viernes, 26 de diciembre de 2008

A message from John Lennon






A través del uso de tecnología digital, el ex Beatle llama a la gente en todo Estados Unidos para que apoye la campaña "Una computadora por niño", destinada a entregar ordenadores que usan energía solar a los chicos más pobres del mundo.

Nueva York.- Imaginen, John Lennon realizando un comercial de televisión para una organización de caridad, 28 años después de su muerte.

A través del uso de tecnología digital, el ex Beatle llama a la gente en todo Estados Unidos para que apoye la campaña "Una computadora por niño", destinada a entregar ordenadores que usan energía solar a los chicos más pobres del mundo.

"Imaginen a cada niño, sin importar donde estén en el mundo, donde puedan acceder a un universo de conocimiento. Ellos tendrían una oportunidad de aprender, de soñar, de conseguir todo lo que quieran", dice la voz y una imagen de video de Lennon creada digitalmente.

"Intenté hacerlo a través de mi música, pero ahora tu puedes hacerlo de un modo diferente. Le puedes entregar a un niño una computadora portátil y más de lo que te puedes imaginar, puedes cambiar el mundo", decía el músico, en declaraciones derivadas de la interpretación de una de sus canciones más reconocidas, "Imagine", de 1971.

Lennon murió a tiros mientras ingresaba a su departamento de Manhattan el 8 de diciembre de 1980.

Su viuda Yoko Ono aprobó el comercial de "Una computadora por niño", que fue lanzado el jueves y será transmitido por televisión y cable en un espacio cedido para la iniciativa.

La fundación "Una computadora por niño" creada en el 2005, deriva del Instituto tecnológico de Masachusets (MIT) y comenzó a producir los ordenadores a fines del año pasado, con un costo de fabricación inferior a los 200 dólares por unidad.
Reuters

Bitácora Mexicana y Encuentro

Bitácora Mexicana del 21 de diciembre 2008.
Tema: Integración Regional o Desintegración Nacional
Invitados: Jeff Faux y Francisco Javier Alejo.


Encuentro del 21 de diciembre 2008.
Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa, Lorenzo Meyer y Virgilio Caballero hablan sobre la reforma petrolera, el MNDP, la inseguridad en el país, los cambios en el gabinete legal, la crisis que estallo y la elección de B. Obama.

MEXICO: Santiago Lachivia, pueblo insurgente rumbo al 2010?


(Fuente: Punto y Aparte / Juan José Díaz Bermúdez). Oaxaca.

La retención de miembros del Ejército Mexicano, en Santiago Lachivia, municipio de San Carlos Yautepec, Valles Centrales de Oaxaca, zona considerada como un foco rojo por las corporaciones federales y el Instituto Armado, pone en alerta al gabinete de seguridad nacional, y confirma lo que se había dicho, el 2009, promete, más que simples ciudadanos espectadores en las diversas regiones de México. Lachivia, agencia de San Carlos Yautepec ha vivido desde 1998 bajo la lupa del Ejército Federal y de agencias de investigación política, debido al hallazgo de uniformes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en los años álgidos del levantamiento de Loxicha.

En las comunidades están cansados de la impunidad de la policía federal, del Ejército Mexicano, y de las policías estatales, incluso municipales, que tomando de pretexto la lucha contra el narcotráfico, han violado derechos humanos, pisoteado la dignidad, pero jamás han quebrantado el espíritu de los indígenas que organizados, demostraron en Lachivia, que no se necesita estudiar en el Colegio Militar, ni acudir a cursos al West Poit, para defender con organización, táctica y operatividad, lo que le pertenece a cada uno de los que habitan México.

La versión de los habitantes de Lachivia, que no debe de dudarse, es que los elementos del Ejército Mexicano, ingresaron a esa población, con la intención de ejecutar órdenes de aprehensión por supuestos delitos contra la salud, pero además, muy aparte de golpear a mujeres, niños y ancianos, los uniformados, saquearon los domicilios, robándoles a los campesinos lo poco que han podido guardar como patrimonio familiar. La versión que insisto es creíble, debe ser investigada por el Estado Mayor, y de confirmarse, procesar a los culpables, sean oficiales o tropa, para imponer un castigo cómo antecedente, que evite en lo futuro que miembros del Ejército Mexicano, realicen prácticas propias de facinerosos y roba vacas.

No se puede confiar en un Ejército, que lo mismo viola ancianas como en Zongolica, Veracruz, que asesina a jóvenes, mata a mujeres embarazadas y acaba con familias enteras, como sucedió en Sinaloa, por citar sólo unos ejemplos, en el lapso de la lucha convocada por Felipe Calderón, en su lucha contra los cárteles de la droga. Esos son los errores que hoy paga el Instituto Armado, y en los que nunca debió caer, al salir a las calles a realizar actividades propias de la policía, la imagen del Ejército se ha deteriorado, y más que ello, han trastocado los umbrales del desinterés popular, al grado que hoy le temen a los soldados mexicanos en su propio territorio, más que a los delincuentes.

El caso de Santiago Lachivia, es un tema excepcional, porque no ha sido la primera ocasión, que el Ejército Federal, arremete en contra de sus pobladores, en agosto de este año, elementos de infantería, tirotearon a indígenas Zapotecas de Lachivia, cuando realizaban faena de Tequio, resultaron heridos varios campesinos, el hecho fue superado, sin embargo regresaron los militares en diciembre, para volver a atacar a los pobladores, pareciera que no es coincidencia.

Aunque la verdad habría que escarbar, para analizar la intención que los militares tienen y han tenido en Lachivia. Primero, habría que desmenuzar el mapa geográfico de esa región, es cierto que es proclive al tema del narcotráfico, sin embargo también se habla de la presencia de grupos guerrilleros en la zona. Hay un paraje conocido como “Mano de León”, en ese lugar, en 1998 fue encontrado en una cueva, un arsenal con uniformes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), una bandera nacional, una bandera rojinegra con las siglas del EPR, además de radios de comunicación, lo que hizo suponer que los utensilios, pertenecían a cualquiera de los grupos que operan en Oaxaca por parte del PDPR-EPR.

Aunque la noticia se guardó herméticamente, trascendió del interés de la 28 zona militar, de investigar junto con el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), la presencia de guerrilleros en la zona, sobre todo, acusando de inmediato al profesor, Erangelio Mendoza González, con gran presencia en ese lugar, de comandar junto con Rafael Vicente Rodríguez, al EPR. Fue una acusación que nunca ha sido probada, y que sin embargo, logró, que desde esa fecha, la zona de Yautepec, sea desde 1998, considerada por el Ejército Mexicano, como un lugar de alto riesgo y alerta rojo.

Los operativos militares como son: Retenes, cateo de viviendas, vigilancia aérea, investigación de inteligencia, han sido parte cotidiana, no sólo para Lachivia, son varias las poblaciones, que viven bajo la lupa de la SEDENA y el CISEN, en el distrito de San Carlos Yautepec.

¿Por qué? Después de la región de los Loxicha, fueron dos las zonas donde se centro la atención por parte de las agencias de inteligencia, varias de ellas asesoradas por extranjeros. La Sierra Norte y San Carlos Yautepec, destacaron por estar dentro de la sospecha de las corporaciones y los militares, de colaborar con la guerrilla. En dos o tres ocasiones en las que el EPR, filmó entrevistas y las mostró al público, se notan bosques, los árboles y arbustos que ahí se aprecian, corresponden a las zonas de la Sierra Juárez y la zona de San Carlos Yautepec, según los expertos de Inteligencia militar (Disculpen el Oximorón).

Han trascurrido infinidad de acciones de la guerrilla a nivel nacional, y en todas ellas la zona de Yautepec ha sido motivo de vigilancia permanente y operativos de disuasión con el objetivo de atrapar guerrilleros, hasta el momento no ha sido detenido un solo miembros del EPR en ese lugar, pero las acciones se siguen presentando, de tal manera que hay quienes piensan en esos pueblos, que el Ejército Mexicano, trata a como de lugar, de implicar a los habitantes de esa región en acciones fuera de la ley.

Las supuestas investigaciones, aprehensiones y cateos que se ha dicho fue motivo para que los habitantes de Santiago Lachivia, retuvieran a miembros de Infantería de la SEDENA, se derivó de las investigaciones que Inteligencia Militar (Oximorón), realizó en ese lugar. Se supone, por lo menos eso creen los altos mandos, que fue en esa región donde el EPR, llevó a cabo el Pre Congreso de su organización, y que será ese lugar, el conclave del Congreso, donde se supone habrá de definirse la posición del EPR rumbo al 2010.

Por tal razón, el motivo de llevar a cabo redadas, con objetivos militares de someter a los pobladores que pudieran estar implicados, dado que el interés de los uniformados es el de disuadir, a través de la represión y la guerra sucia, como el arte de hacer la guerra sin disparar un solo tiro. Lo triste de todo esto, es que cientos de familias, son hostigadas en la agencia municipal de Santiago Lachivia, y tras está muestra de rebeldía, insurgencia y hartazgo, habrá mayor represión sin sentido, ya que hasta hoy no se ha comprobado que habitantes de esa zona, se encuentren implicados con una organización clandestina como el EPR

El ejemplo de Santiago Lachivia trascenderá, y es posible que en otras comunidades, copien esa actitud, lo que habría de preguntar: ¿Esperan más casos así? ¿Insistirán en retar al pueblo? Ojalá que el gobierno de Felipe Calderón no trate de despertar al tigre de la montaña, sería un error táctico y operativo.

Fuente: Kaos en la Red.

Tengo un sueño - Martin Luther King



By OIMC

AMLOTV
Soberania Popular
Resiste Acapulco

IPAB, del quebranto al saqueo


Mientras que el Congreso de Estados Unidos busca poner candados y una estricta vigilancia al rescate bancario, en México, durante 10 años, según datos de la SHCP, el IPAB ha consumido en promedio el 10 por ciento del PIB anual sin un sistema de rendición de cuentas. Si el Legislativo lo aprueba, en 2009 el IPAB manejará 265 mil millones de pesos

Durante sus 10 años de operación, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) –que sustituyó al Fobaproa, instituido por Carlos Salinas de Gortari en 1990– ha incrementado sus costos de operación. Dentro del paquete presupuestal que se discute en el Congreso, el secretario de Hacienda y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto planea que éste maneje 265 mil millones de pesos.

La diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante de la Comisión de Hacienda, advierte que la insistencia de Agustín Carstens de capitalizar el IPAB tiene como finalidad “inyectar capital al Instituto, del que tiene poder absoluto: sólo él y su grupo más cercano sabe lo que pasa, porque prevén el periodo de crisis que se avecina y no quieren renunciar a los privilegios que les han dado a sus amigos y compadres con recursos del erario. Quieren recetarnos otro Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario)”.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea que el IPAB tenga una disponibilidad inicial de 35 mil millones de pesos; otros 31 mil millones de pesos de los apoyos del gobierno federal para ahorradores y deudores de la banca; otros 3 mil 200 millones de ingresos derivados de intereses por inversiones; y 187 mil millones de pesos mediante nuevos créditos para “refinanciamiento”.

