miércoles, 12 de octubre de 2011

Gobierno mexicano rechaza la denuncia contra Calderón que presentarán en La Haya


El Gobierno de México rechazó este martes la intenciones de un grupo de organizaciones civiles que buscan denunciar por "crímenes de guerra" al presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI), debido a las miles de muertes generadas por el enfrentamiento de las fuerzas policiales y el narcotráfico.

En un comunicado divulgado por la Secretaría de Relaciones exteriores del país, el Gobierno Federal rechazó categorícamente la denuncia que muestra "de manera equivocada la realidad del país" y los señalamientos que acusan a la política de seguridad de “constituir un crimen internacional”.

“Las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad son desplegadas con pleno apego al Estado de Derecho, con el fin de detener la actividad de las organizaciones criminales, llevar a sus miembros ante la justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan”, dice el texto.

El Gobierno asegura que de no haber actuado de la manera como lo ha hecho “muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”.

El grupo civil, que representa a más de 20 mil ciudadanos, tiene previsto presentar el próximo 25 de Noviembre, ante el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la solicitud formal para que se inicie una investigación sobre la situación que prevalece en México, la cual está sustentada en 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos, de acuerdo con sus cifras.

Además de Calderón, otros funcionarios como los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y el de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, serán demandados. También el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Para el Gobierno, su compromiso con la protección de los Derechos Humanos “es indeclinable”. Afirma que “en los últimos 5 años se ha logrado la mayor ampliación de derechos fundamentales en México”.

Considera que la demanda presenta de “manera equivocada la realidad nacional” del país, y le recuerda al grupo que llevará la denuncia a La Haya, que en esa nación “la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las fuerzas armadas. El Estado Mexicano actúa conforme a Derecho en el combate a las todas las organizaciones criminales”

En la denuncia, los grupos civiles acusan al Ejército mexicano de asesinar a civiles, incluso a niños ajenos al conflicto, en retenes militares, y operativos. Además lo señala de intentar encubrir estos hechos para no castigar a los responsables.

Fuente: TeleSur

La guerra contra el narcotráfico y la Corte Penal Internacional


PABLO ALARCÓN-CHÁIRES

La Corte Penal Internacional, cuya sede se encuentra en La Haya, Holanda, es la instancia que tiene como finalidad juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad, considerados los más graves dentro del derecho internacional. Su normatividad tiene sustento en el Estatuto de Roma, el cual fue firmado y después ratificado por México, el 28 de octubre de 2005.

Ayer 11 de octubre, un connotado grupo de ciudadanos mexicanas y mexicanos intelectuales, artistas, periodistas, académicos y abogados, respaldados por más de 10 mil firmas, dieron a conocer los argumentos que sustentan una denuncia dirigida al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo.

Dicha denuncia es contra Felipe Calderón Hinojosa (presidente de México), Joaquín Guzmán Loera (narcotraficante), Genaro García Luna (actual secretario de Seguridad Pública), Guillermo Galván Galván (actual secretario de la Defensa Nacional), Francisco Saynez Mendoza (actual secretario de Marina) y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México (véasehttp://www.petitiononline.com/CPI/petition.html). La posibilidad de enjuiciar internacionalmente a Calderón ya había sido sugerida por Netzaí Sandoval Ballesteros meses antes (La Jornada, 14 de mayo de 2011).

Este hecho inaudito pretende hacer vigente los tratados y convenios en materia de derecho penal internacional que ha firmado nuestro país. La contribución principal de esta denuncia quizá no sea únicamente someter a juicio al actual mandatario Calderón Hinojosa, sino la de romper con viejos mitos y esquemas de impunidad que han cobijado desde siempre a los gobernantes mexicanos. Además presenta, en la misma bandeja, la oportunidad de someter ante tal instancia judicial a personajes no forzosamente relacionados con el ejercicio del gobierno en México.

Los argumentos que sostienen esta denuncia –que se presentará el próximo 25 de noviembre- refieren una guerra contra el narcotráfico cuyos resultados son tangibles en más de 40 mil muertos en los últimos cuatro años; 120 mil desplazados, y mil 226 niños, niñas y adolescentes muertos en fuego cruzado o ataques directos. También coloca a México dentro de los tres países más peligrosos para ejercer profesionalmente como periodista.

De acuerdo con el documento, a pesar de los llamados de organismos internacionales dedicados a vigilar a los gobiernos en materia de derechos humanos, el mexicano actualmente insiste en utilizar al Ejército y la Marina como cuerpos policiacos, lo cual ha agravado la situación. Este documento cita que el papel del Ejército en la muerte de niñas y niños, en la tortura y muerte de civiles a pesar de saber su inocencia, logrando encubrir además estos hechos para evitar castigar a los responsables. Respaldado en el Estatuto de Roma, el documento hace evidente sendos incumplimientos en la materia, refiriendo la participación de la fuerza castrense en la violación sexual de mujeres, actos reprobables que han sido encubiertos y fomentados por la impunidad, según menciona.

