PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO PARA RESCATAR Y DESARROLLAR AL SECTOR ENERGÉTICO Y CONVERTIR A MÉXICO EN UNA POTENCIA ENERGÉTICA, A CARGO DE LOS SECRETARIOS DE PATRIMONIO NACIONAL, CLAUDIA SHEINBAUM; DE LA HACIENDA PÚBLICA, MARIO DI COSTANZO, Y PARA LA HONESTIDAD Y AUSTERIDAD REPUBLICANA, OCTAVIO ROMERO
Hoy hablamos de rescatar al sector energético porque desde 1983 los gobiernos neoliberales lo han debilitado, descapitalizándolo y tomando decisiones estratégicas contrarias a su desarrollo y creando un ambiente propicio para su privatización y entrega al extranjero.
Esto lo han hecho fomentando la creciente dependencia de gas del exterior, permitiendo que las reservas de crudo se reduzcan a niveles peligrosos como no lo permite ninguna empresa petrolera del mundo, negándole a Pemex los recursos para invertir en refinación y obligando a la reducción de producción en las plantas petroquímicas.
La estrategia de debilitamiento del sector energético y en particular de Pemex la han justificado los gobiernos, entre otros, con el argumento de que no hay recursos presupuestales suficientes para mantener el alto nivel de inversiones que este sector requiere. Esto es una falacia.
En primer lugar, porque los recursos para el gasto público destinado a otros fines han ido en constante aumento, sobre todo en el gasto burocrático. En segundo lugar, porque lo que se invierta en el sector energético siempre se paga sólo.
Por eso nuestro proyecto alternativo contiene dos acciones profundas y simultáneas, justificadas por la verdadera emergencia nacional que tenemos para evitar la privatización de este sector bajo cualquier modalidad.
Es imprescindible, en primer lugar, corregir la expansión del gasto corriente ocurrido en el sexenio pasado y mismo que continúa hoy, porque es en parte este gasto lo que impide liberar recursos para invertir en el petróleo.
El gasto total con el que comenzó el gobierno de Vicente Fox fue de 1,248 miles de millones de pesos (1.248 billones). Después de crecer cada año, llegó en 2006 a 2.255 billones y para 2008 se aprobó por el Congreso un gasto de 2.568 billones.
Dentro de este gasto, el corriente aumentó de 714 mil millones a 1.321 billones en 2006, es decir, casi se duplicó. Su aumento, de 607 mil millones, se financió con excedentes petroleros por 404 mil millones.
Estos excedentes surgen cuando se planea el presupuesto con un precio del petróleo y en la realidad resulta un precio mayor. Pero el gobierno ha derrochado el excedente en gasto corriente, en lugar de invertirlo. El gasto corriente aumentó en el sexenio pasado en 607 mil millones de pesos, mientras que la inversión física directa sólo aumentó en 19 mil millones. Por cada peso que aumentó la inversión, el gasto corriente aumentó 32 pesos.
Propuesta de reducción del gasto corriente
El rescate de nuestro petróleo, gas y electricidad merece cualquier sacrificio. Nuestra propuesta es una reducción del gasto corriente, para con ello realizar un aumento de la inversión, de tal manera que no proponemos una simple reducción con consecuencia negativas para la demanda, sino un mejor gasto.
El alto gasto corriente y el grave dispendio que el gobierno hace del mismo, manteniendo una alta burocracia excesivamente costosa y con grandes privilegios, nos permite asegurar que una fuerte reducción del gasto corriente es posible y deseable.
No por cuantiosa la propuesta de reducción es utópica. México ha realizado estas reducciones en muchas instancias en el pasado reciente. En los 80’s, el gasto se redujo en 2 puntos porcentuales del PIB; a principios de los 90’s también se lograron 2 puntos; y a mediados de los 90’s se tuvieron logros similares. Pero, a diferencia de la reducción de gasto que han hecho en el pasado los gobiernos neoliberales, basada en reducir el gasto de inversión y obra pública, nosotros proponemos reducir el gasto burocrático.
La regla que proponemos no toca los salarios de los empleados públicos, aunque sí los de la alta burocracia. Tampoco creemos necesario reducir los gastos sociales en educación y salud ni en programas de apoyo a sectores desprotegidos. Pero sí proponemos reducir el gasto en los costos operacionales.
Los gastos operacionales del sector público han registrado en el sexenio pasado el incremento más fuerte, de 261 mil millones de pesos en los seis años hasta 2006, para llegar a 487 mil millones. Este incremento ha sido a pesar de que el gobierno no ha hecho nada nuevo en materia de obra pública que justifique este aumento. Lo que sí ha ocurrido es el crecimiento de la burocracia, de las compras de materiales que hace, de la corrupción en las compras y de la duplicación de gastos.
Proponemos que este gasto operacional se ajuste a lo que debió haber sido su crecimiento desde 2001 si se hubiera ajustado a una mínima norma de eficiencia. Proponemos que su crecimiento a partir de 2001 debió haber seguido una tasa de la mitad del crecimiento de la economía, mediante un aumento sostenido de la productividad en el sector público.
Los ahorros que hoy tendríamos mediante la aplicación de esta regla serían en todo el sexenio de 487 mil millones de pesos menos de lo que gastamos. No hay justificación para argumentar pérdida de eficiencia en el sector público, ya que si estamos preparados a realizar inversiones públicas por un monto equivalente, habría dinero suficiente para mayor capacidad física y mantenimiento de la misma, incluyendo equipos y materiales. Lo que no habría sería dinero para dispendio, sobreprecios a contratistas o compras innecesarias.
Podemos comprobar que el valor de ahorros que se hubiera obtenido sería superior a la suma de excedentes petroleros por encima del presupuesto por 404 mil millones. Agregamos que aun en el año 2000, el aparato burocrático era demasiado obeso y que era factible desde entonces efectuar una reducción aún mayor que la que resultaría de la regla que proponemos.
