jueves, 24 de enero de 2013

Domar a la opinión pública


HÉCTOR TAJONAR*

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Fuente de legitimidad y consenso, así como de crítica o rebelión, la opinión pública es un ente inasible capaz de fortalecer o derrocar a políticos y gobiernos. La interrelación entre sociedad, autoridad política, medios de comunicación y la opinión pública generada o moldeada por ellos, denota el carácter del régimen. Los totalitarismos anulan a ésta y reprimen a quien no se somete; los autoritarismos intentan controlarla mediante diversos métodos de cooptación. En democracia, la opinión pública se manifiesta en un ámbito de mayor libertad, acorde con las especificidades de cada país o región. Adicionalmente, dos fenómenos irrefrenables condicionan a la opinión pública: la globalización y el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Durante al menos un siglo, los gobiernos de México han tenido la tentación de domar a la opinión pública y casi siempre lo han logrado. La coyuntura actual del país demanda un examen riguroso de ese fenómeno, a la luz de estudios teóricos, empíricos y normativos que van desde la negación de la existencia de la opinión pública (Bourdieu, L’opinion publique n’existe pas, 1973) hasta la concepción de Habermas que la considera fundamento de la democracia deliberativa.

La domesticación de la opinión pública en nuestro país se ha logrado por dos vías complementarias: la primera consiste en cooptar a los dueños de los medios de información, así como a las principales figuras que colaboran con ellos, a través de dádivas o prebendas; la segunda implica el diseño de una estrategia de comunicación destinada a elevar la popularidad del gobernante en turno mediante discursos, ofertas y decisiones políticas de alto impacto que respondan a demandas de sectores sociales con gran presencia pública. La combinación de ambas es propia de regímenes autoritarios, y al parecer su práctica no ha sido superada, sino más bien renovada y depurada.

En su libro Public Opinion, publicado en 1922, Walter Lippmann sostiene que la opinión pública es un producto manipulado por los medios de comunicación, lo cual ocurre no sólo por el poder de los medios, sino porque amplios sectores de la sociedad “padecen de anemia intelectual”. “Debido al impacto de la propaganda, ya no es posible creer en el dogma original de la democracia” –escribió el pensador estadunidense.

El “dogma” al que se refiere Lippmann es nada menos que la igualdad política de los ciudadanos, principio fundacional del pensamiento democrático, expresado por primera vez en la célebre oración fúnebre de Pericles: “Los individuos pueden ellos mismos ocuparse simultáneamente de sus asuntos privados y de los públicos; no por el hecho de que cada uno esté entregado a lo suyo, su conocimiento de las materias políticas es insuficiente”. (Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso.) Dicho discurso incluye la primera defensa de la democracia deliberativa.

No respetar la igualdad política de los ciudadanos, fundamento del principio de “una persona, un voto” y esencia de las elecciones democráticas, podría conducir a la posición extrema formulada en la desafortunada afirmación de Borges: “La democracia es un abuso de la estadística”. Dicha sentencia parece haberse convertido en pilar conceptual de las estrategias de comunicación política, con las graves consecuencias que ello implica. Si, como lo acepta el propio Bobbio, la racionalidad del votante es una aspiración incumplida, incluso en las democracias avanzadas, la democracia podría reducirse a la mera competencia por el voto del electorado (Schumpeter), es decir, a mercadotecnia.

La concepción del ciudadano como “hombre masa” permite –y, para los cínicos, justifica– la manipulación de la sociedad a través no sólo de la propaganda electoral, sino de estrategias mediáticas en el ejercicio de gobierno. Ello ocurre no sólo en México, sino en el mundo entero. Ante la crisis de representatividad del Poder Legislativo y de los partidos políticos, los medios se han convertido en el principal vínculo comunicativo entre gobernantes y gobernados, así como en arena privilegiada para el debate público, y también para la manipulación de la opinión pública. Aquí conviene mencionar la expresión “fabricación del consenso”, acuñada por Lippmann, la cual fue retomada por Noam Chomsky en el título de su libro Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988), traducido al español como Los guardianes de la libertad. En dicho texto, el pensador estadunidense explica la forma en que la propaganda ha logrado modelar los valores, creencias y códigos de comportamiento de la sociedad estadunidense mediante sutiles formas de manipulación comunicativa en el contexto de una aparente libertad de expresión ilimitada.

