martes, 13 de agosto de 2013
El documento que ‘muestra’ que Pemex no está en quiebra, difundido por AMLO
El ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un documento oficial donde se desmiente que Petróleos Mexicanos (Pemex) está en quiebra y sin utilidades.
AMLO sostiene que dicho documento es que se presenta a inversionistas, principalmente extranjeros con cifras reales de lo productiva y valiosa que es la paraestatal pero que a través del discurso se busca hacer creer que es precaria la situación económica en Petróleos Mexicanos.
El documento de 24 páginas refiere al posicionamiento internacional, la posición relativa en el mercado, la evolución de resultados y la importancia estratégica, entre otros temas.
Aquí puedes ver el documento íntegro filtrado por López Obrador:
‘¿Puedes asegurar esto sin que te gane la risa?’: Navarrete a Rozental sobre reforma energética
Andrés Rozental, coordinador del grupo de trabajo de Energía del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y Jorge Eduardo Navarrete, embajador de carrera de México en diversos países, expusieron diferentes puntos de vista sobre la reforma energética y la participación de la iniciativa privada.
Primero, en entrevista para Noticias MVS, Rozental expuso por qué es necesario reformar la Constitución y permitir asociaciones entre la paraestatal y empresas privadas:
Beneficiaría a Pemex asociación con la IP: Rozental
Andrés Rozental, coordinador del grupo de trabajo de Energía del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), indicó que Petróleos Mexicanos necesita reformarse y, para ello, se deben realizar cambios en la Constitución que le permitan asociarse con empresas, nacionales o extranjeras, con lo que la paraestatal resultaría beneficiada.
“Deben establecerse distintas modalidades de asociaciones… en ningún momento pierde Pemex la propiedad sobre el recurso (petróleo)… se debe permitir que Pemex se asocie con empresas extranjeras para hacer lo que no ha hecho en aguas profundas“, dijo, en la víspera de la presentación de la iniciativa de reforma energética del gobierno federal.
En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, dijo que en Comexi se analizó el tema y tras un análisis de los cambios fundamentales en el mundo y en la historia, concluyeron que Pemex necesita una reforma constitucional.
“A partir de una reforma, se abre puerta de que Pemex pueda asociarse con una o varias empresa… (pero) las rentas petroleras seguirían siendo para Pemex y el Estado mexicano… No se trata de reducir sino aumentar rentas petroleras“, indicó.
“Los nuevos participantes (en el sector) pagarían también rentas petroleras que permitirían al fisco reducir la cantidad de recursos que Pemex entrega al fisco, lo que no le permite participar en actividades adicionales a las que actualmente tiene”, refirió.
Rozental sostuvo que la iniciativa privada ha participado “desde hace mucho tiempo” en la paraestatal pero a base de contratos, no como entidades independientes, que es lo que propone modificar.
“Todos los países que han abierto al sector privado su sector energético, han permitido que las empresas que descubren hidrocarburos puedan anotar esas reservas o descubrimientos como parte de sus activos, lo cual no quiere decir que ya no son propiedad de la nación”, expuso.
“Es necesario para atraer la inversión permitir que se anoten esas reservas dentro de los activos de las empresas, sin perder la rectoría del Estado”, consideró.
Comparó el caso de Pemex con las mineras en México, pues dijo que mientras en estas últimas realizan diferentes descubrimientos en el país, en materia de hidrocarburos no se ha avanzado.
Puntualizó que la asociación con la iniciativa privada no sería un “mercado libe” sino que se sometería a un sistema de regulación; “no se trata de que cada empresa pudiera venir aquí a decidir cómo lo hace y cuándo lo hace (la búsqueda de hidrocarburos)”.
Andrés Rozental estimó que el gobierno federal puede probar el modelo colombiano, con la creación de una agencia que regula a participantes en el sector petrolero, además de que participa en la exploración y producción del petróleo.
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En una carta, Navarrete reviró:
“Rentas plurales y activos duales”, carta de Navarrete sobre la reforma a Pemex
Jorge Eduardo Navarrete, embajador de carrera de México en diversos países y misiones de la ONU, envió una carta en la que responde a lo dicho por Andrés Rozental, coordinador del grupo de trabajo de Energía del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), en el sentido de que Petróleos Mexicanos necesita reformarse y, para ello, se deben realizar cambios en la Constitución que le permitan asociarse con empresas, nacionales o extranjeras.
Se reproduce íntegro el texto de Navarrete:
Rentas plurales y activos duales
Jorge Eduardo Navarrete
Tanto en la primera edición de Noticias MVS como en aristeguinoticias.com, su titular, Carmen Aristegui, ha propiciado el debate amplio y plural que la nación requiere sobre la llamada reforma energética. Uno de los primeros participantes fue Andrés Rozental, quien resumió el 7 de agosto, muy a su manera, algunas recomendaciones del grupo de trabajo sobre energía de Comexi—el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, AC—, grupo de presión que él presidió por largo tiempo. Su exposición puede leerse o escucharse en la página web citada.
Si se renuncia a jugar con las palabras, privatizar significa permitir la participación de particulares en actividades en las que estaba vedada o limitada por disposición constitucional o legal. En el juego de abalorios en que se han convertido los preliminares del debate legislativo, los proponentes de la apertura se han empeñado en afirmar, con el mayor de los énfasis, que no existe intención más lejana a ellos que la de privatizar Pemex o el petróleo, explicando—como si hablasen a oligofrénicos—que no proponen vender un solo tornillo ni ceder la propiedad de un solo barril. Rozental apoya la apertura pero la explica en forma menos cruda: aseveró que con las asociaciones que propone, “en ningún momento pierde Pemex la propiedad sobre el recurso”. Veamos si esto se sostiene a la luz del resto de lo que declara.
El eje de la propuesta de Rozental—o del grupo de trabajo, pero no de Comexi, pues su contenido nunca se sometió a la aprobación de los miembros de la AC—consiste enmodificar la Constitución para que Pemex “pueda asociarse con una o varias empresas”, rebasando la relación con particulares, limitada en la actualidad a los contratos, “que es lo que se propone modificar”.
Dicho esto, Rozental desbarra al hablar de la renta petrolera. (El estudio que intenta resumir la define más o menos correctamente, como la diferencia entre el precio del barril menos la suma de los costos de exploración y producción más la compensación al capital invertido. Bastaría decir, en realidad, precio del barril menos costo de producción, pues este último incluye el pago a los factores de la producción. Pero hay un devoción reverencial para la “compensación al capital” que desde luego no se tiene respecto de la compensación al trabajo.) La confusión de Rozental al hablar de la renta petrolera es absoluta (corrijo la ortografía y respeto la sintaxis y los énfasis):
“[S]e abre puerta de que Pemex pueda asociarse con una o varias empresa[s]… (pero) las rentas petroleras seguirían siendo para Pemex y el Estado mexicano… No se trata de reducir sino aumentar rentas petroleras” “Los nuevos participantes (en el sector) pagarían también rentas petroleras que permitirían al fisco reducir la cantidad de recursos que Pemex entrega al fisco[...]”
