domingo, 9 de agosto de 2009

Denuncian indígenas de la Huasteca “guerra de baja intensidad” del gobierno


Fuente: La Jornada de Veracruz

Un fantasma recorre la Huasteca: Emiliano Zapata.

Hoy, como hace 100 años, preocupa a los gobiernos federal y estatal de Veracruz. Por ello, disfrazados de aboneros, infiltran a informadores políticos para espiar a las comunidades indígenas; envían a los militares y policías federales a intimidar a ejidatarios, organizaciones indígenas y campesinas, así como un disfrazado combate al narcotráfico que en realidad busca exterminar la organización social, por lo que los habitantes de Benito Juárez, Chalma, Ixhuatlán de Madero, Huayacocotla y otros municipios del norte del Estado, sienten miedo de ser encarcelados sólo por pedir que se respeten sus derechos constitucionales.

En una entrevista realizada en un parque de la capital del Estado, previa a una autorización que en asamblea de representantes de las diversas comunidades de la Huasteca veracruzana, les dieron para realizar la denuncia, los indígenas Braulio Morales y Alejandro Bautista Lucia, miembros del Frente Oriental de México “Emiliano Zapata” (FDOMEZ), dijeron que la militarización se recrudeció en la zona norte del Estado, el operativo México Seguro entró allí “porque somos comunidades organizadas y ahora esa organización la quieren ver ya no como antes, de guerrilla, sino como parte del combate al narcotráfico”.

Así, el gobierno federal justifica la entrada de las fuerzas federales a las comunidades indígenas, señalaron: “el 21 de julio y el 28 de julio, bajaron dos elementos al municipio a informar que entraría la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) y la PGR (Procuraduría General de la República) y habría más Ejército, entrarían a las comunidades, que la entrada sería legal pidiendo un permiso ante los comisariados ejidales para que le den paso, para nosotros como organización no es lo que ellos se plantean perseguir”.

Más que la delincuencia organizada en México, hay que recordar “que el gobierno ha modificado las diferentes leyes que nos amparan como organizaciones sociales, entonces, ante eso, cada movimiento y en cada asamblea comunitaria que se realiza ellos (los militares) lo toman como una delincuencia organizada”.

“Al modificarse la ley judicial ahora hay mayor intervención, cada vez más del Estado mexicano en zonas marginadas, ¿por qué?, porque las zonas marginadas para el gobierno son un alto riesgo, es una zona de peligro, porque para ellos ahí se puede encontrar la delincuencia organizada”, dijeron y se cuestionaron ¿pero cuál es la delincuencia organizada en esa zona? Es luchar por los derechos más elementales de cada comunidad, luchar por la tierra, por los derechos sociales, eso es para el Estado la delincuencia organizada”.

¿Cuál sería el papel del gobierno ante la sociedad de los pueblos indígenas?, pues es claro, “callar con la intimidación, callar con el temor, como siempre han hecho, desde hace 30 años hemos dicho ya basta de mentiras, de tanta represión”.

Las asambleas de indígenas son vigiladas por las fuerzas federales

Las asambleas son organizativas para ver si hace falta algo a la comunidad, ver problemas de tierra, que si los otros hermanos están mal los apoyamos, ahí se hacen, se planean las actividades como el 21 de enero, 10 de abril, se planean las del 15 y 16 de septiembre, que a nivel nacional se hacen, como en México las recordamos, porque como mexicanos tenemos el derecho de la libre determinación de manifestación, de expresión, precisó Braulio Morales.

Sin embargo, los gobiernos “temen que planeemos cosas de alto riesgo, claro que lo que queremos en todo tiempo es que se resuelvan nuestras necesidades”.

En cada comunidad hay asambleas internas del ejido, porque en cada comunidad organizada tiene que definir a veces por sus autoridades, por cuestiones administrativas o por problemas internos de la comunidad, entonces uno tiene que resolver”.

La inteligencia del gobierno federal se disfraza de aboneros

Hay inteligencia del gobierno, hay comisionados disfrazados de aboneros que se introducen a las comunidades, vendiendo cosas a bajos precios, hacen amistad con la gente pero en realidad observan las comunidades, graban que están reunidos en tales comunidades y lugares y a los minutos llega el Ejército, o la Policía Federal y empiezan los seguimientos a indígenas, hay miedo, hay temor, denunciaron los miembros de FDOMEZ.

Los indígenas tienen miedo y eso es lo que nos preocupa, “porque a nosotros nos interesa la tierra y su producción de cultivos para comer, claro que la lucha no termina con tener la tierra porque hay otras carencias, que ven el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, FEDOMEZ-FNLS (Frente Nacional de Lucha por el Socialismo).

El temor que tenemos como luchadores sociales –expresaron– es que en algún momento nos pueden detener y desaparecer, porque cada luchador social es considerado como delincuente organizado por el gobierno federal.

Nosotros luchamos por la vía democrática, pero a nosotros nos vinculan con grupos armados, como el EPR o EZLN, que ni siquiera tenemos algo que ver, comentaron, “por eso nos preocupa hoy la militarización”.