Como lo señala Chomsky, el propósito de la fabricación del consenso a través de los medios de comunicación en Estados Unidos es mantener el statu quo. En México, las aspiraciones y la manera de alcanzarlas son distintas. Acaso se acercarían más a lo ocurrido en la Italia de Berlusconi, tema analizado por el filósofo Luigi Ferrajoli en su libro Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional (Trotta, 2011). De acuerdo con el autor, tal crisis está configurada por cuatro factores: a) verticalidad y personalización de la representación; b) progresiva confusión entre la esfera pública y privada y concentración de poderes políticos y económicos, donde resulta cada vez más fuerte la relación entre dinero, información y política; c) pérdida del papel de mediación representativa de los partidos políticos; y d) control de la información.

Dichas circunstancias prevalecen en México. A lo largo de la actual administración sabremos si las ofertas de campaña contenidas en el Manifiesto por una Presidencia democrática, los acuerdos contenidos en el Pacto por México, la reforma educativa o la Ley de Víctimas se traducen en resultados o se mantienen en el limbo de la opinión pública. ¿Apariencia o resultados? ¿Estrategia mediática o gobierno? El tiempo lo dirá.

La rendición del IFAI


JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F. (apro).- Algo grave está sucediendo en torno al IFAI. Una semana atrás, Enrique Peña Nieto simplemente olvidó el nombre correcto y la materia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. No fue un simple desliz. El mexiquense demostró que el organismo no le sirve para sus objetivos políticos (confunde acceso a la información pública con opinión pública) ni está en su lista de compromisos reales.

La confusión de Peña Nieto ocurrió justo cuando anunciaba una gran reforma legal para extender las potestades y funciones del organismo e incorporar a dos nuevos comisionados que se sumarían a los cinco que actualmente integran la dirección colegiada del instituto.

Fue el mismo día que la rendición de cuentas pareció una broma. Los integrantes del gabinete y el propio mandatario dieron a conocer una lista de su declaración patrimonial sin especificar valor, ubicación y menos montos exactos de sus cuentas bancarias. Peña Nieto nos reveló que en una sola fecha (8 de diciembre de 2011) recibió cinco “donaciones”: dos casas y tres terrenos, como si se tratara de una ofrenda que se acostumbra en los rumbos de Atlacomulco.

Sólo la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, exteriorizó su inconformidad frente al juego de adivinanzas y no el acto de rendición de cuentas fallido que operó el nuevo gobierno peñista.

“Debería darse la información completa y no sólo cuál es el inmueble que se tenga sino los datos que uno pone en la propia declaración patrimonial. También pienso que teniendo el nombre del dueño y del edificio es fácil identificar cuántos metros tiene y cuál es el valor catastral”, afirmó Peschard en declaraciones a medios.

El segundo momento crítico ocurrió el lunes 21. En un gesto inusual, Angel Trinidad Zaldívar, uno de los comisionados con mayor tiempo en el instituto y conocedor de la estructura del organismo, hizo público su voto razonado en contra de Gerardo Laveaga, el primer comisionado presidente elegido sin unanimidad de los otros cuatro integrantes.

La gran mayoría de los medios informativos se fueron por la anécdota y no por la sustancia de lo expresado por Zaldívar: que si Laveaga bostezó en una sesión del Senado; que si olvida el nombre hasta de su colega; que tiene 130 asuntos pendientes de resolución “por falta de ganas”; que le “aburre” ser integrante de un organismo dedicado a revisar expedientes, resoluciones y ser un gestor de la ciudadanía frente a la opacidad histórica de las instituciones públicas.

En el encuentro con los senadores, realizado en un hotel de Polanco, Peña Nieto volvió a cometer otro desliz: confundió a Emilio Gamboa con Manlio Fabio Beltrones, coordinadores ambos de las bancadas priistas, pero el primero era su anfitrión y el segundo estaba ausente.’Senador Beltrones’ le dijo a Gamboa Patrón. El hecho generó un Trending Topic en Twitter bajo #ConfundoAGamboaConBeltrones”.

El problema central es otro. Entre líneas, Zaldívar expuso que del IFAI se apropiaron los tres comisionados nombrados por Felipe Calderón en su sexenio: María Elena Pérez Jaen, Sigrid Artz y el propio Gerardo Laveaga, el más reciente integrante del organismo, quien fue nombrado apenas nueve meses atrás.

En franca minoría quedaron los otros dos comisionados: el propio Angel Trinidad Zaldívar y Jacqueline Peschard, la única funcionaria con experiencia previa en la conducción e integración de organismos colegiados como consejera electoral del IFE.

Imaginemos todos los recursos y las solicitudes de acceso a la información que afecten los intereses, negocios y expedientes negros del sexenio de Felipe Calderón. Cuando se discutan las “reservas de información”, veremos votaciones divididas. Al menos, el calderonismo se garantizó la protección de tres de los cinco comisionados.

