Los integrantes de la Resistencia Creativa invitan a brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Pueblo, comités ciudadanos en resistencia, hombres y mujeres libres de México, a la Asamblea que domingo a domingo llevamos a cabo.
La cita es Domingo 29 de noviembre a las 11:00 hrs. en el Hemiciclo a Juárez, contaremos en esta ocasión con la participación del Dr. Jorge Eduardo Navarrete con la charla "México frente a crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo", también nos acompañarán Ramíro Díaz (Huasteca) y Daniel Gómez Santiz (Chiapas), integrantes del "Frente Nacional de Lucha por el Socialismo" quienes nos hablarán de sobre la "Criminalización de la pobreza y la lucha popular".
¡Cuidado! Que no se le ocurra dejar su casa sola y sin vigilancia. Su ausencia podría ser aprovechada, no solo por los delincuentes, sino también por la policía, que podrá entrar legalmente a su domicilio, sin que usted se entere, para instalar micrófonos ocultos.
Por insólito que parezca, en Los Pinos existe un Proyecto de Ley Antisecuestro que el presidente de la República podría enviar próximamente al Congreso.
La iniciativa con proyecto de decreto para la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, nada más está esperando la firma del presidente Felipe Calderón para ser sometida al análisis del Poder Legislativo.
Según la exposición de motivos, el proyecto pretende que "las leyes e instrumentos con los que cuenta el Estado para combatir la delincuencia sean acordes con la realidad".
De ahí que, entre otras novedosas facultades, el artículo 29 señala que "el Ministerio Público podrá solicitar, conjuntamente con la orden de cateo, la autorización de intervención de comunicaciones privadas con la finalidad de instalar instrumentos de vigilancia en el lugar cateado sin el conocimiento de los propietarios, poseedores o detentadores del inmueble".
¿En qué condiciones se podrán aplicar estas medidas? Basta el simple hecho de que usted o su familia sean sospechosos, a juicio de las autoridades, de estar involucrados en un caso de secuestro.
La nueva ley está plagada de preceptos que serían envidiados por la Gestapo, la Stasi y la KGB.
El proyecto de ley define en su artículo 6 lo que estaríamos obligados a entender por "inteligencia policial".
Señala que es "el conocimiento obtenido a partir de la recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de la información para prevenir el fenómeno delictivo relativo a las conductas sancionadas en esta Ley".
Con esta amplísima definición, se pretende legalizar todos los procedimientos a los que hoy recurren las corporaciones policiacas para obtener información.
Dicho en otras palabras, la inteligencia policial aglutinaría todas las actividades de espionaje e interrogatorios que hoy realiza la policía al margen de la ley.
Si la propuesta del Ejecutivo es aprobada por el Congreso de la Unión, serían legales las intervenciones telefónicas y a distancia, así como el allanamiento de domicilios para ocultar micrófonos.
Además, las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a proporcionar información de sus clientes a cualquier Ministerio Público del país sin mandamiento judicial.
Por si esto fuera poco, "la inteligencia policial" incluye la autorización para que los elementos policiacos se infiltren en las bandas de secuestradores y delincan impunemente.
Según la propuesta de ley, las instituciones policiales "producen la inteligencia", y para hacerlo, podrán hacer uso de cualquier método, pero sin "afectar en ningún caso las garantías individuales, ni los derechos humanos".
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El secuestrador y la privacidad
No deja de sorprender la pretensión de considerar secuestrador al asesor profesional contratado por los familiares de una víctima de secuestro, en caso de que dicho consultor no proporcione información a la policía.
¿Que acaso no está claro que las familias de los secuestrados recurren a asesores privados precisamente porque no se puede confiar en la policía?
Además, aunque ya lo hace la policía, este proyecto de ley pretende legalizar la violación del derecho a la privacidad.
Para nadie es un secreto que las policías mexicanas recurren a la intervención telefónica, no solo para investigar delitos, sino también para allegarse información política y de todo tipo.
Aunque las leyes mexicanas ya prevén la intervención de las telecomunicaciones como parte de la investigación de determinados delitos, y en circunstancias especiales, la iniciativa del presidente pretende "legalizar" todo tipo de intromisión en la vida privada de los ciudadanos.
Ahora la policía no tendrá que limitarse a escuchar conversaciones, sino que también podrá grabarlas. Y ni siquiera será necesario probar que la persona espiada es delincuente. Basta partir de ciertos indicios, como la información revelada a través de una llamada "anónima" y que supuestamente fue corroborada por la policía.
Pero la violación del derecho a la privacidad no para ahí. También se faculta a la autoridad para pedir toda clase de información a las empresas de servicios de telecomunicaciones.
Estas compañías estarían obligadas a proporcionar información de sus clientes a cualquier funcionario autorizado por el Ministerio Público federal o local. Esto se podrá hacer sin que exista una autorización judicial.
Cualquier agente del Ministerio Público podría tener acceso a todos los números telefónicos vinculados a una persona, tanto llamadas hechas como recibidas. Y toda la información estaría a su disposición: nombres, domicilios, horarios, etc.
Con estos datos se podría construir fácilmente el conjunto de relaciones de una persona.
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Big Brother
Si usted está hablando por teléfono en su oficina, en su auto o hasta en su casa, cuídese de decir algo que un "inteligente" policía pudiera interpretar como un asunto vinculado a una conducta delictiva, que no necesariamente tendría que ser un secuestro.
Y es que de acuerdo con la propuesta de la nueva Ley Antisecuestro, las grabaciones obtenidas "producto de la inteligencia policial", deberán formar parte de otras averiguaciones previas en caso de que el Ministerio Público considere que se han cometido otras conductas delictivas.
Una plática con su asesor fiscal, por ejemplo, pudiera ser interpretada como una tentativa de defraudación fiscal.
En caso de ser aprobada la ley, ni siquiera los secretos de confesión estarán seguros, ya que los sacerdotes estarán obligados a revelar las confidencias de los fieles cuando la autoridad considere que dicha información puede poner en peligro la vida de alguien.
En esos casos, los sacerdotes ya no podrán acogerse a la excepción que establecen los artículos 243 y 243 bis del Código de Procedimientos Penales.
Lo mismo va para los abogados, periodistas y todos aquellos que, debido a su trabajo, pudieran tener, a juicio de la autoridad, información relevante para resolver ciertos casos.
Además, los elementos policiacos también podrían actuar como delincuentes si la propuesta de ley es aprobada.
En caso de que los "agentes infiltrados" sean detenidos en la comisión de algún delito, no podrán ser sancionados porque estarían cumpliendo con su deber, según la ley.
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La 'nómina' del 'soplón'
El "soplón" a sueldo deja de ser un personaje de las películas hollywoodenses, para convertirse en un personaje real de la investigación criminalística mexicana.
Conforme a la iniciativa, el soplón tendrá derecho a recibir una recompensa, pero nadie sabrá su identidad, solo el Ministerio Público.
La ley también propone la cadena perpetua para los secuestradores y el uso de un brazalete electrónico para los delincuentes que hayan compurgado una sentencia por este delito.