El permiso para la militarización de la Huasteca

El permiso de las fuerzas federales fue al presidente municipal de Chalma, también en Hidalgo, en Huautla, Hidalgo, allí se informó en asamblea general, allí llegó una mujer de la SIEDO a dejar documentos, pero “sí el ejército entró para justificar las fuerzas federales, ellos pueden sembrar enervantes y armamentos y con eso tendrá suficiente para justificar la entrada y detener a nuestros compañeros”.

El gobierno del Estado viene en parte de esa entrada de militares y policías federales, son los dos, ellos aunque tienen conocimiento no intervienen a nuestro favor.

Comunidades con miedo ante las fuerzas federales

¿Qué comunidades tienen la angustia de la persecución? En la parte de Hidalgo, entre los límites con nuestro Estado, están los Tuguaco II, Tuguaco, Amagzinga y Mecatepec, en el lado de Veracruz está la 21 de Julio del municipio de Chalma, Felipe Ángeles, Francisco Javier Mina, ahí ha llegado la policía a disparar, inclusive en abril se hizo una conferencia de prensa en la casa del campesino de Tecoluco.

Nosotros tenemos ahí una casa que desde hace 30 años se recuperó –expusieron–, porque se la había apropiado un cacique y esa casa la ocupamos para actos culturales, reuniones de carácter organizativo, o para algún aniversario, como el 10 de abril el aniversario de Emiliano Zapata, esa casa está observada por la inteligencia, “ahí nosotros mantenemos como comunidad la vigilancia de esa casa, porque está también ocupada por el Comité de Derechos Humanos de la Huasteca, sí, ahí han llegado periodistas del país, derechos humanos, entonces ellos manejan que en esa casa hay armamento, entonces nosotros decimos ¿en dónde se supone que está lo que ellos suponen?

–¿Qué hacían los soldados en los campamentos permanentes desde 1999?

–La militarización ya existía, por lo que no es creíble que ante el asentamiento de los campamentos militares permanentes hoy busquen drogas, ¿pues entonces, esos soldados que ya estaban allí no se dieron cuenta?

Los campamentos militares se asentaron en Llano Grande, Tempoal, Llano de Enmedio, Pisaflores San Lorenzo, Achiotempa, Tihuatlán, La Jabonera, Benito Juárez, “pero siempre violando los derechos humanos de los indígenas, persiguiendo a mujeres, espantando a los niños, lo que nosotros llamamos Guerra de Baja Intensidad desde 1999 ” y que se reforzó en el 2006.

Por ello, la inconformidad de miembros de la Organización Popular de Veracruz, Tierra y Libertad 11 de Mayo de Benito Juárez; Comités Agrarios del Norte de Veracruz (CANVEZ) de Chalma; la Organización de Pueblos Étnicos “José María Morelos y Pavón” (OPE); la comunidad de Heberto Castillo; la comunidad rancho nuevo en Ixhuatlán de Madero.

Porque dijeron que en todas las comunidades de la Huasteca veracruzana, “en toda esta parte hay rezagos agrarios y la pobreza es grave, hay gente que come hierbas porque ni para la tortilla alcanza y si no hay comida, menos armas y drogas”.

Jornada por la Justicia en la Masacre de Acteal


Estimadas, estimados:

La próxima semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá otorgar amparo a un grupo de paramilitares presos por su autoría material en el caso de Acteal.

El argumento de la SCJN es que durante el proceso penal hubieron faltas al debido proceso, situación común en la mayor parte de los casos juzgados en México, de esa forma se estará juzgando el procedimiento (la forma) y no el fondo de un crimén de lesa humanidad.

Por el fallo de la SCJN existe el riesgo de que nuevamente un caso, que agravia la memoria de nuestros pueblos, quedé en impunidad al resolver faltas al procedimiento omitiendo la responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal; en ese mismo sentido la Procuraduría General de la República (PGR) quedará con las manos limpias al liberar a paramilitares presos que encubren un crimen de Estado.

En esta ocasión les enviamos una invitación de familiares de las victímas y sobrevivientes de la masacre de Acteal para denunciar la impunidad con que han actuado las distintos niveles de gobierno en la masacre de Acteal.

Les pedimos estar pendientes de nuevas acciones a programarse en los siguientes días, también pueden visitar nuestra página web www.frayba.org.mx en donde estaremos subiendo la información relevante del caso.

Saludos cordiales
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.

La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de la Comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, invita a participar en la Jornada de Acción por la Verdad y la Justicia. “Acteal 11 años de impunidad. Una nueva acción para encubrir el crimen de Estado”, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de agosto del 2009, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Plaza de la Resistencia. Para ejercer nuestro derecho de exigir justicia y verdad, de que la masacre de Acteal no se repita y de encontrar juntos una nueva justicia con dignidad.

El día 12 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará por liberar a varios de los paramilitares que son Autores materiales de la Masacre de 45 indígenas tsotsiles en nuestra comunidad de Acteal realizada el 22 de diciembre de 1997.

Por eso, invitamos a todas las organizaciones solidarias a sumarse a esta Jornada y realizar actos simultáneos en sus lugares de origen exigiendo castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como, justicia por este crimen de lesa humanidad.

