lunes, 12 de agosto de 2013

Mensaje AMLO 12 de agosto del 2013

La reforma energética de Peña sí es privatizadora, coinciden especialistas



Israel Rodríguez, Miriam Posada y Juan Carlos Miranda

México, DF. La reforma de los artículos 27 y 28 constitucional propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, confirma que se va a privatizar el sector energético nacional, con lo que se tendrá un retroceso histórico de 75 años, y se pretende compartir con particulares la renta petrolera, aseguraron especialistas en materia energética.

En el caso de la energía eléctrica lo que implica la apertura de un mercado de generadores va a ayudar a desmembrar la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el sector petrolero, en el caso de los contratos de utilidad compartida significa ceder buena parte de la renta petrolera a empresas privadas, advirtió Sergio Benito Osorio, ex presidente de la Comisión de Energía.

Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, señaló que las metas, que busca alcanzar la reforma energética son demagógicas.

Es un discurso festivo sin sustento científico que recuerda los días de Foxilandia.Aseguró que no habrá combustibles más baratos, ni se crearán los cientos de miles de empleos y la explotación de gas lutita, indicó, es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos, que Argentina apenas ha podido replicar de forma marginal.

El académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Ramiro Tovar Landa, puntualizó que en el sector de hidrocarburos no habrá concesiones pero sí contratos que se definirán en la redacción de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, del que habrá que estar atento sobre la parte de la renta petrolera que se pretende dar al sector privado. Puntualizó que esos contratos podrían ser similares a lo que permite la Ley de Asociaciones Público Privadas con porcentajes de 51 el estado y 49 los particulares, o hacer contratos de participación accionaria o de licencias de tecnología.

Listo despacho de energía eléctrica.

La parte más acabada de la reforma, advirtió es la que corresponde al despacho de energía, que equivale a crear un mercado diario de subasta de electricidad para que la CFE complemente sus necesidades. Detalló que el gobierno crearía un mapa de necesidades y los privados entrarían a la construcción de plantas con la garantía de entrar a la red eléctrica sin discriminación.

El investigador de la UNAM, Angel de la Vega Navarro, indicó que es necesario conocer los detalles de los contratos de utilidad compartida para saber el por qué es necesaria una modificación constitucional.

“Hay una ambigüedad porque o bien son contratos disfrazados, no de utilidad compartida sino de renta compartida y por lo tanto habrá que ver en qué términos se está planteando esto”. Por ejemplo, el registro de las reservas es lo que les interesa de manera directa o indirecta a las grandes petroleras. “El punto es acceder al recurso”, refirió.

Francisco Garaicochea, presidente del Grupo de Ingenieros Petroleros Constitución de 1917, explicó que la utilidad compartida significa compartir nuestras reservas y la renta petrolera. Vaticinó que va haber una fuerte oposición y dentro de esa oposición es muy importante sustentar económicamente los beneficios o perdidas que corresponderán a la sociedad, al pueblo y al país en cada uno de los tres principales proyectos: aguas profundas; la explotación del shale gas y Chicontepec sin prejuicios con análisis técnico, económico profundo y bien sustentado.

Sobre la baja en los precios de los combutibles prometida por el gobierno federal, José Luis Apodaca, actual consultor y exgerente divisional de la CFE, recordó en el año 1998 se privatizó la distribución de gas natural en Monterrey Nuevo León, vendiéndose a Gas Natural Fenosa en 180 millones de dólares la red de alta y baja presión, incluyendo los reguladores y los medidores.

Se estableció un precio inicial por la venta del servicio de 0.32 pesos por metro cúbico, y quince años después (en 2013) el precio se ha multiplicado por once y es de 3.49 pesos por unidad; descontando la inflación el precio actual en términos reales es 700 por ciento respecto de 1998. Además, una familia que consume 25 metros cúbicos de gas por mes, paga extra un cargo por servicio de 2 pesos adicionales por metro cúbico: Es decir este usuario doméstico paga por la distribución de gas natural 5.50 pesos por metro cubico, que es sin duda el precio más caro del mundo.

Beneplácito del sector privado

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Funtanet Mange dijo que la reforma obligará a los directivos y trabajadores de Pemex a ser más eficientes y a mejorar la transparencia y rendición de cuentas Luego de la presentación de la propuesta, el organismo esgrimió 17 razones por las cuales apoya la iniciativa de Reforma Energética, entre ellas “porque detonaría inversiones importantes en el sector energético que generarán más y mejores oportunidades laborales en la economía formal, así como el aprovechamiento y adaptación de tecnología de punta”.

El Consejo Coordinador Empresarial dijo que la iniciativa “es un paso fundamental para avanzar con mayor celeridad en generar una economía más competitiva, que permita potenciar a los sectores productivos y a la economía de todos los mexicanos”.

VIDEO: Como la hacen de PEMEX, La Nueva Guerra del Petróleo

Privatización autoritaria


JOHN M. ACKERMAN

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El PRI y el PRD ya tienen perdida la primera batalla de la reforma energética. El madruguete privatizador de la iniciativa del PAN y la convocatoria de Morena para el 8 de septiembre han definido exitosamente las coordenadas de la discusión pública. La iniciativa nueva que surja en los próximos días (hoy lunes) será entendida inmediatamente por la población como un respaldo para una u otra de las posturas que ya se encuentran en la mesa.

