Acribillan a otro adolescente en Juárez
la redacción
MÉXICO, D.F., 20 de febrero (apro).- Un estudiante asesinado y otro herido es el saldo de un nuevo ataque a jóvenes en Ciudad Juárez, reportó la Procuraduría del estado de Chihuahua.
Como ocurrió hace tres semanas, cuando un comando acribilló a 15 jóvenes, en esta ocasión los adolescentes, al parecer alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, se encontraban en una fiesta cuando desde un auto en movimiento les dispararon.
Los hechos ocurrieron ayer viernes a las 21:30 horas, en la calle Vista Hermosa, en el fraccionamiento del mismo nombre.
Por otro lado, hoy una persona fue ejecutada cuando circulaba en una camioneta de reciente modelo sobre la avenida Aeropuerto, del mismo municipio juarense.
Fuente: Proceso
Difusión: AMLO TV
domingo, 21 de febrero de 2010
Custodios de Prevención golpean y amenazan a reportera de Misantla
❚ESPOSA DEL TITULAR REPARTÍA DESPENSAS EN CAMIONES OFICIALES, CON FINES PROSELITISTAS
La corresponsal en Misantla del periódico La Opinión de Poza Rica, Irma Vázquez Colorado, fue agredida físicamente y amenazada de muerte por personal a cargo del director de Prevención y Readaptación Social del Estado, Samuel Juárez y López, cuando tomaba fotografías a dos camiones torton que estaban llenos de despensas y eran repartidas por un grupo de personas encabezado por la esposa del funcionario del gobierno fidelista, para solicitar el voto a favor de Samuel Juárez.
Los hechos se registraron ayer por la mañana, en la colonia Vicente Guerrero del municipio de Misantla, en donde la reportera fue golpeada, “la arrastraron de los cabellos unos metros y quienes la golpearon señalaron que eran elementos de custodia de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado”.
Acompañada de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos Digna Ochoa, de periodistas y de pobladores inconformes ante los hechos, la reportera interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de ese municipio, en el que se abrió la investigación ministerial 120/2010-mis-02.
La denuncia fue interpuesta por los delitos de lesiones y amenazas de muerte contra quien resulte responsable, mientras que por los delitos de robo de cámara y una esclava de oro en contra de Vianey de Juárez, esposa del funcionario estatal, “ella fue la que le quitó la cámara, porque junto con otras personas repartía las despensas mientras pedía el voto a favor de su marido, quien quiere ser alcalde por el PRI”.
Ignacio Ochoa y Plácido, presidente de la Comisión de Derechos Digna Ochoa y Plácido, dijo que también interpondrán una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “porque la reportera sólo realizaba su trabajo, hay lesiones visibles, pero tiene dolores en la cadera y cuello, ya que la patearon en todo el cuerpo y la arrastraron jalándola de los cabellos, así lo ha manifestado la periodista, por lo que pedimos que se haga justicia”.
Fuente: La Jornada de Veracruz
Difusión: AMLO TV
La corresponsal en Misantla del periódico La Opinión de Poza Rica, Irma Vázquez Colorado, fue agredida físicamente y amenazada de muerte por personal a cargo del director de Prevención y Readaptación Social del Estado, Samuel Juárez y López, cuando tomaba fotografías a dos camiones torton que estaban llenos de despensas y eran repartidas por un grupo de personas encabezado por la esposa del funcionario del gobierno fidelista, para solicitar el voto a favor de Samuel Juárez.
Los hechos se registraron ayer por la mañana, en la colonia Vicente Guerrero del municipio de Misantla, en donde la reportera fue golpeada, “la arrastraron de los cabellos unos metros y quienes la golpearon señalaron que eran elementos de custodia de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado”.
Acompañada de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos Digna Ochoa, de periodistas y de pobladores inconformes ante los hechos, la reportera interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de ese municipio, en el que se abrió la investigación ministerial 120/2010-mis-02.
La denuncia fue interpuesta por los delitos de lesiones y amenazas de muerte contra quien resulte responsable, mientras que por los delitos de robo de cámara y una esclava de oro en contra de Vianey de Juárez, esposa del funcionario estatal, “ella fue la que le quitó la cámara, porque junto con otras personas repartía las despensas mientras pedía el voto a favor de su marido, quien quiere ser alcalde por el PRI”.