De éstos, 34 mil 587 millones 36 mil 893 pesos estarían destinados a los pagos de la deuda; 9 millones 700 mil pesos a la asistencia de funcionarios; 2 mil 166 millones 187 mil 362 pesos a reserva de protección al ahorro; 14 millones de pesos a gastos de administración.

En ese mismo periodo pagará 65 mil 351 millones de pesos por intereses y comisiones de la deuda. En ese mismo periodo, Hacienda proyecta que el Instituto tendrá pérdidas, también por la reserva de protección al ahorro, por 3 mil 874 millones de pesos.

Durante 2009, según la SHCP, el IPAB tendrá un gasto programable por 528 millones 422 mil 928 pesos, de éstos, 378 millones 95 mil 903 pesos serían para servicios personales; 5 millones 476 mil pesos para materiales y suministros; 137 millones 386 mil 65 pesos para servicios generales. Es decir que cada día de operación del IPAB costará a los mexicanos poco más de 1 millón de pesos.

Incosteable, el presupuesto solicitado

Analistas económicos coinciden en que, dada la recesión en Estados Unidos y el monto que el secretario Carstens pretende que maneje el IPAB, es necesario revaluar los costos del rescate bancario mexicano y que el IPAB transparente sus operaciones para evitar otro millonario quebranto como el que provocó el Fobaproa.

El economista y sociólogo Alejandro Álvarez Bejar, responsable del proyecto “Crisis Financiera y Patrones de Readecuación y Especialización Productiva en los Sistemas Industriales de la Región Centro-Norte de México”, de la UNAM, cuantifica que hasta ahora el monto invertido en el rescate mexicano es de 130 mil millones de dólares, es decir, cerca de 1.5 billones de pesos.

“Es una cifra vergonzosa cuando vemos que la economía no crece o tiene un crecimiento mediocre, cuando se ha llegado a los niveles más altos de desempleo y que se habla de la excelencia educativa cuando las escuelas se están derrumbando”, dice.

Gerardo Esquivel, doctor en economía e investigador del Colegio de México, señala que en el contexto de la situación financiera nacional no sería conveniente que el Legislativo destinara mayores recursos al IPAB, dado que no se justifica su destino. Por su parte, Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda, asegura que el monto solicitado por la SHCP no se aprobará.

La deuda

Independientemente de los recursos que se le aprueben, el comparativo de los estados financieros del Instituto asienta que para cubrir la deuda privada convertida en pública en el periodo comprendido entre 1999 y 2008, el gobierno federal le debió haber asignado un presupuesto promedio de 700 mil millones de pesos para cubrir sus pasivos.

Además, para compensar el déficit presupuestal, se le han inyectado recursos por medio de préstamos bancarios y de la colocación de Bonos IPAB en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En términos financieros, a medida que más se prolonga la deuda, más crece el monto de los intereses y, por ende, crece más la deuda.

En octubre de 2002, el legislador José Antonio Magallanes Rodríguez, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, denunció en el Congreso que ilegalmente la SHCP estaba destinando onerosos recursos al IPAB, dentro del Presupuesto de Egresos, para “subsidiar la operación de los bancos”, y que el IPAB estaba incluyendo pasivos no considerados en el programa de rescate para “inflar” los recursos fiscales asignados al IPAB desde su creación en 1998.

Aunque el objetivo del IPAB en 1999 era sanear el sistema bancario mexicano con la venta de los propios activos del Fobaproa, en el sexenio de Vicente Fox y en lo que va de Felipe Calderón paulatinamente redujo las operaciones por concepto de las cuotas de bancos y venta de activos, para ampliar el rubro de operaciones a cuenta del erario público, según los estados financieros. Por ello, Álvarez Bejar lo define como “un parásito financiero”.

De acuerdo con los estados financieros de 1999 a 2008, sus activos demuestran que para 1999 se requerían ingresos por 655 mil 215 millones de pesos, considerados 92 mil 573 millones de pesos dentro de las operaciones del IPAB, y los otros 562 mil 642 millones de pesos, es decir, el 86 por ciento, vía presupuesto de egresos.

Para 2000, la estimación era de 650 mil 107 millones de pesos; de éstos, 83 mil 75 millones de pesos, por operaciones del IPAB; los otros 567 mil 32 millones de pesos, es decir, el 87 por ciento, vía presupuesto. En 2001, la estimación era de 681 mil 917 millones de pesos, 58 mil 154 millones ingresados vía operaciones del IPAB, los otros 623 mil 753 millones, es decir, el 91 por ciento, vía presupuesto.

En 2002 se estimaban 698 mil 997 millones de pesos, 58 mil 181 millones de pesos vía IPAB, y los restantes 640 mil 816, es decir, el 92 por ciento, vía presupuesto. En 2003 se estimaban 802 mil 541 millones de pesos, 113 mil 892 millones de pesos vía IPAB, y el resto, 688 mil 649 millones de pesos, es decir, el 86 por ciento, vía presupuesto.

En 2004, del total de los 748 mil 207 millones de pesos, vía IPAB ingresarían 106 mil 942 millones de pesos; el resto, 651 mil 265 millones de pesos, es decir, el 87 por ciento, vía presupuesto. En 2005, el estimado era de 739 mil 517 millones de pesos: el 18 por ciento, 60 mil 753 millones de pesos, vía IPAB; el 92 por ciento, 678 mil 764 millones de pesos, vía presupuesto.

Para el último año de gobierno de Vicente Fox se estimaron 774 mil 621 millones de pesos: el 18 por ciento, 61 mil 774 millones de pesos, vía IPAB; 92 por ciento, 712 mil 847 millones de pesos, vía presupuesto.

En el primer año de gobierno de Felipe Calderón, la proyección fue de 752 mil 351 millones de pesos: vía IPAB, 38 mil 989 millones de pesos, y vía presupuesto, 713 mil 362 millones de pesos, es decir, el 95 por ciento. En 2008, los ingresos se calculan en 759 mil 611 millones de pesos: vía IPAB sólo el 5 por ciento, 37 mil 300 millones de pesos; el otro 95 por ciento, 722 mil 311 millones de pesos, vía presupuesto de egresos.

Los estados financieros de 1999 a 2008 revelan que el IPAB obtuvo ingresos por 451 mil 678 millones de pesos provenientes de cuotas recibidas de las instituciones, productos financieros, resultados por posición monetaria, recuperación de derechos de fideicomisarios y los recursos recibidos del Fondo IPAB. La diferencia entre los recursos presupuestados y los recibidos son considerados por el IPAB como pérdidas.

Para cubrir el hueco presupuestal, en una primera etapa adquirió millonarios créditos bancarios. Según sus estados financieros, de 1999 a la fecha, el IPAB ha pagado 103 mil 692 millones de pesos por préstamos bancarios a HSBC y Serfin. Para algunos bancos, los intereses que les paga el Instituto de la cartera Fobaproa representan sus principales activos en México. Los bancos acreedores serán los beneficiaros directos de 65 mil millones de pesos por los intereses que el IPAB les pagará en 2009.

Paralelamente, el IPAB comenzó a emitir sus propios bonos y a colocarlos en la BMV. Los bonos IPAB son emitidos por el fideicomiso del Instituto a plazo de 1 mil 50 días, con corte cada 28 días, y tasas de interés igual a los de los Cetes en moneda nacional y a la tasa de interés Libor para la moneda extranjera. Su vencimiento va de tres a 10 años. Los primeros bonos IPAB vencieron en 2008, los emitidos a largo plazo (hasta el día de hoy) vencerán en 2015.

La deuda en bonos

En los últimos ocho años, el IPAB ha emitido bonos por 723 mil 230 millones de pesos. En 2009, el pago de éstos representará uno de los rubros más costosos para la hacienda pública, ya que en ese año vence el 20 por ciento del monto colocado en la BMV: 143 mil 636 millones de pesos, de los que 761 millones de pesos son intereses.

Tan sólo en 2008 se debieron pagar 74 mil 247 millones de pesos, que corresponde a 73 mil 900 millones de pesos del importe colocado, y 347 millones de intereses devengados. En 2009, el monto será de 143 mil 636 millones de pesos; en 2010, 149 mil 761 millones de pesos. Hacia el 2015, se deberán haber pagado los 723 mil 230 millones de pesos, lo que significa que el presidente que suceda a Calderón deberá asumir una deuda de 140 mil millones de pesos por los bonos IPAB, más los que se emitan en lo que resta de este sexenio para cubrir lo que se debe actualmente.

Según datos de la SHCP, durante una década, el IPAB ha consumido en promedio el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La deuda del IPAB ha representado el 22 por ciento de la deuda pública.

Entre 1999 y 2008 –según el estado de egresos– el IPAB ha pagado 579 mil 722 millones por los intereses por concepto de compra de cartera y saneamiento financiero del Fobaproa. Otros 259 mil 003 millones por reconocimiento de pérdidas por los programas de saneamiento financiero y compra de cartera. Los recursos asignados a instituciones financieras en liquidación o quiebra ascienden a 194 mil 907 millones de pesos.

Las pérdidas por concepto de quebranto derivado de las cuentas incobrables del programa de compra de cartera y saneamiento financiero ascienden a 166 mil 623 millones de pesos. Los recursos destinados al saneamiento de instituciones intervenidas ascienden a 60 mil 402 millones de pesos.

Las pérdidas por valores adquiridos en moneda extranjera ascienden a 53 mil 650 millones de pesos y las pérdidas de acciones adquiridas a los bancos intervenidos ascienden a 29 mil 450 millones de pesos. Por cuotas “para cubrir las obligaciones garantizadas”, el gasto asciende a 7 mil 381 millones de pesos.

El gasto corriente del IPAB por pago de nóminas, recursos materiales y servicios generales y por asesoría, asciende a 22 mil 674 millones de pesos, es decir, en promedio 2 mil 200 millones de pesos. Esto quiere decir que el gasto que en su década de operación ha tenido el IPAB en el rubro de manejo administrativo asciende al presupuesto obtenido vía egresos de la federación durante 1999. Otros gastos personales, de los cuales el IPAB no precisa en qué se han erogado, ascienden a 9 mil 104 millones de pesos.

El pago de nómina a los funcionarios de alto nivel ha sido uno de los más costosos. La secretaria ejecutiva recibe, en promedio, 150 mil pesos de sueldo, más gastos de alimentación, seguro de gastos médicos mayores, prima vacacional, automóvil y uso de teléfonos celulares. Los mismos beneficios son para los vocales. Los secretarios adjuntos, directores generales y adjuntos reciben un salario de 110 mil pesos, y otros 5 mil pesos por gastos administrativos.

Según los estados financieros, las cuentas incobrables del Fobaproa, a junio de 2008, han representando un quebranto por 328 mil 32 millones de pesos.