Bajo esta norma, el gasto de 2006 sería 193 mil millones de pesos menos a lo que fue. Como porcentaje del PIB, la reducción sería en promedio de 1.1% en los últimos seis años y de 2%, en 2006. Hay que recordar que en ese año solamente, el excedente presupuestal petrolero fue de 105 mil millones de pesos. Debemos recordar que el gasto corriente durante los pasados 6 años aumentó de 13% al 14.4% del PIB, de tal manera que el ajuste que proponemos no es irrealizable.
En julio pasado propusimos generar ahorros por 20 mil millones de pesos para que no fuera necesario aumentar los impuestos a la gasolina y con ello los precios y la inflación. Entre otros planteábamos ahorros por reducción de salarios de la alta burocracia, así como privilegios.
Hoy la tarea es más urgente aún. Frente al argumento del gobierno espurio de que no hay recursos para invertir en petróleo, gas y refinación y que por lo tanto no queda otra más que vender Pemex, nuestro proyecto es convocar a un esfuerzo de todos para obtener ahorros que a la larga nos van a resultar en un sector energético mucho más fuerte y capaz de impulsar el desarrollo de México, sin perder soberanía.
¿Qué debemos corregir en el sector energético?
Como ya lo mencionamos, los gobiernos neoliberales han aplicado en materia de energía, políticas contrarias al interés nacional. En lugar de mantenerla como fuente de empleo, competitividad y valor agregado nacional, la han descapitalizado, desintegrado de la industria nacional y relegado al papel de fuente de ingreso fiscal. Para ello han encarecido sus productos y creado un enorme obstáculo a la competitividad nacional.
A mediados de los 80’s, todavía éramos autosuficientes en gas y gasolina, y la balanza comercial en petroquímicos era ligeramente superavitaria. Hoy dependemos del exterior para:
el 40% de la gasolina,
el 25% del gas y
cuantiosas importaciones de petroquímicos que, junto con el gas y los refinados, arrojan importaciones por 20 mil millones de dólares. Estamos exportando materias primas e importando productos derivados, pero con un valor agregado mucho mayor.
Hasta principios de los 80’s la integración del sector energético era alta y creciente, con gran desarrollo tecnológico y con efectos multiplicadores y sinergias con los proveedores de la industria, desde fabricantes de maquinaria hasta grandes firmas de ingeniería de diseño y construcción de plantas. Hoy los proveedores nacionales han sido desplazados por extranjeros al trasladar los pedidos a firmas del exterior, con la consecuente pérdida de empleos, divisas y desarrollo tecnológico. Los ingenieros graduados que antes iban a la industria, hoy van a trabajar para las empresas extranjeras que Pemex subcontrata, pero en mucho menor número.
Las empresas que forman parte de Pemex y del sector eléctrico han sido descapitalizadas. Sus fuertes ingresos han sido capturados por el gobierno para financiar el desmedido crecimiento del gasto corriente. Esto ha ocurrido a pesar de que los precios que el gobierno impone para la electricidad, el gas y los refinados son muy altos si se comparan con los precios internacionales. Una consecuencia es que el gobierno ha sacado de la competencia a muchas industrias privadas. Los consumidores también sufren las consecuencias de estas políticas, por los altos precios que tienen que pagar.
Requerimos de este esfuerzo presupuestal para comenzar a corregir los grandes errores que nos llevan a la situación actual. Estos errores son
1. Una política de precios equivocada, que maximiza el ingreso fiscal en el corto plazo, sin mirar hacia el mediano y largo plazo y a costa de las posibilidades de la industria y de toda la economía. A diferencia de las grandes empresas petroleras internacionales, que están integradas y maximizan el valor agregado total, Pemex aplicó precios internos entre sus diferentes subsidiarias que lo han llevado a cerrar y descapitalizar áreas completas de negocios que deberían no sólo ser rentables, sino ser un eslabón de apoyo para la industria usuaria de sus productos. A su vez, los precios que cobra a sus clientes nacionales han hecho que el sector privado también haya cerrado y dejado de invertir en muchas áreas de la petroquímica.
2. La falta de inversión en todas las áreas de Pemex, desde la exploración de crudo y producción de gas, refinación y petroquímica. Ello nos ha convertido en deficitario en gasolina y gas, y contribuido a los altos precios del gas, pues lo tenemos que importar de Estados Unidos, un país de precios altos y que a su vez es deficitario en gas. Estos precios altos tienen graves consecuencias para la industria nacional y para sus planes de expansión en México.
3. La intención de los gobiernos neoliberales de privatizar la industria. La falta de inversión ha sido ante todo una decisión de los gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta Calderón, y servido como pretexto para argumentar que no producimos lo suficiente porque no hay inversión y que debemos cambiar la Constitución para permitir que el sector privado haga esas inversiones. Esa política no se maneja de frente a la nación, sino se aplica en un bajo perfil, pero cada día que pasa hace más débil a Pemex y a la CFE. Aparte de que no estamos de acuerdo con la desnacionalización de la industria, es imperdonable manejar la falacia de que los mexicanos no somos capaces de administrar bien la industria o de aplicar la tecnología que se requiere.
4. La decisión de usar gas natural en todo el crecimiento de la industria eléctrica, ha sido a todas luces una política equivocada. Aunado a la falta de inversión para producir gas, ha resultado en precios muy altos. El gobierno desechó las alternativas de usar derivados del petróleo crudo, abundantes y de difícil comercialización externa, en lugar de gas. De hacerlo se reducirían tanto el costo de la electricidad como el de las importaciones de gas. Existe la tecnología para usar estos combustibles sin causar deterioro del medio ambiente. La decisión de seguir usando gas natural es totalmente irracional.
5. El cambio en las modalidades de licitación en Pemex y la industria eléctrica han favorecido a los proveedores extranjeros, desplazando a los nacionales. En particular, el financiamiento vía Pidiregas, encarece el costo directo y el costo financiero de las inversiones y discrimina contra los proveedores nacionales, especialmente los medianos y pequeños. La consecuencia de esto es una creciente dependencia de proveedores extranjeros, con la consiguiente pérdida de empleos y divisas.