Ignacio Ochoa y Plácido, presidente de la Comisión de Derechos Digna Ochoa y Plácido, dijo que también interpondrán una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “porque la reportera sólo realizaba su trabajo, hay lesiones visibles, pero tiene dolores en la cadera y cuello, ya que la patearon en todo el cuerpo y la arrastraron jalándola de los cabellos, así lo ha manifestado la periodista, por lo que pedimos que se haga justicia”.
Fuente: La Jornada de Veracruz
Difusión: AMLO TV
Recursos contra bodas gay, notoriamente improcedentes, resuelve la Suprema Corte
Desecha impugnaciones de los gobernadores de Guanajuato, Morelos y Tlaxcala
La Ley aprobada en el Distrito Federal no afecta a otras entidades, subraya el ministro Valls
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
México, DF 19 de febrero.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó por considerar que eran de manera “manifiesta e indudable” improcedentes, los recursos de controversia constitucional promovidos por los gobernadores de Tlaxcala, Morelos y Guanajuato, en contra de las reformas legales que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en torno al matrimonio entre personas de un mismo sexo, y la posibilidad que estas parejas tienen de poder adoptar menores de edad.
El ministro Sergio Valls Hernández dio a conocer en los estrados del máximo tribunal que “se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional”, ya que lo aprobado por el órgano legislativo del Distrito Federal, no afecta su esfera de atribuciones.
En sus argumentos el ministro Valls, quien sí dio entrada a la controversia constitucional promovida por la Procuraduría General de la República, señaló que los mandatarios Héctor Ortiz Ortiz, Marco Antonio Adame y Juan Manuel Oliva Ramírez no tienen interés jurídico en este caso.
Explicó que “los actos del estado civil (matrimonio) ajustados a las leyes de un estado, tendrán validez en los otros, pero las leyes de un estado sólo tendrán efectos en su territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él”.
Es decir jurídicamente un matrimonio del mismo sexo no deja de serlo en una entidad distinta al Distrito Federal, pero la ley que hizo posible esa circunstancia no es de obligatoria aplicación en una entidad distinta a la capital del país.
“Los actos del estado civil realizados conforme a tales leyes (del Distrito Federal), es ajena totalmente a la esfera de facultades o atribuciones de los estados, en tanto no constituye un acto individual y concreto que en forma patente afecte su autonomía o atribuciones”.
Y como consideró “que al no existir un principio de agravio en su esfera, el estado promovente (Guanajuato, Tlaxcala y Morelos) carece de interés legítimo”.
Explicó que “contrario a lo que afirma el actor (los gobernadores de Guanajuato, Morelos y Tlaxcala) la ley impugnada no le impone ningún deber jurídico”, por lo que “no existe la posibilidad para que promueva de manera directa controversia constitucional en defensa de derechos de tutela individual relativa al estado civil de las personas”.
Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: AMLO TV
La subcontratación, nuevo modelo de esclavitud laboral en Michoacán: COR
Al menos el 10% de la población ocupada labora por medio del outsourcing
Es uno de los beneficios legales para las empresas con el cual reducen costos de producción
CHRISTIAN HERNÁNDEZ
Actualmente se desconoce la cifra exacta de trabajadores que laboran bajo el esquema de subcontratación o mejor conocido como outsourcing en el estado, sin embargo, según estimaciones de diversos representantes del ramo laboral, el porcentaje podría representar alrededor del 10 por ciento del total de Población Ocupada (PO), y la mayoría de éstos se encuentran en empresas dedicadas a la prestación de servicios. La relación de trabajo para estos michoacanos se caracteriza por ser una con las menores remuneraciones y con el mínimo de prestaciones, situación que es válida a la luz de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que es uno de los beneficios legales a los que pueden acceder las empresas para reducir los costos de producción.
La principal actividad para la que se contrata este tipo de empleados es para la limpieza, además de otras de carácter industrial, de venta de automóviles y de atención en mostradores de empresas departamentales o en empresas dedicadas al ramo del entretenimiento, como los cines.
