martes, 29 de junio de 2010

Detienen federales a uno de los líderes del SME


Martes, 29 de Junio de 2010 00:00
Escrito por Jaime Luis Brito

CUERNAVACA. Este lunes elementos de la Policía Federal detuvieron a Marco Antonio García Barrera, subsecretario del Interior de la División Cuernavaca del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

A pesar de que el electricista mostró dos amparos interpuestos ante juzgados federales contra actos de la autoridad, los policías lo detuvieron alegando que los recursos habían sido sobreseídos por la autoridad jurisdiccional.

Integrantes del SME denunciaron también que Héctor Salazar Porcayo, líder del SME en Cuernavaca también fue buscado por policías en su domicilio, pero al no encontrarse en el lugar, libró la posibilidad de ser detenido.

De acuerdo con información de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), Marco Antonio García Barrera fue trasladado de inmediato al Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, y que los hechos fueron consignados en la causa penal 63/2010, radicada en el cuarto juzgado de distrito con sede en Cuernavaca. El delito que se persigue es el de privación ilegal de la libertad con agravante de servidor público.

Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: Soberanía Popular

El Tesorito vs. el medio ambiente… ¿y la tecnología de punta apá?










Fuente: PEMEX y Greenpeace
Difusión: soberanía popular

Comunicado conjunto de OSC con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura

comunicado conjunto México

Difusión: Soberanía Popular

Tortura no está tipificada como delito, dice CCTI


LAURA REYES ( )

Aunque se tienen registrados al menos seis casos de detenciones arbitrarias y tortura, de 2008 a la fecha, el representante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), José Raymundo Díaz Tabuada, reprochó que en la entidad no esté tipificado ese delito en el código penal, causa por la que alertó, las agencias del Ministerio Público no reciben denuncias por ese flagelo.

Agregó: “La tortura en Guerrero sigue siendo un elemento vigente. Es un elemento impune, no hay nadie que haya sido castigado por el delito de tortura, desafortunadamente no está tipificado en el Código Penal y las víctimas quedan en la indefensión”.

Recalcó que sólo se aplica en la ley especial de Derechos Humanos, y reprochó que los ministerios públicos sólo aceptan denuncias por lesiones y no por tortura.

Consideró que esa situación que genera indefensión de los ciudadanos, en especial cuando hay tortura de parte de policías o elementos de las fuerzas armadas no reciben esas denuncias.

Díaz Tabuada sostuvo que para que haya solución de los problemas se tienen que abordar las reformas en materia penal, debe haber un sistema que proteja a la población de esos delitos.

Insistió que la mayoría de las personas desaparecidas, cuando son encontradas, presentan marcas claras de violencia.

De hecho, recordó que la detención el lunes pasado del luchador social, Bertoldo Martínez fue un acto de hostigamiento y se considera como tortura psicológica.

Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular

En México se tolera la impunidad y se omite la justicia para sus víctimas: ONG


CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 27 junio. Organizaciones sociales estatales y nacionales criticaron que el gobierno mexicano sea tolerante con el patrón de tortura e impunidad que se aplica en varios estados de la República, en lugar de brindar apoyo a las víctimas.

Ante esta situación de impunidad, destacaron las organizaciones que las víctimas tienen que recurrir a organismos internacionales para tener acceso a la justicia, como el caso de las indígenas guerrerenses violadas por militares, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Organizaciones como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos reclamaron que aun cuando la tortura es un crimen, en México sigue siendo una práctica sistemática.

Señalaron que para los interrogatorios ministeriales, los policías utilizan prácticas como el abuso físico, sicológico e incluso sexual para extraer confesiones; otra de las prácticas de la tortura, mencionaron, es la represión que se da a manifestaciones por las fuerzas públicas. “Numerosas personas, entre ellas reconocidos luchadores sociales, permanecen en prisión por delitos fabricados o por confesiones obtenidas mediante la tortura y a pesar de las continuas recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas, no es posible afirmar que el Estado mexicano cumpla su obligación de proteger a las víctimas de la tortura, al contrario, los casos de tortura permanecen en la impunidad por la falta de voluntad para investigarlos”, reprocharon.

De igual forma, agregaron que las reparaciones integrales por los daños que sufrieron las víctimas son prácticamente inexistentes. “Es evidente que, en vez de apoyar a las víctimas, el Estado ha sido tolerante con el patrón de tortura e impunidad vigente”, señalaron.

De hecho, resaltaron los casos de las indígenas Fernández Ortega y Rosendo Cantú, quienes fueron violadas sexualmente por militares hace ocho años y desde entonces no ven llegar la justicia del Estado mexicano, por lo que tuvieron que recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer justicia.

De igual forma, expusieron la tortura a los campesinos ecologistas también de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, todo a manos de militares.

Las organizaciones expresaron su preocupación de que en México la falta de controles adecuados sobre la policía y el ejército, la falta de control judicial sobre las detenciones, la admisión de confesiones arrancadas presuntamente bajo tortura durante los procesos penales y la tolerancia existente en torno a la actuación de caciques o incluso paramilitares en regiones rurales del país, dejan ver que el Estado no ha tomado las acciones necesarias para acabar con esta práctica.

Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular

Notas sobre comparecencias de funcionarios públicos respecto a la extinción de LFC

Notas sobre la comparecencia de funcionarios públicos

Fuente: Comunicación social del Congreso de la Unión
Con información del blog del Mario Dicostanzo
Difusión: Soberanía Popular

Testimonios de vida y dignidad en el SME


Lunes, 28 de Junio de 2010 00:00
Escrito por José Martínez Cruz

Una huelga de hambre es un método de lucha extremo. Pone en riesgo la vida de quienes la llevan a cabo. Es el caso de Cayetano, que está cumpliendo 60 días en el campamento del SME en el zócalo de la ciudad de México.

El impacto social del dolor es difícil medirlo, sobre todo cuando no hay estadística que pueda calcular los sentimientos. Pero hay otras formas de saberlo. La forma en que responden los diferentes sectores de la población. El coraje, la indignación, la rabia, cuando se expresan de manera colectiva, cuestionan seriamente el poder establecido de los inconmovibles funcionarios gubernamentales.

Es un llamado moral a la conciencia de la población y una denuncia ética del abuso de poder. Es un testimonio de la lucha por la dignidad humana y de los límites de la resistencia física humana.

La muerte, tantas veces presente en la sociedad mexicana no es un proceso natural como debiera ser desde el punto de vista fisiológico, sobre todo cuando se arranca sin conmiseración por policías y militares, por sicarios y paramilitares, por quienes terminan arrastrados en la espiral de violencia que destruye tejido social, vínculos afectivos, sensibilidades humanas. Esta huelga de hambre ronda en los límites de la resistencia. Y quienes la han llevado a cabo saben de qué se trata.

Cuauhtemoc Serrato Salinas, duró 35 días en huelga de hambre del 27 de abril al 31 de mayo: “Entré con la idea de expresarme con claridad sobre la realidad de lo que pasó a miles de electricistas al quedarnos sin empleo de un día para otro.

Molesto por los ataques mediáticos, para exigirles que digan la verdad, es un derecho. Me angustié por la represión a mis compañeros a manos de la PFP. Lloramos de rabia. Grité lo que pude. Me tuvieron que calmar.

Es terrible ver las agresiones policíacas con saña a trabajadores pacíficos. Impotencia que solo se supera por la solidaridad. No nos han quebrado.”

Omar Bahena Ortega, con 40 días en huelga de hambre, del 27 de abril al 5 de junio: “tuve entusiasmo al principio por lograr una solución rápida, para superar la incertidumbre de la falta de empleo. Es una angustia. Al paso de los días se ve que no tienen voluntad para solucionar. La SCJN está dando los fallos en contra de la justicia. A los ministros no les importa la huelga de hambre. Hemos sufrido toda clase de agresiones. Al grado de ofrecernos pizzas en oferta provocándonos para desacreditar nuestro sacrificio. Nos arrojan canicas “bombachas” los guardias presidenciales en las noches. Bajé 14 kilos. Llega el momento en que todo te duele, hasta las encías”.

Dicen que el compañero Cayetano está en peligro. ¿Quieren muertos? Caerá como maldición contra este gobierno corrupto, autista, dictatorial, rey de los impuestos, enemigo del pueblo.

“Fui a la SCJN a una audiencia en silla de ruedas. Me desmayé. No nos dejaban entrar. Recibieron a Martín Esparza. Tienen la oportunidad de reivindicarse, lo harán? No hay confianza en el gobierno. Los casos de la guardería ABC y mineros lo muestra. Atenco está a la puerta.

