lunes, 11 de marzo de 2013

Transgénicos llegan al DF


 Elva Mendoza

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que más de 8 millones de personas habitan la Ciudad de México. Con tan sólo 1 mil 500 metros cuadrados, que representa menos del 0.1 por ciento del territorio nacional, la metrópoli forma parte de la lista de las concentraciones urbanas más grandes del mundo, entre las que se encuentran Tokio, Japón; Nueva York, Estados Unidos; Bombay, India; Sao Paulo, Brasil; Shanghái, China; Dhaka, Bangladesh, y Buenos Aires, Argentina.

Sin posibilidades de frenar el consumo masivo del maíz MON 603 en la segunda ciudad más grande del mundo, el Gobierno del Distrito Federal se apresta a declarar su postura en contra de los organismos genéticamente modificados y aclara que no posee injerencia sobre ello.

México “debería de ir avanzando en la protección de sus cultivos, principalmente al ser centro de origen. Es su obligación. En el resto del país se tendría que estar avanzando para evitar cultivos de maíz transgénico”, dice Jorge Fuentes, exvocero de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a nombre de la entonces titular, Martha Delgado, quien no respondió personalmente a los cuestionamientos hechos por Contralínea.

Fuentes asegura que la posición de la Secretaría del Medio Ambiente, y de su titular, es en contra de los transgénicos. Explica que en la Ciudad se evita el contagio de especies a través del monitoreo en lo que corresponde a las siembras.

“El Gobierno del Distrito Federal es el único que tiene una declaratoria de protección de su territorio. Sin embargo, no tenemos injerencia en cuanto al consumo. Nuestra obligación es la protección y el campo de la Ciudad”.

De aprobarse las solicitudes ingresadas en septiembre de 2012 por las trasnacionales Monsanto y Pioneer Hi-Bred, en los próximos meses las concentraciones urbanas del país estarían consumiendo el maíz MON 603 proveniente de Sinaloa y Tamaulipas.

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio indica que las ciudades del país se sitúan sobre el 0.4 por ciento del territorio nacional, en alrededor de 800 mil hectáreas, y concentran al 65 por ciento de la población total mexicana.

A través del consumo diario de tortillas, tamales, pozole, edulcorantes, estabilizadores o excipientes, la población quedará totalmente expuesta a los efectos del organismo genéticamente modificado.

El Programa

El 29 de octubre de 2009, el gobierno del Distrito Federal publicó en su órgano informativo el Acuerdo por el que se Expide el Programa de Protección de las Razas de Maíz del Altiplano Mexicano para el Distrito Federal. En el documento, el gobierno de la Ciudad declara a su territorio libre de transgénicos y sienta los lineamientos para evitar que sobre el suelo de conservación se siembre maíz genéticamente modificado.

“Es interés del Gobierno del Distrito Federal generar los instrumentos y desarrollar las acciones encaminadas a proteger y preservar las razas de maíz del altiplano y sus variedades locales, garantizando su conservación y la sustentabilidad del territorio en que se produce, así como el mejoramiento de la calidad de vida de los productores”, señaló el Ejecutivo local en el Acuerdo.

Se ha identificado que el altiplano del centro de México es uno de los centros de origen y domesticación del grano. Comprende al Distrito Federal, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, así como algunas regiones de Puebla, Morelos y Guanajuato.

Hasta ahora, en el suelo de conservación del Distrito Federal se han localizado seis razas de maíz nativo y más de 40 variedades, además, se ha identificado la presencia del teocintle.

En las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco existen 28 mil 599 hectáreas de uso agrícola y se cultivan anualmente alrededor de 3 mil hectáreas de maíz, principalmente para autoconsumo de la población rural de la Ciudad de México, por lo que se considera que el cultivo del grano en el Distrito Federal está fuertemente ligado a tradiciones culturales y en menor medida a su productividad.

Los primeros pobladores en la cuenca de México la habitaron hace 22 mil años, y se estima que los pueblos originarios se asentaron en los suelos de conservación desde hace unos 8 mil años.

Decadencia del suelo de conservación

No obstante que el otrora gobierno de Marcelo Ebrard avalara la importancia del suelo de conservación del Distrito Federal, también reconoce que el impulso a la urbanización hizo que se perdieran 17 mil hectáreas agrícolas y forestales.

Del total del territorio en el Distrito Federal, el 42 por ciento corresponde a áreas verdes. De acuerdo con información proporcionada por Luis Zambrano, investigador en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 2005 a 2009, el 15 por ciento del suelo de conservación había sido urbanizado.

En la década de 1940 los pueblos originarios estaban constituidos en núcleos agrarios, 81 eran ejidos y 12 comunidades. Hacia la década de 1970 quedaban únicamente 46 con propiedad social de la tierra.

Planteamientos del Plan de Protección

A pesar de no estar incluidas en los catálogos de los bancos de germoplasma (genes que se transmiten por reproducción a la descendencia), el gobierno del Distrito Federal considera que las razas de maíz de la Ciudad pueden ser consideradas como parte del acervo genético de los maíces característicos de la meseta central del altiplano de México.

“El suelo de conservación del Distrito Federal es una zona que naturalmente puede utilizarse como un reservorio del germoplasma nativo de la región de los valles altos de México y un área de protección del maíz mexicano para las generaciones futuras.”

Al identificar al maíz como bien común y patrimonio histórico, el Programa plantea proteger, preservar y garantizar la conservación de las razas del altiplano y sus variedades locales, a través del rescate, fomento y consolidación de los policultivos del agroecosistema milpa, con base en el maíz nativo; establecer sistemas y mecanismos de monitoreo permanente para prevenir, evitar y remediar la introducción de transgenes en las razas de maíz nativo; elaborar un padrón georreferenciado y un sistema de monitoreo permanente de productores y parcelas en las que se lleve a cabo la conservación y producción del grano originario; contar con fuentes seguras de semillas de maíz nativo; conocer los circuitos de las semillas de maíz que se siembran en suelo de conservación del Distrito Federal, así como la interrelación entre productores; supervisar el intercambio de semillas e identificar los circuitos de comercialización de semillas de maíz de dudosa procedencia o con contaminación transgénica; la creación de un museo de la diversidad del maíz de la Ciudad de México y el respeto a la legislación internacional en la materia.

En caso de contaminación con maíz transgénico, señala el gobierno del Distrito Federal, se procederá a la remediación a través de un análisis detallado del cultivo, semillas y partes vegetativas, y de un programa de limpieza genética desarrollada por investigadores del Colegio de Postgraduados y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

En febrero de 2012, la Secretaría del Medio Ambiente, en coordinación con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, inauguró el laboratorio de diagnóstico molecular para detectar granos alterados genéticamente. El centro de investigación tuvo un costo de más de 4 millones de pesos y se encuentra dentro de la Comisión de Recursos Naturales.

Reciben Fox y Sahagún 400 millones en donativos: AM de León


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Vicente Fox y Marta Sahagún han recibido más de 400 millones de pesos en donativos del 2006 a la fecha, revelan informes de la Secretaria de Hacienda obtenidos por el diaro AM de León.

