Periódico Regeneración - Primer Número - Enero 2010

Regeneracion 1

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Convocatoria quema de recibos de CFE

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA CONVOCA PARA EL 6 DE ENERO 2010 9:55 AM (PUNTUALES) FRENTE A PALACIO NACIONAL PARA LA QUEMA DE RECIBOS DE CFE

Desolador 2009 para la lucha social y los derechos humanos, señala Tlachinollan

Indica análisis que el año pasado se registraron 143 abusos cometidos por el Ejército

Recrimina que ninguno de los casos denunciados tenga una respuesta favorable

LAURA REYES MACIEL ( )

Aunque el año 2009 fue catalogado como el año en el que se vigorizaron y fortalecieron las organizaciones sociales en Guerrero, por igual terminó con una imagen desoladora y evidentes actos de represión del Ejército mexicano y el gobierno del estado contra los defensores de los derechos humanos y sectores indígenas de las comunidades más apartadas, concluyó en un análisis el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

En un balance de los hechos más lamentables registrados el año pasado, esa organización no gubernamental destacó la incursión de las fuerzas castrenses a poblados bajo el “pretexto” del combate bélico contra el narcotráfico y la lucha contrainsurgente, lo que ha dejado en la entidad “graves consecuencias”, documentadas algunas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum): 143 violaciones cometidas por militares, entre torturas y homicidios.

“Desde el 20 de diciembre de 2008 cuando aparecieron decapitados ocho militares (en Chilpancingo), el Ejército tomó el control de varias ciudades. Sin ningún contrapeso y monitoreo por parte de las autoridades civiles, allanaron domicilios, detuvieron ilegalmente a varias personas, las intimidaron, las amenazaron, algunas sufrieron lesiones y torturas”, precisa el análisis.

En las cifras concretas registradas por la Coddehum, tan sólo en 2009 se documentaron 143 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército, sobresaliendo los allanamientos de morada, que ascendió a 95 casos.

Asimismo se registraron 57 detenciones arbitrarias, relacionadas con el ejercicio; 38 casos de robos, 27 de intimidación, 32 de lesiones, 17 de daños, 13 de amenazas, seis de tortura y uno de homicidio.

Tlachinollan reprochó que todos esos casos, documentados legalmente por sus miembros, fueron turnados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que hasta la fecha no ha informado cuántas recomendaciones ha emitido para investigar a los responsables y sancionarlos ante las autoridades competentes.

Ejército, igual a amenaza

Todos esas violaciones, cometidas sólo en un año, ha dado como resultado que el poder del Ejército mexicano se vea como una amenaza constante para la población, sobre todo la que se encuentra en las regiones de la Costa Grande, Tierra Caliente y la Costa Chica.

“Se ha transformado en una amenaza para la sociedad en su conjunto, porque emerge como un poder de facto que no tiene ningún control legal ni social y sólo propicia la confrontación, elevando los niveles de violencia, debilitando al mismo tiempo a las instituciones democráticas. La militarización en nuestro estado se ha extendido no sólo contra la delincuencia organizada y el narcotráfico”, alerta dicha organización.

Crímenes sin castigo

Además, incluyeron un recuento de casos evidentes de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales como las de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce, indígenas de Ayutla; la criminalización a los defensores de derechos humanos como Máximo Mójica, David Valtierra y Javier Monroy. Dos casos recientes son las amenazas telefónicas que han sufrido los miembros del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), por su trabajo persistente de denuncia sobre casos de desaparecidos

También integraron el homicidio de quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, que a meses de su asesinato, no se han arrojado “avances serios en las investigaciones ministeriales, por el contrario, se ha permitido la denigración de su imagen y de su trayectoria política”, lo que para Tlachinollan es el reflejo del poco profesionalismo de las autoridades que generan animadversión y desconfianza hacia el órgano investigador.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Difusión: Soberanía Popular

En 2009, violación a derechos humanos en todos los rubros

Escrito por RAÙL MORALES VELÁZQUEZ

Sábado, 02 de Enero de 2010 00:00

CUERNAVACA. Como parte del balance sobre la situación de los derechos humanos en Morelos en el año 2009, la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la situación que prevalece en el estado de Morelos, concluyendo que hay violación de derechos en todos los sectores de la población.

José Martínez Cruz y Juliana García Quintanilla voceros de la CIDH y de la Red Todos los Derechos para Todos respectivamente realizaron un balance en los que en materia de derechos humanos y señalaron que “en el camino hemos encontrado muchas personas que han sido afectadas en sus derechos humanos y denunciado la constante agresión que se vive en pueblos y comunidades indígenas, hemos acompañado la lucha por la tierra y la defensa del medio ambiente, la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres en sus cuerpos y sus vidas, documentado la militarización con sus agresiones físicas y allanamiento de domicilios particulares, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura, en este año que termina se han documentado ampliamente la criminalización de los movimientos sociales, retomado en el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que da cuenta de varios casos, entre los que se documenta la agresión vivida por Cristóbal Martínez, ayudante municipal de San Antón en Cuernavaca y la represión contra el magisterio y el pueblo de Xoxocotla”, entre otras cosas.

