martes, 1 de septiembre de 2009

Audio: Carmen Aristegui 01 septiembre 09









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Audio Cortesia AMLOTV

AMLOTV
Soberania Popular

Audio: Entrevista a AMLO por Carlos Puig










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Fuente: Gobierno Legítimo

Video Sobre Acteal... Que la Verdad sea Dicha

Un reportaje sobre la matanza de Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Chenalhó, Chiapas. Fragmento del programa La Verdad sea Dicha, transmitido el 25 de diciembre de 2007

Clara Brugada junto al Presidente Legítimo Lic. Andrés M. López Obrador dará el grito este próximo 15 de septiembre en el Hemciclo a Juárez 10:00 pm




1.Septiembre. 09 Con la presencia de los integrantes de la Coordinación Nacional en Defensa de la Econocimía Popular Antono Gershenson, Valentina Batres, José Antonio Almazan, Octavio Cortés, Cuauhtémoc Velazco, Carlos Ruiz Suárez, Victor Manzanares e
Ifigenia Martínez se llevó a cabo la conferencia donde se anunció que este 15 de septiembre se llevará a cabo el Grito de los Libres en el Hemiciclo a Juárez.

Comenzará desde las 10:00 a.m con una verbena popular con grupos musicales y a las 10:00 p.m. Clara Brugada junto con el Presidente Legítimo de México Lic. Andrés Manuel López Obrador será la encargada de dar grito.

Tambien se hizo la convocatoria para este 21 de septiembre en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a las 5:00 p.m. donde el movimiento entregará a los diputados la propuesta de proyecto económico. Así mismo también se mencionó la convocatoria para el 22 de noviembre que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México.





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Acción Urgente: Temor por la vida de Salomón Monárrez


Difusión Cencos México D.F., 31 de agosto de 2009

Acción Urgente
Centro Prodh

Temor por la integridad personal de Mercedes Murillo y demás integrantes del Frente Cívico Sinaloense
Condena de los atentados contra defensores y defensoras de los derechos humanos en México

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez emite la presente ACCIÓN URGENTE relativo al atentado contra la vida de Salomón Monárrez Meraz, Secretario del Frente Cívico Sinaloense, en Culiacán, Sinaloa, México, al tenor de lo siguiente:

H E C H O S :

De acuerdo con las informaciones recibidas, el lunes 31 de agosto de 2009 aproximadamente a las 6:30 horas, un grupo de sujetos desconocidos allanó el domicilio del defensor de los derechos humanos Salomón Monárrez Meraz, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán, y atentó contra su vida hiriéndolo con armas de fuego, en tres ocasiones. Los atacantes no se apoderaron de ninguna pertenencia por lo que se descarta que se haya tratado de un robo.

Tras el ataque, el defensor de derechos humanos fue trasladado a una clínica privada, donde recibió atención de urgencia. Su estado de salud es delicado.

A N T E C E D E N T E S :

El Frente Cívico Sinaloense es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos con amplipo reconocimiento en la comunidad sinaloense. Desde 1993 defiende la dignidad humana denunciando los abusos y la injusticia en Culiacán y otros puntos del Estado.

Por su comprometido y valiente trabajo, los integrantes del Frente Cívico Sinaloense han sufrido hostigamientos y agresiones que han llegado, incluso, a la privación arbitraria de la vida. El 5 de septiembre de 2007 fue privado de la libertad en las oficinas del Frente Ricardo Murillo Monge, miembro de la organización y hermano de una de sus dirigentes más visibles Mercedes Murillo Monge. El cuerpo de Ricardo Murillo Monge fue encontrado el día siguiente, en el interior de una camioneta tipo Suburban estacionada en la zona urbana denominada Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa, con un disparo en la cabeza. A la fecha, el homicidio no ha sido esclarecido y los responsables gozan de impunidad.

Es importante destacar que tanto el atentado en contra de la vida de Salomón Monárrez como antes el homicidio de Ricardo Murillo Monge, ocurren en un contexto marcado por la incapacidad de las autoridades estatales y federales para garantizar la vida y la integridad de las personas en el Estado de Sinaloa. Por otra parte, debe enfatizarse también que en los últimos años el Frente Cívico Sinaloense se ha caracterizado por denunciar los abusos cometidos en el marco de los “operativos” en contra de la delincuencia organizada. En ese sentido, recientemente el Frente Cívico Sinaloense, junto con el Centro Prodh y Fundar, representaron a los familiares de las víctimas de las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrense que cuestionaron la extensión del fuero militar, llegando su demanda hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En atención a estos antecedentes y elementos contextuales, el Centro Prodh considera fundado su temor por la vida e integridad física de todas y todos los integrantes del Frente Cívico Sinaloense; especialmente, por la vida e integridad de Mercedes Murillo Monge, fundadora del Frente y actual Presidenta del mismo.

A C C I Ó N S O L I C I T A D A :

Al emitir la presente ACCIÓN URGENTE, el Centro Prodh convoca a la solidaridad nacional e internacional y les solicita dirigirse a la brevedad a las autoridades mexicanas urigiéndolas a:

a) Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Mercedes Murillo y de todos los demás miembros del Frente Cívico Sinaloense y de todos los miembros de sus respectivas familias;

b) Realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno al atentado perpetrado contra Salomón Monárrez Meraz, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, y aplicarles las sanciones penales previstas por la ley;

c) Poner fin a todo tipo de hostigamiento y de intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en México;

d) Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) y a “garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración” (Art. 12.2);

Favor de enviar sus llamamientos a:

Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 (55) 27891100 Fax: +52 (55) 527 72 376 + 52 (55) 27 89 11 13 E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX (55) 5093 34 14 E-Mail: secretario@segob.gob.mx

Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Periférico sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice 10200 México D.F. Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 E-mail:correo@cndh.org.mx / Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 / 56 35

Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República, Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"), Correo Electrónico:ofproc@pgr.gob.mx.

Lic. Jesús Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. Ave. Insurgentes s/n (Palacio de Gobierno), Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129. Culiacán, Sinaloa.Tel. y fax: +52 6677-58-70-00, Ext. 1000. Correo electrónico: gobernador@sinaloa.gob.mx

Lic. Alfredo Higuera Bernal , Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa. Blvd. E. Sánchez Alonso, núm. 1833, NTE., DES. URB. 3 Ríos, C.P. 80030. Tel. +52 - 667- 7-13-32-00 , +52 -667- 7-13-32-30 Ext. 503pgjpg@sinaloa.gob.mx

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

AMLO a Juanito: "es mejor una buena esperanza a una vil posesión"


Fuente: Proceso

LA REDACCIóN

México D.F., 1 de septiembre (apro).- Andrés Manuel López Obrador negó hoy estar arrepentido de haber apoyado a Rafael Acosta Juanito como candidato a la jefatura delegacional de Iztapalapa, la más grande y poblada del Distrito Federal.

En entrevista con Carlos Puig en W Radio, el exjefe de gobierno del DF indicó que, en ese entonces, "sólo teníamos como opción votar por el PT" y recordó que el compromiso de Juanito "fue solicitar licencia para dejar su lugar y luego la Asamblea Legislativa, a propuesta de Marcelo Ebrard, elegiría como sustituta a Clara Brugada".

Al preguntarle sobre el giro de 180 grados que ha tenido Juanito, López Obrador comentó que no se deslinda del delegado electo en Iztapalapa y señaló que hablará con él pero por el momento está de gira por el país.

Sólo le hizo una recomendación a Juanito:

"Yo le diría lo que en su momento le dije a Calderón, que no se le olvide que una mancha, como la de un fraude, no se quita ni con todo el agua de los océanos... y también le dije, y eso está en el Quijote, de que era mejor una buena esperanza a una vil posesión".

Ayer, Juanito buscó a López Obrador en sus oficinas de la colonia Roma, para decirle que no renunciará y que se quedará en el cargo porque el pueblo de esa demarcación se lo pide.