6. La división de Pemex en empresas subsidiarias independientes aumentó el costo y la complejidad administrativa de la empresa. Más importante aun, la política de precios de transferencia entre estas empresas ha sido tan irracional para ser empresas de un mismo dueño, que ha acabado con procesos industriales completos sobre los cuales ya teníamos un gran avance como productores.
7. La falta de control del gasto corriente del gobierno ha reducido aún más las posibilidades de invertir en el sector energético. Así, hoy tenemos la paradoja de que con precios históricamente altos del crudo, cuando la empresa de mayores utilidades en el mundo es una empresa petrolera, el sector petrolero mexicano está descapitalizado.
Estamos en uno de los momentos más críticos para la nación y convocamos a todos a reflexionar y a unirnos en el proyecto alternativo de rescate del sector energético. El Gobierno espurio ha emprendido una campaña para desacreditar a Pemex, diciendo que pierde dinero y que no tiene ni recursos ni tecnología para las tareas que enfrenta. Esto es un mito. Pemex genera un gran superávit antes de impuestos, de casi 60 mil millones de dólares o más del 6% del PIB. Es la empresa más rentable del país y la segunda petrolera con mayor flujo de efectivo del mundo. Los impuestos que pagó el año pasado fueron 60 mil millones de dólares, equivalentes a 38% del ingreso del gobierno federal y a más de 3 veces lo todas las empresas privadas del país pagaron de impuesto sobre la renta. Si Pemex no invierte lo suficiente es porque el gobierno se lo confisca todo. En cuanto a la tecnología, ésta se puede contratar, pero más importante aun es que tenemos los técnicos mexicanos para asimilarla y desarrollarla, tal como se hizo desde 1938 hasta principios de los 80’s. Contra todos los pronósticos de las compañías extranjeras, Pemex en 1938 salió adelante en sus operaciones, como lo va a lograr hoy, con 70 años de experiencia de nuestros técnicos. Sólo los tecnócratas acomplejados y vende patrias pueden argumentar que hoy Pemex no puede y que el sector privado es el único salvador.
¿Cómo podemos lograr el fortalecimiento energético?
Ante todo es imperativo cobrar conciencia de nuestra identidad nacional. No queremos ir hacia atrás en la historia de México y vender patrimonio nacional al extranjero, como lo hizo Santa Anna, a quien las ventas de territorio ni siquiera le alcanzaron para financiar su gasto corriente. Así tampoco la venta de Pemex sería suficiente para cubrir el gasto corriente del gobierno.
Reducir el tamaño y el gasto corriente del gobierno para obtener ahorros por 200 mil millones de pesos en una primera instancia y a partir de ahí someter el gasto corriente operacional a una regla de eficiencia que limite su crecimiento a la mitad de lo que crece la economía. Esto es condición indispensable para redimensionar el tamaño del gobierno a nuestras circunstancias y necesidades y ganar credibilidad frente a la sociedad.
Rescatar el carácter integral de Pemex, fusionando sus diferentes empresas subsidiarias en una sola, eliminando gastos redundantes y permitiendo una toma de decisiones racional sobre su gestión y sus precios internos de transferencia. Al reducir el gasto del gobierno, se facilitaría el financiamiento para un ambicioso programa de inversión en todo el sector energético, pero en particular en Pemex.
Determinar que todo el excedente presupuestal petrolero, por encima del precio promedio de 2006 sea invertido en el desarrollo del sector energético. Para tener una idea del potencial de esta medida, si se mantuviera el precio de hoy por un año, este excedente sería de 200 mil millones de pesos. La inversión requerida para satisfacer las necesidades de gasolina del país es de 110 mil millones. Con 6 meses que se mantengan los precios actuales se financiaría esta capacidad de refinación, reduciendo las importaciones de gasolina en el rango de 80 mil millones de pesos por año.
Utilizar el aumento de recursos para Pemex para invertir en proyectos urgentes, en particular en la producción de crudo en campos existentes, principalmente en las aguas someras, en donde tenemos cuando menos 15 mil millones de barriles de reservas. Un esfuerzo sostenido en estos campos a lo largo de varios años nos daría eventualmente la capacidad tecnológica y la capacidad de negociación en la compra de la tecnología que fuera necesario adquirir afuera, para emprender exploración y producción en mayores profundidades. A la exploración de nuevos campos podemos dedicar 30 mil millones de pesos y al desarrollo de yacimientos de gas natural 20 mil millones. La construcción de refinerías, la modernización y ampliación de plantas petroquímicas y el aumento de gastos de mantenimiento por 20 mil millones de pesos caben perfectamente en un presupuesto de 20 mil millones de dólares que sería el recorte de gasto que proponemos, sin considerar los excedentes petroleros en los precios que actualmente tiene. La diferencia entre un sector energético realmente fuerte, que reconstituya importantes cadenas industriales de oferta y demanda y nos haga competitivos en precios son estas acciones que demandan de una gran disciplina presupuestal y de un gobierno nacionalista y preocupado por engrandecer a México.
Cambiar la forma de contratación de los proyectos de inversión de Pemex. El Instituto Mexicano del Petróleo debe volver a jugar un papel importante en el desarrollo de tecnología y proveedores nacionales. Los proyectos se deben asignar a los proveedores de menor costo y mayor calidad y no sólo a los que pueden obtener financiamiento. Se debe prescindir de los Pidiregas para nuevos proyectos y en su lugar utilizar deuda directa, cuando sea necesaria.
Comenzar a prepagar el saldo de Pidiregas. El prepago se puede financiar con emisión de bonos en los mercados internacionales, lo que generaría ahorros de cuando menos mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses. O bien el prepago lo lograríamos, si el gobierno adquiere reservas internacionales del Banco de México, logrando un ahorro en el costo de servicio de la deuda hasta de 2 mil millones de dólares en la contabilidad consolidada del sector público. La señal que debemos dar al mundo es que la deuda de Pemex es una deuda de la Nación.
