martes, 20 de octubre de 2009

CONVOCATORIA URGENTE PARA MAÑANA DEL CDV URGENTE


CDV CONVOCA:

A través de una maniobra de la Suprema Corte, se decidió que en lugar de que los 11 ministros decidieran si Infonavit puede o no, legalmente vender la cartera a empresas extranjeras, la decisión sea tomada ahora por tan sólo cinco de ellos.

Los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Fernado Franco, Género Góngora y la ministra Margarita Beatríz Luna Ramos, decidirán MAÑANA si el Infonavit está facultado, o no para vender los créditos.

NO PERMITAMOS QUE TOMEN LA DECISIÓN SIN QUE NOS EXPRESEMOS.
NO PERMITAMOS QUE SCRAP II, (O PENDULLUM) FILIAL DE CITI GROUP, Y CAPMARK, FILIAL DE GMAC (FINANCIERA DE GENERAL MOTORS SE QUEDEN CON LOS CRÉDITOS DE LAS CASAS DE LOS MEXICANOS
NO PERMITAMOS QUE GMAC, LA MISMA EMPRESA QUE ENTRE OTRAS HA DEJADO DE PAGAR IMPUESTOS POR CONTUBERNIO CON HACIENDA SE QUEDE CON CASAS DE MEXICANOS

POR ELLO EL CDV TE CONVOCA:

A MANIFESTARTE PACÍFICAMENTE MAÑANA 21 DE OCTUBRE DE 2009 DESDE LAS 9AM 230 PM EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN ZÓCALO Y PINOSUÁREZ

A LOS COMPAÑEROS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA SE LES CONVOCA A MOVILIZARSE PACÍFICAMENTE EN SUS ESTADOS HACIA LOS JUZGADOS DE DISTRITO (LOS JUZGADOS DONDE SE PROMUEVEN AMPAROS O EN SU DEFECTO A LOS JUZGADOS CIVILES) O EN SU CASO A CONVOCAR A RUEDAS DE PRENSA DESDE MUY TEMPRANO

Notas:

1. La suprema corte resolverá este asunto a las 9 de la mañana en sesión privada y a las 11 en sesión pública.

2. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que Gmac (dueña de Capmark) tan sólo durante los primeros 6 meses de este año dejo de pagar 390 millones de pesos de impuestos a través de la figura "impuestos diferidos", mientras que en 2006, prácticamente con la misma cantidad (440 millones de pesos) compró 19 mil créditos de casas de mexicanos en 20 mil pesos promedio cada una

3. El ministro Aguirre dio a conocer su postura en contra, en cambio el Ministro Góngora se habría manifestado a favor

Audio: Carmen Aristegui 20 octubre 09



(Audio sin comerciales)






Bájalo AQUI

Audio Cortesia

AMLOTV
Soberania Popular

Fuente: MVS Noticias
Difusión AMLOTV

Centros de Acopio en apoyo a los trabajadores del SME




sme centro de acopio

Fuente: Gobierno Legitimo
Difusión AMLOTV

CONVOCATORIA

Frente Nacional contra Wal Mart


INVITA

A una manifestación pacífica, en las oficinas centrales de Wal Mart, ubicada en Boulevard Ávila Camacho 647, col. Periodista, en la Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11220. (200 metros antes de llegar al antiguo toreo de 4 caminos de sur a norte) donde se encuentra su centro comercial con las siguientes tiendas: Wal Mart, Suburbia, Sam’s Club, Vip's, Portón y un edificio de 8 pisos donde está su Director General.

Fecha: miércoles 21 de octubre a las 11:00 a.m.

Wal Mart crece porque existen autoridades corruptas e ineficientes, la empresa toma lo mejor de nuestro país, obteniendo permisos, concesiones, contratos; el gobierno estimula la entrada del capital extranjero lo cual es muy bueno para sus ganancias, pero muy malo para los salarios de muerte, la elusión y evasión fiscal, violaciones al uso de suelo, violaciones ecológicas, creando desplazamiento económico y afectando a todo el pueblo de México.

Hay que observar que los daños a la nación no prescriben.

¡NO MÁS VIOLACIONES!

(De ser posible llevar cámara fotográfica con la finalidad de captar cualquier irregularidad de los rompehuelgas especializados de Wal Mart).

www.geocities.com/frentenacionalacv

Difusión Soberanía Popular

El Renacimiento de México



La gente quiere la transformación del país y sus instituciones por la vía pacífica y no quiere la violencia.

Hoy más que nunca debemos tener bien presente la anterior frase del Presidente Legítimo de México, ya que la mafia de la derecha no cesa en provocar al pueblo mexicano para ver si nuestra reacción es violenta, y así de una vez por todas darles el pretexto para que con el ejército y la policía nos aniquile.

En la semana que acaba de terminar, el tema que acaparó la atención de la opinión pública fue la toma militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, y las movilizaciones populares en protesta contra esta medida.

Por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su apoyo y solidaridad a los trabajadores del SME, pero puntualizó que como Movimiento nosotros vamos a dejar que sea la directiva del SME la que tome las decisiones, nada de protagonismos, señaló, y nos dio el ejemplo en la pasada marcha del jueves 15 de octubre al no participar en la descubierta, y no hacer uso de la palabra durante el mitin en el zócalo.

Asimismo, hay otro tema igualmente grave que nos mantiene en alerta, y es la inminente imposición del paquete fiscal del Usurpador, que como ya sabemos contempla el aumento y creación de impuestos, el incremento en el precio de las gasolinas, diesel, energía eléctrica, y el mantenimiento de los privilegios fiscales de los oligarcas.

Al igual que sucede con el problema de Luz y Fuerza, el Presidente Legítimo, ha señalado que nuestro Movimiento se movilizará para evitar este nuevo golpe de la derecha, pero siempre de manera pacífica y legal, sin caer en la provocación y en la trampa de la violencia.

Por lo tanto, debemos ser firmes en la defensa de la economía popular y nuevamente López Obrador nos da el ejemplo, ya que de manera clara exhortó a los legisladores del PRD, PT y Convergencia a no votar a favor la propuesta fiscal del Pelele, ya que de lo contrario él no se va a quedar callado si alguno de ellos la aprueba.

Por otra parte, denunció, y esto hay que difundirlo, que cuenta con información de que este fin de semana ya se reunieron diputados del PRI y del PAN para ponerse de acuerdo en la aprobación del paquete fiscal del Usurpador.

La tarea que nos llevamos los integrantes de este Movimiento, es la de difundir y asistir a la próxima Asamblea Informativa que se va a realizar el lunes 26 de octubre a las 5 de la tarde afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Concluyo con un dato curioso pero que revela la sencillez del Presidente Legítimo de México, ya que la semana pasada abrió una cuenta de TWITTER para reforzar la difusión de nuestro movimiento y romper el cerco informativo, esto también hay que difundirlo e invitar a la gente a que se inscriba al TWITTER http://twitter.com/lopezobrador_ de nuestro Presidente, quien con esta acción nuevamente nos pone el ejemplo de cómo hacer las cosas.

L.D. Jesús A. Palma M.

Ciudad de México, sede del Gobierno Legítimo de México, a 19 de octubre de 2009.



Trasnacionales obtienen millonarias ganancias con la suspensión de Chicontepec: Etcheverry


Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
Difusión Soberanía Popular

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

El secretario técnico del Comité Nacional de Estudios de la Energía, Armando Etcheverry Beltrán, denunció que las trasnacionales que estaban en Chicontepec deberán recibir 6 mil millones de pesos de penalización por la suspensión del proyecto, pero a cambio de ese dinero dichas compañías se estarían preparando para canjear esos recursos por nuevos contratos de extracción de petróleo en diferentes zonas de la República que tienen alta riqueza de hidrocarburos.

Explicó que esas compañías tienen contratos por 21 mil millones de pesos, pero en esos documentos se establece que si no se llevan a cabo los trabajos de exploración y perforación de Chicontepec, entonces tienen que ser indemnizadas con un monto estimado de 6 mil millones de pesos. Es decir, dichas empresas no tendrán pérdidas económicas.

En entrevista con La Jornada de Oriente, aseguró que el único fin de Chicontepec ha sido el multimillonario negocio para las empresas extranjeras y algunos funcionarios del gobierno federal.

En primer lugar, porque se contrató a las compañías sin contar con los estudios geológicos necesarios, y en segundo lugar porque el gobierno federal les otorgará zonas con riqueza petrolera para su exploración y explotación en detrimento del patrimonio nacional, en lugar de pagar el monto de 6 mil millones de pesos de las penalizaciones económicas.