López Obrador comentó al respecto que Juanito "va a tener tiempo de pensarlo y de que no incumpla con su compromiso".

CONFERENCIA INFORMATIVA SOBRE EL 15 DE SEPTIEMBRE






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El Renacimiento de México



Mientras exista un poder oligárquico en México, no habrá salida para el pueblo, ni para el país

Durante la quinta semana de recorrido del Presidente Legítimo de México por los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador, hizo énfasis en el tema de la defensa de la economía popular, ante la intención de los partidos de la derecha el PRI y el PAN, de imponer IVA a alimentos y medicinas, aumentar los precios de las gasolinas, el diesel y la energía eléctrica, así como recortar el presupuesto destinado al gasto social, principalmente en lo que se refiere a educación y salud.

Derivado de lo anterior, convocó a los oaxaqueños a participar en la concentración que se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre a las 5 de la tarde, afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, pues ahí se dará a conocer la propuesta económica de los legisladores de Frente Amplio Progresista, la cual está basada en tres ejes para defender la economía popular:

1. Declarar la moratoria en el pago del FOBAPROA y la reestructuración del mismo.

2. Cobrar de manera efectiva los impuestos correspondientes a las grandes empresas que actualmente los eluden con la complacencia de gobierno oligárquico.

3. Eliminar los privilegios de la alta burocracia como son el seguro de gastos médicos de los legisladores federales, las pensiones de los ex presidentes, así como disminuir en 50 por ciento los sueldos de altos funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, desde el nivel de Director General hasta el de Presidente, y porsupuesto los correspondientes a los gobernadores de los Estados, Ministros y magistrados del Poder Judicial y de los diputados y senadores.

Por otra parte, convocó al pueblo de Oaxaca a votar en las próximas elecciones de ese Estado, para cambiar el régimen priísta que durante 80 años los ha sumido en la miseria, llamando a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia a que lleguen a un acuerdo para designar un candidato común para la gubernatura.

En otro tema, denunció que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, asumió la presidencia de facto de este país, ya que el PRI aprobó como coordinador de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, a uno de sus más cercanos colaboradores: Francisco Rojas.

Esta maniobra de la oligarquía tiene por objeto lograr que el Usurpador Calderón termine el sexenio, y que en el 2012 asuma la Presidencia de la República el nuevo pelele de la oligarquía que es ahijado político de Salinas, Enrique Peña Nieto.

Asimismo, anunció que los legisladores del Frente Amplio Progresista, van a presentar una iniciativa para democratizar los medios de comunicación, es decir, para romper el monopolio que actualmente existe, y así poner fin a la práctica de que las Televisoras, las Radiodifusoras y la mayor parte de la prensa escrita se encuentren al servicio de los intereses oligárquicos.

Por último, López Obrador señaló que en unos días ratificará la denuncia que hace unos meses presentará en la Procuraduría General de la República, contra Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Claudio X. González y demás oligarcas, por su responsabilidad en la debacle económica, política y social en que se encuentra México.

Ciudad de México, sede del Gobierno Legítimo de México, 31 de agosto de 2009.

L.D. Jesús Palma



POR UNA TARIFA SOCIAL, EN BENEFICIO DEL PUEBLO Y EN CONTRA DE LOS COBROS EXCESIVOS DE LUZ.


Con la participación entusiasta y combativa de cientos de representantes de las Casas del Movimiento en defensa de la economía popular, del petróleo y la soberanía, de organizaciones sindicales y sociales de todo tipo, así como de agremiados, representantes y miembros de la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezados por su Secretario General, Martín Esparza Flores, el pasado 29 y 30 de agosto, en el auditorio del SME se realizó el primer Encuentro Nacional por una Tarifa Social y en contra de los cobros excesivos de luz.

México atraviesa por uno de los momentos más críticos de su historia. Más que una crisis económica temporal, se trata de la prueba más clara del fracaso del modelo neoliberal que se basa en la concentración de la riqueza en unos cuantos, a costa de la miseria de los otros muchos. Esta política nos ha llevado a la debacle, a la degradación progresiva en todos los órdenes de la vida pública y de la convivencia social.

Son tiempos aciagos para la mayoría de los mexicanos que viven agobiados por la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Pero estos males tienen responsables: han sido causados por una oligarquía que se apoderó del Estado para imponer una política de pillaje del saqueo del erario público, los recursos naturales y el patrimonio nacional, a costa del sufrimiento del pueblo.

Desde hace más de 26 años, al amparo de las falacias del libre mercado, Carlos Salinas (1988-1994), entregó empresas públicas, bancos y otros bienes nacionales, a especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos. Este grupo acumuló riquezas como en pocos lugares del mundo y fue adquiriendo poder político hasta convertirse en una élite dominante que se colocó por encima de las instituciones constitucionales. Además, son dueños y controlan los principales medios de comunicación que utilizan para desinformar al pueblo. Hoy esta oligarquía es el principal obstáculo para establecer la democracia y la justicia social en México.

Como es obvio, a esta mafia no le importa el destino del país y mucho menos el bienestar de la gente. Durante más de dos décadas, México ha sido uno de los países con menor crecimiento en el mundo; desde 1983 se desmanteló la política de fomento económico y de generación de empleos; se dejó sin apoyo a los productores del campo, y se descuidó de manera deliberada el sector energético para arruinarlo y justificar la privatización de la electricidad y de la industria petrolera.

El saldo del vandalismo y de esta absurda política es realmente lamentable:

Nuestro extraordinario pueblo ha sido condenado a la sobrevivencia o al destierro. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro pues no tienen oportunidades de trabajo ni de estudios. Ya no hay movilidad social y ahora para salir adelante sólo han dejado el camino de la migración y el de las conductas antisociales. Millones de mexicanos viven hacinados, abandonados, enfermos y sin seguridad social.

La política de privatización de la industria eléctrica ha sido la principal causa de que se hayan elevado sin justificación financiera ni económica las tarifas eléctricas. El gobierno ha eliminando el subsidio de la tarifa DAC y disminuido los subsidios a las tarifas domésticas y agrícolas, dejando en la indefensión a millones de mexicanos que no pueden pagarla. A diario vemos como crece el descontento y las protestas contra los abusos en los cobros por uso de la electricidad. Y hoy con el apoyo del PRI y del PAN amenaza con eliminar por completo los subsidios a la electricidad que consumen las familias y los campesinos.

Analizar las causas que han posibilitado que la electricidad en México sea una de las más caras del mundo, implica necesariamente conocer del proceso de desnaturalización-desnacionalización de la prestación del servicio público de energía eléctrica en México. Tal empeño supone necesariamente conocer, a grandes rasgos la génesis del artículo 27 constitucional, en cuyo párrafo sexto se asienta, con meridiana claridad, el concepto de la Exclusividad Nacional en materia energética.

En el caso que nos ocupa, el papel injerencista, la falta de planeación acorde al desarrollo nacional, el pésimo servicio y las altísimas tarifas que imponían las empresas eléctricas extranjeras en México, llevo en 1960 a la Nacionalización de la industria eléctrica, elevándola a rango constitucional con una reforma adición al párrafo sexto del artículo 27, que estableció:

“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”

Sin embargo, al amparo del nefasto Tratado de Libre Comercio y de los compromisos ahí asumidos, en 1992, el Carlos Salinas de Gortari, impuso una contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, violentando la Constitución y abriendo de par en par las puertas para la inversión de capital privado en la generación eléctrica.