Cambiar el sistema de precios de Pemex y de la CFE. Al interior del sector energético debemos aprovechar al máximo la infraestructura existente. Hacia fuera del sector, debemos reducir los precios con una referencia nacional que refleje los costos sin quitarle competitividad a la industria. Esto daría certidumbre a la industria nacional, lo que tendría enormes beneficios.
Impulsar el desarrollo científico y tecnológico en materia energética, tanto de hidrocarburos como de fuentes renovables.
De aplicarse esta propuesta, tendríamos ahorros directos de divisas para el sector público de 10 mil millones de dólares por año, en menores importaciones de gasolina y gas. Estos se complementarían con ahorros importantes en las importaciones del sector privado.
Como muchos de esos productos se fabricarían en México, se crearían empleos directos y, adicionalmente, los proveedores del sector energético tendrían un ciclo de alta inversión y crecimiento. La industria nacional sería más competitiva por los menores precios de los insumos energéticos y el crecimiento económico sería mayor.
Estas medidas son necesarias y urgentes. El no actuar inmediatamente nos puede poner en situaciones muy difíciles y comprometer la soberanía nacional, como varias veces ocurrió en los dos siglos pasados.
Más aun, si no se fortalece al sector energético, corremos el riesgo adicional de un grave deterioro en las condiciones de oferta de energéticos internacionales y graves tensiones geopolíticas entre consumidores y productores, como las que hoy vemos en el medio oriente. Ningún mexicano patriota quiere poner a México en una grave situación de dependencia del extranjero en materia energética.
Calderón nos va a salir con que la única salida para una crisis energética y financiera es vender nuestra industria energética. Esto sería irresponsable y antipatriota, pero no obstante, sería consistente con lo que han hecho los últimos gobiernos desde principios de los 80’s. Es responsabilidad de todos los mexicanos impulsar políticas que potencien al sector energético y oponerse, a toda costa, a la privatización del sector, último gran patrimonio de los mexicanos.
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viernes, 30 de noviembre de 2007
El paso atrás
Luis Javier Garrido
El paso atrás
El primer año del gobierno impuesto a México por los grupos oligárquicos tras el fraude electoral de 2006 se termina en medio de un desastre institucional, con una incapacidad manifiesta de los personeros de la extrema derecha que se apoderaron del gobierno para enfrentar los graves problemas nacionales y sin que la clase política en su conjunto pueda enfrentar el desafío, como evidencia el fracaso de la llamada “reforma electoral”.
1. México se encuentra varado tras el primer año del gobierno ilegítimo, sin tener políticas nacionales ante la embestida del capital trasnacional y sin la posibilidad de salir por la vía legal del desastre institucional en el que se halla, pues se ha instaurado un régimen de simulación en el que la mayor parte de los integrantes de la “clase política” están dispuestos a seguir desmantelando al Estado nacional e ir entregando los recursos estratégicos de la nación al capital trasnacional: desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia dela Nación hasta los legisladores de todos los partidos.
2. Los Pinos ya no es el centro del poder político nacional, pues mientras Felipe Calderón sigue obsesionado por su carácter de ilegítimo, atendiendo cuestiones de partido y actuando como aspirante a jefe de facción, los miembros de la burocracia política en su conjunto despachan los asuntos oficiales, sin que se sepa bien quién tiene autoridad sobre quién, y sobre todo sin poder hacer valer, como algunos pretenden, la autoridad del Estado, pues salvo algunas raras excepciones todos se hallan doblegados ante los poderes fácticos nacionales y trasnacionales.
3. México sigue siendo un país de reglas “no escritas”, de componendas y concertacesiones, en el que la Constitución y las leyes no se respetan, y en el que las mafias, que gobiernan por un acuerdo de intereses, no asumen tener más mandato que el de quienes detentan el poder económico, sin darse cuenta de que el descontento popular sigue creciendo.
4. El ejemplo más claro del fracaso institucional lo constituye la llamada “reforma electoral de 2007”, que se planteó como un gran cambio tras el macrofraude de 2006, y que está concluyendo luego de las modificaciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial el 13 de noviembre, con la aprobación de ridículos cambios reglamentarios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que ante las promesas de los legisladores y las expectativas despertadas por sus declaraciones se termina como un paso atrás muy claro ante los poderes fácticos y las mafias de interés que se han apoderado del Estado: con un “más de lo mismo”. Fue un verdadero “parto de los montes” o, como dirían los franceses, los legisladores “dieron a luz un ratón”.
5. La fracasada reforma dejó intactas las instancias que permitieron el fraude de 2006, por lo que nada impide que éste pueda volver a repetirse. Las perversiones del sistema podrán continuar, pues el Ejecutivo sigue situado por encima de la legalidad y podrá usar una y otra vez todo su poder para determinar los resultados. Nada se hizo para impedir la utilización de los recursos del gobierno a favor de su candidato, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuará en manos de Los Pinos y podrá seguir fallando discrecionalmente los conflictos, pues los delitos electorales continuarán sin ser tipificados, y no se establecieron causales explícitas de nulidad. Los derechos ciudadanos seguirán sin estar tutelados ni garantizados, sobre todo porque que no se crearon formas de participación semidirecta como el referendo. No se terminó con el dominio del dinero en el proceso, pues no se reguló el financiamiento privado, y terminó, en fin, cediéndose en la composición del Instituto Federal Electoral (IFE) y, fundamentalemente, en lo relativo al papel de los medios.
6. El IFE seguirá además bajo el control de los partidos políticos –y en particular del o de los partidos en el gobierno–, pues ése fue el escenario que pactaron Salinas y el PAN en 1988 –y que funcionó desde entonces en todas las elecciones–, lo que muchos no acaban de entender. De manera que la defenestración de Luis Carlos Ugalde como un pequeño delincuente electoral más en la historia mexicana no tiene trascendencia alguna, pues no sólo no se le procesó ni encarceló por los gravísimos delitos cometidos contra la nación, tanto por él como por Fox y Calderón, sino que se le protegió buscándole chamba en Estados Unidos.
