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Fuente: Radio UNAM
Difusión: AMLOTV
martes, 1 de junio de 2010
¡ALTO A LA REPRESION ISRAELI!
MITIN, MIERCOLES, 2 DE JUNIO, 12H FRENTE A LA EMBAJADA ISRAELI
Desde el año pasado los compañeros del grupo Free Gaza- que desde 2007 han pedido que se termine el asedio que viven los palestinos de Gaza- estuvieron reuniendo ayuda humanitaria y apoyo de parlamentarios y grupos sociales de todo el mundo, el objetivo era y es romper el bloqueo que el gobierno israelí tiene sobre la Franja de Gaza; han sido los barcos de éste grupo internacional los primeros en llegar a territorio palestino desde 1967, no sin haber sido detenidos y encarcelados varios activistas y observadores de derechos humanos. Hace dos semanas la flotilla Libertad salió de Chipre rumbo a territorio palestino, en los seis barcos que integran la flotilla van
personas de más de 22 países (entre ellos Israel), 12 parlamentarios de la Unión Europea y la premio Nobel de la Paz, Mairead Maguire, miembros de diferentes grupos sociales y políticos de todo el mundo, lo que hace absolutamente inverosímil el argumento del gobierno israelí que dice que los organizadores son mienbros de grupos terroristas, y bajo ese pretexto bloqueó los barcos, los detuvo y agredió a las personas que en ellos viajan, asesinando a más de una decena de ellos y resultando heridos más de 60 compañeros, que en estos momentos requieren atención médica y que no están recibiendo nada, violando así los derechos humanos. Nos sumamos a la condena mundial que han hecho gobiernos y sociedad en general a la política e impunidad que ejerce el gobierno de Israel sobre Palestina y sobre cualquier grupo o persona que se oponga a su manera de actuar en la región.
Convocamos el miércoles 2 de junio a las 12:00 hrs a un mitin frente a la embajada de Israel (Sierra Madre 215, Lomas de Chapultepec), para repudiar las agresiones y abusos cometidos contra grupos internacionales. Y en memoria de los compañeros asesinados.
Coordinadora de Solidaridad con Palestina
Difusión: Soberanía Popular
Tras la huella de ‘El Jefe Diego’
Tras la huella de ‘El Jefe Diego’
Forcejeos, resistencia y rastros de sangre son evidentes en los peritajes practicados en la finca donde fue secuestrado Diego Fernández de Cevallos. Reporte Indigo te presenta en exclusiva fotografías de este peritaje inédito.
Por Ramón Alberto Garza
La noche del 14 de mayo, “El Jefe Diego” estacionó su camioneta en la cochera de su finca La Cabaña, en el municipio Pedro Escobedo, en Querétaro. El vehículo está perfectamente estacionado, por lo que no se presume intercepción alguna.
La camioneta
La camioneta fue encontrada cerrada, con el arma que solía portar el político panista depositada en el interior. En la pared de la cochera que da a la puerta del conductor se encontraron múltiples rastros.
Primeros forcejeos
Por lo estrecho del espacio que quedó entre la puerta del conductor y la pared, se ha establecido que los primeros forcejeos entre los captores y “El Jefe Diego” se dieron teniendo como apoyo esa pared. Son evidentes las huellas de suelas de hule y cuero sobre la pintura blanca del muro.
"El Jefe" sigue pateando
Incluso en la pared exterior de la cochera, fuera del alcance de la camioneta, se perciben huellas de zapatos que claramente se apoyaron en la pared y dejaron estelas de movimientos bruscos sobre la pintura.
Sangre en la pared
En las paredes aledañas a la cochera se encontraron rastros de sangre, presumiblemente de “El Jefe Diego”. En uno de los muros se observa un manchón de sangre, supuestamente de la víctima, y una mancha más leve que parece ser de alguien que habría limpiado en la pared la sangre que tenía en su mano.
Más huellas de "El Jefe"
A lo largo de la cochera, se observan rastros de hule en la pared, presumiblemente de suelas de zapatos de los captores o de la víctima, que habrían usado esas paredes como punto de apoyo para someter o evitar ser sometido.
El golpe en la cabeza
Se presume que algunos de los rastros de sangre encontrados en las paredes de la finca La Cabaña podrían ser producto de un golpe que “El Jefe Diego” se diera en la cabeza cuando intentaba evitar su captura. La fotografía distribuida por Internet muestra con claridad un hematoma en la parte superior derecha del rostro del ex senador.
Sangre en el piso
El rastro más profuso de sangre, encontrado en el piso de la cochera, permite establecer que “El Jefe Diego” sufrió una herida que se presume fue producto de la extracción del chip antisecuestros que portaba el político panista y que sus captores inhabilitaron de inmediato.
Huella de pie descalzo
Entre las huellas encontradas en el piso se distinguen las de un pie descalzo que habría dejado un rastro de sangre. Para algunos, se trata de las huellas de un captor descalzo o de alguien cuyos dedos desbordaban los huaraches. Para otros, podrían ser las huellas de los pies de “El Jefe Diego”, quien al ser sometido, habría sido despojado de sus botas. Esta acción es muy común en los secuestros.
El chip antisecuestro
Los captores sabían que “El Jefe Diego” portaba dentro de su cuerpo un chip antisecuestros. Y al momento del plagio, se lo extrajeron. Para detectarlo, debieron conocer el sitio exacto donde se le implantó. O pudieron haber portado un escáner de radiofrecuencia para encontrarlo y proceder a su inmediata remoción.
Forcejeos, resistencia y rastros de sangre son evidentes en los peritajes que se hicieron en el lugar donde fue secuestrado Diego Fernández de Cevallos.
Para los investigadores del caso, está claro que el político panista opuso resistencia a su captura. Y eso se tradujo en heridas que, aunque leves, dejaron distintas huellas de sangre en las paredes de la cochera donde estacionó su camioneta.
Más aún, las presunciones de esos peritajes advierten que “El Jefe Diego” habría sido despojado violentamente del chip antisecuestros que tenía insertado en su cuerpo. De ahí que algunos rastros de sangre encontrados en el piso fueran atribuidos inicialmente a una herida leve con sus tijeras para cortar la barba.
El chip le habría sido retirado con una punción subcutánea que produce una herida de sangrado continuo si no se cuenta con el material quirúrgico apropiado.
El hecho dejaría en evidencia que quienes lo plagiaron tenían conocimiento de que traía el chip antisecuestros. Por lo tanto, tenían acceso a información personal de su víctima.
Y extraer el chip de su cuerpo sólo era posible por una de dos vías. O sus captores sabían exactamente en qué lugar estaba injertado ese chip, o los delincuentes traían consigo un escáner para captar la radiofrecuencia y proceder a su extracción.
Fotografías del lugar del secuestro que están en poder de Reporte Indigo, así como evaluaciones de algunos peritos que contribuyen a las investigaciones del caso, establecen algunas de estas conclusiones preliminares.
De acuerdo al peritaje, la noche del 14 de mayo, Diego Fernández de Cevallos habría llegado solo a su finca La Cabaña, ubicada en el municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro.
El político panista tuvo oportunidad de entrar hasta la cochera, estacionar su camioneta color arena Cadillac Escalade EXT 2007 y cerrarla. La conclusión es que no fue interceptado. Era esperado por sus captores.