La renta petrolera, en la mente de Rozental, se pluraliza y se convierte en, por lo menos, ingresos, regalías e impuestos.
Hacia el final de la exposición viene el meollo de la propuesta—que, por cierto, no aparece con tal claridad en el documento del grupo de trabajo:
“Todos los países que han abierto al sector privado su sector energético, han permitido que las empresas que descubren hidrocarburos puedan anotar esas reservas o descubrimientos como parte de sus activos, lo cual no quiere decir que ya no son propiedad de la nación”. “Es necesario para atraer la inversión permitir que se anoten esas reservas dentro de los activos de las empresas, sin perder la rectoría del Estado”.
Supóngase que British Petroleum obtiene una concesión para exploración; supóngase que—gracias a su superioridad técnica y organizativa, en lugar de provocar un derrame masivo tipo Macondo, descubre un nuevo campo en aguas profundas, mucho menor que Cantarell, cuyas reservas recuperables se estiman en 20 millones de barriles. De acuerdo con la propuesta de Rozental, procede a incorporarlos a sus activos, pues si no se le permitiera hacerlo no se habría interesado en la concesión. De este modo, 20 MB de las reservas de petróleo que constituyen los activos de BP siguen siendo propiedad un tercero: la nación mexicana. ¿Qué regulador permitiría a BP contabilizar como activos recursos que pertenecen a otro propietario? Además de descubrir la pluralidad de la renta petrolera, Rozental ha descubierto la propiedad dual: los activos de una empresa privada siguen siendo propiedad de un tercero, la nación mexicana en este caso.
Vamos, Andrés, ¿puedes asegurar esto sin que te gane la risa?
¿Qué es un “contrato de utilidad compartida”, propuesto por EPN?
La iniciativa de reforma energética presentada el lunes por el presidente Enrique Peña Nieto, contempla la participación de la iniciativa privada en Petróleos Mexicanos a través de “contratos de utilidad compartida”, los cuales no están permitidos actualmente en la Constitución Mexicana y por los que se tendrían que modificar los artículos 27 y 28.
Para obtener los contratos de utilidad compartida, concursarían diferentes empresas petroleras, extranjeras y nacionales.
La empresa ganadora tendría que tomar riesgos al invertir recursos considerables en exploración y explotación, sobre todo en zonas que actualmente no han sido exploradas ni explotadas debido a la falta de tecnología.
Las empresas que detecten yacimientos petroleros tendrían que reportarlo a Pemex y éste sería quien lo vendería. Luego de venderse, los recursos obtenidos se compartirían.
“El Estado se reserva una función casi exclusivamente reguladora y de policía”, señala la iniciativa de reforma.
“Se incorporó la posibilidad de celebrar con particulares contratos de exploración y explotación”, agrega el documento.
El martes, en entrevista en Noticias MVS, primera emisión, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, especificó que sólo se les pagará a las empresas (que obtengan contratos) la utilidad que generen y éste deberá ser menor al 50 por ciento.“La utilidad es el pago por la actividad en la que invierte… la renta petrolera no deriva de la inversión del capital sino del petróleo que está ahí”, señaló.
“No se va a compartir la renta petrolera con las empresas internacionales, estamos hablando del patrimonio de los mexicanos”, agregó.
Los contratos se obtendrán “siempre por licitación”, pero no se otorgarán en actividades o zonas donde ya esté laborando Pemex.
Consulta la iniciativa completa, que consiste en modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución:
AMLO refuta al gobierno federal: Pemex sí es rentable
MÉXICO, D.F. (apro).- El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, desmintió al secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, quien aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa quebrada.
“El secretario de Energía por su filiación salinista estatal cree apoderarse de la realidad. Hace unos días Joaquín dijo que Pemex no tiene utilidades, no tiene ganancia y por eso hace falta la llamada modernidad”, afirmó en su mensaje de los lunes por YouTube.
En su cuenta de Twitter compartió un informe oficial de Pemex, que se presentó a inversionistas y especialistas extranjeros.
“A ellos dicen la verdad, pero a los mexicanos dicen que Pemex está en quiebra y por lo tanto hace falta invertir con la iniciativa privada, extranjera.
“Qué dice el informe? El nivel de ingreso de Pemex es de 100 mil millones de dólares al año y ocupa el lugar 13 entre las empresas más importantes del continente americano. Es de las empresas más rentables del mundo”, indicó.
El excandidato presidencial aseguró que con la privatización del petróleo buscan quedarse con la renta petrolera.
Por eso, reiteró el llamado para asistir al mitin del 8 de septiembre en el Zócalo capitalino, para iniciar las acciones de defender del crudo.
“El asunto es meterse al negocio. Se quieren quedar con la gallina de los huevos de oro y eso no lo podemos permitir”, indicó.
En su cuenta de Twitter, el tabasqueño advirtió que aún puede impedirse que reformen la Constitución.
“Lo dijimos y muchos no lo creían. Ahí está EPN con la reforma al (artículo constitucional) 27 para privatizar el petróleo. Aún podemos evitar el robo del siglo”.
Más tarde tuiteó: “Salinas en TV pidió que de pie cantáramos el himno porque íbamos al primer mundo, hoy EPN aparecerá para tratar de justificar el atraco”, señaló.
Indagará CIDH violaciones al debido proceso en caso Digna Ochoa
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) aseguró hoy que el Estado mexicano incurrió presumiblemente en violaciones al debido proceso y a la integridad personal de la abogada y activista Digna Ochoa y Plácido asesinada en 2001, aunque la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) cerró el caso con la conclusión de suicidio, al poner en tela de juicio su condición mental, emocional e incluso sexual.
En conferencia de prensa, los litigantes Karla Micheel Salas, Miriam Pascual y David Peña, confirmaron que el 16 de julio la CIDH dio entrada al expediente del caso tras considerar como “insuficientes” las investigaciones realizadas por las autoridades capitalinas para esclarecer el supuesto crimen.
Los litigantes, quienes ante la falta de justicia en México llevaron el caso ante la CIDH –mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington–, acusaron a la PGJDF de no haber realizado una investigación efectiva y adecuada, así como de “fabricar” pruebas y peritajes que derivaron en la conclusión de que la activista se había “suicidado”.
Miriam Pascual señaló que la PGJDF concluyó que Digna “tenía tendencias suicidas” sólo por dedicarse a una labor de alto riesgo, como es la defensa de los derechos humanos.
Por su parte, Karla Micheel advirtió la posibilidad de que la hipótesis del suicidio y la “fabricación” de peritajes se hayan manejado para proteger a los supuestos homicidas, o ante la incapacidad de las autoridades para resolver el caso.
También recordó que en un primer momento ya se había determinado el homicidio, y que al menos dos personas habían participado en los hechos.
Los defensores apuntaron que desde que el actual jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, era procurador, “ha sido notorio el desvío de la investigación y manipulación de los peritajes”.
En enlace telefónico, Jesús Ochoa, hermano de Digna, resaltó que el objetivo de presentar el expediente ante la CIDH es demostrar que efectivamente se trató de un homicidio, y adelantó que en caso de que así lo determine el organismo regional, él mismo divulgará públicamente el nombre y ubicación del supuesto responsable.