Agregó que el gobierno federal sabía desde un principio que la zona de Chicontepec no es rentable y tiene muy pocas probabilidades de éxito, ya que no se trata de un solo yacimiento como el de Cantarell, sino de numerosos yacimientos con diferentes características geológicas.

Explicó que fueron contratadas compañías extranjeras como Weatherford, Sclumberger y Halliburton para gastar millones de pesos, ya que se carecía de los estudios y la tecnología necesaria para explorar con éxito esta zona de Chicontepec, la cual está ubicada en la Sierra Norte de la entidad poblana.

“Las trasnacionales no están realizando los estudios geológicos que se necesitan para llevar a cabo las exploraciones petroleras, sólo van a hacer hoyos, y por eso cobran”, indicó.

El especialista en el tema petrolero agregó que lo difícil no es concesionar los proyectos de extracción de crudo, sino cancelar dichas contrataciones.

Entre las áreas con riqueza petrolera que se pueden otorgar a las trasnacionales para pagarles las penalizaciones económicas están la de Coatzacoalcos o la misma de Chicontepec, donde en estos momentos realizan la exploración.

“Un grupo de especialistas le advertimos a los gobiernos federal y estatal que el proyecto de Chicontepec iba a fracasar porque no existen los estudios suficientes para explorar el área, así como las empresas trasnacionales no ocuparían la tecnología necesaria para perforar los pozos”, indicó.

“Las trasnacionales le dirán al gobierno federal que si no tiene dinero le pague con el permiso de explorar y usufructuar diversas áreas petroleras, por lo que la riqueza producida en las mismas será para ellas”, concluyó.

Grupo de Derechos Humanos: México pasa por alto la ciencia forense en la investigación de la muerte del periodista Estadounidense


Physicians for Human Rights Press Release
Difusión Soberanía Popular

Xx de octubre, 2009

Investigación defectuosa de la fiscalía pudo haber resultado en una detención errónea y la posibilidad de que el asesino verdadero sigue libre.

(Cambridge, Mass.) - Expertos forenses de Physicians for Human Rights (PHR) reafirman que la Procuraduría General de la Republica (PGR) ha pasado por alto la evidencia científica disponible en la muerte por arma de fuego del periodista estadounidense Brad Will, ocurrida en el año 2006. La revisión de la evidencia disponible llevada a cabo por PHR socava la teoría de la PGR de que el disparo fatal fue realizado desde las inmediaciones del periodista. Por lo tanto, PHR está preocupado por la posibilidad de que permanezca en prisión la persona equivocada, acusada de homicidio, mientras que el verdadero asesino sigue en libertad.

Según PHR, el fiscal mexicano ha desechado preguntas serias planteadas por su revisión rigurosa de toda la evidencia disponible. Will fue uno de al menos 13 personas que fueron privados de la vida durante las protestas en Oaxaca en 2006.

"De la documentación que hemos recibido recientemente por parte de la PGR, es evidente que no existe la intención de permitir que la ciencia forense sea tomada en cuenta como un factor dentro de la investigación del caso", dice Stefan Schmitt, Director del Programa Internacional Forense. "No veo nada en las pruebas científicas que indiquen que Juan Manuel Martínez Moreno, quien está acusado de haber disparado a Brad Will desde su entorno inmediato, podría haberlo hecho físicamente. Al tergiversar los hechos, la intención de la PGR es claramente hacer parecer la muerte de Will como un homicidio singular y abstenerse de considerar la posibilidad de que podría estar vinculado a un claro patrón de muertes por arma de fuego que ocurrieron en el momento en Oaxaca, y que aún se encuentran sin resolver."

La revisión forense independiente, llevada a cabo por PHR en marzo de 2008, concluyó que uno de los proyectiles rebotó de un objeto rojo, transfiriendo restos de pintura roja al proyectil y deformándolo, antes de herir fatalmente a Brad Will.

"No existe evidencia de un objeto rojo intermedio en las cercanías de la víctima del cual el proyectil pudiera haber rebotado", continuó Schmitt. La PGR ha continuado omitiendo la posibilidad del rebote en las reconstrucciones de hechos que ha llevado a cabo. La teoría de la fiscalía es que una persona, ubicada cerca de Brad Will, le disparó, y que la pintura roja en el proyectil fue el resultado de que un perito marcó el proyectil para su identificación.

Sin embargo, PHR afirma que, según la documentación presentada por la PGR, es claro que incluso la propia investigación de la PGR es incompatible con la afirmación de que la pintura roja descubierta en el proyectil por el perito en armas de fuego de PHR es el resultado de una marca de identificación. Una declaración jurada del perito en armas de fuego en Oaxaca, el primero que examinó los proyectiles, confirma que la pintura descubierta por PHR sobre el proyectil de rebote no fue el resultado de las marcas del perito. Según esa declaración, los proyectiles se marcan en la base, no en las zonas que son de valor analítico. Esto es significativo porque los rastros de pintura roja documentadas durante el análisis de los proyectiles en marzo 2008 por el perito en armas de fuego de PHR no se encuentran en la base.

PHR también señala que los mismos informes forenses de la PGR indican que la composición química de la pintura encontrada en el proyectil en cuestión no coincide con la pintura obtenida de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) – presumiblemente la pintura que utilizan sus peritos para marcar los proyectiles. Además, las fotografías del informe forense de la PGR muestran experimentos utilizando un cincel en proyectiles calibre .38 donde claramente no se reproducen los daños observados en el proyectil de rebote extraído del cuerpo durante la autopsia. Estos experimentos contradicen la afirmación de la PGR que un cincel en la autopsia causó el daño en el proyectil de rebote.

"En un esfuerzo por legitimar sus afirmaciones sin fundamento, la PGR contrató varios peritos canadienses, quienes reiteraron la hipótesis errónea de la PGR en un informe que falsamente fue presentado al público y la comunidad internacional en julio de 2009 como una revisión del caso realizado por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP)," afirma Schmitt.

El Programa Internacional Forense, de PHR (PHR-IFP) llevó acabo su revisión de la investigación en marzo de 2008 a solicitud de Amnistía Internacional y del abogado de la familia Will, este último con acceso total al caso y con derecho de aportar pruebas en la investigación. El equipo forense de PHR-IFP es financiado por PHR.

Libertad de expresión en el informe sobre defensoras y defensores de la OACNUDH en México

Difusión Soberanía Popular

México D.F, 19 de octubre de 2009 (Cencos).- El informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, elaborado por la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) hace una mención especial al tema de la libertad de expresión, al papel de periodistas y comunicadores como defensores de derechos humanos y a la responsabilidad de los medios de comunicación en la promoción y difusión de los derechos fundamentales.

El informe está motivado por las dificultades que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos en México y porque su labor, fundamental en la construcción de una sociedad más democrática, “sigue sin estar suficientemente visibilizada, reconocida y garantizada”. Las problemáticas descritas están estrechamente vinculadas con las que padecen los periodistas, no sólo por el contexto de trabajo sino también por las agresiones y obstáculos de los que son víctimas.

Destaca el informe el contexto adverso en el que trabajan las y los defensores: altos niveles de violencia y de inseguridad y ausencia de un enfoque de derechos humanos en algunas políticas públicas de seguridad; permanencia de dinámicas no democráticas, especialmente en algunos contextos municipales y estatales; contexto de pobreza y desigualdad en el que muchas personas son víctimas de discriminación y exclusión; y, resistencia a cambios culturales, que dificultan las transformaciones para erradicar prejuicios, estigmas y prácticas culturales discriminatorias. Todos estos fenómenos describen un escenario complejo que sitúa a las y los defensores en situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

Uno de los tres derechos que la OACNUDH ubica como clave para la defensa de los derechos humanos es el de la libertad de expresión. Como se da en el caso de los periodistas, “las y los defensores tienen el derecho a expresar sus ideas y opiniones libremente, mientras que la sociedad tiene el derecho a acceder a la información generada por ellas y ellos”. Una agresión en su contra supone coartar este derecho, tanto a la persona agredida como a toda la sociedad, por eso, los periodistas son considerados también como un caso particular de defensores cuando “en razón de su actividad promueven y protegen los derechos humanos”.