El dinero ha sido canalizado a través de las organizaciones “Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox, A.C.” y “Fundación Vamos México”, ambas inscritas ante Hacienda para recibir donativos y para expedir recibos deducibles de impuestos.

Las dos organizaciones tienen como su sede el Centro Fox, en la comunidad de San Cristóbal en San Francisco del Rincón.

De acuerdo con la investigación del diario leonés, Fox también acumula ingresos por conferencias, cursos y seminarios que ofrece a través de la empresa “Servicios Corporativos Sociales, S.A. de C.V.”, que también tiene como su domicilio el Centro Fox.

Entre los clientes que han atendido Fox y Sahagún se encuentran el gobierno de Felipe Calderón, los gobiernos de Jalisco, Veracruz, Nuevo León, y los partidos Acción Nacional (al que ya no se reafilió Fox) y Nueva Alianza, este último ligado a Elba Esther Gordillo.

AM de León detalla que además de los ingresos mencionados, Fox recibe una pensión anual de más de dos millones de pesos y que el gobierno federal le subsidia el sueldo de 20 empleados y de 17 guardias personales.

Un priista escribe los discursos a Mancera


MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Manuel Jiménez Guzmán, seis veces diputado priista y masón grado 33, es quien escribe los discursos del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien obtuvo dicho cargo postulado por una coalición izquierdista.

Jiménez Guzmán, quien fuera presidente del PRI en el Distrito Federal, fue nombrado por Mancera director ejecutivo de mensaje gubernamental.

“Me siento perfectamente bien colaborando con un gobierno de izquierda, con un jefe de Gobierno que no tiene militancia en ningún partido, que fue candidato ciudadano y que ha integrado a un gobierno democrático, progresista y de izquierda, con el cual coincido plenamente en sus postulados, en sus principios y en sus fundamentos ideológicos y filosóficos”, declaró Jiménez Guzmán al diario Reforma.

Jiménez Guzmán no ha abandonado su militancia priista, es masón grado 33, “soy libre pensador, practico el libre albedrío”.

El objetivo del priista respecto a los discursos de Mancera es “mantener una sola línea ideológica, el mantener la tesis de izquierda en política social, el respeto a la diversidad y el respeto a la pluralidad sexual; a la interrupción del embarazo, derechos humanos y respeto a la píldora del día siguiente, respeto a la laicidad, respeto a la no intervención de los curas en asuntos del Estado”.

Se crean otros 4 grupos de autodefensa en Michoacán; ya suman 44


MÉXICO, D.F. (apro).- Las comunidades michoacanas de Cherato, Cheratillo, 18 de Marzo y Orúscato se sumaron a las 40 poblaciones indígenas de la entidad que en los últimos meses adoptaron el esquema de guardias comunitarias para protegerse de grupos del crimen organizado.

De acuerdo con José Salas Valencia, alcalde de Los Reyes –municipio al que pertenecen los cuatro pueblos–, pobladores reportaron en la comandancia de Policía que desde ayer observaron a civiles armados custodiando los accesos de sus comunidades.

“Desconocemos el origen de estos grupos, si son gente relacionada con la delincuencia o si se trata de personas de la comunidad que han decidido conformar su guardia comunitaria”, comentó Salas Valencia en entrevista telefónica.

El alcalde panista informó que ya dio a conocer el hecho al gobierno del estado de Michoacán para que, a través de la Secretaría de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia, tome cartas en el asunto.

Apenas la semana pasada, el Ejército mexicano desmanteló un grupo de autodefensa que llevaba dos semanas operando en el municipio de Buenavista Tomatlán, en la región de Apatzingán.

Las autoridades federales determinaron que esa presunta policía comunitaria tenía vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ligado con el capo sinaloense Joaquín El Chapo Guzmán.

En enero pasado se dio a conocer que, ante el abandono de las autoridades, aproximadamente 40 poblaciones indígenas del estado de Michoacán determinaron adoptar el esquema de guardias comunitarias.

Uno de los casos más sonados es el de Urapicho, comunidad indígena ubicada en el municipio de Paracho.

En agosto de 2012 los gobiernos estatal y federal instalaron una Base de Operaciones Mixtas (BOM) a cambio de que los indígenas levantaran los retenes civiles que habían instalado en las entradas de su comunidad y depusieran sus armas.

Los habitantes accedieron y permanecieron en paz con la presencia de militares y policías federales y estatales, pero su tranquilidad se terminó, luego de que en enero pasado la BOM fue retirada de la zona.

A falta de policías, los comuneros retomaron sus armas y reinstalaron las guardias comunitarias. El ejemplo fue retomado por alrededor de 40 comunidades más, casi todas de la región Oriente de Michoacán. Los habitantes de esas poblaciones buscan no sólo mantenerlas, sino expandirlas y que sean legalmente reconocidas.

Alejandro Avilés Reyes, secretario de Pueblos Indígenas en el estado, comentó en esa ocasión que se buscará que en la ley reglamentaria a la reforma que se aplicó a la Constitución de Michoacán en materia indígena, se reconozca a las guardias comunitarias.

El funcionario reconoció que se ha retomado esa vieja práctica en poblaciones donde ésta ya había quedado atrás, luego del saqueo de los recursos naturales, actividad que ahora está ligada también a grupos de la delincuencia organizada.

Puso como ejemplo justamente el de la comunidad de Urapicho, que reinstaló sus barricadas como mecanismo de autodefensa luego del retiro de la BOM.

“Ellos tienen un temor de que pudieran ser atacados, dado que uno de los personajes que supuestamente era el que comandaba todo en la región apareció muerto por ahí”, justificó.

Avilés Reyes subrayó que hasta el momento esas guardias comunitarias no son legalmente reconocidas por el gobierno, pero consideró que eso cambiará una vez que se concrete la elaboración, aprobación y publicación de la ley reglamentaria a la reforma que se aplicó a la Constitución del estado en materia indígena.

En enero pasado, el funcionario entregó al secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna García, un documento en el que varias comunidades solicitaron el retorno de la BOM retirada de Urapicho.

Además de esa localidad, el texto fue signado por representantes de los pueblos de Ocumicho, Cocucho, Nurío, San Felipe de los Herreros, Paracho, Aranza, Cheranástico, Comachuén, Turícuaro, Aratepakua, Quinceo y Pamatácuaro.

Urapicho, junto con Cherán, eran las únicas comunidades de la región Purépecha, hasta ese momento, que mantenían el esquema de las guardias comunitarias, pero alrededor de 37 poblaciones indígenas del oriente del estado replicaron esa forma organizativa de defensa civil.

Toman normalistas radiodifusoras en Oaxaca


PEDRO MATÍAS

OAXACA, Oax., (apro).- Integrantes de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas (CENEO) tomaron 10 estaciones de radio y televisión en esta capital, a fin de presionar al gobierno de Gabino Cué a instalar mesas de trabajo para “concretar acuerdos” en torno de sus demandas.

Además, los estudiantes retuvieron alrededor de 20 autobuses de transporte urbano y tomaron la caseta de cobro de Huitzo. Sólo dejaron libre el paso en la carretera Oaxaca-México.