• Lunes 10 de agosto de 2009

- 11:00 horas
Conferencia de prensa, con el tema: “Acteal 11 años de impunidad.
Una nueva acción para encubrir el crimen de Estado”

- 12:00 a 20:00 horas
“Jornada Cultural contra la Impunidad”
- Presentación de Videos
- Obras de Teatro
- Música tradicional
Sede: Plaza de la Resistencia.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.


• Martes 11 de agosto de 2009
- 8:00 am a 20:00 horas
Jornada de oración y ayuno por la Verdad y la Justicia
Sede: Plaza de la Resistencia.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Convocan:

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C (Frayba)
Comunidad de Acteal. A 7 de agosto de 2009.

Divide festejo del Día Internacional de Pueblos Indígenas a etnias del estado

Solís Cervantes y Crispín De la Cruz confrontan a los grupos, acusa la CEI

Fuente: La Jornada de Guerrero

MARLEN CASTRO Y FRANCISCA MEZA (reportera y corresponsal)

En su día, los pueblos indígenas de Guerrero dejaron ver el tamaño de su división con un acto oficial y otro de protesta que se llevaron a cabo a pocos metros de distancia uno del otro, en la capital del estado.

En el oficial, en el interior del salón de eventos sociales La Curva, el impugnado delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Gonzalo Solís Cervantes, y el secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado, Crispín de la Cruz Morales, inauguraron el foro Derechos y aspiraciones de desarrollo de los pueblos indígenas para conmemorar el día internacional, cuyos resolutivos servirán para elaborar el plan de desarrollo del año 2010.

En el de protesta, afuera de ese salón, las agrupaciones integradas a la Convención Estatal Indígena (CEI) exigieron la renuncia de Solís Cervantes al frente de la CDI y denunciaron un contubernio entre éste y De la Cruz para dividir a los pueblos indios.

Para manifestar el tamaño de su rechazo quemaron un libro impreso titulado Consulta a los pueblos indígenas sobre sus formas y aspiraciones de desarrollo, editado por la CDI nacional, con base en el cual, adentro, indígenas de otras organizaciones participaban en el foro a través de seis mesas de trabajo.

Tan divididos están los indígenas guerrerenses que quienes se movilizaron en contra de la designación de Solís Cervantes, tampoco pudieron coincidir en la protesta en su contra, pues la Coordinadora de Organizaciones y Pueblos Indígenas no se juntó con quienes integran la Convención Estatal Indígena.

Daniel Sánchez Néstor, integrante del Consejo de la Nación Amuzga e integrante de la CEI, señaló que con el acto oficial “Crispín y Gonzalo se dan respiración de boca a boca”.

Los manifestantes desplegaron en el acceso del salón cartulinas en las cuales dos ratones personificaban a ambos funcionarios y uno y otro se echaban porras.

Sánchez Néstor y todos los integrantes de la CEI que hicieron uso de la palabra llamaron “traidores” a los funcionarios, en particular, se refirieron a que con tal de legitimar a Solís Cervantes se aliaron “con la ladrona más grande del estado de Guerrero y quien más daño ha hecho al movimiento indígena, Aceadeth Rocha (ex alcaldesa de Xochistlahuaca y actual diputada local)”.

En entrevista, el dirigente indígena señaló que la supuesta elaboración del plan de desarrollo indígena es una simulación, pues la CEI ya ha trabajado en los pueblos de Guerrero y por lo tanto ya existe ese plan.

Señaló que no aceptarán ningún plan surgido de este supuesto proceso de consulta, pues ya hay propuestas y hasta una metodología al respecto y que lo que exigen es la renuncia de Solís para que los pueblos indígenas salgan adelante.

Consultado por su lado, Solís Cervantes aseguró que los resolutivos del foro servirían para elaborar el plan de desarrollo 2010 y que tiene presencia en los 46 municipios indígenas de la entidad. Desestimó las protestas en las puertas del acto oficial y señaló que su nombramiento obedece a la autoridad que tiene la oficina nacional de nombrar a los delegados estatales y que seguiría al frente del cargo.

Brigadas médicas para el sector

En tanto, en Zihuatanejo, sólo con la instalación de una exposición de muestras artesanales el municipio empezó con las celebraciones del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sector que sufre principalmente de la falta de atención médica, reconoció el director de Asuntos Indígenas, Francisco García de Tejada.

Para festejar su día, establecido el 9 de agosto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno municipal les permitió que instalaran mesas con artesanías, bisutería y ropa fabricada por ellos mismos.

En el mismo lugar también se colocaron unos módulos para que tuvieran acceso a revisiones médicas y hasta un puesto donde les regalaban abate para combatir el dengue.

Como miembro de esta comunidad, explicó que por tener sus propias fuentes de vida los indígenas no pueden tener acceso a los servicios de seguridad social por lo que el poder llevarles atención médica adecuada es uno de los retos que se les presenta pues muchas de las persona de la tercera edad sufren de diabetes o hipertensión enfermedades que resultan costosas.

Por fin un censo

En el municipio no se tenía un censo de los indígenas radicados en el municipio por lo que a inicio de año la dirección empezó un censo mediante el cual arrojó que existen 2 mil personas; muchos de ellos llegaron al municipio desde hace más de 30 años por lo que están completamente establecidos.