Si no fuera así, es necesario que tanto Laveaga como los otros integrantes del organismo actuaran con la firmeza necesaria para sacar al IFAI de la rendición en la que se encuentra. Los problemas éticos están también presentes. Sigrid Artz Colunga participó en asuntos en los que ella misma era la solicitante de información, reveló el propio Angel Trinidad Zaldívar. “Eso se llama conflicto de interés y, en una institución que funciona como tribunal, es una falta grave”, advirtió el comisionado en su alegato.

No es la reforma peñista la que salvará al IFAI ni tampoco el talk show mediático sobre los dimes y diretes de la reciente elección del abogado Laveaga. Será una nueva alianza con los organismos ciudadanos y con los propios solicitantes de acceso a la información para romper los candados de opacidad y de franca corrupción que domina entre los llamados “sujetos obligados” que se resisten frente a lo ordenado en la ley que dio vida al IFAI.

Desde 2007 un grupo de organismos no gubernamentales preocupados por la rendición de cuentas y por la ola de contrarreformas al acceso a la información pública (en los estados y en algunos tribunales como el Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) divulgaron un exhorto para concretar “la segunda generación de reformas en materia de acceso a la información”.

Esta “segunda generación de reformas” implica fortalecer a los órganos garantes, dotar a los comisionados de atribuciones legales para investigar a fondo las negativas de información, asegurar la suficiencia presupuestaria del organismo y ampliar sus atribuciones para demandar una rendición de cuentas claras. Hoy vemos la escandalosa sucesión de gobiernos estatales y municipales que contrataron deudas multimillonarias sin rendir cuentas a nadie. ¿No tendría el IFAI y los organismos estatales equivalentes algo qué decir al respecto? ¿Acaso el IFAI no tendría algo qué decir y sancionar frente al ocultamiento de las cifras de desaparecidos y de víctimas de la guerra contra el crimen organizado y la estela de opacidad que dejó el calderonismo?

La rendición del IFAI sería lo peor para la cultura cívica. Además, un regalo en bandeja de plata al nuevo gobierno federal priista que prefiere crear otro organismo burocrático como la Comisión Nacional Anticorrupción para maquillar su promesa fiscalizadora. No se necesitan más organismos de pantalla para combatir la corrupción. Se requiere eliminar la impunidad. Y Arturo Montiel sabe bien de qué se trata esto.

En algún momento, el IFAI también lo supo. El organismo surgió de la convergencia de intereses y objetivos de académicos, medios de comunicación impresos, organismos ciudadanos y sectores políticos convencidos de la necesidad de garantizar el acceso a la información pública como un elemento sustancial de la rendición de cuentas. Ahora, el IFAI parece haber perdido su brújula. Quedan funcionarios y trabajadores de primer nivel en este instituto. Experiencias muy enriquecedoras. Quizá sea el momento de evitar la rendición del IFAI. Comentarios: www.homozapping.com.mx

Solalinde recrimina a Peña Nieto su política migratoria


PEDRO MATÍAS

OAXACA, Oax. (apro).- El coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, Alejandro Solalinde Guerra, recriminó al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su política migratoria y los nombramientos en el Instituto Nacional de Migración (INM).

El también director del albergue “Hermanos en el Camino” cuestionó de nueva cuenta la designación de Ardelio Vargas Fosado como comisionado del INM porque, dijo, “es un pésimo mensaje que avergüenza a México porque confirma la subordinación a Estados Unidos y el desprecio y desaire a Centroamérica”.

De igual forma, agregó, es una alarma y un aviso bastante preocupante para los defensores de derechos humanos, porque refleja un doble lenguaje del gobierno (de Enrique Peña Nieto), ya que por un lado habla de respeto irrestricto a los derechos humanos, y por otro hace todo lo contrario al mandar la línea de seguridad.

Tanto al presidente como al secretario de Gobernación, el cura les aclaró que “no tienen que pedir permiso para sus políticas, pero si quieren que esas políticas públicas sean apoyadas por la sociedad, tienen que escucharla y tomarla en cuenta”.

Por lo pronto, adelantó: “Vamos a tener nuestras reservas para compartir información con el gobierno federal”.

Subrayó:

“Si la preocupación del gobierno federal es la seguridad, nadie mejor que nosotros, los responsables de las casas del migrante o en los albergues, se les puede proporcionar esa información, porque hemos aprendido un servicio de inteligencia, tenemos base de datos y mucha información que el gobierno no sabe y que tratamos de compartir por medio del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), pero ahora vamos a tener nuestras reservas”.