Los miembros de la ANAD afirmaron que además de enfocarse en la resolución del caso y a la reivindicación del trabajo e integridad personal de Digna, lo que se busca es acceso a la justicia para los defensores de derechos humanos que atraviesen por situaciones similares de impunidad.
“La intención de seguir con este caso, a 12 años de distancia, es demostrar que se lucha por la justicia y que aún existen muchos defensores en vulnerabilidad”, alertó David Peña.
Los abogados explicaron que la CIDH fijó como plazo el 5 de diciembre para que los defensores de Digna y los representantes del Estado mexicano envíen sus respectivos argumentos, e informen de fondo sobre el caso para después determinar si se trató de homicidio o suicidio.
En 2011 organizaciones civiles y la familia de la defensora solicitaron a la CIDH que admitiera el caso, luego de que en julio de ese año la PGJDF, al mando entonces de Mancera, cerró el caso al concluir que Digna “se suicidó de tres disparos”.
La familia promovió un amparo para impugnar el fallo, pero fue negado por el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México.
El 14 de marzo de este año se realizó una audiencia en Washington donde se informó a la CIDH que desde 2001 el Estado mexicano incurrió en diversas anomalías y violaciones al debido proceso en prejuicio de Ochoa y Plácido.
La ANAD y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) criticaron en su momento que la PGJDF manejó la hipótesis de que Ochoa fue asesinada por defender a grupos ambientalistas del estado de Guerrero, pero que “no investigó con seriedad” al respecto.
Entonces se señaló como sospechoso a Rogaciano Alba Álvarez, exdirigente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero y preso actualmente por vínculos con el narcotráfico, pero las autoridades no profundizaron esa línea de investigación.
La prensa estadunidense desestima reforma energética de Peña
WASHINGTON, (apro).- Ante la falta de comentarios o reacciones del gobierno de Barack Obama, la prensa estadunidense destacó el anuncio que hizo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre la reforma energética, y con ella las modificaciones a los artículos constitucionales 27 y 28 para abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión extranjera.
The Washington Post, el diario más importante de la capital de Estados Unidos, señaló que la propuesta de reforma energética de Peña Nieto abre una agrietada puerta a las gigantes petroleras como Exxon Mobil y Shell para invertir en la paraestatal mexicana.
“Habrá que ver si la oferta de riesgo y ganancias compartidas que hizo Peña Nieto será suficiente para enganchar a compañías como Shell, BP, Exxon Mobil y la brasileña Petrobras, que tienen el tipo de experiencia necesaria para modernizar a la industria petrolera mexicana”, indicó The Washington Post.
Al rotativo estadunidense le parecieron insuficientes los cambios propuestos por Peña Nieto, sobre todo, porque, pese a las reformas, el petróleo continuará siendo de los mexicanos, como lo estableció el expresidentes Lázaro Cárdenas en 1938.
“En un discurso que se esperaba con ansiedad en las capitales petroleras, desde Houston (Texas) hasta Río de Janeiro (Brasil), Peña Nieto se quedó corto y no ofreció a las empresas extranjeras lo que realmente querían: el derecho a adueñarse y vender el petróleo que extraigan en México”, subrayó.
The Wall Street Journal, el diario especializado en asuntos económicos y financieros, destaca en su articulo de primera plana que la intención es acabar con el monopolio de Pemex y revivir la bonanza petrolera en México.
“La iniciativa pudo quedarse corta en lo que algunas compañías petroleras esperaban y en lo que más ofrecen las naciones productoras de petróleo: No ofrece, por ejemplo, a las compañías privadas el derecho de adueñarse de los campos petrolíferos vía concesiones”, enfatiza.
The Wall Street Journal agrega que la propuesta del presidente mexicano “también falló al no tocar las reservas de gas y petróleo en su lado del Golfo de México, las cuales habrían sido un gran beneficio para las compañías que operan del lado de Estados Unidos”.
Por su parte, The New York Times, otro de los periódicos más influyentes en Estados Unidos y en el mundo, indica en su artículo publicado en la página 4A que el plan de Peña Nieto “reta a una sólida suposición sobre la identidad mexicana (su total soberanía sobre los recursos energéticos) al invitar a las empresas extranjeras para explorar y extraer petróleo y gas natural”.
La reforma energética de Peña Nieto, explica, permite a las empresas petroleras extranjeras negociar con el gobierno mexicano acuerdos de utilidad compartida para extraer el petróleo y gas natural.
“Bajo este esquema las reservas energéticas continuarán perteneciendo al Estado mexicano, pero los inversionistas podrán obtener una parte de las ganancias; la inversión privada se permitirá en la refinación, los oleoductos y la producción petroquímica”, matiza The New York Times.
Los tres periódicos estadunidenses vaticinaron que pese a la oposición política de izquierda (PRD) y alguna por parte de la derecha (PAN), la propuesta de Peña Nieto será aprobada por el Congreso federal mexicano.
Respecto de la posición del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador a la reforma energética del Ejecutivo mexicano, The Washington Post, The Wall Street Journal y The New York Times sostienen que es el reto más difícil para el avance de la apertura de Pemex al capital extranjero.
“Si tiene éxito llenando con manifestantes las calles de la capital, podría dificultar el respaldo de los líderes políticos al plan”, considera The New York Times.
“La verdadera oposición a las propuestas podría venir de las calles”, acota en el mismo sentido The Wall Street
Journal.
Desaparecen mil personas en Morelos entre 2011 y 2012 por “levantones” y secuestros
CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer hoy que en los últimos dos años han desaparecido casi mil personas en la entidad, la mayoría de ellas mujeres, producto de “levantones” y secuestros.
Con base en las denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en 2011 y 2012, la titular del organismo, Lucero Benítez Villaseñor, sostuvo que la cifra se queda corta frente a la realidad que vive el estado.
De acuerdo con la base de datos de la Comisión, únicamente en 2011 se denunciaron 548 desapariciones, de las cuales 266 casos involucran a mujeres.
Además, 111 víctimas son menores de edad, 88 mujeres y 23 hombres.
La tendencia bajó el año pasado en la zona metropolitana, luego de que la PGJE inició 362 carpetas de investigación por desaparición, aunque no especifica el móvil.
La zona oriente contabilizó 30 casos y en la región sur sólo se documentaron 10. Y nuevamente mujeres fueron el mayor número de víctimas, con 230, en donde se incluye a tres menores.
“No sólo se vincula a desaparición forzada el secuestro, también ahora a levantones en escuelas”, denunció la presidenta de la CDHEM.
En la conferencia, Benítez Villaseñor recomendó al gobernador Graco Ramírez la creación de un mecanismo para la búsqueda de personas desaparecidas.
La sugerencia surge de la queja presentada por la desaparición de Jessica Cerón, quien no es localizada desde el 13 de agosto de 2012 y tenía un embarazo con 39 semanas de gestación.
La familia de Jessica, con otras familias de mujeres desaparecidas, ha realizado varias marchas para denunciar omisiones en las investigaciones.