Las lenguas que debido a esto existen en el municipio son la náhuatl, mixteca, zapoteca, tlapaneca y amuzga y se detectó una pareja que recién llegó a la ciudad que habla popolaco.

Corta CFE el servicio a 6 pozos en Jiutepec

Fuente: La Jornada de Morelos

Escrito por JOSE LUIS GARCITAPIA
Sábado, 08 de Agosto de 2009 00:00

JIUTEPEC. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó ayer el suministro de energía a 6 pozos de agua de Jiutepec, que dan servicio a 6 colonias populares, debido a un adeudo de más de 5 millones de pesos.

Sin embargo, el director del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec, Eder Rodríguez Casillas, anunció que está asegurado el suministro del vital líquido, toda vez que se han colocado plantas generadoras de energía para operar los pozos.

Explicó que el organismo negocia con la CFE un acuerdo para reestablecer el servicio de energía eléctrica en los pozos y tener facilidades para cubrir el adeudo existente con la paraestatal y confió en que habrá una solución a corto plazo a este problema.

Las colonias que reciben agua de dichos pozos son Pino, El Porvenir, Morelos y Jardín Juárez, principalmente.

Respecto al adeudo, Eder Rodríguez indicó que éste supera los 5 millones de pesos y reconoció que el organismo tiene una cartera vencida de 25 millones de pesos, toda vez que el 48 por ciento de los usuarios mantiene adeudos.

Explicó que por años el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec ha absorbido dicho rezago en el pago por parte de los usuarios, a quienes recordó que el organismo no recibe ningún subsidio.

Indígenas de Las Pesadas, olvidados por los gobiernos de Colima y Jalisco

Los 80 pobladores de la comunidad carecen de agua potable, escuela y centro de salud

Fuente: La Jornada de Jalisco

La riqueza natural del área, explotada por mineras que contaminan los arroyos

JUAN CARLOS G. PARTIDA (Enviado / I Parte)

Las Pesadas, limites entre Colima y Jalisco, 7 de agosto.- En Guadalajara las autoridades estatales panistas trabajan a marchas forzadas para limpiar donde vea la suegra y ofrecer la imagen artificial de una ciudad ordenada y lustrosa ante la visita y reuniones que tendrán los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México durante domingo y lunes.

A 220 kilómetros al sur de la capital jalisciense, en este pequeño poblado corazón del conflicto de límites territoriales con el estado de Colima, Elodia Ramos Flores, indígena nahua de 71 años de edad, se pregunta: “¿Quién es Omama?”

Como Elodia, el resto de los 80 pobladores de Las Pesadas sufren por falta de agua corriente para lavar, asearse o beber, por el dispensario médico sin medicinas ni doctor, por la ausencia de un cura en la pequeña iglesia y por el cierre de la única escuela bilingüe que enseña náhuatl y español en Jalisco.

A cambio la mujer, habitante de toda la vida de Las Pesadas, mira a su alrededor y ve policías municipales de Minatitlán, Colima, otros uniformados de la Policía Estatal y patrullas sin rotular de la Policía Judicial con empistolados vestidos de civil, también de esa entidad federativa. Suspira y sin dirigirse al reportero, intermedia a través de su compadre, otro nahua como todos los que viven aquí: “Yo siempre he sido de Jalisco”.

Sustenta su dicho con una credencial electoral. El documento federal señala su nombre, edad y dice al calce: “Las Pesadas sin número, localidad de Las Pesadas, Cuautitlán de García Barragán, Jalisco”.

El ejemplo cunde y varios lugareños comienzan a sacar su credencial de elector para confirmar que aunque viven en una comunidad que las autoridades colimenses tienen sitiada con gente armada por considerarla como su territorio, ellos se afirman jaliscienses así sea del último confín del estado.

De poco vale su pretensión. La falta de servicios públicos, de salud y escolares es una represalia directa de las autoridades de Minatitlán, Colima, que proveía esas prestaciones, luego que los lugareños decidieron empadronarse en Cuautitlán para ostentarse como habitantes de lo que en Colima consideran un estado invasor. Ostentación vana, además, porque de Jalisco no reciben nada.

En la capital de Colima tampoco el gobernador Silverio Cavazos parece muy preocupado por el estado de tensión que hay en el lugar desde que el lunes 27 de julio 150 nahuas del Ejido de Ayotitlán llegaron a Las Pesadas para ejecutar la sentencia definitiva dictada por el magistrado del Tribunal Agrario del Décimo Tercer Distrito (expediente 52/95), que les permite tomar posesión de 40 hectáreas y recuperar una parte de sus tierras ancestrales, lo que fue impedido por la policía colimense que desde entonces reforzó su presencia en el lugar ante el plantón permanente que dejaron los indígenas tras su llegada.

Cavazos, recién terminadas sus vacaciones, reaparece en público para la presentación del libro Caracterización multivariante del perfil del joven colimense, editado por la Universidad de Colima. Al término del acto realizado en la Pinacoteca Estatal, Cavazos minimiza la situación y señala en entrevista que no se trata de una nueva edición de las periódicas tensiones que se dan con Jalisco en un problema de indefinición territorial que tiene 89 años en litigio.