Los grupos de los cuales se adquirió cuentas incobrables son: Banco Unión, por 138 mil 722 millones de pesos; Banca Cremi, por 53 mil 79 millones de pesos; Banco del Oriente, por 30 mil 147 millones de pesos; Abaco Grupo Financiero, por 25 mil 435 millones de pesos; Grupo Financiero del Sureste, por 19 mil 592 millones de pesos; Grupo Financiero Asemex, por 16 mil 726 millones de pesos; Banco Obrero, por 11 mil 983 millones de pesos; Banco Interestatal, por 11 mil 192 millones de pesos.

Además de cuentas incobrables de Banco Capital, por 10 mil 722 millones de pesos; Grupo Financiero Pronorte, por 9 mil 205 millones de pesos; Grupo Financiero Cremi, por 1 mil 923 millones de pesos; Mexival Banpaís, por 527 millones de pesos; Estrategia Bursátil, por 370 millones de pesos; Walworth de México, por 322 millones de pesos; Mandatos Obrero-Dina, por 78 millones de pesos; y “otras cuentas” –no especificadas– por 78 millones de pesos.

El quebranto de los activos adquiridos por concepto de los fideicomisos de Banco Santander, Banco Mercantil del Norte, HSBC y Nacional Financiera asciende a 63 mil 375 millones de pesos. El monto más alto corresponde al Banco Mercantil del Norte, cuyo quebranto asciende a 62 mil 745 millones de pesos; HSBC de México, por 455 millones de pesos; Banco Santander, por 128 millones de pesos; Nacional Financiera, por 44 millones de pesos; los otros 3 millones de pesos corresponden a otras cuentas no especificadas.

A ello se suman los pasivos contingentes que se derivan de los litigios laborales y juicios en contra de las instituciones rescatadas, que mediante los contratos de compra venta el IPAB asumió como obligaciones de pago, que ascienden a 3 mil 200 millones de pesos.

Desincorporación de activos

En 2008, el IPAB prácticamente concluyó la venta de los activos –bienes muebles, inmuebles y cartera de crédito– que entre 1994 y 1995 fueron trasladados al Fobaproa. La diputada Valentina Batres Guadarrama define a este periodo como “la segunda etapa del fraude Fobaproa”.

La legisladora explica que “en un primer momento del rescate bancario se desperdiciaron recursos públicos en rescate de deudas personales; pero la voracidad de los panistas hizo que el IPAB se convirtiera en su “caja chica”.

De acuerdo con declaraciones que ante el Legislativo hizo la secretaria del IPAB, María Teresa Fernández Labardini, la recuperación fue de poco menos del 30 por ciento del valor que los activos tenían al momento del rescate. Sin embargo, las estimaciones de algunos auditores externos consultados por el Legislativo son que por cada peso se recuperaron apenas 17 centavos.

Según Labardini, la desincorporación de los activos representó ingresos por 106 mil millones de pesos. En contraste, en 2001 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuantificó el costo del rescate bancario en 1 billón 200 mil millones de pesos, monto que ascendería en promedio al 20 por ciento del PIB; ello significa que, considerando las estimaciones de la ASF, la recuperación es menor al 10 por ciento.

Una de las operaciones que malbarató activos sucedió en junio de 2002. Entonces, el IPAB vendió a la Fundación Humanismo Político Acción Civil, del Partido Acción Nacional, el edificio ubicado en el número 136 de la avenida Paseo de la Reforma en 88 millones 207 mil 959 pesos. Éste fue pagado con recursos del Poder Legislativo. La transacción de la denominada Torre Azul fue operada por el entonces senador Diego Fernández de Cevallos.

Mediante supuestas licitaciones y subastas públicas, el IPAB enajenó los activos físicos y financieros, bienes inmuebles y muebles del Fobaproa durante 10 años. Otro caso polémico es el de Construcciones Prácticas, a la cual el IPAB le remató bienes muebles e inmuebles en cinco entidades del país, operación que habría beneficiado a los hijastros del expresidentes Vicente Fox, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y sus socios Miguel Khoury Simman.

Otro favorecido fue Cosme Mares Hernández, señalado por el Legislativo como supuesto prestanombres del entonces presidente Vicente Fox. Mares adquirió el predio El Tamarindillo, en la comunidad El Ticuiz, Michoacán. Los terrenos estaban dentro de la cartera de “activos grises” de Banca Serfín, considerados así por su supuesto “poco valor estratégico o comercial”.

Además está el de Mexicana de Aviación, compañía aérea vendida en el sexenio de Vicente Fox al Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga, por 165 millones de dólares y con una deuda de 294 millones de dólares.

El empresario Olegario Vázquez Raña, propietario del consorcio Grupo Ángeles, benefactor de la Fundación Vamos México, de Marta Sahagún, adquirió por 254 millones de dólares los Hoteles Camino Real, propiedad del Banco Unión.

Durante el sexenio de Calderón, en octubre de 2007 el IPAB vendió al consorcio estadunidense Citigroup, la línea aérea Aeroméxico por 249 millones de dólares; este costo se cubrió con recursos del propio IPAB: pagarés del Fobaproa adquiridos por Banamex, institución bancaria adquirida por Citigroup en 2001.

La hipoteca de la nación

Después de la crisis económica y financiera de 1994, el gobierno de Ernesto Zedillo decidió utilizar al Fobaproa para llevar a cabo el rescate del sistema bancario nacional. Para ello se crearon programas para apoyar a los deudores de la banca y programas para apoyar a los bancos.

El apoyo se dio en dos modalidades: mediante los llamados Programas de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), que consistieron en incrementar el capital de los bancos mediante la sustitución de un activo financiero de baja calidad (carteras con problemas) por pagares emitidos por el Fobaproa. Estos apoyos se dieron a Banamex, Bancomer, Bital, Banorte y Serfin. La otra vía fueron los Programas de Intervención y Saneamiento, que operaron mediante la aportación de capital contra la participación accionaria, en la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores asumió el control de 12 instituciones financieras, entre septiembre de 1994 y agosto de 1997.

Paralelamente se realizaron procesos de saneamiento de los bancos, que consistían en el otorgamientos de líneas de crédito para que éstos pudiesen cumplir con sus obligaciones, ser rehabilitados y posteriormente vendidos. Las instituciones financieras beneficiadas fueron: Serfin, Atlántico, Banco del Centro, Promex, BBVA y Santander.

Para 1997, la deuda representaba el 40 por ciento del PIB, y significaba dos terceras partes del Presupuesto de Egresos de la Federación 1998, y el doble de la deuda pública interna. En 1999, los activos que adquirió el IPAB del Fobaproa ascendían a 655 mil 215 millones de pesos. Supuestamente se recuperaría por lo menos el 50 por ciento con la posterior desincorporación de activos.

La deuda se incrementó. Cuando la Ley del IPAB obligó al canje de pagarés de capitalización y compra de cartera, a cargo del Fobaproa, por obligaciones a cargo del recién creado IPAB, el monto se había incrementado a 876 mil 254 millones de pesos, según registró la ASF en su revisión a la cuenta pública correspondiente a ese año y publicada en marzo de 2001. Entre las irregularidades, destaca que en el caso de algunos bancos, como Banamex, la adquisición de la cartera por parte del Fobaproa se hizo con todo e intereses moratorios.

Fortuna solicitó una entrevista con la secretaria técnica del IPAB. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Fuente: Revista Fortuna.

Carstens: cinco perdones fiscales a discreción


Autores: Zósimo Camacho / Érika Ramírez

La SHCP que encabeza Agustín Carstens reconoce haber perdonado, de manera discrecional, cinco casos de evasión de impuestos que involucraban nueve causas penales. Legisladores, ignorantes de la figura legal conocida popularmente como perdón fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoce haber sobreseído cinco casos de evasión de impuestos de julio de 2007 a junio de 2008. Con ello, se archivaron nueve causas penales abiertas en 2003, 2004 y 2006.

Los empresarios privilegiados no se acogieron a ningún programa de la SHCP, simplemente se vieron favorecidos –luego de intensas negociaciones– por la decisión discrecional del titular de la dependencia, Agustín Carstens Carstens, exsubdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.

Diputados y senadores de las comisiones de Hacienda nunca supieron de estos litigios ni saben de la existencia de la facultad del secretario de sobreseer, a discreción, expedientes abiertos por defraudación fiscal.

En respuesta a la solicitud de información 0000600143908 –presentada por Fortuna a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)–, la SHCP reconoce que presentó cinco solicitudes de sobreseimiento ante el Poder Judicial de la Federación para cerrar nueve causas penales.

Sin embargo, la Secretaría declinó informar los montos de las irregularidades detectadas. Adujo “inexistencia” de la información solicitada.

El primer sobreseimiento de expediente abierto por fraude fiscal tuvo lugar el 27 de julio de 2007. Con él se cerró una causa abierta el 11 de marzo de 2004.

El segundo sobreseimiento se concretó el 4 de septiembre de 2007. También involucraba una causa penal, la cual se archivó. El caso databa del 10 de enero de 2006.

En ese mismo mes, pero el día 21, se concretó el tercer sobreseimiento solicitado por la administración de Agustín Carstens. Se cerraron dos causas abiertas el 2 de julio de 2003.

El cuarto sobreseimiento se concedió el 13 de noviembre de 2007. Involucraba una sola causa penal que databa del 11 de septiembre de 2006.

Las cuatro causas penales involucradas en el quinto caso se sobreseyeron de la siguiente manera: una el 6 de junio de 2008, dos el 16 de junio de 2008 y la última el 27 de junio de 2008. La primera y la última causas habían sido abiertas el 12 de junio de 2003, mientras que las segunda y tercera, el 16 de noviembre de 2004.

Así, en año y medio de gobierno de Felipe Calderón, la SHCP concedió cinco sobreseimientos que involucraban a nueve personas. Sumados a los nueve que ocurrieron a lo largo de todo el sexenio de Vicente Fox (Fortuna 56), el panismo en el poder ha perdonado de manera discrecional a 14 empresas y, al menos, a 18 personas.

De acuerdo con fuentes de la SHCP que solicitaron el anonimato, entre los perdonados se encontrarían Alfredo Miguel Afif, del Grupo Miguel, e Ivonne Lidia Bardor Kaess, del grupo Tebo. En julio pasado, esta publicación dio a conocer que entre los abogados que gestionaron el perdón para Miguel Afif se encontraba Pedro Solís Cámara, cuñado del propio Agustín Carstens (Fortuna 66).

Entonces el hijo de Alfredo Miguel Afif, de nombre José Miguel, confirmó la intervención de Pedro Solís Cámara en las negociaciones con la SHCP: “Me reuní con este abogado y le platiqué todo el caso. Él me ayudó a hacer la recomendación para que solucionara el problema”.