Si la SCJN cierra la puerta, vendrá una época muy mala para el país” dice Cuauhtémoc y recuerda que otros compañeros del SME División Cuernavaca también soportaron este ayuno prolongado: Omar Mora Cortéz, 50 días, Arnulfo Cisneros Reza, 39 días, Pedro Campos Ramírez, 19 días, Erasto Neri Quiroz, 30 días, Gerardo del Canto Pérez, 45 días.

“Además de los 44 mil trabajadores, son 2 mil socios comisionados del sindicato quienes han sido afectados. Miles de familias dependían del consumo de los trabajadores del SME.

Han cerrado negocios, cambiado de actividad los que vendían jugos, tacos, zapatos, ropa, y eso muestra la fragilidad de los changarros que nos ofrecen a cambio de aceptar la liquidación” dicen con tristeza quienes laboraron 24 años en agencias foráneas y 8 años en el sub comité sindical, como Cuauhtémoc y 4 años en el taller mecánico automotriz, como Omar.

“Engañaron a muchos de los liquidados. CFE no contrata despedidos de Luz y Fuerza. Calderón miente. Ahora nos quieren quitar nuestras casas adquiridas a crédito por 15 años. Nos hostigan, persiguen, como si fuéramos criminales: ¡somos trabajadores, no narcos!”.

Mencionan a las mujeres embarazadas que quedaron sin asistencia médica al ser despedidas, a los que les amputaron un brazo por el estallido de un transformador, la falta de reconocimiento al trabajo especializado de alto riesgo, como el de los linieros de línea viva: “y así nos quieren quitar pensiones y jubilaciones que devengamos con el trabajo de alto riesgo para nuestras vida”, señalan al comparar salarios de 5 mil pesos contra los 260 mil de los funcionarios.

Es verdad, concluyen, “necesitamos un gobierno del pueblo para el pueblo”.

cidhmorelos@gmail.com

Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: Soberanía Popular

Regresaré al romanticismo de las velas


Lunes, 28 de Junio de 2010 00:00
Escrito por Adriana Mújica M.

Desde octubre del año pasado, los compañeros del SME levantaron la voz para hacerle varias advertencias a la población y, desafortunadamente, mucha gente puso oídos sordos.

Y no me refiero a lo que han estado diciendo sobre la fibra óptica y el triple play de lo cual ya se han escrito bastantes líneas y que como escribió Jenaro Villamil “el asunto no es sindical ni de eficacia económica.

El tema es de intereses corporativos y de alianzas políticas. Cada día se va prefigurando el verdadero objetivo de este golpe policíaco-militar: tomar el control de una compañía que puede representar un jugoso negocio para quienes obtengan la concesión de la instalación de las redes de fibra óptica en el área del Valle de México, el mercado más importante, por volumen poblacional y por nivel de ingresos, para el negocio del triple play, es decir, la transmisión de datos, audio y video a través de una red alterna”.

No. En ésta ocasión me refiero a un asunto mucho más simple y del cual quizá ahora que les llegue su próximo recibo de luz empiece la gente a entender para que entonces decidan escuchar lo que el SME ha venido diciendo.

El asunto es el siguiente: el pasado marzo me llegó un recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un cargo total de 86 pesos con 31 centavos mismo que en absoluta coherencia no fui a pagar ya que, por una parte, yo jamás signé ningún contrato de servicio eléctrico con esa empresa y, por otra parte, en razón de la más elemental solidaridad con los 40 mil trabajadores a los que el gobierno del “presidente del empleo” dejó sin trabajo de la noche a la mañana a través de la sucia artimaña de un decreto que sigue en entredicho.

El caso es que hoy he llegado a mi casa y me he encontrado con el nuevo recibo de CFE, mismo que señala corresponde al bimestre marzo a mayo por un total de ¡tres mil quinientos 80 pesos con 92 centavos¡

Y bueno, por supuesto que sigo teniendo exactamente el mismo hogar y ahora hasta con un ocupante menos pues mi hijo se casó y ya vive por su lado, así que me encantaría que alguien encontrara una explicación razonable y coherente para ese cobro con el uso de energía eléctrica de 2 personas.

En ese contexto, también me encantaría que alguien contestara ¿cómo se le puede hacer para pagar esa cantidad de dinero cuando si lo traducimos en sueldos mínimos vigentes en el estado se trata de más de dos meses de ingresos?

Así las cosas, por elemental sentido social y con una ideología clara de izquierda, aprenderé a vivir con velas, conseguiré una hielera para lo que de manera urgente haya que conservar frío y me atendré a la computadora de mi oficina para escribir éstas colaboraciones porque ni aunque tuviera esa cantidad de dinero estaría dispuesta a pagar ese recibo.

Y seguiré a la espera de que la SCJN se decida a hacer su tarea de echar abajo el decreto anticonstitucional que “extinguió luz y fuerza”; rogaré porque cuando a la gente le lleguen recibos similares les “caiga el veinte” de lo que los compas del SME dicen desde octubre, a ver si así entienden que no hay ninguna ganancia con que CFE se haga cargo del servicio eléctrico y que los primeros recibos fueron simplemente una trampa más de las flamantes autoridades.

Y, aparte de las velas, de pasadita pondré una veladora, no para que ilumine mi casa sino para ver si se ilumina el cerebro de una que otra autoridad con overol de esquirol.

También me compraré árnica y vendas para esperar los golpes de la PFP ante mi solidaridad con el SME (porque ya nos demostraron que les encanta golpear a la ciudadanía que hace protestas pacíficas), mientras grito a voz en cuello “se fueron al mundial y el pueblo sin tragar” o “no queremos goles, queremos frijoles”.

Y, en una de esas, hasta prepararé un par de mudas de ropa por si me llevan detenida en caso de que la fracción priísta del Congreso se salga con la suya de sacar adelante su propuesta fascista de “regular las protestas” porque al menos yo no estoy dispuesta tampoco a que se calle mi voz limitando mi derecho a la libre manifestación ni a que se me acote ese derecho a los miércoles de las 10 de la mañana a las 12 del día.

Pero, también y para que esa iniciativa no pase, pondré otra veladora para que se iluminen los propios priístas (aunque eso lo veo difícil) o al menos se iluminen las y los diputados de todos los demás partidos y voten en contra de esa propuesta.

Pero mientras todo eso sucede, extrañaré a Saramago y a Monsiváis y, como dijo el primero de ellos “Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan se puede decir que nos merecemos lo que tenemos” y, de verdad, creo que estos “daños colaterales” de las acciones del gobierno actual, son parte de lo que señalaba Monsi al decir, simple y llanamente, que “vamos hacia el fascismo”.

amujicamurias@yahoo.com.mx

Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: Soberanía Popular

Oficio de Papel



*CISEN, impune escuela de espías
*Espionaje, una rueda de la fortuna
*Panistas sucumben a viejas prácticas

El espionaje telefónico entre políticos y, recientemente, el de sus comunicaciones digitales tiene dos objetivos: primero dar a conocer a la opinión pública el rostro oculto de hombres y mujeres con una responsabilidad pública y social relevante y después descalificarlos para desempeñar un cargo político o para tomar decisiones en sectores regulados en donde abundan los intereses económicos privados y, por supuesto, políticos.

Con Jorge Tello Peón, ex director del CISEN, como asesor en temas de inteligencia y seguridad nacional en la administración de Felipe Calderón, hoy este gobierno panista es el escenario de una guerra de descrédito en donde las armas son grabaciones de llamadas telefónicas obtenidas de forma ilegítima cuya autenticidad tendrá que confirmarse pero que ya dañan a la sociedad mexicana y a su lucha por la democracia.

El espionaje es en sí mismo una actividad ilegal que forma parte de las prácticas y de la guerra sucia que preceden a períodos electorales de alta intensidad como estos comicios intermedios en diez estados. Sin embargo y, a pesar de su gravedad, la acción de la justicia cuando se violan los derechos constitucionales de mexicanos – se trate de políticos o no – ha sido nula y las tímidas acciones ante el Ministerio Público sólo han servido para que aquellos que se ven descubiertos nieguen también y públicamente el contenido de sus conversaciones reveladas de forma ilícita. Sólo algunos poderes legislativo estatales han aplicado cambios en sus códigos penales para tipificar como delito grave las labores de acecho, vigilancia y espionaje contra instituciones de seguridad o castrenses. Este es el caso del dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Poder Legislativo de Nuevo León que fue aprobado por los 42 diputados para castigar con 15 años estos delitos.