Afortunadamente, ya no existe posibilidad alguna de engañar a la sociedad con una privatización light vestida con las sedas de un supuesto “pragmatismo”. Con la propuesta del PAN se transparenta la ambición desmedida de los grandes empresarios nacionales y extranjeros en su búsqueda de quedarse con una tajada aún más grande de la riqueza nacional. Y con las constantes denuncias de Andrés Manuel López Obrador se evidencian las mentiras escondidas detrás de la idea de que una mayor “participación” de Exxon-Mobil y Halliburton automáticamente beneficiará al pueblo de México.

Enrique Peña Nieto ha sido rebasado por la coyuntura. Pospuso una y otra vez la presentación de su iniciativa con la esperanza de poder tejer previamente las alianzas necesarias para que la naturaleza privatizadora de su propuesta no se evidencie de manera tan desvergonzada. Por ello el presidente incluso se atreverá a recurrir a la engañosa táctica de utilizar la histórica figura del mismo general Lázaro Cárdenas para dar la impresión de que su iniciativa tendría el aval de este gran mexicano. Como colofón de esta puesta en escena, el presidente del PRI, César Camacho, ha amenazado con “defender hasta en las calles” la propuesta energética de su partido.

Todas estas estratagemas evidencian la desesperación de Peña Nieto frente a la enorme derrota estratégica que ha sufrido en los terrenos del debate público y la movilización social. Pero el presidente no se da por vencido. No desistirá en su esfuerzo por “trabajar de manera conjunta” con el PRD y el PAN para transferir la propiedad sobre el subsuelo desde el pueblo mexicano a las empresas trasnacionales.

Lo que definirá en última instancia el desenlace de la reforma petrolera será un mero cálculo de costo-beneficio por parte de los políticos involucrados. Los legisladores del PRI y el PRD saben que cumplir con lo que exigen sus patrocinadores podría implicar una enorme pérdida de respaldo ciudadano y probablemente una sensible merma en su presencia electoral. Pero estos mismos representantes populares también tienen claro que una reforma privatizadora generaría un virtual ejército de empresarios y trasnacionales agradecidos y listos para canalizar nuevos financiamientos hacia sus campañas electorales y negocios personales.

La pregunta clave es cuál de estos dos incentivos pesará más a la hora de votar las diferentes iniciativas en el Congreso de la Unión: el estímulo electoral-ciudadano que exige el fortalecimiento de Pemex como una empresa nacional, estatal y soberana, o el canto de las sirenas de los beneficios personales futuros para los negociadores de la reforma.

El desenlace de esta coyuntura histórica tendrá importantes implicaciones con respecto a la evaluación de la naturaleza de nuestro sistema político. Específicamente, si la clase política logra privatizar la renta petrolera el atrincheramiento del autoritarismo mexicano se confirmaría. Quedará demostrado que a los políticos les importan más sus intereses personales que el servicio público, y que las opiniones de las empresas trasnacionales tienen un mayor peso político que el sentir de los ciudadanos.

La responsabilidad, en este caso, no sería exclusivamente de los políticos, sino también de las instituciones electorales. Con su inacción y complicidad, el IFE y el TEPJF han configurado el tablero de la competencia electoral precisamente para que los políticos ya no tomen en cuenta a la sociedad, sino solamente rindan pleitesías al poder político y económico. La impunidad para los casos de Monex y Soriana, por ejemplo, prepara el camino ya para que los beneficiarios de la privatización petrolera utilicen estrategias similares de triangulación financiera durante las campañas federales en 2015 y 2018.

Si, por el contrario, la movilización ciudadana logra frenar la privatización petrolera, habría motivos para tener cierto optimismo con respecto a la posibilidad del avance democrático en el país. Ello demostraría que aun con el actual sistema de compraventa de cargos públicos, la voz ciudadana todavía tendría cierta influencia en la esfera pública. Ello también implicaría que apostarle a la creación de un nuevo partido político como una vía para transformar la nación quizás no sea tan ingenuo y contradictorio como pareció en un principio.

Casi la totalidad del poder económico y político del país está hoy unido en su empeño de dar una contundente lección autoritaria al pueblo con la imposición de una reforma petrolera privatizadora y entreguista. En las próximas semanas sabremos si la victoria del pueblo en la primera etapa de esta lucha ha sido solamente temporal o si existe suficiente fuerza social para frenar a la oligarquía no solamente en el caso actual, sino también hacia el futuro, con la transformación de raíz del sistema de injusticia e impunidad estructural que predomina en la nación.

Este análisis se publica en la edición 1919 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Ofrece la PGR 6.5 mdp para localizar a 14 desaparecidos


MÉXICO, D.F., (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció 6 millones 500 mil pesos de recompensa a quien o quienes aporten información para dar con el paradero de 14 personas desaparecidas en los estados de Oaxaca, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Estado de México.