En la respuesta a la solicitud de información 0000600143908, la SHCP destaca que en los casos sobreseídos “el interés fiscal se encuentra pagado o garantizado a satisfacción del Fisco Federal (sic)”. Sin embargo, omite señalar que no todos los ciudadanos gozan de tal deferencia: aunque el contribuyente termine pagando los impuestos que evadió, el proceso penal continúa.

En su alegato, la SHCP también justifica no haber entregado el monto de los impuestos evadidos y de las multas: “La Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones manifestó que no conoce ni posee información relativa a los montos pagados por los particulares (…) De conformidad con lo anterior, la unidad administrativa declaró formalmente la inexistencia de documentos en sus expedientes en los que conste el monto pagado por los contribuyentes, previo al ejercicio de la facultad de solicitud de sobreseimiento”.

Perdón fiscal, facultad “discutible”

El sobreseimiento de expedientes abiertos por delito fiscal debe dejar de ser una facultad discrecional del titular de la SHCP, pues sólo favorece a los grandes contribuyentes, indican legisladores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Pablo Trejo Pérez, legislador del Partido de la Revolución Democrática, dice que las autoridades fiscales han utilizado los “subterfugios” que permite la ley para condonar multas por el incumplimiento en el pago de impuestos.

“Desde que inició la legislatura hemos planteado que debe simplificarse la ley, y que el contribuyente no tenga un tortuoso camino para pagar los impuestos, pero a su vez, quien no cumpla deberá ser sancionado severamente”.

El diputado perredista asegura que los principales beneficiarios del perdón fiscal son “los grandes contribuyentes, que no necesitan ser perdonados. Mientras, los contribuyentes menores y asalariados llegan a sufrir grandes multas. También están las micro y pequeñas empresas, que a veces por no contar con la capacidad suficiente para pagar un contador cometen errores en la declaración de sus impuestos”.

La legalidad del perdón fiscal

La facultad del secretario de Hacienda para perdonar a discreción a los contribuyentes omisos, se encuentra en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, el cual señala:

“Los procesos por los delitos fiscales (…) se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el ministerio público federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera.”

Manuel Cárdenas Fonseca, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el Partido Nueva Alianza (PNA), considera que el Estado mexicano “debería sancionar a todos los funcionarios que, por omisión o negligencia, dañen el patrimonio de la nación al no haber actuado conforme a la ley”.

Cárdenas Fonseca presentó el 12 de diciembre de 2006 la Iniciativa para reformar el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. En la exposición de motivos del documento, el legislador dice que la discreción con la que se conduce la Secretaría de Hacienda debe concluir, pues “no debe haber ningún obstáculo por el que la SHCP niegue la petición de sobreseimiento o comunique que se ha satisfecho el interés fiscal, cuando se han cubierto las contribuciones omitidas, la actualización y los recargos, ya que en caso contrario se estaría ante una facultad no sólo discrecional, sino francamente caprichosa”.

El diputado por el PNA enfatiza que todos los mexicanos deben tener un trato equitativo, puesto que “la potestad soberana de un pueblo organizado atiende también al principio de igualdad de los gobernados, según el cual todos y cada uno de ellos deben ser tratados de un modo equitativo, dejándose de lado títulos nobiliarios, fueros especiales, géneros, ideología, y condición social y económica”.

Por ello, considera que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación “propicia al trato desigual e inequitativo entre los contribuyentes”. Además, se trata de una facultad discrecional que “da pie al ejercicio de una política de terrorismo fiscal, evidente en la persecución contra algunos gobernados, y resulta incongruente. También propicia problemas de corrupción de servidores públicos”. Esta iniciativa permanece en la congeladora legislativa.

Incentivos fiscales

Mario Alberto Salazar Madera, diputado del Partido Acción Nacional, asegura que la reforma fiscal, vigente a partir de este año, “prevé que no sigan habiendo excepciones, condonación de impuestos y que todo se lleve a un curso jurídico legal, para que se determine si el moroso debe o no pagar a las arcas del erario”.

Salazar Madera niega que haya un uso discrecional de la ley, pues “hoy en día hay más transparencia, se tiene posibilidad de verificar este tipo de datos, que son más públicos”.

En caso de que se perdone fiscalmente a algún contribuyente, dice, “habrá que ver la situación particular del caso. Sin embargo, un cobro o un trámite que se dé para un ciudadano común, ya no puede darse para un gran empresario”.

El diputado panista agrega que cuando un gran empresario omite el pago de sus impuestos, violenta la justicia social. No obstante, justifica: “Hay algunas cosas que deben motivarse para fomentar la inversión privada, que genere empleos. En ese momento tienes que ser atractivo en tu propuesta, acreditar algunas posibilidades donde se pueda ofertar algún derecho o impuesto”.

José Isabel Trejo, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, confesó no estar “enterado del tema”. Minerva Hernández, senadora integrante de la misma Comisión, señaló que haría llegar su opinión de “manera escrita”. Sin embargo, incumplió con su oferta.

Fortuna solicitó conocer la posición del Servicio de Administración Tributaria, órgano descentralizado de la SHCP, a través de su Unidad de Comunicación. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Fuente: Revista Fortuna.

Avala Función Pública, nepotismo y desvío de recursos en Pemex


15 Diciembre 2008

A fines del sexenio pasado, la Secretaría de la Función Pública cerró cuatro investigaciones contra el director corporativo de Administración de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila –relacionadas con contrataciones de familiares de él y de terceros en la petrolera del Estado–, a pesar de que se comprobó el parentesco y la inobservancia a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El mismo funcionario es señalado por los recientes despidos masivos de trabajadores con antigüedad de hasta 20 años

Entre 2005 y 2006, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió indagatorias en contra del administrador de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rosendo Villarreal Dávila, por supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), en las que habría incurrido al contratar a sus familiares y los de otros directivos en áreas clave de la petrolera.

Aunque en la mayoría de los casos denunciados se acreditó el parentesco y la inobservancia a la LFRSP, en ninguno se le fincó responsabilidad. Federico Domínguez Zuloaga, entonces titular del Órgano Interno de Control (OIC) en Pemex y quien fuera subordinado de Villarreal Dávila en la SFP, determinó “falta de elementos” y cerró las indagatorias.

Algunas de estas denuncias se dieron por concluidas en los mismos días en que Villarreal autorizó la entrega de 212 mil pesos a favor de Domínguez Zuloaga, para una “cirugía dental” para su esposa Lilia Elena Celio Macías. Zuloaga fue despedido en septiembre de 2006, cuando el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y el director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, determinaron que dichos recursos eran ilegales. Sin embargo, no hubo sanción alguna para Villarreal.

Ese año Domínguez Zuloaga había integrado la inhabilitación en contra de Raúl Muñoz Leos, por pagar con recursos de Pemex, autorizados también por Villarreal Dávila, la liposucción y cirugía estética para su esposa Hilda Ledezma, cuyo costo ascendió a 163 mil 244 pesos.

Los últimos casos reportados ante Domínguez Zuloaga respecto del administrador de Pemex fueron: la contratación de su sobrino Gerardo Lozano Montemayor, a quien designó como gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, con atribuciones para controlar todos los recursos materiales de la paraestatal, y que depende directamente de Villarreal Dávila en la Dirección Corporativa de Administración (DCA). Además de la recontratación del exfuncionario de la DCA, Gustavo García Higuera, como asesor del director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil.

Nepotismo

Villarreal fue designado titular de la DCA en la sesión 758 del Consejo de Administración de Pemex, el 13 de enero de 2005. En febrero contrató a su sobrino Gerardo Lozano Montemayor en el puesto señalado. La designación fue avalada por su coordinador de asesores en la DCA, Pedro Aguirre Castro, y por el subdirector corporativo de Recursos Humanos, Marco Antonio Murillo Soberanis.

La LFRSP, en el artículo 47, fracciones XII, XV, XVI y XVII, establece restricciones e impedimentos para que los funcionarios puedan intervenir, solicitar, designar, contratar, promover, suspender, remover, cesar o sancionar a sus familiares que se encuentren comprendidos dentro del cuarto grado de parentesco, ya fuese por consanguinidad, afinidad o civil. El Código Civil vigente en la materia señala que los familiares comprendidos dentro del cuarto grado de parentesco y por ende dentro de la restricción legal son desde hermanos, cónyuges y hasta sobrinos segundos del cónyuge.

Por ello, la contratación de Lozano implicaría la inobservancia de Villarreal a dicha Ley, según la denuncia DE/024/2005/NA/041. La contratación de Lozano se habría operado de la siguiente manera: el 16 de febrero de 2005, Murillo Soberanis envió un documento a Aguirre Castro, en el que señala: “Como lo comentamos, te envío el currículo, perfil del puesto y la hoja de evaluación de Gerardo Lozano Montemayor, quien está propuesto para ocupar el cargo de gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales”.

El 18 de febrero, Villarreal Dávila notificó a Murillo: “Te envío los resultados de Gerardo Lozano Montemayor, quien está propuesto para ocupar el cargo de gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales”.

Documentos de Pemex revelan que fue Villarreal quien calificó los “atributos” de Lozano. Su tío determinó que cubría el perfil requerido por Pemex, pese a que éste exhibió una constancia de que cursaba apenas el segundo semestre de la licenciatura en comercio internacional en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Dictaminó que tenía 88.85 por ciento de “atributos del puesto ponderado”, según se desprende de un oficio interno de la DCA.

El día 23 se dio la contratación formal. Se le adjudicó la plaza 80070600ME00020, nivel 44, con vigencia al 31 de diciembre del año “2999” (sic), según consta en la “tarjeta de trabajo para funcionarios superiores”, cuya copia obra en poder de Contralínea.
Además de una oficina en el piso siete de la torre ejecutiva, de acuerdo con oficios de Pemex, Villarreal le dio a su sobrino atribuciones para manejar todo el presupuesto del corporativo y “administrar los recursos necesarios para la prestación de los servicios de abastecimiento, operación y mantenimiento, seguridad y servicios generales para las unidades administrativas del corporativo a nivel nacional y a los organismos subsidiarios y filiales en el centro administrativo de Pemex”.

También le designó interlocutor de Pemex ante la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Gobernación, de la Función Pública, de la Defensa Nacional, el Gobierno del Distrito Federal, la Comisión Federal de Electricidad, los prestadores de servicios, los proveedores y contratistas, y las asociaciones civiles.

Le dio además atribuciones como interlocutor interno con las distintas direcciones corporativas, las gerencias, el OIC, la Subdirección Corporativa de Relaciones Laborales, la Subdirección de Servicios Corporativos, la Subdirección de Servicios Médicos, el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, y para manejar los negocios de la empresa privada de Pemex: Integrated Trade Systems, la cual tiene su sede en Houston, Texas.

En septiembre de 2005, la SFP abrió

la indagatoria DE/024/2005/NA/041 respecto de la contratación. Al respecto, el día 7, Villarreal Dávila envió a Federico Domínguez Zuloaga el documento DCA/2162/2005 donde señala: “Niego categóricamente, por ser falso, el hecho del supuesto parentesco entre el suscrito funcionario de Servicios Generales; es importante señalar que no tengo parentesco con ninguno de los trabajadores que se desempeñan en la Dirección Corporativa de Administración”.

