martes, 11 de marzo de 2014

VERACRUZ: Exigen destituir a policías por tortura y amenaza en caso del pastor de Coatza


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos, Ver.- Ayer, familiares de personas desaparecidas y de los cuatro electricistas detenidos por el presunto asesinato del pastor Claudio Martínez bloquearon el acceso al municipio de la ciudad para exigir la destitución de elementos de la Policía Ministerial, antes Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI).

Los manifestantes cortaron la circulación en el acceso al puente Calzadas, el río que divide al municipio de Coatzacoalcos con Cosoleacaque y representa una de las dos entradas la zona conurbada.

De acuerdo con las versiones de los manifestantes, sus familiares fueron las víctimas de las malas jugadas de estos elementos, los cuales incluyen torturas e intimidación, violando todos los procedimientos legales.

Los familiares de las personas desaparecidos, tras los operativos realizados por el AVI, en los municipios de Agua Dulce y las Choapas, entre el 11 y 13 de febrero, señalaron que aún no les dan respuesta sobre el lugar donde están detenidos.

En los carteles, los familiares señalaban que tanto los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado como de la AVI han comentado una serie de arbitrariedades en las detenciones.

Anotaron que los elementos de las dos corporaciones no respetan los derechos individuales de los detenidos y los retienen de manera ilegal en “casas de seguridad” de las autoridades.

Martín González Bravo, Agapito Garduza Prieto y José Armando Tenorio Aguirre, fueron señalados como seudo agentes de la AVI, los cuales han realizado varias detenciones ilegales.

Los familiares de Beatríz Morales Hernández de 14 años y Pedro Ángel Alejandro Garfias de 38 años, pidieron que sean presentados, luego que fueron levantados de sus viviendas el pasado 13 de febrero, por parte de la patrulla 1579 de la policía estatal.

También se sumaron los familiares de Adrián Zaldívar Valencia, Felipe Vicente Cortés Rodríguez, Roberto Lara Velázquez y Jorge Arturo Jara García, quienes están detenidos por ser los presuntos culpables del asesinato del pastor cristiano Claudio Martínez.

Los cuatro implicados en el caso, declararon que fueron detenidos de manera ilegal y torturados para obligarlos a declararse culpables sobre el crimen y ahora están basando su defensa en una violación del protocolo de Estambul.

Cabe señalar que el bloqueo se inició a las 12: 40 horas y concluyó hasta las 19:20 horas, luego que los manifestantes se reunieran con responsables del estado, aunque en el caso de los desaparecidos no se les dan informes sobre sus familiares.

Protestan ex policías

De nuevo, ex policías municipales realizaron un pantón en las instalaciones del palacio municipal para exigir el pago total de sus pensiones y de su ahorro en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), además de extender el seguro de vida para que puedan ser atendidos en instituciones médicas.

Los ex elementos de seguridad informaron que el gobierno del estado no les ha pagado el finiquto total por sus años de servicio dentro de la extinta policía intermunicipal a pesar de que sufren diferentes niveles de incapacidad por lesiones generados en su trabajo.

Expresaron que en el caso de las personas de la tercera edad y con discapacidad, el estado tiene una responsabilidad con ellos y se debió de haber activado una pensión, la cual quedó escrita pero no se han efectuado los pagos.

Comentaron que desde el mes de junio del año pasado no les pagan y que ya son nueve meses los que les adeudan por montos que van de 5 a 7 mil pesos.

Al menos 29 ex policías intermunicipales tienen discapacidad y ya no pueden emplearse de manera normal, pues su estado de salud se puede ver comprometido. La SSP no les ha querido resolver sus peticiones. protocolo de Estambul.

VERACRUZ: Violenta protocolo de seguridad del CEAPP libertad de expresión, acusan


NORMA TRUJILLO BÁEZ

Con Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las instituciones policiales del estado de Veracruz, que pretende presentar la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) se viola la libertad de expresión y limita el trabajo de reporteros, señalaron en un comunicado periodistas de Veracruz.