Una de las presunciones es que quienes perpetraron el secuestro no eran ajenos al entorno familiar, personal o de negocios de “El Jefe Diego”. Sólo así podría explicarse su libre acceso a la finca.
Ya afuera de su camioneta, el político panista habría sido sometido de manera violenta por sus captores. Los rastros dejados por las suelas del calzado, con manchones de hule y/o cuero sobre las paredes blancas de la cochera, permiten llegar a esta conclusión.
Sobre las manchas de sangre encontradas, habrían sido preclasificadas en dos. Unas como producto de un golpe en la cabeza y otras como consecuencia de la posible extracción de un chip antisecuestros que portaba en su cuerpo “El Jefe Diego”.
De las primeras se exhiben como evidencia las manchas encontradas en las paredes, lo que indica la presunción de un golpe, que se asume fue en la frente. Y junto a esas manchas de sangre, hay otra más leve, que se presume es producto de alguien que intentó limpiar rastros de sangre que tenía en una de sus manos.
El segundo rastro de sangre, más profuso aún, originalmente se presumía que era producto de una punción hecha con las tijeras de corte que usaba “El Jefe Diego” para afinar su barba.
Sin embargo, investigaciones posteriores permitirían concluir que esas manchas hemáticas fueron producto de la herida que se le ocasionó al político panista cuando se le extrajo un chip antisecuestros que había sido colocado en su cuerpo meses antes.
A raíz de la ola de inseguridad que aqueja a México, esos chips antisecuestros se convirtieron en una moda. Su instalación subcutánea, generalmente en el antebrazo, tiene un costo de 22 mil pesos. Y para el rastreo permanente, se paga una anualidad de 24 mil pesos.
Uno de los detalles del peritaje que más llama la atención es la huella de un pie descalzo aparentemente hecha con rastros de sangre. Sobre esta evidencia, se tejen dos hipótesis.
La primera es que uno de los captores podría ser un lugareño de un ejido o zona aledaña al rancho, y que iba descalzo o usaba huaraches que dejaron al descubierto los dedos durante uno de los forcejeos.
La segunda, que suele ser una práctica muy común de los secuestradores, es que despojaron a “El Jefe Diego” de sus zapatos para colocarlo anímicamente, ya descalzo, en una actitud de indefensión.
Además, está claro que en los distintos forcejeos que se detectan, el plástico de las suelas de los zapatos del capturado, o de sus captores, dejó huellas en varias paredes de la cochera.
Y ahora que, a petición de la familia del secuestrado, la Procuraduría General de la República aceptó hacerse a un lado de las investigaciones, el responsable de las negociaciones es Antonio Lozano Gracia.
El ex procurador de la República en el sexenio de Ernesto Zedillo ya habría recibido las “pruebas de vida” que le permitirían iniciar el proceso de negociación para la liberación del político panista.
Hasta ahora son dos tesis centrales las que se tejen en torno a esta desaparición. La primera tiene que ver con una presunta célula del movimiento guerrillero ERPI que opera en la sierra queretana. La otra, con presuntos negocios que tiene el despacho jurídico del secuestrado con algunos clientes de Cancún que estarían siendo investigados por presunto lavado de dinero. Analicemos.
LA TESIS DEL ERPI
Una línea de investigación sobre los posibles captores de Diego Fernández de Cevallos apunta hacia el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Los que suscriben esta tesis advierten que el modus operandi es el de un secuestro perpetrado por la guerrilla, sobre todo en lo que corresponde a la fotografía de “El Jefe Diego” en cautiverio difundida por Internet.
Sostienen que el afán primordial de su estrategia es el de crear un sacudimiento en la opinión pública, con el fin de lograr uno de dos objetivos.
Uno, atraer la atención para su causa. O dos, negociar o canjear algo que necesitan desde una posición de poder.
Y aunque es cierto que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se deslindó temprano del secuestro de Fernández de Cevallos, también es cierto que el EPR y el ERPI provienen de un mismo tronco, pero no son lo mismo.
El EPR es una escisión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Su segregación se dio el 18 de mayo de 1996 y ubicó sus centros de operaciones en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Chiapas y el Estado de México.
Sus actos de sabotaje o terrorismo más sonados se dieron en julio de 2007, cuando reivindicaron para su causa los atentados contra las líneas de gas de Pemex.
El primero fue el 5 de julio de 2007, en el ducto entre Salamanca, Celaya y el Valle de Santiago, en Guanajuato. El segundo atentado fue el 10 de julio, en el ducto Querétaro-Arteaga.
Su exigencia de entonces era la liberación de tres de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya, Raymundo Rivera Bravo y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presos o desaparecidos en Oaxaca.
El ERPI, en cambio, surgió de una ruptura que se dio en Guerrero con el EPR. Sus militantes sostenían diferencias políticas y estratégicas con el liderazgo del Ejército Popular Revolucionario.
Su primera aparición se dio a través de un comunicado el 17 de febrero de 1997.
La distinción del ERPI es que está integrado por militantes que participaron en las luchas guerrilleras de los 70 y los 80. Y sus operaciones se concentran en Morelos, Guerrero y Oaxaca. Aunque hay quienes sostienen que recientemente se estableció una célula en las zonas rurales de Querétaro.
Pero sus actividades se confunden con la ola de violencia desatada por el narcotráfico.
De hecho, en una entrevista con el diario La Jornada, fechada el 11 de mayo de 2009, el llamado Comandante Ramiro, integrante del ERPI, acusó al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, de proteger a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Rogaciano Alba, este último presunto operador de los cárteles de Sinaloa y La Familia.
“Ellos son los principales responsables de la violencia en gran parte del estado”, dijo en la entrevista.
Cinco días después, en el periódico Milenio, el comandante Ramiro dijo que los cárteles de la droga, en especial el que dirige “El Chapo” Guzmán, están ayudando al gobierno en labores de contrainsurgencia en la región.
La otra línea de investigación sobre los posibles secuestradores de Diego Fernández de Cevallos apunta hacia presuntos negocios de su despacho con cuestionables personajes de Cancún.
Los que suscriben esta tesis dicen que los clientes de Quintana Roo no estarían muy conformes con una serie de operaciones judiciales y económicas desplegadas a través del despacho de “El Jefe Diego”.
Y que la forma en la que creyeron que podrían manifestar su inconformidad era con un “levantón” al político panista para ejercer presión sobre los resultados esperados.
Ese sería el motivo por el cual se habría colocado al ex procurador Antonio Lozano Gracia como negociador en jefe del rescate de Fernández de Cevallos, por encargo de la familia del secuestrado y con el beneplácito de las autoridades federales.
Los captores ya habrían concretado lo que en un secuestro suele llamarse “la prueba de vida”, es decir, muestras contundentes y fehacientes de que el retenido está vivo.
Esas “pruebas de vida” incluirían la fotografía que de “El Jefe Diego” circula desde hace una semana por internet y que fue exhibida por primera vez en Milenio Televisión.
Pero los negociadores tendrían ya una versión más completa de esa fotografía. En ella se vería con claridad que lo que sostiene el secuestrado en sus manos es un cartel en el que le pide a su hijo Diego que retire de las investigaciones a la Procuraduría General de la República.
El mensaje habría sido acatado de inmediato, toda vez que en un hecho inusual, la máxima autoridad judicial del país emitió un comunicado advirtiendo que por petición expresa de la familia se retiraban de las indagatorias.