Durante la indagatoria, el 29 de noviembre de 2006, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP, Moisés Herrera Solís, emitió un dictamen (oficio 110-6847) en el que señala que además del artículo 47, el artículo 8 de la misma LFRSP impide a los funcionarios públicos “intervenir o participar en la selección, nombramiento o contratación de sus familiares, o cuando tenga un interés personal, familiar o de negocios, o de terceros con quien tenga relaciones profesionales, personales, laborales o de negocios”, ello, “con el propósito de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que aquellos deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.

El jurídico dictaminó que, dado que se había acreditado el parentesco y la intervención en la contratación, se debían aplicar los mandatos de dicha Ley. El dictamen fue avalado también por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

En otro oficio fechado el 15 de diciembre, Herrera Solís determinó que el OIC tenía “elementos suficientes” para resolver el asunto.

El expediente de la SFP revela que se acreditó el parentesco entre Villarreal Dávila y Lozano Montemayor; también que Villarreal intervino en su contratación de forma directa. Y se acreditó el impedimento legal de la relación laboral, lo que contraviene la LFRSP.

Con todo ello, en su dictamen final, el OIC en Pemex estipuló que “no existen elementos suficientes que permitan determinar la realización de conductas administrativas irregulares que pudieran constituir infracciones cometidas por el ciudadano Rosendo Villarreal en su carácter de director corporativo de administración de Petróleos Mexicanos, derivadas de su intervención al proponer y autorizar la contratación del ciudadano, Gerardo Lozano Montemayor, como gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de esa Dirección a su cargo”.

La exoneración

Otro caso en el que se vincula a Villarreal Dávila en supuestas violaciones a la LFRSP en la contratación de personal fue el que denunció ante OIC en Pemex el titular del Área de Quejas del OIC en PEP, Francisco Javier Galindo Noriega, y que se refiere a la recontratación de Gustavo García Higuera, un exfuncionario liquidado en la DCA el 29 de enero de 2004, y recontratado como asesor de Morales Gil en PEP, en febrero de 2005, con nivel 44.

Según se desprende del oficio PEP/00087/2005, la recontratación fue propuesta por Morales Gil, apenas 12 meses después de su salida de la DCA, periodo en el que García cobró 97 mil pesos mensuales de su jubilación. Villarreal Dávila y el abogado José Néstor García Reza la aprobaron mediante el oficio DCA-039/2005, fechado el 15 de marzo.

La normatividad interna y los Lineamientos para el Ejercicio de la Función Jurídica Institucional en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios establecen un mínimo de dos años para casos de recontratación. Además, en el acuerdo CA-074/2005, el Consejo de Administración de Pemex había definido las Bases Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2005, que prohibía la recontratación de una persona “que haya sido liquidada por alguna de las entidades de la industria petrolera estatal”.

En el expediente DE095/2005, la SFP determinó que Villarreal Dávila y García Reza, quienes avalaron la contratación de García, habrían incurrido en conductas contrarias a la normatividad interna, a las disposiciones del Consejo de Administración y a la LFRSP. Por ello, Francisco Javier Galindo Noriega denunció ante el OIC la recontratación.

El 6 de enero de 2006, Federico Domínguez Zuloaga abrió la investigación DE/001/2006/NA/002. En ésta se acreditaron los impedimentos legales para la contratación, tal como lo indicara Galindo Noriega; sin embargo, el 27 de febrero, Domínguez cerró el expediente “por falta de elementos”.

La defensa tanto de Villarreal Dávila como de García Reza fue que, dado que se trata de hechos de carácter laboral, “por su naturaleza se encuentran fuera de la esfera competencial de esa instancia fiscalizadora”.

Por esos mismos días, Villarreal autorizó la transferencia del dinero a Domínguez Zuloaga. La operación se realizó de la siguiente manera: el 26 de febrero, el contralor remitió a la DCA el plan de tratamiento dental y el presupuesto respectivo que erogó en la atención médica particular que se le proporcionó a su esposa, por la cantidad de 212 mil pesos, con la finalidad de que la administración de la paraestatal le “reembolsara” dicha cantidad.

El 6 de marzo de 2006, Humberto Ismael Meza Cabello, gerente de Responsabilidades –subordinado de Domínguez Zuloaga– notificó a Galindo Noriega que el expediente en contra de Villarreal Dávila y García Reza había sido cerrado “por falta de elementos”.

El 4 de abril, Villarreal Dávila ordenó a Marco Antonio Murillo Soberanis, subdirector corporativo de Recursos Humanos, que se aprobara el reembolso de la atención dental de la esposa de Domínguez. El documento signado por Villarreal cita: “Atendiendo la solicitud que presentó el licenciado Federico Domínguez Zuloaga, subcontralor corporativo de Responsabilidades y Atención Ciudadana, de la Contraloría General Corporativa, y en virtud de que la Subdirección de Servicios de Salud otorgó su conformidad a dicha petición, me permito anexar a usted el comprobante que erogó el licenciado Domínguez…”.

Murillo Soberanis pidió al subdirector de Servicios Médicos, Víctor Manuel Vázquez, que diera el visto bueno a dicho reembolso. El oficio apunta: “Con escrito del 26 de febrero de 2006, el licenciado Federico Domínguez Zuloaga… nos envió el plan de tratamiento dental y el presupuesto respectivo, que erogó en la atención médica particular que se le proporcionó a su esposa, por la cantidad de 212 mil pesos. Lo anterior con la finalidad de que en caso de ser procedente se le reembolse dicho importe, de conformidad con lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo S/N de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, relativo al reembolso de gastos médicos particulares a funcionarios superiores”.

Cinco meses después, Domínguez fue despedido cuando se determinó que la entrega de recursos era irregular. A Villarreal no se le impuso sanción alguna.

Subordinados, privilegios extensivos

En 2006, ante la SFP se denunciaron contrataciones que Villarreal hizo de familiares de directivos de los organismos subsidiarios. Uno de estos casos es el que se integró con el número DE/001/2006/NA/002, en el cual se le denunció a él y al subdirector de PEP, Teódulo Gutiérrez Acosta, por la contratación de Tomás Gutiérrez Peimbert, hijo del último.

Tomás Gutiérrez ingresó a PEP con nivel 35, es decir, como mando medio. Pocos meses después ascendió a nivel 41, es decir, como alto mando, en la plaza 20239200VH00187390. Como subdirector de Recursos Humanos, Competitividad e Innovación, cargo que ocupó antes de llegar a la Subdirección de PEP, Gutiérrez Acosta contrató a su yerno, Salvador Arrieta Silva, para el cargo de subdirector de la Coordinación de Tecnología de Información, con nivel 39.

Villarreal avaló también que el gerente de Relaciones Laborales de PEP, Porfirio Peñafiel Callejo, contratara a su sobrina, Alejandra Gou Félix, con nivel 35.

Cita uno de los escritos integrados dentro de la denuncia DE/001/2006/NA/002, la cual presentaron trabajadores de la petrolera, que “con amenazas y terrorismo laboral”, Villarreal presionaba a trabajadores a aceptar supuestos retiros voluntarios “para beneficiar a familiares, amigos y compadres abusando de su poder”, instalándolos en las plazas vacantes.

Dichos casos fueron remitidos por el contralor Galindo Noriega a Domínguez Zuloaga, quien, como en los otros casos, argumentó “falta de elementos” para comprobar las irregularidades denunciadas.

Contralínea solicitó entrevistas con los funcionarios de Pemex que se señalan en este artículo, lo mismo que con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega. Sin embargo, no hubo respuesta.

Discriminación laboral

Trabajadores de Pemex denuncian que Rosendo Villarreal ejecuta despidos masivos de ingenieros y técnicos de la petrolera, supuestamente utilizando como “grupo de choque” al personal adscrito a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, que encabeza el militar Víctor Manuel de la Peña Cortés y que depende directamente de la DCA.

Los trabajadores de Pemex viven en incertidumbre laboral. La reforma energética y las recientes modificaciones a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma contemplan el “adelgazamiento” laboral –que según cálculos hechos por la Administración de Pemex, será de 30 mil trabajadores despedidos–.

Semanas antes de que entrara en vigor, docenas de trabajadores del corporativo y los organismos subsidiarios habían sido despedidos y miles más están en riesgo de quedarse en la calle de un momento a otro, en virtud de que la función primordial de lo que los funcionarios denominan el “nuevo Pemex” será la administración de contratos.

Apenas el 14 de noviembre, 40 profesionistas y técnicos adscritos a las instalaciones de Coatzacoalcos, Tula, Reynosa, Guadalajara y el corporativo –en Marina Nacional– fueron “notificados” de su despido por el personal de seguridad interna de Pemex.

En un instante, sin explicación alguna, los ingenieros petroleros de carrera vieron desvanecerse 15 y 20 años de antigüedad laboral, en un momento en que, según la secretaria de Energía, Georgina Kessel, Pemex carece de ingenieros.

Según denunciaron estos trabajadores ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por órdenes de la DCA fueron desalojados de forma violenta. Se les quitaron sus identificaciones y no se les permitió regresar a sus centros de trabajo. Por ello, explica en entrevista el ingeniero Óscar del Cueto, vocero de los trabajadores, preparan denuncias en contra de Villarreal Dávila y Murillo Soberanis, que presentarán ante la SFP por despido injustificado, acoso y la represión de la que han sido objeto.

El laborista Arturo Alcalde Justiniani califica como “imperdonable” lo que llama la acción represiva de la administración de Pemex. Los violentos despidos masivos, estima, vulneran “los más elementales derechos laborales y humanos”.

Investigación en el Congreso

Las comisiones del Trabajo en las cámaras de Diputados y de Senadores busca documentar la conducta de Villarreal Dávila respecto del despido masivo de trabajadores adscritos a la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

Los trabajadores buscan obtener su registro como organización sindical, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se niega a otorgarles, pese a cumplir todos los requisitos y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo garantizan a todos los mexicanos la libre asociación sindical.

Petroleros adscritos al Frente de Trabajadores de la Energía, el Comité de Estudios de la Energía, la Unión de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, y la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros exigen que la SFP fiscalice la operación de Villarreal Dávila en la DCA y la contratación y despido de personal. (ALP)

Represión “paramilitar”

En diversas ocasiones, funcionarios y trabajadores de Pemex han denunciado los actos de represión física y sicológica de los elementos de seguridad interna de Pemex. El analista Antonio Ghershenson, especialista en temas petroleros, los califica como “paramilitares”. En su mayoría se trata de exmilitares y expolicías judiciales.