Dado que el Ejecutivo propone esta ley como reglamentaria de la Constitución General de la República, sería de observancia general en todo el país en caso de ser aprobada.
Por lo tanto, todas las autoridades, de cualquier nivel de gobierno, estarían obligadas a su observancia, con independencia de lo que dispongan las leyes locales.
¿Habrá alguien que de verdad piense que estas disposiciones ayudarán a abatir el secuestro?
¿O nos encontramos ante el riesgo de que las bandas de la delincuencia organizada, muchas de ellas instaladas en las corporaciones de seguridad, sean dotadas de más instrumentos e información para seguir actuando impunemente?
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Víctimas de la ley
Esta historia no es real, pero podría serlo.
Sus personajes son acechados por una ley que no alcanzan a entender.
Son víctimas de un sistema que invade su vida personal. Los sigue, los espía y los condena sin haber sido declarados culpables.
Esta ley no es una fantasía. Es parte de un proyecto que está a punto de ser enviado al Poder Legislativo para su aprobación.
Si el Congreso da el visto bueno a dicha iniciativa, esta historia podría sucederle a cualquiera, no sólo a los Cuéllar.
Es difícil creer que en el México del siglo 21 alguien se atreva a proponer una ley como esta.
Ojalá que este artículo sirva para hacer reflexionar a quienes tienen la obligación de impedir que se convierta en realidad la pesadilla de los Cuéllar. Ojalá que hagan lo necesario para poner fin a la pesadilla que ya sufrimos todos por vivir en un México secuestrado.
La madrugada del 26 de diciembre, la familia Cuéllar viajaba en su suburban rumbo a San Antonio, Texas. Tenían planeado pasar el fin de año en el "otro lado".
Los Cuéllar nunca se imaginaron que tan pronto ellos salieron de su casa, un grupo armado se introdujo sigilosamente a su domicilio.
Cuando apenas habían avanzado unas cuantas cuadras, Roberto se dio cuenta de que había olvidado su pasaporte. Se dio vuelta en "u" para regresar a casa.
Cuando faltaban pocos metros para llegar, notó que algo raro ocurría en su domicilio.
Había alcanzado a percibir un fugaz destello la luz, como de una linterna, en una de las recámaras del segundo piso.
Por fortuna, en ese momento pasaba una patrulla de la Policía Municipal, así que Roberto pidió ayuda.
Pronto la casa fue rodeada por varias patrullas, y los intrusos fueron sorprendidos in fraganti dentro del domicilio.
Sin embargo, para sorpresa de los policías municipales y del propio Roberto, los que actuaban como delincuentes en realidad no lo eran.
Los hombres vestidos de negro y con capuchas resultaron ser policías federales. Mostraron una orden expedida por un juez federal que los autorizaba a entrar a la casa.
Roberto no salía de su asombro. Los policías municipales tampoco.
¿Por qué un juez federal había permitido allanar su domicilio en su ausencia?
Ya dentro de su casa, Roberto encontró otra desagradable sorpresa. Los policías federales habían empezado a instalar micrófonos.
La orden judicial también los autorizaba a colocar estos dispositivos para grabar las conversaciones de Roberto y su familia.
Roberto exigía una explicación, pero los elementos federales guardaban silencio.
"La ley nos impide comentar cualquier cosa al respecto", decían. Y no mentían. El artículo 17 de la nueva Ley Antisecuestro se los prohibía.
Esa ley permitía a la policía solicitar una orden de cateo para "investigar". Y lo podía hacer basada solo en "indicios", como una llamada anónima. Claro, "corroborada" por la policía según la ley.
De acuerdo con el artículo 26 de la nueva ley, "el Ministerio Público recibirá las denuncias y reportes anónimos que le sean presentadas respecto de las cuales realizará las diligencias respectivas en términos del Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública".
Y no es que Roberto fuera culpable. No. Solamente era sospechoso. Y en razón de ello se autorizó una orden de cateo que incluía la autorización para entrar subrepticiamente e instalar micrófonos.
A los Cuéllar, como a miles de familias de México, la aprobación de esa ley les había pasado de noche.
Sabían que se había aprobado una ley para castigar a los secuestradores con cadena perpetua. Sin embargo, nunca se imaginaron que aquella legislación contenía disposiciones tan aberrantes como la del artículo 29:
"El Ministerio Público podrá solicitar, conjuntamente con la orden de cateo, la autorización de intervención de comunicaciones privadas con la finalidad de instalar instrumentos de vigilancia en el lugar cateado sin el conocimiento de los propietarios, poseedores o detentadores del inmueble".
Roberto no era un secuestrador. Ni la policía, ni el Ministerio Público tenían evidencia de que lo fuera. Simplemente era un sospechoso.
¿Qué hubiera pasado -se preguntaba- si hubiera entrado a su casa sin advertir la presencia de aquellos tipos?
¿Su familia y él mismo podrían haber sido heridos? ¿Alguien podría haber muerto, o él podría haber matado a alguien en su propia casa?
Pero eso no era todo. Roberto nunca imaginó que todas sus conversaciones telefónicas habían sido grabadas.
Un juez federal había autorizado a la Policía Federal a invadir la privacidad de Roberto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la nueva ley:
"El Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, los Procuradores de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, así como las autoridades federales facultadas en Ley para ello podrán solicitar a la autoridad judicial federal su autorización para la intervención de comunicaciones privadas".
¿En qué país vivo?, se preguntaba Roberto. ¿Acaso esta policía es como la Gestapo, la Stasi o la KGB?
Pero aquello no era más que el principio de una pesadilla que habría de ocurrir seis meses después.
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LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY
Un buen día, Roberto recibió una llamada de alguien que sabía todo sobre él. Incluso estaba al tanto de la relación de amistad que había tenido con Margarita.
El personaje misterioso puso la grabación de la emotiva conversación de despedida que habían tenido Roberto y Margarita en el Café del Bosque. Se habían dado un beso y se habían dicho cosas muy personales.
Roberto recordaba perfectamente aquella plática. Había ocurrido justamente una semana antes del "legal" allanamiento de su casa.
"También tenemos videos y fotografías", decía la voz distorsionada que le pedía dinero a cambio de no utilizar esas evidencias en su contra.
Y no es que Margarita y Roberto hubieran dicho o hecho algo ilegal, pero esos videos y fotos podrían causarle severos problemas personales.
La grabación había sido obtenida mediante un procedimiento legal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la nueva Ley Antisecuestro:
"Se podrá obtener información en lugares públicos mediante instrumentos y técnicas que permitan amplificar y, en su caso, grabar conversaciones a distancia, cuando existan indicios de que aquéllas estén relacionadas con las conductas previstas en el presente ordenamiento".
Si los policías que espiaron a Roberto hubieran sido sorprendidos in fraganti grabando sus conversaciones con Margarita, nada hubiera pasado.
Hubiera sucedido lo mismo que con el allanamiento de la casa. Los policías descubiertos simplemente hubieran mostrado la orden que los autorizaba a grabar en espacios públicos y a distancia.