El anuncio fue severamente cuestionado por ser una acción a la que el Ministerio Público no puede renunciar a petición de parte. Sobre todo cuando en todo secuestro, una de las líneas obligadas de investigación es la de familiares y amigos cercanos al secuestrado.
Más aún, en el mismo mensaje escrito y sostenido por Fernández de Cevallos se solicita que sea retirada toda la vigilancia de sus propiedades, incluido el rancho en donde fue secuestrado, y que se haga caso a cada instrucción que sus captores les den por teléfono.
Fuentes allegadas a las investigaciones advierten que los plagiarios no solo ya establecieron contacto con la unidad negociadora encabezada por Antonio Lozano Gracia, sino que incluso ya enviaron una carta que forma parte de las llamadas “pruebas de vida”.
Los investigadores allegados al caso advierten que además del ex procurador, otro elemento clave en estas indagatorias es el actual subprocurador Francisco Molina Ruiz.
El actual responsable de delegaciones de la PGR fue comisionado del Combate contra las Drogas en los días de Antonio Lozano Gracia en la PGR. Se mantuvo en el cargo por nueve meses hasta que fue relevado por el general Gutiérrez Rebollo.
Fuente: Reporte Indigo
Difusión: AMLOTV
Oficio de Papel
* El uso político de la justicia en México
* Tintes electorales en el caso de “Greg”
* Prueba suficiente de lavado de dinero
“La ejecución de una orden de aprehensión en contra del señor Greg Sánchez obedece a las evidencias, a los indicios y los testimonios que obran en poder de la autoridad”, fueron las palabras iniciales que dirigió a la prensa Felipe Calderón desde Canadá al referirse a la detención del candidato por la alianza PT, PRD y Convergencia, a la gubernatura del estado de Quintana Roo.
El jefe del Ejecutivo, de extracción panista, explicó: “el señor Gregorio Sánchez no sólo ha sido acusado por la oficina del procurador general; esos cargos, esos indicios, esas evidencias, también han sido debidamente valoradas por un juez que obsequió la orden de aprehensión, la cual se ejecutó”.
Y concluyó sobre el tema: “la obligación de la autoridad es actuar conforme a la ley y no puede la Procuraduría General hacer distingos o excepciones por razones de carácter electoral o político. Tiene que actuar en donde haya evidencias, sea del crimen organizado o de lavado de dinero o cualquier otra acción que está penalizada por la Ley”.
Estas evidencias a las que se refiere Calderón, esos indicios y testimonios no surgieron hace algunas semanas. Se trata, como lo confirman expedientes en poder de esta columna, de una añeja investigación cuyas conclusiones, al menos desde hace un año, pudieron haber sido turnadas por la Procuraduría General de la República a un juez federal para analizarlas y dictar la orden de aprensión respectiva, como lo hace ahora en la etapa final para que coincida con las elecciones en Quintana Roo.
Entonces la PGR sí tiene, como dice Calderón, la obligación de actuar, pero no de administrar la justicia en beneficio de las causas y proyectos político-electorales del PAN, aun cuando la orden haya sido dictada desde Los Pinos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda – responsable de la investigación contra Gregorio Sánchez – ha sido criticada por su lenta actuación y escasa capacidad de respuesta para descubrir a tiempo los fenómenos y acciones ligadas con el crimen organizado. Ahora, con la decisión del gobierno de Felipe Calderón se pone en entredicho, una vez más, a esta entidad, a pesar de que desde hace más de un año sus investigadores ya contaban con pruebas suficientes para iniciar acciones legales contra el popular y controversial Greg Sánchez. Sacrificar a la UIF, sin embargo, parece ser el precio que se tiene que pagar por avanzar en un proceso electoral e impedir que el PAN siga perdiendo terreno rumbo al 2012.
Vulnerar a la Secretaría de Hacienda no es un asunto menor. Esta debería ser una dependencia apartada del ánimo político del presidente y dejarla hacer su trabajo en tiempo y forma para mejorar la procuración de justicia en este país tan desacreditado en sus instituciones.
Sin embargo, desde que Agustín Carstens sucumbió a la tentación de pactar lealtad a Calderón a cambio de su postulación al Banco de México, Hacienda se ha visto minada por los intereses políticos que salen de Los Pinos y de las oficinas nacionales del Partido Acción Nacional. Cómo entonces este gobierno federal panista puede garantizar una justa impartición de justicia si utiliza los expedientes de “lavado” de dinero elaborados por la UIF para atacar a la oposición, aun cuando éstos estén bien fundados por los investigadores fiscales, pero cuando se trata de miembros del PAN o funcionarios del primer equipo de gobierno simplemente los expedientes son archivados y nunca proceden.
Hay varios casos en los archivos de la UIF y en poder de esta columna que confirman cómo el gobierno de Calderón tuerce la ley para atacar a la oposición y proteger a los miembros de su gabinete.
Una prueba de ello es cómo una “persona políticamente expuesta”, integrante del gabinete de Felipe Calderón y miembro distinguido del PAN, ha sido investigada por el aparato financiero gubernamental y descubrieron que él y su familia se ha beneficiado supuestamente con dinero producto del narcotráfico y de recursos públicos. Se trata de quien fuera gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, actual procurador Federal de Protección al Ambiente.
Distinto a lo que sucedió con Greg Sánchez, la Secretaría de Hacienda también presentó una denuncia penal desde hace tres años por el delito grave de “lavado” de dinero en contra de Patrón Laviada y varios familiares, pero la PGR “extravió” a propósito la acusación y nunca procedió en contra del amigo del presidente de la República.
En la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Procuraduría General de la República, hay un expediente archivado por el delito de blanqueo de capitales en contra de familiares y amigos de Patricio Patrón Laviada.
Aunque no es la primera vez que Hacienda utiliza causas fiscales o investigaciones contra el blanqueo de capitales para negociar política o económicamente, el caso de Gregorio Sánchez lindó la frontera del cinismo y lo burdo.
Queda claro, por lo tanto, que el gobierno de Calderón administra las investigaciones de la UIF que, en teoría y en línea con su mandato, tendrían que utilizarse para aplicar la justicia de manera expedita y no dilatoria en beneficio de intereses políticos. Después vendrá el reclamo de los organismos multilaterales y del propio Estados Unidos respecto a la lentitud de la aplicación de la justicia en México al perseguir al crimen organizado. Pero eso parece no importar en este momento de contiendas electorales.
De esta forma, en su ánimo de defender las causas políticas del PAN, el gobierno de Felipe Calderón está cometiendo graves errores de procedimiento que abonarían a la causa de Gregorio Sánchez. En primer lugar, solicitar en este momento, y no antes, la orden de aprensión, le resta méritos a lo que pudo haber sido una aplicación implacable de la justicia.
Ahora, la coyuntura que escogió la PGR y el gobierno calderonista al comenzar hasta el 3 de mayo pasado las acciones legales contra Sánchez, distrajo a la opinión pública de la gravedad de las acusaciones y lo colocó como una víctima electoral del sistema.
Además, a un mes de que se realicen las elecciones, ninguno de los tres partidos aliancistas tendrían la oportunidad de sustituir a Greg Sánchez como candidato, lo que amplia la posibilidad de que el alcalde con licencia de Cancún permanezca como contendiente en los comisiones electorales, porque hasta que no se dicte una sentencia formal no perderá sus derechos políticos. Incluso, Greg podría ganar mientras la procuración de justicia en México se hace bolas con un expediente que hace un año pudo constituir la base de una querella impecable por lavado de dinero y su probable responsabilidad al participar y colaborar con la delincuencia organizada en delitos contra la salud.