“Es un incidente menor, hemos platicado con el gobernador de Jalisco (Emilio González Márquez) cuando se trata realmente de incidentes mayores; yo estoy seguro que él no tiene nada que ver en esto, ni las autoridades de Jalisco, porque no es un tema de autoridades con autoridades, es un tema de un vival que está asesorando malamente a un grupo de ejidatarios y pretende a través de actos de facto llevar a cabo acciones delincuenciales que por supuesto no vamos a permitir”, dice.

Elodia, quien tiene que caminar hasta 12 kilómetros para ir por agua a uno de los pocos manantiales que no han sido contaminados por las mineras Peña Colorada o Monclova que explotan los ricos yacimientos ferrosos en la zona y en sus procesos echan a perder las cuencas naturales del vital líquido, regresa al plantón para ofrecer una jarra de agua a los nahuas que conforman el grupo de resistencia.

“Aunque no lo quieran en Colima somos de Jalisco, aunque no quieran en Jalisco tampoco”, sintetiza la vieja indígena, mientras llena los dos vasos que son compartidos con fruición motivada por la canícula que hace sudar a chorros.

Las Pesadas y el fierro

Se le llama Las Pesadas porque las piedras aquí tienen una composición hasta del 90 por ciento de fierro. De ser un regalo de la naturaleza que podría traducirse en riqueza para quienes ahí viven, se ha convertido en fuente de la discordia entre Jalisco y Colima, en la que se arrastran los derechos humanos y la calidad de vida de los nahuas, además de una evidente devastación natural.

Esteban Guzmán, encargado de la Comisión Permanente por la defensa de los límites del Ejido Ayotitlán y secretario general del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco A.C., quien está a cargo del plantón que se renueva con relevos cada 24 horas, devela que los fuertes intereses económicos en torno a la minería han logrado que el estado de indefinición territorial continúe de forma permanente. Y dice que es hora que los nahuas del ejido de Ayotitlán, al que pertenece Las Pesadas, recuperen lo que desde tiempos inmemoriales es de ellos.

“Ese es el objetivo, ya estamos en negociaciones con Peña Colorada para que comiencen a pagarnos el daño que hacen con su explotación a toda esta zona, ellos obtienen cientos de millones de dólares cada año por vender lo que está en nuestras tierras. Es justo que paguen el daño ambiental”, afirma.

Esa es el fondo del problema, la riqueza natural. En diciembre de 2007, cuando el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y los gobernadores Cavazos y González Márquez se reunieron en el vecino poblado de Plan de Méndez, a unos 25 kilómetros de Las Pesadas también dentro de la zona de conflicto, se acordó que la federación proveería seguridad y servicios públicos, lo que fue cumplido apenas unos cuantos meses antes de retirarse y permitió que de inmediato retomaran el control las autoridades colimenses.

Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno de Jalisco, reconoció entonces que los intereses económicos eran la fuente de la discordia y que ello se notaba en la beligerancia de Colima para estar en posesión de la zona, para continuar obteniendo parte de la tributación de los grandes grupos mineros como Peña Colorada, de capital italiano y argentino, o la reciente Minera Monclova que vino a cambiar la razón social hace cuatro meses a Minera del Norte, que tiene décadas asentada en la región y es de capital regiomontano.

El gobernador Cavazos niega que el interés de Colima vaya más allá de la defensa de lo que considera su territorio.

–¿Qué tanto trasfondo hay de los intereses económicos mineros como origen y permanencia del conflicto?

–Yo creo que eso se lo tendría que preguntar al gobierno de Jalisco para ver cuáles fueron los fines que tuvieron cuando interpusieron esta controversia constitucional. Nosotros seguiremos siendo muy respetuosos de la ley y por supuesto defendiendo a cabalidad nuestro territorio.

La controversia constitucional que promovió Jalisco en 1995, y que fue retirada de la Suprema Corte de Justicia a petición de Colima, fue retomada por el Senado de la República hace cuatro años. Ahí permanece en un limbo jurídico ya que los legisladores no han aprobado siquiera una ley reglamentaria que les permita intervenir en los temas de conflictos territoriales.

En tanto, los nahuas con la sentencia agraria en la mano y la disposición de permanecer plantados en Las Pesadas hasta que sea necesario, comienzan “en paz y apegados a derecho” a intentar retomar su territorio ancestral, con la vigilancia permanente de policías de Colima y sin el apoyo del estado de Jalisco, aunque se sigan sintiendo jaliscienses.

El Desalojo


Fuente: La Jornada de Zacatecas

• Palabra de Antígona

Redacción

Sara Lovera

La fuerza del poder y el dinero es, con frecuencia, inadmisible, el signo de nuestros tiempos. La guerra, la persecución, las ejecuciones y los asesinatos de mujeres, son el documental cotidiano de los medios de comunicación y de los informativos, de México y el mundo.

Quizá por ello y por la forma como se ha construido el modo de mirar una parte de la realidad, hace que existan sucesos que no nos cimbran, que se ocultan, que son la manera como se ejerce en la práctica la discriminación y la injusticia. Lo peor es cómo se banaliza la tragedia y se consiente la injusticia sin más.

