miércoles, 22 de mayo de 2013

México, con los precios de los alimentos más altos entre países miembros de la OCDE


PATRICIA DÁVILA

MÉXICO, D.F. (apro).- México alcanzó el primer sitio entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con los precios de los alimentos más caros al dispararse 8.4% en marzo pasado, por encima de países como Grecia y España dos de los más castigados por la crisis europea.

Cecilia García, directora general de la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural, dijo que la situación se torna más desalentadora con los datos proporcionados por el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien reconoció que se prevé una inflación 3 y 4% al cierre del año, lo que obliga a poner un alto.

Por tal razón, urgió al gobierno federal y a los legisladores a evitar que México se mantenga como el país con los alimentos más caros de la OCDE, mediante acciones que impulsen los medios de subsistencia de los agricultores a pequeña escala, quienes viven en zonas rurales.

De acuerdo con datos que la FAO dio a conocer en su reporte de los precios internacionales de alimentos, en Méxicob las frutas y hortalizas experimentaron un aumento de 8.7% en su valor al consumidor final, durante el primer trimestre del año.

Dicha alza, representó un impacto del 40% en el aumento total de la canasta alimentaria rural en del país, según el organismo.

Como ejemplo, señaló que el costo total de la canasta básica pasó de 823.96 pesos en diciembre de 2012 a 838.18 pesos en marzo de 2013, por lo que considera que es indispensable abordar el acceso a los mercados para los productores a pequeña escala, mejorar la conservación de su biodiversidad, así como reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos a través de políticas públicas correctas.

La misma FAO establece que el costo de la canasta alimentaria urbana en México tuvo un aumento de 1.59%, al pasar de mil 158.60 pesos en el último mes de 2012 a mil 177.04 pesos en marzo de este año.

Por todo ello, Cecilia García, se pronunció por promover un sistema alimentario y agrícola más incluyente con promoción de las redes locales y regionales que pongan en relieve el valor de los alimentos y cultivos olvidados.

Comentó que es necesario que el gobierno federal, a través de las secretarias vinculadas con la producción alimentaria, y el Congreso de la Unión consideren las recomendaciones internacionales en el sentido de contar con un inventario de especies locales, indígenas e infrautilizadas que son potencialmente importantes para la seguridad alimentaria.

La activista, insistió en que no puede pasarse por alto que la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico diera a conocer que México el aumento en el precio de los alimentos alcanzó un nivel de 8.4% en marzo de 2013, con lo que se colocó con el mayor registro de precios en las 34 naciones que conforman la organización.

Denunciarán a Calderón en la CIDH por extinción de Luz y Fuerza


ROSALÍA VERGARA

MÉXICO, D.F. (apro).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) interpondrá el próximo viernes 24 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el el expresidente Felipe Calderón por la presunta violación de los derechos humanos de los electricistas con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en 2009.

En rueda de prensa, Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del SME, indicó que este miércoles 22 una comisión sindical viajará a Washington, DC, sede de la CIDH, para señalar directamente a Calderón por ordenar la extinción de la paraestatal, dejando en el desempleo a 22 mil trabajadores.

Además, recordó que desde hace más de tres años y medio el sindicato lleva a cabo una lucha jurídica, civil y pacífica por la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente en octubre de 2009.

Montes de Oca recordó que el 13 de septiembre pasado el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo otorgó al SME un amparo que ordenaba la reinstalación de los trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como patrón sustituto.

El amparo, destacó, “se convertía en una oportunidad histórica del gobierno mexicano para solucionar un conflicto de más de tres años y medio, restituyendo sus derechos a miles de trabajadores electricistas, pero un acto de ilegalidad e injusticia, ocurrido el 30 de enero, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revocó ese amparo”, se quejó.

Luego de agotar las instancias internas, decidieron acudir ante la CIDH para acusar a Calderón, a los 11 ministros de la SCJN y a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Trabajo, Energía, Economía y Hacienda durante la gestión calderonista.

Asimismo, a las entonces autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y CFE por violar los derechos humanos de los electricistas, entre ellos a la seguridad social, a la salud, a las garantías judiciales y a la libertad de asociación.