Cuéllar tampoco sabía que Telmex y Telcel habían entregado a la policía una relación pormenorizada de todas las llamadas que había hecho durante el último mes. Como todas las compañías de teléfonos, estaban obligadas a proporcionar esos datos.
El artículo 30 de la nueva ley señala que "Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y, en lo aplicable, las empresas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la investigación de los delitos previstos en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para otros delitos, están obligados a:
"I. Proporcionar de forma inmediata y sin demora a los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes deleguen dicha atribución, la información relativa al número telefónico que se le indique y los datos del usuario registrado como cliente;
"II. Proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes deleguen dicha atribución".
Quienes tenían los videos y fotos siguieron llamando. Y Roberto tuvo que acceder a pagar lo que le pedían.
Tenían tanta información sobre él y lanzaban tantas amenazas contra su familia, que no había forma de tratar de eludirlos. Sin duda, eran o habían sido policías. Sabían quién era y también dónde vivían sus familiares y amigos.
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SECRETO DE CONFESIÓN
Si aquel 26 de diciembre Roberto estaba furioso. Después de seis meses, sentía miedo. No sabía a quién acudir, ni qué hacer.
Temía por su vida y la de los suyos. Temía ser objeto de un escándalo. Sabía que tenía que pagar.
No podía acudir con nadie, ni confiar en nadie. ¿Quién le podría garantizar que no sería grabado nuevamente? Decidió acudir con el padre Chuy, su amigo y confidente. Pero el párroco también había sido víctima de la nueva Ley Antisecuestro.
Según la policía, cuando Roberto se fue a confesar con el sacerdote, le habría contado de sus ilícitos relacionados con secuestros.
Por eso, pasada la fiesta de Navidad, la noche del 25 de diciembre, elementos de la Policía Federal habían ido por el padre Chuy.
Tenía que declarar ante el Ministerio Público lo que había escuchado de Roberto.
Le advirtieron que la nueva ley no le permitía acogerse a los artículos 243 y 243 Bis, que le eximían de la obligación de declarar y revelar un secreto de confesión.
Las cosas habían cambiado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31, estaba obligado a quebrantar el secreto de confesión.
Y es que ese artículo establecía lo siguiente:
"Toda persona que sea testigo de las conductas previstas en el presente ordenamiento está obligada a declarar con respecto a los hechos investigados.
"No serán aplicables las excepciones a que se refieren los artículos 243 y 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales en los casos en que esté en peligro la vida de la víctima.
"El Ministerio Público, bajo su estricta responsabilidad, podrá emplear las medidas de apremio que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales".
El párroco fue llevado a declarar por la fuerza. Lo haría como "presentado".
Pero el padre se negó a hablar. Entonces, el Ministerio Público abrió una averiguación penal en su contra.
La nueva ley no sólo obligaba a los curas a revelar sus secretos profesionales. Lo mismo pasaba con los abogados, médicos y periodistas, quienes ya no podrían ampararse en el artículo 243 del Código de Procedimientos Penales.
Finalmente, Roberto fue con el cura. Le platicó lo que le pasaba y el chantaje del que era objeto, pero ambos sabían que nada se podía hacer. Menos aún con la nueva Ley Antisecuestro y con la policía "modelo".
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LA POLICÍA MODELO
Curiosamente, desde que se promulgó la ley, no se volvió a saber de policías procesados por estar involucrados en delitos de secuestro.
Aunque sí era frecuente que muchos de ellos fueran confundidos con secuestradores. En realidad, según el gobierno, no eran delincuentes, sino policías encubiertos.
De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo Décimo de la Nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se habían legalizado las operaciones encubiertas y los infiltrados.
En medio de sus miedos, y después de seis meses de que la policía había allanado legalmente su casa, Roberto todavía se preguntaba si aquello era realidad o una pesadilla.
Si era realidad, no se perdonaba el no haber hecho algo para impedir la aprobación de esta ley.
¿Por qué los periodistas no alzaron su voz contra esta legislación staliniana, hitleriana?
¿Por qué los obispos y cardenales se quedaron callados cuando se les coartó su derecho a mantener el secreto de confesión?
¿Qué hizo el nuevo ombudsman para frenar la ley?
¿Por qué los diputados y senadores adelantaron el reloj legislativo para aprobar al vapor aquella ley e irse cuanto antes de vacaciones?
El pasado domingo 22 de noviembre, el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó como uno de los postulados básicos del Nuevo Proyecto Alternativo de Nación, la democratización de los medios de comunicación. Sin duda es un tema de vital importancia, tanto como lo es la educación, la salud, la vivienda o el petróleo, ya que en la medida de que un pueblo esté debidamente informado, esté pasará de convertirse de una masa amorfa de gente a un sociedad civil consciente de sus derechos.
Lamentablemente, en la actualidad y no sólo en México, sino también en el resto del mundo, la información es manejada como una mercancía, que además controlan unos cuantos empresarios, lo cual hace irrealizable las libertades de expresión e información.
Lo anterior lleva a que la clase política asuma una actitud de complicidad ante el temor de que sean censurados por los consorcios mediáticos y este redunde en el fin de su carrera política.
Ejemplo de todo lo anterior es lo que ocurrió el pasado martes 24 de noviembre en el programa de radio de Yuriria Sierra, donde el debate convocado por la conductora entre legisladores y twitteros se convirtió en un espectáculo de censura hacia la voz de un ciudadano cuando denunció por evasión de impuestos a Olegario Vázquez Raña, dueño del Grupo Imagen, además de que fue evidente el silencio cómplice de los diputados federales Flores Rico (PRI), Javier Corral (PAN) y Gerardo Fernández Noroña (PT), quienes prefirieron defender con su silencio al empresario mediático antes que evitar que un ciudadano fuera sacado con violencia de la estación de radio, seguramente alentados por el miedo de que Vázquez Raña ya nos les dé voz en los medios de Grupo Imagen. No me sorprende de los legisladores del PRI y el PAN su actitud, ya que siempre han sido esquiroles de la oligarquía, pero si me extraña que Gerardo Fernández Noroña, quien se queja de que el Estado Mayor Presidencial le ponga vallas para impedirle el paso a Palacio Nacional y le coarte su derecho de tránsito, permita que se censure la voz de un ciudadano y que además se le agreda físicamente. Le recuerdo al Diputado Fernández Noroña las palabras del Presidente Legítimo de México, pronunciadas el 14 de noviembre pasado, en su gira por Oaxaca: “Molesta mucho que gente que surge de nuestro movimiento, que quieren ser diputados o ocupar un cargo, se comportan igual que los del PRI o del PAN y para eso no es esta lucha”… “si no tenemos ideales, si no tenemos principios no se ayuda en nada al pueblo, aunque digan que son de izquierda”.
Qué decir de la conductora Yuriria Sierra, quien antes de ser periodista y comunicadora, prefiere ser una mercenaria de la información, y obedecer los dictados de la mano que le da de comer.
