilizó para rechazarlo y fue brutalmente reprimido el de Oaxaca.

La medida de deducir impuestos, representa un subsidio a la educación privada y su promoción, pues genera un incentivo para recurrir a ésta, asegurando el pago de colegiaturas a través de las familias, pero con dinero público. Como sabemos, cada peso que deje de ingresar como impuestos es uno menos para atender necesidades sociales. En este caso será una cantidad significativa, pues son entre 13 mil millones de pesos (mil 300 millones de dólares) y 16 mil millones de pesos (mil 600 millones de dólares), según la Secretaría de Hacienda.

Para que se tenga una idea de lo que representa esto, mencionaremos que revisando el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para 2011 en educación, 16 mil millones de pesos equivalen a cuatro veces el presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana, diez veces el presupuesto anual de la Universidad Autónoma Chapingo, quince veces el presupuesto anual del sistema del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, diez veces el presupuesto del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es equivalente a la suma de las aportaciones federales para educación que reciben juntos los estados de Michoacán y Morelos; representa tres mil millones de pesos (300 millones de dólares) más, que el total de las aportaciones federales para educación en el estado de Oaxaca.

Los maestros oaxaqueños, agrupados en la sección 22 del SNTE-CNTE, ante la visita de Felipe Calderón a la Ciudad de Oaxaca para inaugurar el nuevo campus de una Universidad privada, acudieron al centro de la Ciudad para realizar una manifestación en demanda de justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto de 2006, en rechazo a la privatización de la educación y al decreto aprobado por la presidencia. Esta manifestación fue duramente reprimida por las policías federales y estatales, dejando un saldo de 20 detenidos (posteriormente liberados), 30 lesionados, entre ellos los maestros Gabriel Melitón Santiago, Secretario de Prensa y Propaganda de la Sección XXII, Raymundo Servando Santiago, Marcelino Coache activista de la APPO y Gildardo Mota reportero de Radiograma; así como daños materiales en el centro histórico de la Ciudad.

Ante esto la sección 22 realizó un paro de labores de 24hs, una manifestación (20 mil profesores de Valles centrales), y cierre de rutas en todo el estado para protestar contra la represión, exigir al gobierno estatal el esclarecimiento y castigo a los responsables de los enfrentamientos; y demandar la anulación del decreto que subsidia a la educación privada.

Responsabilizamos de la brutal represión, al nuevo gobernador oaxaqueño, postulado por una alianza de “izquierda” de los partidos PRD-PT-Convergencia y al gobierno federal del partido de derecha PAN.

Por su parte, los maestros democráticos de la sección 18 del SNTE-CNTE, realizaron una convocatoria para movilizarse el 3 de marzo por las mismas causas, otra expresión del descontento generado es la de los maestros de la sección 9 del SNTE-CNTE, quienes el jueves 17 de febrero, se concentraron frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en la capital del país protestando por la represión a los maestros democráticos y en contra del decreto multicitado.

Expresamos nuestro rechazo a toda represión ejercida contra el pueblo mexicano, respaldamos las protestas de los maestros de Oaxaca, Michoacán, el D F y de todo el país, en contra de la privatización de la educación. Exigimos la derogación del Decreto presidencial para hacer deducibles los gastos en educación, ya que atenta directamente contra la educación como derecho social que debe ser garantizado por el Estado, mandato Constitucional que el gobierno no cumple, y nos sumamos a las demandas de justicia del magisterio Oaxaqueño.

Solicitamos a las organizaciones fraternas, un pronunciamiento de solidaridad con el magisterio mexicano en su lucha contra la privatización de la educación y contra la represión.

Sección Mexicana de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública.

Cd. de México, 18 febrero de 2011

Fuente: Notas Rebeldes

Preparan protestas de apoyo a Radio Ñomndaa

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 20 de febrero. Ante las constantes amenazas y hostigamiento contra los integrantes de la radio comunitaria La Palabra del Agua, organizaciones nacionales e internacionales harán manifestaciones simultáneas tanto en Chilpancingo, como México y en Jalapa, Veracruz para exigir el cese a la violencia contra la libertad de expresión y justicia para los fundadores de la Radio Ñomndaa, quienes se encuentran bajo un proceso penal “infundado”.