El 19 de febrero de 2006 una explosión en la Mina 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, dejó 65 mineros muertos. Sesenta y tres de ellos nunca fueron rescatados. Quedaron inertes en el lecho de la mina. Sus familiares, sus esposas principalmente, iniciaron una batalla contra grandes intereses económicos, pudieron demostrar responsabilidad, pidieron quitar las concesiones a los dueños del carbón.

Querían una investigación a fondo. Pudieron precisar, no sin grandes dificultades, que en la región carbonífera, hace más de 100 años, se producen explosiones sucesivas causadas por falta de previsión industrial; cómo se ha practicado ahí el sacrificio humano.

Los despojos son innumerables. Hombres que pierden salud y vida en hoyos profundos, donde lo que cuenta es solamente el dinero. En la región explotada por extranjeros desde la época de Maximiliano hasta el dominio de la trasnacional Industrial Minera México (IMMSA), lo que hay es abandono institucional y social sofocante.

También quedó claro que ahí, en ese lugar, lejos de nuestro interés, que los pueblos y las comunidades son ejemplos de una explotación infrahumana. Las formas de explotar el carbón van de una sofisticada y tecnología de punta, a la que se usó en el siglo XIX. Los pozos artesanales cobran vidas continuamente. Nadie se altera por ello.

La viudas de Pasta de Conchos centraron su demanda en el rescate de los restos de sus maridos. Sólo eso. Durante más de tres años estuvieron en la boca de la mina esperando justicia y restos. Querían, simplemente, darles “cristiana sepultura”. En esa búsqueda lograron precisar que a los 63 mineros no rescatados no los mató la explosión, sino la indolencia de la que fueron cómplices las autoridades de los tres niveles del gobierno y sostenidas por intereses inconfesables.

Ellas, de todos modos, se organizaron y las desorganizaron; exploraron e investigaron; fueron capaces de llevar sus demandas a todas las instancias; accedieron a cuanta oportunidad de justicia se les presentaba. En su desesperación, ellas mismas intentaron el rescate. Nada fue posible. Alguien se está riendo de ellas, como se ríe el sistema de la pobreza y la desigualdad.

Afuera, ayudas y muchas lágrimas. Pero hace una semana, de un plumazo, un señor cuyos antecedentes son nefastos, de nombre conocido como Rogelio Montemayor, ex gobernador de Coahuila, ex director de Pemex (Petróleos Mexicanos), ex convicto por sus tropelías en el manejo de los recursos de esa compañía paraestatal, comprador sin comprobarse de la lavadora de carbón contigua

a la zona de la desgracia, pidió ayuda policial oficial y expulsó a la viudas de ahí. Las desalojó con todo el poder y toda la fuerza.

A la desgracia, el cansancio, la batalla sin resultados, ahora se sumó, con claridad elocuente, esta acción de fuerza, cubierta por la nube que genera el interés de los medios y, se piensa, de la sociedad en asuntos mucho más trascendentes: por ejemplo la guerra sin cuartel del señor Felipe Calderón, contra quién sabe quiénes o qué.

Las viudas y sus familias, acorraladas en la desolación añeja, se diría centenaria, han sido quebradas en lo más hondo. Ni justicia laboral, ni justicia económica, ni desarrollo en sus comunidades,

ni salud, ni escuela, ni nada de nada. Un grupo de mexicanos y mexicanas olvidados por estos tiempos donde la noticia son los narcos, sus padrinos; donde la incapacidad de lo humano se va diluyendo.

Un país de leyes y observatorios rimbombantes que buscan dignidades sin conocer esas, las verdaderas y temibles formas de marginar a la vida, esa que se defiende en los parlamentos de la mentira, o la que se usa para nuevas formas de explotación milenaria.

Lo grave es que nadie pida rendición de cuentas a la Industrial Minera México, que es la dueña de un porcentajes importante de los recursos de nuestra tierra; que ha hecho en complicidad con las autoridades de Economía, Trabajo y Justicia, todas las triquiñuelas para sofocar a los trabajadores de Cananea; que se pasea por la montes y sierras buscando oro y plata; que es cobijada por las bolsas de valores y se impone a este desgobierno que ha olvidado tremendamente sus deberes.

Y en medio de esta desgracia, lo único palpable es el silencio. Ese silencio inaudito. Viudas sin solidaridad feminista, sin solidaridad partidaria, sin solidaridad social. Marginadas y proscritas. Viudas en el tiempo y en los espacios de la modernidad que las ahoga.

Ahora, ahí, los de todos los días, los que bien saben que en la Cuenca de Burgos, no sólo se roba el petróleo. Cuenca donde se planea la explotación de gas, la nueva moneda de cambio de los negocios energéticos, globales y estratégicos. No hay observatorio ciudadano, ni nada que se parezca. Ahí hay indiferencia. Las viudas están agotadas, tienen 100 años mirando pasar el viento y la forma como los mezquites se niegan a morir, y generaciones enteras que retratan sangre y vida entre los escombros de minas abandonadas y cielos maravillosos que amanecen sin destino.
Lástima.

saralovera@yahoo.com.mx

Nuevo intento de desalojo a los compañeros colonos del Colectivo La Guadalupana, de Isla Mujeres, Quintana Roo.