7. Los concesionarios de los medios, que en 2006 fueron uno de los instrumentos del fraude, pues violando la ley recibieron dinero sucio e hicieron campañas ilegales para imponer a Calderón, y que los legisladores de los tres partidos –PRI, PAN y PRD– indicaron iban a someter a la legalidad prohibiéndoles en la reforma constitucional contratar publicidad electoral, reaccionaron entonces en violenta andanada que ahora han repetido al redactarse el Cofipe, la cual culminó con el violento discurso contra los partidos de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Tv Azteca ante Calderón el jueves 22, y que ha terminado por doblegar a los legisladores, que pretendían legislar en lo relativo, ya no a los espacios publicitarios, sino al resto de la programación que los medios quieren seguir utilizando para fines políticos.
8. Los dueños de Televisa, de Tv Azteca y de las radiodifusoras están haciendo valer su prerrogativa de imponerle gobernantes al país y para ello vociferan una y otra vez que se está tratando de coartar la libertad de expresión. Los noticiarios de la televisora del Ajusco –escribió el comentarista de Televisa Ciro Gómez Leyva– “son espacios de interés para facilitar buenos negocios económicos y políticos” y se encuentran por lo tanto, “bien lejos de los compromisos esenciales de la tarea periodística” (Milenio Diario, 28/11/07), sin darse cuenta de que eso mismo podría decirse de los de Televisa.
9. El retroceso que vive el país es descomunal, pues los integrantes de la “clase política” no sólo no afectaron, como lo habían ofrecido, las prerrogativas anticonstitucionales que tienen de hecho los dueños del duopolio. sino porque están dejando la impresión de que quisieron y no pudieron: de que una vez más se doblegaron ante los poderes fácticos.
10. Y la lección, una vez más, es la misma: los cambios no podrán venir sin una inmensa movilización popular.
El paso atrás
El primer año del gobierno impuesto a México por los grupos oligárquicos tras el fraude electoral de 2006 se termina en medio de un desastre institucional, con una incapacidad manifiesta de los personeros de la extrema derecha que se apoderaron del gobierno para enfrentar los graves problemas nacionales y sin que la clase política en su conjunto pueda enfrentar el desafío, como evidencia el fracaso de la llamada “reforma electoral”.
1. México se encuentra varado tras el primer año del gobierno ilegítimo, sin tener políticas nacionales ante la embestida del capital trasnacional y sin la posibilidad de salir por la vía legal del desastre institucional en el que se halla, pues se ha instaurado un régimen de simulación en el que la mayor parte de los integrantes de la “clase política” están dispuestos a seguir desmantelando al Estado nacional e ir entregando los recursos estratégicos de la nación al capital trasnacional: desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia dela Nación hasta los legisladores de todos los partidos.
2. Los Pinos ya no es el centro del poder político nacional, pues mientras Felipe Calderón sigue obsesionado por su carácter de ilegítimo, atendiendo cuestiones de partido y actuando como aspirante a jefe de facción, los miembros de la burocracia política en su conjunto despachan los asuntos oficiales, sin que se sepa bien quién tiene autoridad sobre quién, y sobre todo sin poder hacer valer, como algunos pretenden, la autoridad del Estado, pues salvo algunas raras excepciones todos se hallan doblegados ante los poderes fácticos nacionales y trasnacionales.
3. México sigue siendo un país de reglas “no escritas”, de componendas y concertacesiones, en el que la Constitución y las leyes no se respetan, y en el que las mafias, que gobiernan por un acuerdo de intereses, no asumen tener más mandato que el de quienes detentan el poder económico, sin darse cuenta de que el descontento popular sigue creciendo.
4. El ejemplo más claro del fracaso institucional lo constituye la llamada “reforma electoral de 2007”, que se planteó como un gran cambio tras el macrofraude de 2006, y que está concluyendo luego de las modificaciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial el 13 de noviembre, con la aprobación de ridículos cambios reglamentarios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que ante las promesas de los legisladores y las expectativas despertadas por sus declaraciones se termina como un paso atrás muy claro ante los poderes fácticos y las mafias de interés que se han apoderado del Estado: con un “más de lo mismo”. Fue un verdadero “parto de los montes” o, como dirían los franceses, los legisladores “dieron a luz un ratón”.
5. La fracasada reforma dejó intactas las instancias que permitieron el fraude de 2006, por lo que nada impide que éste pueda volver a repetirse. Las perversiones del sistema podrán continuar, pues el Ejecutivo sigue situado por encima de la legalidad y podrá usar una y otra vez todo su poder para determinar los resultados. Nada se hizo para impedir la utilización de los recursos del gobierno a favor de su candidato, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuará en manos de Los Pinos y podrá seguir fallando discrecionalmente los conflictos, pues los delitos electorales continuarán sin ser tipificados, y no se establecieron causales explícitas de nulidad. Los derechos ciudadanos seguirán sin estar tutelados ni garantizados, sobre todo porque que no se crearon formas de participación semidirecta como el referendo. No se terminó con el dominio del dinero en el proceso, pues no se reguló el financiamiento privado, y terminó, en fin, cediéndose en la composición del Instituto Federal Electoral (IFE) y, fundamentalemente, en lo relativo al papel de los medios.
6. El IFE seguirá además bajo el control de los partidos políticos –y en particular del o de los partidos en el gobierno–, pues ése fue el escenario que pactaron Salinas y el PAN en 1988 –y que funcionó desde entonces en todas las elecciones–, lo que muchos no acaban de entender. De manera que la defenestración de Luis Carlos Ugalde como un pequeño delincuente electoral más en la historia mexicana no tiene trascendencia alguna, pues no sólo no se le procesó ni encarceló por los gravísimos delitos cometidos contra la nación, tanto por él como por Fox y Calderón, sino que se le protegió buscándole chamba en Estados Unidos.