Respecto del flujo de migrantes, dijo que va en aumento porque la situación en Guatemala y Honduras se agrava y han llegado hasta mil 500 personas en un solo día, situación que los ha obligado a suspender el registro para darles de comer.

Añadió:

“Por eso ahí está nuestra preocupación, porque el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado, en lugar de darnos confianza y decir que vamos a caminar por la ruta de los derechos humanos, en la que el gobierno de México haga una propuesta de desarrollo para Centroamérica, al contrario, otra vez vamos a tratarlos a los migrantes) con línea dura, con la aspereza de una táctica o estrategia de seguridad como si fueran terroristas o delincuentes”.

Ardelio Vargas, añadió, no es cualquier policía, pues se ha visto involucrado en varios episodios de represión, y ejemplificó con el caso del padre Gustavo Rodríguez Zárate y el suyo, cuando fue detenido en Puebla y el ahora comisionado del INM fungía como secretario de Seguridad.

Fallará TTP contra presas en Zongolica y El Naranjal


NORMA TRUJILLO BÁEZ

 Debido a que Veracruz tiene muchas afectaciones al medio ambiente sobre todo con la construcción de las presas de Zongolica y El Naranjal, en julio se llevará a cabo el Encuentro Nacional e Internacional de Afectados Ambientales, así como la Audiencia de Devastación Ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para el mes de noviembre. Jueces de Roma emitirán fallos al gobierno estatal para que se visibilicen las violaciones de los derechos humanos.

Rosalinda Hidalgo, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) dijo que en Veracruz existe un frente de lucha contra las presas y anunció que en Amatlán de los Reyes en donde se llevará el Décimo Encuentro de Afectados por presas y en Defensa de los Ríos, en donde vendrán de Brasil, Colombia y de Centroamérica, así como defensores del medio ambiente del país.

Otro de los eventos que se llevará a cabo, en noviembre en Xalapa se cerrará la audiencia de devastación ambiental del TTP, van a venir jueces de Roma a emitir los veredictos del estado de Veracruz y del país, señaló la integrante de Lavida.

Se ha elegido a Veracruz por todas las violaciones que se están cometiendo al medio ambiente y a los pueblos, “por eso es que es la sede y eso habla del movimiento fuerte que se tiene en el estado”.

Asimismo la activista señaló que en la violación de derechos humanos están involucrados el gobierno federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía (SE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y en el estado desde el gobernador, la Comisión Estatal del Agua (CAEV), que han autorizado permisos con irregularidades y los gobiernos municipales de Texhuacan, Zongolica y Mixtla de Altamirano, por no haber realizado consulta pública sobre el proyecto de la presa de Zongolica.

Almacenamiento a cielo abierto de coque afecta medio ambiente


ROXANA AGUIRRE

Veracruz, Ver.- El coque ha sido su pesadilla durante años, ese polvo negro que crea una capa dentro de sus viviendas y les ha provocado infecciones en las vías respiratorias fue lo que motivó a los vecinos de ocho colonias de la zona norte de la ciudad a manifestarse ante autoridades estatales. “Queremos que le hagan un lugar donde no dañe ni a mí ni a mi hijos ni a nadie más, tenemos más de cinco o seis años, nos piden recetas médicas y todo, ¿qué quieren, que se muera la gente?”, explicó Aracely, habitante de la colonia Formando Hogar.

Ella y una veintena de vecinos se dirigieron a la Inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Zona Norte de la Ciudad, a pocos metros de donde está la concentración de coque, una enorme montaña de polvo negro que se almacena al aire libre al interior del recinto portuario. “Seguido nos enfermamos de las vías respiratorias, tos, gripa, ojos rojos inclusive sabemos de gente que ha muerto de cáncer así de la nada, porque si no lo saben la exposición constante con este material produce cáncer por eso hoy venimos a pedirle al gobernador nos ayude y haga algo realmente”, expresó la representante de los vecinos.

Ella y sus acompañantes narraron su lucha en contra del coque desde hace más de tres años: “En constantes ocasiones hemos pedido al gobierno del estado que hagan algo, nos reunimos con ellos porque sabemos lo que esto representa, nos da miedo”, expresó.

Aracely indicó que en varias ocasiones las autoridades les han pedido que presenten documentos médicos sobre las consecuencias que ha tenido el contacto constante con el coque, sin embargo no ha sido posible. “Vamos al Seguro Social y nos dicen que tenemos alergias, que tenemos irritadas las vías respiratorias pero nadie nos especifica en un justificante por qué ocurrió, incluso sabemos que hay personas en la colonia Villa Rica que tienen cáncer y han muerto de eso”, recalcó.