Chihuahua: matrimonio gay llevará denuncia por discriminación a organismos internacionales


PATRICIA MAYORGA

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- A siete meses de que la empresaria Carla Herrera Guerrero demandó al Club Campestre por discriminación, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua sigue sin proceder legalmente contra 14 directivos de dicho centro recreativo, a pesar de las pruebas que los incriminan.

Harta de esperar justicia, la empresaria advirtió que si la dependencia no actúa en los próximos 15 días interpondrá una denuncia ante organismos internacionales para hacerse escuchar.

Herrera Guerrero demandó al Club Campestre en octubre pasado, luego de que los directivos de dicho centro le negaron la inscripción a su esposa Liliana Victoria Aún Caraveo al considerar que el matrimonio entre ambas mujeres es “inmoral y un mal ejemplo” para los socios. En esa ocasión, la única salida que le dieron es que la inscribiera como su sirvienta para permitirle el acceso.

En marzo de 2012 la empresaria intentó de nueva cuenta inscribir a su pareja, pero el Club se negó a hacerlo otra vez. Carla Herrera presentó una denuncia ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), y el 30 de julio siguiente la institución resolvió a favor del matrimonio.

El abogado defensor, David Peña Rodríguez, dio a conocer que las autoridades estatales integraron la carpeta de investigación por el delito de discriminación contra 14 personas señaladas como responsables, y hay suficientes elementos, dijo, para formular la acusación.

Detalló que, como primer paso, un grupo de diputadas federales presentará un punto de acuerdo ante el Congreso de la Unión para exhortar al gobierno de Chihuahua a concluir el caso, y si en 15 días no se realiza la imputación respectiva, las agraviadas acudirán ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

David Peña explicó que con la recomendación de la Conapred, los acusados reconocieron haber cometido irregularidades, por lo que admitieron el ingreso de Liliana Victoria al Club Campestre, pero expulsaron a Carla.

“Resulta contradictorio cuando no sólo se reconocen irregularidades, sino que se comete un nuevo acto de discriminación. Queremos pensar que no es de manera deliberada, pero con esa defensa se actualiza delito de discriminación”, señaló.

Peña Rodríguez mencionó que los directivos del Club Campestre no sólo negaron la inscripción a la empresaria, sino que atacaron su vida personal. Los documentos que lo comprueban, dijo, se encuentran en la carpeta de investigación.

“Lo que nos preocupa es que la Fiscalía, a pesar de declaraciones de los responsables y argumentos de la Conapred, se siga resistiendo. Tenemos confianza en las autoridades, pero lo que consta en carpetas es suficiente, hay sustento para hacer una imputación”, reiteró.

El abogado señaló que si el caso llega a la CEDAW, ésta pedirá información al gobierno mexicano y éste, a su vez, tendrá que obligar al gobierno del estado a que explique su actuación.

Denuncian presuntas licitaciones amañadas en Petróleos Mexicanos


FERNANDO INÉS CARMONA

Orizaba, Ver.- En Petróleos Mexicanos (Pemex) continúan las prácticas de presunta corrupción y de tráfico de influencias aun con el cambio de gobierno. La licitación para la distribución de medicamentos y contratación de servicios médicos subrogados estaría empañada por presumibles actos que caerían en ilícitos, “con grandes ganancias para funcionarios de la empresa”.

De acuerdo a documentos que posee La Jornada Veracruz, la subdirección de Servicios de la Salud de Petróleos Mexicanos sería la dependencia desde donde se maquinan licitaciones amañadas para favorecer a determinados proveedores de la empresa.

El problema parte de la licitación para distribuir medicamentos para los Servicios Médicos Directos en 47 farmacias y los Servicios -médicos- Subrogados. De acuerdo a los mismos documentos se detecta que “en las licitaciones anteriores de los Servicios de Medicamento para las 44 farmacias directas se adjudicó este Servicio a la Empresa Farmacéutica Maypo, propiedad de Jesús Carlos Arenas (LA-018T41026T8-2011) la cual se derivó -dice el documento- de una licitación amañada que fue como un traje a la medida”.

Esa licitación, explica uno de los empresarios del giro farmacéutico -de esta zona de Orizaba y participante en las licitaciones-, “fue realizada por el subdirector, Víctor Manuel Vázquez Zarate, y el gerente de Servicios Médicos, Jorge Phortoz López Escalera”. De hecho se revela que en uno de los apartados de la licitación, “se hablaba de la instalación de un centro de distribución de medicamentos, mismo que ha sido un total fracaso al registrarse dentro de estas instalaciones robos hormiga de medicamento controlado (que puede tipificarse como delito federal, al tratarse de sustancias adictivas) y que misteriosamente no han sido deslindadas las responsabilidades correspondientes”.