Algunos de los casos que la OACNUDH ha documentado y que son la base para el análisis que presenta, corresponden a agresiones físicas y privación de la vida en contra de periodistas. Los periodistas también enfrentan procesos legales en su contra (por vías tanto administrativas como penales) o son objeto de campañas públicas de desprestigio por el ejercicio de la libertad de expresión. De algunas agresiones se responsabiliza a los propios medios de comunicación, cuando inhiben el trabajo de aquellas y aquellos que asumen una línea editorial con temas de la agenda de derechos humanos. Además, están los casos de restricción y censura que son imputados a poderes fácticos cuando “critican el actuar de ciertas personalidades ligadas a dichos poderes o a los intereses que representan”, como en los casos de las redes de corrupción y pederastia que implican a funcionarios, empresarios o miembros de la iglesia.

Por otra parte, las radios comunitarias son consideradas como un vehículo muy importante para la defensa de los derechos humanos. De nuevo, un organismo internacional recomienda que el Estado mexicano legisle en la materia, reconociendo a las radios comunitarias según los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estándares internacionales. La libertad de expresión se restringe si no está acompañada de la posibilidad de disponer de los medios de comunicación adecuados. Por eso las agresiones a estas radios son consideradas en el informe de manera especial. Los intentos por cerrar y confiscar los equipos de algunas de ellas se han realizado a través de operativos oficiales “sin un respaldo por escrito de la autoridad competente y mediante un despliegue de la fuerza desproporcionado”.

Una de las conclusiones principales tiene que ver con la impunidad en la que se producen las agresiones a defensores y defensoras, por la falta de investigaciones y sanción a los responsables, lo que aumenta el riesgo en el que desarrollan su importante labor. Esta misma situación se da en los casos de agresiones a la libertad de expresión en contra de periodistas, comunicadores y medios de comunicación que se han registrado en la Campaña Permanente de Protección a Periodistas. En ese sentido, la OACNUDH recomienda a las autoridades federales la creación de “un mecanismo nacional de protección para defensoras y defensores, el cual podría extenderse a integrantes de grupos de población en especial situación de vulnerabilidad y/o discriminación, en particular periodistas”. Este mecanismo debería ser creado en concertación con organismos de la sociedad civil, con un presupuesto adecuado y, entre otras cosas, con capacidad de articular el trabajo de las autoridades de diferentes niveles de gobierno; actuar preventivamente; y definir, adoptar, monitorear y evaluar medidas de protección otorgadas tanto por organismos públicos de derechos humanos como por los mecanismos internacionales de protección. Esta recomendación va en la línea de algunos de los debates impulsados actualmente por organismos civiles y periodistas en torno al tema de la protección a periodistas, por la falta de mecanismos eficientes.

Por último, la OACNUDH sostiene que el apoyo público a las actividades de las y los defensores es un factor muy importante para su protección. En este sentido, recomienda a las autoridades federales y estatales articular una campaña masiva y sostenida para visibilizar y reconocer la legitimidad del trabajo de las y los defensores. En este sentido, el papel que juegan de los medios de comunicación es fundamental.

El informe recoge que son muy pocos los medios de comunicación que han dado cobertura a los temas de derechos humanos y a las personas que los defienden, aunque reconoce el papel positivo de algunos de ellos, sobre todo de ámbito local y comunitario. Las dificultades económicas y la dependencia de los recursos públicos a través de la publicidad oficial sería un factor que obstaculiza adoptar estas líneas editoriales. Sin embargo, la OACNUDH hace una recomendación directamente a los medios: que den mayor reconocimiento al trabajo de las y los defensores y difundan la Declaración sobre los derechos de los defensores de derechos humanos.

Cencos reconoce la pertinencia del informe en un momento en el que se degrada la situación de derechos humanos en el país y aumenta el riesgo de aquellas personas que ejercen y defienden los derechos humanos, particularmente la libertad de expresión. Una de las medidas de protección más importante para prevenir nuevas agresiones sigue siendo la investigación y sanción a los responsables de dichas agresiones. Sin embargo, las conclusiones y recomendaciones de la OACNUDH abonan el debate sobre la necesidad de reforzar y hacer efectivos los mecanismos de protección a defensores y periodistas ya existentes o a crear nuevas instancias, para que el estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, asuma la responsabilidad de reconocer y proteger tan importante labor para la sociedad.

Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo (PDF)

Oficio de Papel

Columna semanal de Miguel Badillo
Difusión Soberanía Popular

Lunes 19 de octubre de 2009

• Regañan en Los Pinos a Francisco Mayorga
• Se revela escandaloso tráfico de influencias
• Propietario de dos empresas recibe subsidios

Por la red telefónica privada el nuevo secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, recibió la llamada de la secretaría particular de la Presidencia de la República para ser citado de inmediato a la residencia oficial de los Pinos. Preguntó si llevaba algún documento que tuviera que explicar a su jefe Felipe Calderón, pero la respuesta fue que sólo acudiera de inmediato. Sin demora, Mayorga se trasladó al encuentro, pensaba que se trataba de una reunión más para atender alguno de los muchos problemas en que el gabinete calderonista ha metido al país.

Su sorpresa al llegar a Los Pinos fue que él era el único citado y que el presidente lo recibiría en cualquier momento. Ansioso, Mayorga se frotaba las manos; pasaron varios minutos antes de que Calderón ordenara su ingreso a la oficina presidencial. Un saludo frío anunciaba un reproche o un regaño mayor. El reclamo no se hizo esperar.

El motivo era que dos empresas propiedad del nuevo secretario de Estado y de su familia, han obtenido beneficios económicos de la misma Secretará de Agricultura que ahora él encabeza, así como recursos de otras dependencias del gobierno federal, lo que coloca a Mayorga en un delicado conflicto de intereses y abuso de poder.

Este nuevo caso de posible corrupción hace recordar otro hecho similar en donde el mismo Felipe Calderón tuvo que salir a defender a su entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien había firmado contratos en su dualidad de empresario y servidor público con la paraestatal Petróleos Mexicanos. La diferencia ahora es que mientras Mouriño era el amigo más cercano del presidente, Mayorga llegó al cargo por una situación meramente circunstancial, de tal manera que no podría escaparse de la severa llamada de atención.

Calderón recriminó la torpeza del secretario de Agricultura, al punto de advertirle que si el asunto crecía aún más entre los opositores al gobierno y en los medios de comunicación, tendría que retirarse del cargo, pues las pruebas del tráfico de influencias y presunta corrupción en contra de Mayorga son evidentes, sobre todo en un momento de aguda crisis en donde Calderón debe rendir cuentas a la nación de todo gasto de dinero público.

La Ley Federal de Responsabilidades

El Capítulo I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos indica en su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Indica que el servidor público podría incurrir en conflicto de intereses cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

En tanto, el inciso A del artículo 9 de la misma ley indica que “el servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: en ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior”.

Las pruebas que incriminan a Mayorga

Una investigación periodística de la reportera Erika Ramírez, publicada hace tres semanas en la revista Contralínea, dio cuenta puntual de cómo entre 2000 y 2008, dos empresas de Francisco Mayorga Castañeda: Industrias Melder y Semillas Caloro, recibieron “apoyos” económicos de las secretarías de Agricultura y de Economía, así como del Conacyt, en cuyo lapso el funcionario federal dirigió Aserca y la propia Sagarpa.

La información periodística explica cómo el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Mayorga ha sido beneficiado con casi 3 millones de pesos mediante 16 subsidios de tres programas de apoyo operados por el gobierno federal, y más del 60 por ciento de esos recursos le fue transferido cuando se desempeñaba como servidor público en la administración de Vicente Fox.

Como empresario, relata la reportera Erika Ramirez, Mayorga Castañeda recibió recursos públicos de la secretaría donde él mismo era servidor público: primero, como director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), y después como secretario de Agricultura.

En los padrones de beneficiarios de Aserca –órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa– se confirma que Industrias Melder –empresa familiar del secretario de Estado–, obtuvo 1 millón 727 mil 33 pesos en 2000, 2005 y 2006, con 10 traspasos monetarios.

Durante el primer año en que esta agroindustria obtuvo recursos por 36 mil 600 pesos –del organismo dedicado a impulsar la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo mexicano–, Mayorga Castañeda fue invitado por Vicente Fox a formar parte del equipo de Javier Usabiaga Arroyo, entonces secretario de la Sagarpa. Es así como el empresario jalisciense ocupa el puesto de director en jefe de Aserca, cargo en el que se mantuvo hasta 2002.

El 28 de septiembre de 2005 releva al llamado Rey del Ajo y asume la responsabilidad de encabezar la dependencia. En este año, y hasta finalizar el primer sexenio panista, Industrias Melder es dotada con la mayor parte de los “apoyos” obtenidos en tres años. Sólo en 2006 recibió 1 millón 690 mil 433 pesos.