Minutos después de la toma de las estaciones del Grupo Radio México, Radio Fórmula y de la Corporación Radiofónica de Radio y Televisión del gobierno estatal, así como las filiales de Televisa y TV-Azteca, el gobierno estatal emitió un comunicado para condena los hechos.

El gobierno de Gabino Cué hizo un llamado “enérgico” a la dirigencia y miembros de la CENEO para “deponer actos de presión y no afectar la operación de las empresas de comunicación radiofónicas y televisivas de la ciudad de Oaxaca”.

Asimismo, destacó que con las instancias gubernamentales se mantiene una interlocución permanente para atender en la medida de lo posible, y de acuerdo con las facultades legales, las demandas de los normalistas.

“A partir de que fueron tomadas las instalaciones de algunos medios de comunicación de esta ciudad, el gobierno del estado instruyó la integración de cinco equipos interinstitucionales con personal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”.

Estos funcionarios, precisó, “tienen la instrucción de establecer inmediatamente comunicación con los grupos inconformes, buscando concretar acuerdos que posibiliten la distensión del conflicto, así como el desalojo de las empresas de comunicación y la atención a las demandas de la CENEO”.

De acuerdo con el texto, “el gobierno del estado manifiesta hasta el momento que se han atendido de manera puntual las demandas de los normalistas, por lo que resultan injustificados este tipo de actos de presión y movilizaciones que afectan no sólo el libre tránsito, sino la importante actividad que realizan los medios de comunicación del estado”.

Los inconformes tomaron las estaciones de radio desde las 10:00 horas, para exigir espacios al aire y difundir su postura respecto del rechazo a las reformas laboral y educativa, pero sobre todo para exigir les asignen de manera automática 920 plazas de docentes.

En algunas estaciones el comportamiento de los normalistas fue pacífico, pero en otros lugares se impidió la entrada y salida del personal.

Ante tales acciones, grupos de ciudadanos instalaron mesas para recabar firmas como parte de la campaña “Quiero mi ciudad sin bloqueos”.

La iniciativa, encabezada por el presidente municipal Luis Ugartechea, tiene como objetivo garantizar el derecho al libre tránsito, la paz y tranquilidad social de los ciudadanos.

Avance limitado, reforma a telecomunicaciones: Meyer, Aguayo y Dresser


¿Qué significado político tiene la reforma en telecomunicaciones?.- Aristegui


Condenan ONG amenazas a activistas pro migrantes


Veracruz, Ver.- El foro Migraciones y el Colectivo PND-Migración condenaron las amenazas de muerte al activista Rubén Figueroa, un frecuente promotor de los derechos de los migrantes en Veracruz. Esas dos organizaciones se sumaron a la condena por las amenazas que recibió el pasado 3 de marzo en el albergue La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, en Tenosique, Tabasco.

Las organizaciones emitieron una misiva dirigida al presidente, Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al gobernador de Tabasco, Arturo Nuñez Jiménez.

La carta también está dirigida a Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que ya condenó el hecho y pidió medidas cautelares para el activista.

Figueroa dijo a La Jornada Veracruz que ya interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se espera que en breve Aministía Internacional (AI) emita su postura. “Estas amenazas se corresponden con las denuncias que La 72 ha venido reiterando durante la última mitad de 2012, en el sentido que se observa un incremento desmesurado de la violencia en la ruta migratoria y en las agresiones a los defensores de los derechos de los migrantes”, dice el comunicado emitido por estas dos organizaciones.

Pidieron a los destinatarios de la carta “que las autoridades responsables ofrezcan protección a las personas que trabajan en La 72. Hogar Refugio para Personas Migrantes”.

También se exige que se cumpla con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el albergue de migrantes de Tenosique, donde inicia una de las rutas migratorias que convergen en el estado de Veracruz.

Ante la crisis mundial son necesarias las políticas basadas en la gente: John Ralston


Por : Paula Carrizosa

Ante la crisis económica mundial, consideró el escritor canadiense John Ralston (Ottawa, 1947), “son necesarias las políticas públicas basadas en la realidad y en la gente, dejando a un lado lo abstracto y romántico de las políticas globalizadoras”.

De visita en Puebla para presentar su libro El colapso de la globalización y la reinvención del mundo, indicó que la élite gobernante nunca ha estado cercana ni interesada en la gente, sino que le exige ser “flexible” para adecuarse a las crisis, para aguantar.

“La nueva realidad económica debe estructurarse alrededor de la población, de un quehacer práctico en el que no debe haber exceso de producción y en el que es necesaria una reforma educativa opuesta a la actual”.

Durante una entrevista con La Jornada de Oriente Ralston ahondó sobre los planteamientos de su libro editado al español por RBA. Uno de ellos propone que la gente de negocios, las universidades y los gobernantes se quedaron atrapados en los años 80 del siglo anterior, lo que les ha llevado a tener reacciones y respuestas erróneas, que no funcionan en el contexto actual de crisis.

“Básicamente las élites, hasta las que se creían más sólidas, se enfocaron en salvar bancos y no a la gente, y ello es signo de que están fuera de su realidad y de su tiempo”.

Para el filósofo y escritor ha habido dos respuestas al emergente estado de crisis por el que atraviesa Europa: “una ha sido la reacción del populismo, a veces bueno, otras malo y en ocasiones ambos; y el otro ha sido la organización de las personas en la calle, en el enojo que sale a marchar”.

Indicó que el actual populismo en Europa ha tomado ciertas características racistas y una “forma nada interesante” de nacionalismo que recrea el pensamiento del siglo XIX. En el caso de América Latina, señaló que el populismo es más complicado porque tiene que ver con situaciones más distantes y de extrema pobreza, en las que se mezclan asuntos positivos y negativos.

“El populismo nunca es una solución a largo plazo, sino de 10 o 20 años, además de que tiene más desventajas porque en la mayoría de las veces no está basado en una sólida participación social, sino en la emocional, que responde a la injusticia social y a la económica”.

Para John Ralston, también autor de La incivilización inconsciente, los movimientos sociales –los suscitados en España, Grecia y México, por ejemplo– constituyeron un intento de enviar un llamado a los gobiernos, incluso a los medios de comunicación, para decir: “no estamos contentos. Para. Escúchanos”.

Advirtió que si la élite no escucha y atiende todos estos llamados, está condenada a poner en riesgo la democracia de los países, provocando un “tipo de enojo que se eleva a cierto grado y que estalla y ocurre rápido, como la historia lo demuestra”.

“Lo importante es no regresar a las estructuras económicas elitistas de la globalización, ya que hacerlo se puede convertir en un suicidio”.

Es momento de tener nuevas ideas

Para el canadiense John Ralston es momento de tener nuevas ideas y repensar el desafío económico que debe incidir, necesariamente, en lo social, ya que es en los países europeos y en Estados Unidos donde se repiten las fórmulas viejas y teniendo la posibilidad de ejercer otro tipo de economías –como sucede en China, India o Brasil–, las élites gobernantes tienen miedo.

“En Europa construyeron su economía con base en los bancos y jamás en establecer un diálogo con la sociedad, porque aunque era fácil hacerlo, tuvieron miedo, les causaba un desorden intelectual”.