Pero a nivel federal, hasta ahora no se ha respetado la Ley de Seguridad Nacional que se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación. Es precisamente en esta legislación en donde se considera todo acto tendiente a consumar espionaje en contra de sus ciudadanos una seria amenaza para la seguridad nacional porque rompe la confianza y mina las estructuras sociales y la fortalece de las instituciones.

Al parecer, los políticos que han sucumbido a la tentación de espiar a sus contendientes no están del todo enterados de esta legislación. Ha sido, por lo tanto, la impunidad junto con el descrédito público una de las primeras ganancias del espionaje en México, un práctica añeja que ha capitalizado la experiencia de varias generaciones de profesionales de la vigilancia en las filas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) quienes al abandonar el sector público hoy están al servicio de políticos, narcotraficantes y hasta de empresarios que se niegan a sentirse vulnerables frente a este flagelo.

Espías en fuga

Los registros periodísticos de la revista Contralínea confirman el sello de los ex funcionarios del CISEN que, desde 1989, salieron a las calles buscando, a toda costa, privatizar el espionaje que en el territorio mexicano surge como una exigencia del gobierno de Estados Unidos y que hoy, a causa de la inseguridad, la escasa aplicación de la justicia y la penetración del dinero sucio, se está saliendo de las manos de las autoridades como una gran amenaza para la seguridad nacional.

Sin control, ahora, la escasa cultura de inteligencia en el país está al servicio de la guerra sucia de los políticos, de los narcotraficantes y no al servicio de la población. También es cierto que las nuevas tecnologías y el dinero sucio hace que cualquiera, sin moral ante el valor de la privacidad, se convierta en un espía, lo preocupante es que más allá del acecho tecnológico es cómo se procesa y clasifica dicha información y cómo se filtra a los medios de comunicación.

Jorge Carrillo Olea, que en el gobierno de Miguel de la Madrid estuvo a cargo del organismo cuenta cómo surge la idea de crear al CISEN a principios de la década de los ochenta: “Estados Unidos demandaba altos niveles de atención. En Estados Unidos había que hacer amigos tan amigos —en el justo término de la palabra— como fuera posible, o tan amigos como las conveniencias mutuas lo permitieran, porque es un juego de “dame y te daré”. Estados Unidos necesitaba información y el CISEN tenía que generarla. Pero Carrillo Olea también reconoce: “Había una gran confusión y la agenda de riesgos que se le presentaba al Presidente no podía ser tan explícita de dar tiempos o calendarios, o comprometer que se va a cumplir, con excepción de las prioridades”, dice Carrillo Olea en una serie de entrevistas con ex directores del CISEN que coordinó la Secretaría de Gobernación para el libro conmemorativo de los 20 años del organismo.

En 1985, Pedro Vázquez Colmenares, entonces director de la División de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN), que después se transformaría en el CISEN, asegura haberse hecho cargo de “una severa y cuidadosa depuración del personal para erradicar vicios y malas prácticas. Sólo quedaron los más aptos y preparados”, dice Vázquez Colmenares en la serie de entrevistas publicadas por el organismo. Vázquez Colmenares prohibió la portación y uso de la famosa “charola “Ordené que los cientos de “charolas” metálicas recogidas fueran fundidas y dieran cuerpo a una pequeña escultura del Benemérito Benito Juárez”. Así fue cómo las “charolas” se fundieron mientras los primeros ex espías del CISEN salieron a las calles. Fue la generación de la guerra sucia, la que persiguió a organizaciones sociales, la que vigiló a intelectuales como Gabriel García Márquez por su simpatía al gobierno de Castro.

Casi una década después, Jorge Enrique Tello Peón fue designado director General del CISEN en enero de 1994, durante el último año de la administración de Carlos Salinas. Fue ratificado por Ernesto Zedillo en enero de 1995 y permaneció en el cargo hasta mayo de 1999. Es este personaje quien ahora asesora a Calderón.

Fracasan panistas

En 1999, dice Alejandro Alegre, el fugaz director del CISEN con Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien el gran encargo que se le hizo al frente del organismo fue conocer la identidad del subcomandante Marcos. “Todos los días (…) nos dedicábamos a tratar de dar con la identidad de Rafael Sebastián Guillén Vicente; y lo logramos. El CISEN le pudo acreditar al Gobierno de la República y a la sociedad, que si alguien podía hacer ese trabajo, era la comunidad mexicana de inteligencia”. En esa época también se dio a conocer el espionaje al que estaba siendo sujeto Vicente Fox y su equipo de transición. Nada se hizo entonces con los culpables ni se deslindaron responsabilidades.

Al iniciarse los gobiernos panistas, al responsable del CISEN, Eduardo Medina Mora, los priistas le heredaron dos encomiendas: un marco legal verdaderamente adecuado para el CISEN y la fundación de la Escuela Nacional de Inteligencia. Dos temas que siguen pendientes.

A Medina Mora, quien después se convirtió en un tristemente célebre Procurador General de la República, se le atribuyó el despido de más de 300 agentes del Centro y de “desorganizar” los servicios de inteligencia. También se le acusó de favorecer las aspiraciones presidenciales del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel. En la etapa de Medina-Mora, además, se desmantelaron los mecanismos de control de los movimientos armados. Incluso a grupos como el Ejército Popular Revolucionario se les dejó de dar seguimiento.

Después vendría Jaime Domingo López Buitrón quien fue colocado en la dirección del Cisen el 13 de octubre de 2005 por el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza. Permaneció en el cargo hasta el 9 de enero de 2007. Fue uno de los personajes más cercanos al secretario supuestamente vinculado con la organización clandestina de ultraderecha El Yunque. Antes de hacerse cargo de la dirección del Centro, López Buitrón fue subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob. En esta misma Secretaría, había trabajado previamente en el Registro Nacional de Población e Identificación de Personal y en la de Desarrollo Político. De acuerdo con analistas en temas de Seguridad Nacional, durante la gestión de López Buitrón al frente del CISEN, se “fugó” información de seguridad nacional. Fue una etapa muy peligrosa, porque se corrió a una cantidad enorme de gente, la cual incluso ya era parte de un nuevo planteamiento doctrinario, y todo se puso en riesgo: gente de la extrema derecha, como es Abascal, se apoderó de la base de información del CISEN.

Finalmente, los especialistas consultados no ven otro mérito en el actual director del CISEN, Guillermo Valdés, que su amistad con el presidente Felipe Calderón. Valdés llegó a la dirección del Centro luego de que, durante el proceso electoral de 2006, la empresa encuestadora que dirigía, GEA ISA, dijo que quien iba adelante en la intención del voto era el candidato panista.

A pesar de que Fox fue víctima del espionaje no dio importancia a la reestructuración del CISEN, lo debilitó mientras los espías de la época priista salieron a las calles a buscar clientes. Calderón parece, por su parte, haber sucumbido a la experiencia de los priistas disfrazados de civiles y expertos listos para ayudarlo con su experiencia.

Fue así como los panistas perdieron la batalla frente a la experiencia de origen priista y, como lo confirma una investigación realizada por el periodista Zósimo Camacho (CISEN, el retorno de los brujos. Enero de 2009), el panismo fracasó en construir servicios de inteligencia que respondieran al Estado mexicano y no a los grupos políticos que se disputan el poder. Los panistas, además, no entendieron para qué sirven los servicios de inteligencia. Los confundieron simplemente con oficinas de encuestas y estudios de opinión. Por eso regresaron personajes como Carillo Olea que se presumen sólo como una referencia para el trabajo del CISEN. En realidad, las evidencias y los hechos sugieren algo más.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Fuente: Contralínea
Difusión: Soberanía Popular

Las colocaciones panistas de Los Pinos

José Sobrevilla
sobrevill@yahoo.com.mx

* El caso de Patricia Flores Elizondo * Siete de sus familiares ocupan cargos públicos * Calderón consagró el reino del outsourcing * En 2007 y los primeros meses de 2008, el gobierno erogó 4 mil millones de pesos en consultoría y asesoría externas * Dividida, la elite del calderonismo gubernamental, partidista y legislativa

En política nada es gratuito. Cada enroque o movimiento de piezas obedece a una jugada preestablecida. Desde Vicente Fox hasta Felipe Calderón, la premisa ha sido, a cualquier precio, ser empleadores de los incondicionales que les permitieron llegar al poder máximo que es la Presidencia del país.

Anteriormente, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha sido diferente. En su momento, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a nivel Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, ha dado muestras de lo mismo. Todos recordamos a Nicolás Mollinedo Bastar, Nico, chofer del Tsuru de Andrés Manuel López Obrador, quien por ser amigo de la familia ganaba 63 mil pesos mensuales, mientras que un médico cirujano del gobierno del DF, con 40 años de antigüedad, percibía 10 mil 600 pesos al mes en enero de 2004. Así visto, el poder siempre será lo mismo.