El hoy indiciado, pero todavía candidato a la gubernatura de Quintana Roo, dice la PGR, se encuentra relacionado con los Zetas y el cartel de los Beltrán Leyva, brindándoles información para facilitarles sus actividades ilícitas. Así, mientras confirman el hecho para el cual tenían pruebas y testigos, el gobierno federal deberá también enfrentar el cuestionamiento de la opinión pública sobre su falta de ética para procurar justicia a los mexicanos. Pero no es la primera vez que sucede. Antes, el caso de Arturo Zamora, en Jalisco, quien buscaba la gubernatura de ese estado para el PRI y tuvo que enfrentar acusaciones, también sumamente coyunturales, por su vinculación con el crimen organizado.
Pero “Greg” también lo sabía y sus estrategas políticos dieron prueba de ello al subir al portal público de videos Youtube un mensaje en el que el candidato aliancista aseguró: “Y si tengo que pagar el precio de mi libertad por el pueblo de Quintana Roo, lo haré… tu y yo transformaremos a Quintana Roo porque mis derechos políticos están a salvo”, dijo Sánchez dos días después de ser detenido en un video. Claro, el video fue retirado minutos después de haberse hecho público porque ello demostraba que “Greg” estaba al tanto de su situación judicial y sólo buscaba ganar tiempo. Ambos lados administraron la justicia.
El añejo expediente de Greg Sánchez
Cuentas bancarias abiertas en seis instituciones financieras en México, con depósitos por cerca de 30 millones de pesos, son el soporte principal de la acusación por “lavado” de dinero –que hizo la Procuraduría General de la República ante la justicia federal– en contra del candidato a la gubernatura por la alianza Todos por Quintana Roo (PRD-PT-Convergencia), Gregorio Sánchez Martínez, popularmente conocido como Greg.
En el proceso penal iniciado en su contra, el militante perredista Gregorio Sánchez Martínez, alias Greg, deberá explicar el origen de decenas de depósitos que se hicieron a su favor por 9.4 millones de pesos y 1.5 millones de dólares. Según tres testigos protegidos por la Procuraduría General de la República (PGR), el dinero proviene de supuestos pagos que recibió el excalde de Cancún de parte de bandas del narcotráfico: los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas.
De acuerdo con los expedientes financieros elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que fueron procesados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, Greg sólo reportó ante el fisco haber acumulado ingresos durante seis años (entre 2002 y 2008) por apenas 2 millones 383 mil 311 pesos, lo que deja sin sustento los 27 millones de pesos restantes en monedas nacional y extranjera.
Las instituciones financieras utilizadas por el candidato perredista al gobierno de Quintana Roo para guardar el dinero supuestamente ilícito son: GMAC Mexicana Sociedad Financiera de Objeto Limitado, en Monterrey, Nuevo León, cuenta 84080018392800; HSBC en Cancún, Quintana Roo, cuenta 4035427160; American Express Bank del Distrito Federal, cuenta 0376672390141002; Banco Mercantil del Norte, Grupo Financiero Banorte, cuentas 198975522 y 739009634; Banco Nacional de México, cuenta 3432239; Scotiabank Inverlat, cuenta 1153544.
La segunda evidencia de la acusación de la Procuraduría por presuntos vínculos de Greg con el crimen organizado, se desprende de las declaraciones de tres delincuentes miembros de las bandas de los Beltrán Leyva y de Los Zetas, sujetos a los beneficios que otorga el gobierno dentro del Programa de Testigos Protegidos, quienes afirman que Sánchez Martínez estaba en la nómina del narcotráfico y recibía mensualmente 60 mil pesos, además de otras partidas de dinero por protección y transportación de drogas.
El exfuncionario municipal también estuvo involucrado, según los testigos protegidos, en el tráfico de indocumentados. En este ilícito estaría implicada su esposa Silvia Benítez Niurka Alba. Según los testigos, ambos cobraban por la transportación e ingreso al país de cubanos, rusos y chinos, actividad por la cual los Beltrán Leyva les pagaban una cantidad extra, además de darles recursos para sobornar más funcionarios de Migración y de gobierno.
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/315/2009 da cuenta que el testigo con nombre clave Zajed rindió declaración ministerial el 19 de enero de 2010. En ella explica que era el encargado del pago de “la nómina” de la organización comandada por Arturo Beltrán Leyva, para negociar y sobornar a funcionarios de todos los niveles de gobierno. También se responsabilizaba de las relaciones con otras bandas criminales, como Los Zetas.
En el caso concreto de Gregorio Sánchez Martínez, presidente municipal de Cancún, ha establecido nexos con los hermanos Beltrán Leyva y con Los Zetas; participa en actividades de lavado de dinero, toda vez que uno de los negocios que tenía con la organización criminal de los Beltrán Leyva era el tráfico de indocumentados cubanos, rusos, y chinos. Esta actividad era operada por Greg a través de su jefe de escoltas”, sostiene el testigo Zajed.
Otro testigo protegido con el nombre clave Lucero sostiene, en su declaración ministerial del 25 de enero de 2010, que Sánchez Martínez participaba en reuniones de los hermanos Beltrán Leyva y que, “de acuerdo con el pago de nómina de esta organización, como presidente municipal recibía la cantidad de 30 mil pesos quincenales”.
En otra declaración del 10 de febrero de 2010, Daniel Alberto Vargas Larrainza acepta pertenecer a la banda de Los Zetas, y señala que a finales de 2008 estaba en una de las casas de la organización y la “contadora Jessica” le comentó que tenía que juntar 1 millón de pesos para entregárselos a un sujeto apodado Napo, quien es el encargado de las finanzas del cártel de los Beltrán Leyva y el responsable de pagar a políticos y autoridades del gobierno.
Ese millón de pesos, explica Vargas Larrainza, era para entregarlo al entonces candidato a la presidencia municipal de Cancún, Quintana Roo, Greg Sánchez, quien “trabaja” con la organización de Los Zetas.
oficiodepapel@contralinea.com.mx
Difusión: soberanía popular
Hay que apagar la televisión y encender el cerebro, recomendó Rafael Barajas El Fisgón
PAULA CARRIZOSA
“La estrategia para que la gente se despierte no es nueva: hay que apagar la televisión y encender el cerebro, que la única luz que se vea de noche en nuestras casas sea la de una lámpara que cobija a la lectura”, recomendó el caricaturista de La Jornada, Rafael Barajas El Fisgón, durante la conferencia que brindó en Puebla el pasado viernes en el Auditorio “Elena Garro” de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Autónoma de Puebla.
El cartonista encabezó la serie de conferencias que irán bajo el tema de “200 años de la Independencia y 100 años de la Revolución Mexicana”. En ella, abordó temas como el narcotráfico, la política, los funcionarios y ex presidentes mexicanos, y se detuvo en analizar la función social de las televisoras mexicanas, en especial de Televisa.
“¿Quién tiene voz en Televisa?”, preguntó El Fisgón, y la respuesta la brindó enseguida, al enfatizar que la oportunidad de expresión la tienen los amigos de la organización, y éstos son el empresariado mexicano, los que en conjunto han formado un consejo, convirtiéndose en el instrumento de difusión, protección y promoción de sus propias estrategias. “Es un negocio redondo”, confió.