7. Los concesionarios de los medios, que en 2006 fueron uno de los instrumentos del fraude, pues violando la ley recibieron dinero sucio e hicieron campañas ilegales para imponer a Calderón, y que los legisladores de los tres partidos –PRI, PAN y PRD– indicaron iban a someter a la legalidad prohibiéndoles en la reforma constitucional contratar publicidad electoral, reaccionaron entonces en violenta andanada que ahora han repetido al redactarse el Cofipe, la cual culminó con el violento discurso contra los partidos de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Tv Azteca ante Calderón el jueves 22, y que ha terminado por doblegar a los legisladores, que pretendían legislar en lo relativo, ya no a los espacios publicitarios, sino al resto de la programación que los medios quieren seguir utilizando para fines políticos.
8. Los dueños de Televisa, de Tv Azteca y de las radiodifusoras están haciendo valer su prerrogativa de imponerle gobernantes al país y para ello vociferan una y otra vez que se está tratando de coartar la libertad de expresión. Los noticiarios de la televisora del Ajusco –escribió el comentarista de Televisa Ciro Gómez Leyva– “son espacios de interés para facilitar buenos negocios económicos y políticos” y se encuentran por lo tanto, “bien lejos de los compromisos esenciales de la tarea periodística” (Milenio Diario, 28/11/07), sin darse cuenta de que eso mismo podría decirse de los de Televisa.
9. El retroceso que vive el país es descomunal, pues los integrantes de la “clase política” no sólo no afectaron, como lo habían ofrecido, las prerrogativas anticonstitucionales que tienen de hecho los dueños del duopolio. sino porque están dejando la impresión de que quisieron y no pudieron: de que una vez más se doblegaron ante los poderes fácticos.
10. Y la lección, una vez más, es la misma: los cambios no podrán venir sin una inmensa movilización popular.
Infamia en la Corte
Editorial
Infamia en la Corte
En una votación dividida, de seis contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró ayer al gobernador de Puebla, Mario Marín, de las acusaciones en su contra por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al señalar que “no se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa”.
De este modo, el máximo tribunal del país rechazó el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la comisión investigadora del caso, en el que quedaba sentado “un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la comunicadora, en el que intervino de manera determinante el titular del Ejecutivo estatal.
La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.
El fallo de la Suprema Corte sienta un precedente sumamente preocupante, toda vez que convalida una afrenta contra la vigencia de las garantías individuales y el desconocimiento del más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder; se entrega así un mensaje de que, en lo sucesivo, cualquier funcionario público podrá atropellar los derechos de la ciudadanía –ya sea por voluntad propia o a petición expresa de algún empresario o de otra autoridad– , sin que ello se traduzca en sanciones en su contra, y se deja entrever que la justicia en este país se imparte sólo para quienes tienen dinero o poder mediático y no para el conjunto de la población.
No puede omitirse que la infamia aprobada ayer en el órgano superior de impartición de justicia tiene como telón de fondo el intercambio de apoyos entre el presidente Felipe Calderón, débil de origen por su falta de legitimidad y por los señalamientos de que surgió de un fraude electoral, los cacicazgos priístas estatales y las coordinaciones del Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión. Desde el último año del foxismo, y hasta el presente, la constante ha sido la impunidad para los priístas a cambio de reconocimiento a la administración que arrancó hace precisamente un año como producto de una elección impugnada y cuyos resultados no fueron esclarecidos por el empecinamiento del grupo en el poder.
Por lo demás, hay que señalar que, con la determinación referida, la porción mayoritaria de los magistrados que integran la SCJN renunciaron a la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten respecto de las instituciones de impartición de justicia y que antes bien han concitado un velo de desaprobación hacia la institución. Tal estigma habrá de pesar sobre Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Margarita Luna, con el agravante para las dos últimas de que, no obstante ser mujeres, evitaron sancionar un grave abuso en el que hubo una manifiesta misoginia y un claro ensañamiento de género, como puede apreciarse en las grabaciones referidas.
Ha de reconocerse, por último, la valía de los magistrados Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el propio Juan Silva Meza, quienes hicieron honor a su compromiso con las leyes, no obstante las burlas de sus propios compañeros, y a pesar de no poder impedir un fallo que, en materia de credibilidad institucional, de impartición de justicia y de vigencia del estado de derecho, es sencillamente catastrófico.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/30/index.php?section=edito&article=002a1edi
La Corte una vergüenza para México, por absolver a Marín como responsable de violar las garantías de Lydia Cacho: AMLO
Comunicado de Prensa 000308
Ixtapaluca, estado de México
Jueves 29 de noviembre de 2007
* El juez de la Tremenda Corte juzgaba y sancionaba siempre a Tres Patines, a diferencia de los ministros de la Corte que declaran inocente al gobernador poblano, ironiza
* En casi un año, el presidente pelele ocupa su tiempo en perjudicar la economía de los mexicanos, con aumentos en cascada, precisa
* Convoca el presidente legítimo a colocar cartulinas en hogares y automóviles con la leyenda: ¡No al gasolinazo!
* Tarde que temprano se concretará el cambio en México, ahora que inició una revolución de las conciencias, asegura
La Suprema Corte de Justicia representa una vergüenza para la Nación y su resolución de exonerar al “gober tramposo” Mario Marín como responsable de violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho viene a confirmar que el pleno de ministros está al servicio de los poderosos, de los potentados del país, afirmó Andrés Manuel López Obrador.
Ahora resulta –expresó— que el señor juez de la Tremenda Corte resolvía con justicia y castigaba a Tres Patines, que los ministros de la Corte que declaran inocente al mandatario poblano y 29 colaboradores.
A pesar de que se violentaron las garantías individuales de la autora de “Los demonios del Edén”, criticó el hecho de que los ministros consideraran que no fueron graves y que no ameritaban pronunciamiento del máximo tribunal.
La absolución de Marín, destacó el presidente legítimo de México, ratifica que las instituciones responsables de impartir justicia están al servicio de una minoría rapaz y de que es urgente un cambio real, de fondo, de todas las instituciones públicas.
El caso de referencia fue motivo para que López Obrador declarara nuevamente: “Al diablo con sus instituciones” e informó que millones de mexicanos trabajan en la construcción de una nueva República, la cuarta en la historia nacional.