Otro ejemplo de hasta qué punto el actual esquema mediático pervierte el periodismo y la libertades de expresión e información, es la guerra que MVS, propiedad de Joaquín Vargas, y actual socio de Carlos Slim en el sistema de televisión de paga DISH, ha sostenido contra Grupo Televisa por las concesiones de espacio radio eléctrico en una frecuencia que permitirá el servicio de triple play. El problema aquí no es la guerra entre empresarios, sino que usen a periodistas del prestigio de Carmen Aristegui, quien ha dedicado hasta dos horas de las cuatro que tiene el programa de Noticias MVS que ella conduce, para defender los intereses de su patrón, es lamentable que ella también haya caído en el mercenarismo mediático, su feroz ataque a Televisa y la Cofetel no es sincero, ya que en realidad lo que busca es defender los intereses de otro monopolio: el encabezado por Carlos Slim.
No hay justificación para las actitudes aquí señaladas, no es excusa decir que es mejor callar porque me quedo sin trabajo, que mejor me callo porque me cierran el espacio; la dignidad no conoce excusas, vean el caso de los campesinos de Atenco, quienes prefirieron la represión, el acoso, el exilio y la cárcel antes que vender sus principios, otro ejemplo es el de los soldados norteamericanos e israelitas que han conformado el movimiento de Objetores de Conciencia, y han decidido desobedecer una orden contraria a sus principios antes que decir cosas cómo: masacré civiles porque me lo ordenaron.
L.D. Jesús A. Palma M.
Ciudad de México, Sede del Gobierno Legítimo de México, a 26 de noviembre de 2009.
Ante la violenta acción de invasión domiciliaria y de hostigamiento contra Adolfo Guzmán Ordaz – miembro de ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C.- y su familia, ocurrida en la madrugada del pasado 8 de noviembre de 2010 en la ciudad de Comitán, denunciamos el contexto de creciente violación a los derechos humanos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y miembros de las organizaciones civiles en el estado de Chiapas.
En los últimos meses se han multiplicado y documentado acciones de intimidación y de presión contra las comunidades y las organizaciones indígenas y campesinas que reivindican sus más elementales derechos sociales. La respuesta gubernamental ha sido la privación de sus derechos civiles básicos y el despliegue de formas de violencia, muchas veces perpetradas por las fuerzas de seguridad que deberían proteger a la población.
El allanamiento ilegal de la policía ministerial a la casa de Adolfo Guzmán, los graves daños emocionales y el miedo causado a su familia, y a sus hijos menores en particular, han sido denunciados por organismos civiles de derechos humanos, de comunicación social, de promoción y defensa de los derechos de la infancia.[1] El hecho no es aislado, pues como lo señala Enlace, simultáneamente se producen operativos y cateos “contra algunos dirigentes campesinos y mujeres líderes de canasteras (vendedoras del mercado)”,[2] en un contexto de conflictividad social que muestra la incapacidad de las autoridades del gobierno municipal de Comitán para dialogar y buscar soluciones a los problemas de las organizaciones campesinas que sólo demandan un espacio adecuado y bien localizado para poder comercializar sus productos. La incapacidad de diálogo y la nula voluntad política gubernamental, han tensado la relación y dificultan la construcción de acuerdos que respondan a los reclamos sociales.
En los primeros días del mes de abril se confirmó la llegada de tres mil nuevos efectivos a la VII Región Militar en la frontera con Guatemala, pertenecientes a diferentes grupos especializados en el combate al tráfico de drogas, armas y otros.[3] De inmediato se establecieron retenes militares y policiales en puntos estratégicos y en todos los accesos a la ciudad fronteriza de Comitán, algunos de ellos a sólo unos metros de las garitas del Instituto Nacional de Migración (INM). En estos retenes los militares portan armas de alto calibre para realizar una inspección minuciosa de vehículos; a los costados de las carreteras se han establecido campamentos provisionales y se mantienen vehículos militares que portan artillería. A lo largo de toda la red de caminos (pavimentados y de terracería) de la llamada Zona Fronteriza de la Selva, las comunidades han dado cuenta de la intensificación de las incursiones militares a los poblados en busca de drogas y de arsenales.[4]
En el último mes se han incrementado las denuncias y pronunciamientos en contra del Ejército Mexicano a causa de violaciones ocasionadas en contra de la población civil, y es que los patrullajes, retenes y allanamientos que están llevando a cabo tropas de la región militar citada, en los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria, se realizan sin ningún tipo de explicación por parte de las autoridades castrenses.[5]
Según denunció la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), los allanamientos y operativos han sido perpetrados durante todo el mes de noviembre. “Las tropas de la VII Región Militar han entrado a las comunidades cuando las mujeres están solas con sus hijos en sus hogares, aprovechando que los hombres han ido a sus parcelas”.
“En el ejido Nuevo Villaflores los soldados ingresaron a varias casas”. “En el balneario Uninajab, en días pasados, un grupo de mujeres participaba en un taller, cuando decenas de militares irrumpieron desde los matorrales, lo que provocó espanto entre las compañeras”, narró Reina Santiago Guadalupe, encargada de las finanzas de la OPEZ.[6]
En la Zona Fronteriza de la Selva se han registrado actos violentos contra las comunidades, mediante incursiones a las localidades, cateos a las casas sin orden judicial alguna y patrullajes constantes en caminos que han ocasionado temor y desconcierto en la población.
En el entronque al ejido Tziscao en el municipio de La Trinitaria se instaló un retén militar en el que hacen revisiones de las maletas y pertenencia de los pasajeros que transitan en transporte público y privado, poniendo mayor atención a pasajeros proveniente de Comitán. En la misma comunidad, los militares entraban de dos en dos para catear casa por casa sin mostrar orden alguna o dar explicación a las familias, revisando pertenencias, destapando cajas, descubriendo objetos; los militares se concretaban a decir que “estaban siguiendo órdenes”, exigían la entrega de cualquier arma y presionaban a que se les informara sobre la localización de los sembradíos de droga.
Esta acción violenta y autoritaria por parte de las fuerzas armadas causó mucho miedo en la comunidad de Tziscao y de toda la Zona Fronteriza de la Selva, principalmente en las mujeres y en las niñas y niños que sufrieron directamente el allanamiento y cateo de sus moradas. Tras la acción, los hombres no fueron a trabajar y permanecieron con sus familias. La gente comentó que no se registraron daños físicos o materiales; sin embargo, emocionalmente han quedado muy afectados y con el temor de salir solos a cualquier lugar. No se le dio tanta importancia al desorden provocado por los militares en el interior de las casas. Se detuvieron a dos hombres que fueron sorprendidos con cultivo de algún tipo de droga, pero se desconoce su paradero.[7]
De igual modo, los transportistas de la Unión Tzovol denunciaron el endurecimiento de los controles en los retenes militares colocados a lo largo de toda la carretera fronteriza, afectando a las personas pasajeras e inclusive, obligando a varias “combis” a regresar a Comitán.