Explicó que los medios de comunicación masivos se han convertido en los aparatos psicológicos que sirven para defender sus intereses, por lo que se han vuelto un bloque cerrado en el que entregan a los televidentes unas “pildorotas”, una suerte de engaños en forma de futbol o telenovelas, que vuelven al público en un ente pasivo y heterogéneo.
Para Rafael Barajas, la televisión, la radio y la prensa ya no siguen el objetivo principal con el que fueron creados que fue el de difundir ideas, sino que ahora, se han vuelto en mecanismos de opresión carentes de pensamientos racionales y más bien, enfocados en llamar y provocar los sentimientos más animales del ser humano.
Agregó que los discursos desde hace 20 o 30 años, se han convertido en la parte principal de esa estratagema irracional que hace que el público se confunda y tenga miedo, “siendo este el peor enemigo de la sociedad”, apreció.
Puso como ejemplo lo que sucedió en el proceso electoral de 2006, y la campaña negra a la que fue objeto el candidato a la presidencia del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador. En esa ocasión, refirió el conferencista, el aparato del poder ejercitó las tres armas claras de la propaganda: la primera se trata de buscar un enemigo en común, la otra es provocar el miedo a la población, y la última, es la destrucción de su imagen pública.
El Fisgón recomendó que para lograr un cambio es importante que la sociedad parta de una premisa: entender que así se opera, que detrás de todas las acciones –por muy inocentes que parezcan–, están varios personajes a los que es interesa que el problema termine de una forma u otra.
Sobre los intelectuales de México, o más bien sobre los que aparecen en la televisión, preguntó al público si esos que se veían a cuadro eran todos. Al unísono, la gente respondió que no, puesto que “los que se ven en los noticiarios son los que conocen y saben que su discurso debe estar imitado, si es que desean seguir gozando de los favores del poder”, tal como expresó el Fisgón.
Advirtió que al actual aparato ideológico algunos teóricos le han llamado la “guerra asimétrica”, “de cuarta generación” o “la guerra sin fusiles”, llamada así por que la batalla que se realiza sucede en la mente de los espectadores, y los actos violentos son ejecutados por los del poder. Por ello, enfatizó que ante esta ofensiva de operaciones ideológicas, una de las primeras defensas que puede aplicar el público será apagar la televisión.
Expresó además, que hay otra guerra, una real y social, que ha sido protagonizada por el presidente Felipe Calderón. “Yo ya sabía que el gobierno actual iba a ejercer su poder por medio de las armas”, recordó y dijo que en la toma de posesión como nuevo mandatario, fue un alto mando del Ejército quien le tomó protesta y que un día después de asumir su cargo, ejerció represión sobre el magisterio de Oaxaca.
Está también la guerra del narcotráfico, hombres que fueron educados en la década de los 70 del pasado siglo, y que como jóvenes, cumplieron con las órdenes que les dio la gente del poder en aquellos tiempos. Lo que hicieron estos grupos, precisó El Fisgón, fue institucionalizarse y crear células profesionalizadas.
“La guerra que Calderón que supuestamente tiene con el narco, tiene dos fallas: se está realizando a nivel de la calle y no está desarticulando a las redes de lavado de dinero y a las de protección política”, explicó el caricaturista y aprovechó para apuntar que la mafia, “es una relación amarrada entre el poder político y el narcotráfico”, por lo que es imposible que termine de un día para otro.
Por ello, ante el panorama de un país desecho que tiene crisis económicas, sociales, religiosas, gubernamentales, es decir, de todo tipo, lo que queda es que la sociedad se organice desde abajo, que provoque una verdadera “colectividad”.
Por último, uno de los asistentes preguntó: ¿y la desaparición de Diego Fernández ? a lo que El Fisgón respondió con tres posibles escenarios: o se lo llevaron los extraterrestres, o él mismo se raptó o fue desaparecido por Calderón. “De cualquier forma, creo que no sabremos nada”, expresó y una mujer complementó: “dios quiera”.
Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: Soberanía Popular
En México, la represión contra la libertad de expresión nunca termina
René Serrano García
El homicidio de MANUEL BUENDIA TELLEZGIRON impactó no solo a la prensa y sociedad de nuestro México, sino también del extranjero, porque alimentaba su columna Red Privada con indagaciones, curiosidad, inteligencia, constancia y tenacidad, tenía capacidad para organizarse, tenía olfato y astucia, era atrevido.
Prototipo del periodismo de investigación en México, su trabajo puede compararse con el realizado por los reporteros del Washington Post, BOB WOODWARD y CARL BERNSTEIN, cuyo trabajo periodístico investigativo, obligó al entonces presidente de Estados Unidos RICHARD NIXON a dimitir el 8 de agosto de 1974, como culminación del famoso Watergate.
En nuestro país el periodismo de denuncia significó la muerte de Buendía, mientras que en Estados Unidos, la denuncia logró la renuncia de un presidente de la república, en el país más poderoso del mundo.
La muerte de MANUEL BUENDIA, ocurrida precisamente el 30 de mayo de 1984, hace 26 años, obedeció a un crimen de estado, pero no fue aclarado del todo, quedaron muchas dudas sobre todo de los autores intelectuales, la duda persiste: ¿QUIEN MANDO MATAR A MANUEL BUENDIA?.
El 2 de diciembre de 2007, recibí una carta de RAFAEL MORO AVILA, acusado de ser el autor material del asesinato de Buendía, me mandó un correo electrónico desde el Reclusorio Norte, purgaba una sentencia de 25 años, en el, aseguraba que era un chivo expiatorio, dijo: “no le puedo asegurar que Zorrilla sea inocente, ya que lo único que hice fue ir al lugar de los hechos cuando ya habían matado al señor Manuel Buendía y fui precisamente porque me enviaron a “peinar la zona” con otros compañeros en nuestras motocicletas, todo esto es una historia muy larga de contar. Si usted recuerda se elaboró un busto y un retrato hablado del asesino, mismo que no concuerda en lo más mínimo conmigo, pero por las ambiciones políticas del entonces procurador IGNACIO MORALES LECHUGA que me amenazó, diciéndome que si no cooperaba me iba a salir muy caro, ya que eran ordenes de CARLOS SALINAS DE GORTARI, tuve que decir ante la prensa que yo había sacado al “Chocorrol” del lugar de los hechos en la moto; dijo que él le diría al Juez que yo no lo había hecho con mala intención”,
“Yo le dije que no lo iban a creer y me dijo que él se encargaba de eso, y después me cambió todo culpándome del homicidio ya estando en el reclusorio y eso no de vale, y a todos ustedes les hizo creer esa mentira, ya en el Juzgado no me dejaban hablar y el Juez que era “consigna” (a tal grado que fue el Licenciado que después se encargó de la defensa del hermano de Carlos Salinas de Gortari), me decía que si hablaba me sacaba del Juzgado”.
Lo dicho en este mensaje por RAFAEL MORO AVILA, no aclara dudas sobre los motivos y los autores intelectuales del crimen de Manuel Buendía, por el contrario, nos deja mas dudas, aunque recalca algunos nombres que ya conocíamos como sospechosos.