Según la opinión del líder la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), Rafael Alzate Núñez, eloutsourcing es “la nueva modalidad de la esclavitud”, ya que los trabajadores contratados bajo este esquema laboran en empresas sin saber que legalmente trabajan para otras (las subcontratantes) que no les aseguran el pago de las prestaciones y donde su relación laboral es precaria.
En este sentido, el líder obrero apuntó que en Michoacán y en el resto del país, el uso de esta modalidad ha ido en incremento ya que se asegura un ahorro para la clase empresarial, pues ya no son responsables directos del personal que produce la riqueza al interior de la unidad productiva.
Y es que el derecho de antigüedad simplemente está vedado para las personas que venden su fuerza de trabajo bajo este esquema y que trae consigo todas los consecuencias que de ello derivan, entre éstas, no son susceptibles de conseguir un crédito para vivienda dado que los contratos son temporales, generalmente de tres meses; no hay aumento de sueldo, no cuentan con fondo de ahorro para el retiro; el pago de aguinaldo y de reparto de utilidades es nulo, o en el mejor de los casos, precario, y no existen vacaciones.
Existe una brecha considerable entre los derechos que gozan los contratados bajo el outsourcing y los trabajadores sindicalizados, ejemplificó, pues además de contar con las prestaciones mencionadas, cuentan con los beneficios del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
En cuanto a las estadísticas del número de trabajadores bajo la nueva modalidad del trabajo, que puede considerarse como una “triangulación” de la relación laboral, Alzate Núñez mencionó que sólo el 25 por ciento de la PO michoacana es sindicalizada, y el resto son empleados que pueden estar laborando bajo la subcontratación.
Una aproximación a cuál es la cantidad de estas personas la presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que registró para el último trimestre del 2009 a 183 mil 527 trabajadores –el 10 por ciento de la PO– con las siguientes características: trabajadores subordinados remunerados, con contrato escrito y que reciben aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo o reparto de utilidades, es decir, sólo dos prestaciones de ley.
En cuanto a las empresas que realizan estas prácticas se encuentran las tiendas departamentales –principalmente cadenas trasnacionales extranjeras, o mexicanas, como las manejadas por el hombre más rico del país, Carlos Slim Helú–, algunas universidades privadas, empresas dedicadas a la venta de automóviles, establecimientos industriales –como las industrias del acero- y la administración pública, en varios de sus niveles de gobierno.
La ubicación geográfica de las empresas que utilizan a empresas para que les contraten trabajadores en Michoacán es Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zamora, según mencionó el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Jaime Bárbara Martínez.
Evasión legal de responsabilidades
“El que los empresarios utilicen este sistema para ahorrarse costos con los trabajadores no me sorprende; me sorprende que sea también el gobierno el que use el outsourcing, cuando se supone que debe ser el primero en defender los derechos de la sociedad”, señaló Alzate Núñez.
Por su parte, el delgado del Trabajo en la entidad señaló que esa figura de relación laboral es legal y está considerada en la LFT, y reconoció que es un mecanismo utilizado por los empresarios para disminuir los costos de producción.
En este sentido, señaló que urge una reforma a la legislación laboral en el país, donde se incluya la regulación de este esquema de contratación para asegurar la protección de los trabajadores.
Hasta la fecha la delegación no ha atendido algún caso en el que se presente una violación a los derechos de los empleados bajooutsourcing en la entidad, pues, insistió, “es una figura legal” que se convierte en un beneficio para los empresarios.
El principal problema que se ha encontrado, señaló, es que los trabajadores desconocen que legalmente laboran para una empresa distinta a la que guarda su espacio de trabajo; y la prestación que se evade es básicamente el reparto de utilidades. “Se puede evitar el derecho del pago de utilidades porque el trabajador legalmente está trabajando para una empresa que no tiene utilidades –entonces no las reparten–- mientras que en el lugar donde ellos trabajan físicamente se ve que hay una prosperidad”.
Trabajo precario
Por su parte, el director de la Escuela de Educación para Trabajadores (Eedut), Raúl Jiménez Lescas, consideró que esta modalidad de contratación contribuye a precarizar las condiciones laborales, pues no se pagan las prestaciones correspondientes, se trata de un empleo legalmente temporal, ya que les renuevan el contrato cada determinado tiempo, y se generaliza en las actividades que requieren de menor preparación.