Cualquiera que llega al máximo cargo político de este país, lo hace con el apoyo de los dueños de las televisoras y/o de los principales poderes económicos. Una vez tomado el poder, sino es que antes, las facturas empiezan a aparecer y la gobernabilidad prometida llega comprometida, porque los favores, como en la mafia, tienen un costo y hay que pagarlos o se sufren las consecuencias. Ésa –al parecer– ha sido la lógica del poder en México y en nada nos enorgullece.

Con la llegada de Calderón, se ha consagrado el reino del outsourcing (proceso donde una empresa destina recursos para cumplir ciertas tareas a otra, externa, por medio de un contrato). Documenta José Antonio Gurrea en El largo y sinuoso camino de la transparencia (Cuadernos de El Financiero) que durante 2007 y los primeros meses de 2008, el gobierno federal erogó una cifra estimada en 4 mil millones de pesos para contratar empresas de consultoría y asesoría, cuando los casi 70 mil mandos superiores y medios pudieron realizar ese trabajo.

Ejemplo de ello es el contrato con el Banco Nacional de Comercio Exterior para contratar como asesor (para la creación de un organismo promotor de exportaciones) a Héctor Reyes Retana Dhal, exdirector general de ese organismo en el sexenio de Fox, y posteriormente cabeza de Pro-México por la cantidad de 988 mil 988 pesos.

También está el caso de Aarón Dychter Poltolareck, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones en el foxismo y contratado por Felipe Calderón en la Secretaría de Turismo como asesor para “La reingeniería de Los Ángeles Verdes”. El contrato que por sólo tres meses le costó al pueblo 3 millones 420 mil pesos y fue firmado el 15 de mayo de 2007. No se conocen los resultados del mismo, señala el periodista de El Financiero.

Según el Diario Oficial de la Federación (30-V-08), el tabulador de sueldos y salarios marca para Felipe Calderón un sueldo de $40,766.00 mensuales, más una compensación de $167,804.92, lo que arroja una percepción bruta mensual de $208,570.92. Un secretario de Estado gana mensualmente $32,813.14 más una compensación de $172,308.91, lo que arroja una percepción de $205,122.06.

Un subsecretario de Estado o titular de entidad, si es categoría “C” tiene un sueldo de $204,774.27, si es “B” $203,487.97, pero si es “A” gana $199,591.47 mensuales. Un oficial mayor o titular de entidad, si tiene categoría “C” percibe $199,591.47, en categoría “B” $198,470.48 y en categoría “A” $197,642.98. En el periodo calderonista de gobierno, un director de área categoría “C” gana $95,354.56, uno “B” 78,148.71 y el “C” $65,671.18. Así, el escalafón más bajo que es el jefe de departamento gana $28,790.43 si es “C”; en caso de ser “B” gana $25,254.76 o bien si es “A” su sueldo bruto es de $22,153.30 mensuales.

Este manual de percepciones de los servidores públicos fue firmado por Agustín Guillermo Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, y por Salvador Vega Casillas, como secretario de la Función Pública. ¿Por qué ellos? Porque “en materia de remuneraciones de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercer el control presupuestario de los servicios personales y a la Secretaría de la Función Pública establecer normas y lineamientos para la planeación y administración de personal”, dice el documento.

El caso de la sobrina de Rodolfo Elizondo

Patricia Flores Elizondo, actual “Jefa de la Oficina de la Presidencia de la República”, llegó a la administración pública por recomendación de su tío Rodolfo Elizondo, entonces secretario de Turismo. Lo hizo en el cargo que Felipe Calderón creó para Juan Camilo Mouriño en diciembre de 2006. Su nivel GA1 en el escalafón, correspondiente a secretario de Estado, la hace ganar $205,199.00 como sueldo mensual bruto. Desde su ingreso, siete de los miembros de su familia han ocupado cargos en el gobierno federal y, en conjunto, han cobrado en sueldos y prestaciones más de 26 millones de pesos en tres años y medio.

Aidé Flores Elizondo, hermana de Patricia, es directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Economía, con $171,901.00 de sueldo mensual bruto. Anteriormente ha sido jefa de adquisiciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Martha Emilia Flores Elizondo, otra hermana, se encarga de Asuntos Culturales y Comerciales de la Embajada de México en Malasia, con rango de tercer secretario y un sueldo de 4 mil 530 dólares al mes. Laurencia Flores Elizondo, hasta hace unas semanas, aparecía como encargada de Prensa, Asuntos Culturales y Políticos del consulado de México en Austin, Texas.

Con rango de primer secretario y un sueldo mensual de 5 mil 102 dólares, Laurencia repentinamente desapareció del directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque las huellas de su paso por el cargo quedaron registradas y su correo electrónico oficial estaba activado al menos hasta el 12 de mayo, cuando respondió a un mensaje enviado por Enfoque de Reforma, afirma el periodista de esa casa editorial, Ernesto Núñez. Comunicación Social de Relaciones Exteriores le informó que recientemente concluyó su contrato anual y dejó de trabajar para la dependencia.

Las hermanas Flores Elizondo son hijas de Martha Emilia Leonor Elizondo Torres, hija de Jesús H. Elizondo, fundador del PAN en Durango y hermana del exsecretario de Turismo, Rodolfo Elizondo. Martha Emilia milita en el PAN desde 1968 y ha sido regidora en Durango y diputada suplente. Al inicio del sexenio de Calderón, fue nombrada delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Durango, con un sueldo mensual de $56,206.00. Igualmente, desde comienzos del sexenio de Calderón, la esposa del exsecretario Elizondo, Cecilia del Palacio Flores, también militante del PAN duranguense, labora en Los Pinos como directora de Relaciones Públicas de la Oficina de Apoyo a la Esposa del Presidente.

Siendo Felipe Calderón coordinador del PAN en San Lázaro, en diciembre de 2001, Patricia Flores fue designada secretaria general, y ratificada por el pleno de la Cámara de Diputados; sin embargo, su gestión fue cuestionada por los altos sueldos que cobraron ella y su equipo (aguinaldo por 500 mil pesos cobrado en 2002) y la liquidación de más de 700 mil pesos que pagó la Cámara Baja en julio del 2002 a Jesús Cabrera Castillo Nájera, exdirector de Seguridad y Resguardo, con quien Patricia se había casado en 1999; pese a ello, se quedó en el cargo hasta diciembre de 2004.

Respecto al poder que tiene Flores Elizondo en Acción Nacional, el periodista señala que la sobrina del exsecretario de Turismo controla una de las tres listas de calderonistas que aspiraron a un lugar en el Consejo Nacional del PAN; otra estaba en manos de Ulises Ramírez, senador mexiquense, y de Mariana Gómez del Campo, la polémica expresidenta del PAN capitalino; la tercera fue operada por colaboradores de César Nava, cuyas diferencias con Flores Elizondo son conocidas entre el panismo.

Un sondeo realizado por el periodista de Reforma a un grupo de panistas, le permitió prever que Calderón podría mantener el control de al menos el 70% del Consejo Nacional panista; sin embargo, ahora el calderonismo se encuentra dividido y está jugando al menos en esos tres frentes: Flores, Nava y Ramírez.

Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular

La Ineficencia técnica de la CFE



LA INEFICIENCIA TÉCNICA DE LA CFE Y EL DOBLE DISCURSO DE VICTOR FUENTES DEL VILLAR(1)

Difusión: Soberanía Popular

Alerta LE: Atacan instalaciones de Transmisión de Televisora en Coahuila


México D.F., 25 de junio de 2010 (ARTICLE19 / Cencos).- El día de hoy alrededor de las 14:30 hrs. un grupo de personas armadas abrieron fuego en contra de las instalaciones de transmisión de la repetidora Televisa Laguna en la ciudad de Torreón, Coahuila (Norte).

De acuerdo con información oficial difundida por medios impresos locales, en el lugar de los hechos se encontraron más de 153 casquillos de diversos calibres de alto poder. El ataque tuvo lugar minutos después de que las y los trabajadores abandonaron las instalaciones para comer, no hubo personas lesionadas.

Entre los daños materiales hay ventanas rotas y cables de luz lo que ocasionó corte en el suministro de la energía eléctrica. Durante poco menos de una hora, la repetidora estuvo fuera del aire debido a las averías.

