jueves, 25 de agosto de 2011

Anuncia López Obrador programa para convertir al sector energético en palanca del desarrollo nacional



Tula, Hidalgo
Jueves 25 de agosto de 2011


* Se construirá una refinería en Tula, Hidalgo y se recontratará a los aproximadamente 44 mil trabajadores despedidos de la CFE, informa

*El nuevo gobierno pondrá a operar al ciento por ciento todas las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad explica


Se construirá una refinería en terrenos de esta localidad y se recontratarán a los aproximadamente 44 mil trabajadores despedidos injustamente de la Compañía Luz y Fuerza, como parte del programa de convertir al sector energético en palanca del desarrollo nacional, informó Andrés Manuel López Obrador.

Después de que triunfe en las urnas el candidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el nuevo gobierno pondrá a operar al ciento por ciento todas las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, en consecuencia, se dejará de comprar el fluido a las empresas particulares, en su mayoría de origen español.

Hizo énfasis en que se acabaría el jugoso negocio, en manos de unos cuantos empresarios de la firma española Repsol y que asciende a 26 mil millones de dólares, que representa la importación de gas, mientras que en las plantas nacionales se quema el mencionado combustible.

De manera simultánea, explicó, se construirán cinco refinerías, para dejar de importar 400 mil barriles diarios de petróleo, cantidad que representa el 50 por ciento del consumo nacional del combustible, y darle al mismo tiempo valor agregado a la materia prima, porque representa un absurdo que México sea una nación productora de petróleo e importe de manera simultánea gasolinas, aceites y grasas.

Tanto en entrevista para el canal 12 local como en la asamblea informativa en la plaza principal de este municipio, el presidente legítimo expuso que el nuevo gobierno enfrentaría la crisis con una reactivación de la actividad económica.

En principio se detonaría la industria de la construcción, que genera un importante número de fuentes de trabajo, y se edificarían escuelas, hospitales, puentes vehiculares, guarderías, se pavimentarían caminos e introduciría agua potable y drenaje para mejorar la infraestructura urbana y en materia de servicios públicos, abundó.

De manera simultánea se reactivaría el campo, se otorgarían créditos a los productores e incluso se darían subsidios, en caso necesario, manifestó al destacar que iniciaría y terminaría la segunda refinería de Tula, cuyo avance reporta 45 por ciento de los 11 kilómetros de barda perimetral.

Pero, a decir de los habitantes de la zona, la barda apenas lleva un avance de 3 ó 4 metros, en cuatro meses, desde que iniciaron trabajos la empresa que obtuvo el contrato: MACSA Martínez Aguilar Construcciones S.A. de C.V.

Horas antes de la tragedia en un casino de Monterrey, Nuevo León, López Obrador declaró que los principales problemas nacionales son la carencia de empleo y la inseguridad y afirmó que sólo con oportunidades de estudio y de trabajo para los jóvenes, así como mínimos de bienestar para las familias en condiciones de pobreza, son la mejor solución al mencionado problema.

Ante los habitantes de Tula, el presidente legítimo abordó el tema de la candidatura presidencial de las fuerzas progresistas y de izquierda.

En respuesta a los escenarios que dibujan sus adversarios políticos y los integrantes de la mafia del poder, subrayó: Los aspirantes no nos vamos a pelear por la candidatura. El candidato será el que esté mejor posicionado.

Y añadió que la candidatura “se va a decidir con honestidad. Yo no podría aceptar ser candidato si no estoy bien posicionado, porque entonces me traicionaría a mí mismo y siempre antepongo mis principios e ideales”.

Pero, aclaró, “también digo que si estoy bien posicionado, entonces voy. No se preocupen, será el que esté mejor posicionado. Se va a resolver bien”, insistió.

Para mañana, el presidente legítimo sostendrá una asamblea informativa con los habitantes y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Matehuala, San Luis Potosí.