En este evento, no se ha hecho las investigaciones “ni por el lado administrativo y legal y mucho menos por el área de recursos humanos”. A esto, se continúa, hay que agregar que hoy en día en ese almacén central de medicamentos, existen alrededor de 300 millones de pesos en medicamentos caducos, que se encuentran en malas condiciones por errores en su almacenamiento ya que aun y cuando debieron mantenerse en refrigeración con una temperatura controlada menor a 8 grados centígrados, no se hizo así.

“Para los casos de la mayoría de las vacunas y algunos medicamentos biológicos, esto no fue respetado ocasionando que no fueran utilizados o en su defecto aplicados con los riesgos de provocar en el caso más grave una intoxicación y en lo menos un efecto nulo”, precisa el entrevistado, quien pidió el anonimato.

Esta empresa “se convirtió en juez y parte porque sus precios en el manejo del almacenamiento y la distribución favorecieron a las empresas distribuidoras e intermediarias de la industria farmacéutica. El mecanismo de licitación se basó solamente en el precio y no es la percepción más integral y de diversificación de las labores de salud dentro de la paraestatal; al final, las licitaciones no tienden a resolver las especulaciones que derivan en desabasto sólo para aumentar precios de suministro vía intermediarios”.

Las licitaciones a las que se hace referencia en los documentos son, entre otras: servicios de operación logística integral, que incluyen la recepción, almacenamiento, control, distribución y entrega de medicamentos a 47 farmacias del sistema de salud de Petróleos Mexicanos; así como su dispensación en 78 localidades en donde no se cuenta con farmacias directas con numero LA-018t4i026-t6-2013.

“Adquisición de 578 líneas de medicamentos, registrados por la Secretaría de Salud, requeridos para las unidades médicas que integran el sistema de servicios de salud de petróleos mexicanos, para el periodo 2013 con numero LA-018t4i026-t7-2013”.

Señala que, aun cuando ya se vio lo caro y la gran cantidad de medicamentos desperdiciados con el esquema de distribución que se implantó para las 44 farmacias en el LA-018T41026T8-2011, no se han ejecutado las investigaciones, “pero ahora se vuelve a presentar la licitación es este esquema, pero se integran a ellas los centros foráneos subrogados, y se hace multianual, hasta el 2015”.

Hay otro dato, según revela: “Además de que se da ya como ganador en la licitación de distribución a Maypo, al manejar como el almacén de concentración, en la licitación de medicamentos (LA-018T4I026-T7-2013), pero para cerrar el paso a posibles competidores, “se aplicaron una serie de requisitos difíciles de cumplir en el tiempo estimado entre las publicación de las bases de la licitación y le entrega de las propuestas, como son las características del almacén (ubicación, temperatura, humedad, capacidad) y la infraestructura (sistemas informáticos específicos de PEMEX) de los mismos y que sin embargo ya tiene el almacén de Farmacéutica Maypo, al ya tener un almacén actualmente funcionado, por lo que se le da una ventaja que no debería de tener.

Otra irregularidad es la encontrada en la página 45, del anexo 2, de la misma licitación, donde se realiza la solicitud de un contrato cumplido satisfactoriamente, “firmado y adjudicado a nombre del licitante, con sus anexos y completo, en donde se acredite haber proporcionado servicios especializados de operación logística de almacenaje, distribución y entrega de medicamentos, equivalentes a los requeridos en la presente convocatoria, a dependencias y entidades del sector público, con lo cual se da ventaja una vez más a la empresa que ya cuenta con un contrato de este tipo con la empresa”.

En resumen, señala que los actos de corrupción en las licitaciones de Pemex “no son cosa del pasado, sino que se tratan de hechos que aún persisten y que aún causan daños a terceros por todo esto esperamos la intervención del director y se investiguen estos actos de corrupción”.

Por captura de 4 integrantes del ‘grupo de autodefensa’, retienen a militares en Buenavista


Agencia Esquema

Buenavista Tomatlán, 22 de mayo.- Pobladores de este municipio retuvieron a más de 20 elementos del Ejército Mexicano en protesta por la detención de cuatro integrantes del grupo de autodefensa de Buenavista.

