A las madres no les va a gustar esta historia.

Walmart vende productos caducos.

 En octubre de 2010, Walmart pagó 775.000 dólares para resolver una demanda presentada por el Fiscal General del estado de New Jersey por la venta de lactantes y medicamentos infantiles después de la fecha de caducidad, además de que el precio de su mercancía en sus anaqueles son más baratos que los que se cobran en la caja registradora.

Walmart firmó una orden de consentimiento el 19 de octubre de 2010 para poner fin al litigio, que había estado ocurriendo desde 2008 en las 54 tiendas de New Jersey. En esta ocasión el monopolio fue acusado de participar en “varios casos de prácticas comerciales dolosas”, y como parte del acuerdo, tuvo que inspeccionar periódicamente sus medicamentos.

Walmart tiene que ser extremadamente cuidadoso de la confianza con el cliente; revisando el precio y la fecha de caducidad de cada producto que pone en sus anaqueles, debiendo coincidir con el precio de la caja registradora.

Ahora, menos de dos años después del Consentimiento de New Jersey, parece que el monopolio está teniendo problemas similares en Massachusetts, y quién sabe cuántos estados más.

Este caso práctico es similar a uno en el año de 2003 en New Jersey en el que el monopolio entró en una Orden de Consentimiento con respecto a los medicamentos caducos; o sea, no es la primera vez.

El hecho de vender medicinas caducas es un error del monopolio que se enorgullece de ser perfecto; es por ese motivo que tuvo que pagar la multa.

Los lectores que deseen mayor información deben ir a:

http://www.nj.gov(oag/newreleases10/pr20101019c.html

Si esto pasa en Estados Unidos con una sociedad civil que protesta; que no pasará en México con una sociedad dormida.

Frente Nacional contra Walmart

Dr. Enrique Bonilla Rodríguez

fundador y coordinador

frentenacionalac@yahoo.com (agradezco reenviar).

Masacre de San Fernando: Dos años de promesas sin justicia

El día de hoy se cumplen dos años de que trascendió públicamente el hallazgo de una fosa con los cuerpos de decenas de migrantes en el municipio de San Fernando, en el fronterizo estado de Tamaulipas.

 El 23 de agosto de 2010 una banda criminal asesinó a 72 migrantes procedentes de Centro y Sudamérica en el municipio de San Fernando. Durante el año siguiente, en ese mismo municipio se descubrieron cerca de 200 cuerpos más en fosas comunes, parte de los cuales podrían pertenecer a migrantes aún sin identificar.

A los pocos días de encontrarse la primera fosa el gobierno mexicano anunció que pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros y asesinatos de personas migrantes.

Este plan incluiría el compromiso de garantizar la coordinación efectiva de las autoridades federales, estatales y municipales para impedir los secuestros, documentar e investigar estos crímenes cuando tuvieran lugar así como castigar a los responsables y garantizar asistencia a los migrantes víctimas de abusos.

“A casi dos años de que las autoridades prometieran poner en marcha un plan de protección, no hay indicios de que la aplicación de esta política tan ampliamente anunciada haya tenido algún impacto”, afirmó Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional México.

La organización considera preocupante que, a pesar de la grave indignación pública que siguió a estos terribles crímenes y de los compromisos públicos para evitar su repetición, hasta el momento no existan señales claras de que estas promesas se estén materializando.

“Es también preocupante la falta de información clara sobre los avances de las investigaciones de de los responsables por los abusos cometidos contra migrantes en el municipio de San Fernando.” Agregó Herrera.

Más allá de la retorica, las autoridades deben tomar medidas efectivas para que los abusos contra migrantes sean adecuadamente documentados, investigados y los responsables llevados ante la justicia. Es también fundamental que se establezca la identidad de los restos humanos descubiertos en el municipio y se ponga urgentemente en marcha su anunciado plan para prevenir los secuestros y asesinatos a migrantes.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que pongan en marcha un registro nacional de agresiones contra migrantes, de tal forma que podamos contar con información clara que permita dimensionar la magnitud de este escándalo de derechos humanos y tomar medidas adecuadas para enfrentarlo”, concluyó Herrera.