Mediante un artilugio legal, consistente en una modificación-supresión del concepto de generación del artículo 3 de la LSPEE, se desnaturalizó y mutiló el concepto de prestación del servicio público de energía eléctrica y con ello la contrarreforma de Salinas de Gortari dio un paso fundamental en la desnacionalización-privatización de la industria eléctrica nacionalizada. Colocando a la prestación del servicio público de energía eléctrica como una mercancía más en el circuito de acumulación del capital en México. A tal gradoque hoy un puñado de trasnacionales eléctricas controlan el 23 % de la capacidad instalada de generación y más de un 34 % de la generación bruta en nuestro país.

En el marco de esta reforma inconstitucional y privatizadora de 1992 comenzó a operar, de manera acentuada, un incremento desmedido en el precio de la tarifa doméstica, pues en la búsqueda de una tasa de ganancia elevada, el capital privado internacional priorizo la construcción de plantas de generación eléctrica basadas en el uso de gas, que es importado y cuyo precio internacional continua al alza.

Como remate, 10 años después, en febrero de 2002, el presidente de empresarios para los empresarios, Vicente Fox Quesada, decreto una reforma estructural tarifaria, disminuyendo brutalmente el subsidio a la tarifa doméstica y por su fuera poco creando la llamada Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), cuya aplicación agredió desde ese año el exiguo salario de millones de trabajadores mexicanos, con un incremento brutal de más de un 60% a la tarifa doméstica. Las cifras están a la vista y forman parte de la memoria de agravios del pueblo de México. De diciembre de 2001 a julio de 2009, en tan solo 8 años la Tarifa Doméstica se ha incrementado en promedio arriba de un 117 % y por encima de 419% si consideramos los incrementos de precios de la tarifa DAC. Sin embargo, en el mismo periodo los salarios mínimos solo se han incrementado en un 35.8%.

Enfrentar y resolver el enorme problema social que implican los cobros excesivos de la luz, requiere propuestas y soluciones de corto y mediano plazo. En primer lugar, restablecer la Legalidad Constitucional en materia energética (petróleo y electricidad) y establecer una Tarifa eléctrica socialmente justa, echando al bote de la basura histórica al criminal modelo neoliberal y a su clase política y organizarnos para alcanzar un gobierno que gobierne para el pueblo, desde el pueblo y con el pueblo. Para ello se requiere unidad, organización y movilización y este es uno de los principales consensos alcanzados en este Encuentro Nacional.

Asimismo acordamos las siguientes medidas:

No a la privatización de la industria eléctrica nacionalizada.
Por una Tarifa Social al alcance del Pueblo de México.
Electricidad gratuita en los consumos de 1 a 150 KWh a los mexicanos en extrema pobreza.
Disminución de un 15% en el precio de la Tarifa Doméstica y congelamiento durante todo el tiempo que dure la recesión y la crisis económica.
Desaparición la Tarifa DAC.
Por un Tarifa Agrícola, cuyo precio permita la recuperación del campo mexicano.
Incremento del 15% a las tarifas de alta y mediana tensión.
No a la suspensión del suministro de energía eléctrica a quienes pierdan su empleo. Libertad inmediata a nuestros compañeros presos políticos de Candelaria, Campeche y Puerta Grande en Chiapas.
No a la pretensión de Calderón y Carstenz de reducir el subsidio a la tarifa doméstica.
Participación en las Jornadas de lucha del 1º de septiembre.
Movilización el 21 de septiembre, a la Cámara de Diputados.
Marcha al Zócalo el 27 de Septiembre, Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica.
Jornada Nacional de Protesta el 29 de septiembre, con acciones en los 31 estados de la República y en las 16 delegaciones del D.F. Ese día, en todas las oficinas de LFC, de CFE y de la SHCP, millones de mexicanos expresaremos nuestro rechazo a los cobros excesivos y demandaremos un Tarifa Social.
Campaña Nacional de millones de firmas demandando lo aquí acordado.

MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DE LA ECONOMIA POPULAR, EL PETROLEO Y LA SOBERANIA. SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

Responsables de la publicación: Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior del SME y José A. Almazán González, Coordinador Nacional del Movimiento

“Pago luz o como”

Energía eléctrica cada vez más cara; llegan recibos a muertos

Fuente: El Periódico

Testimonios de usuarios en distintos estados dan cuanta de abusos, al grado de encarcelar a quejosos o que se promuevan, y ganen, amparos por los cobros excesivos

Marco Antonio Martínez

Considerada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como un artículo de lujo, la energía eléctrica es motivo de protestas, ante los cobros excesivos, por lo que usuarios de luz exigieron tarifas justas.

En el país millones de usuarios viven ante la disyuntiva de pagar o comer, aunado a casos extraordinarios, como el cobro a personas fallecidas, que metan a la cárcel a quienes exigen cobros justos y de otros que han ganado amparos para no pagar cobros excesivos.

Reunidos en el Encuentro Nacional por una Tarifa Social y Contra los Cobros Excesivos de Luz, convocados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en el auditorio de la organización, en la colonia Tabacalera, usuarios exigieron acabar con la persecución contra activistas en pro de tarifas más bajas.

En el encuentro, el SME y el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular pidieron la desaparición de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) y reiteraron la necesidad de contar una tarifa agrícola que apoye la recuperación del campo mexicano.

El Periódico reunió distintos testimonios sobre este problema.

Difuntos deudores

En Metlatónoc, Guerrero, hasta a los muertos les llega su recibo de luz. Por lo menos así lo dice Cándido Félix Santiago, de la organización Tlalichnolan.

“Llegan recibos de personas ya finadas y aunque su familia no viva ahí, los de CFE les meten temor. Los amenazan con cortarles su luz si no pagan lo de sus familiares muertos”, relata.

También llegan recibos altos a casas donde la luz apenas es usada. Se trata del municipio más pobre del país, con 80 por ciento de jornaleros emigrantes.
Otra irregularidad es la instalación de medidores de uso urbano, en casas en zonas rurales. El resultado es la llegada del recibo con tarifas de mil pesos.

“Es un cobro injusto. En los pueblos sólo se usa la luz muy poco en las mañanas y en la tardecita. Tenemos pocos aparatos eléctricos”, lamenta el activista, preso ya cuatro veces.

Recibos locos

Los usuarios de energía eléctrica en Mexicali, Baja California, pueden presumir que en sus manos caen los llamados “recibos locos” de la CFE. El problema son las tarifas dispares de servicio por las cuales pagan, dice Lupita Mora Quiñones, activista en pro de un pago justo por la electricidad en la norteña ciudad.

"A mis padres en un mes les ha llegado un recibo de mil 500 pesos y al otro de cinco mil 400 pesos y hay miles de casos. Debe ir uno a la CFE a quejarse y ellos sólo reaccionan hasta que uno acude con la prensa", refiere.

El problema se agrava si se toma en cuenta la alta demanda de energía eléctrica para combatir las altas temperaturas de hasta 50 grados con ventiladores o los fríos con calentadores. Cita a su paisano economista Agustín Sanders, de la Universidad Autónoma de Baja California, quien reveló que las familias más pobres del estado destinan más de la mitad de su ingreso al pago de luz. “Entonces entran en la disyuntiva de pagar o comer”, dice.

Quiñones lamenta que sólo en campaña sus quejas sean escuchadas por los políticos.

La gente se cansó

Desde 2006, en el municipio de Candelaria, en Campeche, la población se comenzó a inconformar por el cobro excesivo de tarifas eléctricas. Algunos recibos eran de 5 mil pesos. En la mayoría de los casos las protestas obligaban a CFE a dejar los pagos en tres mil, dos mil 500 pesos.

Sin embargo, en septiembre de 2008 la CFE mandó camionetas a cortar el servicio a los pobladores. Estos reaccionaron, se organizaron y fueron a protestar ante el encargado de la comisión en el municipio, Leovigildo Domínguez López.

En principio no ejerció su cargo para impedir los cortes, pero repentinamente accedió a acompañar a los inconformes, se subió a sus camionetas, los acompañó e impidió la interrupción del servicio. Pero en noviembre Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borja fueron acusados por Leovigildo de privación ilegal de la libertad.