En un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam ofrece hasta un millón 500 mil pesos para localizar a Minerva Vera Alvarado, privada de su libertad en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, así como a Milynali Piña Pérez, Alexis Domínguez Pérez y José Arturo Domínguez Pérez.

La PGR entregará la misma cantidad a quien ofrezca datos para localizar a Elizabeth Moreno Chávez, privada de su libertad en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Estado de México, y Alejandro Rodríguez González, secuestrado en San Luis Potosí.

Para quien o quienes proporcionen información veraz y útil para la localización de Luis Enrique Castañeda Nava, Diego Antonio Maldonado Castañeda, Ana Belem Sánchez Mayorga –secuestrados en Paracho, Michoacán– y Nayelli Francia Morales, desaparecida en Veracruz, también ofrece un millón 500 mil pesos.

Según el documento, la PGR entregará hasta 2 millones de pesos por la información proporcionada para ubicar a Julio Alberto López Alonso, Óscar Noé Chavana Leal, Leonardo Garza González y Daniel Treviño Rodríguez, privados de su libertad en Monterrey, Nuevo León.

Sin precisar la cantidad, la dependencia también ofreció una recompensa a quien aporte datos para la detención o aprehensión de los probables responsables de los delitos de secuestro y los que resulten en agravio de las personas mencionadas.

El texto precisa que la información que ofrezca la ciudadanía sobre las personas referidas será confidencial y recibida en los números telefónicos: (55) 53 46 25 16, (55) 53 46 15 44 y (55) 53 46 00 00, extensiones 4748 y 5940, en la ciudad de México, y 01 800 831 31 96 desde cualquier parte del país.

Además, en el correo electrónico: denunciapgr@pgr.gob.mx, en el portal: www.recompensas.gob.mx.

Empresa coreana obliga a empleados a usar pañales para no perder tiempo al ir al baño


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La empresa maquiladora de capital coreano Honduras Electrical Distribution Systems-Kyungshin-Lear, que fabrica arneses para su exportación a Estados Unidos, es investigada por autoridades hondureñas y organismos de derechos humanos por supuestamente obligar a sus empleados a usar pañales para evitar que pierdan tiempo al ir al baño.

De acuerdo con el portal hondudiario, el dirigente obrero Daniel Durón, quien hizo la denuncia, dijo a un noticiero televisivo que la investigación contra la maquiladora se concretó tras varios esfuerzos a escala internaciona,l ya que la compañía había impedido el ingreso a las autoridades hondureñas a sus instalaciones para recoger las denuncias por violación a los derechos de los trabajadores.

El líder, quien también es secretario general de la Central de Trabajadores de Honduras, explicó que en la visita a la empresa, que emplea a cuatro mil trabajadores, estarán presentes funcionarios del Ministerio del Trabajo y representantes de las embajadas de Corea y Estados Unidos en Honduras.

Agregó que “se ha denunciado que los empleados usan pañales para que se orinen en ellos y no vayan a los sanitarios”.

Durón señaló que esa es una de las muchas denuncias que se han generado en torno a la empresa –radicada en San Pedro Sula– que identificó con el nombre de Lear.

Aseguró que la situación fue conocida desde hace varios meses pero no se había podido hacer nada hasta que se logró la mediación de organismos de derechos humanos y del trabajo de Estados Unidos para poder ingresar a las instalaciones.

Comando balea comunidad en Guerrero y rapta a cinco personas


EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

CHILPANCINGO, Gro., (proceso.com.mx).- Un comando irrumpió en el poblado de Tianquizolco, perteneciente al municipio de Cuetzala del Progreso, baleó una decena de domicilios y privó de su libertad a cinco habitantes, la mayoría trabajadores del ayuntamiento.

El ataque provocó que al menos 15 familias completas y un aproximado de 70 personas abandonaran la comunidad ubicada en la región norte de la entidad.

Documentos oficiales consultados por Proceso indican que un grupo integrado por al menos cien sujetos armados irrumpió a la una de la mañana en esta localidad de dos mil habitantes. La agresión se registró el viernes pasado, pero la información se corroboró hasta este lunes.

Debido a las agresiones de miembros del crimen organizado, durante las últimas semanas al menos dos mil personas abandonaron sus comunidades de origen en las regiones Tierra Caliente y Sierra Madre del Sur.

Las personas desaparecidas son: Flavio Rivera Torres, quien se desempeña como director de Deporte del ayuntamiento de Cuetzala del Progreso; Víctor Bailón Barrera, profesor de Danza folclórica adscrito a la dirección de Deporte municipal; Alfonso Guzmán Guzmán, de oficio plomero y quien también trabaja en el ayuntamiento; su hijo, Jorge Alfonso Guzmán Bilón y el campesino Álvaro Rivera Villanueva.

Algunos habitantes huyeron al campo para salvar sus vidas y a pesar de que el hecho fue reportado al 27 batallón de Infantería con sede en la ciudad de Iguala, que se encuentra a una hora de distancia de Tianquizolco, ninguna autoridad gubernamental acudió en el momento de la agresión.