Las incursiones militares a las comunidades de la región han provocado zozobra y miedo. Ante los sucesos registrados y las amenazas de nuevos actos de hostigamiento –difundidos a través de los rumores-, algunas comunidades han decidido mantenerse en vela. En la comunidad de Nuevo Tenejapa las familias decidieron permanecer vigilantes toda la noche. El testimonio de un miembro de la comunidad dice “lo más preocupante de todo son las niñas y los niños, porque a ellos no los dejan vivir en paz, y tampoco a nosotros”.
Recientemente se ha hecho pública la explicación gubernamental respecto a la creciente actividad militar y policial en la frontera con Guatemala y Los Altos de Chiapas, enmarcándola en la llamada “guerra frontal” contra el narcotráfico y el crimen organizado, misma que ha ocasionado a lo largo y ancho del país, la muerte de más de seis mil personas.[8]
En un informe oficial de inteligencia, elaborado por las Policías federal y estatal, y dispuesto a varios medios periodísticos[9], el gobierno advierte sobre el resurgimiento y la actividad de grupos armados subversivos “plenamente identificados”, cuya intención es desestabilizar al gobierno estatal de Juan Sabines en el marco de las celebraciones del Bicentenario. En dicho documento, se liga a estos grupos con redes del crimen organizado como los zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, y el Cártel de Sinaloa, pero también se denuncia un “estrecho vínculo” con organizaciones civiles.
La Procuraduría de Justicia y la Policía Ministerial de Chiapas informan de varios decomisos de arsenales y de las declaraciones de personas detenidas que acusan a dirigentes de organizaciones sociales. Así operó la detención de José María Hernández, dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), el pasado 30 de septiembre en la colonia 28 de junio del municipio de Venustiano Carranza, y de otros dos miembros de la misma organización el 24 de octubre. Los tres están acusados de utilizar a la organización social para distribuir armas y drogas con apoyo de “Los Zetas”.
La estrategia mediática implantada por los gobiernos federal y estatal en su afán de criminalizar a los movimientos y protestas sociales en México y en Chiapas, busca descalificar y presentar a las organizaciones sociales y civiles, a sus representantes y a sus miembros, en esquemas de asociación delictuosa con mafias del crimen organizado. De esta manera pretenden justificar cualquier acción de represión directa o mediante investigación y proceso criminal. Bajo el discurso de la Legalidad y el Estado de Derecho, se realizan acciones de represión y violencia institucionalizada contra las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil.
En este mismo escenario de criminalización de la organización social y de militarización de la vida civil, se ubican la amenaza pública de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) de iniciar una demanda penal para concretar el desalojo forzoso de las familias del poblado Salvador Allende, que rechazaron el pago de 200 mil pesos por familia a cambio de desalojar las tierras que ocupan desde 1974 con respaldo de documentos de posesión agraria.[10] Esta amenaza se extiende a las otras dos comunidades articuladas a la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática que defienden sus derechos agrarios y sociales en la Reserva de la Biosfera Montes Azules: Nuevo San Gregorio y Ranchería Corozal, asentadas desde 1978 y 1988 respectivamente. Representantes de la primera sufren la imputación de delitos graves que dificulta su participación en el proceso de negociación agraria, y la segunda sufrió en agosto de 2008 el aterrizaje de dos helicópteros con más de 50 soldados y policías presididos por Ricardo Frías, funcionario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).[11] Este funcionario junto con Ricardo Silva Valdés de la SRA, han sido denunciados por falsificación de firmas y sellos comunitarios, por las familias que resisten la política gubernamental del miedo y del soborno.[12]
En Chiapas ha sido legalizada la política de represión y criminalización de la organización y la protesta social; los hechos de los últimos meses confirman la profundización de un estado policial.
Las organizaciones civiles que promovemos y defendemos los derechos humanos –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales- y de los pueblos indígenas en Chiapas, alertamos y llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a estar atentos y pronunciarse públicamente contra el conjunto de acontecimientos que dan cuenta de una nueva ofensiva gubernamental contra las organizaciones sociales y civiles.
Denunciamos el contexto de violencia institucional en el estado de Chiapas, la política deliberada de los gobiernos federal y estatal por criminalizar la organización y la protesta social, haciendo un uso faccioso de los medios de comunicación y de la legislación penal para enfrentar a las organizaciones sociales y civiles que luchan por la realización plena de sus derechos y la defensa de sus territorios.
Condenamos enérgicamente los hechos de hostigamiento, intimidación, allanamientos y cateos ilegales de los domicilios particulares de representantes sociales y miembros de organizaciones civiles; los abusos de las autoridades ministeriales y de los funcionarios responsables del sistema de procuración y administración de la justicia; las incursiones y operativos policiacos y militares en las comunidades bajo el llamado “combate al narcotráfico”; y todas aquellas medidas que aún presentándose como “legales”, son claramente violatorias de los derechos humanos individuales y colectivos.
Exigimos a los gobiernos federal y estatal:
• Garanticen la seguridad de mujeres y hombres, líderes de organizaciones sociales y miembros de organizaciones civiles de promoción y defensa de los derechos humanos. Para ello, es fundamental que evite cualquier referencia o acusación -que sin fundamentación alguna-, pretenda equiparar a los luchadores y defensores sociales con delincuentes o vincular a las organizaciones civiles con las redes del crimen organizado.
• Revisen en diálogo con los sectores sociales, aquellas disposiciones legales que tipifican nuevos delitos y así evitar que puedan ser utilizados contra los movimientos y organizaciones sociales.
• Manifiesten su voluntad política y capacidad de negociación, priorizando los espacios de diálogo en la resolución de conflictos sociales y en la búsqueda de soluciones a los problemas y rezagos sociales que aquejan a los sectores empobrecidos y excluidos de nuestra sociedad.
La actual coyuntura es motivo para fortalecer los vínculos y la solidaridad entre comunidades y organizaciones de la sociedad civil, tanto nacional como internacional, del tal modo que podamos generar una respuesta articulada capaz de exigir al Estado mexicano su obligación de respetar, proteger y garantizar la realización plena de los derechos humanos individuales y colectivos. “¿Qué podemos hacer ante estas acciones que nos están haciendo? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Si nos pasara algo, a quién podemos acudir para compartir nuestras penas?”, decía una mujer entrevistada en Nuevo Tenejapa tras la incursión militar a su comunidad.
Que el miedo y la impunidad no se conviertan en algo normal; que la justicia, la solidaridad entre pueblos y organizaciones, y la realización de los derechos humanos sean motivo de unidad para alcanzar la felicidad y el buen-vivir de todas y todos en Chiapas, en México y el mundo.
Atentamente
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
"Todos los Derechos para Todas y Todos"
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, A.C.
Misión de Guadalupe
ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática
Sociedad Cooperativa Paluch´en S.C.R.L. de C.V.
Federación de Cooperativas de Pequeños Productores
SSS Tojtoztzé li maya
Sociedad Cooperativa La Pacaya
Colectivo de Mujeres 8 de Marzo
SSS Una mirada más allá
Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)
Otros Mundos, A.C.
Melel Xojobal, A.C.
Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)
Mujeres Unidas Siempre en Aprendizaje, A.C. (MUSA)
Patronato Proeducación Mexicano, A.C.