Osmany Licona, visitador de la CEDH, dijo haber acreditado con el caso de Jessica Cerón un incumplimiento del Estado mexicano en la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos de las víctimas, sobre todo de las mujeres.
El visitador documentó que el gobierno del estado incurrió en graves faltas al no haber integrado una carpeta de investigación, violentando un derecho a una justicia pronta y expedita, con la consecuente desprotección de las víctimas.
“La desaparición de Jessica Cerón es una forma de violencia contra la mujer, acentuado por su condición de embarazo. La protección de los derechos de la mujer –destacó– corresponde al Estado mexicano luego de haber ratificado los instrumentos internacionales en la materia”.
Es por esa razón, abundó, que el Estado mexicano “está obligado a evitar cualquier forma de violencia contra la mujer”, se advierte en la recomendación entregada al Ejecutivo estatal.
En particular se insta a Graco Ramírez a que aliente la creación de un “mecanismo para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, en especial de mujeres, niñas o niños, y adolescentes en el estado de Morelos”.
Privatización petrolera y rizoma social
El presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma energética en un momento muy delicado. Confluyen en la arena política un amplio rechazo ciudadano contra la privatización petrolera y un rizoma social opositor de gran calado en torno a cuestiones educativas, la devastación ambiental y la inseguridad pública.
Por si fuera poco, la situación económica se torna cada día más desfavorable. Las cifras de crecimiento económico para 2013 han caído de manera sostenida. El país acumuló 11 meses seguidos de desaceleración. El Banco de México prevé una baja del producto interno bruto (PIB) de entre 2 y 3 por ciento. La institución redujo su estimación sobre la generación de nuevos puestos de trabajo en 100 mil empleos. Grandes empresas despidieron durante el primer semestre de este año a más de 68 mil personas. La deuda pública se encuentra en su mayor nivel en el curso de este siglo. En los primeros seis meses de este año aumentó 950 millones de pesos diarios. Además, entre mayo y junio salieron de las arcas nacionales 178 mil millones de pesos, la más importante fuga de capitales en dos décadas.
Es cierto que el jefe del Ejecutivo cuenta en el Congreso con los votos necesarios para sacar adelante su reforma; sin embargo, tiene en contra a la opinión pública. Desde febrero pasado al menos tres encuestas muestran que más de la mitad de los mexicanos rechazan al capital privado en el sector energético. Los sondeos de opinión de Buendía y Laredo, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, y de Parametría no dejan lugar a dudas en ello.
Hasta ahora, la oposición a reformar la Constitución en materia energética es, básicamente, una corriente de opinión. Pero conforme avance su discusión en las cámaras es muy probable que se transforme en una movilización política y social.
Quienes impulsan la reforma privatizadora apuestan a que su mayoría parlamentaria, los recursos que movilicen los poderes fácticos y el Pacto por México son factores suficientes para lograr su aprobación. Calculan que Andrés Manuel López Obrador está políticamente disminuido. Suponen que al no contar con los recursos de un partido político su capacidad de convocatoria y movilización es muy limitada.
Sin embargo, una cosa es que arriba se haya amarrado a la clase política y a los intereses en favor de la privatización y otra que abajo la situación esté bajo control. Basta con asomarse a lo sucedido en Guerrero a lo largo de este último año para comprender que las reivindicaciones, dinámicas y tiempos políticos del México de abajo no coinciden con las del México de arriba.
El rechazo a la privatización petrolera está vivo en la conciencia nacional-popular de amplios sectores de la población. Lejos de ser la reivindicación de una parte de la sociedad, atraviesa todas las clases y actores sociales. Por más que los neoliberales quieran presentar la defensa de la soberanía petrolera como una reminiscencia del pasado y un lastre para el crecimiento económico, quienes la defienden sostienen que es la palanca para el desarrollo del país de acuerdo con intereses verdaderamente nacionales. Aunque el gobierno argumenta que su reforma busca modernizar la industria, quienes se oponen a ella responden, con razón, que lo que se pretende es entregar una parte de la renta petrolera a empresarios trasnacionales.
Pero, además, en el México de abajo muchas cosas están desamarradas. El rizoma social crece horizontalmente emitiendo raíces y brotes de descontento. En el terreno de la enseñanza, cientos de miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevan meses movilizados frente a la contrarreforma educativa. Lejos de amainar con el paso del tiempo, la protesta se ha extendido a varias regiones. La pretensión de aprobar a fin de este mes las tres leyes secundarias en la materia, sin escuchar los señalamientos y reclamos del magisterio democrático, amenaza con provocar un pleito de pronóstico reservado.
En el mismo sector educativo se han producido protestas en las escuelas normales, la Universidad de la Ciudad de México, los CCH de la UNAM, el Colegio de Bachilleres, las escuelas de educación media superior del Distrito Federal e innumerables universidades públicas. Aunque varios de estos problemas han sido parcialmente solucionados o desactivados pueden resurgir en cualquier momento.
A lo largo de todo el país los afectados ambientales luchan por mantener bajo su control los recursos naturales que necesitan para su vida, frente a las amenazas de que pasen a servir a intereses empresariales. Las páginas de este diario se han llenado estos últimos meses con información sobre estos conflictos, y la saga trágica de asesinatos, desapariciones y encarcelamientos de quienes dirigen esta resistencia. El Tribunal Permanente de los Pueblos ha documentado más de 300 de estas luchas.
La crisis de la seguridad pública ha precipitado el surgimiento de policías comunitarias en, al menos, 14 entidades del país. Una encuesta de Parametría efectuada en febrero de este año concluyó que 57 por ciento de la población estaba de acuerdo en que las comunidades se organicen y conformen una policía propia para defenderse de la delincuencia. Los roces entre los grupos de autodefensa y el Ejército son cada vez más frecuentes, al tiempo que el malestar de las fuerzas armadas con esta situacón es cada vez mayor. Simultáneamente, se mantiene activa una persistente movilización de familiares de desaparecidos por la guerra contra el narcotráfico, que exige la presentación con vida de sus seres queridos.
Aunque cada uno de estos rizomas tiene su propia dirección, demandas y dinámica, existe la posibilidad de que converjan en las movilizaciones contra la privatización petrolera. Por principio de cuentas, ninguno de ellos apoya la reforma energética.
¿Saldrán adelante las reformas energéticas sin graves expresiones de inconformidad social? Pronto lo sabremos. Mientras, la confrontación social crece.
Twitter: @lhan55
Iniciativa de decreto: insostenible
Enrique Peña Nieto cuenta con los votos de PRI y PAN para, como dijo el senador y ex secretario de Hacienda de Calderón Ernesto Cordero, consumar su aspiración máxima: la apertura total del petróleo mexicano al capital privado (nacional y/o extranjero). Ese honorable senador le sugirió a Peña no desanimarse en el intento de constitucionalizar el gran despojo en curso y, en efecto, procedió rápido y furioso a consumar una hazaña antinacional que es componente vital del vasto programa de ajuste estructural en los tiempos del techo del petróleo, a sólo ocho meses de iniciado este sexenio. Tampoco escatimó invocaciones a Lázaro Cárdenas, como quien dejó las puertas abiertas a la privatización a lo largo del texto o aducir el agotamiento de los estratos convencionales –de bajo precio, fácil acceso y alta calidad– en la enmarañada e infundada argumentación histórica y técnica usada como sostén de la iniciativa de decreto que presentó hoy, 12 de agosto de 2013, a la Cámara de Senadores para mutilar la Carta Magna, en artículos cruciales, obstáculos formales que los cabildos de la cleptocracia doméstica e internacional han querido vencer desde hace décadas.