El Colectivo Nachi Cocom de Sotuta, adherentes a la Otra Campaña en Yucatán, nos ha informado que compañeros del Colectivo La Guadalupana, también adherentes a la Otra Campaña en Isla Mujeres, Quintana Roo, fueron agredidos por personas pagadas por la autoridad municipal, quienes incendiaron las casas de los compañeros Gerardo Reyes González y Gaspar Gómez Tour. Estos compañeros al llegar a la procuraduría para poner la denuncia se encontraron con los agresores y tuvieron una riña con ellos, resultando detenidos los dos compañeros adherentes agredidos. Fueron liberados horas después.

Los compañeros del Colectivo La Guadalupana consideran que esta agresión es una acción más en el intento de desalojo y de la campaña de despojo que el gobierno estatal y municipal lleva en su contra, ya que califican la ocupación de los terrenos donde viven como un “asentamiento irregular” acusándolos de invasores por ocupar un terreno cuyo “dueño” no vive en la Isla y, debido a que debe una cantidad estratosférica de predial, ha abandonado esa propiedad. Los colonos del Colectivo La Guadalupana consideran justo ocupar esos terrenos para edificar sus viviendas, pues no tienen donde vivir. Mientras que el gobierno de Quintana Roo y los empresarios dueños de la industria turística continúan despojando a la gente pobre para terminar de privatizar todo el caribe y poner todo el territorio del pueblo maya en manos de la industria turística privada.

Denunciamos y condenamos el intento de desalojo en contra de los compañeros del Colectivo La Guadalupana y la campaña sistemática de despojo del gobierno del estado de Quintana Roo.

Movimiento de Cultura Popular
Mérida, Yucatán, México.

En el operativo del GDF contra ejidatarios de Tláhuac detienen a cinco compañeros


Rechazamos y condenamos las acciones de despojo y represión del Gobierno del Distrito Federal contra ejidatarios y campesinos de Tláhuac.

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la represión contra integrantes del Frente de Pueblos del Anáhuac en el operativo policíaco ordenado por el gobierno del Distrito Federal este 5 de agosto de 2009, en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, Ciudad de México.

A pesar de contar con recursos legales que los protegían, campesinos y ejidatarios fueron violentamente desalojados de su propia tierra por un impresionante operativo de granaderos y policía montada, tomando presos a 5 personas, incluyendo un menor de edad.

El GDF pretende legalizar el despojo de tierras, haciendo caso omiso de los llamados de alerta de organizaciones ambientalistas, del rechazo de los vecinos de Tláhuac y de muchos otros ciudadanos que entendemos la importancia que Tláhuac tiene como reserva natural por sus ejidos productivos de alimentos indispensables para la ciudad de México y como zona productora del 30% del agua potable que surte a la ciudad.

La línea 12 del Metro no significa necesariamente desarrollo o progreso. Forma parte de un ambicioso plan de urbanización del sur-oriente de la ciudad, del que empresarios y políticos pretenden obtener beneficio. Es imprescindible un debate público sobre la naturaleza, razón, efectos y costos sociales y ambientales de estos megaproyectos.

Protestamos enérgicamente contra esta acción de despojo, exigimos la inmediata libertad de los detenidos y nos solidarizamos con los ejidatarios y pobladores de Tláhuac que se oponen al megaproyecto.

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP), Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa-Chiapas , Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Frente Popular Francisco Villa Independiente-UNOPII, jóvenes en resistencia alternativa, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, Red en defensa de la Ciudad de México, Ecomunidades, Regeneración Radio, Resistencias Enlazando Dignidad Movimiento y Corazón Zapatista, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, Unidad Obrera y Socialista (UNIOS), Unión Cívica de los Pueblos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Círculo Autónomo Feminista, Cooperativa 666, Taller Integral Arquitect@z, Cooperativa Libertas Anticorp, Casa de la Cultura Independiente Benito Juárez, Materu Kurhinta.

Acción urgente: El Instituto de la Mujer Guanajuatense ejerce violencia institucional en contra de los organismos defensores de derechos humanos


Estimad@s Compareñ@s:

Reciban un cordial saludo por parte de la Coordinación ejecutiva del Observatorio, el motivo de nuestro correo es invitarlas(os) a formar parte de nuestra acción urgente en respuesta a las declaraciones realizadas por la directora del Instituto de las Mujeres de Guanajuato en contra de nuestras compañeras del Centro de Derechos Humanos “Victoria Díez” donde las acusan de terroristas. Por lo que Esperamos contar con su firma y unión a esta denuncia.

De antemano agradecemos la atención de enviar éste desplegado firmado a nombre propio y de su Institución u organización a observatoriofem@cddmx.org o comunicación@cddmx.org


El Instituto de la Mujer Guanajuatense ejerce violencia institucional en contra de los organismos defensores de derechos humanos


Luz María Ramírez Villalpando, directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG) calificó al Centro de Derechos Humanos Victoria Diez de “terroristas”, argumentado que obligan a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, “para que hagan lo que no quieren”.