En este sentido, señaló que las actividades de limpieza en grandes empresas e industrias, y en varias dependencias de gobierno, se realiza con personal empleado bajo esta figura, y su salario generalmente se reduce al mínimo, que en la entidad equivale a 54 pesos.
De esta manera, la diferencia salarial se incrementa con relación a los trabajadores que realmente trabajan para la empresa en la que realizan sus labores, y que puede ser por lo menos del doble, al igual que la cantidad y calidad de las prestaciones que reciben.
Fuente: La Jornada de Michoacán
Difusión: AMLO TV
La milicia debe regresar a sus cuarteles: CDHEM
CUERNAVACA. Al conmemorarse el 97 aniversario de la creación del Ejército Mexicano, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM), José Fausto Gutiérrez Aragón, reiteró su postura de que las fuerzas castrenses regresen a sus cuarteles, porque hoy en día han dejado de ser una de las instituciones más respetadas por la serie de violaciones a las garantías individuales que realizan los efectivos en los retenes y operativos.
Al ser cuestionado sobre si la ciudadanía ha perdido la confianza en las autoridades castrenses, señaló que “es más que la perdida de la confianza, ahora la ciudadanía le tiene temor al Ejército; yo creo que en el pasado, hasta hace un par de años, nosotros cualquier ciudadano veía en la calle una partida militar y se sentía protegido, porque están vigilando algo, nos están protegiendo, nos están cuidando, pero ahora los ve uno y la verdad pues sí da miedo no porque no sabemos si adelante se vayan a encontrar un retén y alguien va distraído y hacen la señal de que se paren y porque no lo vio se siguió de frente y pues a media cuadra encuentra la muerte; no, eso no puede ser”.
El ombudsman dijo “reconocer la labor positiva que durante muchos años vino realizando el Ejército sobre todo en la parte del apoyo en auxilio a victimas de desastres naturales (…) Era sin duda una de las instituciones más respetadas por la ciudadanía en lo general que les daba la mayor confianza. Ahora con esto de que se les ha ordenado participar en la guerra contra la delincuencia organizada, saliéndose de su ámbito de competencia, pues algunas veces no han actuado como debe ser (…) pues sus operativos les ha costado la vida a varios ciudadanos inocentes y eso es lamentable”.
Gutiérrez Aragón envió un mensaje al Ejército para que “revisen sus operativos, que retiren la orden que seguramente alguien dio y que se baja hasta la tropa en el sentido de que cuando un automóvil no se detenga lo acribillen a balazos, eso no puede ser; entiendo que tienen una función que cumplir y vaya si un automóvil no se detiene lo tienen que obligar a que se detenga pero sin quitarle la vida del tripulante, que eso es lo que ha ocurrido en Morelos por lo menos en tres casos en los hechos de diciembre y anteriores, así que el llamado es que vuelvan al camino de recuperar la respetabilidad, el buen nombre que tenían ante la ciudadanía en lo general”.
Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: Soberanía Popular
Impedir que declare Torres, el objetivo
MARLÉN CASTRO
Chilpancingo, 19 de febrero. Organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos denunciaron que la incursión militar del pasado lunes a La Morena, municipio de Petatlán, tras Javier Torres Cruz, es para impedir que el campesino ecologista declare contra Rogaciano Alba Alvarez, detenido la semana pasada en Jalisco.
En un comunicado conjunto, leído en una conferencia de prensa en la Unidad de Ciencias de la Educación de la UAG, la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo, la Red Manglar Sección Guerrero y el Taller de Desarrollo Comunitario, se pronunciaron porque la reciente incursión militar a La Morena no impida la declaración ministerial de Torres contra Alba como autor intelectual de la muerte de Digna Ochoa y por otros asesinatos de campesinos.
Por otro lado, Javier Monroy Hernández, coordinador del Tadeco, subrayó que las organizaciones no tienen pruebas para afirmar o desmentir que efectivamente hay sembradíos de mariguana en Las Humedades, del mismo municipio, donde, de acuerdo con un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a Anselmo Torres Quiroz, abuelo del ecologista Torres Cruz, y a Húber Vega Correa, a quien los habitantes de La Morena identifican como un trabajador que recientemente había llegado a la comunidad.