Respecto a la conducta de este personal, el exdiputado Jesús González Schmal presentó una denuncia judicial por espionaje e intimidaciones de elementos de seguridad interna de Pemex, quienes durante semanas tomaron fotografías de sus propiedades y lo siguieron por el estado de Coahuila, de donde es originario. El acoso, explica, “era una medida desesperada para frenar las indagatorias que desde el Legislativo se hacían para comprobar el supuesto tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca y los negocios que operaban en Pemex a favor de empresas privadas”.

Otro caso fue el del exabogado Jorge García Martínez, adscrito a la Oficina del Abogado General, quien ante la SFP y autoridades judiciales denunció también espionaje y que los elementos de seguridad de Pemex lo siguieron durante meses, luego de que denunciara las supuestas irregularidades en la autorización de contratos de servicios múltiples en la Cuenca de Burgos, a favor de las trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum que habría dado José César Nava.

En estas denuncias –presentadas ante la SFP entre 2005 y 2007– se responsabilizaba a Villarreal Dávila por la utilización de los elementos de seguridad. En casi todas, el entonces titular del OIC, Federico Domínguez Zuloaga, determinó que no había elementos para fincar responsabilidades, aunque en algunos casos, como el de González Schmal, se comprobaron incluso los recursos que la DCA invirtió durante los días en que el abogado fue espiado y el informe que Villarreal envió a Marta Sahagún. (ALP)

“Presupuesto de guerra” para 2009


Nydia Egremy

La fórmula para ganar en las elecciones legislativas es aumentar los recursos para seguridad y gasto público, mientras se socava la formación de capital humano: el Presupuesto de Egresos 2009 reduce el gasto en ciencia y tecnología.

Pese a la recesión mundial y el reciente desplome de los precios del petróleo y otros recursos minerales, países como Ecuador, Panamá y Argentina prevén un crecimiento no menor del 4 por ciento para el año próximo. En ese contexto, sus presupuestos de egresos se centran en el gasto social y apuestan a intensificar el ejercicio presupuestal científico tecnológico.

En contraste, el gasto público de México para 2009 privilegiará el rubro de seguridad pública y combate a la delincuencia con una asignación de 104 mil millones de pesos; por esa razón, ese gasto público constituye un “presupuesto de guerra”, sostiene Emilio Caballero Urdiales, profesor de macroeconomía y política fiscal en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A pesar de que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 es el más alto de la historia del país –con un monto de 3 billones 45 mil 478.6 millones de pesos, que representa el 23.5 por ciento del producto interno bruto (PIB)–, no apuesta a formar mexicanos con habilidades y destrezas científico tecnológicas que contribuyan a que el país salga de su dependencia, señala el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT).

Su coordinador, Juan Pedro Laclette, califica de “muy pobre” el gasto que aprobó la Cámara de Diputados para esa materia en noviembre. El doctor considera que el Consejo Nacional para Ciencia y Tecnología (Conacyt) recibió un incremento que “es apenas superior a la inflación”.

Esa asignación ocurrió a pesar de que los 30 miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología aprobaron por unanimidad el dictamen que proponía un incremento de 3 mil 400 millones de pesos (incluidos 1 mil 590 millones propuesto por el FCCT), adicionales a la propuesta del Ejecutivo. Ese aumento intenta salir al paso del rezago de 15 años en la materia, pues no se han actualizado los equipos científicos y técnicos del país; además, persiste un requerimiento de 500 millones de pesos para reforzar la infraestructura científica.

Ese fracaso en la asignación de recursos para la educación científica y tecnológica y su equipamiento se traduce en un efecto negativo en la competitividad científica de México respecto al mundo, señala el FCCT. A esto se suma la más reciente estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó el crecimiento económico de México del próximo año en 0.9 por ciento, es decir, menos de un punto porcentual del PIB.

“Presupuesto de guerra”
El “presupuesto de guerra”, que describe Caballero Urdiales, se libra en dos campos de batalla: “Uno, el fortalecimiento del gasto contra la delincuencia organizada y la inseguridad pública; otro, el electoral, pues se da en la coyuntura para renovar el Congreso el próximo año”. Asegura que el análisis de las cifras muestra un aumento importante en los rubros relacionados con la seguridad pública como la inteligencia, Gobernación y los tribunales.

Apunta que el incremento “obedece a que la inseguridad pública ya llegó a límites intolerables y el gran descontento y desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades también afectaría la renovación del Congreso en su lucha por aumentar posiciones”.

El académico de la Facultad de Economía explica que, al asignar mayores recursos al gasto social, el gobierno busca aumentar sus posiciones en el Congreso durante la elección de 2009 y cuenta con que esas transferencias lo favorezcan entre la población en su intención de voto”. Señala que hasta el 8 de septiembre, cuando se plantearon las grandes prioridades en el Presupuesto de Egresos, aún no había estallado la crisis economicofinanciera como resultado de la problemática estadunidense, “y las autoridades no habían observado la magnitud de la misma, por lo que esos aumentos en el gasto público no eran netos, sino que se financiaban con reducciones de los rubros dedicados al fomento económico”.

De ese modo, explica Caballero Urdiales, la clasificación funcional del presupuesto descuidaba el fomento económico y se mantenía un “presupuesto de guerra” por el aumento al rubro de combate a la delincuencia. Esto generó un presupuesto contractivo que, al estallar la crisis financiera en Estados Unidos, obligó al gobierno a adoptar una política contracíclica, que “esperemos que se cumpla, pero no necesariamente será así”.

Situación nacional
Dada la expectativa de la recesión estadunidense, México podría tener un crecimiento cero o negativo. Por ello, la asignación de recursos al campo en el presupuesto de 2009 representa un monto de 235 mil 858 millones de pesos mediante el Programa Especial Concurrente (PEC).
A su vez, la principal oferta del gobierno federal para hacer frente a la burbuja inflacionaria estadunidense y la recesión mundial es la de realizar erogaciones plurianuales para proyectos de infraestructura, por 5 mil 235. 8 millones de pesos y 17 mil 918.5 millones de pesos para años posteriores.

Pese a ese flujo de recursos presupuestales, partimos de una situación nada halagüeña, dice Caballero Urdiales: “La mitad de la población ya está en pobreza y se le agrega falta de crecimiento”. Respecto a la posibilidad de que ese contexto social apunte hacia posibles estallidos sociales, el académico comenta que se trata de “un problema grave, porque la desigualdad es tan grave como la pobreza”.

Explica que, en el contexto actual de recesión, una sociedad que no crece, como la estadunidense, tendrá que ajustarse el cinturón, “pero nosotros, que ya traemos un lastre de pobreza, desigualdad y falta de crecimiento, vamos a estar en el peor de los mundos posibles”.

Para el economista Jorge Eduardo Navarrete: “Hemos visto con extraordinaria miopía el compromiso nacional de dedicar, como mínimo, recursos equivalentes al 1 por ciento a las áreas de ciencia y tecnología; ésa es una de las muestras mas palmarias de la falta de miras en el gasto público en México”.

El también diplomático –que representó a México en Naciones Unidas, China, Venezuela, Serbia y Montenegro– señala que “nunca se piensa en reducir el gasto corriente suntuario, como el nivel de salario o las prestaciones de los miembros de la alta burocracia, sino que se corta el gasto a la cultura, al arte, la ciencia y la tecnología”.

Indica que legisladores de todos los partidos “manifestaron un desencanto generalizado con el maltrato que se dio, presupuestalmente, a ciencia, tecnología y educación”. Además, dice, esos recursos “se destinan de manera escandalosa al gasto corriente del Conacyt, una de las entidades de fomento científico y tecnológico más ineficientes del mundo”.

Apuesta al futuro
Para Caballero Urdiales, en México existe una triple restricción para fomentar la educación, la infraestructura y las actividades que harían posible el crecimiento económico y el empleo. Una de éstas se refiere al capítulo de la tributación: el país tiene “uno de los peores mecanismos de recaudación tributaria del mundo”, recauda entre el 5 y el 10 por ciento del PIB, contra el doble o triple de esa cifra en otros países. Entre las limitantes, el investigador identifica las tasas de interés elevadas que encarecen el crédito y desestimulan la inversión.

Entretanto, basta observar que en su presupuesto para 2009, Argentina, cuya economía tocó fondo hace unos años, hoy se plantea crecer al 4 por ciento y tener una inflación de 8 por ciento. Bolivia incluye la mayor asignación de las últimas tres décadas para inversión pública (con 1 mil 871 millones de dólares) contra el presupuesto para ese rubro de 2006 –primero en la presidencia de Evo Morales–, que fue de 762 millones, aunque ejecutó realmente 870 millones; para 2008, el presupuesto llegó 1 mil 407 millones de dólares.

El caso de Ecuador –país que desde 2000 dolarizó su economía y, tras la grave crisis económica que sobrevino a esa medida– es significativo: en 2007 decidió fortalecer su recaudación fiscal, con lo que en 2008 captó 20 por ciento más que el año anterior.

Aunque dicha nación no está exenta de la crisis financiera mundial y la baja en los precios del petróleo también la afectan, “no se desistirá en el propósito de proteger los rubros dedicados a educación, salubridad, ciencia y tecnología”, señala Galo Galarza, embajador de Ecuador en México.

Ese gobierno mantiene un crecimiento en el gasto del 50 por ciento con relación al presupuesto inicial de 2008, a pesar de que existe un déficit de 3 mil 359 millones de dólares, es decir, 4.2 por ciento del PIB. Para lograr ese objetivo, la administración ecuatoriana emprendió una intensa recaudación fiscal en las empresas extranjeras que reportaban enormes ganancias y cero utilidades al fisco.

“Es importante ver que, cuando hay reglas claras del juego y una decisión del gobierno para cobrar sus impuestos, esos capitales no se alejan, saben que tienen que tributar, que pagar sus impuestos y siguen operando en Ecuador”, explica Galarza.

Fuente: Revista Fortuna.

Robo en despoblado



El diferencial anual entre la inflación y el incremento de los salarios mínimos es mayor a dos puntos porcentuales. Esto es un robo en despoblado. De por sí, haber igualado un aumento con otro hubiera sido un atraco, pues la inflación, durante el año, va carcomiendo el salario y esa disminución mensual real del ingreso no se compensa nunca. Pero bajar los salarios en el saldo anual es una verdadera grosería.

¡Qué sangre tan fría puede tener un gobierno al imponer una disminución de los salarios! Y que no se diga que el mínimo sólo opera para menos de la cuarta parte de los trabajadores, ya que todos los salarios están calculados con la misma base, incluso los llamados profesionales. Al cabo, también los contractuales se comportan de la misma forma ya que éstos van a tomar en la práctica el tope porcentual de los mínimos.

La inflación está al doble de lo esperado por las autoridades, lo cual no es nuevo. Pero esto tampoco justifica el robo a los trabajadores.

Las cosas están mucho peor si se analiza el incremento de los alimentos —13.4 por ciento en el año—, ya que la mayoría de los asalariados utiliza su ingreso en comprar principalmente comida. Medido así el problema, la disminución salarial alcanza 10 por ciento en términos reales. ¿Qué hace una familia cuando tiene que comer una décima parte menos que antes? Pero, el gobierno, frío. Eso sí que es no tener madre.