Los nuevos contratos de Pemex ceden renta petrolera


En concreto | Laura Itzel Castillo

La semana pasada Pemex dio a conocer el otorgamiento de contratos a empresas privadas, una extranjera y una mexicana, para la explotación de seis campos petroleros en las áreas de Carrizo, Santuario y Magallanes, en Tabasco. Este hecho sienta un peligroso precedente y viola lo establecido por el artículo 27 de la Constitución y su Ley Reglamentaria.

En los contratos se establece una fórmula compleja que pretende ocultar la cesión de una parte de la renta petrolera a empresas privadas. Con ese motivo, varios presidentes municipales de Tabasco y la Cámara de Diputados presentaron controversias constitucionales contra los contratos. Sin embargo, el pasado 16 de agosto, la Suprema Corte optó por desechar la última de estas controversias, la de la Cámara de Diputados, con el argumento de que carecía de “interés jurídico” para conocer del tema, aun cuando no se contaba con la información para determinarlo.

En lugar de que la Corte definiera en la Primera Sala, donde hubiera resultado ganadora la opción de no rechazar el interés jurídico (tres a dos votos) el asunto se resolvió en el pleno. El ministro Pardo propuso que, antes de determinar si había o no interés jurídico se debía conceder acceso a los términos y condiciones de los contratos, información etiquetada como reservada.

Este argumento fue apoyado por los ministros Sánchez Cordero y Franco. Por su parte, el ministro Zaldívar fue más allá: señaló que dada la prohibición constitucional expresa de otorgar contratos petroleros a privados, debían revisarse los términos y condiciones para llegar al fondo del asunto. Desafortunadamente, el resto de los ministros votó en contra de que se conociera la información completa de los contratos y así la Corte, con una votación de siete a cuatro aprobó contratos inconstitucionales. Esto es así porque se establece que el pago al contratista representará un porcentaje del valor de las ventas del crudo.

La fórmula de pago que contienen los contratos incluye un ajuste inflacionario semestral que permitirá que la tarifa se modifique en el tiempo de la misma manera que el precio internacional del petróleo. Es decir, si el combustible sube, el pago a los contratistas también lo hará. Recientemente, se incluyeron las acciones colectivas (derechos difusos) en el artículo 17 constitucional.

Se estableció en el dictamen aprobado que las acciones colectivas incluyen la defensa del patrimonio de un país. Tomando esto en cuenta se está llamado a los abogados de Morena y a la ciudadanía en general para presentar un amparo colectivo en contra de la firma de los contratos integrales, incentivados o de riesgo, mediante los cuales Pemex pretende ceder inconstitucionalmente renta petrolera a empresas trasnacionales en los campos de Magallanes, Santuario y Carrizo, en Tabasco. Ello afecta el patrimonio nacional y, por tanto, el interés jurídico de la ciudadanía.

En caso de estar de acuerdo imprime el formato que está en la página www.gobiernolegitimo.org.mx y envíalo a la Cámara de Diputados a las oficinas del PT con el diputado Enrique Ibarra, vicecoordinador de la fracción.

Fuente: El Gráfico

Boletín No. 9 Democracia Sindical


boletín #9 enviar

Unidad de la izquierda para enfrentar el autoritarismo


FERNANDO ACOSTA RIVEROS

Una de las tareas más difíciles, necesaria y urgente en México es conseguir la unidad de los partidos y movimientos de izquierda. Difícil por los excesos de protagonismo que aún mantienen varios de sus dirigentes; necesaria porque el modelo neoliberal y el autoritarismo de las cúpulas panistas y priístas nos tienen amenazados permanentemente. Es urgente por el bien de las mayorías mexicanas construir un proyecto político desde las bases que nos permita convencernos y también convencer a los simpatizantes de otros proyectos y a los indecisos, que sí es posible alcanzar una vida digna y plena para todos.

En nombre de la modernización, la oligarquía mexicana incrustada en los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) empezó a imponer el modelo neoliberal en el año 1981 cuando el entonces candidato oficial, Miguel de la Madrid Hurtado, enarboló la bandera de la “renovación moral de la sociedad”. El saqueo a la nación era tan evidente que el gobierno de José López Portillo decidió la nacionalización de la banca, en septiembre de 1982, contra la cual se oponían con cierto disimulo Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y un fuerte grupo de empresarios ligados al PAN.