Los acusados se presentaron ante la Procuraduría General de la República a declarar, estaban libres y el proceso parecía desactivado. Coincidía con otro proceso, el electoral. Todavía el 5 de julio, día de elecciones, el gobierno del estado ofreció una mesa de diálogo entre CFE y los inconformes.

Pero el 10 de julio elementos de la PGR irrumpieron en casa de los acusados, quienes desde entonces están presos, cuenta Emanuel, sobrino de Sara. Triste, admite su impotencia por haber creído en la buena voluntad de Leovigildo.

Prófugos

El 17 de marzo el periodista de Enfoque Diario, Edi Alejandro López, acudió a las instalaciones de la compañía de Luz y Fuerza de Ixtepec, en Oaxaca. Había sido invitado por el responsable de CFE de Ixtepec, Eduardo Olivares, para estar presente en una junta con usuarios inconformes por el cobro de tarifas altas de energía eléctrica.

Ese día Cervantes no atendió a los representantes de la población del municipio, quienes molestos se retiraron de las oficinas con consignas y gritos. No pasó de eso. Pero en abril fueron acusados de privación ilegal de la libertad.

Ellos asistieron y negaron la acusación, pero se les giró una orden de aprehensión, y Cervantes afirmó desconocer la razón de la presencia de los inconformes aquel día de marzo. Pero el testimonio de López desmiente esa declaración.

A pesar de ello, cinco de los líderes acusados siguen prófugos, a salto de mata, temerosos de ser acusados injustamente, sólo por protestar contra las altas tarifas eléctricas.

Gana amparos

En 2007 Francisco Coronado tomó una decisión. Cansado de pagar recibos con altos cobros por el uso de la energía eléctrica, decidió ampararse ante la justicia federal.

Obtuvo el recurso y además el juez decidió ir al fondo del asunto. Ganó y cuando fue notificado le llegó otro recibo. Con el antecedente volvió a ampararse y a ganar. Entonces no pagó ninguno de esos dos recibos y su caso adquirió fama en Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde comenzó a asesorar a otros usuarios inconformes y les ayudó a ganar los casos.

Pero el recurso comenzó a complicarse a partir de enero de este año. Los recibos de la CFE ya no incluyen la fecha final del corte del servicio, lo que impide determinar si el cobro es justo o no. Sin embargo, dice, él ya encontró la manera de revertir esta estratagema, pero prefiere no compartirla con todos, para evitar su mal uso o cobro por parte de coyotes, alerta.

Las demandas

• No a la privatización de la industria eléctrica nacionalizada.
• Electricidad gratuita en los consumos de 1 a 150 Kwh mensuales a los mexicanos en extrema pobreza.
• Disminución de un 15 por ciento en el precio de la tarifa doméstica y congelamiento durante todo el tiempo que dure la recesión y la crisis económica.

Numeros

• 27 de septiembre Marcha al Zócalo, aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica.
• 29 de septiembre Jornada Nacional de Protesta, con acciones en los 31 estados y el DF
• 29 millones de usuarios han sido afectados en los últimos ocho años
• 34 por ciento de la generación bruta en nuestro país está en poder de trasnacionales

Oficio de Papel


Columna semanal de Miguel Badillo

Las “personas politicamentes expuestas”
Investiga Hacienda a Emilio Chuayffet
Revisa cuentas por 17 millones de pesos

Poco o casi nada sabemos del trabajo investigativo que realizan los órganos encargados del control, la vigilancia y la fiscalización del país. De lo único que nos enteramos son sus resultados y, para desgraciada de todos, éstos son pésimos. Este es uno de los motivos por lo cual son tan criticadas las entidades públicas encargadas de impartir justicia a quienes cometen actos ilícitos o irregularidades administrativas, sobre todo cuando se trata de sancionar a servidores públicos.

Muchos de esos auditores, investigadores o fiscalistas que hacen bien su trabajo se sienten frustrados porque se anteponen decisiones políticas para evitar aplicar la ley o simplemente mediante sobornos y complicidades se cierran o archivan expedientes sin sancionar a los responsables de delitos tan graves como corrupción, desvío de fondos úblicos o evasión de impuestos.

Un ejemplo que ilustra lo anterior es lo que sucede en la Secretaría de Hacienda, en donde algunos funcionarios se quejan de que por decisiones políticas se deja de perseguir a defraudadores financieros, evasores fiscales, lavadores de dinero o simples hechos de corrupción administrativa, sin importar que haya pruebas contundentes sobre diversos delitos.

Y la prueba de esta omisión y negligencia gubernamental la dan la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República, dependencias que han rechazado oficialmente que el gobierno de Felipe Calderón lleve a cabo investigación alguna en contra de políticos y funcionarios, conocidos en el argot antilavado como “personas políticamente expuestas”, responsables de realizar operaciones sospechosas de blanquear capitales sucios.

Oficialmente esas entidades púbicas respondieron a solicitudes de información que hizo la reportera Nancy Flores, e informaron que no había investigaciones sobre “personas políticamente expuestas” y por lo tanto que fueran susceptibles de lavar dinero procedente de narcotráfico o de alguna otra actividad ilícita.

A pesar de tratarse de una solicitud formal que se hizo a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental –y por la cual están obligados los servidores públicos a informar verazmente–, la CNBV, que dirige Guillermo Babatz, mintió al sostener que no cuenta con expedientes en contra de altos funcionarios de los tres niveles de gobierno porque “no realiza este tipo de investigaciones”.

Esa dependencia aclaró que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite de la Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas e Institucional no se localizó documento alguno relativo al presente requerimiento de información”.

También en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público falsearon la información que están obligados a proporcionar al público, al sostener que no están facultados para iniciar o practicar investigación alguna relacionada con “personas políticamente expuestas”.

Quien fuera titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR hasta mediados de 2008, José Luis Marmolejo, sostuvo que esa figura de “personas políticamente expuestas” surge del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).

De acuerdo con el organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el lavado de dinero, y del que México forma parte, los políticamente expuestos son aquellos individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país: jefes de Estado, de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales y militares, altos ejecutivos de paraestatales y funcionarios importantes de partidos políticos, así como diputados y senadores.

Con esta figura se busca monitorear a los altos servidores públicos con el objetivo prevenir y evitar esquemas de corrupción. Su patrimonio debe ser acorde con su salario, producto de su vida políticamente activa. El objetivo es “evitar que estas personas se vean permeadas a través de la delincuencia o que tengan esquemas de lavado de dinero”.

Las mentiras del gobierno

Aun con la necedad gubernamental de afirmar que no lleva a cabo investigaciones en contra de políticos y funcionarios por presunto lavado de dinero, debido a que utiliza esos expedientes para negociar políticamente el apoyo de la oposición a las decisiones presidenciales, uno de esos expedientes de “personas políticamente expuestas” orresponde a un viejo politico priista que ocupó la Secretaría de Gobernación en el sexenio perdido de Ernesto Zedillo y antes fue gobernador del estado de México. Se trata de Emilio Chuayffet, actual diputado federal.

Este tipo de expedientes abiertos en la Secretaría de Hacienda y que en muy contadas ocasiones son turnados a la Procuraduría General de la República para abrirles proceso penal, tienen el propósito de impedir que dinero proveniente del crimen organizado sirva para financiar campañas políticas de todos los partidos.

Diputado federal electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Chuayffet Chemor es uno de los muchos políticos que ahora son investigados por las autoridades financieras del país, encargadas de impedir que dinero sucio proveniente del narcotráfico, tráfico de armas, fraudes financieros y secuestros, entre otros delitos, sea utilizado para financiar las campañas de políticos de las tres principales fuerzas del país: PRI, PAN y PRD.