Luego de que el 7 de septiembre pasado el presidente Felipe Calderón colocara a Francisco Mayorga al frente de la Sagarpa en sustitución de Alberto Cárdenas Jiménez, en el portal de Internet de la compañía continúa el nombre del secretario de Estado, bajo el cargo de director general de la empresa, iniciada en 1949 por su padre Salvador Mayorga.

Los apoyos económicos de la Sagarpa

De acuerdo con los padrones de beneficiarios de Aserca consultados por la periodista Erika Ramírez, Industrias Melder obtuvo apoyos en 14 partidas durante los periodos 2000, 2005, 2006 y 2007, que ascienden a 1 millón 994 mil 755 pesos. A través del Programa de Apoyos a la Comercialización, la empresa dirigida por Francisco Mayorga obtuvo 36 mil 600 pesos, cuando el jalisciense ascendía a la dirección del órgano desconcentrado de la Sagarpa.

Un segundo apoyo fue dotado en 2005 por 11 mil 854 pesos, mediante el Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, para cubrir las cuotas de 508 toneladas de maíz. Pero no fue sino hasta 2006, justo cuando asume la titularidad de la Sagarpa, cuando la empresa del secretario de Estado registra un incremento en las cifras de los subsidios entregados. Los montos fueron de 16 mil pesos hasta superar los 700 mil pesos, en el mismo año fiscal.

La comercialización de 635 toneladas de sorgo proveniente de Tamaulipas, fue lo que le permitió obtener 16 mil 189 pesos. Luego, las transferencias se incrementaron a 29 mil 614 pesos, por 1 mil 16 toneladas de maíz de Chihuahua. Le siguieron 32 mil 378 pesos por la comercialización de otras 1 mil 270 toneladas de sorgo de origen tamaulipeco y otras 2 mil 794 toneladas de la misma semilla sumaron 72 mil 764 pesos para la empresa.

Del estado natal del funcionario, Jalisco, se comercializaron 762 toneladas de maíz, lo que dejó en las cuentas de Industrias Melder 84 mil 197 pesos. El mismo producto, ahora originario de Chihuahua, sumó 143 mil 639 pesos a las cuentas de la compañía, por la cobertura de 3 mil 48 toneladas del cereal. Además, le fueron depositados 223 mil 524 pesos derivados de las operaciones realizadas con 2 mil 540 toneladas de maíz de Sinaloa, más 340 mil 294 pesos por 4 mil 699 toneladas de sorgo de Tamaulipas.

El Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios de Aserca dejó en los activos de la empresa jalisciense la cifra más alta registrada en las 14 operaciones, 735 mil 975 pesos, por cubrir la adquisición de 4 mil 953 toneladas de sorgo, cosechadas en el mismo estado. Extrañamente, para 2007, cuando Mayorga estaba fuera de cargos públicos, los subsidios registraron una reducción en sus operaciones. El total de tres movimientos financieros fue de 267 mil 721 pesos. El menor de ellos derivó de la comercialización de maíz, por 11 mil 227 pesos.

También administraron 121 mil 768 pesos por 2 mil 32 toneladas de maíz de Chihuahua y otras 3 mil 48, del mismo producto, por 134 mil 726 pesos, indican los montos aportados por Aserca para la cobertura de semillas. El programa está bajo la Coordinación General de Comercialización, que ordena a la Dirección General de Operaciones Financieras.

Las empresas hermanas

La investigación periodística llevó a Erika Ramírez a seguirle la pista al dinero público y allí se encontró con las empresas privadas propiedad de la familia Mayorga. Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios o Semillas Caloro es otra de las empresas que han obtenido recursos públicos por más de 850 mil pesos, y en la que el ahora secretario figura como presidente del Consejo de Administración, según muestra el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, del 16 de abril de este año.

Semillas Caloro, dedicada a la producción de semillas híbridas de sorgo, maíz y alfalfa, obtuvo 845 mil 999 pesos a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que presidía el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks. Los recursos fueron transferidos bajo la justificación de incentivar los gastos en investigación y desarrollo de tecnología.

El proyecto MII8405159L2-2008-1 fue autorizado el último año en que se entregaran este tipo de estímulos. Su objetivo, muestran los archivos del Conacyt, era “incrementar la capacidad de la empresa para realizar la investigación y desarrollo de semillas híbridas, a través de la ampliación de su Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, y estar así en condiciones de satisfacer las necesidades del sector agrícola, diversificando la oferta de semillas híbridas de hortalizas más propicias para su utilización en México y a un menor costo”.

Este tipo de estímulos fueron entregados durante la administración de Vicente Fox y los primeros dos años de Felipe Calderón a trasnacionales de diversos sectores de la producción. Tan sólo en la agroindustria, se asignaron 598 millones 923 mil 998 pesos durante 2007 y 2008. En tanto, se dejaron de lado a más de 25 millones de agricultores que subsisten en la extrema pobreza, y carecen de mecanismos tecnológicos para incrementar la producción en este sector. Junto con Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios se registran los nombres de Bimbo, Bachoco, Sabritas, Gamesa, Nestlé, Hérdez, Monsanto y Dow Agrosciences de México, entre otras.

El programa del Conacyt fue cancelado a inicios de este año ante la queja de investigadores y organizaciones del beneficio que se les había asignado a los corporativos internacionales.

La Secretaría de Economía fue otra de las entidades que dotó de recursos a Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios. En 2004 asignó 14 mil 928 pesos, según muestra el listado de beneficiarios del Fondo de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas. Los recursos entregados por esa secretaría, entonces al mando de Fernando Canales Clariond, se enmarcaron en el proyecto FP2004-3220 Aplicación Web, Materiales y Contenidos Electrónicos, que operó el organismo intermediario Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico.

Semillas Caloro, indica información publicada en su página de Internet, fue constituida en 1984 por un grupo de industriales agroprocesadores en Guadalajara, Jalisco –justo un año después de que Francisco Mayorga Castañeda ocupara el cargo de coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

oficiodepapel@contralinea.com.mx

Nuestro maíz es primero, ¡traidores!



http://www.youtube.com/watch?v=andwT6vJwoE
Difusión Soberanía Popular

Exhorta ALDF a CIDH a atraer caso de mujeres violentadas en Atenco


Difusión Cencos México D.F., 15 de octubre de 2009
Fuente: CIMAC
Difusión Soberanía Popular

Gladis Torres Ruiz

Podría sentar precedente ante violencia de género perpetrada por el Estado

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un exhorto dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que atraiga la petición de acceso a la justicia presentada por 11 de las 26 mujeres víctimas de la represión durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y el 4 de mayo de 2006.

El caso de estas mujeres violadas por policías durante dichos operativos fue presentado ante el organismo internacional el 29 de abril de 2008 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Bárbara Italia, una de las víctimas.

La denuncia responsabiliza al Estado mexicano de haber violado los derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad, a la dignidad y privacidad, al acceso a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación e incluye los testimonios de las 11 mujeres violentadas, así como los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

El punto de acuerdo, promovido desde finales de septiembre de este año en la ALDF por la diputada del Partido del Trabajo (PT) Ana Estela Aguirre y Juárez, condena, además, que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata (Fevimtra) de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR) haya “dado carpetazo” al conflicto.

De acuerdo con la legisladora, luego de tres años de tener “congelada” la investigación por tortura sexual contra las once mujeres cometida por policías de los tres niveles de gobierno en San Salvador Atenco y Texcoco, la Fevimtra cerró el caso y declinó su competencia en favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), lo que abre la posibilidad de que los crímenes queden impunes

Además, en el exhorto Aguirre denuncia la detención arbitraria de 145 personas en sus domicilios, allanamiento de morada perpetrado por los cuerpos policíacos, así como el trato cruel, inhumano y degradante hacia las y los detenidos por parte de la PGJEM y las autoridades del Centro Preventivo y de Readaptación Social Estatal de Santiaguito.

De igual manera, la propuesta aprobada también denuncia la incomunicación de que fueron objeto las personas retenidas en el Penal de Santiaguito, además de la tortura sufrida por los menos por 207 personas, a quienes funcionarios mexiquenses les violaron su dignidad humana y su integridad física, además de sus derechos a la legalidad y la seguridad jurídica, entre otras acciones.

La historia:

Los hechos en San Salvador Atenco ocurrieron el 3 y el 4 de mayo de 2006, cuando un grupo de floricultores fue desalojado violentamente en Texcoco; hubo 211 detenidos, entre ellos 47 mujeres y varios heridos, y se registró la muerte de un niño a causa de un petardo.