Fue hasta la tarde, más de diez horas después, cuando arribó un grupo de infantes de la Secretaría de Marina que se limitaron a patrullar el poblado y documentar la barbarie, narraron testigos del hecho. Desde hace unos meses, la Policía Preventiva Estatal asumió el control de la seguridad en el municipio de Cuetzala del Progreso, luego de que el 26 de abril un comando irrumpió en la cabecera municipal y se llevó a 10 de los 12 policías municipales, de los cuales dos fueron encontrados ejecutados en la ciudad de Iguala y el resto permanece desparecido.

Incluso el alcalde de Cuetzala, el perredista Feliciano Álvarez Mesino, reveló a Proceso que a principios de abril fue retenido, golpeado y amenazado por el narco por eso tuvo que “retirarse algunos días” de su municipio.

La brutal disputa entre sicarios al servicio de La Familia y Guerreros Unidos ha colapsado los 15 municipios de la región Norte, donde algunos alcaldes, como el perredista Ignacio Valladares Salgado de Teloloapan, decidió huir como muchas familias de esta zona.

Actualmente, Valladares Salgado despacha desde la ciudad de Chilapancingo, donde se encuentra refugiado por la ola de violencia que azota en su municipio, luego de que fue exhibido en un video difundido en Youtube recibiendo órdenes de operadores del grupo delictivo La Familia.

Llega al Senado la iniciativa de reforma energética


Víctor Ballinas

México, DF. Pasadas las 15 horas llegó al Senado de la República, por la vía ordinaria, la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, que modifica los artículos 27 y 28 de la Carta Magna.

La iniciativa del Ejecutivo fue depositada en el Senado por el director de Asuntos Legislativos y será turnada en la Comisión Permanente el próximo miércoles a las comisiones ordinarias de ésta Cámara. La reforma del presidente Enrique Peña Nieto permitirá celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado.

Anuncia Antac protestas contra las reformas hacendaria y energética


FERNANDO INÉS CARMONA

Orizaba, Ver.- La reforma energética arriesga la estabilidad económica de al menos 300 mil trabajadores, tan sólo de Petróleos Mexicanos (Pemex), con las modificaciones no se descartan desplazamiento laborales e incluso el despido masivo de trabajadores de la paraestatal, por lo que la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y otras organizaciones sociales iniciarán movilizaciones en contra.

El dirigente regional de la Antac en la zona centro, David Estévez Gamboa, aseguró que el ejemplo es claro en Coatzacoalcos en donde ya se tiene este fenómeno. Aseguró que además diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) “son cómplices” en la estrategia.
La reforma energética que el presidente Enrique Peña Nieto presenta esta semana al Congreso de la Unión, “es muy riesgosa, no sólo para la potestad del petróleo sino además para la conservación de la fuente de trabajo”, expuso.

Refirió que hay estudios en los que se detectan los daños colaterales que tendrá la reforma, “que seguramente será aprobada por los senadores y diputados del PRI, PAN y los chuchos del PRD”; considera que el desempleo se podría agravar, “porque los trabajadores de Pemex, serán desplazados por aquellos que lleguen a trabajar contratados por las empresas que inicien la inversión en todo el campo de la extracción y otras áreas”.

Los datos indican que al menos unos 300 mil trabajadores están en riesgo de perder su empleo y aunque seguramente serán liquidados, “lo cierto es que engrosarán las estadísticas del desempleo en el país. Eso no lo dicen los promotores de la reforma energética. En Pajaritos y Cangrejera ya lo estamos viendo. La venta que se hizo de este complejo va a dejar sin trabajo a por lo menos 3 mil trabajadores. Eso es lo que va a ocurrir en el país una vez que se apruebe y entre en vigor la reforma energética”, advirtió.

En el gobierno federal “se está cerrando a la venta de la empresa y no ve más allá en la posibilidad de invertir de manera correcta para fortalecer a Pemex y además iniciar una campaña de saneamiento de la empresa, terminar con la corrupción que prevalece en ella desde hace tiempo”, sostuvo.

Por ello, “la sociedad debe empezar a organizarse para evitar que las reformas estructurales que presenta el gobierno federal terminen con privatizar todas las propiedades del Estado. Los impactos entre los mexicanos serán severos, la economía se va a detener y ello generará problemas sociales bastante graves”, dijo.

Al haber recorte de personal, dice, viene el desempleo y tras de él el crecimiento de la delincuencia organizada; no habrá dinero suficiente para continuar con los programas sociales de asistencia, “es casi un hecho que habrá recortes en los programas sociales y con ello la pobreza se enraizará”.

La Antac informó que conformará un frente nacional que lucha en contra de la reforma energética y la hacendaria ya que, según explica Estévez Gamboa, su los únicos beneficiados serán los empresarios mientras que a la gran mayoría de los mexicanos serán sometidos a someterán al agravamiento de la pobreza en país y sus fatales consecuencias.

Marchan comunitarios en Tlapa contra privatización de Pemex y alza de precios


En caravana, van a Tlatlauquitepec, y de ahí a Olinalá, donde protestan por agresiones de militares

SERGIO FERRER ( Corresponsal)

Tlapa, 11 de agosto. Policías comunitarios de Huamuxtitlán, Olinalá, Alpoyeca y Tlatlauquitepec organizaron este domingo una caravana informativa en la cual dieron a conocer su postura de rechazo a la privatización de Pemex, las altas tarifas de electricidad y el encarecimiento de productos de la canasta básica, y para demandar respeto a su sistema de justicia comunitario.