Con este atentado el número de ataques en los últimos 18 meses en contra de instalaciones de medios de comunicación en la ciudad de Torreón asciende a 3. Los dos más recientes fueron esta semana. El pasado martes el periódico Noticias de El Sol de la Laguna, alrededor de las 13:00 hrs fue atacado con armas de fuego, también por un grupo de personas armadas no identificas.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recoge que las “la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

La situación de violencia en contra de periodistas y medios en México ha sido señalada por diversos mecanismo e instancias internacionales por lo que la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Relator de Libertad de Expresión y Opinión de Naciones Unidas realizarán una visita oficial a México en el mes de agosto del presente año.

Los recientes ataques en contra de las instalaciones de medios de comunicación en la Ciudad de Torreón, ponen en evidencia la indiferencia e ineficacia con la que el Estado mexicano atiende el evidente patrón de violencia en contra de la prensa que se ha venido consolidando en la Región Lagunera durante el último año.

ARTICLE 19 y Cencos expresan su solidaridad con las y los trabajadores de Televisa Laguna y con la comunidad de periodistas de la región lagunera, frente a las amenazas y violencia que afrontan debido a la falta de garantías para el ejercicio de su profesión.

ARTICLE 19 y Cencos hacen un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que otorguen las garantías necesarias para el ejercicio de la labor periodística de las y los periodistas, así como de los medios de comunicación en el país, para así asegurar el avance democrático.

Notas para editoras y editores:

* Para mayor información en español, favor de contactar a: Omar Rábago Vital en omar@article19.org +52 (55) 1054 6500 ext. 102 o Iñigo Prieto de Cencos +52 (55) 5533-6475 / 76 ext. 108 inigo.prieto@cencos.org

* ARTICLE 19 es una organización independiente defensora de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo en la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de expresión.

* CENCOS fue la primera organización de denuncia a las agresiones contra periodistas en México, iniciando está actividad a mediados de los años setenta. Busca promover la libertad de expresión y en específico la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad de recibir información.

Fuente: CENCOS
Difusión: soberanía popular

Plan para blindar al Ejército


26 de junio de 2010


Está corriendo el término de quince días hábiles para que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República acepten (total o parcialmente) o rechacen la recomendación que les dirigió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza. La CNDH sostiene, al cabo de una investigación propia, que fueron soldados quienes dispararon contra las víctimas y sus familiares y no, como dijo el procurador de justicia militar, que perdieron la vida en un enfrentamiento. El ombudsman, que dio a conocer la recomendación el 16 de junio, añade que militares alteraron la escena de los acontecimientos para hacer creíble su versión.

A la difusión pública de la recomendación siguió una conducta inusual de las autoridades. Lo normal es que los órganos a quienes se dirigen esos documentos de la CNDH no se manifiesten en torno de los mismos sino en el momento de aceptar o rechazar las recomendaciones. En esta ocasión, sin embargo, el gobierno federal se apresuró a descalificar la indagación de la Comisión de derechos humanos. El secretario de Gobernación, reducido o elevado, ya no se sabe qué, a la condición de vocero de las fuerzas armadas en cuanto apuro generan, dijo dos días después de emitido el documento que la indagación que le dio pie no fue exhaustiva, y que la Comisión no incluyó en la suya elementos que constan en otras investigaciones. Se refirió así a la averiguación previa que el ministerio público militar está realizando y que en efecto no está disponible ni siquiera para la CNDH.

Enseguida, de manera extraoficial, “fuentes militares” no identificadas examinaron la recomendación y en vez de responderla formalmente pretendieron también denigrarla, pretendiendo que no resultó de una investigación rigurosa y que contiene contradicciones. Se trata de evitar que queden en cuestión las afirmaciones en torno del delicado asunto que expresó el procurador militar, general José Luis García, el 30 de abril, casi un mes después de ocurridos los hechos en que, según la versión del matrimonio de Martín y Cinthia Almanza Salazar, sus hijos fueron asesinados por militares que dispararon sin causa contra el vehículo en que catorce personas viajaban hacia la playa de Matamoros. Es la misma actitud que el Ejército y el resto del gobierno federal ha asumido en torno de la muerte de los estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, donde se pretendió fingir que las víctimas eran sicarios caídos en el combate que les enderezó el Ejército. El secretario de Gobernación ofreció mostrar a la institución afectada y al público en general un vídeo donde se apreciaban los hechos y esta es la hora, luego de tres meses, en que esa exhibición no ha ocurrido.

Este blindaje a las fuerzas armadas, para que no queden en entredicho, está siendo completado en los días que corren por varias medidas de publicidad y de relaciones públicas tendentes a presentar la mejor imagen de los militares o a lavar la cara a una institución que no acaba de ser eficaz en el combate a la delincuencia organizada y en cambio entra en problemas con la sociedad civil. Está al aire por radio y televisión una pauta que pondera las virtudes del Ejército como instancia protectora de la comunidad. Se anuncia la pronta puesta al alcance del público de los acervos, en trance de digitalización, del archivo histórico de la Sedena y el propio presidente Calderón anticipó que el Ejército entregará veinte millones de banderas a otras tantas familias, en un paquete de celebración del bicentenario. Junto con las banderas, aptas para ser colocadas en los domicilios de los destinatarios, se regalarán también la letra del Himno Nacional y folletos informativos, supongo que sobre las acciones militares en casos de desastre o sobre su sistema escolar.

En esta línea acaba de ser creada, por un acuerdo del titular de la Defensa Nacional, una Dirección de vinculación ciudadana, que estará a cargo de un general y dependerá directamente del general secretario y tendrá por objeto “generar los acercamientos necesarios para la solución de conflictos entre el Ejército y la Fuerza Aérea y la sociedad en general, ocasionados con motivo de la presencia militar en las calles, desarrollando una metodología para establecer, articular y mantener una adecuada y efectiva comunicación entre los citados interlocutores”.

La exposición de motivos de este acuerdo reconoce que la participación militar en el combate a la delincuencia organizada “ha generado la necesidad de establecer vínculos de comunicación con la sociedad civil, con el propósito de intercambiar puntos de vista e información relacionada con este quehacer militar”. Allí mismo se informa de la realización de 24 foros donde se ha desarrollado ese intercambio, lo cual indica que crear esta dirección de vinculación es en cierto modo la culminación de una política o por lo menos de una actitud de acercamiento entre personal militar y ciudadanos.

Como ocurrió antes con la dirección de derechos humanos en la Sedena, no basta la creación de un órgano administrativo para construir o modificar una actitud de la organización castrense ante la población civil. La misión de allanar conflictos entre militares y civiles no puede ser cumplida al margen de la ley, sino como complemento de la aplicación de esta, a lo que inducen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las que se debe responder, no descalificar.

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Difusión: Soberanía Popular

La homofobia interna de Calderón

Antonio Medina / NotieSe
j_medina27@hotmail.com

* Le tuvo miedo a una palabra que define sus temores * Exhibió su desdén por los derechos humanos * También el desconocimiento de la realidad que vive el sector lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexual * Cometió pecado de omisión en el plano divino * En el terrenal faltó a su deber como funcionario

A Felipe Calderón le tembló la mano antes de firmar el decreto del Día nacional contra la homofobia. Le tuvo miedo a una palabra que define sus temores internos, su desdén por los derechos humanos y el desconocimiento de la realidad que vive el sector lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) en México.

Su inseguridad y homofobia interna le hicieron tomar una decisión fallida: en lugar de decretar el Día nacional contra la homofobia, decretó (de último momento y faltando a los acuerdos pactados entre funcionarios federales y activistas) el Día de la tolerancia y el respeto a las preferencias.

Por ese motivo, retomo en este texto la idea del activista Francisco Lagunes, quien asertivamente definió esa actitud de Calderón como El decreto contra el prejuicio que no se atreve a decir su nombre, jugando con una idea del poeta Lord Alfred Douglas, amante del escritor y dramaturgo Óscar Wilde, quien alguna vez –hace más de 115 años– escribió en algún texto “el amor que no osa decir su nombre”, refiriéndose al amor entre hombres y develando la homofobia social que se vivía en la sociedad victoriana a finales del siglo XIX.

Este parafraseo de Lagunes define perfectamente la decisión de último momento del jefe del Ejecutivo federal, quien prefirió escamotear el término homofobia y todo lo que culturalmente implica, en lugar de asumir abiertamente desde el gobierno la realidad social del término excluido.

Calderón prefirió el juego de palabras entre tolerancia, respeto y preferencias, que lejos de comunicar una idea concreta, refuerza la homofobia y la exclusión hacia aquellas personas que debería reivindicar con el famoso decreto.