Durante el operativo, ordenado por las autoridades del estado que gobierna el priísta Enrique Peña Nieto con el respaldo del Partido Acción Nacional y la sumisión del gobierno municipal perredista, 26 mujeres fueron torturadas sexualmente y una de ellas fue detenida porque “se le quedó viendo al camión de la policía”; posteriormente, fue violada tumultuariamente.

La policía sitió San Salvador Atenco mientras que organizaciones civiles, como La Otra Campaña, llamaron a realizar acciones de protesta civiles y pacíficas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró la alerta roja. Las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el lugar en contra de las mujeres fueron denunciadas casi inmediatamente y dieron la vuelta al mundo.

A tres años de los hechos, varios organismos internacionales se han pronunciado para que reciban castigo quienes ejercieron tortura sexual contra 26 mujeres detenidas en el operativo –de las cuales 11 decidieron emprender la acción legal– para que se repare el daño a las víctimas; sin embargo, hasta hoy, ninguno de los policías ha sido castigado con prisión y sólo a uno de ellos se le multó por “actos libidinosos”.

En contraste, 12 personas de Atenco permanecen en prisión, condenadas a decenas de años. Numerosos organismos internacionales defensores de los derechos humanos las consideran presos políticos.

Hasta el momento, la petición de acceso a la justicia presentada por las mujeres víctimas de los operativos policíacos se encuentra en trámite ante la CIDH. De resolverse favorablemente sentaría un precedente importante para incorporar la perspectiva de género en las investigaciones relacionadas con la violencia sexual contra mujeres perpetrada por el Estado.

México DF, 14 oct 09

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

En Oaxaca no se respeta el Derecho a Defender los Derechos Humanos


Difusión Cencos México D.F., 15 de octubre de 2009
Difusión Soberanía Popular

Boletín de prensa

Peace Watch Switzerland

En el estado de Oaxaca observamos con grave preocupación el aumento registrado por organizaciones no gubernamentales de abusos de derechos humanos cometidos en contra de defensores/as de derechos humanos, con mayor frecuencia la intimidación y el hostigamiento, mientras van en aumento las de carácter más grave como son las agresiones, amenazas a la integridad personal, detenciones ilegales, difamaciones, descalificaciones, persecución judicial entre otros, con el único objetivo de impedir el ejercicio del derecho de los defensores y defensoras de promover y defender los derechos humanos y denunciar violaciones.

Ante este contexto, Peace Watch Switzerland organización internacional ha elaborado un informe titulado“Diagnostico sobre la Situación de los Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Oaxaca”, información recopilada del año 2008 hasta junio del 2009, en donde fueron entrevistadas 17 organizaciones que trabajan en el tema de la defensa y promoción de los derechos humanos.

Este diagnóstico ubica siete características de la situación actual por la cual atraviesa el estado de Oaxaca; la impunidad en ninguno de los casos que tengan que ver con violaciones a derechos humanos y mucho menos las agresiones, ataques o amenazas a defensores/as ha sido investigado y ni castigado, al contrario sigue prevaleciendo la total impunidad, ante este clima de impunidad se multiplican los ataques y las violaciones.

La criminalización de la protesta social a partir del movimiento social de 2006 se agudizó la persecución, intimidación y los ataques hacia las y los defensores, líderes sociales, líderes comunitarios y todas aquellas personas que se organizan para demandar y hacer efectivos sus derechos. La Militarización del actual gobierno de Felipe Calderón ha lanzado una política de seguridad denominada “la lucha contra el crimen organizado” y que consiste en militarizar todo el país, la que analizamos en un contexto más amplio como una estrategia de control social de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, con el plan ASPAN. Ruptura del tejido social frente a la situación de la impunidad, la grave crisis política y social, hace visible la ruptura del tejido social. Conflictos agrarios y defensa de los recursos naturales existen 365 comunidades en conflictos agrarios, 60 de estos son focos rojos y estos tienen que ver con el Plan Puebla Panamá (PPP) que permite a las empresas trasnacionales entrar en territorios oaxaqueños para el saqueo de sus recursos naturales y eso con el permiso de los gobiernos.

Proceso Electoral Rumbo al 2010 la campaña electoral por la gobernatura ya inicio pero el tema de los derechos humanos y no está en ninguna agenda de los candidatos por lo tanto visualizamos un panorama difícil para la promoción y defensa de los derechos humanos.

En el diagnostico se describe la situación de riesgo de las y los defensores de derechos humanos en donde se logra ubicar los ataques y los hostigamientos más recurrentes hacia los defensores, también se muestra el perfil de los agresores y que la mayoría son personas cercanas al gobierno, por otra parte se muestra la forma de actuar del estado y de diferentes agentes de gobierno para impedir las actividades de la defensa y promoción de los derechos humanos.

Ante este panorama y con el interés de Peace Watch Switzerland que en este momento presenta el diagnóstico, también surge la necesidad de articularlos las organizaciones defensoras de derechos humanos en un espacio denominado “Espacio de Defensores/as de Derechos Humanos” para compartir metodologías de intervención así como monitorear los patrones que se cometen en los ataques a todos/as los Defensores/as de Derechos Humanos que promueven, defienden o se organizan para exigir la vigencia de los Derechos Humanos.

Con trabajo en el tema de los derechos humanos concluimos que en el Estado de Oaxaca, la situación de los y las defensoras de derechos humanos nos es sumamente preocupante pues carecen de alguna garantía de protección o seguridad. El trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos no sólo no es respetado y reconocido por el estado sino incluso perseguido y criminalizado. Aunque la comunidad internacional reconoce cada vez más la legitimidad de sus actividades, la represión en su contra continúa; las técnicas represivas se extienden e inclusive se intensifican. Todo ello sucede dentro de la mayor impunidad para los autores de estos delitos, en ninguno de los casos hubo investigaciones a profundidad y mucho menos fueron sancionados los responsables.

Peace Watch Switzerland

Espacio de defensores/as integrado por:
Consorcio para el Dialogo Parlamentario A.C.
Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C.
Liga Mexicana por los Derechos Humanos A.C.
Servicios para una Educación Alternativa A.C.
Comité 25 de Noviembre A.C.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” A.C:


Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Comunicado de la Familia Pasta de Conchos solidarizandose con el SME

Difusión Soberanía Popular

DE LA REGIÓN CARBONÍFERA DE COAHUILA, NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL SME

Una delegación de la organización Familia Pasta de Conchos hemos venido hoy al Distrito Federal para expresar nuestra solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues compartimos su exigencia de que sea retirado el decreto que determina su extinción y les sean devueltos sus puestos de trabajo, fuente de bienestar familiar y dignidad laboral. Así como el SME nos abrió su casa para expresar las verdaderas causas del siniestro en nuestra región que nos dejó sin 65 seres queridos, y hasta la fecha, luego de 44 meses, sin los restos de 63, de la misma manera hoy queremos sumarnos a su resistencia y a su clamor por un trato respetuoso y una solución justa.

A la vez, reiteramos que hemos sostenido y probado ante las autoridades y la sociedad civil, y así lo haremos del conocimiento de la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados, que no existe ninguna razón técnica para que el Rescate de los 63 mineros aún atrapados en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, continúe suspendido. Ya hemos contactado con el diputado coahuilense Jaime Cárdenas, y aclaramos que no hay ningún contacto con la Comisión de Derechos Humanos que preside Rubén Moreira, como se ha hecho público.

El clamor de justicia y el sufrimiento de las familias sigue estrellándose ante la indolencia de los grupos de poder que gobiernan este país, uno de los cuales es Grupo México, representado por Germán Larrea y Fco. Xavier García de Quevedo, ante los cuales el Estado, es incapaz de sujetarlos dentro del marco mínimo de legalidad, precisamente porque están a su servicio.

La “Organización Familia Pasta de Conchos”, se ha mantenido durante todo este largo tiempo exigiendo lo que en justicia nos corresponde: el rescate de nuestros familiares y el castigo a los responsables de su muerte, precisamente para que la tragedia que hemos vivido no se vuelva a repetir como ha estado sucediendo en los últimos meses con otros decesos de mineros igualmente abandonados por la indolencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hemos trabajado incansablemente para que por encima de los intereses y de las ganancias de los dueños de las minas, se establezcan condiciones de seguridad que garanticen la vida de los mineros del carbón y la dignidad de ellos y sus familias, incluso en el Rescate de nuestros propios familiares. De ahí que:

DEMANDEMOS:

Al nuevo Procurador General de la República, Lic. Arturo Chávez Chávez, de trámite a la Recomendación 64/2008 de la CNDH, de modo que la PGR, extraiga de la reserva la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, y se agoten las diligencias de investigación pendientes.