“¡Fuera la delincuencia organizada de Tlapa, fuera!”, gritaron los policías comunitarios que marcharon por las calles de Tlapa hasta la salida a Chilpancingo, desde donde se dirigieron en caravana a Tlatlauquitepec después de que ciudadanos les regalaron agua.

Allí, después de una reunión de Oportunidades, autoridades de la Policía Ciudadana de Olinalá y del Frente Ciudadano de Huamuxtitlán, adheridos a la casa de justicia de la Crac de Ayutla, hablaron a las decenas de mujeres reunidas.

Nestora Salgado les agradeció el respaldo que han mostrado a la Policía Comunitaria y después de abogar por la igualdad de derechos entre ambos sexos e indicar que todos tenemos sentimientos, por lo que se debe tomar en cuenta la palabra de la mujer –“porque somos quienes también debemos cuidar a nuestros hijos; a nosotras nos dolieron; los parimos”–, habló de la postura de los comunitarios frente a las políticas de Estado.

Salgado informó a las mujeres y hombres reunidos que la Crac-PC rechaza la privatización de Pemex y la CFE, rechaza la explotación minera en territorio comunitario y el alza constante al precio de la gasolina y el gas, y la propuesta de aplicar IVA a alimentos y medicinas.

Después de su participación, el comisario municipal comunicó a la gente que necesitaba de la unidad del pueblo porque le comunicaron que Amiltepec estaban velando a un niño que fue asesinado por gente mala para robarle su ganado. La lluvia se precipitó en La Montaña, pero los comunitarios continuaron rumbo a Olinalá. En un documento entregado a ciudadanos, la Crac-PC de la casa de justicia de El Paraíso protesta porque el gobierno la agrede con la Marina y el Ejército, que intentar someter a los pueblos y desarticular los movimiento sociales, en tanto que también ocurren agresiones de gobiernos municipales.

Con motivo del aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero, el texto señala que la intención del gobierno de instaurar una policía rural es para legalizar grupos paramilitares. La Policía Comunitaria reitera su exigencia de alto al hostigamiento de los gobiernos federal y estatal.

Del desconocimiento de la casa de justicia de San Luis Acatlán a su similar de El Paraíso, indicaron que esperan reunirse con autoridades comunitarias, además de otra reunión prevista para el martes con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Organizaciones evaluarán riesgo que corren luchadores sociales


Serán convocadas para decidir cómo exigir a los gobiernos protección, adelanta el representante

Tras el asesinato del dirigente de la Larsez, Raymundo Velázquez Flores, quién sigue, pregunta

MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 11 de agosto. Organizaciones sociales y de derechos humanos anunciaron una evaluación del contexto de la lucha social, sobre todo por los asesinatos recientes de líderes sociales, como Arturo Hernández Cardona, de la Unidad Popular de Iguala, y Raymundo Velázquez Flores, de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez).

Consultados por separado, dirigentes de varias organizaciones coincidieron en la necesidad de analizar los riesgos y situación en que viven.

Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos y Organismos Civiles, informó que se llamará al resto de las organizaciones del estado a reunirse para decidir cómo exigir a los gobiernos medidas de protección para los luchadores sociales.

“Estamos en luz roja; nos preocupa lo que está pasando en la lucha social: primero el asesinato de Hernández Cardona que no ha sido aclarado, luego Raymundo, apenas a dos meses, ¿Ahora quién sigue?, yo me pregunto. Sabemos que desempeñamos un trabajo de alto riesgo, pero la situación no puede continuar así”, reprochó.

La coordinadora del Frente de Defensa Popular en Guerrero (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, condenó la muerte de Velázquez Flores y exigió a los gobiernos federal y estatal aclararla.

Consideró que el crimen del dirigente de la Larsez, ocurrido el 5 pasado, se suma al de los líderes de la UP, cuyos cuerpos fueron hallados el 3 de junio en la carretera entre Mezcala e Iguala.

Velázquez Flores, con la Larsez, desde 1962, fue el brazo campesino de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) que dirigió el guerrillero Genaro Vázquez Rojas. El lunes pasado, su cuerpo fue encontrado en un terreno conocido como Carrera Larga, en Coyuca de Benítez.

El dirigente preparaba para el próximo 20 el primer Congreso Regional del Partido Comunista de México, que agruparía a varias células comunistas de campesinos y maestros de comunidades de Costa Grande y La Montaña.

En cuanto se supo de la muerte del dirigente, el partido lanzó un comunicado: “El Partido Comunista de México, a través de su Buró Político, hace responsable al gobierno federal de Enrique Peña Nieto del PRI, al gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero del PRD y al gobierno municipal de Ramiro Ávila Morales del asesinato de nuestros camaradas”.

El Partido Comunista de México denunció que en Guerrero no hay garantías para la acción política de los comunistas, los revolucionarios y los luchadores sociales. “Éste es un ataque directo de los tres niveles de gobierno en contra del Partido Comunista de México. En ese sentido, nuestro Partido Comunista de México y todas sus estructuras actuarán en consecuencia y juramos que no quedará impune el asesinato de nuestros camaradas”.

El vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanárez, aseguró que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una investigación por el caso de Velázquez Flores.

Especialistas en tecnología se suman a la lucha por los derechos humanos en México




(Ciudad de México/Washington D.C.) A través del #FreedomHack, un evento realizado simultáneamente en la Ciudad de México y en Washington D.C. organizado por Cont3nt, Community RED y Amnistía Internacional, decenas de especialistas en tecnología escucharon y trabajaron sobre las preocupaciones de activistas, organizaciones de derechos humanos y periodistas en México.

Durante este evento que tuvo lugar el pasado 10 y 11 de agosto se combinó el talento de decenas de programadores que trabajaron durante más de 24 horas para desarrollar herramientas tecnológicas que facilitaran a activistas y periodistas el ejercicio de su labor en forma segura.

“Periodistas y quienes defienden derechos humanos en México necesitan maneras de denunciar abusos de forma segura, sin temor a represalias” Afirmó desde la Ciudad de México Kathryn Striffolino, Coordinadora del Proyecto Ciencia por los Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Entre los proyectos que se presentaron se incluyeron desarrollos que facilitan el periodismo ciudadano, herramientas para compartir y transportar información de manera segura, así como herramientas de reacción rápida ante amenazas de seguridad de activistas y personas defensoras de derechos humanos.

“Lo que aquí se busca es incrementar las herramientas tecnológicas a disposición de quienes luchan para defender los derechos humanos en México, o informar a la sociedad sobre los abusos que se suceden cada día en el país. Estas personas se encuentran en riesgo debido a su legítima labor y la tecnología puede ser una herramienta muy útil.” Dijo Daniel Zapico, Representante de Amnistía Internacional en México.

“Sin embargo, estos proyectos de ninguna manera sustituyen o aminoran la obligación de las autoridades de tomar medidas efectivas para proteger la labor de periodistas y de quienes defienden derechos humanos, incluyendo poner fin a la impunidad generalizada que se vive en el país.” Agregó Zapico.

“En tanto el periodismo no pueda ser ejercido en México de forma segura y los abusos a los derechos humanos no puedan ser denunciados sin miedo a represalias, México continuará siendo un país donde la libertad de expresión y el disfrute de los derechos humanos sean más un sueño que una realidad.” complementó Striffolino.

Información adicional

En los últimos años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, como lo reconocen numerosas organizaciones internacionales.

Los proyectos sobre los que se trabajó durante el #FreedomHack pueden consultarse en la siguiente dirección: http://www.hackathon.io/freedomhack/projects

Los productos desarrollados durante este evento son prototipos que continuarán siendo desarrollados antes de ser puestos a disposición de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos.

Community RED [ www.communityred.org ] es una organización con sede en los Estados Unidos que busca facilitar el ejercicio del periodismo en zonas en conflicto. Cont3nt.com es una plataforma dedicada a facilitar el intercambio de información entre periodistas independientes y medios de comunicación.

Oficio de Papel



Lunes 12 de agosto de 2013
Nervios en Los Pinos por López Obrador
Modifica agenda privatizadora de petróleo
Desvían fondos para jubilados de Pemex


El líder de la única oposición real al gobierno priista ha vuelto a marcar el rumbo político en las decisiones del país. La semana pasada Andrés Manuel López Obrador, máximo dirigente de Morena, calificó como “robo del siglo” la pretendida reforma energética que promueve el presidente Enrique Peña Nieto, por lo que le hizo un llamado para que cancele su presentación prevista para esta semana.El gobierno federal había anunciado que dicha reforma iba a ser presentada al Congreso desde la semana pasada, pero los nerviosos políticos de Los Pinos decidieron detenerla unos días hasta conocer las acciones y opiniones que Morena y su líder López Obrador anunciarían, como es la movilización pacífica a que han convocado para el 8 de septiembre en el Zócalo de la capital del país.

En estos últimos días los encargados de la reforma, encabezados por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han modificado la propuesta en varias ocasiones, que va desde reformar el artículo 27 constitucional para permitir la participación abierta del sector privado nacional y extranjero en la exploración y producción de petróleo y gas mediante contratos de riesgo, hasta el agregado de algunas cláusulas que sólo permitirían la contratación de empresas extranjeras mediante acuerdos para pagarles sus servicios con materias primas, lo cual en realidad significaría lo mismo.

En la Presidencia de la República saben que cualquier cosa que incluyan en su propuesta de reforma energética que pretenda modificar la Constitución, será rechazado en fuertes movilizaciones por el único líder de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, quien ha vuelto así en este nuevo gobierno priista a marcar el rumbo político del país.