La retención se realizó al filo de las 14 horas, en la entrada a esta localidad, donde momentos antes el Ejército había detenido a los cuatro guardias civiles cuando éstos hacían labores de vigilancia. Los habitantes advirtieron que no liberarán a los soldados hasta que les entreguen a sus cuatro compañeros.

Alrededor de cien personas rodearon a los uniformados y les pidieron que las acompañaran al pueblo. Al verse superados en cantidad y conscientes de que resistirse podría generar mayor riesgo para ellos y los manifestantes, los efectivos de la Sedena decidieron acatar las indicaciones de la gente.

Así, fueron conducidos en calidad de retenidos hacia una base del grupo de autodefensa, ubicada a la entrada del pueblo. Mientras tanto, cerca de ahí se mantiene un bloqueo sobre la carretera a Apatzingán, también como medida de presión para que sean liberados los cuatro detenidos.

Al menos dos helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina realizan sobrevuelos en el área, y otro grupo de agentes federales y soldados se mantiene en tierra a la espera de indicaciones.

Pasadas las 16:00 horas, se pudo ver la llegada a la zona de más de 50 camionetas del Ejército Mexicano, así como un camión Mercedes Benz y siete patrullas de la Policía Federal, en las cuales iban cientos de elementos, se cree que con la finalidad de rescatar a sus compañeros, aunado a las tensas y largas pláticas que mantienen ambas partes y que de no llegar a ningún acuerdo podrían culminar en un enfrentamiento.

Líderes de la APPG expresan su apoyo a mineros en recorrido


RAYMUNDO RUIZ, CORRESPONSAL

Taxco, 21 de mayo. Durante un recorrido que hicieron hoy por la mañana líderes de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) en los cuatro puntos donde mantienen las guardias los mineros de la sección Taxco, para conocer las condiciones en que laboran, denunciaron que el gobierno federal “se ha burlado de los obreros” que están a punto de cumplir seis años de una huelga “que es histórica”, debido a la falta de una negociación para reabrir las fuentes de empleo. Desde las 9 de la mañana, los dirigentes arribaron al salón de actos del sindicato para tener un primer encuentro con la base trabajadora. El luchador social y líder de la APPG, Pablo Sandoval Cruz, condenó los ataques que ha tenido la sección 17 por parte de la Industrial Minera México (IMMSA), respaldó a los obreros y se solidarizó a través de un recorrido que hizo, emitiendo su apoyo. Denunció que el gobierno federal “siempre ha estado contra la lucha obrera y campesina, tratando de desmantelar los sindicatos para favorecer a los empresarios”. Aseguró que la defensa a los mineros es prioridad de la APPG; respaldó al líder nacional exiliado en Vancouver, Canadá, Napoleón Gómez Urrutia.

Libera la Crac al juez y a los dos agentes del MP que apresó la Policía Comunitaria


MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 22 de mayo. El gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Gobierno, resolvió antes de las 2 de la tarde de ayer las detenciones del juez y del agente del Ministerio Público que fueron aprehendidos en la mañana por policías comunitarios de Ayutla.

El juez y el fiscal fueron liberados luego de que el gobierno estatal y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) acordaran la garantía de respeto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley 701, que sustentan el derecho y cultura indígenas de los pueblos originarios, incluida la razón de ser de las policías comunitarias.

La casa de justicia de la Crac en El Paraíso, Ayutla, precisó que liberación se dio a la 1 de la mañana de hoy. La detención del juez y el agente del MP fue supuestamente por violar el perímetro comunitario al intentar detener a una mujer acusada de fraude.

En el caso de los seis policías ministeriales, insistió la organización, sólo los desarmaron.

La Crac informó que a nombre del gobierno del estado estuvo en Ayutla el subsecretario de Gobierno, Óscar Chávez, con quien llegó a acuerdos.

Siguen los amagos a promotores de la Crac en Tixtla, denuncian


Los guardias saldrán armados a las comunidades que requieran de su respaldo: Pastor Coctecón

MARGENA DE LA O ( Enviada)

Acatempa, 22 de mayo. El comisario de Acatempa, Pastor Coctecón Plateado, denunció que las amenazas contra él y el resto de los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) siguen, pero insistió en que saldrán armados a las comunidades que requieran de su respaldo.