Me referiré sólo al petróleo. La iniciativa para reformar la Constitución, además de innecesaria, choca con los argumentos de que es para fortalecer el papel del Estado como rector de la industria petrolera, promover el crecimiento económico, un desarrollo incluyente, la seguridad energética, la transparencia y la sustentabilidad y protección del medio ambiente, ¿abriendo las puertas a la explotación extranjera, entregando la renta petrolera, alentando el uso de técnicas de comprobada devastación ambiental? Ninguno de los argumentos, o excusas para entregar un patrimonio que no es suyo, tiene solidez histórica o técnica. Esa es una ausencia notable imposible de soslayar escudándose en una versión distorsionada del pensamiento y acción de Lázaro Cárdenas y en una versión sesgada de la experiencia internacional, en especial por su trascendencia regional y mundial, la de Brasil, que todavía se esfuerza por recuperar a plenitud su renta petrolera, luego de la transformación privatizadora y desnacionalizadora de F.H. Cardoso, en 1997, cuando se promulgó una ley que permitió a otras empresas competir con Petrobras en todos los ramos de la actividad petrolera, como ahora lo propone ¿Peña? aquí.
Al respecto, Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, advirtió que México no debe ver el proceso de apertura en Petrobras como ejemplo. En Brasil estamos en plena campaña para recuperar el control sobre el petróleo y Brasil tiene que copiar a México el marco constitucional de control de Estado sobre sus recursos ( La Jornada, 12/3/2008)
Además de esas distorsiones, uno de los principales problemas que saltan a la vista es la precipitación con que se quiere proceder con la iniciativa de modificación constitucional, sin argumentos ni convincentes ni técnicamente sólidos. No ofrece la iniciativa la mínima información cuantitativa sobre los recursos no convencionales disponibles en aguas profundas o en gas y petróleo de lutitas. Sabemos, por informes públicos, que a los Rex Tillerson de este mundo sí les urge contar con reservas probadas, porque en los dos primeros trimestres de 2013, aunque Exxon obtuvo ganancias, la actuación del área de exploración y producción fue mediocre.
Los legisladores tendrán que proceder sin información sobre dónde están localizados los recursos no convencionales, los plazos temporales involucrados y las cantidades esperadas de recuperación. A menos que recurran a la información y mapas que ofrece la Administración de Información sobre Energía (Energy Information Administration, EIA) del Departamento de Energía de EU –de confiabilidad comprometida– ya que fuentes anónimas citadas por The New York Times indican que algunos de sus geólogos y especialistas que diseñan sus mapas, a los que con frecuencia recurre la cúpula de Pemex en sus presentaciones, tienen vínculos contractuales con las grandes petroleras interesadas en operar en México o Argentina. La otra fuente sería la Agencia Internacional de Energía –con sede en París–, más confiable, aunque nacida para contrarrestar a la OPEP.
Se nos dice que es necesario mochar la Constitución porque con los no convencionales estamos tratando con yacimientos de gran complejidad que demandan capacidades de ejecución e inversión que sólo se pueden alcanzar con la concurrencia de diversas empresas petroleras. Por eso, ¿modificar la Constitución? Acaso ¿no existen firmas especializadas en el mercado con recursos disponibles, sin saquear a la nación? Son alianzas estratégicas muy comprometedoras. Si Peña insiste en tener referencias internacionales, mejor que revise la enorme semejanza entre su iniciativa y la compare con los planes transformativos de Exxon en África Central.
¿Y para qué hablar del eje de la iniciativa sobre Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente? ¿Cómo es posible colocar esas aspiraciones ambientales junto a un proyecto de explotación por medio de la fractura hidráulica?
jsaxef.blogspot.com
Emite recomendación CDH-Morelos a Graco Ramírez por desaparición de joven
Cuernavaca, Mor. Al cumplirse hoy un año de la desaparición de Jessica Cerón Salinas, quien tenía 39 semanas de embarazo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDH-Morelos) emitió una recomendación al gobernador Graco Luis Ramírez para que de manera urgente implemente un "mecanismo para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, en especial a las mujeres, niñas o niños y adolescentes en el estado".
Dicho mecanismo de búsqueda debe de integrarse de manera coordinada, dice la recomendación, con los otros dos poderes del estado, así como los tres niveles de gobierno, para evitar que sigan creciendo las estadísticas de personas extraviadas en esta entidad, como ha sucedido hasta hoy.
Al titular de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, Rodrigo Dorantes Salgado, la CDH-Morelos le exigió que "instruya" al fiscal que conoce de la carpeta de investigación SC01/8761/2012 para que éste "implemente las acciones legales conducentes a efecto de localizar a Jessica Cerón Salinas estableciendo la colaboración y coodinación institucional que garantice el respeto a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial".
La presidenta de la CDH-Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, aseguró que en este caso de Jessica Cerón "se acreditó de manera fehaciente la violación al derecho humanoa la seguridad jurídica y la legalidad, por cuanto a la impartición de justicia, pronta completa e imparcial".
Además la ombudsman argumentó que "derivado del tiempo transcurrido y que dichas investigaciones han sido insuficientes para dar con el paradero de esta jóven también se le violaron sus derechos que tiene", por lo que se ha evidenciado "el incumplimiento del Estado de Morelos con la normatividad nacional, internacional y local en materia de protección a los derechos humanos, por cuanto a impartición de justicia, derechos de las víctimas y de las mujeres".
Hoy al cumplirse un año de la desaparición de Jessica, cuando se trasladaba de Cuernavaca al municipio de Jiutepec, su madre Celia Salinas Maya, con sus familiares acudieron a depositar una corona de flores y veladoras a la ofrenda floral que está ubicada en la entrada del palacio estatal, para exigir al gobernador Graco Luis Ramírez que se de con su paradero de ella y de su hijo.
En medio de la corona fúnebre se leía lo siguiente: "En el estado de Morelos se murió la verdad.Cumplimos un año exigiendo la verdad, una respuesta y justicia; Cumplimos un año exigiendo que las autoridades hagan su trabajo; cumplimos un año pidiendo que las autoridades den con el paradero de nuestra querida Jessica y su hijo Max; cumplimos un año viendo la indolencia de las autoridades de Morelos; un año que el gobierno del estado viola nuestros derechos de víctimas; un año sufriendo de impunidad y de corrupción en la PGJ".
En entrevista la madre de Jessica Cerón recuerda que aquel 13 de agosto de 2012 su hija, quien trabajaba Nextel, le mandó un mensaje como a las 11 de la noche que ya iba para su casa (de Cuernavaca a Jiutepec), pero no llegó.