Como dato curioso, dice antes del final de su escrito, “¿usted cree que si yo hubiera sido ese asesino tan buscado, hubiera hecho cerca de 30 películas, televisión, video homes y teatro, donde salía mi cara del tamaño de una pantalla de cine?. Además siendo nieto del General MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, no tenía ninguna necesidad económica para cometer un delito y menos de esta magnitud”. Recordemos que su detención ocurrió 5 años después del homicidio de BUENDIA.
MORO AVILA aceptó que le hiciera une entrevista vía Internet, que después publiqué, aunque en una parte me dijo: “ No quisiera que usted solo se involucre en esta investigación ya que es peligroso, todos los que organizaron este crimen, no se detendrían en hacerle daño”. No le hice caso y publique la entrevista, además una carta que después me mandó. ¿Pero a quienes se refería?, nunca lo he sabido.
JOSE ANTONIO ZORRILA PEREZ, Director de la Dirección Federal de Seguridad y RAFAEL MORO AVILA, fueron procesados penalmente, uno como autor intelectual del asesinato y el otro como autor material, el primero quedó en libertad en enero del año pasado, pero ante la presión ejercida por los medios de comunicación y agrupaciones de periodistas, por considerar que había sido favorecido por las autoridades, fue regresado al penal, el 30 de mayo del mismo año, RAFAEL MORO AVILA también fue liberado y hasta la fecha goza de esa condición.
Aunque el esclarecimiento de la muerte de MANUEL BUENDIA no ha dejado satisfecho al gremio periodístico nacional, a la sociedad y a los amantes de la libertad de expresión, nos queda el ejemplo del hombre que no escatimó sus conocimientos y capacidad para escribir y delatar lo mismo a gobernantes corruptos y caciques, que a la poderosa, CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, a la misma iglesia católica y defendió la soberanía de México de manera incansable.
En México, la represión contra la libertad de expresión nunca termina, porque basta recordar a los hermanos JESÚS, ENRIQUE y RICARDO FLORES MAGON, presos y atacados por el régimen porfirista, durante las épocas pre revolucionaria y revolucionaria, allá por 1910.
MANUEL BUENDIA, asesinado en 1984, por los motivos ya expuestos.
Y en la actualidad: el saqueo a las oficinas de CIMAC la noche del 28 de julio de 2008, de donde se llevaron equipo de cómputo, electrónico y de grabación. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A. C., realiza un trabajo con una perspectiva de género acerca de las condiciones de las mujeres en México y el mundo, desde una visión de defensa de los derechos humanos. El hecho, nunca ha sido aclarado.
La revista FORUM, que dirige EDUARDO IBARRA AGUIRRE, ha sufrido los embates del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al retirarle la publicidad oficial, en un intento por acallar las denuncias difundidas sobre la corrupción y errores de su gobierno. Hasta el momento, FORUM funciona por el sistema en línea y actualmente recibe aportaciones económicas de suscriptores, amigos y defensores de la libertad de expresión.
Otro caso de ataque a la difusión libre de las ideas, durante el actual gobierno federal, ocurrió al programa radiofónico ÍINDICE POLÍTICO, que conducía y dirigía el periodista y columnista, FRANCISCO RODRIGUEZ, a través de Radio Capital en la ciudad de México. En julio de 2008, denunció al aire sobre los negocios ilícitos que el entonces Secretario de Gobernación, CAMILO MOURIÑO, hizo y hacía, aprovechando su puesto y sus estrechas relaciones con el presidente de la república.
El programa fue suspendido por órdenes de la Secretaría de Gobernación.
El caso más reciente se presenta en un clima marcado por la violencia y la impunidad, la periodista LAURA CASTELLANOS continua siendo objeto de actos de intimidación a causa de sus reportajes sobre grupos armados y movimientos radicales. El reciente allanamiento a la casa de Castellanos se une a la larga línea de actos de intimidación, incluidas amenazas telefónicas, intervenciones a su correo electrónico y constante vigilancia.
Cada día nos enteramos del asesinato de algún compañero, atribuidos al crimen organizado. Dijo el compañero DANIEL BECERRIL ARCHUNDIA, en esta misma tribuna, que en 2009 el 65.67 por ciento de las agresiones contra periodistas proviene de funcionarios federales, 7.79 las cometieron simpatizantes o miembros de partidos políticos y el 6.15 por ciento de la delincuencia organizada.
Nunca podremos olvidar que en julio de 2009, nos tocó vivir el drama de la muerte de nuestro querido amigo, MARTIN MIRANDA, cuyo crimen no ha sido aclarado y la Procuraduría de Justicia de Michoacán nunca ha emitido un comunicado sobre el hecho.
Esto nos hace pensar que escudados en la grave situación de violencia que vive el país, funcionarios cometen crímenes para que se piense que es el narcotráfico el que más mata comunicadores. Una situación que se debe analizar e investigar para conocer la realidad y “deslindar responsabilidades” y dar a cada quien la culpa que merece.
Como podemos ver, en México la represión a la libertad de expresión nunca termina, lo mismo es con gobiernos dictatoriales, que con gobiernos priístas o panistas.
Mayo 30 de 2010, leído ante el monumento a Manuel Buendía en el acto por el 26 aniversario de su muerte.
H. Zitácuaro, Michoacán
Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular
AI: subieron más de mil por ciento abusos contra defensores de derechos humanos
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 30 mayo. El director de Amnistía Internacional (AI) en México, Alberto Herrera, criticó que durante 2009 hubo un incremento “sustantivo y preocupante” de violaciones a los derechos humanos, sobre todo de las fuerzas armadas contra personas inocentes, a quienes torturan, desaparecen y ejecutan.
Enfatizó principalmente en los casos de violación contra los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), en Guerrero.
Detalló que en el ámbito nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) más de 30 recomendaciones y el incremento de más de mil por ciento en las quejas que ha recibido contra del Ejército mexicano entre 2006 y 2009.
“La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en México significó una preocupación especial para Amnistía Internacional durante 2009. Aún con medidas provisionales y casos abiertos bajo discusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los actos de hostigamiento contra de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa no cesaron. Por el contrario, las amenazas obligaron en semanas recientes a que su presidenta, Obtilia Eugenio Manuel, a salir de Guerrero buscando salvaguardar su integridad física”, indicó.
Recordó que en febrero del año pasado, hombres identificados como policías secuestraron, torturaron y ejecutaron al presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, con quienes la OPIM actuaba de manera conjunta. “Estos casos son sólo una muestra de la incapacidad que el Estado mexicano ha mostrado para garantizar protección y seguridad a quienes defienden los derechos humanos”, reclamó.
En el caso de Raúl Hernández, otro integrante de la OPIM y quien está preso por el supuesto asesinato de un informante del Ejército, indicó que su “injustificada” detención ha provocado un llamado del Congreso de la Unión para que el procurador general de Justicia del Estado de revalore las pruebas en su contra”.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: soberanía popular
Lanzan en 9 estados campaña de Católicas por el Derecho a Decidir
México D.F., 31 de mayo de 2010 (Cencos).- En el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir en colaboración con más de 100 organizaciones y grupos de la sociedad civil, presentan la campaña de sensibilización: “Otra mirada católica del aborto”, para informar que la Iglesia católica no condena el aborto en muchos casos.
Católicas por el Derecho a Decidir/ México es una organización sin fines de lucro, integrada por personas católicas, que defiende los derechos humanos de mujeres y jóvenes, en especial sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el acceso al aborto seguro y legal, desde una perspectiva ética, católica y feminista.