Los periodistas que se manifestaron en el Congreso del Estado el pasado 22 de noviembre, fecha en que compareció ante los legisladores el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, fueron atendidos por legisladores y se abrieron mesas de diálogo, en la última, que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, en la que estuvieron presentes algunas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); de la Procuraduría General de la República (PGR), el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), entre otros, el secretario de Gobierno, Erik Lagos, se informó que había “un protocolo de seguridad para periodistas”, pero más bien se trataba de lineamientos.

En los Lineamientos generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las instituciones policiales del estado de Veracruz, los periodistas consideraron que no tienen la función de reglamentar a una institución de seguridad pública, ni a cualquier otra institución de gobierno; pero además observaron que el reglamento en su articulado 28, 29, 30, viola la libertad de expresión.

De igual manera, los periodistas señalaron que no debía existir un documento que reglamentara el trabajo de los periodistas y policías, así como tampoco un vocero de Seguridad Pública que delimitara espacio y la información que los periodistas y fotógrafos debían manejar en una manifestación.

En reglamento, apuntaron en un comunicado viola los derechos a la libertad de expresión y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH):

Artículo 28.- Las instituciones policiales designarán a un funcionario de la línea de mando como vocero, para atender y orientar los periodistas con motivo de las acciones programadas (revisiones, rondines, etc.) o eventuales (manifestaciones, bloqueos, etc.), así como para organizar sesiones informativas y la participación de periodistas en operativos de prevención y visitas a las instalaciones o destacamentos. El vocero garantizará el acceso a la información relacionada con los operativos. El personal que no esté autorizado para ofrecer información, remitirá a los periodistas con el vocero, dando a conocer su nombre, número telefónico y datos de localización.

Artículo 29.- Los integrantes de las instituciones policiales no deberán impedir, en ningún caso, la toma de fotografías y la grabación de video durante los operativos que se realicen en la vía pública. En los casos de operativos contra la delincuencia organizada, deberán establecerse criterios para permitir la toma de fotografías y la grabación de video, siempre y cuando no se ponga en riesgo la integridad personal de los integrantes de las instituciones policiales, la de los propios periodistas o la misma realización del operativo. En estos casos, invariablemente, deberán portar, en un lugar visible, la identificación que los acredite como periodistas.

Artículo 30.- En los casos de acciones programadas y de operativos, el vocero de las instituciones policiales deberá indicar a los periodistas el espacio desde donde puedan desempeñar sus funciones sin comprometer los operativos y que represente el menor riesgo posible para su propia integridad. Los periodistas deberán observar las indicaciones de los miembros de las instituciones policiales durante el desarrollo del operativo.

GUERRERO: Expulsados por la violencia, vuelven a Papanoa; la economía, a la baja: ONG


HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Tecpan, 10 de marzo. Las casas que hasta hace unos meses fueron abandonadas por familias víctimas de la violencia en Papanoa, hoy ya lucen habitadas, sin embargo queda aún por sanar el rezago social y falta de servicios, contó el activista del Frente Libre Hermenegildo Galeana Juan Ramón Jiménez.

Manifestó que al menos la violencia que asoló a la región de Papanoa desde 2010 por parte de grupos delictivos, bajó notablemente hace algunos meses, luego de que pobladores de Santa Rosa, Los Laureles y Coyuquilla Norte exigieran un alto a la violencia y bloquearan a finales de junio la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

Sin embargo, reconoció que a pesar de que los hechos delictivos momentáneamente se detuvieron, el rezago y la baja economía siguen en esa comunidad.

Subrayó, que el único centro de salud que hay en esa comunidad, sufre la ausencia de médicos, así como las clínicas particulares que atendían en caso de urgencia, cerraron desde hace más de un año ante la inseguridad que hubo.

“Mira, pues, sí, la cosa está más tranquila, ya hay menos violencia a comparación de hace meses, pero siguen faltando cosas y la gente sigue mal en su economía”, resaltó.