De acuerdo con la información hacendaria, este político mexiquense realizó operaciones financieras en instituciones bancarias por cerca de 17 millones de pesos, de los cuales algunos movimientos fueron depósitos en efectivo, lo que hace sospechar a la autoridad que se trata de dinero ilícito.

Dichas operaciones motivaron a las autoridades a seguirle la pista al dinero para conocer su origen y descartar que pudiera provenir de alguna actividad irregular; sin embargo, al ser confrontado por los auditores de Hacienda, el diputado priista no convenció a la Secretaría de Hacienda y en el expediente abierto en su contra se explica que no aclaró plenamente el origen de dichos recursos, identificados como operaciones “inusuales” y “relevantes”.

Las dudas de Cuayffet

Según los informes de Hacienda, la forma en que Chuayffet Chemor realizaba sus movimientos financieros en Banamex son dudosos: “La inusualidad reportada deriva del hecho (de) que la mayoría de los recursos recibidos en la cuenta (Banamex) se traspasan a (una) inversión patrimonial, para posteriormente retirar gran parte de los recursos en efectivo, observando que en aclaración con su cliente, Emilio Chuayffet respondió que los depósitos en efectivo provienen de los mismos recursos que está regresando a su inversión patrimonial, operación que según la institución financiera ha sido repetitiva desde 2007 y que no puede identificar que los fondos provengan de la misma inversión, pudiendo tratarse de otros recursos en los que Chuayffet trata de ocultar su origen”.

Con instrucciones precisas de buscarle a fondo sus movimientos financieros, los auditores encontraron que el saldo de la inversión de Emilio Chuayffet hasta el 30 de abril de 2008, ascendía a 16 millones 964 mil 248 pesos, de los cuales 15 millones 137 mil 923 pesos se encontraban en dicha cuenta desde el 31 de marzo de 2007.

En los reportes hacendarios, el uevo diputado priista aparece como asalariado, sin actividad empresarial y “dedicado de tiempo completo a la política”, con ingresos acumulables del ejercicio 2003 al ejercicio 2008 por 5 millones 659 mil 28 pesos, de los cuales sólo 3 millones 740 mil 49 pesos corresponden a sueldos pagados de los ejercicios 2003 a 2006 por parte de la Cámara de Diputados y 363 mil 476 pesos son salarios provenientes del Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior significa que el diputado electo Emilio Chuayffet no ha justificado ingresos superiores a los 12 millones de pesos, según Hacienda, por lo que esta secretaría sospecha del origen de los recursos. Hasta ahora, sin embargo, el expediente de Chuayffet se mantiene en poder de las autoridades financieras, sin presentar acusación penal alguna ante la Procuraduría General de la República. Además, si se considera que este político ya tiene fuero, pues el gobierno de Felipe Calderón se puede ir olvidando de pretender actuar en su contra, más aún si se trata de alguna presión política para negociar la información.

De acuerdo con los reportes de Banamex, el diputado federal electo realizó operaciones inusuales respecto de la cuenta maestra número 90458665728, contratada el 26 de septiembre de 2003, en donde se registra como cotitular y firmante adicional a Olga Guadalupe Soto Priego y como beneficiaria a Carolina Chuayffet Chemor.

En el análisis que hace Hacienda sobre los movimientos financieros del político priista mexiquense, destaca que del 3 al 11 de abril de 2008 realizó seis depósitos en efectivo por 490 mil pesos. Un asistente de Chuayffet explicó que dichos recursos provenían de honorarios pagados, así como de la venta de un automóvil. Otros 387 mil pesos se traspasaron a su inversión patrimonial, mientras que el 28 de julio de 2008 hizo otro depósito en efectivo por 700 mil pesos.

En un reporte enviado a la Secretaría de Hacienda por Banamex, le informa que la mayoría de los recursos recibidos en la cuenta del político mexiquense se traspasan a inversión patrimonial, para después retirar gran parte de estos recursos en efectivo. Ese banco señala que en aclaración con su cliente, éste les informó que los depósitos en efectivo provienen de los mismos recursos que regresa a su inversión patrimonial. No obstante, Hacienda considera que no se identifica que dichos recursos provengan de la misma inversión, “pudiendo tratarse de otros recursos en los que tratan de ocultar su origen”.

De acuerdo con la información fiscal correspondiente a los “reportes relevantes”, se afirma que –durante el periodo comprendido de octubre de 2003 a julio de 2008– Emilio Chuayffet operó depósitos en efectivo por montos iguales o mayores a los 10 mil dólares, hasta por un total de 1 millón 410 mil pesos, así como retiros por 1 millón 610 mil pesos.

Para corroborar y contrastar la información, se buscó desde el martes 25 de agosto al diputado federal, pero hasta el cierre de edición su oficina no dio respuesta a la solicitud de entrevista.

Resolutivos del Encuentro contra los altos cobros en las tarifas de luz

DESPLEGADO Tarifa Social Encuentro Vf

La IP presiona a Calderón para que grave alimentos y medicinas: Garibay

Cúpulas empresariales le piden proponer que el IVA sea de 12%, advierte el senador

Fuente: La Jornada de Michoacán


Aureoles denuncia un subejercicio de cerca de 3 mil mdp en el Fideicomiso de Fomento Minero

La reglamentación de la Ley de Salarios Máximos, entre las tareas que los legisladores anunciaron

EDUARDO FERRER

El senador de la República Jesús Garibay García advirtió que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el resto de las cúpulas económicas mexicanas están presionando “en serio” al presidente Felipe Calderón para que proponga que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sea de 12 por ciento, gravamen que incluiría alimentos y medicinas.

“El Consejo Coordinador, los organismos cúpula, los poderes fácticos en materia económica, están presionando, y presionando en serio al Ejecutivo federal para que sí haya IVA en alimentos y medicinas. Lo decimos a tiempo, porque los grandes corporativos no están dispuestos a pagar impuestos. Hay algún corporativo en materia de alimentos que tiene ventas superiores a los 30 mil millones de pesos y el año pasado tuvo saldos de impuestos a favor. No están dispuestos a renunciar a eso”, señaló.

Por su parte, el otro senador perredista por Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, denunció que el Fideicomiso de Fomento Minero presenta un subejercicio de alrededor de 3 mil millones de pesos. Para Garibay García, esta irregularidad impacta directamente en la huelga que mantienen los trabajadores de la siderúrgica Arcelor Mittal y demuestra el proteccionismo del gobierno federal hacia los corporativos. “Seguro van a abrir el mercado, los aranceles, para que vengan productos sobrantes de otras partes del mundo que produce la misma empresa y que obviamente los van a traer a México”, pronosticó.

La utilización de los fondos ociosos de años anteriores, conformados a partir de los excedentes petroleros, es una de las cinco medidas que los senadores y diputados federales electos del sol azteca impulsarán desde sus respectivas cámaras en el Congreso de la Unión para tratar de enfrentar los efectos de la crisis económica. En ese sentido, tanto Garibay García como Aureoles Conejo reiteraron que se impulsará la creación de un paquete de estímulos fiscales dirigidos a proyectos de inversión pública, cuyo monto podría alcanzar los 220 mil millones de pesos; la creación y operación retroactiva de un seguro de desempleo para quienes hayan perdido su trabajo a partir de enero; impulsar un programa alimentario de emergencia y la construcción de las bases necesarias para generar un nuevo modelo económico.

Otro aspecto en el que seguirán trabajando los legisladores perredistas será la reglamentación de la Ley de Salarios Máximos para que esté concluida antes de que entre en vigor la reforma constitucional, es decir, antes del 1º de enero de 2010. Al respecto, Silvano Aureoles aseguró que las percepciones de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación disminuirán desde enero próximo hasta en un 50 por ciento, ya que todas sus renumeraciones extraordinarias, gratificaciones y bonos no podrán superar lo que percibe el presidente Felipe Calderón.