Señaló que es posible que las ideas vengan de países como México, Argentina o Brasil, pero que una condicional será cambiar las formas de educación en las universidades. “Apuesto que si voy a la Facultad de Filosofía de esta ciudad me encuentro con que están enseñando a los griegos, sin pensar en la aportación de sus propios filósofos”.

Puso como ejemplo Canadá, país del que es originario, en donde un cambio ejemplar está proviniendo de los indígenas, porque frente a las ideas racionales y lineales de los occidentales ellos proponen un nuevo modelo en el que se pone al ser humano como centro y base de cualquier proyecto, seguido de la preocupación por el medio ambiente, la salud y la producción. “Sus ideas son circulares, espaciales y ponen al humano en la punta de la pirámide y no viceversa”.

Se manifiesta el #YoSoy132Puebla contra Emilio


Por : Martín Hernández Alcántara

 

Integrantes del Movimiento #YoSoy132Puebla se manifiestan en este momentos frente al Hotel Holiday Inn donde se encuentran reunidos el secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet y el gobernador del estado Rafael Moreno Valle, con sus respectivas comitivas. Los jóvenes portan pancartas con consignas que reprueban diversas consignas contra iniciativas del gobierno federal, como la reforma energética, laboral, hacendaria y educativa.

En el lugar hay presencia de elementos de la Policía Estatal quienes montan guardia afuera del hotel, los manifestantes prendieron un monigote que descansa sobre un ataúd de cartón, con diversas caricaturas e imágenes de Enrique Peña Nieto, el muñeco tiene una imagen del presidente de la república que tiene la leyenda: “Pendejo”.

Regala Almaden Minerals celulares en Ixtacamaxtitlán para acallar a la oposición


Por : Arturo Alfaro Galán

Habitantes de la comunidad de San Miguel Tuligtic, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, denunciaron públicamente que la empresa minera Almaden Minerals, de origen canadiense, inició la repartición gratuita de celulares y aparatos electrodomésticos para intentar convencer a los pobladores de que el uso de cianuro, en la extracción de oro y plata en la zona, no es nocivo para la salud.

Esta práctica, señalaron los vecinos, sucedió hace unos días para persuadirlos en no asistir a las juntas y asambleas informativas que la comunidad de Ixtacamaxtitlán inició este domingo, además de presionarlos para no oponerse a la operación de la minera, que registra actividades de exploración desde 2001.

Este fin de semana medio centenar de pobladores se reunieron en el Auditorio de la localidad –ubicada en uno de los puntos más altos de la Sierra Norte– para demandar a la empresa canadiense frenar sus operaciones en la zona, pues ha generado división social y altos índices de contaminación en la zona.

En su alocución, Alonso Aco, de la comunidad de Huitzilan de Serdán, denunció que la empresa Almaden Minerals comenzó a sentirse presionada por los movimientos en contra de las demás minas en la Sierra Norte, por lo que inició la repartición de electrodomésticos para presionarnos en no oponerse a sus operaciones y “dejarlos trabajar a sus anchas, como lo han venido haciendo”.

Alonso Aco advirtió que la situación que impera en Ixtacamaxtitlán –municipio colindante con Tetela de Ocampo y Zaragoza– necesita de una urgente atención de los poblados vecinos, pues desde hace año y medio la minera reportó extracciones importantes de oro y plata, en las que se utiliza el cianuro, además de generar contaminación de suelo, aire y agua en la región.

Ante ello, anunció que el próximo 24 de marzo se realizará un foro regional sobre el impacto ambiental y social de las comunidades en las que se instala un “proyecto de muerte”; mientras que el próximo 5 de mayo se efectuará una Asamblea Nacional contra las Minas, en el municipio de Tetela de Ocampo, donde la empresa Minera Espejeras –filial de Frisco– es propiedad de Carlos Slim Helú, el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes.

Durante la asamblea en Ixtacamaxtitlán –que contó con la participación de organizaciones sociales como Serranos Unidos, #YoSoy132, y Tetela hacia el Futuro, entre otras– los pobladores exigieron a la Secretaría del Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detener las consultas públicas “amañadas” y “tramposas” en las que no se permite el diálogo abierto entre las partes involucradas.

Asimismo, anunciaron que la asamblea de este domingo marcará una nueva etapa en la lucha de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla –donde están instalados al menos ocho proyectos mineros– con la intención de encabezar la resistencia civil en contra de la extracción de minerales, oro y plata del subsuelo, pues estas actividades producirían “la muerte para el ecosistema”.

“Queremos una verdadera consulta a los pueblos, no como las que organizó la Semarnat en Tetela de Ocampo donde prohibieron las pancartas, los gritos. Esas no son asambleas ni consultas (…) Queremos que las mineras se comprometan verdaderamente a beneficiar a las comunidades indígenas y no sólo extraigan el oro y la plata para enriquecerse. Necesitamos una ley que nos proteja y alguien que nos escuche, porque la delegada de la Semarnat no sabe ni toma decisiones”, apuntó Raymundo García López.

En su participación, Vanesa Andrea Ramírez Carsolio, maestra de Psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, advirtió que las autoridades estatales y las empresas mineras deben tener en cuenta la “licencia social” para instalarse en una región, a fin de no afectar los intereses, convivencia y medioambiente de la zona.

La postura también fue compartida por la especialista en temas de salud, Hilda Vázquez, quien advirtió que el uso de cianuro y de otras sustancias en el proceso de extracción del oro y plata, es nocivo para la salud, pues afecta el entorno en el que se instalan las factorías: “(Rafael) Moreno Valle (el gobernador de Puebla) habla del desarrollo económico para las regiones y por qué no habla de la muerte que está generando al medioambiente, a las plantas, al agua, al manto acuífero, a las personas, es sencillo: no le interesa la gente, ni las enfermedades de los más pobres, sino sus ganancias y repartir el pastel”.

Finalmente, Ninel Castillo, estudiante de Letras de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y miembro del movimiento juvenil #YoSoy132 Puebla, advirtió que los jóvenes se manifestarán y externarán su rechazo a los proyectos que busquen la imposición sobre la decisión autónoma de los pueblos: “No vamos a permitir que los derechos de las personas más pobres, indígenas, de los trabajadores, esté pisoteado por las empresas más grandes del país y del mundo”.

La empresa canadiense Almaden Minerals se estableció en la localidad de Tuligtic desde 2001, con una persogación mineralizada –según datos obtenidos en su página de internet– por más de un kilómetro en la zona de Ixtacamaxtitlán, donde existe “un sistema de venas amplio y robusto que atraviesa por altos grados de variedades de oro y plata”. La empresa reportó que 70 personas locales son las que trabajan en los programas de exploración y extracción, quienes “están activamente involucrados en la salud de la comunidad y proyectos de bienestar social”, como construcción de una escuela, de baños públicos, d un centro comunitario, mejoramiento de la iglesia local y de un hospital.