Aseguró que casas que estuvieron abandonadas por sus dueños debido a los hechos violentos y cotidianos, ya son habitadas otra vez; “algunos ya regresaron a sus casas”.

Subrayó que ahora, es necesario se atiendan las necesidades básicas como son los servicios de salud y pavimentación, entre otros.

Sin embargo, las huellas de la violencia siguen en Papanoa, con casas donde se notan los impactos de bala de las luchas entre grupos delictivos, al igual que un kínder deja notar esos hechos.

Mientras, siguen las calles del pueblo con el aspecto de abandono, polvorientas y con años sin pavimentar o tener alguna mejora, sumado a la carencia de médicos y la débil economía.

Entre esas calles olvidadas, una cruz dice y recuerda un “Dios mío no nos abandones” como plegaria a que todo mejore en esa población.

GUERRERO: Investigará la Coddehum incursión en La Concepción, adelanta Ramón Navarrete


FRANCISCA MEZA CARRANZA

El encargado de despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, informó que acudirán a la zona de los bienes comunales de Cacahuatepec a establecer mecanismos de investigación luego de la incursión de fuerzas federales y estatales de seguridad, la semana pasada, y dijo que en caso de ser necesario se emitiría una recomendación al respecto.

Dijo que personal de la Coddehum planea ir a la zona porque ya se les hizo el requerimiento.

Explicó que anteriormente los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop) habían manifestado expresamente que acudirían ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero que ahora ya recibieron la petición de auxilio en el tema.

“Vamos a establecer mecanismo de investigación para ver que pasa y si hay elementos para iniciar un expediente lo vamos a hacer con probabilidad de que haya petición de medidas cautelares para preservar situaciones de riesgo”, dijo.

Sobre si emitirían recomendaciones al Estado, Navarrete Magdaleno adelantó que en caso de existir elementos necesarios se harán y de lo contrario e, expediente permanecerá vigente, en espera.

Avala Tlachinollan aprobación de la Crac para incorporar a Cacahuatepec


FRANCISCA MEZA CARRANZA

El director del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró importante que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) haya aprobado incorporar a su sistema de justicia a comuneros e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), pues el incremento de inseguridad y agresiones de los cuerpos de seguridad lo hacían necesario.

El domingo en Horcasitas, San Luis Acatlán, la asamblea de la Crac aprobó por mayoría de votos la policía comunitaria de los bienes comunales de Cacahuatepec, por lo que próximamente se tomará protesta a los integrantes, que a decir que los pobladores de la zona, son casi 200.

Rosales Sierra consideró que la integración del Cecop podría dar fuerza a la propia Crac que atraviesa por una situación complicada debido a visiones encontradas al interior.

Dijo en entrevista que al ser Cacahuatepec una comunidad indígena encuadra con la Ley 701, que faculta a los pueblos originarios para desarrollar tareas de seguridad y justicia dentro de sus territorios y castigar delitos de acuerdo con sus usos y costumbres.

“Hay un problema complicado de seguridad, de agresiones a la población y, sobre todo, que la delincuencia organizada comienza a incursionar en esos lugares, de ahí la urgencia de la comunidad de Cacahuatepec de proveer su seguridad”, explicó.

Agregó que el gobierno tendrá que informarse sobre la génesis de las comunidades agrarias, pues sería una posición política agro centrista y racista decir que la policía comunitaria en los bienes comunales es ilegal.

“Cuando los bienes comunales tramitaron su expediente agrario de reconocimiento y titulación el Departamento Agrario, la Comisión Agraria Mixta y todas las instancias de ese tiempo encargadas del trámite del expediente agrario probaron que Cacahuatepec es una comunidad indígena náhuatl, está plenamente probado y por eso se emitió una resolución presidencial en la que se dota de las tierras a Cacahuatepec y por eso la resolución presidencial dice comunidad indígena de Cacahuatepec entonces hay prueba plena que acredita que los pueblos son indígenas”, explicó.

Confió en que con la incorporación del Cecop a la Crac le dé fuerza, oxígeno y sangre nueva a esa organización comunitaria.