A una voz ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS

EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL, FRENTE AMPLIO OPOSITOR A LA MINERA SAN JAVIER EN CERRO DE SAN PEDRO, MOVIMIENTO TODOS SOMOS ZIMAPÁN, RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ; SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA; CENTRO DE DH FRAY JUAN LARIOS; CEREAL; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO; CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA, OP, AC.; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO; CENCOS; COMITÉ DE LIBERACIÓN “25 DE NOVIEMBRE”; CENTRO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA; COLECTIVO ALAS; CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS; CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR: OBSERVATORIO ECLESIAL Y CELAMEX.

Advertencia para los sindicatos es la desaparición de LFC: el Rector


Fuente: La Jornada de Zacatecas
Difusión Soberanía Popular

MARTIN CATALAN LERMA

Francisco Javier Domínguez Garay, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), afirmó que el decreto de extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, y en consecuencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es una advertencia para todos los sindicatos del país.

Respecto a la medida implementada por el gobierno federal, “yo no me atrevería a decir si tiene razón o no el decreto. Lo único que veo es que se sumará otro montón de desempleados al más de millón y medio que hay en el país”, comentó el Rector. Por tanto, señaló la necesidad de valorar si el decreto está legalmente sustentado.

Asimismo, afirmó que es un problema laboral muy serio, cuya resolución no será suficiente con la liquidación a los trabajadores, porque la pérdida del empleo de más de 50 mil personas es lo más preocupante

Desde el punto de vista sindical, expuso que esa medida puede interpretarse como una advertencia, porque si el gobierno federal fue capaz de tomar esa medida con el SME, que es un sindicato tan fuerte, pues garantiza uno de los recursos más importantes que es la electricidad, “entonces los otros sindicatos también pueden generar cierta incertidumbre”.

Por tal motivo, expuso que aquellas decisiones que puedan generar inestabilidad social deben ser más razonadas, por lo que habrá que esperar a que el problema se resuelva de forma favorable para todos.

Por otra parte, informó que la administración central de la UAZ realizará la gestión de recursos extraordinarios para concluir el año sin problemas económicos.

Cabe recordar que el recurso necesario es de 200 millones de pesos, y aunque “hay la voluntad y el compromiso de Hacienda y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de apoyar a la universidad, aún no se sabe si el recurso alcanzará esa cifra”.

Domínguez Garay precisó que su intención ante esos organismos es mostrar que el recurso que requiere la UAZ tiene justificación y no se trata de una necedad de la institución, por lo que se espera que no se requiera alguna otra acción, más que gestionarlo.

Al respecto, informó que entre el 15 y 30 de diciembre es el plazo para que la Federación determine el apoyo que otorgará a la universidad. En esa fecha, además, la universidad tiene el compromiso con los sindicatos respecto al pago de primas de antigüedad y el aguinaldo.

Expuso que el recurso con el que cuenta la UAZ actualmente ya está etiquetado en proyectos extraordinarios para matrícula, para el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), por lo que los recursos extraordinarios de requieren para el aspecto laboral.

Insostenible, alcismo de CFE contra los municipios: Sefi


Fuente: La Jornada de Zacatecas

• Ordena la gobernadora Amalia García que se revisen los derechos de alumbrado público

Redacción

Encareció 400% la facturación de consumo de energía de 1998 a 2008: Jorge Miranda

El secretario de Finanzas (Sefi), Jorge Miranda Castro, calificó de insostenible el incremento en la facturación del servicio de energía eléctrica que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a municipios y organismos operadores de agua potable y anunció que, por instrucciones de la gobernadora Amalia García Medina, se iniciará una exhaustiva revisión del derecho de alumbrado público.

El funcionario mostró su preocupación por el incremento observado en los últimos años, lo que ha impactado de manera negativa en las finanzas de los ayuntamientos y de los organismos operadores del vital líquido. Indicó que sólo de 1998 a 2008 se observó un incremento en la facturación por encima de 400 por ciento.

Por tal motivo, informó que la Sefi iniciará una evaluación de manera precisa y concisa del derecho de alumbrado, acción que ha sido reconocida por alcaldes de varios municipios, quienes han visto en la titular del Ejecutivo su determinante apoyo y preocupación por los problemas torales del municipio.

Agregó que es extraño que los montos no se comporten con la misma intensidad conforme al crecimiento del impacto en el consumo de energía eléctrica. Miranda Castro reconoció la sensibilidad del director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, y confió en soluciones viables a favor del estado y sus municipios.

Explicó que este año ha sido difícil para los municipios, en particular por la caída en la recaudación federal participable, por lo que es inaceptable que los alcaldes se vean obligados a cubrir un servicio cada vez más caro, y en consecuencia, sus finanzas tengan presiones recurrentes en cada ejercicio fiscal.

Añadió que la idea de ese ejercicio es que los municipios, igualmente responsables de sus obligaciones, coadyuven en el pago del alumbrado público, pero siempre de manera proporcional, y ése será el objetivo a seguir.

Precisó que eso no ha ocurrido en los últimos años, lo que ha generado que varios alcaldes se vean obligados a destinar sus escasos recursos a completar el pago de alumbrado público, que sensiblemente ha perjudicado a sus finanzas locales.

El funcionario comentó que la decisión de iniciar esa revisión obedece a una petición de varios alcaldes afectados, por lo que la mandataria, consciente de la situación económica que viven, lo ha instruido para demostrar una vez más su permanente preocupación por los problemas más sensibles de la población.

La desaparición de Luz y Fuerza, antesala de una seria disputa: PRD

Crean un frente estatal de apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas

Fuente: La Jornada de Michoacán
Difusión Soberanía Popular

Los apoyarán con víveres y manifestaciones frente a la Comisión Federal de Electricidad

EDUARDO FERRER

Con su decreto “ilegal” de extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, Felipe Calderón Hinojosa confronta, polariza y pone al país en la antesala de “una seria disputa que se alargará durante mucho tiempo”. Todo esto, sin contar siquiera con la “calidad moral” para hacerlo, ya que no fue el pueblo quien lo llevó a Los Pinos, sino los grandes empresarios a los que ahora les tiene que pagar la factura por haberlo impuesto en la silla presidencial, sostuvieron ayer la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano, y el subsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la región Tepuxtepec, Andrés Servín Rezana.

“Luz y Fuerza del Centro es una empresa estratégica para la vida nacional. No podemos permitir que el SME sea herido de muerte y la única manera de salir adelante es con el respaldo de las organizaciones sociales”, urgió el sindicalista.

Previamente, Alanís afirmó: “vendrán batallas y la respuesta organizada de los trabajadores impedirá el atropello de sus derechos. Ténganse fe. En el PRD tienen un aliado. Los partidos estamos obligados a respetar la autonomía sindical, pero también a reivindicar la lucha de los trabajadores. En cada militante del PRD tienen un aliado, estaremos con ustedes dispuestos a dar las batallas que tengamos que dar”.

En ese sentido, la dirigente perredista y las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y estudiantiles que participaron ayer en el Primer Foro en Solidaridad con el SME acordaron la conformación de un bloque de izquierda que desde Michoacán apoyará las acciones que en el resto de la República realicen los 44 mil agremiados electricistas.

Derivado de esto, el partido y las organizaciones sociales que se adhirieron a la causa electricista realizarán un plantón a las afueras de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de esta ciudad el próximo viernes. Posteriormente, se llevará a cabo una conferencia magistral en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que abordará la problemática sindical que confronta a ese sector con el gobierno panista. También se celebrará un nuevo foro de solidaridad con el SME en próximo domingo 8 de noviembre. Aunado a esto, en los próximos días se llevará a cabo un acopio de víveres para los más de 300 agremiados al SME que son michoacanos.

Ayer, en la sede del partido y con la presencia de los senadores Silvano Aureoles Conejo y Jesús Garibay, Fabiola Alanís embistió en contra del gobierno panista acusándolo de preferir la “política” de la mano dura y desdeñar el diálogo con los trabajadores. “Pero hay que decir que en el decreto de extinción también hay intención privatizadora. ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a ser los beneficiados con la privatización de Luz y Fuerza? El asunto contempla manos privadas, una empresa española que se quedará con los más de mil 100 kilómetros de fibra óptica propiedad de la paraestatal. WL Comunicaciones está interesada en apropiarse de eso. Y hay que denunciar que dos ex secretarios federales, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, serán los beneficiarios de esta privatización”.