Renovación moral para defender la empresa Petróleos Mexicanos, se informaba en los folletos de campaña que distribuía el PRI. Julio Rodolfo Moctezuma, entonces director de Pemex, tranquilizaba a la oligarquía nacional y extranjera al informarles que México no ingresaría a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), mientras el crudo mexicano era el más barato y Pemex incrementaba sus ventas exclusivamente a Estados Unidos.

Heberto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, Pablo Gómez Álvarez y Alejandro Gascón Mercado, cuatro distinguidos dirigentes y militantes de la izquierda mexicana, se reunían en 1981 para analizar la situación económica y social de la nación. Coincidían en su rechazo al sistema autoritario y proponían a sus camaradas de los partidos: Mexicano de los Trabajadores (PMT), Comunista Mexicano (PCM) y del Pueblo Mexicano (PPM) a fusionarse en una sola colectividad política que más tarde se denominaría Partido Socialista Unificado de México (PSUM).

Treinta años nos separan de aquel proyecto patriótico y progresista que en sus inicios contó con el apoyo de dirigentes y militantes de otras organizaciones y partidos de izquierda como el Popular Socialista (PPS), el Socialista Revolucionario (PSR) y el Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS). Dentro de la izquierda hubo cuestionamientos válidos como la declaración de la dirigencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en la que acusaban a los integrantes del comité central del PCM de abandonar los principios marxistas-leninistas.

Desde 1981 hasta el mes de agosto de 2011 el grupo de privilegiados que ha gobernado a México se ha dedicado a saquear la nación, empobrecer y engañar a la población. Han realizado dos fraudes electorales contra la izquierda: el de 1988, que arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el de 2006, que robó la Presidencia al candidato ganador Andrés Manuel López Obrador. La empresa petrolera Pemex, dirigida por Jorge Díaz Serrano y Julio Rodolfo Moctezuma Cid, en los años 80 del siglo pasado y ahora, en 2011, por Juan José Suárez Coppel, es un escenario donde privan la corrupción y los negocios particulares, disfrazados de “proyectos para modernizar la industria petrolera y colaborar para que los mexicanos vivan mejor”.

El uso ilegal del dinero público ha sido una práctica realizada por priístas y panistas. En 1986, Miguel de la Madrid Hurtado utilizó el Mundial de Futbol para presumir ante el mundo que México se “recuperaba después del terremoto sufrido en 1985” y era un país libre donde los ciudadanos se divertían frente a los televisores viendo los encuentros deportivos. En 2011 el “espíritu de los Juegos Panamericanos permite al “precandidato panista” a la Presidencia de la República y actual gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, transferir recursos para financiar “su justa deportiva” y llegar como ganador a la meta que se ubica en Los Pinos. Es su gran sueño, “para servir a la nación”.

La mafia que usurpa el poder está unida para continuar otro sexenio de guerra o “combate al narcotráfico”, más saqueo a la nación, empobrecimiento y exterminio lento y disimulado de la población. Si los dirigentes panistas, priístas, algunas cúpulas empresariales y un sector de los cárteles del narco se asocian para imponer a sangre y fuego la continuación del modelo neoliberal y devastador, ¿por qué los movimientos y partidos de izquierda no intentan la unidad en un programa amplio que trascienda lo puramente electoral y se proponga, como los estudiantes chilenos, enfrentar y llegar a derrotar definitivamente al neoliberalismo?

Ahora que se habla tanto de la globalización, la integración mundial por los mercados; la izquierda, desde una perspectiva internacionalista que supere el “espíritu panamericano”, puede mirar, apoyar y aprender también de otras luchas como la que adelanta el pueblo de Bahrein. La gente allí está indignada y ha tomado plazas y avenidas para desafiar a la clase dominante que vive en un mundo de extremada riqueza al lado de la miseria. En la plaza Manama de Bahrein se leyó recientemente un poema donde Ayat al Qormazi exhorta a la unidad popular y plantea:

“Somos el pueblo
que matará a la humillación
y asesinará a la miseria.
¿No escuchan sus gritos?”.