“Recomiendo respetuosamente a Peña que lo piense bien. Su intención de reformar el artículo 27 constitucional para privatizar el petróleo lo hará pasar a la historia como un émulo del dictador Antonio López de Santa Anna, porque de ese tamaño es la traición a México”, acusó y advirtió: “Estaré muy al pendiente de lo que quieren hacer esos rufianes con el país. Es una mentira lo que dijo el secretario de Energía del gobierno peñista, Pedro Joaquín Coldwell, de que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa quebrada, aunque a los inversionistas extranjeros les dicen otras cosas. Basta señalar que todas las empresas calificadoras, las más famosas del mundo financiero, tienen a Pemex como una de las empresas más rentables del mundo”.

Y ya que hablamos de intentos modificatorios constitucionales, cualquier cambio debería empezar por el despido del líder petrolero Eduardo Romero Deschamps, quien ante sus evidentes excesos y corruptelas, Peña Nieto debería tomar la decisión de alejar de Pemex al ahora senador priista y permitir que esa empresa deje de entregar miles de millones a los líderes petroleros corruptos que se han enriquecido ilícitamente con el dinero del petróleo mexicano. Personas cercanas a Romero comentan que este “líder charro” está listo para abandonar las filas sindicales en cuanto el presidente se lo solicite. ¿Qué esperan?

Desvían fondos de jubilados en Pemex

Uno de los cambios previos a la reforma petrolera y del sector de energía que busca lograr el director general de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, es la transformación del esquema de pensiones de la empresa del Estado. Son dos los fideicomisos que, hasta ahora, tendrían que haberse utilizado para acumular los recursos necesarios para el retiro de los trabajadores de Pemex.

Sin embargo, el Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda (Ficolavi) y el Fondo Laboral de Petróleos Mexicanos (Folape) lejos de concentrar grandes montos para invertirlos en el largo plazo, durante el gobierno del panista Felipe Calderón se utilizaron como fideicomisos con un manejo revolvente, lo que ha complicado ahora la creación de reservas actuariales que sirvan para generar rendimientos y ayuden al fondeo de esta obligación. Esto debe ser investigado por el Congreso y por los órganos de control y vigilancia del gobierno, pues sin duda que de allí se desviaron recursos para satisfacer los apetitos corruptos de la administración anterior.

En los reportes a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), Pemex reconoce un pasivo por concepto laboral y pensiones superior a los 110 mil millones de dólares que, prácticamente, sigue sin fondearse. Un cambio en el sistema de pensiones de los trabajadores de la paraestatal es impostergable, no porque en algún momento la empresa tenga que hacer frente a esa obligación y declararse simplemente en quiebra, sino porque la urgencia está relacionada con la sustentabilidad de las propias pensiones.

Como está diseñado el esquema para el retiro de los trabajadores petroleros, su pasivo laboral es una deuda del gobierno federal que deberá responder por ella, y este pasivo sigue aumentando. Sin embargo, los trabajadores petroleros tienen el registro de aportaciones en estos dos fondos cuyo destino deberá clarificar la actual administración de Pemex.

Por ejemplo, la Unión Nacional de Petroleros Jubilados de Confianza envío al consejo directivo de Pemex una carta en la que le solicita información sobre la situación del Ficolavi, un fideicomiso que se constituyó en 1989 en Bancomer, hoy BBVA. El propósito de ese fondo fue sustentar financieramente el pago de pensiones de todo personal jubilado y por jubilarse.

En 1989 se informó que el monto inicial del fideicomiso era de 272 mil millones de pesos. Los trabajadores jubilados de confianza de Pemex solicitan ahora información al consejo directivo sobre los movimientos que se realizaron con estos recursos, pues hay la duda sobre un fuerte desvío por miles de millones de pesos de parte del gobierno calderonista durante la administración anterior.

La Unión Nacional de Petroleros Jubilados de Confianza de Pemex refiere que, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, se reportan movimientos con los fondos del Ficolavi que podrían involucrar transferencias de recursos a la nómina del personal activo.

Hasta diciembre pasado, refieren los jubilados, la disponibilidad del fondo sólo era de 64 mil 966.2 millones de pesos. También se preguntan sobre las causas de la falta de crecimiento del fondo y sobre los rendimientos de los fondos invertidos en otras actividades financieras.

Los trabajadores jubilados presumen que desde 1989 las diferentes administraciones de Pemex no han manejado debidamente los recursos financieros de estos fideicomisos, además de que el destino de las aportaciones así como los rendimientos que deberían haberse generado – derivados de la inversión – no están acordes con las expectativas contempladas en la constitución del fideicomiso, con lo que se habría incumplido el contrato.

Advierten sobre un plan para extinguir este fideicomiso que no ha sido notificado a los trabajadores. Resulta que en el informe de rendición de cuentas de la Secretaría de la Función Pública (2000-2006) se reporta que hace falta la autorización para concluir con el proceso de extinción del Ficolavi, liquidación que sólo podría presentarse si Pemex desapareciera. El saldo de este fondo debería ubicarse en 2 mil 944 millones 751 mil 222.84 pesos, tomando en cuenta rendimientos y nuevas aportaciones.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en 2010 que la administración del Ficolavi, que también se utiliza para créditos a la vivienda, ha incurrido en gastos excesivos de administración para la recuperación de cartera.