Cuando iniciaba el año que ahora agoniza vimos a nuestros insignes periodistas de la derecha burlarse de la afirmación de los legisladores del PRD en el sentido de que el llamado gasolinazo iba a traer consecuencias graves. En enero, dijeron que tal afirmación había sido alarmista y sin fundamento alguno. Durante el año, los precios de la gasolina y el diésel han seguido aumentando, aunque en el extranjero han venido disminuyendo. Ahora, el combustible es más caro en México, pero el gobierno no toma ninguna decisión porque está manipulando el monopolio del Estado, pero no Pemex, sino la Secretaría de Hacienda, la cual impone los precios de los bienes públicos de la manera más arbitraria y desconsiderada. ¿De qué se burlaban aquellos periodistas? Pues de ellos mismos. Vean cómo está hoy la inflación y cómo están los salarios.

Ahora, el Banco de México nos dice que hay que apechugar las pérdidas salariales y esperar que el año próximo la inflación no rebase 3 por ciento. Es la tesis de la cúpula patronal en el sentido de que los incrementos salariales deben hacerse según la inflación esperada, pero nunca con base en los aumentos de precios anteriores. Esta retrógrada tesis pretende justificar el robo en despoblado, más aún cuando el pronóstico oficial de la inflación suele ser menor que la real.

En Estados Unidos hay una fuerte tendencia hacia la deflación de precios. En México, la recesión se presenta junto con el flagelo de la inflación. Es decir, que no era cierto aquello que dijo el gobierno de que la pulmonía estadunidense iba a ser un catarro en México. El próximo año no habrá crecimiento de la economía mexicana y la inflación será una superganancia de los grandes capitalistas: la defensa de los poderosos y la ruina de los creadores de la riqueza, los trabajadores.

pgomez@milenio.com

El año que se va...



Hay países que tienen mafias, mi estimado, y mafias que tienen países. Finaliza la sangrienta semana y sin duda México sigue en caída libre en este año donde los problemas y la crisis tuvieron como distintivo emblema tomar desprevenidos y por sorpresa al (des)gobierno de Calderón, que tuvo pésimos manejos, y peor aún, nulos controles de daños que ya son irreversibles para este régimen azul que enfrenta muy serios retos y desafíos el próximo 2009.

El año que se va, my friend, deja a millones de mexicanos con un mal sabor de boca y escasas posibilidades para vivir mejor gracias al cúmulo de aprietos financieros, en donde la joya de la corona el próximo año será, no se me confunda, el simpático precio del barril de petróleo que (reducirá el ingreso de exportación) no cuadrará en el círculo de las finanzas de Agustín Carstens, quien se lleva una divertida ovación (atiborrada de zapatazos) por su diagnóstico preciso y puntual del “catarrito” mexicano que ya es una pulmonía letal que terminará empalmada con un déficit en la balanza externa digna de pronóstico reservado.

Eso sin hablar de los poderosos consorcios… encabezados por los grandes apellidos que con la pena, en el 2009 se irán al nabo sin escalas ante sus vencimientos de deuda con todo y el simpático rescate del (des)gobierno de Calderón que no entiende, que no entiende la urgencia de reducir su gasto corriente antes de que… se lo lleve aún más la corriente.

2008, mi estimado, deja peligrosos asuntos prendidos de alfiles los cuales serán el detonador de movimientos de inconformidad social que no podrán ser apagados, sofocados y/o simulados. La volatilidad del contexto político, social y económico converge en el mismo calderón rojo cuya ebullición sigue siendo el tema de la inseguridad pública en el marco de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, donde las voces ciudadanas (favor de no confundir con las organización financiada por la controvertida SSPF) esgrimieron su ¡ya basta! ante los secuestros y asesinatos de dos jóvenes que desencadenaron el célebre si no pueden renuncien… porque no tienen madre.

Y así, sin progenitoras, amable lector, el organizado crimen (con sus tentáculos federales) estrenó nuevas formas de intimidación y desafíos al aventar granadas a la población civil y decapitando a elementos militares sin enumerar la vergonzosa cifra de 7000 ejecutados (& counting) en escasos 24 meses.

La provocación como bandera emblemática.

Y un régimen que demostró al mundo entero como sí se puede estar infiltrado hasta la médula sin… consecuencias. La tolerancia para proteger a los círculos íntimos fueron ilustres ejemplos desde Los Pinos fielmente copiados por los actuales titulares de las áreas civiles de seguridad, en donde el cochinero de la Operación Limpieza salpica los más altos niveles de gobierno. La preocupación bilateral desencadena medidas de presión sin precedente.

2008 marcó el año en que el PRI regresó por la puerta grande y el PAN salió… por la de atrás, quizá haciendo los debidos honores al atractivo ambiente de aquella tarde en el Congreso de la protesta en la Toma de la banda… presidencial. Por el otro lado, los chuchos amarillos enseñaron que sí pueden ser una izquierda de derecha. Una izquierda sin ética y con la moral maleable siempre y cuando se les llegue al energético precio cuyo…

Chisguete develó, a pesar de muchos, que Andrés Manuel López Obrador sigue estando entre las figuras del año. Su convicción en defender el petróleo frustró el atraco en despoblado de Felipe y su difunto tesorito español detonando los foros en el Congreso en donde al final… aventaron el resto.

2008 mostró también la incapacidad, incompetencia y torpeza para prepararse a recibir el clima de adversidad que tanto desarrolla el talento y que emociona a la tripulación del mentado barco de gran calado.

Mención honorífica merecen los gobernadores, que ocuparon el epicentro mediático ya fuera por pendejadas y frivolidades telenovelescas (que le cuestan una fortuna a la ciudadanía) o por escandalosos casos de impunidad, ratería y colusión.

En fin, 2008 obtiene un reconocimiento de la comunidad internacional como el año azul de la impunidad, del descontrol, de los narcoescándalos, del atropello de la ley, de los ajustes de cuentas y de la corrupción…

Lo trágico, my friend, no es la crónica de una muerte anunciada sino… sus volátiles consecuencias.

Por la Mirilla

Este irreverente espacio (¡por fin!) lo deja descansar unos días deseándole lo mejor para enfrentar el accidentado 2009, con la promesa de reencontrarnos aquí… el lunes 12 de enero.

PD. No haga travesuras. ¡Adiós!

gomezalce@aol.com

La frontera del caos




Porfirio Muñoz Ledo
Bitácora republicana
26 de diciembre de 2008


bitarep@gmail.com

Amena conversación con Íngrid Betancourt en la embajada de Francia, que al poco se tornó apocalíptica. A la pregunta “¿qué pasa con las muertas de Juárez?” fuimos develando los turbios orígenes, las complicidades, la patología sanguinaria y la impotencia del poder político en ese microcosmos de la tragedia mexicana.

Fenómeno transfronterizo por antonomasia, fue exhibido como la quintaesencia de la corrupción, la explotación humana y la degradación moral estimulados por la apertura económica. Retengo la explicación de Jean Meyer sobre el carácter histórico de la violencia entre nosotros y la de Carlos Montemayor en torno a la asociación criminal de los agentes de autoridad.

Nuestra amiga —recién rescatada del infierno— tuvo la revelación insólita del desmantelamiento del Estado en un país que hoy expresa su carácter por la omnipresencia de la muerte. No ocultó su azoro frente a la pérdida, casi ontológica, que significaría el hundimiento de un país por tantos querido y admirado.

Hubimos de indagar si se trata sólo de la ilegitimidad de los gobernantes y de una pendiente económica sin freno o éstas derivan de la debilidad de las instituciones y su captura por los intereses privados. Concluimos que la crisis disuelve al Estado-nación en sus tres componentes: gobierno sin ejercicio de soberanía, población en éxodo creciente y territorio a merced de la fuerza bruta.

Simultáneamente, Calderón —tras un periplo fotogénico en guayabera— externaba su propio descubrimiento: el desastre se debe a que sus predecesores “ignoraron o prendieron administrar el crimen”. Diagnóstico tardío que reconoce la pervivencia de los vicios más perversos del antiguo régimen, a los que debe su investidura y que nada ha hecho por enmendar.

A partir de esta confesión sin alternativa, se ha endurecido drásticamente el tono de la denuncia. Voces sosegadas se han vuelto incendiarias. González Garza desenmascara una crisis múltiple y advierte que en 2009 “esta bomba revienta”. González de Alba nos remite a la caída del imperio maya, cuando “la gente acabó arrastrando a los sacerdotes —caros e ineficaces— porque dejaron de cumplir la función esencial de protegerlos”.

Hay coincidencia en que las matanzas a todos horrorizan pero a pocos afectan, los asaltos y secuestros hieren a muchos, pero el tsunami económico a nadie va a dejar incólume. Valdría recordar la conjunción de agravios que precipitaron las rebeldías de hace 100 y 200 años. Entonces teníamos Estado: ahora es simplemente la frontera del caos.

Los datos son inapelables. Según la Cepal, México crecerá a 0.5% en 2009 y, de acuerdo con la OCDE, sólo a 0.36 %: el más raquítico de la región. Los inversionistas extranjeros sacaron del país 22 mil 190 millones de dólares, a los que habría que adicionar 18 mil 277 millones utilizados por el Banco de México para contener la devaluación del peso, que ha perdido ya un cuarto de su valor.

La balanza comercial alcanzó un déficit de 8 mil 380 millones de dólares, el más bajo nivel en más de una década. Vegetamos en la venta de petróleo crudo —a la baja—, las remesas de migrantes —también a la baja—, la venta de mano de obra barata en las maquiladoras —después asesinada— y el lavado de dinero —en alza— que confirma el predominio del crimen sobre el Estado.

Los ingresos derivados de esos conceptos se invierten en compras de alimentos en el extranjero. Las consecuencias sobre la población resultan devastadoras. El imparable adelgazamiento de la economía formal hace que la expectativa de contrataciones para 2009 sea casi 20% inferior al año precedente. El incremento de 4.6% en los salarios mínimos es cuatro veces inferior al aumento del costo de vida en esa franja de consumidores.

Durante el último tercio del año se estima una pérdida de 200 mil empleos y un descenso sustantivo en el disfrute de los servicios públicos. Las encuestas señalan un aumento notorio en la esperanza de la migración y una certidumbre creciente en la incompetencia de todos los poderes públicos.

No asoma un proyecto verosímil de cambio y los analistas coinciden en la ausencia de iniciativas consistentes que pudiesen detener la caída en plazo previsible. La falsificación mediática está llegando a su fin, tanto como la tolerancia de sectores mayoritarios de la población. Diagnosticar la gravedad del caso y proponer una salida constitucional mediante la remoción del gobierno me hizo objeto de orquestado vituperio. Invito a los críticos de hoy para que ofrezcan una solución racional a la crisis de la nación.