Los vecinos entraron a la planta de tratamiento con las pancartas enrolladas y bajo el brazo, durante el discurso del titular del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), José Ruíz Carmona, los molestos habitantes de la zona norte las levantaron. Minutos después personal de gobierno del estado se percató de su presencia y los abordaron pidiéndoles que les entregaran las pancartas y les cuestionaron el motivo de la manifestación.

Duarte de Ochoa responsabiliza al gobierno federal panista

Tras notar la presencia de los manifestantes el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, interrumpió su discurso y dirigió unas palabras a los manifestantes. “No es justificación pero les informo que el gobierno del estado ha venido reclamando a la autoridad federal el tratamiento de este producto de tal forma que no afecte a la vida de nuestros ciudadanos pero hemos encontrado oídos sordos”, dijo.

El gobernador recalcó que la autoridad estatal poco puede hacer al respecto pues es un tema de carácter federal. Duarte de Ochoa consideró que con la coordinación que existe con el nuevo gobierno se logrará pactar acciones para evitar que el coque afecte a las familias. Un ciudadano lo interrumpió y le indicó que la mejor forma es almacenar el derivado del carbón en un lugar cerrado. “Mejor no lo pude decir”, dijo para finalizar su intervención al respecto.

Impiden ejidatarios la entrega de El Podrido a dos empresas privadas


FRANCISCA MEZA CARRANZA

El delgado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Juan Manuel Olea Contreras, intentó dar posesión de dos predios pertenecientes al ejido de El Podrido a los representantes legales de las empresas Bancomer y Lagunamar, pero el hecho fue impedido por los ejidatarios quienes cuentan con la posesión legal de las tierras desde 1999.

Después de las 9 de la mañana llegó el funcionario federal, acompañado por seis policías federales y por los representantes legales de las empresas mencionadas, no obstante en la entrada de la colonia 13 de Diciembre ya los esperaban unos 200 ejidatarios quienes lograron impedir que se les diera posesión.

El presidente del comisariado ejidal de El Podrido, Francisco Tlalmanalco Bernal, hizo un llamado al gobierno federal “ahorita que vienen entrando” para que se busque una salida al problema y no se afecten los intereses de los ejidatarios. Aseveró que ellos se defenderán jurídicamente porque cuentan con la razón para hacerlo y advirtió que de lo contrario se defenderán socialmente, ya que no están solos y pertenecen a un consejo integrado por 43 ejidos que los apoyan.

Dijo que cuentan con una resolución presidencial de 1987 en la cual se les otorgan las tierras, pero que luego de ello comenzaron los conflictos y las luchas legales; recordó que fue en 1999 cuando la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) les entregó las tierras por orden de la Suprema Corté de Justicia de la Nación (SCJN), año desde el cual cuentan con la posesión.

Informó que en total son 796 hectáreas con al menos 800 familias y que los ejidatarios con 198. Informó que la sentencia que ayer se pretendía ejecutar era darle posesión a los apoderados legales de cierta dimensión de tierras y cuestionó el hecho porque aseveró que la Secretaría tiene conocimiento de la resolución que fue favorable al ejido.

“Sabe que las tierras ellos mismos nos las entregaron y ahora quiere entregar a otras personas”, aseveró.

Dijo que ayer solamente se reunieron para evitar que les otorguen sus tierras a otras personas y que se vean afectados los ejidatarios.

Al respecto, el delegado informó que llegaron a hacer entrega en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado tercero de distrito el 14 de octubre de 2012, por lo que deslindó a la Sedatu del acto.

Dijo que al ir acompañado por las fuerzas federales y al haber oposición de los ejidatarios hubo prudencia de su parte y no se efectuó la entrega.

Finalmente planteó que ya serán los abogados de las empresas quienes tendrán que proceder conforme a derecho y hacer lo correspondiente.

Era empleado el ultimado por pobladores de Atliaca


MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 23 de enero. Benito García Hernández, originario de Apango, es el joven ultimado en Atliaca la madrugada del martes pasado por los habitantes que encabezan el movimiento contra la delincuencia organizada.

Sus familiares exigieron justicia por el homicidio, que calificaron de injusto. La versión de ellos sobre la presencia del joven en Atliaca es que se estaba mudando, pues supuestamente había decidido vivir allá con su familia directa.