Fuente: La Jornada de Michoacán

Basura


LEOPOLDO GAVITO NANSON - MIÉRCOLES, AGOSTO 24, 2011

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM presentó y difundió ayer en los medios los resultados y el informe de su segunda encuesta nacional de cultura constitucional Legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado. Los datos universitarios revelan que 70 por ciento de las personas tiene la percepción de que en cinco años la violencia y la delincuencia se han generalizado. Seis de cada 10 personas piensan que los mexicanos vivimos en peligro y que las causas por las que la justicia es disfuncional son la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extra-legales.

Ayer mismo organizaciones no gubernamentales presididas por víctimas de la violencia como Alto al Secuestro que fundó Isabel Miranda de Wallace y México SOS de Alejandro Martí, además del Observatorio Ciudadano y México Evalúa, hicieron públicos los datos que han sistematizado. En los cuatro años recientes los homicidios dolosos aumentaron 96 por ciento; la extorsión 101 por ciento; el robo de auto con violencia aumentó 123 por ciento; y el secuestro 188 por ciento. Lo importante de la sistematización es que fue obtenida a partir estrictamente de datos oficiales, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Razón por la cual Felipe Calderón está impedido de alegar que se trata meramente de un problema de percepción.

Dicho de otro modo, contrario a sus promesas y seguridades iniciales, en el sexenio de Calderón Hinojosa la crisis de inseguridad se ha exacerbado con un incremento sostenido en los delitos de alto impacto. Hay un crecimiento desigual, pero en todos se han incrementado los delitos violentos. Pero eso es cosa harto sabida.

El actual gobierno federal llegó con un tremendo problema de debilidad que cuestionaba por el eje su legitimidad política, historia conocida, pero si a eso sumamos la valoración que se hace en el documento universitario presentado ayer en el sentido de que la legitimidad política se fundamenta en las instituciones políticas que decretan y hacen cumplir las leyes, entonces la legitimidad del actual gobierno federal es formal, sí, pero punto menos que nula.

En una suerte de despliegue exhibicionista de sensibilidad nula, mientras que la UNAM y ONG publicaban ayer datos en armonía, unas cacofónicas declaraciones presidenciales irrumpían en el escenario. El presidente Calderón dijo que son 35 millones de mexicanos que en este momento asistan a las aulas y es algo muy bonito y muy curioso que ese sólo fenómeno de que 35 millones vayan a clase en paz, vayan a clase diariamente, uno de cada tres mexicanos esté en un aula como ésta, es realmente una expresión de fortaleza y del país…”. Aprovechó el Presidente para decir que a la criminalidad debe atacársele con todo por municipios, estados y gobierno federal. El problema del Presidente es su manifiesta incapacidad para darse cuenta de que entre el deber ser del que habla, y el ser que el país, los estados y los municipios viven no hay correspondencia posible. Sus decisiones enfrentaron a instancias gubernamentales impreparadas a una situación de facto en la que no tenían ni los instrumentos, ni la capacidad y menos la preparación humana para hacer frente.

Los comunicadores y escenógrafos del Presidente prepararon un escenario inverosímil donde una niña de sexto de primaria le dice a Calderón que su trabajo le parece más difícil que un examen de matemáticas, pero que no estaba solo. Hay en eso, en la escenografía y preparación de un discurso infantil una mezquindad de dimensiones olímpicas, si suponen peregrinamente que lo dicho por párvulos pueda remotamente compensar los resultados prácticos y las consecuencias de sus decisiones. Por alguna razón repartió la SEP guías de seguridad en las escuelas.

Así, mientras la realidad de la sociedad se expresa con claridad y con datos, la del gobierno se maquilla con manipulaciones emocionales y demostraciones empíricas del fracaso. