Las comisiones de energía y de puntos constitucionales del Senado han estado dictaminando en secreto sobre las diversas iniciativas de reforma energética. Ahora, en los portales de noticias, se anuncia que esas comisiones han llegado a acuerdos. Estos se refieren al otorgamiento de atribuciones adicionales a la Secretaría de Energía (Sener). Se trata de facultades privatizadoras, en los términos de las reformas aprobadas en el Senado, el 17 de abril de 2007, por TODOS los partidos políticos. Son las mismas propuestas que ahora presentaron el PAN, el PRI y el FAP.
Dictaminación por las ramas
Sesionando siempre en secreto, los senadores empezaron por las ramas, simulando grandes discusiones y desacuerdos. El PAN insistía en mantener en el Consejo de Administración de Pemex a los cuatro consejeros independientes nombrados por el Ejecutivo en turno. El PRI y el FAP, por su parte, insistían en que, esos consejeros, fueran ratificados por el Senado.
Se supo que discreparon en el número de representantes de los charros del sindicato petrolero. El PAN y el PRI proponen que sean cinco representantes designados por el sindicato; el FAP que sean dos trabajadores de base sindicalizados. La discusión se centró en el número, si dos o cinco. Pero, el número de charros no les importa, al PRI y el PAN les interesan los consejeros “independientes” que el FAP llama “ciudadanos”.
Luego, se abordaron cuestiones relativas a las adquisiciones de Pemex. El PAN y el PRI se pronunciaron por crear un nuevo régimen particular o especial para Pemex, para obras de largo plazo con más de dos años de vida. Lo anterior, con el fin de evitar las licitaciones públicas, darle la vuelta a la burocracia y agilizar los trámites con adjudicaciones directas o licitaciones de invitación restringida, así como para hacer frente a cambios drásticos de las condiciones del mercado, accidentes y situaciones especiales. EL FAP se opuso pero, en sus propuestas, también incluye a los contratos por invitación o asignación, es decir, sin licitación.
Acerca de la impropia y burdamente llamada "cadena baja", es decir la refinación, el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, y la participación de terceros, los partidos expresaron discrepancia. Un bloque del PRI y PRD se pronunciaron en contra de permitir la ingerencia de particulares en esta cadena, mientras que, el PAN avala esa participación. Para ello, los legisladores acordaron hacer dos redacciones distintas en este capítulo, para someterlas a votación de la comisión.
De los demás temas nada se ha sabido oficialmente pero los legisladores se aproximan al tratamiento de los asuntos cruciales. Resulta extraño que no se informe oficialmente al respecto porque, en las comisiones de energía y en la de puntos constitucionales hay representación de los diversos partidos políticos. En el primer caso, la secretaría de la comisión de energía, la ocupa Graco Ramírez, senador del PRD (FAP). ¿Hay acuerdos “en lo oscurito”? o ¿han excluido al FAP? ¿Cómo es que las comisiones, y sus expertos, están llegando a acuerdos?
Negociación soterrada
Cada vez son más los indicios sobre una negociación soterrada directamente entre el PRI y las oficinas de Calderón. La siguiente nota es un ejemplo recién publicado en varios portales de noticias. No dice la fuente y nadie firma la nota, por lo que, parece un boletín oficial "sembrado".
"Las Comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado han llegado a acuerdos en la dictaminación de la reforma energética, como fortalecer las facultades de la Secretaría de Energía, informó el senador Francisco Labastida Ochoa. Indicó que de igual forma acordaron fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la empresa, a través de la creación de comités de adquisiciones y de inversiones de planeación estratégica".
En la mayoría de los casos se da por hecho que habrá reforma energética, aprobada por las dos Cámaras (PRI-PAN-Nueva Izquierda y otros). No obstante, nadie se atreve aún a establecer límites al marco "negociable" entre las partes, con todo y que las propuestas del PRI y el calderonismo coinciden en buena medida (y las del FAP, en ciertos temas críticos).
Todos a favor del contratismo en Pemex
El mínimo "natural" de la negociación es económico, y podría reducirse a otorgar una mayor "flexibilidad contractual" a Pemex, cosa que todos los partidos incluyen en sus respectivas versiones de Ley Orgánica de Pemex.
Para alcanzar este objetivo, uno de los muchos que pretende el capital internacional, se requiere enfrentar ciertos temas "duros" que repercutirían en el recién iniciado nuevo ciclo electoral (federal). Tratándose de Pemex, todos los partidos están de acuerdo en que se permita a la paraestatal, con distintas modalidades, otorgar contratos a los particulares. Eso está prohibido por la Constitución pero a los partidos no les importa e insisten en regir estas actividades a través de la legislación secundaria. A fin de salvar su interés “común” podrían plantearse al menos dos posiciones para otorgar mayor "flexibilidad contractual" a Pemex:
1) Modificando solamente las leyes existentes sobre Obras Públicas y la de la Administración Pública Federal, agregando una sección que incluya las "condiciones especiales" aplicables a los contratos de la industria petrolera, y añadiendo algún mecanismo "de transparencia" que obligue a la aprobación (de dichos contratos) por parte del Consejo de Administración de Pemex (o incluso del propio Ejecutivo).
2) La otra sería crear una nueva Ley Orgánica de Pemex (como lo propone el FAP), que detalle las características y modelos de contrato para los casos llamados especiales (supervisados por los consejeros), y ratificando la obligación de acatar las normas de Obras Públicas para los demás casos. Esta posición sería la más defendible mediáticamente, puesto que, podrían darle entrada a las propuestas del FAP, simulando una propuesta "nueva" en la que todos coinciden.
Sin embargo, en cualquier opción se trata de propuestas inconstitucionales porque, llanamente, contravienen a la Constitución. Lo mismo tratándose de la las modificaciones y adiciones a las funciones de la Sener.
¿Fortalecer a la Sener?
Los “acuerdos” entre senadores son factibles y, al mismo tiempo, inconstitucionales y traidores. El PAN, el PRI y el FAP coinciden en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que le otorgaría funciones adicionales a la Secretaría de Energía (Sener).
Entre otros aspectos, en el artículo 33 de esa Ley, se propone que la Sener tenga las atribuciones de “promover la participación del sector privado en las actividades del sector energético”, lo cual es inconstitucional porque el párrafo sexto del artículo 27 constitucional prohíbe la participación privada en las actividades estratégicas, en este caso petroleras y eléctricas, a cargo exclusivo del Estado. También se propone “Otorgar contratos y permisos privados en materia
energética”, lo que es inconstitucional. Asimismo, se propone “regular las fuentes energéticas alternas a los hidrocarburos”, es decir, privatizar al carbón, el uranio, el agua, la geotermia, las mareas, el hidrógeno, el viento y el Sol. ¡Esas son las fuentes alternas a los hidrocarburos!
El manejo de la noticia es obvio porque, como el FTE de México lo dijo en su oportunidad, el 17 de abril de 2007, TODOS los partidos políticos aprobaron la misma iniciativa ley en el Senado. Fueron 94 votos a 0 (cero). Los promotores fueron 26 legisladores, entre otros, Francisco Labastida Ochoa (PRI), Graco Ramírez (PRD), Juan Bueno Torio (PAN), Dante Delgado Ranauro (Convergencia), Rosario Green (PRI), Gustavo Madero (PAN), Jesús Murillo Karma (PRI), Arturo Núñez (PRD) y Rubén Camarillo (PAN).
De aprobarse las propuestas de reforma relacionadas con las funciones de la Sener, se aprobarían enseguida las reformas a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Este es el instrumento para concretar la privatización. Con los 736 permisos privados otorgados por la CRE, la industria eléctrica ha sido desnacionalizada en un 48.3%. Las nuevas reformas impulsarán que se llegue al 100% como lo propuso originalmente el Banco Mundial en 1995. Esto es muy grave e inaceptable para la nación.
Esas reformas, también, implicarían que la privatización furtiva del gas natural ya no se detenga. Si a la fecha, las transnacionales usufructúan 200 permisos privados otorgados por la CRE, habiéndose repartido al territorio nacional en 15 regiones geográficas, ahora se apropiarán de todos los terrenos posibles, así como, de las funciones de distribución, transporte y almacenamiento de gas natural, y distribución y transporte de gas LP por medio de ductos.
En cuanto a la petroquímica, se validaría la artificial definición legislativa en “básica” (con solo nueve productos que podrían ser diez según lo propone el FAP) y “secundaria” (con los cientos de productos restantes). Esto significaría la entrega total de esa petroquímica a las transnacionales.
La ruta de la privatización furtiva
El sucio proceso de dictaminación sobre la reforma energética es típico de Francisco Labastida Ochoa (PRI), mismo que hábilmente conduce las supuestas “negociaciones”. Labastida le está haciendo el “trabajo” al PAN y se aprovecha de las “coincidencias” indicadas en las propuestas del PAN, del PRI y del FAP. En el caso de la Sener, Labastida está siguiendo el mismo procedimiento que realizó desde fines del 2006 para culminarlo en 2007.
De prosperar las propuestas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se empujaría también la reforma (regresiva) a la Ley Orgánica de Pemex porque, entre las nuevas funciones de la Sener estarían la determinación de las reservas de hidrocarburos, de las plataformas de producción y exportación de hidrocarburos e, incluso, la reposición de las reservas y el otorgamiento de contratos. Estas funciones dejarían de ser propias de Pemex y pasarían a ejercerlas un grupito de burócratas desde el escritorio.
Luego, seguirían las contrarreformas a la Ley de la CRE, entidad encargada de otorgar los permisos privados en materia eléctrica y petrolera. Con las nuevas funciones otorgadas a la Sener, podría insistirse en la nueva Comisión Reguladora del Petróleo dedicada también al otorgamiento de permisos pero en materia de petróleo.
La “reforma” culminaría con una nueva reforma regresiva a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Como van las cosas, el atraco podría ser más grave que el ocurrido en 1995. Esta vez, se ratificaría una vez más al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica en materia de Energía y Petroquímica, se avalaría la “definición” legislativa que fragmenta a la industria petrolera, se ratificaría la privatización energética furtiva (electricidad y gas natural) en marcha y se avalaría inconstitucionalmente al contratismo.
Esa ruta es la diseñada por Labastida y socios, en los términos sugeridos por sus asesores pagados por las transnacionales. El plan es “ir amarrando” y, cuando alguien se quiera “zafar” ya no podrá porque habrán aprobado, previamente, las bases de la privatización que se detalla en las subsecuentes reformas legislativas.
¿Qué hacer?
Como si nada hubiera pasado, haciendo caso omiso de los foros oficiales, los universitarios y los populares, sin tomar en cuenta ninguna razón ni argumento, los legisladores (en este caso los senadores) se toman atribuciones por sobre el interés de la nación, al dictaminar en secreto, violando sus propias reglas legislativas, las que indican que las sesiones deben ser públicas.
El pueblo de México tiene derecho a saber que está pasando. Obviamente, el PRI y el PAN no acostumbran informar más que a sus allegados, especialmente corporaciones y gobiernos extranjeros. Pero, los legisladores del FAP tienen la obligación de informar a la resistencia popular. ¿Lo harán? ¡No! porque sus propuestas son coincidentes, en lo esencial, con el PAN y el PRI. Esa es una contradicción del movimiento obradorista; por privilegiar la negociación en las cúpulas, dicen una cosa y escriben otra.
Los legisladores del FAP deben oponerse a que ese “dictamen” privatizador se presente en el Parlamento, es decir, deben impedir que éste sesione. ¿Lo harán? De no hacerlo se confirmará la complicidad que, hasta ahora, se prueba con los escritos de su iniciativa energética (siete leyes) y la actitud que han tomado ante la dictaminación en secreto.
Por lo pronto, las propuestas de reformas del FAP a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relacionadas con las atribuciones privatizadoras para la Sener, lo obliga a apoyar la privatización energética furtiva. El PRI y el PAN están llevando “al baile” al FAP. ¿Cómo podría éste rechazar esas propuestas si al mismo tiempo, en su iniciativa, las está proponiendo?
No es el único caso, la dictaminación podría tomar un cause más desagradable. A los legisladores del FAP solamente les queda proceder con decoro; aún hay tiempo de corregir, basta con salirse de la dinámica que los está secuestrando. ¿Lo harán?
Independientemente de lo que hagan o dejen de hacer los legisladores, al interior de los recintos parlamentarios, los mexicanos en lucha debemos ponernos en estado de alerta. Hay que reunirse de inmediato, discutir la información disponible, analizarla colectivamente y sacar las conclusiones pertinentes. Es muy importante leer los textos de las iniciativas del FAP y contrastarlas con el discurso. En las cúpulas hay un convencimiento absurdo de la propuesta de los “sabios” y “expertos” que no son tales.
Los legisladores del FAP se encaminan por una vía negociadora desfavorable, olvidando que la Constitución NO se negocia y que, la resistencia, tiene un valor que las cúpulas desdeñan. Por ello, el pueblo movilizado debe tomar su propia dinámica, sin esperar a que de “arriba” se les diga qué hacer. El asunto es muy grave e importante para dejarlo en manos de los políticos.
Una de las acciones es preparar la salida próxima a las calles pero, no solamente en la capital del país, sino en todo el territorio nacional. Otra acción es reforzar la organización para acciones mayores porque a espaldas de la nación se está procesando la traición. Una forma de organización son los Consejos de Pueblos, en todos los lugares y a todos los niveles.
Los mexicanos en lucha tenemos que desmarcarnos de los políticos demagogos y traidores. El pueblo de México no nos quedaremos en la simple votación parlamentaria que se prepara. De entrada, NO aceptaremos ningún dictamen “negociado” y menos privatizador. Desde ahora ratificamos que nuestra lucha es por la ¡Re-nacionalización energética! para impedir la privatización de Pemex y recuperar lo que hemos perdido en materia de energía eléctrica, gas, agua, tierra y, en general, de todos los recursos naturales.
Frente de Trabajadores de la Energía, de México
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