Este lunes diversas organizaciones así como artistas manifestarán su preocupación por los procesos judiciales que “de manera arbitraria” han sido imputados contra los miembros de la radio Ñomndaa La palabra del Agua, Silverio Matías Domínguez, Genaro Cruz Apóstol y David Valtierra Arango, quienes están acusados de haber privado de la libertad a uno de los caciques de Ometepec.

“Manifestamos nuestra total inconformidad con la sentencia condenatoria dictada por el Juez Derly Arnaldo Alderete Cruz, Juez de Primera Instancia con sede en Ometepec contra los compañeros”, destacaron en un comunicado firmado por más de 100 organizaciones y personas.

Agregaron que la sentencia condenatoria sólo muestra la corrupción del sistema de justicia y la fabricación de delitos y órdenes de aprehensión contra líderes de la radio, pues se dan bajo un contexto de criminalización de los defensores de derechos humanos y judicialización de los procesos sociales; además de que atenta contra los principios de imparcialidad del sistema de justicia, los derechos de asociación, libertad de expresión y de la autonomía indígena.

Los activistas exigieron a las autoridades que se actúe conforme a derecho y se cancelen las órdenes de aprehensión contra otros integrantes de la radio.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Invitación de Greenpeace

ACCIÓN URGENTE: Agresiones en contra de integrante de "Nuestras Hijas de Regreso a Casa" - Chihuahua

http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article502

Acción Urgente y Carta Modelo en línea

AGRESIONES EN CONTRA DE INTEGRANTE DE "NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA"

Resumen El pasado miércoles 16 de febrero de 2011, la vivienda de la activista Malú García Andrade, fue incendiada. Malú GARCÍA ANDRADE es presidenta de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.” que es una organización de familiares y amistades de mujeres que han sido asesinadas y/o desaparecidas en Ciudad Juárez, y cuya lucha es por encontrar justicia tanto jurídica como social; hacer que las autoridades y los diferentes niveles de gobierno asuman la responsabilidad en esta problemática.

Acción solicitada:

Para involucrar a la red de contactos en generar una respuesta rápida hacia las autoridades correspondientes con el afán de detener las situaciones de violación a los derechos humanos es importante que el mayor número de personas y/u organizaciones envíen correos electrónicos (usando la carta modelo adjunta), a las autoridades competentes haciendo hincapié en el cumplimiento de las peticiones concretas por parte de las autoridades.

Enviar sus llamamientos copiando la carta modelo en un correo con título: AU-003-2011 AGRESIONES EN CONTRA DE INTEGRANTE DE “NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA”. CD. JUÁREZ-CHIH.

con copia a denuncias.limeddh@gmail.com

Direcciones:

Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF, Tel: (55) 27891100 / Fax: (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 (55) 5093 3414
secretario@segob.gob.mx

Dr. José Antonio Guevara Bermúdez
Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos SEGOB
Av. Paseo de la Reforma 99 Piso 19 Tabacalera, Cuauhtémoc, Distrito Federal, 06030
(55) 51280000 Ext 11875
jguevara@segob.gob.mx

Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6° piso, Col. Tlacopac San Angel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040
Tels. y fax (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00

Lic. Cesar Horacio Duarte Jaquez
Gobernador del Estado de Chihuahua
Conmutador 614 42 93 300 ext. 11123
Fax 614 42 93 300 ext. 11066

Lic. Carlos Manuel Salas
Fiscal General del Estado de Chihuahua
Conmutador 614 42 93 300 ext. 11400
Directo: 614 42 93 385

Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH 1211 Ginebra 10, Suiza
Tel: +41 22 917 9000
InfoDesk@ohchr.org / civilsocietyunit@ohchr.org

Margaret Sekaggya
Representante Especial del Secretario-General sobre la situación de los defensores de derechos humanos
P.O. Box 3176, Kampala, Uganda. Tel. No: 256-414-348007/8/10/14 Residence Telephone No: 256-414-270160 Mobile No: 256-772-788821, Fax No: 256-414-255261
E-mail: msekaggya@yahoo.com or msekaggya@uhrc.ug
Javier Esteban Hernández Valencia
Representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Alejandro Dumas #165, Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo, C.P 11560, México D.F Tel:(52 55)5061-6350.Fax:5061-6358
oacnudh@ohchr.org

Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 20006 U.S.A.
Tel: 202-458-6002 Fax: 202-458-3992
cidhoea@oas.org

Área de Denuncias
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Una llama encendida para los derechos de los pueblos!