Surgen dos organizaciones contra vejaciones militares


Funcionarán como enlace con las autoridades, expone su dirigente, Leopoldo Soberanis

RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)

Tecpan, 10 de marzo. Con el propósito de acabar con las vejaciones militares en contra de la población, así como pugnar por el desarrollo económico, educativo, social y ecológico en los municipios de esta región, esta mañana fueron presentadas las organizaciones sociales Alianza de Derechos Humanos Guerrero Unido AC y Alianza de Desarrollo Regional Guerrero Unido AC, mismas que serán dirigidas por el luchador social Leopoldo Soberanis Hernández.

En entrevista, luego de la presentación que se llevó a cabo en la cancha de Usos Múltiples de la expo Tecpan, Soberanis Hernández dijo que las organizaciones funcionarán como enlace de comunicación con las autoridades militares y civiles para que no se den problemas como los que vivió la población en años pasados con la irrupción de las fuerzas armadas en varias comunidades de la región.

A pregunta de cuál era su opinión de la aparición de grupos de autodefensa en Costa Chica y el Centro del estado, manifestó que el surgimiento de esos grupos fue la única salida que tuvieron los pobladores cuando vieron en peligro sus intereses y patrimonio toda vez que fue rebasada la capacidad de protección de parte de la autoridad y apuntó que pronto los miembros de las nuevas asociaciones procurarán tener acercamientos con los miembros de esos grupos civiles.

Un reportero preguntó si se trataba de grupos de autodefensa sin armas y pacíficos, lo que Soberanis rechazó y puntualizó que mas bien las organizaciones pretenden lograr el desarrollo económico, social, educativo y de cuidado del medio ambiente tanto en los municipios de Costa Grande como en los de todo el estado, mediante proyectos ambiciosos que incluyan realizar gestiones para lograr la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Al consultar a Reynaldo Soria Juárez, uno de los miembros de la asociación, éste aseguró que se trata de grupos de autodefensa sin armas y pacíficos que impulsarán el progreso de los pueblos. Agregó que entre otras acciones buscarán quitar la idea de que en los pueblos de los municipios de Tecpan y Petatlán, la gente se dedica al narcotráfico, “lo que no es verdad, ya que aquí vive gente que quiere trabajar y sacar adelante a sus comunidades, a través del esfuerzo honrado”, asentó.

La presentación de las nuevas asociaciones se realizó ante los secretarios de Gobierno de Tecpan, Teódulo Benítez Beltrán; de Benito Juárez, Eduardo Torres León, y Atoyac, Felipe de Jesús Téllez; del coordinador regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Adelaido Memije Martínez, así como de representantes de dependencias federales y estatales.

Soria Juárez aseguró que desde que los pobladores de las comunidades de San Luis de La Loma y San Luis San Pedro denunciaron los abusos militares en su contra, éstos han disminuido considerablemente en esas localidades.

En septiembre del año pasado, más de 2 mil habitantes de las dos comunidades, así como de localidades de las partes alta y media de la sierra de este municipio, bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en inmediaciones del puente del río San Luis, para exigir la salida de los militares de esa zona, a quienes acusaron de cometer abusos contra la población y violar sus derechos humanos.

Critican familares de víctimas de la guerra sucia a la Comverdad por uso de los recursos


HÉCTOR BRISEÑO

Unas 30 personas que dijeron ser familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia entre los años 60 y 70 en Guerrero, aseguraron que los integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) han hecho mal uso de los 20 millones de pesos asignados por el gobierno de Guerrero para su operación.

En conferencia de prensa en el restaurante La Parroquia del zócalo de Acapulco, habitantes de más de 10 comunidades de Coyuca de Benítez, Tecpan, Atoyac y San Jerónimo exigieron que los integrantes de la Comisión sean removidos y se les haga una auditoría.

A nombre de los inconformes, Rogelio Vargas Pineda, manifestó que los 20 millones de pesos deben ser entregados a los afectados por la guerra sucia, unos 532 de acuerdo con los expedientes reunidos hasta el momento.

Al encuentro asistieron habitantes y representantes de las comunidades San Juan de las Flores, El Escorpión, El Porvenir, El Rincón de Las Parotas, San Martín, Colonia 19 de mayo, San Andrés, Pie de la Cuesta, El Guanábano, Petaquillas, Colonia Centro y algunos afectados de El Quemado.

Vargas Pineda sostuvo que la Comverdad no ha cumplido con los objetivos para lo que fue creada, y aseguró que “lo único que ha hecho es trascribir lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya tiene realizado”, por lo que exigió que se nombren nuevos comisionados.

Por separado, Arturo Gallegos Nájera, uno de los promotores de la Comisión de la Verdad, sostuvo que en dicha conferencia participó “gente acarreada” y consideró que Vargas Pineda busca que se le entregue algún recurso económico. Estimó que atrás de esta postura “hay una mano que mece la cuna”.

Consultado vía telefónica, el presidente de la Comisión de la Verdad, Enrique González Ruiz, expresó que si el Congreso del estado desea efectuar una auditoría al órgano está en su pleno derecho.

En cuanto a la propuesta de distribuir los 20 millones de pesos entre los afectados por la guerra sucia, señaló que el dinero no alcanzaría, además de que la comisión desaparecería.

Enfatizó que “lo que nosotros hemos propuesto es la aplicación de un plan integral de reparación del daño” e indicó que cualquier inconformidad del trabajo de la comisión se haga saber a través de las instancias correspondientes.

Subrayó que los integrantes de la comisión son personas se alta calidad ética y también manifestó su respeto por las personas que ofrecieron la conferencia en Acapulco.

Mencionó que “nuestro respeto para ellos si son familiares de víctimas, sus puntos de vista debieran ser analizados por el Congreso. No contenderemos con ningún grupo de familiares”, puntualizó
Agregó que los comisionados continúan visitando las zonas de conflicto recabando información, incluso poblaciones que desaparecieron por completo. Adelantó que el próximo 20 de marzo se llevará a cabo una audiencia con familiares de víctimas en la facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, y en abril la Comisión rendirá su segundo informe parcial. La Ley 932 por la que se creó la Comisión de la Verdad fue publicada el 20 de marzo de 2012, con el objetivo de investigar las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia de los 60 y 70 en el estado, y tiene una duración de dos años a partir de ese momento.

Oficio de Papel




· Corrupción y devolución de impuestos
· ASF solicita al SAT más información
· Hubo condonación de créditos fiscales

Cada año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devuelve miles de millones de pesos a grandes contribuyentes. Se trata de unos cuantos grupos empresariales que se aprovechan de los beneficios que otorga el Código Fiscal de la Federación y que, sin merecerlo, solicitan devoluciones por concepto de impuestos al valor agregado (IVA), sobre la renta (ISR), depósitos en efectivo (IDE), empresarial a tasa única (IETU) y derecho de trámite aduanal (DTA).

Hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó su informe sobre la cuenta pública 2011, en donde reporta que el gobierno de Felipe Calderón devolvió sólo en ese año 63 mil millones de pesos a 20 grandes contribuyentes. Sin identificar a las empresas para protegerlas de la crítica social, la ASF sólo refiere los sectores productivos que más beneficios obtienen por la devolución de impuestos: fabricación de camiones y tractocamiones; tiendas departamentales y supermercados; partes y refacciones nuevas para automóviles; alimentos; dirección de corporativos y empresas no financieras; producción de aves de corral; telefonía celular; almacenamiento con refrigeración; electrónica, y explotación, refinación y fundición de materiales no ferrosos.