De acuerdo a las declaraciones de Celia la última persona con la que se entrevistó su hija fue con el padre de su hijo, pero esta persona no ha sido llamada por las autoridades de la PGJ para afirmó que colabore en las investigaciones para dar con el paradero de su hija.
Jessica cuando se extravió tenía 28 años de edad y 39 semanas de embarazo, por lo que su madre asegura que el niño ya debió de haber nacido
Causa la resistencia civil pérdidas a la CFE hasta por 6 mdp al mes
Veracruz, Ver.- El Movimiento de Resistencia Ciudadana Chucho El Roto Vive genera pérdidas de cerca de 6 millones de pesos en la zona cercana a Laguna Verde, afirmó el superintendente general de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Eduardo Reynoso León. En Veracruz hay 430 mil clientes cuyo rezago está en las agencias de Cempoala y Cardel por la resistencia civil contra la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV). “En promedio mensual solo por esa zona dejamos de recibir al mes entre 4 y 6 millones de pesos”, dijo.
Édgar Cinta Pagola, asesor jurídico del Movimiento, afirmó que la CFE interpuso denuncias contra 900 ciudadanos de la agrupación por negarse a pagar el recibo de servicio de energía eléctrica. Además se ha consignado a 70 personas, se han girado 20 órdenes de aprehensión contra integrantes de la organización,y todos han salido libres, hasta su líder El Potro.
El superintendente general de Distribución de la CFE informó que al mes reciben entre 15 y 18 quejas en un promedio de 10 a 15 días por presunta facturación alta por el consumo de energía eléctrica. “Debemos aclararle al cliente que su factura está correcta o detectar que tuvimos un errores en la facturación (...) el cliente debe cotejar la lectura de su recibo y la del medidor, otra manera es en nuestros recibos checar el historial del consumo del cliente, por ejemplo los domésticos le dan un uso promedio continuo”, aseguró.
Expresó que buscan reducir los errores por una lectura errónea y solventarlo, situación que han logrado los últimos dos años. El funcionario explicó que también hacen una revisión para evitar que haya diablitos en la ciudad y garantizar el buen servicio. “Lo hemos encontrado en fraccionamientos, colonias, todo es muy variable, pero hemos trabajado para ir barriendo la ciudad y generar la cultura del pago y que el cliente no le meta mano a su servicio”, dijo.
Reynoso León explicó que en promedio al mes encuentran entre 40 y 60 servicios irregulares.
Añadió que hay lugares en los que hallan varios servicios que no están regularizados y trabajan con el cliente para convenir el pago.
Robos de luz, con más frecuencia en colonias ricas
Reynoso León indicó que el robo de la energía persiste en colonias populares de la zona conurbada, pero lo mismo en fraccionamientos de lujo, como Costa de Oro. En entrevista, el funcionario refirió que se localizan mensualmente entre 40 y 50 tomas ilícitas en la conurbación. “Traemos un programa especial que le llamamos Ruta Limpia, con la finalidad de estar asegurando y validando que los servicios están correctos, tanto por la parte de continuidad, es decir, estamos asegurando que no haya falsos contactos, que las bases se encuentren en buenas condiciones, asegurar nuestros servicios para que no haya un uso ilegítimo, irregular”, expresó.
–En los primeros siete meses del año, ¿cuántas tomas clandestinas se encontraron?
–Andamos alrededor, mensualmente, detectando 50, 40, 50 tomas clandestinas, te repito, es un proceso que incluso los ciclos que ya hemos limpiado tenemos que volver a recorrerlos porque volvemos a encontrar que nos violan los sellos, que nuevamente encontramos servicios directos y tenemos que seguir trabajando en un proceso de ese sistema, tenemos que hacer que nuestro cliente tenga la cultura del pago.
–¿En qué colonias o fraccionamientos se han encontrado esas tomas clandestinas?
–Hemos encontrado en donde pasamos, es muy variable, hemos encontrado en Costa de Oro, hemos encontrado en Laguna Real, en general, hay una gran variedad de lugares que hemos encontrado y tú los puedes ver a la vista cuando recorres la ciudad. El objetivo finalmente es cuidad la economía de la empresa como la garantía de nuestro cliente de que lo que consume es lo que le estamos facturando.
Eduardo Reynoso informó que la CFE pierde anualmente el 14 por ciento de la energía eléctrica que genera a consecuencia de tomas clandestinas y a las fallas en la operación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Por último, Reynoso León comentó que la dependencia federal pierde 20 millones de pesos al año por ese tipo de situaciones.
Lamentan indígenas desplazados por presa Cerro de Oro vivir en Veracruz
Agobiada por la inseguridad y la falta de servicios básicos, una comunidad indígena de desplazados por la construcción de la presa Cerro de Oro, en Oaxaca, está arrepentida de haber accedido vivir en Veracruz.
"Estábamos mejor en Oaxaca, o por lo menos éramos tratados con dignidad y respeto. Tantos son los beneficiados con las presas y los que deberíamos ser beneficiados somos los más afectados".
Es el testimonio de Aurora Rodríguez, una habitante de la comunidad Nueva Santa Rosa, en el municipio de Ignacio de la Llave, también conocida como El Reacomodo.
Este lunes, un grupo de habitantes de esa comunidad se manifestó en las oficinas centrales de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) porque la obra de su acceso principal quedó a medias y sí fue reportada como terminada y pagada, afirman.
A más de 30 años de su fundación, las pequeñas casas de la comunidad de Reacomodo aún parecen improvisadas, como si sus habitantes las hubieran construido hace poco tiempo.
Fue esa la comunidad en la que los pobladores impidieron un acto de campaña de Raúl Zarrabal, el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a una diputación y ex secretario de Comunicaciones.
Tras esa manifestación, la obra de su camino fue puesta en marcha por la Secom y, según un supervisor de esa dependencia, está reportada como terminada, pero "tiene más de un mes que la pararon", dijo Rodríguez.
Informó que este lunes fueron recibidos por funcionarios de la Secom "y nos dicen que no hay presupuesto, es algo ilógico porque el jueves vino un supervisor y dijo que está reportado que ya está terminada".
Su condición de aislamiento, dicen, les causa problemas de inseguridad por delincuencia común, al grado que decidieron crear su "policía comunitaria".
"Ya no sabemos qué hacer, pues al parecer somos como invisibles, pues político van, político vienen y nosotros estamos cada día peor. No entiendo por qué el gobierno nos sacó de nuestras tierras", lamentó Aurora Rodríguez.
Denuncian ferrocarrileros maltrato por parte del líder de la Sección 24
Se establecieron en plantón y huelga de hambre alrededor de una veintena de trabajadores y ex trabajadores ferrocarrileros de la empresa Kansas City Southern, sobre las jardineras de la alameda Juan Sarabia, justo enfrente de la antigua estación de Ferrocarriles; denuncian despidos injustificados y el maltrato por parte del líder de la Sección 24 del Sindicato Ferrocarrilero de la República Mexicana, Joel Labrada Llanito.