La versión de ayer (martes) de los ciudadanos de Atliaca fue que el joven conducía una Urvan de la ruta Chilapa-Chilpancingo, y que al detenerlo en un retén trató de huir, y le dispararon. También dijeron que llevaba en el vehículo una estufa y un tanque de gas, que suponían robados.

Agustín Nava García, quien dijo ser tío del joven asesinado, aseguró que “no era un delincuente; miente el gobernador Ángel Aguirre cuando dice que él agredió a la gente de Atliaca”.

El mandatario dijo en una entrevista que en el noticiario matutino de Televisa Primero Noticias que el linchamiento de un presunto delincuente en Atliaca fue en defensa propia. Aclaró que ésa era la versión de los pobladores.

Nava García denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se niega a hacer la investigación.

En Acatempa, el Ejército instala filtro a 100 metros del operado por civiles


MARGENA DE LA O ( Enviada)

Atliaca, 23 de enero. A unos 100 metros del retén de Acatempa, comunidad levantada en autodefensa contra la delincuencia organizada, a la par de Atliaca, ambas de Tixtla, está otro retén, pero de militares.

Igual que ayer (martes), los retenes ciudadanos están firmes, aun con los pronósticos de las autoridades estatales y municipales, que insistieron en que las corporaciones policiacas oficiales se harían cargo de la seguridad de ambas comunidades nahuas.

Acatempa es la primera comunidad de camino hacia la cabecera de Apango. Sus habitantes definen su movimiento distinto al de Atliaca. En su retén, los hombres, tapados de la cara y armados con machetes y escopetas, están atentos a cada vehículo que pasa y a que cada uno de sus tripulantes se identifique y permita una revisión.

Esta mañana, las mujeres fueron más allá de su función inicial de preparar la comida; se cubrieron el rostro para controlar la revisión y el paso de los vehículos. Y son las escrupulosas en la revisión.

Uno de los voceros del movimiento de Acatempa informó que sus acciones de autodefensa van más allá del retén: incluyen el patrullaje a los cerros, única vía por donde podrían huir los delincuentes, porque ambas comunidades sólo tienen una entrada y salida. Los patrullajes, dijo, se extienden a todos los límites de Acatempa y se hacen con vehículos prestados.

Aclaró que a dos días del levantamiento no hay detenidos, porque mantienen controlada la zona.

Recordó que el secuestro de un joven de la comunidad, el 4 pasado, cuyo paradero todavía no saben, o si está vivo o muerto, los motivó a levantarse contra los delincuentes.

Aclaró que Acatempa no tiene nada que ver con el crimen del joven asesinado la madrugada del lunes en Atliaca, e insistió en que son dos movimientos distintos. “Estamos inconformes porque nos involucran; Atliaca es muy independiente de nosotros, nosotros somos de Acatempa y no queremos que se dé como (parte de) esto; si en Atliaca se mató a una persona, que vean ellos cómo lo van arreglar o comprobar”.

Agregó: “nosotros no somos delincuentes, nosotros estamos trabajando limpiamente. En la comunidad de Acatempa estamos unidos”.

En Atliaca, a partir de este mañana el retén ciudadano está coordinado con policías municipales; también participan en las revisiones de vehículos y de quienes viajan en él. Pero la presencia de habitantes al mando de la seguridad es superior. Las mujeres están sumadas también, pero proveyendo la comida.

En ambas comunidades las clases siguen suspendidas.

En el retén militar también revisan vehículos, pero con menos minuciosidad. Los soldados sólo sortean los carros que inspeccionarán, y hacen un par de preguntas sobre los motivos para transitar esa ruta.

Toman militares el control de cuatro retenes en la Costa Chica


Intimidan a los civiles con el argumento de que los sicarios volverían armados hasta los dientes

En El Pericón, unas 30 mujeres armadas con escobas encaran a los soldados y les exigen retirarse

REDACCIÓN ( )

Desde alrededor de las 10 de la mañana, militares tomaron el control de cuatro puestos de revisión que habían instalado los comités ciudadanos de autodefensa en los municipios de Tecoanapa, Cruz Grande y San Marcos, y asignaron a los habitantes armados sólo la vigilancia mediante rondines en el interior de los poblados.

Uno de los comandantes de los comités de autodefensa informó que la toma de los puestos de revisión por el Ejército se pactó con la Upoeg con el argumento de que los narcotraficantes regresarían “con más armas, más agresivos, con lanzagranadas, con petardos, armados hasta los dientes, y que la gente iba a estar expuesta, que no le íbamos a poder hacer nada con nuestras armas a sus vehículos blindados”.