Aunque el verdadero problema no es conocer sólo los nombres de los corporativos que se aprovechan torciendo la Ley a su favor, sino lo importante es saber si esas 20 empresas tenían derecho a la devolución de impuestos. Algunas fuentes hacendarias explican que el fisco devuelve tal cantidad de recursos a grandes contribuyentes sólo cuando tiene la aprobación del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, por que el gobierno de Enrique Peña Nieto por conducto del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, debe abrir una investigación, pues funcionarios de esa dependencia aseguran que en el sexenio pasado el gobierno de Calderón armó una red de corrupción que autorizaba la devolución de impuestos a grandes contribuyentes a cambio de comisiones del 10 por ciento, lo que significaría sólo en el año 2011 sobornos por más de 6 mil millones de pesos a funcionarios federales.

Motivado por el efecto producido por la denuncia pública que hizo la ASF sobre la devolución multimillonaria a los grandes contribuyentes, hace unos días el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, solicitó al titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, información sobre devolución de IVA a grandes contribuyentes y condonación de créditos fiscales en el último año de gobierno de Calderón. Esta solicitud está en el escritorio de Videgaray, quien determinará si se entrega esa información al órgano de vigilancia del Congreso, el cual tiene la obligación de investigar si hubo corruptelas, fraudes y sobornos sobre los impuestos públicos durante la administración panista del sexenio pasado.

El dilema para Videgaray, es que en el último tramo del gobierno de Felipe Calderón, el responsable de la hacienda pública fue José Antonio Meade y en consecuencia es corresponsable de esa devolución de miles de millones de pesos a las 20 grandes empresas, pero este mismo funcionario es ahora el secretario de Relaciones Exteriores del gabinete de Peña, lo que lo convierte también en una fuente confiable del gobierno actual para conocer a detalle los abusos que Calderón y su equipo cometieron con la devolución de impuestos y otorgar perdones fiscales.

El perdón fiscal

Durante las dos administraciones panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón), la información sobre devolución de impuestos, condonaciones y perdones de créditos fiscales siempre estuvo reservada para la opinión pública, con el propósito de evitar que los mexicanos se enteren de la facultad discrecional con que el gobierno federal aplica la ley para beneficiar a unos cuantos. Transparentar esta información es una obligación del nuevo gobierno para evitar que siga esa red de corrupción que devuelve impuestos y otorga perdones fiscales a cambio de beneficios económicos.

Por ejemplo cuando Agustín Carstens ocupaba la Secretaría de Hacienda, durante el gobierno de Calderón y antes de ser nombrado gobernador del Banco de México, reconoció haber perdonado discrecionalmente cinco casos de evasión de impuestos que involucraban nueve causas penales.

La Secretaría de Hacienda reconoció haber sobreseído cinco casos de evasión de impuestos entre julio de 2007 a junio de 2008. Con ello, se archivaron nueve causas penales abiertas en 2003, 2004 y 2006. Los empresarios privilegiados no se acogieron a ningún programa de la SHCP, simplemente se vieron favorecidos –luego de intensas negociaciones– por la decisión discrecional del titular de la dependencia, Agustín Carstens, exsubdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.

Se trata de una facultad del secretario de sobreseer, a discreción, expedientes abiertos por defraudación fiscal. Lo anterior se conoció como respuesta a una solicitud de información (0000600143908) presentada a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Hacienda reconoció que presentó cinco solicitudes de sobreseimiento ante el Poder Judicial de la Federación para cerrar nueve causas penales.

Sin embargo, en el sexenio pasado la Secretaría declinó informar los montos de las irregularidades detectadas y el nombre de los beneficiados por la decisión del secretario Carstens. La negativa iba acompañada de la frase “inexistencia de la información solicitada”.

El primer sobreseimiento de expediente abierto por fraude fiscal tuvo lugar el 27 de julio de 2007. Con él se cerró una causa abierta el 11 de marzo de 2004; el segundo sobreseimiento se concretó el 4 de septiembre de 2007. También involucraba una causa penal, la cual se archivó. El caso databa del 10 de enero de 2006. En ese mismo mes, pero el día 21, se concretó el tercer sobreseimiento solicitado por la administración de Agustín Carstens. Se cerraron dos causas abiertas el 2 de julio de 2003. El cuarto sobreseimiento se concedió el 13 de noviembre de 2007. Involucraba una sola causa penal que databa del 11 de septiembre de 2006.

Las cuatro causas penales involucradas en el quinto caso se sobreseyeron de la siguiente manera: una el 6 de junio de 2008, dos el 16 de junio de 2008 y la última el 27 de junio de 2008. La primera y la última causas habían sido abiertas el 12 de junio de 2003, mientras que las segunda y tercera, el 16 de noviembre de 2004.

Así, en año y medio de gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda concedió cinco sobreseimientos que involucraban a nueve personas. Sumados a los nueve que ocurrieron a lo largo de todo el sexenio de Vicente Fox, el panismo en el poder perdonó de manera discrecional a 14 empresas y, al menos, a 18 personas. A pesar de que esto ocurrió hace cinco y cuatro años, hasta ahora se desconoce quiénes fueron los beneficiados, a quienes se sumarían los correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Por eso el actual secretario Luis Videgaray tiene la obligación y responsabilidad de investigar la corrupción en las condonaciones y devoluciones de impuestos, además de informar puntualmente a la sociedad lo que el panismo hizo el sexenio pasado.

Fuentes de Hacienda explicaron que entre los perdonados se encontraban Alfredo Miguel Afif, del Grupo Miguel, e Ivonne Lidia Bardor Kaess, del grupo Tebo. En la respuesta a la solicitud de información, Hacienda destaca también que en los casos sobreseídos “el interés fiscal se encuentra pagado o garantizado a satisfacción del Fisco Federal (sic)”. Sin embargo, omite señalar que no todos los ciudadanos gozan de tal deferencia: aunque el contribuyente termine pagando los impuestos que evadió, el proceso penal en su contra se sigue de oficio.

En su alegato, la SHCP también justifica no haber entregado el monto de los impuestos evadidos y de las multas: “La Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones manifestó que no conoce ni posee información relativa a los montos pagados por los particulares (…) De conformidad con lo anterior, la unidad administrativa declaró formalmente la inexistencia de documentos en sus expedientes en los que conste el monto pagado por los contribuyentes, previo al ejercicio de la facultad de solicitud de sobreseimiento”.

Perdón fiscal, facultad “discutible”

El sobreseimiento de expedientes abiertos por delito fiscal debe dejar de ser una facultad discrecional del titular de Hacienda o por recomendación del jefe del Ejecutivo, pues sólo favorece a los grandes contribuyentes que en campañas electorales apoyan con recursos económicos a los candidatos.

Las autoridades fiscales han utilizado los “subterfugios” que permite la ley para condonar multas por el incumplimiento en el pago de impuestos, por lo que debe simplificarse la ley y que el contribuyente no tenga un tortuoso camino para pagar los impuestos, pero quien no cumpla deberá ser sancionado.