El eje de la campaña se centra por un lado en el derecho a decidir, y retoma el Derecho Canónico a partir del canon 1323, mencionando los siguientes casos en que es viable la interrupción del embarazo: cuando una mujer es menor de 16 años (canon 1323, inciso 1); cuando actúo presionada por miedo (canon 1323, inciso 4); si lo hizo por necesidad (canon 1323, inciso 4); si actuó para evitar un grave daño (canon 1323, inciso 4); cuando ignoraba que infringía una ley (canon 1323, inciso 2); si actuó en legítima defensa (canon 1323, inciso 5); si actuó por violencia o de manera accidental (canon 1323, inciso 3); cuando la mujer carecía de razón o sufría alguna deficiencia mental (canon 1323, inciso 6).
Esta campaña de sensibilización se lanza de manera simultánea en medios de comunicación de 9 estados: Baja California (Tijuana), Campeche (Campeche), Chiapas (Tuxtla Gutiérrez), Colima (Colima), Guanajuato (Guanajuato y León), Jalisco (Guadalajara), Morelos (Cuernavaca), Oaxaca (Oaxaca) y Querétaro (Querétaro). Para información sobre la Campaña consultar: http://www.catolicasmexico.org/ns/campana.html
Fuente: CENCOS
Difusión: soberanía popular
Adán Espinoza obtiene recurso para evitar detención
Difusión Cencos México D.F., 31 de mayo de 2010
Fuente: Sididh/
Centro Prodh
En un comunicado Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos (quien conduce su defensa legal), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, así como el Comité Libertad y Justicia para Atenco informaron que el 21 de mayo de 2010, el Juez Sexto de Distrito del Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, concedió a Jesús Adán Espinoza Rojas, la suspensión provisional en contra de la última orden de aprehensión que existía en su contra, por lo cual queda en posibilidad de salir del lugar donde ha tenido que permanecer oculto a raíz de la persecución política de que ha sido objeto desde el 4 de mayo de 2006, cuando tuvo que abandonar la localidad de San Salvador Atenco, en el contexto de la represión desatada por los gobiernos estatal y federal.
A partir de esa fecha Jueces Penales del Fuero Común de Toluca y Texcoco, Estado de México, giraron en su contra cinco órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro equiparado, robo de vehículo, robo agravado, privación de la libertad y robo de expediente. Con el paso de los años, y mediante diversos juicios de amparo interpuestos por sus defensores legales, fueron quedado sin efecto cuatro órdenes de aprehensión por lo que la única que esta es la única que subsistía. Dicha orden de captura es la relacionada con el delito de robo de expediente, la cual está siendo analizada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, quien en fecha próxima emitirá su resolución sobre si dicho mandamiento de aprehensión ya prescribió.
Debido a que el delito por el cual le fue girada esta orden de aprehensión no es considerado grave por la legislación penal del Estado de México, el Juez Federal determinó concederle la suspensión provisional, -la cual impide que sea privado de su libertad-, dejando abierta la posibilidad de que se reincorpore a sus actividades públicas, tras la persecución implacable que en su contra emprendieron las autoridades estatales, pudiéndose nuevamente reinsertar de igual manera a la vida comunitaria.
Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular
REFLEXIONES DE UN SOLDADO AL PUEBLO DE MEXICO
REFLEXIONES DE UN SOLDADO AL PUEBLO DE MEXICO, A LOS MIEMBROS DE LOS TRES PODERES DE LA UNION Y A TODOS LOS INTEGRANTES (EN SERVICIO ACTIVO Y EN RETIRO) DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
General de Brigada (Ret.) Ingeniero Constructor
Jorge García Henaine
Con relación a la situación que estamos viviendo y los graves acontecimientos que se suscitan en nuestro país, quiero hacer patente las reflexiones y la experiencia que durante mi vida militar he aprendido.
Nuestra Constitución general de la República, fundamenta la existencia de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Mexicanas, y ellas a su vez son garantes del imperio de la ley y la existencia del Estado Mexicano. Aseguran la integridad del territorio, la soberanía de la Nación, la seguridad interior y en sus diferentes acciones el bienestar del pueblo. Estas misiones deben cumplirse cabalmente sin dilación ni desvío; no deben confundirse por ningún motivo con seguridad pública ni funciones de policía.
Su intervención en la vida nacional durante los diversos episodios históricos de la República, se ha caracterizado por haber respondido patrióticamente a los intereses del pueblo de México, salvo en algunas ocasiones, derivada de la mala conducción de mandos políticos y militares supremos de la Nación, que no supieron estar a la altura de su responsabilidad, de la historia y de su tiempo, originaron confusiones que incidieron para que sus elementos reprimieran los anhelos de su pueblo (represiones a movimientos sociales, Tlatelolco, guerra sucia, etc., los subordinados no son responsables por estas acciones, sino quienes los mandan).
Las Fuerzas Armadas Mexicanas son el pueblo en el servicio de las armas; forman con él una unidad inquebrantable. Constituyen la fuerza pública que garantizan la independencia, la vigencia del derecho y el futuro de la Nación. Conforman el sólido aval del Estado y el honor de México. Siempre han acudido a desarrollar las misiones más difíciles que requiere el servicio de la patria, no deben ser usadas en funciones de policía ni para reprimir al pueblo.
Cuando las Fuerzas Armadas se desprestigian surge la violencia, la anarquía; se pierde el rumbo y la Nación se derrumba. Por lo anterior, debemos estar muy atentos a que su aplicación sea específicamente en función de las misiones superiores que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les confiere.
Ley de Seguridad Nacional (Contrapropuesta sobre el fuero militar)
El fuero militar no debe ser cambiado porque se rompería la disciplina de las Fuerzas Armadas. La disciplina es el principio fundamental de su existencia. Y a su vez son el soporte para la sobrevivencia del Estado y la sustentación de la República.
Artículo 13° Constitucional……Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.
Propuesta: Legislar para incluir en el Artículo 13° Constitucional lo siguiente: “Tratándose de personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, la obediencia y la subordinación tienen límites y terminan cuando el superior que los manda, en sus órdenes viola la ley”.
Esta última disposición deberá ser agregada en alguno de los artículos del Reglamento General de Deberes Militares para que sus miembros la conozcan. Este precepto se basa en la diferenciación de los conceptos: fidelidad y lealtad.
La fidelidad no tiene límites ni fija condiciones, es irracional, se exige y da en un solo sentido.
a lealtad sí tiene límites, es razonada, sus principales características, son la dignidad, el respeto, el deber y el amor a la patria; la lealtad se debe dar entre el que manda y el que obedece, y no debe incluir servilismo, de otra forma no puede existir.
La confusión de los mandos sobre estos principios básicos para normar la conducta de los militares en el ejercicio de sus funciones, ocasiona que se produzcan excesos al interior de las fuerzas armadas, y que sus miembros en cumplimiento de órdenes inconstitucionales intervengan en la represión de las demandas populares y en actividades que violan los derechos humanos.
Debemos estar atentos todos los mexicanos para que estos agravios se resuelvan, se mantengan la disciplina e integridad de las instituciones armadas y conserven su prestigio, credibilidad y respeto de su pueblo.
Al interior de las fuerzas armadas siempre ha habido excesos, rigorismos, y privilegios entre sus miembros que originan inconformidad, deserción, y desaprovechamiento de sus talentos, propician desigualdades y provocan inconformidades que atentan contra el espíritu de unión de nuestras instituciones.