Adelantó que la Policía Comunitaria de la cabecera municipal de Tixtla ya está lista para sumarse a la Crac. Actualmente cuatro pueblos de Tixtla están sumados al sistema de justicia comunitaria, adscritos a la casa de justicia de El Paraíso, Ayutla: Acatempa, Zacazonapa, Tecocintla y El Troncón.

En conferencia de prensa en la comisaría municipal, dijo que lo siguen amenazando por teléfono; incluso comentó que apenas ayer (lunes) le llamaron para intimidarlo. “Me dicen que me aplaque, que deje de movilizarme contra el gobierno”, relató.

Dijo que no sabía cuál es el origen de esas amenazas, pero aseguró que aún con ello “no nos vamos a hacer para atrás”. Comentó que el único objetivo de la Crac es dar seguridad; “que esas personas (delincuentes) trabajen donde quieran, pero que no se metan con nosotros”.

Mencionó que ayer les llamaron de la casa de justicia de El Paraíso para informales de la detención de los seis policías ministeriales, un agente del Ministerio Público y un juez que violaron territorio comunitario, aviso que los puso en alerta. A pregunta expresa, aclaró que en caso de que las comunidades les pidan seguridad, se la darán, aunque implique salir armados de su territorio.

El comisario de Acatempa también puntualizó que la comunidad no respalda el movimiento de la Universidad Autónoma Latinoamericana y Caribeña (Ualca), en Atliaca.

Detalló que esa comunidad buscó un diálogo con Acatempa para su inclusión en la Crac, pero precisó que no fue aceptada porque se trataba sólo de unas personas, “y nosotros les dijimos que no, que si el diálogo no se da con el pueblo, entonces no, porque nosotros no hacemos nada a escondidas”.

Continúa la Crisis Inmobiliaria

EN CONCRETO
Laura Itzel Castillo
22 de mayo de 2013

La crisis que se vive en el sector inmobiliario mexicano, ha dado como consecuencia que el actual gobierno anuncie una inversión de 15 mil millones de pesos para el año 2013, que tiene como objetivo rescatar de la quiebra a las empresas del sector y evitar la caída en la Bolsa de Valores.

Según datos de la Coalición Internacional Hábitat, para América Latina, en el año 2005 en México participaban en el mercado inmobiliario 1,200 desarrolladores privados. De los cuales 6 concentraban casi el 25% del total de la producción.

Dentro de ellas están ARA, GEO, URBI, SARE, HOMEX, y HOGARB, quienes cotizan mediante el Índice Hábita en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La revista Obras, reportó que del 2000 al 2007 este Índice Hábita (IH), tuvo un rendimiento de 1118%, muy por encima del sector de la construcción que tuvo en ese momento más de 400%.

No es la primera vez que se les inyectan recursos, ya en el 2009 se otorgaron 60 mil millones y en el 2010, 16 mil más.En aras de continuar construyendo y no frenar el denominado “Tren de Vivienda” se promueven Unidades Habitacionales alejadas de los centros urbanos, inmersas en los predios ejidales y comunales. Con esta lógica financiera, muchas de las viviendas se sobrevalúan, para que se mantengan las utilidades empresariales y las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.

La producción masiva, promovida por el gobierno, mantiene la apariencia de un exitoso negocio, que atrae a los accionistas de la BMV, pero que genera una burbuja inmobiliaria.

La nota del 17 de mayo en CNN Expansión es reveladora: “El volumen operado de acciones de las vivienderas se disparó en la BMV porque nadie quiere tenerlas: estas emisoras han salido de los portafolios de inversión de las casas de bolsa por su alto riesgo”

En los últimos 12 meses, las acciones de URBI han perdido 83% de su valor, HOMEX 67% y GEO 62%.

Por lo pronto, el anunciado Plan Nacional de Vivienda, promete continuar con el desarrollo inmobiliario, a pesar de tantas evidencias de los fracasos acumulados.

Capitales - Columna semanal de Sergio Aguayo


Creció el poder de las élites y la conciencia de la sociedad pero se mantuvieron casi intactos los tapones que frenan la participación social.

En los últimos 20 años México dejó de ser un país presidencialista y centralista; grandes porciones de poder se lo apropiaron las élites (tradicionales o nuevas) entre las que se encuentran los cárteles, los gobernadores, los líderes sindicales, los multimillonarios y los partidos políticos.