A decir de fuentes consultadas en la Secretaría de Gobernación por quien esto escribe, el decreto estaba en los términos propuestos por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud: Día nacional contra la homofobia. Ya había sido revisado por asesores de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República. De hecho, comentan: “él –Calderón– estuvo de acuerdo con los términos de la redacción del decreto en su totalidad, pero de último momento cambió el título”.

Lo contradictorio de todo esto es que Calderón mismo asume en los argumentos del decreto “Que en la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, celebrada el 10 de diciembre de 2009, se emitió el Acuerdo para conmemorar el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, por ello ante la necesidad de implementar medidas para fomentar la tolerancia y el respeto a las preferencias, y evitar la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, he tenido a bien emitir el siguiente decreto…”

“Al final Calderón corrigió de propia mano el título del decreto, aunque dejó en el texto de decreto los argumentos”, comentan las fuentes, las cuales pidieron reservar su identidad.

Es por ello que hoy en día se puede leer en el Diario Oficial de la Federación, en la edición matutina del 17 de mayo de 2010 el decreto que declara esa fecha como el Día de la tolerancia y el respeto a las preferencias.

“Esta decisión –comentan los informantes sin la intención de justificarlo, pero sí poniendo en contexto el momento– la toma un día antes de salir a España, el 14 de mayo; al día siguiente, que fue sábado, no hubo posibilidad de sugerirle cambio alguno, pues estaba absorto con la noticia sobre el secuestro de Diego Fernández de Cevallos”.

Calderón dejó mal parado al secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, quien pese a provenir de un partido conservador, siempre estuvo abierto al tema y apoyó la propuesta de los grupos de la sociedad civil.

Por otro lado, desconoce y minimiza el arduo trabajo que realizó el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio Mújica, quien utilizó todos los instrumentos a su alcance para que la Presidencia de la República firmara el decreto antes del 17 de mayo, tal como se había hecho en otros países del mundo en años anteriores.

Indignación por la “tomada de pelo”

“Nos tomó el pelo”, “nos dieron atole con el dedo”, “fuimos ilusos”, “su conservadurismo pudo más”, fueron algunas expresiones de activistas al ver el decreto. El descontento se manifestó inmediatamente en las redes sociales y espacios de discusión. Lamentaron el esfuerzo que por más de cinco años hicieron las organizaciones civiles en la propuesta del Día Nacional contra la Homofobia, no solamente en el ámbito federal, sino en los estados de la República, con el propósito de crear en el imaginario social un clima de respeto y entendimiento sobre la diversidad sexual.

Esta actitud de Calderón demuestra su temor a las palabras y los significados que llevan implícitos. Demuestra la falta de respeto hacia un sector con el que conversó en Los Pinos, previo a la Conferencia Mundial sobre VIH/sida, en agosto de 2008, y con el que se comprometió abiertamente a luchar contra la discriminación e implementar políticas públicas incluyentes.

No cabe duda que Calderón usó en aquella reunión a los grupos de la diversidad sexual para mandar el mensaje al mundo de que México estaba abierto, que no discriminaba a nadie y que estaba cumpliendo con los compromisos internacionales en materia de VIH/sida y no discriminación, signados en innumerables convenios y tratados por nuestro país.

La realidad es que el compromiso y lealtad del habitante de Los Pinos está con su clase política, con la jerarquía católica y con los empresarios conservadores de México que lo llevaron a la Presidencia, no con la sociedad civil organizada, ni con los grupos sociales vulnerabilizados por la ignorancia, los prejuicios y las políticas públicas excluyentes.

De haber firmado el decreto en los términos acordados con las organizaciones civiles que han luchado contra la homofobia y los derechos de las minorías sexuales, seguramente hubiera tenido el reclamo inmediato de su partido y de personajes como Lorenzo Servitje, Jorge Serrano Limón o Norberto Rivera Carrera.

Felipe Calderón optó por la simulación y el engaño a un sector social, sin dejar de congratularse con los suyos. Desconoció el esfuerzo conjunto entre miembros de algunas instituciones públicas y la sociedad civil organizada. Fue fiel a sus principios antidemocráticos, que lejos de salvaguardar los derechos y libertades de las familias, los vulnera, por ejemplo, en la guerra estéril contra el narcotráfico.

Los miedos de Felipe de Jesús, el que osa decir que es presidente de México, se han materializado en políticas públicas ineficaces en instituciones de salud, de educación y de justicia, por decir lo menos. Sus miedos se reflejan en la falta de políticas verdaderamente eficaces en materia de respuesta a la epidemia del VIH/sida, de educación sobre temas de sexualidad, de justicia, promoción y garantía de los derechos humanos.

Esta decisión no solamente afecta en el plano de lo simbólico, como han dicho algunos, sino en el de la realidad al momento de aplicar políticas públicas, pues así como escamoteó con palabras el sentido y significado de una lucha social, está dando pie para que quienes están en su gobierno disimulen, evadan o desconozcan la implementación de acciones en contra de la homofobia.

Felipe Calderón cometió pecado de omisión en el plano divino, pero en el terrenal faltó a su deber como funcionario público y responsable de atender las necesidades de un sector discriminado y violentado por la homofobia social e institucional.

Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular

Se duplican asesinatos por homofobia

Redacción NotieSe
j_medina27@hotmail.com

El número de asesinatos de homosexuales, lesbianas y personas transgénero motivados por el odio se duplicó en la presente década en comparación con el registrado en la década anterior. De acuerdo con los resultados preliminares del Informe de Crímenes de Odio por Homofobia, de 1995 a 2000 se registraron en promedio 28 asesinatos homofóbicos por año, cifra que se elevó a 59 de 2001 a 2008. El 2005 fue el pico de casos con 104 asesinatos.

El informe registra un número total de 640 homicidios homofóbicos de enero de 1995 a junio de 2009. Sin embargo, la cifra real se elevaría a 1,656 homicidios motivados por el odio homofóbico de acuerdo a una proyección nacional de casos. Ya que la investigación realizada se centra en información recopilada en 11 entidades del país.

El documento es producto de la revisión de 71 diarios impresos locales y nacionales realizada por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, con el apoyo de nueve organizaciones civiles de igual número de estados, en las hemerotecas del Distrito Federal y de otras ciudades del país.

La entidad que presenta el mayor número de registros es el Distrito Federal con 144 asesinatos, seguido por el estado de México con 64; Michoacán con 77, Nuevo León con 59; Jalisco, 41; Yucatán, 39; Veracruz con 30; Colima con 28; Tabasco 22; Baja California con 21 y Chihuahua con 20.

Las víctimas, jóvenes de 21 a 40 años

Por género, se registraron 535 hombres gay; 21 lesbianas; y 84 travestis, transgéneros o transexuales que presentan diferentes patrones de ejecución. El perfil del asesino y el modus operandi están relacionados con el género de la víctima. En el caso de las lesbianas el perpetrador del crimen es un hombre cercano a la víctima, su expareja sentimental o un pariente; mientras las travestis y transexuales son atacadas por más de un asesino, en carros en marcha o a golpes por un grupo de agresores. Y en el caso de los hombres gay, el delincuente los elige por identificarlos como un “blanco fácil” por pertenecer a un grupo desvalorizado socialmente.

De acuerdo con los resultados del informe, el uso de arma blanca fue el instrumento más común para cometer este tipo de delito, 229 crímenes fueron perpetrados con armas punzocortantes. Seguidos por los golpes con 118 casos. El estrangulamiento es la tercera forma más común de accionar de los victimarios, ya que se tiene registro de 104 víctimas en este rubro.

Sin embargo, un gran número de casos registrados presentan la combinación de varios de estos tipos de agresión con el uso de más de un instrumento como arma, ya que la saña y la crueldad con la que son ejecutados son unas de las características de este tipo de asesinatos por odio. Algunos cuerpos presentaron signos de tortura antes de ser ultimados y mutilaciones genitales o penetración anal con objetos, en el caso de los varones, y de seno, en el caso de transexuales.

El lugar donde se cometieron la mayoría de los crímenes fue el domicilio de la víctima, 291 casos; seguido por la calle, 107, y los hoteles con 36 casos.

La mayoría de las víctimas eran jóvenes adultos de un rango de edad que va de los 21 a los 40 años, con un total de 215 casos. Cifras que se ajustan a las nacionales. Según datos del Consejo Nacional de Población, las lesiones intencionales son la segunda causa de muerte en hombres de esos grupos de edades. En el rango de edad de 40 a 60 años de las víctimas suman 119 asesinatos y los casos de mayores de 60 años ascienden a 31. El informe también registró 36 casos de menores de 20 años.