El activista pidió que en todo caso se haga una investigación real y que “no se meta en el mismo saco a todos los de la familia Torres”.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
Irrupciones, por alta producción de enervantes, justifican militares
Se cometen “fallas y errores”, pero se “corrigen”: mando militar de la novena región
En el Día del Ejécito, comandante niega que el fuero de guerra sea un coto de impunidad
LAURA REYES MACIEL Y
MARLÉN CASTRO
El comandante de la Novena Región Militar en Acapulco, Enrique Jorge Alonso Garrido, rechazó que las incursiones militares a La Morena y poblados aledaños de la sierra de Petatlán buscan intimidar a algunas familias, como los Torres Cruz; justificó es por la “alta producción” de amapola y mariguana en la zona, lo que coloca a Guerrero en el primer lugar nacional en ese ramo.
El mando castrense recalcó que la presencia militar se mantendrá en el estado y reprochó que las organizaciones defensoras de los derechos humanos sólo se avoquen a denunciar lo que sucede en la comunidad de La Morena, cuando las fuerzas armadas están distribuidas en las siete regiones.
“Por qué insisten en lo de La Morena, si no hay tal. El operativo se hizo en Las Humedades, ahí se detectaron los plantíos y hay más plantíos”, indicó.
Con relación al último operativo del Ejército en Petatlán, donde murió el comunero Jesús Torres Rosas y se detuvo a Anselmo Torres Quiroz, abuelo del ecologista Javier Torres Cruz, y al poblador Húber Vega Correa, el comandante insistió en que ese hecho fue resultado de un “trabajo de reconocimiento donde descubrieron siembra y cosecha de enervantes”. Negó “categóricamente” que las fuerzas armadas hayan incursionado a La Morena para atacar a la familia del ecologista Torres Cruz, como lo denunciaron organizaciones sociales.
“No protegemos a Rogaciano”
Consultado sobre más detenciones de personas relacionadas con Rogaciano Alba Álvarez, aprehendido en Guadalajara y a quién se le relaciona con el cártel de Sinaloa, Alonso Garrido señaló que no persiguen a una sola persona en específico y rechazó brindar protección a alguien en particular.
“No le damos protección a nadie. Eso que achacan que el Ejército protege a Rogaciano (Alba) no es así, ni a sus gentes, ni tenemos especial interés en ir a La Morena, por la familia Torres, a nadie. Los que se detienen es el flagrancia”.
Sobre la detención de 11 efectivos de la 35 zona militar para investigar su probable responsabilidad en la muerte del joven Juan Alberto Rodríguez Villa, en Tlacotepec, Alonso Garrido salió a la defensa de las fuerzas castrenses al asegurar que no tuvieron nada que ver en ese hecho: “esos muchachos huían porque sabían que el Ejército les iba a quitar el coche que iban, les costó 10 mil pesos, esos chamacos de dónde sacan 10 mil pesos. Era un carro robado y dicen gente inocente, como van hacer inocentes hombre”.
“Aceptan fallas”
En la conmemoración del 97 aniversario del Ejército mexicano, las fuerzas castrenses aceptaron en su discurso oficial que están propensos a “fallas y errores” que al mismo tiempo “son corregidos” para no brindar la idea de una conducta equivocada, aunque advirtieron estar atentos a las manifestaciones de “dudosos patrocinios” cuyo objetivo, dicen, es el desprestigio.
El jefe del Estado Mayor de la Novena Región Militar en Acapulco, René Carranza García, aseguró que algunas de esas calumnias son hechas por “los delincuentes que buscan una ventaja circunstancial” ante la opinión pública, por lo que defendió mantienen una actitud de respeto a los organismos encargados de velar por la dignidad humana.
En la celebración de Chilpancingo, el segundo comandante del 50 Batallón, José Francisco Moreno Barrera, negó que el fuero de guerra sea un coto de impunidad y advirtió que si se prolonga la lucha contra el narcotráfico se incrementará el número de muertes de inocentes, pero además se causará un gran daño a la población.
Asimismo, el coronel de infantería aceptó que por la naturaleza de sus funciones los efectivos de las fuerzas armadas “estamos propensos a cometer fallas y errores, pero cuando ocurren, la acción contenciosa correspondiente corrige la conducta equivocada, en aras del cumplimiento de la legislación y prestigio del conjunto”.