Servín Rezana cuestionó: “¿a qué obedece ese decreto de extinción? ¿A los intereses del pueblo de México o de unos cuantos? El gobierno federal ha venido acabando con todo el patrimonio del pueblo de México y unas cuantas familias poseen toda la riqueza. No es justo”.

Confrontación

Mientras tenía lugar el foro, a las afueras del partido algunos integrantes de asociaciones de izquierda en la entidad distribuían manifiestos a favor del SME donde se cuestionaba lo siguiente: “obviamente Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y empresarios como Larrea, Zambrano, Garza, González, Fernández, entre otros, tienen su plan de exterminio. ¿Cuándo las organizaciones de izquierda, en bloque, tendremos el nuestro?”.

Con sus áreas comerciales, la unidad habitacional La Margarita solventaría su mantenimiento desde 1987: CDV


Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
Difusión Soberanía Popular

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

La unidad habitacional La Margarita iba a ser sustentable económicamente en el pago de su mantenimiento desde 1987, sobre todo a través del dinero recaudado de las rentas de sus áreas comerciales comunes; sin embargo, ello no sucedió debido a irregularidades del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Así lo aseguró el coordinador del Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV), René Sánchez Galindo, quien agregó que, con base en un documento oficial que realizó la Federación de Trabajadores de Puebla de la CTM en la década de 1980, un total de 33 hectáreas de áreas comunes, comerciales y estacionamientos tenían que ser propiedad de los colonos del conjunto habitacional.

En entrevista con La Jornada de Oriente, explicó que el plan maestro de la unidad habitacional La Margarita –realizado en 1977– estipulaba que este fraccionamiento tiene 100 hectáreas, de los cuales el área de lotes de viviendas tiene 26 hectáreas, el espacio comunal –de áreas recreativas– y de estacionamientos corresponde a 32 hectáreas, la zona comercial –que cuenta con más de 60 locales– es de casi una hectárea, para las vialidades son 22 hectáreas y el área de donación al ayuntamiento de Puebla es de 19 hectáreas.

En este sentido, dijo que es falso que el Fideicomiso de la Margarita –administrado por el Infonavit– sea dueño de cinco manzanas de la unidad habitacional que miden ocho hectáreas, pues las mismas, de acuerdo a dicho plan maestro, le pertenecen a los propietarios de las 6 mil viviendas que existen en el conjunto habitacional.

Sánchez Galindo señaló que estas ocho hectáreas no se han regularizado a favor de los residentes de la unidad, al igual que otras 25 hectáreas de áreas comunes, comerciales y de estacionamientos debido a omisiones corrupción del Infonavit y pese a que se le ha solicitado al ayuntamiento de Puebla revisar esta situación, se ha negado a hacerlo.

Así, el Infonavit y varios empresarios se han apropiado de las áreas comerciales –que pertenecen a las zonas comunes–, por lo que el dinero recaudado de la renta de éstas no puede ser utilizado para el mantenimiento del conjunto habitacional y por ello la unidad habitacional se encuentra descuidada y le falta alumbrado público, entre otras cosas.

También, de acuerdo con información que ha entregado el Fideicomiso La Margarita, se explica que en las manzanas 32, 35, 36, 39 y 41 de la unidad habitacional se edificarán instalaciones deportivas, así como establecimientos comerciales, entre ellos se habla de unWal Mart.

No obstante, esta dependencia federal no debería tener domino jurídico sobre dichos predios, ya que el capítulo X del código civil del estado de Puebla dispone que las áreas comunes, desde espacios verdes, estacionamientos hasta zonas comerciales, deben ser escrituradas en forma proporcional para cada propietario de vivienda.

Lo anterior es porque se trata de una unidad habitacional que el Infonavit debió haber inscrito en un solo régimen de propiedad y condominio. Sin embargo, desde que se fundó la unidad, en 1979, los propietarios de las viviendas carecen de seguridad jurídica de las áreas comunes que de acuerdo al plan maestro de la unidad representan 33 hectáreas.

Depredadores


Fuente: La Jornada de Oriente (Tlaxcala)
Difusión Soberanía Popular

Rafael Reséndiz

Qué pena, qué vergüenza, qué tristeza, ser testigos de un hecho tan bochornoso como el ocurrido en el seno de un poder que debiera ser garante del Estado de derecho. Este suceso ubica a la entidad en la era del oscurantismo, en la plenitud del despotismo.

El déspota y su servidumbre pertenecen a una casta en la que se transmiten unos a otros no sólo la filosofía del sojuzgamiento, la trampa, el engaño, la mentira, sino también una especie de gen que los impulsa a contemplar a la sociedad desde lo alto con desprecio.

Encarnados en una democracia adaptada bajo sus propias reglas y ejerciendo desde el poder político el sometimiento, han allanado el camino para instalar la doctrina totalitaria y oligárquica, camuflada con envoltorio republicano.

No es exagerado afirmar que la división de poderes ha dejado de existir, que la voluntad ciudadana es una quimera, que sólo una voz es la que gobierna, dicta, la que se regodea enseñoreada y admira desde su palacete su pequeño reino.

Mientras sus lacayos, sus esbirros, sus bufones cumplen sus deseos, no conocen la dignidad, la ética o la moral que para ellos es un árbol que da moras. Distorsionan a su antojo el real significado de la política.

Se saben poderosos y blindados, amparados en la inviolabilidad y en la impunidad ejercen el poder sin complejos, como ridículos reyezuelos, con actitudes altivas y lejanas a la humildad y austeridad que ennoblecen el liderazgo.

Se han adueñado de entes que se suponen al servicio y defensa de los intereses ciudadanos. Los derechos humanos, la impartición de la justicia, el respeto a las leyes, la transparencia, la educación y la organización de elecciones, hoy les pertenecen.

El haber permitido que el Estado se transformara en refugio de opresores y de una maquinaria obsesionada por el poder ha sido error de los ciudadanos.

Ese yerro ha hecho posible que los depredadores se instalen como dueños de la democracia. ¿Hasta cuándo?

Ejército, factor de riesgo para la ciudadanía y para la Federación: Jairo Guarneros Sosa


Fuente: La Jornada de Veracruz
Difusión Soberanía Popular

Orizaba, Ver.- El riesgo de un estallido social no es el único escenario posible para el país a mediano plazo. Un golpe de estado militar es otro de los riesgos que vive el México actual, debido a la convulsión social que ha generado el mismo presidente Felipe Calderón, primero con su fallida lucha contra el narcotráfico y la incursión del Ejército en las calles, y ahora con los golpes asestados al sindicalismo. El país se convulsiona y esto es sumamente riesgoso, opina Jairo Guarneros Sosa, dirigente social en esta zona centro del estado.

Para él, el escenario actual de México se resume en dos palabras: alto riesgo. “Hay muchos elementos que han conjuntando para que se espere un estallido social, como lo ha dicho por ejemplo el rector de la UNAM y en su momento otros analistas. Estamos en un país en donde en los primeros tres años de gobierno se generan seis millones más de pobres, en donde el Ejército sale a las calles no para combatir al narco, sino para contener los brotes de descontento social que existen y además la presencia de la policía federal para contrarrestar los efectos sociales que ya se registran”.

El descontento social se incrementa, advierte, por las políticas erradas que aplica el gobierno federal. Ejemplifica con la desaparición de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), “la desaparición de esta empresa se aplica en el momento menos indicado debido a que el país no está caminando. No hay crecimiento, por el contrario, el mismo gobierno reconoce que se siguen perdiendo empleos y aún así se atreven a despedir más gente”.

Estos elementos, a decir del entrevistado, “se están conjugando de manera importante para que se pueda producir un estallido social”.

–¿Estará en riesgo la presidencia de Felipe Calderón?

–Eso pudiera darse. De hecho, parece que no está gobernando, parece ser que quien está gobernando es el Ejército. Cuando el Ejército hace una demostración de fuerza obliga al Congreso a que se le pueda otorgar mayor poder o impunidad a las fuerzas armadas para poder actuar contra la misma sociedad civil. El Ejército ha incluso chantajeado al gobierno de la República advirtiendo que se quiere juzgar a sus elementos, entonces ellos, los soldados, se van a retirar a los cuarteles y dejar de luchar supuestamente contra el narcotráfico.

Ahora bien si se hace una suma de todos estos elementos, según considera Guarneros Sosa, estamos en un periodo de mucha turbulencia social y de mucho descontento y se incrementará si se aprueba la propuesta del propio Calderón de cobrar el 2 por ciento en alimentos y medicinas. Ésa es la situación que se ve en todo el país y que es verdaderamente preocupante.