El CCE en la entidad, a favor de aplicar el impuesto


Fuente: La Jornada de Michoacán

MELINA GIL

El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) se pronunció a favor de gravar alimentos y medicinas con el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), con las condicionantes de que el Estado desarrolle mecanismos compensatorios para la población de bajos ingresos y que, al mismo tiempo, el salario real del trabajador tenga la capacidad de absorber el incremento.

“Consideramos que se debe hacer un estudio del impacto que pudiera tener un determinado porcentaje del impuesto en alimentos y medicinas sobre el salario de la gente más desprotegida. Es decir, en todo caso se tendrían que incrementar los salarios mínimos para que el poder adquisitivo no se vea disminuido”, refirió Nocetti Tiznado.

El organismo cúpula del estado manifestó que se inclinarían por una tasa menor para alimentos y medicinas que la que actualmente representa el Valor Agregado, posiblemente el tres o cuatro por ciento que propuso en días recientes el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN).

A decir del presidente del CCEEM, Manuel Nocetti Tiznado, de permanecer la tasa cero, la industria farmacéutica continuaría recibiendo beneficios fiscales que van discordes al momento económico.

“Nuestro objetivo debe ser que podamos tener control sobre los alimentos y medicinas a tasa cero, porque existen actualmente grandes consorcios sobre lo que actualmente no se tiene una regulación en el aspecto de la tributación. Si hay extensión en estos rubros, hay una gran evasión fiscal”, detalló Nocetti Tiznado.

La generalización del IVA se encuentra dentro de la intención que ha manifestado desde hace tiempo la iniciativa privada por ampliar la recaudación a través de un reparto de la carga tributaria, misma visión en la que también se ha insistido por incluir dentro de la base a la economía informal.

El presidente de la cúpula empresarial señaló que por el momento la opinión no se ha consensuado de manera formal, pero adelantó que la intención es integrar las diferentes opiniones sobre el tema y consolidarlas como propuesta para los legisladores.

“Como consejo estatal llevaremos la propuesta a foros de diputados y, además, a nuestros representantes michoacanos en el Congreso de la Unión, que es donde tenemos que conseguir el apoyo para obtener una mayor recaudación fiscal sin que esto tenga alguna clase de repercusión social”, anunció.

Alza tu voz, ¿Qué le sucedió a Rosendo Radilla?


El secretario de Gobernación “con cinismo” expuso que no sabía dónde está el cuerpo Fuente: La Jornada de Guerrero El Estado detuvo a Radilla, dijo

El secretario de Gobernación “con cinismo” expuso que no sabía dónde está el cuerpo

Fuente: La Jornada de Guerrero


Si el fallo en el juicio contra México es favorable, los militares deben ser castigados, exigen

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Atoyac, 30 de agosto. Durante su comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Guillermo Gómez Mont secretario de Gobernación, aceptó que el Estado detuvo en 1974 a Rosendo Radilla Pacheco e incluso que está muerto, reveló esta mañana Humberto Jiménez Antillón miembro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y abogado de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), durante la conmemoración del Día Internacional del Detenido-Desaparecido en Atoyac, lo que abre la puerta a que el resto de los casos en Atoyac sean reconocidos y aceptados para su proceso por ese mismo organismo internacional.

En su intervención al inicio de las actividades programadas para este día, Jiménez Antillón contó lo que ocurrió durante la asistencia de Tita Radilla ante la Corte Interamericana en Costa Rica, para presentar el caso de su padre, Rosendo Radilla Pacheco, detenido en un reten militar en 1974 en Acapulco, y dijo que durante el turno del representante del gobierno federal, en este caso Gómez Mont, éste aceptó que ese en ese año ocurrió la detención del ex alcalde de Atoyac, “y con cinismo expuso que estaba muerto, aunque dijo desconocer el sitio donde se encontraba su cuerpo”.

“El solo hecho de que la Corte Interamericana haya decidido juzgar al Estado mexicano por el caso del luchador social, es un parteaguas en la lucha por el reconocimiento de los hechos ocurridos a manos de los militares de aquellos años, y abre la puerta para que los demás casos sean tomados en cuenta”, añadió el defensor de la Afedem. Expuso que por el daño social que causó la guerra sucia, la CMDPDH lucha para que sea reconocida también la comunidad de Atoyac como víctima, “lo que estigmatizó a la ciudad como un foco rojo en cuanto a seguridad nacional y dañó moralmente a sus habitantes”, remarcó.'

El acto conmemorativo en el auditorio del ayuntamiento de Atoyac, al que asistieron unos 40 familiares de desaparecidos, además de representantes de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), fue encabezado por la vicepresidenta y el secretario técnico de la Afedem, Tita Radilla Martínez y Julio Mata Montiel, así como integrantes de la CMDPDH.

El inicio de las actividades fue interrumpido cuando se presentaron los miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos en los Años Setenta, que encabeza Eleazar Peralta Santiago, quien exigió dar a conocer a los abogado sus casos relacionados con la desaparición de familiares a principios de esa década y protestar por el poco caso que el Gobierno federal ha dado a su lucha. Después de varias explicaciones los manifestantes se retiraron, en medio de protestas y descalificaciones.

En entrevista Julio Mata confió en que la sentencia de la Corte Interamericana sea favorable al caso Radilla, y de ser así, se castigue a los militares que tomaron parte en las desapariciones, “tal y como sucede actualmente en países como Argentina y Chile, donde el gobierno federal está enjuiciando y castigando a los militares, que violaron los derechos humanos de la población”.

Recordando a los desaparecidos en el mundo en 2009


Amnistía Internacional

Rosendo Radilla tenía 60 años cuando en agosto de 1974 fue víctima de una desaparición forzada. El que fuera alcalde del municipio de Atoyac, en el estado de Guerrero, y activista social, fue visto por última vez en un cuartel días después de ser detenido en un control de carreteras. Otras personas que estaban detenidas con él informaron de que fue torturado.

Al igual que en otros casos de desapariciones forzadas, los sucesivos gobiernos mexicanos se han negado a explicar qué le ha sucedido a Rosendo Radilla. Pero del mismo modo, su familia se ha negado a abandonar y ha llevado su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperan que este año, la corte actual obligue al gobierno mexicano a decirles la verdad y les garantice su derecho a la justicia.

“Me decían ‘y tú, ¿por qué no perdonas?’”, dice Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo. “Por lo mismo que aquél no me dice qué hizo con mi padre. ¿Está vivo o está muerto? ¡No sé! Cuando uno piensa, él era muy friolento. Y cuando lo acababan de detener yo pensaba en eso. ¿Tendrá frío? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá sed? ¿Le dolerá algo? ¿Qué pasa con él? Y eso no es un momento, sino que toda la vida. Como dicen ‘ya no hay que reabrir la herida’. ¿Cuál reabrir? La herida está abierta. Jamás ha sido cerrada.”

Familias en todo el mundo esperan tener noticias de qué ocurrió con esos seres queridos que se llevaron agentes del Estado o personas que actúan con su apoyo o aquiescencia.

Amigos y familiares no tienen la manera de saber qué ha ocurrido con ellos. Las personas desaparecidas no tienen la protección de la ley. Les puede ocurrir cualquier cosa. Muchas son torturadas. Muchas fallecen.

El domingo 30 de agosto se celebró el vigésimo sexto Día Internacional de los Desaparecidos. Todos los años Amnistía Internacional junto con otras ONG, asociaciones de familias y grupos de base, recuerda a los desaparecidos y exige justicia para las víctimas de desapariciones forzadas mediante actividades y eventos.

Los gobiernos se sirven de las desapariciones forzadas como herramienta de represión para acallar la disidencia y para eliminar cualquier oposición política, así como para perseguir a grupos étnicos, religiosos y políticos.