Al respecto, Carlos Pujol, integrante de la manifestación, señaló que “estamos desde las ocho de la mañana haciendo huelga de hambre en rechazo a la pobre labor que ha venido desempeñando el secretario general de la sección 24, ya que es una persona que sólo se ha dedicado a lanzar amenazas en contra de los compañeros, sobre todo en el sentido de despedirnos si no lo apoyábamos, y ahora vemos que ya cumplió, lo cual es muy injusto”.
Dijo además que Labrada Llanito, desde que tomó el cargo, se ha dedicado simplemente a manejar el sindicato conforme a sus intereses, y a cualquiera que se le ponga enfrente simplemente ha buscado “borrarlo y los hace a un lado”, por lo que, según mencionó, no van a retirar la huelga de hambre hasta que no venga el líder nacional del Sindicato Ferrocarrilero, Víctor Félix Flores Morales, a verificar las irregularidades que suceden en San Luis Potosí.
Recordó que desde el año pasado, cuando se aproximaban las elecciones estatutarias de la sección sindical, Labrada Llanito comenzó, junto con sus allegados, a lanzar amenazas de despido, y nos dijo que ya estábamos en una “lista negra”, todo porque pretendíamos formar nuestro propio equipo y participar en las elecciones, pero ni siquiera nos dejaron participar.
Finalmente, insistió en que ni el plantón ni la huelga serán retirados hasta que el líder nacional del sindicato venga a arreglar el asunto de manera personal y coadyuve con la empresa KCSM para la reinstalación de los trabajadores despedidos de manera injustificada, además de deslindar las razones por las cuales no se ha querido brindar el apoyo sindical a este grupo de trabajadores.
La reforma energética: entrega la riqueza nacional al gran capital
Bajo el argumento de que la producción nacional de petróleo y del gas han venido disminuyendo, y que los yacimientos de crudo son más costosos que en el pasado, y que han aumentado las importaciones de las gasolinas, del gas y petroquímicos, lo que compromete la soberanía nacional y el futuro del país, el gobierno presenta una reforma energética encaminada a solucionar tales problemas a través de la apertura del sector a la inversión privada, para que invierta y traiga tecnología. Bajo el diagnóstico de que Pemex está altamente endeudado y no tiene condiciones tecnológicas para la exploración en aguas profundas, ni capacidad de inversión para encarar los rezagos, es que se propone modificar la Constitución para abrir la industria energética y eléctrica al sector privado, para que resuelva los problemas que el Estado ha sido incapaz de solucionar.
Nos dicen que Pemex está altamente cerrado, y ello ha actuado contra la productividad y competitividad, considerando que estamos en un contexto de economía abierta, por lo que el resto de la producción nacional ha resultado afectada. Señalan que no es posible que Pemex siga asumiendo todo el riesgo de la inversión en los contratos de servicios, y que se debe pasar al patrón de inversión de riesgo presente en otras economías del mundo que transfieren ese riesgo y costos a las empresas privadas, sin que ello afecte la propiedad sobre el recurso energético. Insisten en que el petróleo y la industria eléctrica seguirán siendo de la nación, y si las empresas petroleras que realicen tales inversiones tienen éxito, se les paga, si no, ellas asumen sus costos y pérdidas.
La reforma propuesta da lugar a que aumenten los inversionistas en el sector petrolero y en electricidad, para que se genere una competencia, donde participaría Pemex, y la CFE respectivamente, y se fortalecería a éstas empresas para que tengan condiciones de competencia. Se realizarán modificaciones a la Constitución para garantizar la certidumbre jurídica para que los inversionistas privados participen sin ningún problema. Enfatizan que es compatible la propiedad del petróleo, del gas y de la electricidad de la nación, con permitir la competencia para abaratar costos, indispensable ello para impulsar el desarrollo nacional, y que sin la reforma continuaremos perdiendo autonomía energética, y no podremos mejorar los niveles de vida de la población.
Justifican la apertura del sector petrolero a la inversión privada, debido a que ello contrarrestará la caída de la recaudación tributaria derivada de la menor producción y de las exportaciones que ha venido aconteciendo en los últimos años. Dicen que los mayores recursos generados elevarán el crecimiento económico potencial, y redundará en beneficio de las futuras generaciones. Que fortalecerá la competencia y fomentará a la producción manufacturera nacional.
El principio que subyace en la reforma energética es que la competencia es la fuerza más poderosa para generar eficiencia e innovación, tanto en Pemex, como en la industria eléctrica y en el resto de la economía. Se señala que Pemex seleccionará algunas áreas estratégicas en los que tenga interés estratégico, y demuestre capacidad de ejecución en un período razonable, y donde no tenga capacidad de ello, se asociará con el sector privado, o le concesionará a éste el derecho para que lo haga. Se abre el sector energético a la participación de terceros en el acceso al crudo, como a los procesos subsecuentes en la cadena productiva, incluyendo refinación, petroquímica y comercialización.
El régimen fiscal considerado se aplicara por igual a todos los jugadores de la industria, incluyendo a Pemex, y que será competitivo a nivel internacional para que atraiga inversiones.
La reforma presentada no parte de un diagnóstico del porque se ha descapitalizado y sobre–endeudado a Pemex, y del porque de la caída de la producción y de su capacidad de exportación. Cabe aclarar que dicha empresa es altamente productiva y que tiene altas ganancias, y el problema ha sido que el régimen tributario a que ha estado sujeta, el cual le quita la totalidad de sus ganancias, llevándola a sacrificar el crecimiento de la inversión, y el desarrollo tecnológico, y a recurrir a deuda para encarar las deficiencias financieras a que es objeto. El gobierno ha desperdiciado el uso de la renta petrolera. Con ella financia su gasto corriente en vez de utilizarla en reinvertirla en Pemex, como en refinerías y en el desarrollo de gas, y petroquímicos, tanto para ser autosuficientes en estos productos, como para aumentar el valor agregado en petrolíferos para su exportación, pero nada de eso ha estado en la mente de quienes nos han gobernado. Ahora quieren resolver esos problemas con la apertura de estas industrias al sector privado. Nos dicen que ello aumentará la producción y la renta petrolera y la recaudación tributaria, y que bajará los costos de las gasolinas y de la electricidad, y que aumentará la competitividad, como el poder adquisitivo de las familias y la capacidad de inversión de las empresas, y por lo tanto la dinámica económica. El mismo discurso ha estado presente en las reformas estructurales de los tratados de libre comercio, en la liberalización financiera, en la reforma laboral, de que la economía sería más competitiva, de que habría más financiamiento y a bajo costo, y más empleo, y nada de ello se ha dado, sino por el contrario, la economía tiene menos industria, menos agricultura, menos disponibilidad crediticia a favor del sector productivo, y hay más desempleo y miseria. Pemex y la CFE no tienen capacidad competitiva frente a las empresas internacionales que vendrán a tales sectores, por lo que terminará reduciéndose más el tamaño de éstas, así como del Estado, subordinándose más a los intereses del gran capital internacional, como ha venido aconteciendo. No habrá ni baja de precios de estos insumos, ni mayor recaudación tributaria. Las empresas privadas vienen para maximizar ganancias, no a bajar precios, ni a pagar altos impuestos, ni a consumir productos nacionales.