Como siempre la conmemoración fue un acto cerrado, incluso para los mismos integrantes de las fuerzas armadas, pues sólo los soldados con grado participaron del mismo, en una carpa acondicionada en la explanada de las instalaciones de la zona militar.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
Amenazan de muerte a presidenta de organización de mujeres nahuas
Ramírez Velazco sospecha de gente de Tlamacazapa
MARLÉN CASTRO ( )
Chilpancingo, 19 de febrero. Xóchilt Ramírez Velazco, presidenta de la organización Yotlakat Non Siwatl, a la que están integradas mujeres nahuas de Tlamacazapa, quienes han informado que sufren violencia intrafamiliar y comunitaria, denunció que el pasado miércoles fue amenazada de muerte cuando estaba en la población y tuvo que salir escoltada de ahí por una patrulla.
Por lo anterior, Ramírez Velazco pidió al gobierno del estado y al de Taxco, protección para ella, su familia y de las 19 mujeres de la organización que están en Tlamacazapa.
Lo anterior se dio a conocer en una conferencia de prensa en las instalaciones de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), donde las mujeres de Tlamacazapa recibieron la solidaridad de la secretaria del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Silvia Castillo; del Colectivo Nosotras, María Luis Garfías y de la secretaria de la Mujer del estado, Rosa María Gómez.
Ramírez Velazco detalló que el pasado miércoles alrededor de las 5 de la tarde recibió una llamada a su celular de un supuesto comandante Trujillo, quien textualmente le dijo que “me iba a llevar la verga por haber metido mi cuchara a donde no me llaman”.
La amenaza la inquietó mucho, agregó, porque el desconocido le advirtió que se iban a desquitar con su ser más querido y, además, le dio información reservada sobre su domicilio en Cuernavaca, Morelos y sus horarios de entrada y salida.
Tras la amenaza, Ramírez Velazco relató lo sucedido a la delegada de la Secretaría de la Mujer en la región Norte, Eva Viveros, y como una medida de seguridad, fue custodiada por una patrulla cuando salió de la comunidad hacia el Ministerio Público de Taxco y desde ahí hasta llegar a Morelos.
Ramírez Velazco consideró que el coraje de los hombres de Tlamacazapa es porque sintieron que estaba en peligro su poder cuando las mujeres comenzaron a organizarse y ese proceso inició cuando llegó a la comunidad Yotlakat Non Siwatl, la que está financiada por otra organización internacional, llamada Atzin Desarrollo Comunitario, conformada por estadunidenses y canadienses.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
Denuncia El Salvador que policía mexicana ingresó a su consulado
"Dos policías federales mexicanos ingresaron ayer (viernes) a la agencia consular en la ciudad de Arriaga (...) tomaron fotografías de las instalaciones y del personal que ahí labora", dijo un comunicado de la cancillería salvadoreña.
AFP
San Salvador. El gobierno de El Salvador denunció este sábado que policías federales mexicanos allanaron su consulado en la ciudad de Arriaga, en Chiapas, "violando" la inmunidad garantizada en la Convención de Viena, precisó un comunicado oficial.
"Dos policías federales mexicanos ingresaron ayer (viernes) a la agencia consular en la ciudad de Arriaga (...) tomaron fotografías de las instalaciones y del personal que ahí labora", dijo el comunicado de la cancillería.
"Los oficiales federales que se conducían en la patrulla número 10485 no contaban con una orden judicial, informó el cónsul en Tapachula, Nelson Cuéllar", agregó.
Uno de los policías, según el informe oficial, se identificó como el suboficial García y aseguró que se encontraban "realizando una investigación por órdenes superiores". El otro agente se negó a identificarse.
"Esta acción (irrupción en la legación salvadorena) es una clara violación la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que establece en su artículo 31 que los locales de las misiones consulares son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión", recordó la cancillería.
La sede consular de El Salvador en Arriaga se inauguró el 28 de enero, y es la primera oficina consular centroamericana en esta ciudad de paso de inmigrantes, de donde sale el tren carguero que abordan cientos de ellos en su camino ilegal hacia Estados Unidos.
Fuente: La Jornada
Difusión: AMLO TV
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