Asociación para el Desarrollo Sustentable, S.C.R.L. de C.V.
Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas A.C. (DESMI A.C.)
Hoy 25 de noviembre, ?Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres?, recordamos la heroica lucha, la dignidad y rebeldía de las hermanas Teresa, Patria y Minerva Miraval, asesinadas el 25 de noviembre de 1960, por encabezar el movimiento de resistencia a la dictadura militar de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. En este día de reflexión, de ira y de denuncia contra las diferentes formas de violencia que sufrimos las mujeres. Quienes integramos el Movimiento Independiente de mujeres, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C., y Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé De Las Casas adherentes a la ?Otra Campaña?, manifestamos lo siguiente:
1. Que la crisis alimentaria que padecen nuestros pueblos es consecuencia de las políticas del capitalismo neoliberal que se vienen aplicando desde hace más de 30 años en todo el mundo a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional: La liberación del mercado en los Tratados de Libre Comercio, el pago de la deuda externa, la privatización de los servicios, la tierra, los recursos naturales y los servicios públicos como la electricidad, el agua potable, carreteras, servicios médicos, educación, etc., Las empresas agroindustriales que arrebatan por nuestros recursos.
2. Que la privatización de la tierra y su venta a las empresas trasnacionales, los bajos precios de los productos y la migración de los campesinos están acabando con la agricultura familiar y el pequeño comercio, por lo que ahora tenemos que comprar todo con nuestros bajos salarios, colocándonos en una situación de dependencia del mercado y de los países ricos a donde van todas las ganancias.
3. Que los alimentos se han convertido en una mercancía en manos del mejor comprador. Las tierras, las semillas, el agua, el petróleo, etc. Son propiedad de las multinacionales que ponen precios muy altos a los bienes que hasta hace poco eran nuestros.
4. Que las grandes empresas como la Nestle, Monsanto, Lala, etc. Esconden los alimentos para venderlos más caros. Estas empresas en su competencia ventajosa devoran a otras pequeñas y hacen que los países cambien las leyes para que solo ellas puedan vender. Las mismas empresas en distintos países acaparan los granos, verduras y frutas, los guardan y los sacan de las bodegas cuando han logrado que los precios suban por la escasez. Compran la tierra a los campesinos para sembrar granos transgénicos que les dejaran más ganancias o para construir centros eco turísticos, campos de Golf, zoológicos, etc.
5. Que el uso de fertilizantes a base de petróleo y los transgénicos dañan la tierra y nos intoxican poco a poco a quienes los comemos. Contaminan la tierra, amenazan la biodiversidad, los cultivos pierden su resistencia a los insectos, a las malas hierbas y a otros organismos. Los transgénicos son las armas para controlar los alimentos del mundo, enriquecen a las empresas a costa del hambre y la salud de los pueblos.
6. Los altos costos del petróleo han generado el uso de los agro-combustibles que se sacan del maíz, de la caña y de otros productos. En lugar de alimentar a nuestros pueblos se alimenta a los vehículos.
7. El uso irracional de la energía resultado del consumismo desmedido, característico del sistema de producción capitalista neoliberal, ha propiciado el calentamiento mundial que pone en riesgo el futuro del mundo y de la humanidad. Hechos resientes como son huracanes, terremotos, deshielos, etc., demuestran que la naturaleza nos esta cobrando la factura por el descuido que hemos realizado del medio ambiente y la madre tierra.
8. Que para garantizar la libre explotación de nuestros recursos por parte de las multinacionales y evitar la resistencia de los pueblos ante el despojo, el gobierno de Calderón ha militarizado pueblos y comunidades, bajo el pretexto de combatir al narcotráfico. En nuestro país, además del Ejército Federal, los diferentes cuerpos policiacos, las bandas paramilitares y narcomilitares rompen la estructura familiar y comunitaria generando violencia y muerte sobre todo de mujeres y jóvenes.
9. Que la impunidad evidenciada por los distintos órganos del Estado Mexicano, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Militares, y el mismo Poder Ejecutivo , nos indigna y nos convoca a realizar acciones de protesta para exigir justicia. No olvidamos a las compañeras tzeltales violadas en 1994 por militares en Altamirano, a las compañeras de Guerrero: Valentina e Inés, a Ernestina Ascencio de Songolica, Veracruz, a las compañeras de Atenco y Oaxaca, y los feminicidios ocurridos en Acteal por grupos paramilitares. Exigimos castigo a Militares violadores y asesinos.
Ente este contexto, el Movimiento Independiente de Mujeres convoca a hombres y mujeres de Chiapas y de México a organizarnos y resistir las políticas de muerte y destrucción del sistema capitalista neoliberal y patriarcal.
Exigimos:
Alto a la militarización, paramilitarizacion y narcomilitarizacion de nuestros territorios.
Alto a la venta de nuestros recursos naturales y culturales a las multinacionales. No a la explotación de minas, manantiales, ríos y represas,
Libertad inmediata a l@s pres@s y desaparecid@s politic@s en todo el país.
Respeto a de los pueblos y comunidades y a las tierras recuperadas por los pueblos zapatistas.
Fuera ejército de los territorios autónomos zapatistas.
Alto a la persecución, hostigamiento y criminalización de las luchas y resistencias sociales.
Rechazo a los programas y políticas neoliberales Calderonistas y Sabinistas que dividen y controlan a nuestras comunidades y acumulan cargas de trabajo a las mujeres.
Rechazo a la Alianza para la educación que destruye el espíritu del artículo 3ero. Constitucional. Por una educación popular, no sexista, no racista y no clasista.
Restitución al derecho constitucional de salud digna para todo el pueblo, rechazo al Seguro popular, excluyente, discriminatorio y criminal.
Tarifas preferenciales de energía eléctrica,
Alto a la privatización de PEMEX, Luz y Fuerza del Centro, recursos acuíferos, etc.
Respeto al contrato colectivo del SME, derogación inmediata al decreto anticonstitucional de Felipe Calderón que desaparece Luz y Fuerza del Centro.
Respeto a la autonomía sindical en la Sección VII del SNTE, y Sección 50 del Sindicato de salud, y Derogación de la ley del ISSSTE.
Derogación de la criminal Ley de Ingresos acordada recientemente por el ejecutivo y el legislativo.
Alto a la carestía, alimentos a bajo costo para el pueblo.
Llamamos a las mujeres y hombres del campo y la ciudad a resistir de manera civil y pacífica, a construir alternativas económicas, alimentarias, educativas, sanitarias y de seguridad con igualdad de género, clase y etnia; a organizarnos abajo y a la izquierda, prescindiendo de la clase política corrupta y electorera.
Saludamos la digna lucha y la resistencia del pueblo Hondureño, ante el golpe militar, enviamos especialmente a las mujeres que organizan y realizan las acciones de resistencia un abrazo solidario y feminista
¡Por la desmilitarización de todos los pueblos del planeta!
Otro mundo es posible
Movimiento Independiente de Mujeres (MIM), Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé De Las Casas, Adherentes a la Otra Campaña
Fundado el 24 de noviembre de 1919, en una asamblea del Partido Socialista, el Partido Comunista Mexicano fue hasta el 6 de noviembre de 1981 el instituto político más antiguo y con mayor permanencia en la vida política, social y cultural de nuestro país.