No obstante, dijo que en esa zona la mayoría de los pueblos rechaza la militarización, además de que los soldados estaban dejando pasar los vehículos sin revisarlos, por lo que los habitantes convocaron a retomar los retenes en el horario nocturno, a partir de las 7 de la noche.

Los puestos de revisión tomados por los soldados están ubicados en inmediaciones del centro de salud de Tecoanapa, en el camino Tecoanapa-San Francisco, en Ayutla frente a las dos gasolineras de la salida a Cruz Grande y en Las Mesas, en San Marcos. En El Pericón, unas 30 mujeres con escobas encararon a los militares y les exigieron que se retiraran.

El comandante aseguró que los militares revisan los vehículos; sólo piden a sus conductores que reduzcan la velocidad, y los dejan pasar, lo que ha generado mucha irritación entre los habitantes, quienes se sienten expuestos y vulnerables.

Los militares, relató el comandante, dijeron que respetarían la vigilancia de los pobladores en los rondines y en el interior de los poblados, pero que los puestos de control en la carretera quedarían a cargo del Ejército.

“La gente está preocupada porque las entradas y salidas de armas y drogas están expuestas”, pues los militares no revisan los vehículos, señaló el comandante.

En el caso de Tecoanapa, dijo, los puestos de control de los comités de autodefensa continuarán, además de los que haya puesto el Ejército.

Carta abierta: Organizaciones llaman a Peña Nieto a cumplir sentencias de la CoIDH


Tlapa de Comonfort, Guerrero a 24 de enero del 2013.


 Lic. Enrique Peña Nieto

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Presente.-

Las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos la presente carta, nos dirigimos respetuosamente a Usted para llamar su atención sobre la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento íntegro a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega y Otros. Vs. México y Valentina Rosendo Cantú y Otra Vs. México,[1] notificadas el 1 de octubre del 2010.

Como es de su conocimiento, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas mujeres indígenas del pueblo indígena Me’phaa, fueron víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano durante el año 2002 en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense.

Desde entonces, ambas mujeres emprendieron un largo y ejemplar caminar. La denuncia de Inés Fernández y Valentina Rosendo puso en evidencia que en nuestro país existen graves rezagos para las mujeres víctimas de violencia sexual accedan a la justicia; así como la persistencia de la discriminación en contra de los pueblos y comunidades indígenas y de los abusos ocasionados por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

Tras la emisión de las sentencias en la máxima instancia regional, Inés Fernández y Valentina Rosendo emprendieron una nueva etapa para demandar el cumplimiento pleno de las medidas de reparación del daño ordenadas por la Corte Interamericana, que comprenden aspectos de carácter individual, familiar, comunitario y de no repetición. Entre éstas destaca, desde luego, el acceso a la justicia. No obstante, la administración federal anterior culminó sin que la totalidad de estas medidas hayan sido cumplidas y sin que se haya sancionado a los perpetradores.

Señor Presidente, las organizaciones que hacemos el presente llamado hemos acompañado desde hace once años la búsqueda de justicia de Inés Fernández y Valentina Rosendo y desde hace dos años, su lucha por alcanzar el cumplimiento de los resolutivos de las sentencias. Conociendo de cerca el rezago que impera, urgimos a que la atención de este tema se convierta en un asunto prioritario, a través del cual se complemente la agenda de derechos humanos del Gobierno Federal que Usted encabeza. Lo mismo debe ocurrir respecto de las otras sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, que hoy permanecen incumplidas; máxime considerando que varias de ellas comparten elementos comunes, como lo es la sanción de los abusos castrenses y la restricción del fuero militar, aspectos que también son señalados en las sentencias de los casos Rosendo Radilla Pacheco y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (“Campesinos Ecologistas”).

Desde la notificación de las sentencias, la coordinación del proceso de implementación ha recaído en la Secretaría de Gobernación, concretamente en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. No obstante, a la fecha no se ha realizado ningún pronunciamiento sobre la relevancia que esta nueva administración dará al cumplimiento pleno de los fallos. Al margen de lo anterior, es de nuestro conocimiento que próximamente se llevará a cabo una reunión para revisar cada uno de los resolutivos pendientes. En ese sentido, estaremos atentas y atentos a los resultados de dicha reunión e instamos a que en ella se establezca una ruta de trabajo bien definida, en diálogo con las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú, a quienes continuaremos acompañando hasta que su denuncia concluya con justicia, verdad y reparación.