“Es una muestra más de que las instituciones están al servicio de los poderosos y, por ello, hay que construir una nueva legalidad y una nueva República, para instituir un cambio verdadero en el país”, subrayó.
Antes, en Tenango del Aire, aseguró que nunca reconocerá a las autoridades que surgieron del fraude electoral de 2006, a casi un año de que Felipe Calderón usurpara la Presidencia de la República.
Por eso “dijimos: es un gobierno usurpador y Calderón es un presidente espurio, un presidente ilegal e ilegítimo”, puntualizó.
Al iniciar una gira por la entidad, el presidente legítimo de México aseveró: “para que no se abriguen esperanzas en ese sentido, nunca vamos nosotros a reconocer a Calderón como presidente de México, porque para nosotros siempre va a ser un usurpador”.
Ante los habitantes del municipio, indicó que en un año el presidente espurio sólo se ha dedicado a aumentar los precios de la canasta básica, como son el pollo, la leche, el huevo, la tortilla, y ahora pretende incrementar las tarifas de la gasolina y el diesel.
En Juchitepec de Mariano, denunció que en enero el gobierno del pelele dará tres fuertes golpes a la economía popular: habrá libre importación de fríjol y maíz, como parte del Tratado de Libre Comercio; aumentarán los precios de la gasolina y el diesel, y se impondrá la reforma fiscal, que representa el cobro de más impuestos para los pobres y las clases medias de México.
Por ello, el presidente legítimo de los mexicanos hizo un llamado a los mexiquenses para manifestar sus inconformidades con las medidas que pretende aplicar el presidente pelele y una forma de hacerlo es colocar cartulinas en el exterior de los domicilios particulares con las leyendas: ¡no al gasolizano! ¡no al aumento de impuestos! y ¡no a la libre importación de maíz y fríjol!.
Acompañado por diputados Higinio Martínez, Horacio Duarte, Ángel Aburto y Jaime Espejel, advirtió a las autoridades espurias: “no vamos a quedarnos con los brazos cruzados y vamos a defender la economía de millones de mexicanos”.
Es necesario, dijo, transformar la política económica del país, porque desde hace 25 años no hay crecimiento económico y, si no hay crecimiento económico, no hay empleos; tampoco hay apoyo a las actividades productivas y los jóvenes tienen que abandonar su país.
Indicó que si se puede mejorar la situación del país, si se distribuye con justicia el presupuesto del pueblo y se impulsan las actividades productivas, no como ahora que el 70 por ciento del presupuesto se utilizan para pagar los sueldos de los altos funcionarios del gobierno espurio.
Además, explicó, es un hecho vergonzoso que los ex presidentes reciban una pensión de 5 millones de pesos cada mes, “porque no es posible que haya un gobierno rico, con pueblo pobre”.
Frente a los habitantes de Juchitepec de Mariano, el presidente legítimo expresó que el gobierno usurpador quiere entregar el petróleo a extranjeros, como lo han venido haciendo las anteriores administraciones neoliberales con los ferrocarriles, los bancos y las minas.
Actualmente, detalló, el gobierno espurio ya ha avanzado mucho en la privatización de la industria eléctrica y prueba de ello es que el 31 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país la generan empresas privadas.
La Comisión Federal de Electricidad –explicó— se ha dedicado a comprar la energía eléctrica a empresas privadas y ello provocó que las hidroeléctricas públicas de Tabasco no pudieran generar energía y las autoridades estatales abrieran las compuertas de la presa Peñitas, para expulsar 2 millones de litros de agua por segundo de agua durante tres días, lo cual provocó una inundación en Villahermosa y en municipios colindantes.
Al recordar que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon ha mantenido los apoyos a los sectores más pobres de la Ciudad de México, López Obrador consideró acertada la decisión de las autoridades capitalinas, de construir una pista de patinaje en el Zócalo, porque ello le permitirá a la gente humilde practicar este deporte.
En Temamatla, Cocotitlán y Tlalmanalco de Velázquez, el presidente legítimo de México se preguntó: ¿Por qué en el Distrito Federal se entregan becas a madres solteras, discapacitados y a adultos mayores, en el Estado de México no se han logrado apoyos similares para la gente pobre? Porque el movimiento de transformación de México busca el beneficio del pueblo, repuso.
En cada una de las reuniones informativas, el presidente legítimo de México recordó que el pasado 18 de noviembre “nuestros adversarios utilizaron el incidente de la Catedral Metropolitana para atacarnos, pero nosotros somos respetuosos de la religiosidad de nuestro pueblo y nunca vamos a enfrentarnos con las iglesias”.
También comentó que lleva recorridos mil 31 municipios y que para el próximo año visitará las 2 mil 500 alcaldías que integran la República Mexicana.
López Obrador invitó a la gente a formar parte de la Red de Representantes del Gobierno Legítimo de México, para defender al pueblo y el patrimonio de la nación.
Para este viernes, el presidente legítimo de los mexicanos visitará los municipios de Tepetlixpa, Ecatzingo de Hidalgo, Atlautla de Victoria, Ozumba de Alzate, Amecameca de Juárez y Ayapango, todos ellos pertenecientes al estado de México.
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Ixtapaluca, estado de México
Jueves 29 de noviembre de 2007
* El juez de la Tremenda Corte juzgaba y sancionaba siempre a Tres Patines, a diferencia de los ministros de la Corte que declaran inocente al gobernador poblano, ironiza
* En casi un año, el presidente pelele ocupa su tiempo en perjudicar la economía de los mexicanos, con aumentos en cascada, precisa
* Convoca el presidente legítimo a colocar cartulinas en hogares y automóviles con la leyenda: ¡No al gasolinazo!
* Tarde que temprano se concretará el cambio en México, ahora que inició una revolución de las conciencias, asegura
La Suprema Corte de Justicia representa una vergüenza para la Nación y su resolución de exonerar al “gober tramposo” Mario Marín como responsable de violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho viene a confirmar que el pleno de ministros está al servicio de los poderosos, de los potentados del país, afirmó Andrés Manuel López Obrador.