La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y esta asociada a Trabajar Juntos por los Derechos Humanos. Todos ellos con estatuto consultivo ante la ONU (Resolución 1296 del ECOSOC)

Calle Tehuiztitla 1era cerrada, No 44
Col. los Reyes, Del. Coyoacan
CP 04330 Mexico Distrito Federal
Tel y Fax: (55) 5846 1045 / 5610 8790
Cel: (044) 55 2939 2167

denuncias.limeddh@gmail.com

ACCIÓN URGENTE: Hostigamiento y riesgo de desalojo policiaco estatal y federal la Escuela Normal Rural Mactumazá - Chiapas

http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article503

Acción Urgente y Carta Modelo en línea

HOSTIGAMIENTO Y RIESGO DE DESALOJO POLICIACO ESTATAL Y FEDERAL LA ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMAZÁ - CHIAPAS

Resumen

Desde el día 14 de febrero los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá han ejercido sus derechos políticos consagrados en la Carta Magna de nuestra Nación, realizando una serie de actividades en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el objetivo de dar solución a un pliego petitorio referente a la reinstalación del sistema de internado en la Normal en referencia.

Los estudiantes mantuvieron una mesa de diálogo en el Palacio de Gobierno con el Secretario de Gobierno estatal, Lic. Noé Castañón León, y autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Durante los diálogos, las autoridades han manifestado la intención de reubicar a la Normal fuera de la capital del Estado, generando con esto inconformidad dentro del estudiantado quienes exigen que se cumpla “la promesa de campaña” del Gobernador Juan Sabines Guerrero de reinstalar el sistema de internado en sus actuales instalaciones.

Acción solicitada

Para involucrar a la red de contactos en generar una respuesta rápida hacia las autoridades correspondientes con el afán de detener las situaciones de violación a los derechos humanos es importante que el mayor número de personas y/u organizaciones envíen correos electrónicos (usando la carta modelo adjunta), a las autoridades competentes haciendo hincapié en el cumplimiento de las peticiones concretas por parte de las autoridades.

Enviar sus llamamientos copiando la carta modelo en un correo con título: No. de Referencia: AU – 005 – 2011 – CHIS - HOSTIGAMIENTO Y RIESGO DE DESALOJO POLICIACO ESTATAL Y FEDERAL EN LA ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZÁ EN TUXTLA GUTIÉRREZ

con copia a denuncias.limeddh@gmail.com

Direcciones:

Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF, Tel: (55) 27891100 / Fax: (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 (55) 5093 3414, secretario@segob.gob.mx

Dr. José Antonio Guevara Bermúdez
Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos SEGOB
Av. Paseo de la Reforma 99 Piso 19 Tabacalera, Cuauhtémoc, Distrito Federal, 06030
(55) 51280000 Ext 11875, jguevara@segob.gob.mx

Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Boulevard. Adolfo López Mateos 1922, 6° piso, Col. Tlacopac San Angel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040
Tels. y fax (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00

Lic Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
(961) 61-8-80-65 Fax: (961) 61-8-80-50
juansabines@chiapas.gob.mx

Dr. Noé Castañón León
Secretario General de Gobierno de Chiapas
Palacio de Gobierno, 2do. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
(961) 61-8-74-60 Ext. 20003
secretario@secgobierno.chiapas.gob.mx

Lic. Raciel López Salazar
Procurador General del Estado de Chiapas
1ª Ote. Sur, entre la 21ª y 22ª Sur Núm. 2237, Barrio de San Francisco, C.P. 29060, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
(961)663-7929, 663-7931, Fax: (961)663-7929, 663-7931 Ext-205
raciel.lopez@pgje.chiapas.gob.mx

Lic. Francisco Girón López
Encargado del despacho del fiscal especializado
Fiscalía de Asuntos Especiales y Relevantes
Libramiento Norte y Rosa del Oriente Núm. 2010, El bosque, CP 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
(961) 61 723 00 Ext. 17158
fgiron@pgje.chiapas.gob.mx, fiscalia.dh@pgje.chiapas.gob.mx, fiscalia.dh@prodigy.net.mx