En el Distrito Federal, la delegación Cuauhtémoc encabeza la lista de las demarcaciones en donde más asesinatos por odio homofóbico se han cometido. La cifra es de 39, y continúa Benito Juárez con 20 y Gustavo A. Madero con 15. En la delegación Milpa Alta no se tiene registro alguno.

A su vez, de estos 640 casos, sólo en 104 se reporta el número de averiguación previa.

El 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional de Lucha Contra la Homofobia recordando la fecha en que la Organización Mundial de la Salud borró de su lista de enfermedades a la homosexualidad, en 1990. En la actualidad, sólo el Distrito Federal, Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo respondieron afirmativamente al llamado de la Cámara de Diputados para decretar en sus entidades dicho día.

Como se recordará, el pasado 20 de agosto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la reforma al artículo 138 del Código Penal del Distrito Federal para agregar al odio como una de las modalidades agravantes de los homicidios y las lesiones calificadas. La fracción VIII de dicho artículo específica que existe odio cuando el agente que comete el crimen es motivado por, entre otras razones, la apariencia física, la orientación sexual y la identidad de género de la víctima. Mientras que la saña es definida por la crueldad con la que se comete el crimen.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal creó en marzo de este año la Agencia Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género a cuyo cargo quedó el licenciado Joel Alfredo Díaz Escobar.

Para consultar el informe completo acceder a www.letraese.org.mx (o) www.notiese.org.

Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular

Violan Derechos de sacerdote en Oaxaca

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
“BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO” A. C.

BOLETIN DE PRENSA

El panorama para los derechos humanos se vislumbra cada vez más difícil ya que cada día se complica la defensa de los mismos; a lo largo del sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, se han documentado muchos casos de ataques, hostigamientos, encarcelamientos y muertes de defensores de derechos humanos o de personas que asumen una actividad de defensa, especialmente aquellas que salen en defensa de sus territorios, recursos naturales y el medio ambiente, concretamente cuando se les imponen proyectos de supuesto “desarrollo” sin su consentimiento y sin consulta previa.

Debemos rescatar que la defensa que activa a los ciudadanos es legítima; ya que es una garantía y son parte de los derechos fundamentales que se encuentran estipulados tanto en la Constitución Mexicana como en diferentes Tratados y Convenios Internacionales en la materia.

Cuando se trata de detener a los defensores, el Gobierno argumenta que es bajo el Estado de Derecho y la Legalidad; consiste en la autorización legal para utilizar la violencia y no es más que puro autoritarismo y discrecionalidad, utilizando las instituciones de procuración e impartición de justicia para perseguir judicialmente la actividad de los defensores y los movimientos sociales. En cambio cuando se trata de sancionar la corrupción y las violaciones a derechos humanos cometidos por funcionarios públicos se argumenta la presunción de inocencia y la falta de pruebas, abonando siempre a la impunidad.

Es evidente que el Gobierno lo hace para acallar las voces; violentando la libertad de expresión, de manifestación y de reunión. Es el ejemplo del Padre Martín Octavio García Ortiz, a quien acusan de incitar a la violencia, cuando la verdad es que desde su llegada a la parroquia de San Pedro Apóstol, el P. Martín inició un trabajo pastoral invitando a los catequistas y agentes de pastoral a impulsar la Pastoral Profética, Litúrgica y Social, tomando en cuenta siempre la realidad y necesidades de la comunidad. Como parte del trabajo de la Pastoral Social se desarrollaron en las diversas comunidades acciones a favor de la ecología, esto propició la necesidad de obtener información de las repercusiones positivas o negativas por la explotación de la mina antes referida.

A partir de esta acción, grupos simpatizantes a la minera y al PRI, lo comenzaron a señalar como agitador e incitador de la violencia, propiciando el odio y la difamación en contra del Párroco, esto orilló a que el día 19 de junio un grupo de personas arremetiera violentamente contra el Padre, además de acusarlo falsamente de hechos delictivos y todavía le cometieron una serie de abusos, delitos y violaciones a sus derechos humanos, en donde también se encuentran involucradas Autoridades de Procuración de Justicia.

Desde el momento en que las autoridades lo rescataron de las manos de sus agresores hasta el día de hoy, han atentado contra de su derecho a la Presunción de Inocencia; ya que la Procuradora de viva voz ante medios de comunicación declara que el rescate del Padre fue realizado por el Comandante de la Policía Preventiva del Estado, Alan Loren Peña Argueta y Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Titular de la Secretaria General de Gobierno de Oaxaca, junto con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La Procuradora narra que al llegar la Policía al lugar en donde el Padre se encontraba privado de su libertad, los funcionarios del gobierno llegaron a un acuerdo con ellos, en donde los agresores solamente se los entregaban con el compromiso de que lo pusieran bajo la disposición del ministerio publico. Desde este momento abordaron la investigación con prejuicios y con la suposición de que era culpable, cuando sabemos que la responsabilidad de las autoridades reside en construir la responsabilidad penal de un indiciado a partir de la valoración de los elementos de prueba y no a través de un compromiso que asumieron como parte de una negociación ilegal con quienes le habían cometido delito a la víctima.

Después de este momento el Secretario General de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y el Subprocurador de Averiguaciones Previas, Netolín Chávez Gallegos, lo encerraron sin haber tenido una declaración formal en donde lo señalaran como responsable. Así lo retuvieron ilegalmente durante muchas horas, sin recibirle su declaración y sin darle oportunidad de aportar elementos de prueba que desvirtuaran las acusaciones en su contra. Ante ello queremos también evidenciar que el padre se encontraba mal herido y delicado de salud, no le brindaron la atención médica y psicológica que requería.

Aunado a lo anterior, después de haber transcurrido las cuarenta y ocho horas que marca la Constitución Mexicana para resolver la situación jurídica de todo detenido, el Ministerio Público solicita una orden de arraigo, la cual libra el Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, y que en este momento se está realizando. Hay que subrayar que la figura jurídica del arraigo violenta gravemente los derechos humanos de las personas. Así lo indican diferentes Tratados, Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que es una figura Inconstitucional y violatoria de garantías.

A pesar de esta serie de atentados contra sus Derechos Humanos, hasta el día de hoy no hay indicios de que las Autoridades de Procuración de Justicia inicien una investigación de fondo y seria por los delitos cometidos en contra del Padre, prueba de ello es que cuando las autoridades rescataron al Párroco, en ese momento si existían elementos de flagrancia por parte del grupo de agresores, es más había una confesión implícita por parte de ellos, y las autoridades allí presentes que tenían la facultad de actuar y detenerlos, no lo hicieron. Una vez más estamos frente a una violación al debido proceso que es la de LA INDEPENDENCIA ya que resolvieron bajo influencia, presión y amenazas, y por otra parte LA IMPARCIALIDAD porque actuaron de tal manera que promovieron y defendieron los intereses de una sola de las partes.

Por todo esto; los promotores, el equipo operativo y el consejo consultivo del Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C.,

E X I G I M O S:

1.- La liberación inmediata e incondicional del Padre Martín Octavio García Ortiz.

2.- Castigo a los responsables de las agresiones del Padre Martín. Que se rompa con la impunidad que se da a todos los niveles a través de hechos de ataque a personas que se manifiestan, que son solidarias y que hacen un trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos.

3.- Que el gobernador y todos los funcionarios públicos del Estado respeten de forma absoluta el trabajo que realizan todos los defensores y aquellas personas que hacen una labor de promoción y defensa de los derechos humanos.

4.- Investigación inmediata e imparcial a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra del Padre Martín por parte de las autoridades del gobierno y delitos que resulten. Que se finquen las responsabilidades administrativas y penales en contra de los funcionarios que abusaron de su autoridad y cometieron violaciones a los Derechos Humanos.

5.- Como Centro de Derechos Humanos estamos en total desacuerdo que se criminalice la protesta y la lucha social y se le de calidad de delincuentes a las personas que se organicen, manifiestan sus ideas y reclamen sus derechos humanos, el Estado tiene la obligación de proteger estos derechos, sin distinción alguna, garantizando que se ejerzan de manera integral.

6.- El Gobierno debe establecer y ejecutar mecanismos eficaces de resolución de conflictos sociales, políticos y agrarios, para que no abone actos de violencia que solo traen rompimiento del tejido social.

Oaxaca de Juárez, Oax., 25 de junio de 2010.

Fuente: Notas Rebeldes
Difusión: Soberanía Popular

“Sigan conmigo”, demanda Raúl Hernández en carta a ciudadanos


REDACCIÓN ( )

El indígena me’phaa Raúl Hernández Abundio, acusado del asesinato de un informante del Ejército y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, envió ayer una carta a organizaciones y a ciudadanos en general interesados en defender los derechos humanos con un planteamiento central: “que sigan conmigo”.