Durante el conflicto armado de Kosovo en 1999, más de 3.000 personas de etnia albanesa sufrieron desapariciones forzadas a manos de la policía serbia y de las fuerzas paramilitares y militares. Más de 800 serbios, romaníes y otras personas fueron secuestrados por miembros de grupos étnicos albanos armados. Más de 1.900 personas en Kosovo y Serbia continúan a la espera de saber qué les ocurrió a sus familiares.

Las desapariciones forzadas están relacionadas a menudo con operaciones de contrainsurgencia o antiterrorismo. Chechenia, que en 1991 intentó escindirse de la Federación Rusa, ha sufrido desde entonces los estragos de dos conflictos armados y de una operación antiterrorista. Tanto las fuerzas de la Federación Rusa como los agentes de la ley chechenos se han visto implicados en desapariciones forzadas, que suman miles.

En Filipinas, más de 1.600 personas han desaparecido desde la década de los 70, principalmente en operaciones de contrainsurgencia contra grupos de izquierda o secesionistas.

James Balao, activista en favor de los derechos de los indígenas e investigador, desapareció en septiembre de 2008 cuando se dirigía en automóvil a visitar a su familia en La Trinidad, provincia de Benguet.

Hombres armados y uniformados que decían ser agentes de policía, lo hicieron parar y lo metieron en una furgoneta blanca. Testigos que firmaron declaraciones juradas en las que relataban su captura se encuentran hoy escondidos por miedo a ser perseguidos.

Los familiares y los amigos de las personas desaparecidas sufren la angustia de la incertidumbre y no pueden llorar su pérdida ni continuar con sus vidas. Chief Ebrima Manneh, periodista gambiano, fue detenido en julio de 2006 por el intento de dar a conocer un artículo de la BBC crítico con el gobierno de Gambia. Su paradero todavía se desconoce pese a que un tribunal regional de África occidental dictó una sentencia sin precedentes en la que ordenaba al gobierno de Gambia su liberación y el pago de indemnizaciones. La madre de Ebrima Manneh comenta que le cuesta disfrutar de cualquier cosa porque no puede quitarse a su hijo de la cabeza. La familia ha dicho a Amnistía Internacional que se encuentra cada vez más aislada porque otras personas tienen miedo de relacionarse con ellos. Además está pasando una situación apurada porque dependían del sueldo de Ebrima Manneh.

Para hacer frente a las desapariciones forzadas, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 2006 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Cuando entre en vigor, la Convención se convertirá en una herramienta útil para evitar las desapariciones forzadas, determinar la verdad sobre estos delitos, castigar a los responsables y ofrecer reparaciones a las víctimas y a sus familias.

La Convención define la desaparición forzada como:

“El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

La Convención aborda las violaciones relacionadas con las desapariciones forzadas y los problemas a los que se enfrentan aquellas personas que intentan investigarlas y hacer rendir cuentas a sus responsables. Asimismo reconoce el derecho de las familias a conocer la verdad sobre el destino de una persona desaparecida y a obtener reparaciones.

La Convención obliga a los Estados a proteger a los testigos y a responsabilizar legalmente a toda persona implicada en una desaparición forzada. También exige a los Estados instaurar firmes salvaguardias para aquellas personas privadas de su libertad, buscar a las personas desaparecidas y, en el caso de que hayan fallecido, localizar, respetar y restituir sus restos.

La Convención también reclama a los Estados que persigan a los presuntos responsables que se encuentren en su territorio, sin importar el lugar en el que hayan cometido el delito, a no ser que decidan extraditarlos a otro Estado o entregarlos a una corte penal internacional.

Un Comité contra la Desaparición Forzada velará por la implantación de la Convención y estudiará las denuncias de personas individuales y de Estados.

Para que la Convención entre en vigor sólo necesita ser ratificada por algunos gobiernos más. Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que todavía no lo han hecho que ratifiquen la Convención lo antes posible. La ratificación proclamará con fuerza que las desapariciones forzadas no se tolerarán y será una herramienta nueva y muy necesaria para aquellos que buscan a sus seres queridos.

28 agosto 2009

Católicas por el Derecho a Decidir cumple 15 años defendiendo los derechos humanos y la autoridad moral de mujeres y jóvenes


Difusión Cencos México D.F., 28 de agosto de 2009
Boletín de prensa
Católicas por el Derecho a Decidir

* Refrendan su compromiso de seguir trabajando para defender la libertad de conciencia,
la maternidad voluntaria, la sexualidad placentera y el Estado laico

En el marco de su XV aniversario, CDD realizó el Foro Católicas por el Derecho a Decidir: 15 años de luchas y esperanzas a favor de los derechos humanos de mujeres y jóvenes, con el objetivo de identificar los principales desafíos que el actual contexto representa para la defensa de los derechos humanos de mujeres y jóvenes en la sociedad y en la Iglesia católica mexicana. Durante el Foro se contó con la participación de integrantes del Consejo Asesor de CDD: el Dr. Juan Lafarga Corona, la Dra. Amparo Espinosa Rugarcía, la Mtra. Regina Tamés Noriega, la Dra. Elena Zúñiga Herrera, quienes compartieron sus análisis al lado de Maria Consuelo Mejía, directora de CDD.

En dos paneles organizados para reflexionar acerca de la contribución de esta organización a la defensa de los derechos humanos de mujeres y jóvenes y los retos que tienen las iglesias en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, se contó con las aportaciones de la Dra. Marisa Belausteguigoitia, directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, la Lic. Martha Lucía Micher, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, el Mtro. Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Lic. Jaime Laines, integrante del Centro Antonio de Montesinos y del Observatorio Eclesial, la Reverenda Rebeca Montemayor, Teóloga y Pastora Bautista, la Dra. María Van Doren, Misionera del Inmaculado Corazón de María, el Mtro. Fray Julián Cruzalta de la Comunidad Ecuménica Magdala y el Mtro. Luis Arriaga del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”.

El Foro marca el inicio de una serie de actividades para celebrar el surgimiento de “Católicas por el Derecho a Decidir” en México hace 15 años enarbolando la consigna “María fue consultada para ser Madre de Dios, elegir ya es derecho de todas. Maternidad libre, maternidad voluntaria”. Como lo afirmó recientemente la escritora Elena Poniatowska, “Dentro de la vida política y social de nuestro país, “Católicas por el Derecho a Decidir” ha sido un poderoso agente de cambio.”

“Católicas” es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1994 por un grupo de mujeres y hombres católicos conscientes de la necesidad de dar a conocer a la población mexicana las posiciones católicas sobre la moral sexual distintas a las que la jerarquía difunde. Apoya el derecho de la feligresía a vivir su sexualidad como una expresión del amor y el erotismo y no sólo como una vía para la reproducción, afirma la autoridad moral de mujeres y jóvenes para tomar decisiones sobre su cuerpo y les enseña a liberarse de la culpa derivada del mensaje negativo y condenatorio de la sexualidad que la jerarquía católica propone.

CDD apoya el derecho a decidir de las mujeres, su derecho a la maternidad libre y voluntaria y a la interrupción de un embarazo que no buscaron o no desean, como un aspecto esencial del derecho a decidir sobre el cuerpo. Trabaja por la despenalización del aborto y jugó un papel relevante en el debate que se dio en 2007 ante la decisión de la Asamblea Legislativa de aprobar una ley que permite la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación en el Distrito Federal.

Las "Católicas" fundamentan su defensa en el principio católico tradicional de la libertad de conciencia, base de la dignidad humana, que ha sido defendido por los Papas y por los documentos de esta Iglesia, pues “todas las personas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, con voluntad y libertad para disentir y decidir”. Además, se apoyan en el hecho de que en temas de moral sexual no hay dogma y católicas y católicos deben seguir los dictados de su conciencia, aunque éstos no estén de acuerdo con las enseñanzas de la jerarquía.