Lic. Sergio Iván Cruz Ledesma
Fiscalía Especializada en Atención a Grupos Sensibles y Vulnerables
Libramiento Norte y Rosa del Oriente Núm. 2010, El bosque, CP 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
(961) 61 723 00 Ext. 17023, 17025, 17024
scruz@pgje.chiapas.gob.mx

Lic Juan Carlos Moreno Guillen
Presidente de la CEDH
Boulevard Comitán 143 Col. Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
(961) 6028980 y 6028981
Lada sin costo: 01 800 55 28 242
cdh@cdh-chiapas.org.mx

Lic. Dip. Ana Elisa López Coello
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado
1ª Sur Oriente S/N, entre Calle Central y 1ª Oriente, Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez Chiapas
Conmutador (961) 613-10-46, 613-10-47, 613-10-98, 613-10-99, 612-92-47 Ext. 287. Tel 613-59-33

Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH 1211 Ginebra 10, Suiza
Tel: +41 22 917 9000
InfoDesk@ohchr.org, civilsocietyunit@ohchr.org

Margaret Sekaggya
Representante Especial del Secretario-General sobre la situación de los defensores de derechos humanos
P.O. Box 3176, Kampala, Uganda. Tel. No: 256-414-348007/8/10/14
Residence Telephone No: 256-414-270160 Mobile No: 256-772-788821, Fax No: 256-414-255261
E-mail: msekaggya@yahoo.com, msekaggya@uhrc.ug

Javier Esteban Hernández Valencia
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
Alejandro Dumas #165, Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo, C.P 11560, México D.F
Tel: (55) 5061-6350. Fax: 5061-6358
oacnudh@ohchr.org

Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 20006 U.S.A.
Tel: 202-458-6002 Fax: 202-458-3992
cidhoea@oas.org


Área de Denuncias
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Una llama encendida para los derechos de los pueblos!
La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y esta asociada a Trabajar Juntos por los Derechos Humanos. Todos ellos con estatuto consultivo ante la ONU (Resolución 1296 del ECOSOC)

Calle Tehuiztitla 1era cerrada, No 44
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Tel y Fax: (55) 5846 1045 / 5610 8790
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ACTIVIDADES A 3 AÑOS DE LA MASACRE DE SUCUMBÍOS

*** A TRES AÑOS DE LA MASACRE DE SUCUMBÍOS ESTAS SON LAS ACTIVIDADES POR LA JUSTICIA***

TE INVITAMOS A QUE NOS ACOMPAÑES EN NUESTRA EXIGENCIA DE JUSTICIA Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES


*Acto contra el Olvido y por la Memoria de las Víctimas de Sucumbíos en el Muro Contra el Olvido y la Impunidad (frente al Café Cerezo y junto al anexo de la Biblioteca Samuel Ramos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM)

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO 2 PM

*Foro: "A tres años de la masacre de Sucumbíos; análisis del caso y relación México-Sucumbíos-Colombia" en el Auditorio Ché Guevara, pasillo de la Biblioteca Central, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ponentes: Carlos Fazio (Periodista y Académico de la UACM), Comité Cerezo y Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO 4 PM

* Acto político cultural frente a la embajada de Colombia en México (Paseo de la Reforma # 379, cerca del Ángel de la Indpendencia), dentro de la campaña mensual CADA UNO POR LA JUSTICIA.

MARTES 1° DE MARZO A PARTIR DE LA 1 PM.


* Misa en memoria de las Víctimas de Sucumbíos

MIÉRCOLES 2 DE MARZO
LUGAR Y HORA POR CONFIRMAR.

Agradeceremos el apoyo en la difusión de este correo.
GRACIAS

En un refugio guardado en su corazón
Llevan la bandera de Bolívar.
Su rostro la transmite en la sonrisa
Que dejaron en las imágenes del recuerdo.

Hoy desde lo alto suenan las campanas
Ustedes las tocan para mostrarnos el camino.

Juan, Verónica, Soren, Fernando desde lo alto nos miran
Y nos recuerdan que para ser grandes
Hay que saber soñar.


ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE SUCUMBIOS ECUADOR