Mientras la autoridad otorga perdones fiscales a las grandes empresas, los contribuyentes menores y asalariados deben pagar puntualmente sus impuestos o enfrentarse a multas y recargos, con la siempre amenaza de ir a prisión si no cumplen. También las micro y pequeñas empresas son perseguidas ferozmente por el fisco, cuando su situación económica se ha visto deteriorada por las equivocadas políticas públicas en materia económica y para ellas no hay perdón fiscal.

La facultad del secretario de Hacienda para perdonar a discreción a los contribuyentes omisos, se encuentra en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, el cual señala:

“Los procesos por los delitos fiscales (…) se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el ministerio público federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera.”

Este artículo propicia un trato desigual e inequitativo entre los contribuyentes. Además, se trata de una facultad discrecional que da pie al ejercicio de una política de terrorismo fiscal, evidente en la persecución contra algunos gobernados. También propicia problemas de corrupción de servidores públicos.

Por eso ese artículo 92 del Código Fiscal que faculta a la Secretaría de Hacienda a sobreseer de forma discrecional los procesos por delitos fiscales es inconstitucional, pues el artículo 102 de la Constitución establece que el ejercicio de la acción penal corresponde sólo al Ministerio Público, por tal motivo Hacienda no puede ejercer o perdonar esa acción penal.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Venezuela: De ética en la política, sucesiones y desafíos

Irene León

ALAI AMLATINA, 11/03/2013.- Punto obligado el 8 de marzo pasado, día de la posesión de Nicolás Maduro, como Presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, fue la dignidad, tal como enseñó Hugo Chávez, a quien juró lealtad absoluta por ser pueblo y por estar allí en nombre de éste. Esta banda –la presidencial- le pertenece a él, dijo, a la vez que hizo un recuento de su historia militante y de su compromiso con el proceso popular en marcha.

La palabra clave fue lealtad, al proceso y al líder, lealtad que las figuras de la revolución bolivariana han cultivado cuidadosamente en estos años, al punto de convertirla en el argumento que explica hechos históricos clave, tales como la liberación y la restitución del poder al Presidente, después del golpe en abril de 2002.

La lealtad, cualidad predilecta de Chávez, sembrada a gran escala, es sin duda una de las explicaciones de la monumental ‘marea roja’, nacional e internacional, que ha convocado a unos cuatro millones, desde hace varios días a las calles de Caracas, para agradecer, para rendir homenaje y, más aún, para ratificar compromisos.

La segunda palabra clave en esto es el ejemplo, o más bien la coherencia entre palabra y hechos, virtud que Chávez practicaba y destacaba al rememorar el ejemplo del Che. El cumplimiento de la palabra dada, con un sentido de urgencia en el encaminamiento del compromiso con el pueblo, entendido como ‘compromiso con’, encierra una dinámica relacional inherente a la participación popular protagónica, que estimula sin duda el sentido de reciprocidad que el pueblo expresa ahora.

Por su parte, el pueblo, actor central del proceso revolucionario, se asume como co responsable de éste, reconoce y se reconoce en los valores sembrados por su líder, por eso, a la vez que agradece materialidades (vivienda, alimentación, salud), enfatiza en el amor y la dignidad recobrada, en el sentido de lo colectivo conceptualizado como patria. El pueblo reconoce y se reconoce en los liderazgos que se han forjado en el proceso revolucionario, los postula y defiende como propios, porque sí son propios, son salidos de sus filas.

“Nací en casa de palma con piso de tierra… Mi papá era negro y mi mamá catira …crecí con los cuentos indios de los llanos…” decía un Chávez orgulloso de su origen, es más, “Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría a papá dios: mándame al mismo lugar” enfatizaba, valorando su Sabaneta rural. Así mismo, Maduro vindica su origen obrero “…lo digo con mucho orgullo: fui conductor del metro de Caracas, fui dirigente sindical, aquí están mis compañeros y compañeras” dijo, cuando replicaba a las burlas clasistas que hacía la derecha sobre su origen y aquel del Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, llamándolos de “el chofer y el soldadito”.

Con igual altura, Cabello que fue parte de la gesta del 4 de febrero del 92, personaje clave en la restitución del Presidente Chávez en el poder en 2002 y que como camarada lo conoció de cerca, coloca un desafío mayor “…ahora que hemos dicho que todos y todas somos Chávez, tenemos por delante el reto de serlo” dice, a sabiendas del tamaño de la visión humana, política, ética e intelectual, que se propone emular.

El planteo de “ser Chávez” en un contexto donde -como lo señala la Vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano, Ana Elisa Osorio-, la democracia participativa y protagónica es proyecto y se ejerce, implica una superación humana que compromete por igual a pueblo y a líderes. Eso marca unos criterios éticos y políticos que definen al liderazgo bajo principios que distan a años luz del clasismo burgués.

La burguesía tendrá, entonces, que adaptarse o más bien dejar de ser tal, pues a más del poder popular ya constituido, empiezan a surgir las figuras de una nueva camada “hecha en revolución”, cuyos referentes éticos ya están marcados tanto por los valores que Chávez expuso, como por las muestras de coherencia entre discurso y práctica, tangibles en los avances significativos de una propuesta de igualdad, soberanía, visión de patria grande, entre otros.

Quienes están creciendo en un ámbito de participación popular protagónica, con el horizonte del Socialismo del Siglo XXI -que implica un proceso de construcción desde lo propio, con pensamiento propio-, muestran ya la influencia de los antes mencionados referentes humanos y exponen unas nuevas proyecciones de vida. De hecho, muchas niñas y niños “quieren ser Chávez” cuando sean grandes, es más, los entrevistados en la “marea roja” ya dicen serlo. Asimismo, quienes viven un día a día de solidaridad, como la mostrada por los miles de médicos y médicas cubanas en sus barrios, defienden ahora ese referente que, a otra escala, Fidel ejemplificó cuando se apersonó de los cuidados de la enfermedad de Hugo Chávez.

En eso de enseñar con el ejemplo, los referentes de lealtad, compromiso, perseverancia, tienen en el proceso revolucionario presencia cotidiana, con figuras diversas del poder popular tales como: Tibisay Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral; Luisa Estela Morales, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; Blanca Eekhout, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional y Ex Ministra de comunicación; Gabriela del Mar, Defensora del Pueblo; Cilia Flores, Procuradora General de la República, Ex Presidenta de la Asamblea Nacional; Elías Jaua, Canciller y Ex Vicepresidente; Nora Castañeda, Presidenta del Banco de la Mujer; y un largo etc.

En síntesis, Hugo Chávez deja encauzado un cambio de valores, existe un importante entorno confluyente con estos, el pueblo los respeta y quiere reconocerse en ellos, pero su afianzamiento es uno de los grandes retos para sus sucesores /as, pues como dice el Presidente Maduro, “…todos y todas venimos de la sociedad capitalista y estamos apenas emprendiendo la transición al socialismo” con una visión propia, que ya no se circunscribe apenas al ‘determinismo económico’, sino que plantea la creación de una nueva humanidad, de unos nuevos valores, de la conjunción de muchas dimensiones humanas en una sociedad con idiosincracias y culturas propias.