Evadidos al fisco 500 mmdp


Cirilo Morales Hernández
x_hito69@yahoo.com.mx

"La política tributaria y en general la política fiscal, es un
caso ejemplar de devolución perversa de recursos, ventajas y
privilegios que favorecen la concentración de la riqueza y el poder".

León Bendesky

* 240 mmdp corresponden a triangulación de pagos: SAT

* 214,675 mdp no se pagaron de ISR en 2005

* "Aportaciones altruistas" deducibles, "la evasión más elegante"

* Perjudica a trabajadores porque niegan reparto de utilidades

* Christian Antoine: México dispone de una de las legislaciones "más generosas"

* "No existen límites para las deducciones de las donaciones del ingreso imponible"

Cientos de miles de millones de pesos dejan de entrar a las arcas de la nación debido a que las grandes empresas nacionales y trasnacionales evaden el pago de impuestos.
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tan sólo por el concepto de triangulación de pagos en la que incurrieron estas empresas se evadieron en 2007 cerca de 240 mil millones de pesos, mientras que los empresarios nacionales evaden 60 mil millones de pesos anuales y aquellas multinacionales que obtienen ganancias en otras partes del mundo podrían estar ejecutando operaciones fiscales simuladas en México con una elusión de por lo menos 10 mil millones de pesos.
Otro ejemplo es con relación al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en donde las grandes empresas a través de la planeación fiscal y amparándose en los vacíos del Código Fiscal de la Federación, dejaron de pagar en 2005 un total de 214 mil 675 millones de pesos del ISR.
Para Víctor Rodríguez Padilla en su columna Energía y Poder, titulada Apertura e impuestos (Energía Hoy, junio de 2007), es bien conocida la corrupción, ineficiencia y negligencia que reina en el SAT, que por órdenes superiores o mutu proprio concede favores, prebendas, concesiones, rebajas, descuentos y créditos a las elites que recientemente el Banco Mundial (BM) acusó de tener capturada la actividad económica en el país. El grado de incumplimiento de las grandes compañías ha llamado incluso la atención del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sostiene la necesidad de reducir las exenciones que benefician a unos cuentos.
Luis Guillermo Delgado Pedroza, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, en entrevista con señala que en general la recaudación fiscal está cargada hacia los contribuyentes cautivos: "en este caso estamos hablando de los trabajadores; sin lugar a dudas, las grandes empresas son las generadoras de empleo y en ese sentido son grandes recaudadores, lo que no quiere decir que ellos están pagando impuestos propios".
El catedrático universitario informa que las grandes empresas tienen una magnifica ingeniería financiera que les permite hacer grandes inversiones, triangulaciones y operaciones entre compañías y que dentro del marco jurídico les ayuda a abatir su base de impuestos: "Con éstos pueden hacer fuertes inversiones productivas que finalmente redundan en generación de empleos y con ello abaten su base de impuestos, y en algunos casos logran generar excesos de deducciones en el IETU que les permite establecer un crédito que incluso lo pueden utilizar para pagar el Impuesto Sobre la Renta".
El sociólogo y periodista Jorge Zepeda Patterson sostiene que el gobierno aún considera que los impuestos que no cobre a esas empresas serán utilizados para promover el empleo y el crecimiento económico, pero la realidad ha mostrado que en México siempre ha imperado la noción de empresas pobres y empresarios ricos, todo indica que esas exenciones de impuestos y tratos preferenciales a los grandes consorcios acaban simplemente en márgenes extraordinarios de ganancias para los empresarios que, al final de cuentas, acaban por sacar el dinero del país.

El tráfico de influencias

En entrevista con Zepeda Patterson señala que las grandes empresas manejan muy bien el tráfico de influencias: "Tienen una gran capacidad para buscar acuerdos unilaterales que les beneficien solamente a ellos, ahí están los casos en la venta de Banamex y Bancomer, transacciones por las que no se pagó ni un solo peso de impuestos que hubieran correspondido a una cantidad mayor a la que recibe de presupuesto el desarrollo tecnológico y científico del país para un año completo de labores".
En este aspecto, Juan Guerra Ochoa y Pablo Trejo Pérez, diputados perredistas, denunciaron al exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ante la Procuraduría General de la República por probable tráfico de influencias, evasión fiscal y falsedad de declaraciones, actos que presuntamente cometió cuando autorizó la venta del Grupo Financiero Banamex al estadunidense Citigroup, proceso que costó al erario 35 mil millones de pesos, toda vez que las partes involucradas realizaron la transacción en la Bolsa Mexicana de Valores para evadir el pago de impuestos.
Otros casos son signados por la investigadora Sara Sefchovich en su más reciente libro titulado País de mentiras (Océano 2008, p. 45): "La tienda Sam's Club parte del poderoso grupo Wal-Mart no paga los suyos durante cinco años (su adeudo llegó a los 400 millones de pesos), sus directivos se disculpan asegurando que "personas ajenas a la empresa habían hecho mal las transacciones" y el fisco les aceptó la explicación. O la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le autoriza al banco inglés HSBC a "aplazar tributos por casi 20 mil millones de pesos" porque no los podía pagar de sopetón por su compra de lo que antes había sido el Banco Bital, pero manda 75 mil cartas a los contribuyentes para "incentivar el cumplimiento voluntario y correcto de las obligaciones fiscales" y "crear una mayor percepción del riesgo que corren de ser fiscalizados por la autoridad".

Algunos antecedentes

A tono con la revisión de la Cuenta Pública de 2005, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la evasión y elusión fiscales de los grandes capitales que operan en México es práctica común, siempre con la bendición y el silencio gubernamentales. De los casi 500 mil millones de pesos en impuestos no pagados y que fueron "convertidos" en créditos fiscales nunca cobrados por las autoridades, se concentraron en las empresas que mayores ingresos y utilidades reportaron en el país
En ese mismo año el Instituto Libertad y Democracia, a petición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones, realizó un trabajo de campo en el que dio a conocer la situación de la economía extralegal en 12 países de Latinoamérica y el Caribe, y en el caso mexicano se subrayaba: "las estimaciones realizadas en México indican que el capital muerto (aquel no declarado ni benéfico, socialmente, para el país) acumulado en empresas extralegales y propiedades inmobiliarias no registradas asciende a 597 mil 200 millones de dólares", la mitad del total regional en este aspecto. Ese monto es equivalente a 62 veces la asistencia oficial para el desarrollo recibida por el país entre 1960 y 2003, casi nueve tantos las reservas internacionales o la inversión extranjera directa acumulada en 1979-2003 multiplicada por tres. En pocas palabras, esa suma equivale a 80 por ciento del producto interno bruto.
El estudio documenta que el total del "capital muerto" (empresarial y predial) se distribuyó de la siguiente manera, al cierre de 2005: alrededor de 8.2 millones de empresas extralegales, no agropecuarias del sector privado urbano y rural, que poseen 50 mil millones de dólares en activos fijos; 13.2 millones de predios urbanos extralegales, que representan 53.2 por ciento del total de predios urbanos de México, con un valor estimado en 265 mil 700 millones de dólares; cerca de 138.7 millones de hectáreas de tierras rurales clasificadas como extralegales, que representan 70.6 por ciento de la superficie total de México (195.6 millones de hectáreas) y cuyo valor se aproxima a 281 mil 400 millones de dólares.

Triangulaciones

En consonancia con el SAT, durante 2007 las compañías internacionales instaladas en México utilizaron la triangulación de pagos para evadir obligaciones impositivas por 240 mil millones de pesos. Cabe recalcar que el SAT aún no tiene definidas las formas en que las compañías evaden el pago de sus impuestos; sin embargo, aseguraron que para 2010 al menos se recuperarán 100 mil millones.
¿Cómo funciona el sistema de triangulación de pagos?
En primer lugar se contrata directamente a una empresa establecida en México, que es la que se encarga de realizar el trabajo, pero el pago es hecho a otra compañía domiciliada en el exterior. Esta enredada triangulación de productos, servicios y facturas entre empresas permite que muchas compañías con labores en México evadan impuestos. (Milenio Diario, 1-IX-08).

La elegancia en la evasión

Para varios expertos en México no hay evasión fiscal más "elegante" que la de hacer donaciones deducibles de impuestos. Si una empresa quiere tener algún beneficio fiscal de disminuir sus utilidades, lo único que tiene que hacer es otorgar donativos deducibles, esta acción únicamente perjudica a los trabajadores a quienes sólo se les dice que no habrá reparto de utilidades ya que la empresa tuvo gastos altruistas.
El historiador chileno Christian Antoine, autor de Patrocinio y donaciones con fines de lucro (2003), considera que en México se dispone de una de las legislaciones "más generosas" para las instituciones dedicadas a la filantropía en comparación con las regulaciones establecidas en Europa, Estados Unidos y naciones como Chile. Es decir: aquí "no existen límites para las deducciones de las donaciones del ingreso imponible, esto significa que una persona o empresa puede entregar a una institución filantrópica todo el ingreso tributable y deducirlo completamente, sin tener que pagar impuesto alguno después de la donación".
Para Jorge Zepeda las donaciones son justamente "uno de los mecanismos de reingeniería financiera a la que han recurrido algunas empresas y que Hacienda tendría que tener mayor cuidado con esos círculos endogámicos que se hacen con estas empresas filantrópicas que acaban utilizando los recursos exentos de impuestos para fortalecer otros aspectos de la misma empresa".
Uno de los casos más significativos fue el de la asociación civil Vamos México que en 2004 fue acusada por el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Pablo Trejo Pérez, de triangular donaciones que benefician a grupos empresariales y que les permitió evadir millonarias cantidades de dinero, tal fue el caso de la transnacional Coca-Cola, la cual hizo un donativo de 20 millones 814 mil 500 pesos a la fundación presidida por Martha Sahagún, pero que después "se los regresaron por otras vías y así logró deducir todo ese monto y no pagar un solo quinto a la Secretaría de Hacienda".

Mecanismos

Sostiene Zepeda Patterson que para evitar la evasión y elusión fiscales de las grandes empresas es preciso tener mayor transparencia: "el problema es que los mecanismos más severos de regulación lo que provocan en un sistema corrupto es castigar no solo al sector empresarial, sino que con estas medidas ahorcan al contribuyente de a pie".
Víctor Rodríguez Padilla señala que los grandes consorcios internacionales logran construir verdaderos paraísos fiscales en los países donde actúan, especialmente si son débiles en el plano institucional, en donde la autoridad recaudadora no tiene la capacidad para descubrir y fiscalizar la omisión, mientras que los empresarios aprovechan las lagunas o imperfecciones de las normas tributarias para disminuir su carga fiscal.
"El Estado mexicano nunca ha sido bueno para recaudar, ahora es peor, está débil, en proceso de desmantelamiento, no tiene capacidad para imponerse a los grandes consorcios que deberían de ser los grandes contribuyentes; las pocas fuerzas que le quedan las usa para cobrar impuestos al consumo y a los asalariados", sentencia Víctor Rodríguez Padilla.