Hasta 2010, según la ASF, el Ficolavi reportó una cartera de extrabajadores a cargo de la fiduciaria, por 16 mil 676.2 millones de pesos, y de las gestiones realizadas para la recuperación de la cartera la entidad fiscalizada informó que 69 créditos cuentan con un convenio de regularización de adeudo. Asimismo, se verificó que sólo 11 (15.9%) de 69 acreditados efectuaron pagos durante 2010, por 479.7 miles de pesos.

Los estados financieros dictaminados en 2010 reportan gastos de administración, por 6.6 millones de pesos, entre los cuales la fiduciaria invirtió, sin incluir sus honorarios, recursos financieros para la recuperación de la cartera por 3.1 millones de pesos.

La ASF recomendó a Pemex que mediante su Dirección General y su Consejo de Administración analicen la situación de riesgo institucional que prevalece al carecer de una reserva laboral suficiente para cubrir en el futuro las obligaciones contraídas con sus trabajadores y determine posibles cursos de acción con el fin de proyectar la necesidad de obtener recursos en razón de lo establecido en el contrato del fideicomiso.

La única salida que observó entonces la ASF era que Pemex solicitara
recursos presupuestarios para conformar de manera programada una reserva actuarial que fortalezca a Pemex.

Además, Pemex debía reforzar las medidas de control y supervisión, a fin de que cada departamento de personal identifique con oportunidad la falta de asistencia de pensionados y remita el registro correspondiente al Programa de Supervivencia para su concentración, con objeto de mantener actualizada la información sobre la supervivencia y en caso de no contar con el registro de algún pensionado, suspenda su pago hasta que se agoten las medidas de comprobación.

El nuevo esquema

Ahora, la propuesta de Pemex es migrar los fondos para el pago de pensiones a un esquema de capitalización que a través de cuentas individuales como las del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) permitirían a cada trabajador de la paraestatal constituir su propio fondo en donde aportarán recursos para su ahorro, mientras la propia paraestatal y el gobierno federal lo complementarán.

De esta forma, Pemex y su administración ya no serán responsables únicos del pago de las pensiones para más de 125 mil empleados de planta y 45 mil transitorios.

También las pensiones post mortem ya no serían vitalicias para las viudas y se fijará un plazo perentorio – que se calcula en tres años – para suprimir el servicio médico. En este momento, los trabajadores jubilados de Pemex denuncian, por ejemplo, que en las clínicas y farmacias de la paraestatal ya se reporta escasez de medicamentos y que ahora los pensionados deben comprar sus medicinas y luego buscar el reembolso que puede tomar varios meses.

Para los trabajadores transitorios, además, ya no se acumularía antigüedad para computar sus años de servicio, y sólo se tomará en cuenta su permanencia en la paraestatal una vez que cuenten con planta. El ingreso a cuentas individuales se daría en automático.

Los trabajadores de nuevo ingreso ya no tendrían servicio médico de Pemex y se incorporarían al ISSSTE. Los trabajadores petroleros jubilados continuarían con el esquema anterior pero la actualización de sus pensiones ya no sería conforme al incremento salarial que se otorgue al personal en activo. La actualización dependería de la inflación estimada por el Banco de México. Hasta ahora, sin embargo, la dirección de Pemex no ha dado a conocer su propuesta para el nuevo esquema de pensiones que ya fue presentada al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que encabeza Carlos Romero Deschamps.

Entregan complejo de Pajaritos a Mexichem

Trabajadores petroleros agrupados en el Comité de Estudios de la Energía alertan que la venta del 60 por ciento del complejo petroquímico Pajaritos (propiedad de la paraestatal Pemex) a la empresa Mexichem, derivará en la pérdida de alrededor del 50 por ciento de las plazas laborales (esto es que más de 1 mil trabajadores quedarían en la calle). No obstante, Pemex ha anunciado que al ceder la operación del complejo no será despedido ni un solo trabajador.

De acuerdo con declaraciones del ingeniero Mario Galicia, la transacción se dio como uno de los primeros pasos de la privatización de la industria. Refiere que la cadena de valor en la petroquímica es muy alta: mientras que la extracción de un barril de crudo genera un empleo, el proceso petroquímico de ese mismo barril deriva en 60 plazas.

Sobresale que para la venta de dicho complejo petroquímico la paraestatal recurrió al Grupo PMI, el esquema de empresas “privadas” operadas por PMI Comercio Internacional en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales. Y es que por medio de la filial “privada” PMI Holding, BV, constituyó una sociedad con Mexichem: mientras Pemex posee de manera triangulada el 40 por ciento de la empresa PPQ Cadena Productiva, Mexichem controla el 60.

PPQ Cadena Productiva es ya, formalmente, la dueña del complejo petroquímico Pajaritos –ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz–, y las decisiones son tomadas desde la semana pasada por Mexichem, la empresa que dirige el exbanquero Antonio del Valle Ruiz.

La entrega, sin embargo, no ha sido tersa al interior de la petrolera. El pasado 10 de agosto, un nutrido grupo de trabajadores marcharon unos 7 kilómetros –desde la entrada del complejo hasta la ciudad de Coatzacoalcos– para exigir transparencia, así como respeto a las más de 2 mil plazas laborales. También lanzaron consignas en contra de la privatización de la empresa paraestatal.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

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