Pero el riesgo de un estallido social no es el único, no se descarta un eventual golpe militar:

“Puede darse un golpe de Estado con los militares, hemos señalado que cuando sacamos al Ejército a las calles ya no se quieren regresar a los cuarteles. Puede ser que un golpe de Estado también sea propiciado por un sector de poder y este riesgo se incrementa cuando el Ejército está en las calles, cuando el Ejército cada vez está más metido en las cuestiones sociales, va a ser muy difícil volverlos a meter a los cuarteles, más si hay un presidente débil, como lo es Calderón, quien desde que tomó el poder sólo ha hecho barrabasadas con la intención de legitimarse”.

Veracruz no escapa de los escenarios militares, pero en este caso, sostiene, existe la complicidad de la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Nohemí Quirasco, “en Veracruz lo grave de la presencia militar es que sus acciones son avaladas por la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que creo que su posición es señalar las constantes violaciones a los derechos humanos y no estar tanteando en que ahora el narco utiliza a grupos sociales para movilizarse contra el Ejército. Eso es un absurdo total”.

Pero el futuro social para el país, en nada cambia a lo que se está viviendo: “con el Ejército en la calle, va a ser la única manera de contener el descontento social que se siga generando de aquí adelante por la misma situación económica. Los escenarios que se pueden presentar en México son similares a los que se han vivido en países como: Argentina, Chile, Venezuela otros centroamericanos, donde las mismas condiciones económicas obligaron a la sociedad civil a saquear comercios, a protestar por la situación que se vive”.

Activistas de San Salvador Atenco piden solidaridad del pueblo potosino ante injusticias

Tres de ellos están en prisiones de alta seguridad, como si fueran narcotraficantes

Fuente: La Jornada de San Luis
Difusión Soberanía Popular

CONSUELO ARAIZA

A su paso por San Luis, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra pidieron a activistas y colectivos del estado adoptar un preso de San Salvador Atenco para motivarlo a seguir su vida y no caer ante la injusticia de ser condenado hasta con 112 años de prisión.

Las tres mujeres y Javier Ramírez, vecinos de San Salvador Atenco que vivieron las agresiones de su pueblo cuando Vicente Fox Quesada comenzaba a gobernar el país y pretendió apoderarse de sus tierras para construir un nuevo aeropuerto, vino después una lucha que desencadenó en violaciones a mujeres y ancianas del pueblo y la detención de más de 200 pobladores, de los cuales quedan 12 aún presos, nueve de ellos recluidos en el Penal Molino de Flores, condenados a 31 años de prisión y tres más, recluidos en la cárcel de alta seguridad del Altiplano, como Ignacio del Valle, sentenciado a 112 años de cárcel.

Su hija, América del Valle, permanece hoy en calidad de desaparecida, ante una orden de aprehensión que la autoridad le impuso.

Los miembros de Atenco repudiaron con los miembros del Grupo Plural, la requisa y ahora liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Mostraron el machete, el paliacate y el sombrero, símbolos del trabajo del campesino en la tierra y externaron que con San Luis se completan cinco Estados del país que visitan en su gira: “Doce Estados, Doce Presos”. Han recorrido Chiapas, Veracruz, Jalisco, Baja California y San Luis Potosí”.

Martha Pérez Pineda, de profesión psicóloga y ahora dedicada de tiempo completo a su activismo en defensa de los doce presos de Atenco, indicó que su gira pretende que cada pueblo adopte a un preso con su familia para que los ayude con despensas y boteo para reunir fondos que sustenten su defensa legal, misma que es realizada por un grupo de abogados zapatistas que trabajan sin cobrar. Expresó que a nivel internacional se ha dado a conocer la injusticia de los encarcelados de San Salvador Atenco, hasta la fecha sin lograr que el actual gobierno calderonista haga algo por liberarlos.

En un recorrido al Cerro de San Pedro, los activistas defensores de la tierra de Atenco se pronunciaron por la defensa del pueblo minero y condenaron la intromisión de la trasnacional Minera San Xavier. En su itinerario se dieron tiempo para conocer la problemática de los comuneros de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito y también con los comuneros de Santa María del Río.

“No hay quien nos saque de la cárcel”: Inés Rodolfo Cuéllar Rivera

En entrevista desde la cárcel Molino de Flores el preso Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, explicó que él no es originario de Atenco, pero fue detenido en la revuelta de manera violenta: “Me detienen en Texcoco, rodearon mi casa y era ilógico que yo estuviera en Atenco pero se meten a mi casa y los granaderos me golpearon la cabeza. Tal situación se le comentó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero ellos no hicieron caso, estoy con nueve compañeros aquí en el penal de Molino de Flores y ninguno estábamos en Atenco cuando nos detuvieron, fue una represión total e injusticia cuando nos llevaron”, dijo.

Cuellar Rivera denunció desde su teléfono celular que fue objeto de torturas al igual que sus compañeros: “Es injusto que algunos sólo pasaron por el lugar y se les detuvo y se les apresó de manera violenta y sin poderles comprobar ningún delito”.

Coincidencias con los potosinos

Ante el Grupo Plural, Martha Pérez Pineda, Javier Ramírez, Alicia Galicia y Sandra Ramírez Medina coincidieron con Manuel Gómez y Tenorio quien asentó en su discurso de bienvenida que México es ya un país con un presidente ilegítimo “igual que Micheletti en Honduras que sabe que es espurio pero gobierna en un estado de dictadura militar con el que toma instalaciones con decretos anticonstitucionales y además liquida trabajadores con dinero que el Congreso no le ha autorizado y sin embargo lo hace porque tiene a sus soldados confiado, junto a él”.

El pueblo debe unirse contra funcionarios corruptos, dicen luchadores sociales

“Los dos últimos gobiernos son muestra de los malos manejos de PRI y PAN”

Fuente: La Jornada de San Luis
Difusión Soberanía Popular

JOSÉ GUTIÉRREZ GUILLÉN

La agrupación Unión de Defensa Ciudadana, surge para agrupar a la población en defensa de sus derechos de toda índole y oponerse con razones y acciones a las medidas anti-populares y arbitrarias de las que la población es víctima; como las privatizaciones del agua potable, de la basura, del robo descarado de los parquímetros, las tarifas voraces de los recibos de agua, luz y predial, señalaron los dirigentes Arturo Pérez y Rómel Alanís.

Lamentaron de las nulas respuestas de las autoridades estatales y municipales a las peticiones de servicios públicos, a las necesidades que vive la gente y dar lucha por erradicar la miseria que padecen miles de potosinos que día con día son vejados en sus derechos.

Pérez y Alanís indicaron que lucharán hasta sus últimas consecuencias contra los funcionarios corruptos que se han dedicado a vender la tierra que les heredaron sus antepasados como sucedió con la Garita de Jalisco y hoy con la comunidad de San Juan de Guadalupe.

Otro aspecto negativo de las autoridades, indicaron, es la demolición que compañías mineras e industriales extranjeras han hecho con los cerros y montes del estado, como en el municipio de Cerro de San Pedro, la cuna del nacimiento de San Luis Potosí.

Mencionaron que la ciudadanía potosina “ya no debe aguantar a tanto funcionario corrupto de los gobiernos del PRI y PAN, que solamente se han enriquecido ilicitamente, como ha acontecido con los dos últimos gobernadores Fernando Silva Nieto, que dejó una deuda pública de tres mil 600 millones de pesos, la cual se vio superada cinco veces más por el ex mandatario panista Marcelo de los Santos Fraga, con 16 mil 267 millones de pesos, cuando miles de potosinos de las cuatro regiones se están muriendo de hambre”.

A esos nefastos personajes, dijeron, sólo les queda la cárcel y tocará decidirlo ahora al Nuevo gobierno que encabeza el doctor Fernando Toranzo Fernandez y a los nuevos 27 diputados de la 59 Legislatura, y al Poder Judicial enjuiciarlo y meterlos en prisión.

Externaron que para lograr esta lucha en contra de malos servidores públicos se necesita la participación de todos los potosinos que han sido muy agraviados en todo, desde la falta de servicios prioritarios así como con los incrementos que día con día sufre la canasta básica, “y ahora quieren hacerlo con un dos por ciento en alimentos y medicinas, lo que no es ni será nunca justo”.

Arturo Pérez y Rómel Alanís hacen una invitación al pueblo en general a que se integren a la Unión de Defensa Ciudadana, quienes hoya las 11 horas darán una conferencia de prensa en el restaurante de La Posada del Virrey.