La comunidad defensora de Derechos Humanos en México ha reconocido la lucha de “Católicas” dándole legitimidad a estos principios. En 2002 recibió el X Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo y en 2008, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le otorgó el Reconocimiento Hermila Galindo.

En los últimos 15 años, los intentos de los sectores conservadores y de la Iglesia jerárquica para acabar con la laicidad del Estado mexicano han sido intensos y frecuentes y la contribución de “Católicas” para mantener la separación entre Iglesias y Estado ha sido fundamental para impedir que la Iglesia católica influya en las políticas públicas destinadas a la vida sexual y reproductiva de mujeres y hombres.

Desde 1998, "Católicas" ha denunciado los feminicidios y la impunidad asociada a estos crímenes. La erradicación de la violencia contra las mujeres, así como su acceso real a la justicia se han convertido en una obsesión. Su trabajo en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio alrededor de estos temas ha contribuido significativamente a la visibilidad de esta tragedia.

Preocupadas por la vulnerabilidad de la juventud al embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual y el rostro cada vez más joven del VIH y el sida, así como las manifestaciones de homofobia, promovió en 2003, la creación de la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir. La Red ha llevado el mensaje liberador y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de “Católicas” a la juventud de más de 10 estados de la República, con pasión y compromiso, con ingenio y con sentido del humor.

En un artículo reciente Elena Poniatowska expresó que “una voz como la de “Católicas por el Derecho a Decidir” es muy necesaria en México para contrarrestar los mensajes negativos de la jerarquía católica conservadora que pretende obstaculizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, para demandar el respeto a la diversidad sexual, para defender la separación de las Iglesias y el Estado, para luchar contra la pederastia al interior de la Iglesia católica. Su voz es necesaria para promover la autoridad moral de mujeres y jóvenes y compartir con la población mexicana el mensaje liberador católico que concibe al ejercicio de la sexualidad como posibilidad de crecimiento espiritual, de disfrutar el placer y el erotismo, de búsqueda de la felicidad”.

Por otra parte, en el Foro se destacó el primer aniversario de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de las reformas en materia de Interrupción Legal del Embarazo en el Distrito Federal, reforma que constituye el reconocimiento más importante al derecho legítimo de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.

La sentencia de la SCJN respalda el derecho a una vida plena, permitiendo a las mujeres elegir su maternidad en condiciones favorables de salud, alimentación, trabajo digno y oportunidades de desarrollo personal. También garantiza que las mujeres que se enfrentan al dilema del aborto, puedan interrumpir su embarazo, si en su conciencia eso significa evitar un mal mayor, y desmitifica la maternidad como un hecho divino, dando paso al concepto de la maternidad como un acto gozoso y responsable.

Ante el panorama de retrocesos legislativos que se está perfilando en los estados de la República en donde se han modificado las Constituciones locales para amedrentar a las mujeres y obstaculizar su acceso a servicios de interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley, Católicas por el Derecho a Decidir reafirma su compromiso de continuar trabajando para ampliar los espacios de libertad que le son propios a mujeres y jóvenes mexicanos.

Para mayor información comunicarse con

Sandra Fosado
Comunicación Social
Católicas por el Derecho a Decidir México
Oficina: 5554-5748, 5554-2902 ext. 20
Móvil: 04455-39896074

www.catolicasmexico.org

ANÁLISIS DE LOS AJUSTES A LA TARIFA DOMÉSTICA

Tarifa Social

Prevén movilizaciones y paros académicos en las universidades públicas del país


Fuente: La Jornada de Morelos
Escrito por ELIZABETH CUEVAS VILLALOBOS
Lunes, 31 de Agosto de 2009 00:00

CUERNAVACA. Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) analizarán -a partir de la próxima semana- un incremento salarial acorde a la crisis financiera por la que atraviesa el país, dentro del pliego petitorio que entregarán a sus autoridades.

El representante de la base trabajadora, Arnulfo Vargas, informó que de momento analizan con detenimiento la propuesta que habrán de plantear y esperan que no haya disminución al presupuesto de la universidad pública, como lo anunció el secretario de Hacienda, Agustín Cárstens.

Las propuestas a presentar ante la rectoría de la máxima casa de estudios del país los sindicalizados las consensuarán el próximo 12 y 13 de septiembre, donde también está implícito el aumento a sus prestaciones sociales.

El representante sindical dijo que de darse la disminución presupuestal, ya se ha establecido un acuerdo para que los trabajadores se manifiesten de manera pública en la ciudad de México, incluso con el paro de labores en todas las escuelas del nivel superior que dependen de los recursos públicos.

De momento, mantuvo que los trabajadores están a la espera de conocer el presupuesto del año 2010, para saber cómo van a organizarse en defensa de la educación superior, de posgrado y la investigación.

Comentó que mantienen un análisis a conciencia sobre la integración del pliego petitorio que harán a la rectoría de la UNAM, porque en el caso del aumento al salario deberá darse conforme a la realidad económica que vive la nación.

“Ahorita sabemos que la situación está muy crítica, pero vamos a seguir luchando porque se nos dé un aumento salarial acorde a la crisis que se vive, espero que haya una respuesta favorable por parte de la autoridad y que haya un buen aumento”.

Finalmente, Arnulfo Vargas sentenció que los apoyos presupuestales a las universidades públicas deben estar pensados con visión a favor del país, de lo contrario vendrán las movilizaciones y paros académicos.

Calderón se ha dedicado a desgobernar: Pedro Miguel


Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

ELIZABETH RODRÍGUEZ LEZAMA
Tehuacán. Felipe Caderón se ha dedicado a desgobernar y destruir al país, demoliendo a las instituciones sostuvo en esta ciudad Pedro Miguel, columnista de La Jornada nacional, quien dictó una conferencia a integrantes de comités del gobierno legítimo de México.

Asuntos como el caso Acteal y el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así como las omisiones en los libros de texto gratuito, la crisis económica, la influenza y la falta de atingencia para gobernar por parte del presidente de la República, Felipe Calderón, fueron temas que abordó durante la conferencia.

Con ironía y sentido del humor cuestionó varios aspectos de la realidad que enfrenta el país, pero no por ello se perdió la seriedad de lo que advierte como el preámbulo a escenarios mucho más difíciles para los mexicanos gracias al modo equivocado en que Calderón Hinojosa intenta dirigir el rumbo del país, acción en la cual el columnista enumeró las distintas derrotas que el huésped de Los Pinos ha tenido.

En entrevista con este rotativo Pedro Miguel expresó que Felipe Calderón se ha dedicado a desgobernar al país, en vez de construir ha destruido, en vez de restaurar la legitimidad de las instituciones, resaltó, se ha empantanado más en la ilegitimidad que le caracteriza de origen “es un sello de fábrica”.

Añadió que en 2006 las instituciones del país se encontraban trastocadas, afectadas y con grietas pero tras la llegada de Calderón Hinojosa al poder comenzó una etapa que ahora las tiene demolidas, por lo cual advirtió que “este gobierno ya fue”.

Consideró que vivimos en un país al revés porque mientras una parte organizada de la sociedad pide que se cumpla con la constitución por otro lado las autoridades, que son las que debieran vigilar que eso ocurra, son las que pugnan por violar las leyes.

Pedro Miguel advirtió que las elecciones pasadas dejan un claro mensaje a los partidos políticos que deben reflexionar seriamente para poner sus siglas al servicio de las causas sociales y no tomar esas banderas para beneficio de sus intereses porque en este año se les demostró que, al margen del movimiento “no son más que cascarones vacios”.

Llamó a los comités del gobierno legítimo a mantenerse en la lucha porque la tarea que tienen es “construir un poder que sea capaz de llegar a la presidencia de la república y transformar al país para que México deje de ser un instrumento de saque para unos cuantos y se convierta de nuevo en una máquina para donde vivir para las grandes mayorías”.