La reforma energética, mala señal para los pueblos indígenas y campesinos
La reforma energética de Peña Nieto es una “mala señal” para los pueblos indígenas y campesinos del estado de Puebla porque los gobiernos estatal y federal están entregando el territorio a las empresas transnacionales sin tomar en cuenta a las comunidades que están ahí asentadas, así lo dio a conocer el investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM) Octavio Torres Landa, representante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
Agregó que no se descartan escenarios de violencia por parte del Estado Mexicano en contra de los Pueblos.
Maestros piden al alcalde de Tecpan seguridad en la sierra
Atoyac, 12 de agosto. Unos 80 maestros de los 12 planteles educativos de la zona escolar 22 de nivel primaria, ubicada en la parte serrana de este municipio, pidieron al alcalde, Ediberto Tabares Cisneros, aplique estrategias para combatir la inseguridad, debido a que varios de ellos han sido víctimas de actos delictivos.
Los docentes aseguraron que se aproxima el inicio del ciclo escolar y hasta el momento el gobierno municipal carece de estrategias para brindar seguridad a los que trabajan y estudian en las escuelas de la zona serrana.
En entrevista en las instalaciones del ayuntamiento, los profesores dijeron que varios de sus compañeros han sido víctimas de la delincuencia cuando se trasladan a sus centros de trabajo, por lo que apremiaron al presidente municipal a que se reúna con el gremio magisterial para acordar acciones que garanticen la seguridad en las rutas serranas.
“La intención es plantearle la preocupación que existe entre los maestros por el clima de inseguridad que se vive en el municipio y que se echen a andar acciones a favor de la seguridad de docentes y alumnos”, manifestaron los inconformes.
Señalaron que el munícipe es el responsable de garantizar la seguridad de los habitantes del municipio, sin embargo, abundaron, hasta el momento no se ve que la situación sea atendida a unos cuantos días de que comience el nuevo ciclo escolar.
Insistieron en que el edil se reúna con el magisterio para escuchar sus necesidades y acordar estrategias para resolver el problema.
Por otra parte, denunciaron que los representantes del sector educativo pretenden imponer a Ricardo Serna como supervisor adjunto en la zona escolar, lo que consideraron como innecesario.
Exigen en Tlacotepec al estado respaldo para los desplazados por la violencia
Advierte el presidente de los Bienes Comunales que los ganaderos se suman a la migración
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 12 de agosto. Miembros de los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, que comprende parte de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Chilpancingo, exigieron al gobierno estatal respaldo para asistir a las familias desplazadas de pueblos asolados por la violencia, ya que varias de ellas a pesar de la inseguridad han tenido que regresar a sus localidades porque las instalaciones de los bienes no son adecuadas para que permanezcan allí.
El presidente de los Bienes Comunales, Crescencio Vega Guevara, dijo que la inseguridad en los pueblos serranos sigue siendo el problema más fuerte, y denunció que los ganaderos de la zona están huyendo porque grupos de la delincuencia les impusieron una cuota de 4 pesos por cada kilo que pese las res que venden. A manera de ejemplo, mencionó, si una res pesa unos 200 kilos, tienden que pagar una cuota de 800 pesos.
Desconoce, aclaró, de qué grupos delictivos se tratan, sólo mencionó que son foráneos, y que los ganaderos están rematando su ganado para salirse de la zona.
En conferencia de prensa, Vega Guevara precisó que todavía quedaban en las instalaciones de los bienes comunales en Tlacotepec unas 15 familias, es decir unas 60 personas de comunidades como Perocipetec, Tetela, Amacauite, Órgano, entre otras. En total, eran 11 comunidades de Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan y Apaxtla de Castrejón, de las que salieron más de mil personas por el temor que se propagó a causa de que hombres armados levantaron a varias personas en Tetela del Río (Heliodoro Castillo).
Comentó que entre el gobierno del estado y el municipal les prometieron 2 millones de pesos para la construcción de la sede de los bienes comunales, con sede Tlacotepec, desde antes del fenómeno de los desplazados; actualmente, consideró, esa promesa recobra mayor importancia porque es el único refugio para las familias que salen de sus pueblos por la violencia.
Incluso, dijo que de las 400 personas que llegaron a las instalaciones de los bienes comunales ya quedan unas 60. Insistió en que muchas familias tenía temor a regresar, pero lo hicieron porque tampoco en la cabecera municipal de Heliodoro Castillo hay condiciones, por ejemplo, "en las oficinas hay un solo baño, que es insuficiente para toda la gente que llega".
Además, opinó, con las colchonetas, colchas y despensas que les llegaron a las familias de parte del gobierno estatal no erradicaban el problema.
Los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec comprende 264 mil hectáreas de los tres municipios antes mencionados, es decir 304 pueblos y sus 56 anexos, de los que son propietarios 8 mil comuneros.
Según el presidente de los bienes comunales, los gobiernos le deben a la sierra de Guerrero muchos pendientes, desde educación, salud, hasta proyectos productivos, por que dijo que no es un secreto que a esa parte parte del estado no quieran subir maestros y médicos.
Sugirió que se cristalice la petición de hace años de declarar la sierra como la octava región del estado, porque es la única vía de canalizar recursos.
Se pronuncian los jóvenes de Morena contra la privatización de los energéticos
En un acto que se retrasó unos 30 minutos debido a la lluvia, integrantes del comité juvenil del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) efectuaron un pequeño mitin en el zócalo de Acapulco, donde leyeron dos pronunciamientos referentes a la privatización de los energéticos a aproximadamente 60 jóvenes que se dieron cita en el lugar.
El responsable de la Secretaría de Jóvenes de Morena en Guerrero, Jorge Medina Rangel, explicó que el encuentro fue convocado debido que se conmemora el Día Mundial de la Juventud.
Manifestó que “el llamado fue a defender el petróleo, decirle a los jóvenes por qué no nos conviene la privatización del petróleo”.
En el acto se hizo referencia a las reformas emprendidas por el gobierno federal, las cuales ponen en riesgo la estabilidad, como lo es la reforma educativa, la laboral, así como el riesgo de la privatización de las playas.
Señaló que “nos quieren pagar a siete pesos la hora, uno estudia tanto para que nos paguen eso”.
Indicó que “privatizar el petróleo, la mayoría de los servicios como la educación, la salud, la seguridad, serán más caros, pues se privatizarán, tendremos que pagar puros hospitales privados; eso en nada nos beneficia a los jóvenes”.
Recalcó que “hoy por ser un día tan especial hacemos un llamado a los jóvenes a luchar, a los jóvenes de Morena y a todos los que están preocupados por su futuro, los convocamos a defenderlo, a unirnos y a ir todos por un mismo camino, para que esta lucha sea informada y de todos nosotros”.
Medina Rangel informó que la próxima actividad del comité juvenil del Morena será el 17 de agosto en Chilpancingo, y recordó que la gran cita es la del 8 de septiembre, donde el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, encabezará un gran encuentro para manifestarse contra la privatización del sector energético, en el zócalo de la ciudad de México.
El representante de los jóvenes del Morena expresó que “se la hace la invitación cordial a todos los jóvenes a que se integren a Morena, es importante integrar a todos a la lucha”.
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