Los valores políticos también se transformaron. Aunque los porcentajes varían por encuestadora, hay un alto respaldo a la democracia como forma de gobierno y una gran insatisfacción por la manera en que funciona. También se amplió la certidumbre de que se tienen derechos y se valora la participación social (según la última Encuesta Mundial de Valores la sociedad da casi el mismo nivel de confianza al movimiento feminista que a las Fuerzas Armadas). Sin embargo, la participación en asuntos públicos, partidos políticos y organismos civiles se ha desplomado o estancado (ronda 20% de la población adulta). Ese taponeo provoca frustración, desencanto y pasividad y obstaculiza la solución de muchos problemas.

Las cifras muestran un patrón: a mayor capital social positivo menores niveles de violencia y mejores gobiernos locales. Cuando una persona canaliza sus deseos en acción colectiva que se institucionaliza se crea capital social positivo (es el caso, por ejemplo, de los medios independientes o de los organismos civiles y empresariales). El tejido social negativo serían las redes corruptoras o delincuenciales.

En México el acceso a la información y la libertad de expresión, entre otros factores, han permitido un fortalecimiento relativo del capital social. Sin embargo, su crecimiento ha sido desigual o se ha frenado por la ceguera cortoplacista de las élites que, salvo algunas excepciones, han saboteado las instituciones que deberían ser conducto entre sociedad y gobiernos. Por lo general, los partidos se alían con las élites; los organismos públicos que tutelan derechos, o los consejos ciudadanos tan comunes hoy en día son copados y cooptados por quienes gobiernan transformándose, por tanto, en vistosos pero irrelevantes floreros.

La relación entre sociedad y élites es diferente en cada estado y región. Es un rompecabezas en constante movimiento que apenas empezamos a apreciar en toda su complejidad. El Distrito Federal, por ejemplo, ha disfrutado y padecido las consecuencias del centralismo; es el espacio geográfico con mayor concentración de capital social. En este lugar florecen medios independientes, universidades, centros de investigación, organismos civiles, movimientos sociales, cámaras empresariales y organizaciones vecinales que gradualmente se profesionalizan y especializan en el arte de enfrentarse a los jinetes del urbanismo salvaje y sus aliados en el gobierno. Puede afirmarse que en el Distrito Federal hay relativamente menos obstáculos a la participación que en otras ciudades.

Los organismos en la ciudad tienen como particularidad que incorporan en sus objetivos la agenda nacional (en el interior del país no es una práctica tan marcada). Recapitulemos. Los médicos se movilizaron en la capital contra el autoritarismo sindical en 1965; aunque los estudiantes protestaron en 1968 por agravios locales su pliego petitorio iba en general contra la violencia estatal; las grandes marchas de 2008 y 2011 contra la violencia se hicieron teniendo en mente lo que pasaba en el país; y el Movimiento YoSoy132 en su primera etapa se centró en la democratización en los medios.

La izquierda ha triunfado en la capital desde 1997 porque había una base electoral y un tejido social que le ha permitido permanecer en el cargo, mientras que en otras entidades (Zacatecas, Baja California Sur y Michoacán) ha carecido de la consistencia para permanecer, trascender y distinguirse. A los gobiernos capitalinos hay que reconocerles algunas mejoras en atención a grupos vulnerables, en el transporte colectivo y en la ampliación de libertades. Sin embargo, se han olvidado de combatir el urbanismo salvaje, una corrupción que toleran porque les beneficia. Un ejemplo inmediato fue el escándalo del fin de semana: el desalojo en Tlalpan que sacó a la luz la existencia de redes de "compañeras" y "compañeros" que destrozan los bosques del sur. Entre otras omisiones estaría su incapacidad para frenar el cerco de violencia que poco a poco rodea a la capital.

En la agenda de prioridades de la sociedad organizada debe estar alentar a la ciudadanía, canalizar su conciencia, reflexión y energía en organizaciones que nutran el capital social; el desazolve de los tapones estructurales a la participación ciudadana; y, en el caso de las organismos establecidos en la capital, el dedicar tiempo al DF, donde es posible una alianza virtuosa entre vecinos, activistas, periodistas, académicos y políticos de diferente signo que logre el predominio del capital social positivo sobre el negativo.

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