Ahora resulta –expresó— que el señor juez de la Tremenda Corte resolvía con justicia y castigaba a Tres Patines, que los ministros de la Corte que declaran inocente al mandatario poblano y 29 colaboradores.
A pesar de que se violentaron las garantías individuales de la autora de “Los demonios del Edén”, criticó el hecho de que los ministros consideraran que no fueron graves y que no ameritaban pronunciamiento del máximo tribunal.
La absolución de Marín, destacó el presidente legítimo de México, ratifica que las instituciones responsables de impartir justicia están al servicio de una minoría rapaz y de que es urgente un cambio real, de fondo, de todas las instituciones públicas.
El caso de referencia fue motivo para que López Obrador declarara nuevamente: “Al diablo con sus instituciones” e informó que millones de mexicanos trabajan en la construcción de una nueva República, la cuarta en la historia nacional.
“Es una muestra más de que las instituciones están al servicio de los poderosos y, por ello, hay que construir una nueva legalidad y una nueva República, para instituir un cambio verdadero en el país”, subrayó.
Antes, en Tenango del Aire, aseguró que nunca reconocerá a las autoridades que surgieron del fraude electoral de 2006, a casi un año de que Felipe Calderón usurpara la Presidencia de la República.
Por eso “dijimos: es un gobierno usurpador y Calderón es un presidente espurio, un presidente ilegal e ilegítimo”, puntualizó.
Al iniciar una gira por la entidad, el presidente legítimo de México aseveró: “para que no se abriguen esperanzas en ese sentido, nunca vamos nosotros a reconocer a Calderón como presidente de México, porque para nosotros siempre va a ser un usurpador”.
Ante los habitantes del municipio, indicó que en un año el presidente espurio sólo se ha dedicado a aumentar los precios de la canasta básica, como son el pollo, la leche, el huevo, la tortilla, y ahora pretende incrementar las tarifas de la gasolina y el diesel.
En Juchitepec de Mariano, denunció que en enero el gobierno del pelele dará tres fuertes golpes a la economía popular: habrá libre importación de fríjol y maíz, como parte del Tratado de Libre Comercio; aumentarán los precios de la gasolina y el diesel, y se impondrá la reforma fiscal, que representa el cobro de más impuestos para los pobres y las clases medias de México.
Por ello, el presidente legítimo de los mexicanos hizo un llamado a los mexiquenses para manifestar sus inconformidades con las medidas que pretende aplicar el presidente pelele y una forma de hacerlo es colocar cartulinas en el exterior de los domicilios particulares con las leyendas: ¡no al gasolizano! ¡no al aumento de impuestos! y ¡no a la libre importación de maíz y fríjol!.
Acompañado por diputados Higinio Martínez, Horacio Duarte, Ángel Aburto y Jaime Espejel, advirtió a las autoridades espurias: “no vamos a quedarnos con los brazos cruzados y vamos a defender la economía de millones de mexicanos”.
Es necesario, dijo, transformar la política económica del país, porque desde hace 25 años no hay crecimiento económico y, si no hay crecimiento económico, no hay empleos; tampoco hay apoyo a las actividades productivas y los jóvenes tienen que abandonar su país.
Indicó que si se puede mejorar la situación del país, si se distribuye con justicia el presupuesto del pueblo y se impulsan las actividades productivas, no como ahora que el 70 por ciento del presupuesto se utilizan para pagar los sueldos de los altos funcionarios del gobierno espurio.
Además, explicó, es un hecho vergonzoso que los ex presidentes reciban una pensión de 5 millones de pesos cada mes, “porque no es posible que haya un gobierno rico, con pueblo pobre”.
Frente a los habitantes de Juchitepec de Mariano, el presidente legítimo expresó que el gobierno usurpador quiere entregar el petróleo a extranjeros, como lo han venido haciendo las anteriores administraciones neoliberales con los ferrocarriles, los bancos y las minas.
Actualmente, detalló, el gobierno espurio ya ha avanzado mucho en la privatización de la industria eléctrica y prueba de ello es que el 31 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país la generan empresas privadas.
La Comisión Federal de Electricidad –explicó— se ha dedicado a comprar la energía eléctrica a empresas privadas y ello provocó que las hidroeléctricas públicas de Tabasco no pudieran generar energía y las autoridades estatales abrieran las compuertas de la presa Peñitas, para expulsar 2 millones de litros de agua por segundo de agua durante tres días, lo cual provocó una inundación en Villahermosa y en municipios colindantes.
Al recordar que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon ha mantenido los apoyos a los sectores más pobres de la Ciudad de México, López Obrador consideró acertada la decisión de las autoridades capitalinas, de construir una pista de patinaje en el Zócalo, porque ello le permitirá a la gente humilde practicar este deporte.
En Temamatla, Cocotitlán y Tlalmanalco de Velázquez, el presidente legítimo de México se preguntó: ¿Por qué en el Distrito Federal se entregan becas a madres solteras, discapacitados y a adultos mayores, en el Estado de México no se han logrado apoyos similares para la gente pobre? Porque el movimiento de transformación de México busca el beneficio del pueblo, repuso.
En cada una de las reuniones informativas, el presidente legítimo de México recordó que el pasado 18 de noviembre “nuestros adversarios utilizaron el incidente de la Catedral Metropolitana para atacarnos, pero nosotros somos respetuosos de la religiosidad de nuestro pueblo y nunca vamos a enfrentarnos con las iglesias”.
También comentó que lleva recorridos mil 31 municipios y que para el próximo año visitará las 2 mil 500 alcaldías que integran la República Mexicana.
López Obrador invitó a la gente a formar parte de la Red de Representantes del Gobierno Legítimo de México, para defender al pueblo y el patrimonio de la nación.
Para este viernes, el presidente legítimo de los mexicanos visitará los municipios de Tepetlixpa, Ecatzingo de Hidalgo, Atlautla de Victoria, Ozumba de Alzate, Amecameca de Juárez y Ayapango, todos ellos pertenecientes al estado de México.
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