Al referir el problema de los migrantes, la denuncia señala que el Ejecutivo federal, siguiendo una política impuesta por el vecino país del norte, incluso “…ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos de Norteamérica…”.

Por otro lado, acusa a los cárteles de la droga de reclutar menores de edad y de utilizar prácticas de intimidación francamente de agravio humanitario, además de otras violaciones considerados en el Estatuto de Roma.

Si esta denuncia procede, será un parte-aguas en la historia de México. Lo que ciudadanos de otros países han venido haciendo desde hace décadas al juzgar a sus gobernantes, resultaba para los mexicanos y mexicanas una quimera.

Por lo pronto, Felipe Calderón estos últimos días ha hablado del carácter humano de su gestión y ha manifestado su preocupación por los desaparecidos en el país.

palarcon@oikos.unam.mx

Fuente: La Jornada de Michoacán

En ocho meses se han registrado 35 actos de represión en Puebla, acusan organizaciones


MÓNICA CAMACHO

Líderes de organizaciones civiles demandaron al Congreso local exhortar al gobernador Rafael Moreno Valle a concluir la represión contra los movimientos sociales, al acusar que se han registrado 35 actos de violencia contra manifestantes y habitantes del estado en los ocho meses que lleva la administración estatal.

Uno de los grupos que respaldó el llamado fue Movimiento Nacional Constitucionalista, cuyo dirigente estatal, Raymundo Reyes Escobar, afirmó que en Puebla impera un “régimen represor” con el que se pretende intimidar a la ciudadanía.

Los inconformes entregaron la petición por escrito a la Secretaría General del Poder Legislativo, la cual deberá turnar el documento a los integrantes de la Comisión Permanente, quienes abordarían el tema en la sesión del miércoles próximo.

Pocas horas antes de encabezar la marcha contra la represión, los líderes de 35 organizaciones se apersonaron en el Congreso local para exigir la intervención de los diputados, ante la intolerancia que ha mostrado el gobierno estatal en el manejo de las protestas sociales.

Alberto Guadarrama Hernández, de Convicción Mexicana por la Democracia, criticó que los actos de represión surgieron desde el inicio del nuevo gobierno y han derivado en agresiones físicas contra habitantes del estado, así como en el encarcelamiento injustificado de personas.

Recordó el operativo de desalojo que encabezó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contra campesinos de Chignahuapan, así como la aprehensión de defraudados que salieron a las calles para exigir una respuesta a su problema la semana pasada.

Guadarrama responsabilizó de los actos de violencia al titular de la SSP, Ardelio Vargas Fosado, a quien denominó como el “represor más grande” que ha tenido Puebla.

En ese sentido, hizo un llamado al mandatario local a vigilar de cerca las acciones de Ardelio Vargas, así como a cambiar la política de contención de manifestaciones que promueve.

Además de Movimiento Nacional Constitucionalista y Convicción Mexicana por la Democracia, otras de las organizaciones que firmaron la petición al Congreso fueron Proyecto Puebla, Frente Nacional de Comercio Informal, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Urbanas y Campesinas de Puebla, Liga Mexicana de Familias y Redes Productivas, así como la Asociación Civil 18 de Noviembre de Seguridad.

Fuente: La Jornada de Oriente

Temen vecinos de Puerto las Ollas nuevo ataque de marinos


HERCILIA CASTRO, CORRESPONSAL

Zihuatanejo, 10 de octubre. Pobladoras de Puerto las Ollas, en la región de Tierra Caliente, denunciaron que temen un nuevo ataque armado, ya que han sobrevolado helicópteros de la Secretaría de Marina (Semar) sobre la comunidad, y que ahora están incomunicados, pues no tienen radios y les fue cortada la única línea telefónica que tenían. En entrevista, la habitante María dijo que en estas últimas dos semanas ha sobrevolado en la comunidad un helicóptero de la Semar, por lo que temían que “entre el gobierno”. Expresó que la situación también afecta a sus vecinos de Las Palancas. Relató que a causa de la incomunicación, tuvo que dejar el lugar y desplazarse a otro pueblo donde pudieran atender a su hija embarazada, ya que estuvo a punto de perder al bebé por la falta de asistencia médica en la comunidad. “‘Allá no hay médico, tuve que bajarla, ahora estamos en otro lugar, por eso pude hablar”, indicó.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Europa en recesión, mientras los gobiernos se preocupan de los banqueros


ARTURO HUERTA GONZÁLEZ

El lunes 10 de octubre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que en agosto de este año su Indicador Adelantado Compuesto cayó 0.5 puntos, lo que significa su quinto descenso mensual consecutivo, lo que apuntala a una desaceleración en la mayoría de los países de la OCDE y las principales economías no miembros. Tendencia presente en los Estados Unidos (EU), Alemania y Rusia.