Una clara manifestación de esto son las más de 120,000 deserciones ocurridas en el ejército y Fuerza Aérea sucedidas en el período 2000-2006, de las cuáles presumiblemente un buen número de ellos se han dedicado a actividades fuera de la ley.
La invitación de algunos militares retirados a participar en una marcha, para reclamar sus derechos a la igualdad que su jerarquía, especialidad y tiempo de servicios les confieren, en concordancia con el personal del servicio activo, debe verse como una llamada de atención para que estas inequidades se supriman, y conserve la cohesión.
Recordemos que en la opinión general, el prestigio de las instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, estatal, y municipal, se ha debilitado, por lo que es de importancia vital, conservar la credibilidad del pueblo en sus fuerzas armadas para que no surja el caos y la Nación se desintegre. Como algunos intereses particulares de nacionales, gobiernos y organizaciones extranjeros lo pretenden.
La mejor ofrenda que los mexicanos podemos hacerle a nuestro país en este Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, es instituir un nuevo Congreso Constituyente que rehaga nuestra ley suprema, consume la Tercera Independencia, y refunde la Sexta República, basado en los principios e ideales de los héroes que nos dieron patria. Esto asegurará el éxito de nuestra nación y el futuro de nuestro pueblo.
Muy respetuosament
“Sufragio efectivo no reelección”
General de Brigada (Ret.) Ingeniero Constructor
Jorge García Henaine
Difusión: Soberanía Popular
NO HAY PRUEBAS DEL SUPUESTO SABOTAJE ELÉCTRICO
*Acusan a los Electricistas para Ocultar Que no Hay Mantenimiento en las Instalaciones: Martín Esparza.
Por María de Lourdes Martínez González
El gobierno federal no tiene ninguna prueba de que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas incurran en sabotaje de las instalaciones eléctricas para provocar apagones, reconoció el subsecretario de gobernación, Roberto Gil Zuarth. En entrevista el pasado martes 25 de mayo del 2010, luego de una reunión de la comisión especial de diputados federales sobre el caso electricista, reconoció que sólo hay indicios y no es facultad de la secretaría de Gobernación señalar culpables.
Momentos antes Martín Esparza, secretario general del SME, insistió en que los apagones se deben a que no le han dado mantenimiento a las instalaciones eléctricas que operaba Luz y Fuerza del Centro y la situación amenaza con un colapso generalizado.
Roberto Gil Zuarth reconoció que las autoridades federales sólo tienen indicios de que hay actos deliberados en contra de la red eléctrica y su equipamiento, lo cual -acusó- es la causas que genera las múltiples fallas eléctricas que se reportan a diario, desde que el presidente Felipe Calderón publico su decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. (leer noticia relacionada)
P.- ¿Qué indicios hay de sabotaje a la red eléctrica?
R.-Por ejemplo, atar dos cables de alta tensión con un cable para que hagan un corto circuito.
P.- ¿Pero no sabe quién lo hizo?
R.-Por eso hemos creado el centro de atención y reacción inmediata. Para poder seguir los
indicios, pero tampoco es papel de la Secretaría de Gobernación...asignar responsabilidades. Quien asigna responsabilidades en este país es el ministerio público y los jueces.
P.-Entonces ¿por qué dicen que hay indicios de sabotaje y señalan al SME. Si son indicios entonces no saben quién fue?
R.- La Secretaría de Gobernación no asigna responsabilidades a persona en lo individual. Se ha dicho públicamente que hay evidencia clara y contundente de actos deliberados en contra del sistema eléctrico del Valle de México. Esos actos deliberados se han documentado y se han abierto ya las averiguaciones previas.
Martín Esparza respondió el sábado 29 de mayo del 2010, durante su participación en Frecuencia Laboral: Donde los Trabajadores son la Noticia, que nadie puede llegar a atar dos cables de alto voltaje sin que muera en el intento. Explicó que cuando se habla de alto voltaje se trata de energía eléctrica de más de 23 kV, a la cual no es posible acercarse a un metro de distancia sin que el cuerpo humano provoque un puente y se electrocute.
Por esa misma razón tampoco pueden cortar cables con un cuchillo. "Lo que están diciendo es absurdo y tratan de aprovecharse del desconocimiento que tiene la sociedad del manejo de cargas eléctricias, para fomentar la idea de que hay sabotaje, para ocultar que en realidad se trata de la incapacidad del gobierno para manejar el sistema eléctrico de Luz y Fuerza del Centro".
El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas detalló que hay más de 40 puntos de riesgo de colapso eléctrico, tan sólo en la ciudad de México, por falta de mantenimiento, pues lo único que han hecho las empresas contratistas y el gobierno federal es cortar el pasto que crece en las subestaciones eléctricas.
En anteriores conferencias de prensa el dirigente de los electricistas advirtió que todo esto esconde un posible fraude millonario. Pues antes del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, las autoridades responsables contaban con un presupuesto de 400 millones de pesos para mantenimiento y en lugar de comprar aceite bioelectrico para el mantenimiento de los cables, le pusieron aceite vegetal. (Leer noticia relacionada)
Difusión: soberanía popular
Obreros de Johnson Controls logran conformación de nuevo sindicato
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ
Este sábado terminó el paro laboral en una de las plantas de Johnson Controls, después de que la empresa desconoció al sindicato que tenía el Contrato Colectivo de Trabajo, como lo exigían los obreros inconformes, y permitió la conformación de una nueva agrupación laboral afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del país.
Asimismo, los trabajadores de esta compañía –dedicada a la fabricación de asientos para automóviles– obtuvieron un bono de aproximadamente mil 300 pesos por el concepto reparto de utilidades, lo cual también había sido una de sus demandas principales, a raíz de que sólo les habían ofrecido 104 pesos por dicha prestación.
Las negociaciones iniciaron poco después de las 16 horas del pasado sábado. Rocío Hernández Maldonado, una de las voceras de los trabajadores, señaló que en las pláticas que sostuvieron con los directivos, participó la representante legal de la empresa, Marisela Rodríguez, quien se comprometió a respetar la afiliación de más de 50 por ciento de los obreros al nuevo sindicato y dar las facilidades para la realización de las asambleas en las que se elija al comité ejecutivo.
La trabajadora explicó que desde hace dos años existía inconformidad por las malas condiciones laborales que hay en la planta –localizada en el parque industrial Bralemex, a un costado del estadio Cuauhtémoc–, así como porque el sindicato existente no protegía sus intereses; sin embargo, la falta de pago de utilidades fue “la gota que derramó el vaso” y originó el paro laboral, el cual inició desde el pasado miércoles.
Consideró como un éxito el movimiento laboral que se llevó a cabo, pues la mayoría de las demandas fueron aprobadas por los directivos, incluyendo la incorporación a la nómina de la compañía de los obreros de One Digit, quienes firmaban contratos temporales cada tres meses. Agregó que el comité ejecutivo del nuevo sindicato –que se elegirá en unos días– no se va a confiar hasta lograr que se respeten los derechos laborales, como no trabajar más de ocho horas, el pago de horas extras y el acceso a la salud.
Los trabajadores de la compañía estadounidense pernoctaron en las instalaciones de la planta los días miércoles, jueves y viernes de la semana pasada y tuvieron el temor de ser desalojados debido a la presencia en varias ocasiones de elementos policiacos. Desde el domingo, la planta reanudó actividades.
Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: soberanía popular
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