En una misiva escrita a mano y dada a conocer ayer por el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan, el también integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) pidió la solidaridad nacional e internacional.

Hernández Abundio es el único indígena que continúa preso luego de que sus compañeros Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina, Orlando Manzanárez Lorenzo y Manuel Cruz Victoriano fueran liberados por falta de pruebas.

Desde 2002, la OPIM ha trabajado en la defensa de los derechos de los indígenas en las comunidades de Ayutla de los Libres y Acatepec.

Los cinco miembros de la OPIM mencionados fueron arrestados el 18 de abril de 2008, por el asesinato de Alejandro Feliciano García un hombre con supuestos nexos con el ejército y la policía, el 1° de enero de 2008.

A continuación, el texto íntegro del llamado de Hernández Abundio: “A las personas y organizaciones, a todos y todas las defensores de derechos humanos hermanos y hermanas de la OPIM.

Escribo esta carta para agradecer todo el apoyo que me han dado durante más de dos años que llevo en prisión, sus cartas, sus visitas, su trabajo que veo y el que no, pero que hacen por mí. Lo agradezco todos los días, me ayuda a mantenerme en lucha. Cuando veo que la justicia no llega.

Ahora sé que la justicia ya está cerca por eso escribo esta carta para pedirles que sigan conmigo. Tlachinollan ya me ha informado que ya se presentaron todas las pruebas que demuestran mi inocencia en la que ustedes han creído desde que me detuvieron.

Me dijeron que ahora todo está en manos del Procurador y del Juez y por eso les pido que ahora sigan apoyándome para que sea liberado y pueda regresar al campo. Con mi familia y con la OPIM. Para defender los derechos de mi pueblo. Espero que pronto puedan solucionar mi problema. Recibo fuerza de ustedes para continuar”.

Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular

Denuncian grupo paramilitar en Chiapas

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
A LAS ORGANZIACIONES DEMOCRÁTICAS E INDEPENDIENTES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA OPINIÓN PÚBLICA.

Nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denuncia el acto de provocación y violencia por parte del grupo paramilitar “ORCAO” ubicados en el poblado ilegal “EL Nacimiento” en contra de nuestros compañeros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) del ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo.

Han sido varias las ocasiones que este grupo paramilitar ha provocado, golpeado y dañado los cultivos de nuestros compañeros.

Este 8 de junio aproximadamente a las 11:00 am un grupo de personas del poblado ilegal El Nacimiento nuevamente destruyeron las milpas, al dejar el ganado en los terrenos donde nuestros compañeros han sembrado frijol y maíz de temporal.

Continuando con sus agresiones el 12 de junio al ser golpeado el compañero Ramón Sántiz López por doce integrantes del grupo paramilitar y el robo de 300 metros de alambre de púas con el que se tenía cercado el potrero de nuestros compañeros.

Después de acudir al ministerio publico por parte de nuestros compañeros y denunciar las agresiones el empleado de la delegación de gobierno de Ocosingo llegó al ejido El Carrizal actuando con total parcialidad a favor de los paramilitares de ORCAO al salir en su defensa y pagar los daños ocasionados por estos.

La impunidad con la que operan los grupos paramilitares se debe a la descarada protección, financiamiento y encubrimiento por parte de las estructuras gubernamentales, como sucedió en este caso al usar dinero del erario público para pagar los destrozos que hacen en los alrededores de su campamento, fomentando con ello la descomposición social, el rompimiento del tejido social y un clima de tensión exacerbado.

Responsabilizamos al gobierno estatal Juan Sabines Guerrero, delegado de gobierno y al gobierno federal de la gravedad de los hechos que se susciten.

Exigimos la reubicación del poblado “El Nacimiento” como única vía para la solución al clima de tensión y violencia que priva en esta región auspiciada desde las estructuras gubernamentales.

¡¡¡ DESARME DE LOS GRUPOS PARAMILITARES Y CASTIGO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE LOS CREARON Y LOS ENCUBREN!!!
¡¡¡REUBICACIÓN DEL POBLADO “EL NACIMIENTO”!!!
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS

Fuente: Notas Rebeldes
Difusión: Soberanía Popular

GRAVE ENFRENTAMIENTO EN CHIAPAS

Un muerto de parte de los agresores, varios gravemente heridos entre los zapatistas y una serie de detenidos (entre ellos tres promotores zapatistas de salud que querian llegar al lugar de los hechos para dar atención a los heridos) es el saldo triste de un enfrentamiento entre priistas y perredistas por un lado y siete familias por el otro lado en la comunidad de El Pozo, municipio San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas. El enfrentamiento sucedió a raíz de que "el agente rural y los priistas y perredistas obligan a nuestros compañeros bases de apoyo a pagar el servicio de luz eléctrica, sabiendo que están en resistencia y están luchando por una causa justa y por construir sus autonomía", denuncia la junta de buen gobierno de Oventik. La PGJE ya consignó a tres presuntos implicados en el asesinato

Fuente: Notas Rebeldes
Difusión: Soberanía Popular

Honduras está sumida en su peor crisis a un año del golpe de Estado

Sumida en una crisis de derechos humanos y con una creciente convicción de que la convocatoria a una Asamblea Constituyente permitiría salir del conflicto político y social en el que se encuentra la nación, Honduras conmemora este lunes un año del golpe de Estado que sacó del poder al presidente constitucional de ese país centroamericano, Manuel Zelaya.

La crisis política, económica y social en Honduras continúa y hace figurar a la nación como las más atrasada del continente, detrás de Haití, como más de 70 por ciento pobreza respecto a su población.

Cuando el entonces presidente Zelaya convocó a un consulta popular para el 28 de junio de 2009, para conocer la opinión de la ciudadanía en torno a futuras reformas constitucionales, militares encapuchados, en contubernio con la oligarquía, perpetraron un golpe de Estado en su contra.

La Carta Magna hondureña, aprobada en 1982 bajo la tutela de una dictadura, no responde a los intereses de las mayorías y contiene siete artículos pétreos que impiden realizar cambios respecto a la forma de gobierno y distribución de los recursos.

Zelaya responsabilizó por la asonada a una élite que maneja política y económicamente a Honduras, y se opone a cualquier modificación a la Constitución que afecte sus intereses.

El régimen de facto encabezado por Roberto Micheletti, que usurpó el poder, desató una brutal represión contra los opositores, suspendió las garantías constitucionales y clausuró y militarizó medios de prensa.

Durante los seis meses de dictadura de Micheletti se registraron unas cuatro mil 200 violaciones a los derechos humanos, más de 40 miembros de la resistencia antigolpista fueron asesinados, cinco jóvenes masacrados en marchas pacíficas y hubo más de tres mil detenciones.

En un intento por legitimar la asonada, el régimen convocó a elecciones el pasado 29 de noviembre y dos meses después asumió el poder Porfirio Lobo, del Partido Nacional.

Pero el gobierno nacido bajo el golpe de Estado es débil, enfrenta una creciente ingobernabilidad, una ola de violencia sin precedentes y aún no ha sido reconocido por muchos países, sobre todo de América Latina.

Desde la toma de posesión de Lobo, las organizaciones sociales registraron más de 700 agresiones por motivos políticos, entre ellas los asesinatos de 12 dirigentes populares y nueve periodistas.

En el Gobierno de Lobo prevalece el clima de impunidad, los autores del golpe no han sido castigados y muchos de sus protagonistas ocupan actualmente puestos clave en instituciones civiles.

La ruptura institucional ha hecho retroceder al país a los peores años de las dictaduras de la segunda mitad del siglo pasado, pero también colocó con fuerza a un nuevo actor en la vida hondureña, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

El FNRP sobrevivió a la represión, a los toques de queda, al hostigamiento contra sus líderes y realiza marchas en todos los departamentos para recoger un millón 200 mil firmas para reclamar el retorno de Zelaya y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

"Ha sido un año de lucha, de protestas y de rechazo al golpe de Estado y un año de sufrimiento de la resistencia, pero a la vez es el surgimiento de la unidad popular", dijo Juan Barahona, coordinador nacional del FNRP.

La principal bandera del FNRP es lograr una carta magna inclusiva, para el pueblo, que permita corregir las enormes desigualdades sociales.

"La lucha del frente es la misma por la que Zelaya fue derrocado", precisó Barahona y añadió que el propósito es redactar una nueva constitución para hacer los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita y proyectar a Honduras hacia el futuro.

Fuente: TeleSur
Difusión: Soberanía Popular