La preocupación de los principales dirigentes europeos, y de los EU, no es como frenar la recesión, y el creciente desempleo, sino de cómo salvar a la banca. El gobierno de EU ha estado presionando a Alemania y Francia para que recaten a su banca y la del resto de Europa, ya que de caer la banca europea, se vería afectada la banca de Wall Street, ya que ésta le ha otorgado grandes préstamos a los europeos. De afectarse la banca de EU, su gobierno tendría que entrar nuevamente al rescate, lo que le ocasionaría problemas políticos en un contexto electoral. De ahí que presionan para que los gobiernos más poderosos de Europa rescaten a su banca, a fin de que no se vea afectada la de EU.

El fin de semana pasada se reunieron la Canciller Merkel de Alemania y el presidente Sarkozy de Francia para acordar un paquete conjunto para apoyar a la banca que ha otorgado créditos significativos a Grecia, la cual está a punto del no pago y del colapso. Su preocupación, no es como Grecia debe retomar el crecimiento económico para que configure condiciones de reembolso a la deuda, sino como exigirle mayores políticas de ajuste contraccionista para generar el ahorro forzoso para que cubra lo que adeuda, sin importar que ello ahondará la recesión y el desempleo y el deterioro del nivel de vida de la población.

La preocupación de los dirigentes europeos es como capitalizar a los bancos, a fin de que no pierdan con la quita de la deuda a Grecia que se calcula será de 60 por ciento, lo que implicará pérdidas para la banca acreedora. De ahí que los gobiernos Alemán y de Francia, les transferirán recursos a la banca a fin de que no pierda. En vez de transferir dichos recursos para capitalizar la esfera productiva para que invierta, y genere empleos, para así reactivar la economía, y mejorar el ingreso de las empresas e individuos, para así salir de los problemas de insolvencia y así capitalizar la banca, optan en beneficiar directamente a la banca, para que ésta supuestamente incremente el crédito y así reactive la economía. Una banca debe capitalizarse a partir de recuperar el crédito otorgado, lo que exige condiciones de crecimiento, y no debe ser capitalizada con deuda pública como han venido procediendo, pues eso no resuelve los problemas de insolvencia. Se continúa con la misma política seguida en 2008 y 2009, donde se transfirieron grandes recursos a la banca, tanto en EU, como en Europa, y sin embargo no se incrementaron los créditos, sino tales recursos se canalizaron nuevamente a la especulación, y de ahí la recurrencia de las crisis.

La misma situación estuvo presente en México con la crisis bancaria de 1995–96 que dio por resultado el Fobaproa, donde se transfirieron a la banca 100 mil millones de dólares, el equivalente al 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implicó aumento de la deuda pública, que hasta la fecha se sigue pagando a favor de la banca, sin que ésta sea funcional al desarrollo económico. La banca sigue sin prestar y favorecer al sector agrícola y manufacturero. Especula otorgando créditos al consumo a altas tasas de interés, como en el sector financiero–especulativo.

La banca, aprovecha su poder económico y político para sujetar a gobiernos y congresos para que actúen a su favor, para que los rescates y transferencias de recursos se destinen a su capitalización, para que sigan otorgando créditos a los gobiernos a altas tasas de interés. Si la banca es recatada por los gobiernos, es para que éstos se quedaran con los bancos y los refuncionalizaran a favor de otorgar créditos baratos al sector productivo, como a los gobiernos y a la generación de empleo. Si ello no se ha dado, evidencia la posición servil de la mayoría de los gobiernos a nivel mundial de responder a los intereses de tal sector, a costa de no atender los reclamos de empleo y bienestar de las grandes mayorías e indignados de tales países, evidenciando que no hay democracia en tales países, no obstante que se dicen paladines y defensores de ésta.

Mientras siga la hegemonía de los dueños del dinero, no hay viabilidad de salir de la crisis, ya que los recursos que se canalizan a la banca no van a la esfera productiva y a la generación de empleos, sino que pululan en la esfera financiera–especulativa, y nos seguiremos recreando en la crisis, mandando más y más gente a las calles. Es un problema de lucha de clases, y será hasta que cambie la correlación de fuerzas y se subordine al sector bancario–financiero a favor del financiamiento del gobierno, del sector industrial y agrícola, y del empleo, que se saldrá de la crisis.

Fuente: La Jornada de Oriente

Boletín de Democracy Now! en Español

11/10/2011

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