El sucesor de Hugo Chávez no es un burgués “… ni un hijo de burgués, es un hombre del pueblo…” usa insistir con contundencia, se conoce de él el éxito de la puesta en marcha de una política exterior, que logró posicionar las dos propuestas mayores del cambio internacional levantadas por Chávez: la integración latinoamericana y la construcción de un mundo multipolar y anti imperialista, que han acordado a Venezuela un papel relevante en el contexto mundial de hoy.

Lo hemos visto llorar por Hugo Chávez con frecuencia en estos días -al igual que lo hicieron los Presidentes de los países del ALBA y de otras partes- y lo hemos visto mostrar afectos, como lo han hecho militares, militantes, y hombres del pueblo. Esos son unos signos de quela revolución socialista y feminista impulsada por Chávez está transformando la cultura política machista y sus rituales, que antes anteponían protocolo a emociones, que valoraba más las apariencias que los sentimientos de fondo.

En síntesis, en este contexto de transición y como resultado de estos primeros 14 años de proceso revolucionario, el pueblo venezolano cuenta con: una Constitución que pauta el horizonte de cambios; una agenda estratégica definida en el Programa de la Patria 2013 - 2019, un compendio programático que contiene cinco objetivos históricos, que definen la transición al socialismo en contexto y tiempos propios, con una mirada nacional, regional y planetaria; y cuenta, sobre todo, con un bagaje de vivencias colectivas experimentadas por el pueblo en el proceso de refundación de la patria, es decir con una construcción histórica compartida que ya enuncia compromisos con la transición al socialismo, como se ha podido constatar en estos días.

Son esos elementos: pueblo, propuesta y proyecto, que son Chávez, es a ese legado que el pueblo alude cuando dice Todas y todos somos Chávez, y Maduro lo tiene claro cuando enfatiza en que la única forma de lograr ser Chávez “...es que estemos juntos y permanezcamos unidos. Todos juntos somos Chávez, por separado no somos nada y podemos perderlo todo…” dice y habla del carisma, de la inteligencia, de la fuerza espiritual y otras virtudes combinadas que él sí tenía, pero que para cualquier otra persona común son una aspiración.

La revolución tiene como fin último los principios, la felicidad, ‘la mayor cantidad de felicidad posible’, decía Chávez, y para lograrlo, la agenda inmediata implica la unidad, solidaridad y compromiso con el proyecto. Son tiempos desafiantes, que se desarrollarán sin la expresión cotidiana de su sabiduría, toca entonces maximizar ese legado de sabiduría que él esparció en el pueblo y de los altisimos valores y pensamiento propio que irradio en su entorno político.

“Díganle a Fidel que él verá una revolución triunfante en América Latina”, dijo el Che en sus últimos momentos de vida, y Hugo Chávez dejó todo enrumbado para que eso suceda a escala de Patria Grande y que la Venezuela bolivariana sea el alba de ese gran proyecto.

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ALERTA CLARA LUZ ÁLVAREZ DE PROBABLE TENTACIÓN DEL ESTADO POR INCIDIR NEGATIVAMENTE EN LA BANDA ANCHA




* “Es como si hoy en día, hablando de libertad de expresión, tuviéramos a un estado garantizando que la plaza pública va a funcionar”

Puebla. Pue., a 11 de marzo de 2013

Elevar la banda ancha a términos constitucionales, para Clara Luz Álvarez pondría en bandeja de plata al Estado Mexicano “la tentación” también de incidir negativamente en el derecho a la información y la libertad de expresión. “Hoy en México no tenemos ese problema, pero no es algo positivo que los gobiernos se estén metiendo en estos temas como un equivalente a la libertad de expresión y el derecho a la información”.

“Es como si hoy en día, hablando de libertad de expresión, tuviéramos a un estado garantizando que la plaza pública va a funcionar”, destacó la experta en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información porque “es un tema no nada más de poner los fierros para hacerla funcionar”.

Durante su participación en la mesa nuevas tecnologías, crecimiento de las audiencias y derecho a la libertad de expresión, que se desarrolló dentro del marco de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, la también miembro de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), destacó que “una cosa son las políticas públicas necesarias y otra que se vincule o se le compare (a la banda ancha) al derecho a la información o la libertad de expresión”.

Por otro lado, en cambio, la parte de beneficio para la sociedad sería que en un momento determinado, al llevarse a rango constitucional ahora que está a debate la Ley de Telecomunicaciones, “implicaría que cualquiera que habite este país, podría demandar al estado mexicano diciéndole yo no tengo acceso a internet de alta velocidad, por tanto estás violando mis derechos constitucionales”.

Entonces, agregó Álvarez González de Castilla, los desafíos que enfrentamos es ponerlo o no en la constitución. “Algunos países ya lo tienen mientras otros como Finlandia y Suiza no. Lo único que dijeron fue: ustedes operadores de telecomunicaciones están obligados a proveer banda ancha, pero eso es algo distinto”.

Para el caso de la ciudadanía, dijo, es claro que todos queremos tener un mayor desarrollo o ejercicio más pleno a la libertad de expresión y el derecho a la información y sin acceso a Internet la gente se queda nada más con lo que dice la TV, la radio o los medios impresos; en cambio, al acceder a Internet, tienes un acceso ilimitado, siempre y cuando el gobierno del país no intente bloquearlo como el China, Cuba u otros.

Por otro lado, Clara Luz Álvarez mencionó que a diferencia de los empresarios de la televisión, las empresas de medios impresos se han alejado de los debates sobre banda ancha tanto en México como en la Unión Internacional de Comunicaciones, cuando el futuro de la comunicación es la creación de multiplataformas para poder estar en la competencia.

“Si estuviera en una empresa de comunicación de impresos me interesaría que el gobierno enfocara sus esfuerzos en alfabetizar digitalmente a la población porque finalmente ahí es donde va a ir el mercado de los medios y, además esa alfabetización digital sería la manera de hacer crecer mi audiencia”, destacó la experta.

Además, el tema de las frecuencias “se convierte en un tema vinculado a la libertad de expresión por la banda ancha, porque el futuro ya apunta hacia la banda ancha, mientras la TV está viviendo horas extras”.

Al hablar de las nuevas tecnologías, la integrante del Consejo Directivo de la Fundalex añadió que “lo interesante del cambio de paradigma no es solamente que la prensa debe migrar al mundo digital, sino que el mundo digital se debe concebir multiplataforma. Es decir, tener un sitio web no es lo único, sino debemos pensar en convertirnos en generadores de contenidos multiplataforma, donde pueda explorarse la información en sitios web, a través de mensajes de texto en dispositivos móviles, etc.”.

Otro de los cambios es que antes la ciudadanía se basaba únicamente en lo que decían los medios impresos, pero ahora obliga a que los medios consideren también a la ciudadanía como generadora de contenido y puede ser tan relevante que como el que puede hacer un periodista de profesión. “Esto quiere decir que no solamente con convertir a los medios de comunicación al mundo digital, con eso se satisfará el mundo contemporáneo. Así pues, debemos ver la manera de cómo incorporar estos contenidos ciudadanos, que algunos serán valiosos y otros no y cómo mezclarlos”.

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