Seis décadas y dos años de existencia en las más diversas y complejas condiciones nacionales hacen comprensible que, pese a su inexistencia actual, el PCM sea contemplado hasta nuestros días por estudiosos y militantes de las múltiples izquierdas.
Los antecedentes. En el Primer Congreso Nacional Socialista, efectuado del 25 de agosto al 4 de septiembre de 1919, confluyen todas las corrientes que existían en el movimiento obrero mexicano: los anarcosindicalistas representados entre otros por Jacinto Huitrón; los reformistas, encabezados por Luis N. Morones y que terminan retirándose del congreso; y los comunistas, por José Allen, Manabendra Nat Roy y Lin Gale.
El congreso decide la formación del Partido Socialista Mexicano y realiza "el primer deslinde de importancia histórica al condenar el oportunismo de la II Internacional y decidir su adhesión a la Internacional Comunista, proclamar su simpatía hacia los principios de la Revolución de Octubre y resolver constituirse en Partido Comunista, acuerdo que se llevó a la práctica en noviembre de 1919. (Arnoldo Martínez Verdugo, Partido Comunista Mexicano, trayectoria y perspectivas, México, Fondo de Cultura Popular, 1971, p.19).
Al término del Congreso Socialista, Gale forma, el 7 de septiembre, un grupo con el nombre de Partido Comunista de México. Su actuación cesa en mayo de 1921 al influjo de la represión obregonista que expulsa al estadunidense del país; a José Allen, secretario general del Partido Comunista Mexicano y a otros militantes obreros.
Con las expulsiones del 15 al 20 de mayo y la desarticulación del núcleo dirigente del Partido Comunista a consecuencia de la represión oficial, se estorba sensiblemente el proyecto de unificación de los partidos obreros mexicanos que presenta el revolucionario japonés Sen Katayama, en nombre del Comité Ejecutivo de la IC, para integrar en una sola organización al Partido Comunista Mexicano, dirigido por Allen, y al Partido Comunista de México, fundado por Gale.
A partir del II Congreso Nacional del PCM, en abril de 1923, se integra una dirección estable. La lucha de los comunistas por desarrollar la fusión del socialismo científico con el movimiento obrero espontáneo, es decir, la disputa a la burguesía y a la pequeña burguesía de la dirección del proletariado, se mantiene sin interrupción aunque con pronunciadas altas y bajas, con agudos zig zags en su desarrollo como fuerza política y teórica.
La historia del PCM se puede agrupar en tres grandes períodos: "El primero va de su fundación en 1919 a 1937-1940, que es el período de su formación y de la conquista de posiciones dirigentes entre la clase obrera y los campesinos, de formación de cuadros estables y de ascenso. El segundo período, que va de 1937-1940 a 1957-1960, se caracteriza por el debilitamiento de sus filas y la pérdida de su influencia en el movimiento obrero; es un periodo de crisis, que coincide con el descenso del movimiento revolucionario del país y el auge económico de la burguesía; y el tercer período, el actual, que parte del XIII Congreso realizado en 1960 y de la lucha interna que lo precedió, en el que, al calor del ascenso del movimiento obrero y democrático, reelaboró su política y se esfuerza por recuperar su influencia entre las masas en un proceso difícil, lento y contradictorio, que está en desarrollo." (Ibid, p. 67).
El anterior texto forma parte de El ejercicio democrático en el Partido Comunista, escrito en mayo de 1984. Lo transcribí con un cambio en el segundo párrafo. Usted lo puede consultar completo en Democracia emergente y partidos políticos, de www.forumenlinea.com
Acuse de recibo
Lilia Cisneros Luján, autora de Una Colorada, aporta un testimonio a Batalla por los usuarios (20-XI-09): “Sin ser pitonisas ya sabíamos que esto de aumentar las cargas al usuario ocurriría. Basta ver como se maneja la CFE en los estados. Para muestra te mando un carta que el Instituto para la Atención Integral del Niño Quemado, está dirigiendo a la superintendencia de Querétaro, donde el año pasado, le aplicaron a este hospital de beneficencia, la friolera de 134 mil pesos al año, sólo por sus pistolas”… La presidenta del Frente Nacional de Organizaciones Braceroproa, Martha Suárez Cantú, denuncia que “sólo les darán $1,742.42 anuales a cada uno de los 172,000 exbraceros, en 2010, registrados en 2008-2009”... Cuauhtémoc Velasco Oliva invita a los lectores a escuchar Poder Ciudadano, los lunes a las 18 horas en Radio Capital (830 AM)… Después de 18 meses de boicot publicitario de la Presidencia de la República a Forum, llegó a este buzón electrónico la invitación que dice: “Asiste al Desfile con motivo del XCIX Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana”, espectáculo de 20 minutos que generó no pocas críticas y decepciones.
Una comisión de organizaciones civiles encabezada por la diputada federal Laura Itzel Castillo se reunió con el director general del Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién, quien reconoció el fracaso de la venta de cartera vencida a favor de dos empresas trasnacionales City Group y de General Motors a través de sus subsidiarias.
Borráz Setién reconoció que la operación no resolvió el problema y por ello han recomprado 3 mil 500 de los 56 mil créditos que vendieron en 2006 a las subsidiarias SCRAP II y Capmark. Aceptó además que estas recuperadoras no ofrecen alternativas viables para todos los acreditados, por lo que se comprometió a que cualquier crédito vendido puede regresar a la dependencia cuando el trabajador así lo solicite.
Borrás Setién reconoció que esa dependencia no puede seguir comportándose como banco y se comprometió, ante la legisladora federal, a no vender un crédito más y hacer pública la información actualizada sobre el monto de los préstamos quebrados – que se estima se de cerca de 40 mil millones de pesos - toda vez que el Consejo de Defensa de la Vivienda denunció que los datos sólo incluyen hasta el mes de junio de este año.
A la cita acudieron cientos de integrantes del Consejo de distintas localidades del país que se manifestaron pacíficamente en el exterior del inmueble de Barranca del Muerto.
El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, fueron brutalmente torturadas y asesinadas. La ONU declaró esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y reiteradamente ha llamado a los gobiernos del mundo a que se sensibilicen sobre este tema.
Lamentablemente, como en otros asuntos sociales, el Estado mexicano no sólo ha ignorado estas recomendaciones sino que ha tomado acciones contrarias al reconocimiento de los derechos de la mujer.
En noviembre de 1991, los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez con claras señas de tortura sexual. De estos crímenes no se tiene a la fecha ningún responsable, ni reparación de los daños. De entonces a la fecha son más de 700 mujeres asesinadas en similares circunstancias en esa zona. Diversas agrupaciones, como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, denuncian que el Estado mexicano ha ignorado la Convención Belém do Pará, que establece, entre otras cosas, el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.