De acuerdo a la ONU el terrorismo se define como "Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones a un civil o un no combatiente cuando el propósito de dicho acto sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Ante esta precisión, las organizaciones firmantes manifestamos lo siguiente:

• El trabajo de denuncia y vigilancia que llevan a cabo las organizaciones para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que han sido víctimas de violación, esta siendo criminalizado por parte de algunas autoridades del gobierno de Guanajuato
• Las declaraciones ofensivas de la directora del IMUG fomentan la persecución a los defensores de derechos humanos, atentando contra su integridad personal, su honor y su seguridad
• Es inconcebible que el Instituto de la Mujer Guanajuatense encargado de la promoción de una vida libre de violencia, sea el principal promotor de la violencia institucional en contra las defensoras de derechos humanos
Por estos motivos exigimos la renuncia inmediata de Luz María Ramírez Villalpando, por no cumplir con su mandato de vigilancia y promoción de los derechos humanos de las mujeres.

La Academia Mexicana de Derechos Humanos se une a esta acción.

AMLO OAXACA 8 DE AGOSTO 09













Solicita López Obrador a Obama y Harper que revisen los términos de la relación entre Canadá, EU y México





Solicita López Obrador a Obama y Harper que revisen los términos de la relación entre Canadá, EU y México
San Juan Teita, Oaxaca
Sábado 08 de agosto de 2009



* El presidente legítimo de México subraya a los mandatarios de los países vecinos del norte que la seguridad y la paz son fruto de la justicia.

* Pide que la relación trilateral debe construirse a partir de una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos de las naciones suscriptoras del TLCAN

Desde la región mixteca, Andrés Manuel López Obrador solicitó al presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, y al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, que revisen los términos de la relación entre Canadá, Estados Unidos y México con base en la cooperación para el desarrollo y no sólo en las acciones de carácter militar.

La relación trilateral debe construirse a partir de una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos de las naciones suscriptoras del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, así como en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, pidió.

A unas horas de que inicie la denominada Cumbre de líderes de América del Norte, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el presidente legítimo de México subrayó a los mandatarios de los países vecinos del norte que la seguridad y la paz son fruto de la justicia.

En el quinto día de la segunda semana de recorrido por los 418 municipios de usos y costumbres de Oaxaca, dio lectura a una nota dirigida a Obama y Harper.

Destacó que aún es tiempo de corregir la falla de origen del Tratado trilateral, que sólo fue concebido para beneficiar a las grandes empresas trasnacionales y no a los pueblos canadiense, norteamericano y mexicano.

Desde la entrada en vigor de dicho acuerdo comercial, hace 15 años, "la peor parte la ha resentido nuestro país", subrayó al manifestar que en los últimos cinco lustros se caracterizan por el nulo crecimiento de la economía nacional.

En el mencionado lapso, expresó, "se dejó sin apoyo a las actividades productivas, se han perdido en el sector manufacturero el 15 por ciento de los empleos que había antes de 1994, se abandonó el cambio y ahora importamos la mitad de los alimentos que consumimos y nos convertimos en el país del mundo que más mano de obra exporta".

Acompañado por los senadores Gabino Cué y Salomón Jara, consideró que debido a una política económica absurda, derivada de la aplicación del Tratado de Libre Comercio, alrededor de seis millones de mexicanos se han visto obligados a emigrar, "arriesgándolo todo, padeciendo de discriminación y de violación de sus derechos humanos, para buscar algo que mitigue su hambre y su pobreza", señaló en referencia a los mexicanos que cruzan la frontera norte del país.

En los últimos 15 años, consideró López Obrador, los gobiernos de las tres naciones "no han hecho nada para construir acuerdos más eficaces, equitativos y justos en beneficio mutuo",

Por el contrario, aclaró, "en 2005 se suscribió la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que sólo contempla acciones de carácter militar cuando lo que realmente se requiere es la cooperación para el desarrollo de nuestros pueblos".

Destacó que resulta "increíble que se pretenda enfrentar la cuestión migratoria y los problemas de inseguridad y de violencia sólo con medida coercitivas, sin entender que éstos problemas tienen como causa fundamental la falta de crecimiento económico, el desempleo y la crisis de bienestar en nuestro país".

Durante la jornada de este día, el presidente legítimo de los mexicanos visitó los municipios gobernados por simpatizantes y militantes del PRI, quienes firmaron un escrito en donde manifestaban su desacuerdo con la visita de López Obrador.

En Santa María Tepalcatepec, el oficial de la policía estatal, Andrés Melchor Hernández, intentó de manera infructuosa intimidar y amedrentar a la población del municipio con la presencia de una docena de uniformados que portaban armas de fuego de grueso calibre.

El senador Gabino Cué se acercó al jefe policiaco y le pidió que le ofreciera una explicación sobre su presencia y del grupo de subalternos.

Parco en sus respuestas y en una actitud altanera, el uniformado dijo que estaba presente para evitar nuevos pleitos entre la comunidad y sus vecinos de Tilantongo, debido a un problema limítrofe.

Pero casualmente los hombres armados se encontraban precisamente frente a la explanada en donde se desarrollaría la asamblea informativa encabezada por López Obrador.

Al no obtener una respuesta de su interlocutor, el senador Cué le tendió la mano para despedirse, sin embargo Melchor Hernández le espetó: Así déjalo.

Para el domingo, Andrés Manuel López Obrador convivirá con los habitantes de Santiago Nuyoo, Santa María Yucuiti, Santo Tomás Ocotepec, y San Martín Itunyoso.
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