A t e n t a m e n t e,

Amnistía Internacional; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); ARTICLE 19 México y Centroamérica; Asociación para los Derechos de las Mujeres/Association for Women's Rights in Development (AWID); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT), conformada actualmente por 73 organizaciones en 21 estados de la República:

Agenda LGBT (Estado de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal);Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco) Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); El Caracol (DF); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.)

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); PODER (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C.; Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

[1] Las sentencias a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 y 31 de agosto del 2010, respectivamente y notificadas el 1 de octubre del mismo año a las partes.

Pue/Méx. Solicitud de garantías para las personalidades del ámbito académico y organizaciones sociales que acompañaran a los habitantes de la comunidad de Olintla que se opone a la hidroeléctrica, este 26 de enero en su reunión con Grupo México


Expediente: 02/Olintla-Pue
Puebla, México, a 22 de enero de 2013

La Red de Defensa de los Derechos Humanos y el Consejo Tiyat Tlali con domicilio para recibir información y notificación en Avenida Reforma 1516, despacho 4, Centro Histórico de Puebla, y correo electrónico: contacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com y número celular: 044 (45) 22 21 27 68 39,solicitan su intervención para garantizar la integridad física, psicológica y moral de las personalidades del ámbito académico y organizaciones sociales que acompañaran a los habitantes de la comunidad de Olintla que se opone a la hidroeléctrica, este 26 de enero en su reunión con Grupo México.

HECHOS

El pasado 11 de enero los afectados por la Hidroeléctrica constituidos en el Consejo Tiyat Tlali acordaron con el Presidente Municipal Héctor Arroyo Bonilla y Federico Schroeder, Vice Presidente de Proyectos y Desarrollos de Grupo México que este 26 de enero se efectuaría una reunión para que la empresa de a conocer el proyecto de la hidroeléctrica y que el Consejo brinde información sobre las consecuencias negativas que podría tener para las comunidades.

En este sentido, el Consejo Tiyat Tlali ha solicitado a personalidades y organizaciones sociales especialistas en el tema de las hidroeléctricas y sus afectaciones socioambientales que los acompañen en calidad de asesores y observadores. Asistirán: Unitierra en Puebla, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Unión de Cooperativas Tosepan Titataniskej, Coordinadora de Desarrollo con Identidad, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Unidad Indígena Totonaca Nahua, Centro de Estudios Ecuméncos, COPEVI, Pastoral Social, Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Asociación Tetela hacia el Futuro y Académicos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. de la Universidad Iberoamericana.

Es importante mencionar que el síndico municipal Domingo de Jesús Francisco Galindo, así como el autodenominado Frente Cívico de Olintla con el comerciante Alfonso Francisco a la cabeza, están corriendo el rumor de que el sábado van a meter la máquina para que Grupo México inicie la construcción de la hidroeléctrica, rumor que sólo genera incertidumbre, tensión y que es una clara provocación del síndico y el autodenominado frente, toda vez que existen acuerdos de diálogo entre los afectados ambientales y la empresa.

ANTECEDENTES

El pasado 15 de enero la Red de Defensa de los Derechos Humanos y el Consejo Tiyan Tlali emitió una Acción Urgente al gobierno estatal, federal, Congreso local y organismos internacionales ante una serie de hostigamientos en contra de los afectados y opositores a la hidroeléctrica, misma que se puede consultar en: http://reddh.org/?p=2827

Por lo antes mencionado, solicitamos:

I. Garantizar la integridad física, psicológica y moral de las personalidades del ámbito académico y organizaciones sociales que acompañaran a los habitantes de la comunidad de Olintla que se opone a la hidroeléctrica, este 26 de enero en su reunión con Grupo México.

II. Cumplimiento del pliego petitorio de los afectados y opositores de la hidroeléctrica: a) Audiencia pública con el gobernador C. Rafael Moreno Valle para que informe y explique el convenio firmado con el Grupo México y de razones por las cuales se brindan facilidades a la empresa en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Norte. b) Se retire de inmediato el bulldozer de la comunidad Ignacio Zaragoza. c) Cese el hostigamiento y se detenga el abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones del presidente municipal Héctor Arroyo Bonilla, el síndico Domingo de Jesús Francisco Galindo. d) Sustentados en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se llame a comparecer ante tribunales y Congreso del Estado a las autoridades y particulares responsables de estos actos intimidatorios y de hostigamiento a la comunidad indígena totonaca para que los responsables materiales e intelectuales de estos hechos sean enjuiciados y sancionados penal o administrativamente.

Atentamente

Israel Sampedro Morales

Coordinador General de la Red de Defensa de los Derechos Humanos

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

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24/1/2013

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