Desafortunadamente a través de campañas de “prevención y atención” se afirma que las mujeres son responsables de la violencia que viven, pues se dice que ellas provocan las violaciones. Esto nos recuerda a Arturo Chávez, quien como procurador de Chihuahua les recomendó “usar spray para los ojos y asistir a cursos de karate”. Otros funcionarios de la dependencia a su cargo declararon que la responsabilidad de los feminicidios era de las mujeres “por usar minifalda”. La designación de Chávez como titular de la PGR es quizás la muestra más clara del desprecio hacia las mujeres.
Mujeres de Negro, culminó el pasado 23 de noviembre el “Éxodo por la vida de las mujeres”, en el que se informó, entre otras cosas, que la violencia de género no es un problema exclusivo de Ciudad Juárez, pues según estadísticas oficiales, 77% de las mujeres sufren violencia. También, denunció a algunos gobiernos y congresos estatales por negarse a promover los derechos de ellas. Asimismo, las organizadoras del éxodo informaron del boicot que sufrió la caravana por parte de Peña Nieto, a su paso por el estado de México, entidad donde según las organizaciones civiles se han registrado más 170 mujeres asesinadas en lo que va del año. Algunos datos obtenidos de las procuradurías estatales de justicia reflejan un mayor número de homicidios dolosos contra mujeres en 2008: Chihuahua, 187; Veracruz, 96; Distrito Federal, 92; Quintana Roo, 64; Jalisco, 57 ; Sinaloa, 48; Chiapas, 45.
El diario español El Mundo publicó recientemente una nota en la que señala que la Corte interamericana de Derechos Humanos avaló la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se acredita la responsabilidad del Estado mexicano en los crímenes de Juárez. Sin duda esto es un logro de las organizaciones sociales y de las madres de las asesinadas y desaparecidas, las cuales luchan denodadamente por que en México se haga justicia. Que la consigna que ha acompañado su larga marcha se haga realidad: Ni una muerta más.
Apenas se asoma la Navidad en el calendario, apenas huele a aguinaldo bien ganado de los trabajadores y entonces los medios de comunicación se unen a las empresas, a las marcas de productos, a los gobiernos de los estados y mediante una artimaña sentimentalista muy efectiva nos quitan dinero para la “buena causa” del Teletón. Nos obligan a ser buenos, a pensar en los niños, a olvidarnos de la desgracia propia para soltar unos cuantos pesos que contribuirán a superar la siempre superable meta. Empiezan con su campaña de que los mexicanos aguantan ésta y otras crisis, porque los mexicanos estamos hecho de un material resiliente que a pesar de los golpes que nos percute la imbecilidad gubernamental, a pesar del cinismo y la impunidad, a pesar del narcotráfico y la inseguridad, a pesar del dólar a 14 pesos y la gasolina a casi 8 la magna y la premium ya ni se diga, a pesar de todo eso tenemos ánimo para contribuir. Cómo diría la expresidiaria Gloria Trevi, para salir de casa a trabajar, para sacar adelante a México, el país de los cínicos.
Pero no van a ser ellos los que nos digan cuánto dinero en realidad recolectan, cuánto le cobran a cada anunciante, porque no los anuncian de gratis las 24 horas que dura el evento. Ahí aparecen no sólo los tomates en puré, los refrescos de cola o los chiles enlatados, sino que además limpian la imagen de los bancos usureros, de los empresarios de GRUMA responsables de que tengamos que pagar las tortillas a 8 pesos el kilo, de las tiendas departamentales como Comercial Mexicana responsables del alza del dólar, de tiendas esclavistas como Walmart o negocios que contribuyeron al fraude electoral como Coppel Canada. Y qué decir de los medios de comunicación que tienen en la pendeja a los mexicanos. Con sus noticias sesgadas y sus reportajes manipulados, con sus programas para retrasados mentales, con sus comunicadores comprados, con su prepotencia verbal, con el monopolio de la verdad.
Y todo con el aval del gobierno federal, de los gobiernos estatales. Ahí estará sin lugar a dudas, en medio de la cruda, Felipe Calderón, y aparecerá en escena nuevamente el “Gober precioso” para dar su contribución o Ulises Ruiz con su dinero manchado de sangre o el mismo “Gober piadoso” de Jalisco quien borracho un día mando a chingar a su madre a todo el que lo criticara por dar millonarias contribuciones a la iglesia católica. Por supuesto no podrán evitar que también entre dinero del narcotráfico, porque se les ocurre mejor manera de lavar dólares al mismo tiempo que lavar honras.
Por eso cuando vea a los que andan boteando por las calles pidiéndome una contribución, les diré: “Ni un peso para el Teletón”. Porque el dinero que junten ellos, los organizadores, lo deducirán de sus impuestos y con eso lograrán un negocio redondo.
Y es que ni falta hace que contribuyamos. Pruebe. No ponga ni un peso para el Teletón y verá como aún así logran alcanzar la supuesta meta. El año pasado superaron los 421 millones pesos. Este año a pesar de la crisis lo superarán. Y es que a nosotros nos asombra la cantidad de millones que juntan en esas 24 horas, pero para muchos de ellos apenas si les alcanza para su gasto corriente. Esas cantidades son las que gastó Roberto Hernández en la boda de sus hijos, esa cantidad es lo que se gasta un gobernador en sus viajes al extranjero, esas cantidades se las gastó Fox en trivialidades, en fruslerías, en joyas y armiños para su mujer con la que no se podrá casar porque anda medio deschavetado.
Pero volviendo al tema, “ni un peso para el Teletón” a pesar de que nos muestren los grandes logros y las historias conmovedoras. Si de verdad se quieren ver altruistas, que pongan ellos, de lo que tanto nos han robado. Que ponga un poco Slim que nos quita miles de millones anuales en renta telefónica, que contribuya Azcárraga que tiene las concesiones de juego que han empobrecido a tantas familias, que contribuya la Aaramburuzabala, dueña del grupo Modelo que tiene pedos y alcohólicos a millones de mexicanos, que contribuyan los que se sientan en letrinas de oro, pero que cagan las mismas miserias que los demás: Jerónimo Arango, Lorenzo Zambrano, Eugenio Garza Lagüera, Alberto Bailleres, Alfredo Harp Helú, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Peralta e Isaac Saba Raffoul, todos ellos los que en realidad gobiernan a México.
Yo no tengo para darles, yo no quiero darles. Prefiero contribuir a mi manera, dándole mi cambio de monedas al señor de la tercera edad que me embolsa las cosas en el súper. Hay tantas maneras de contribuir, sólo falta ingenio. Basta con pagar lo justo a las indígenas que nos venden sus productos, basta con no regatearles tanto, basta con dar una cobija a los que tienen frío en la sierra, basta con dar esa chamarra que ya no usamos a un preso en Pacho Viejo, basta con preparar café y llevarlo a las personas que duermen a la intemperie en el hospital Dorantes Mesa, esas personas que ya sufren con el cáncer de su pariente y todavía padecen las inclemencias del tiempo.
Para ser generoso no es necesario que nos obliguen a contribuir con esas artimañas sentimentaloides, para ser generoso a veces sólo basta con soltar una sonrisa.