En su informa anual mencionan la “violencia feminicida” creciente, en donde argumentan que los asesinatos en contra de mujeres han marcado a Morelos como un estado donde la vida de las mujeres está en grave riesgo. “Hay un incremento en la violencia sexual contra las mujeres y contra defensoras de los derechos humanos como resultado de la militarización que el Estado mexicano está promoviendo en distintas partes del país en la lucha contra el narcotráfico, lo que indica que el Estado simula que hace algo para recibir recursos, pero en realidad no hay la voluntad de combatir el problema de violencia de género de manera efectiva, como quedó documentado en el informe presentado por Amnistía Internacional”, además detalla sobre las ejecuciones extrajudiciales encubiertas en contra de jóvenes detenidos, desaparecidos y ejecutados, mismos que se ha incrementado de forma grave y se ha encubierto con supuestos enfrentamientos entre bandas criminales, cuando en más de siete de esos 38 casos documentados en 2009 se ha comprobado la participación de elementos policíacos y militares.

“El caso de la ejecución extrajudicial de uno de los principales dirigentes del Concejo de Pueblos de Morelos indica el grave riesgo en que se encuentran quienes participan en los movimientos sociales en Morelos, Miguel Ángel Pérez Casales, indígena de la comunidad náhuatl de Santa Catarina, del municipio de Tepoztlán, Morelos, fue asesinado el 31 de octubre de 2009 y seguimos exigiendo una investigación a fondo y de manera imparcial para establecer con claridad los móviles del atentado y localizar a los responsables de privarle la vida, ya que hasta el momento permanece en la impunidad este crimen”.

La militarización en Morelos ha cobrado vidas de manera creciente

Para ilustrar las consecuencias de la militarización, la CIDHM expone el caso de Oswaldo Sánchez Cabrera, quien falleció a consecuencia de las heridas de bala de calibre 7.62 de uso exclusivo del Ejército, el 20 de septiembre pasado, en un retén instalado en el poblado de Apuyeca, en Xochitepec, Morelos. Ante estos hechos la familia presentó una denuncia penal contra elementos de la 24 Zona Militar, misma que dio origen a la carpeta de investigación SC01/7513/0.

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aceptó integrar las quejas por presuntas violaciones cometidas por elementos del Ejército Federal Mexicano, denunciadas por las familias Zamora Gómez y Jaimes por los allanamientos, detenciones arbitrarias, tortura, privación ilegal de la libertad, robo, entre otras violaciones a sus derechos humanos cometidas en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, del estado de Morelos.

En sendos oficios recibidos por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la CNDH notificó que ambas quejas quedaron integradas con número de expediente CNDH/2/2009/3978/Q en el caso de la familia Zamora Gómez, y con el número CNDH/2/2009/3799/Q en el caso de los primos Silverio Iván Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez, por hechos ocurridos en el mes de agosto de 2009, sin embargo, se sigue utilizando la vía de la justicia militar para investigar estos casos, lo que ha significado la garantía de impunidad en la mayoría de estos casos.

El 22 de marzo cerca de media noche tanquetas y vehículos artillados del Ejército Mexicano de la 24 Zona Militar tomaron por asalto el centro del pueblo de Ocotepec, comunidad indígena ubicada al norte de Cuernavaca, Morelos, en donde impusieron un férreo control mediante el emplazamiento de metralletas y armas de grueso calibre, deteniendo y sometiendo a 15 elementos de la Ronda de Vigilancia de Ocotepec, tomando a punta de pistola las instalaciones de la Ayudantía Municipal.

Los activistas sociales consideraron que el sistema de justicia está en crisis. Los datos son devastadores, sólo se denuncia uno de cada cuatro delitos y de los denunciados el 97% quedan en la impunidad.

Ante todo ello ahora más que nunca le toca a la sociedad civil responder al discurso oficial con la verdad: con los hechos, la documentación de casos, los testimonios de las víctimas y con las estadísticas recabadas a partir de los hechos al nivel nacional y estatal que dan cuenta del panorama de los abusos cometidos en el marco de los operativos de seguridad pública. Hasta que el Estado se muestre capaz de reconocer la gravedad de la situación y responder poniendo fin a la impunidad, serán necesarias iniciativas civiles como la presente, acciones conjuntas para fortalecer la capacidad de la sociedad para demandar un país de respeto por las garantías fundamentales, del estado de derecho conforme a las obligaciones libremente contraídas por el Estado en materia de derechos humanos. Por un país de no más abusos.

Fuente: La Jornada de Morelos

Difusión: Soberanía Popular

“HUEHUETLAHTOLLI” EL CONSEJO DE LOS ANCIANOS AUDIO DEL PROGRAMA 43.

“HUEHUETLAHTOLLI” EL CONSEJO DE LOS ANCIANOS AUDIO DEL PROGRAMA 43.



Análisis de los elementos constitutivos del inicio de las conmemoraciones de este año 2010. Los entre tejes de los diferentes sucesos políticos en este 2009 y lo que esta en juego en esta contienda electoral en el 2010 de muchos gobernadores con miras a mantener los cacicazgos locales para el PRI y que permitan llegar a enrique peña nieto a la presidencia de la republica. Igualmente algunos aspectos económicos y sociales que nos deparan para este 2010. y sus implicaciones
Programa transmitido por radio la nueva republica los días viernes de 23:00hrs a 24:00hrs y retransmitido los sábados de 9:00hrs a 10:00hrs.



Publicado por: TONATIUH MALDONADO.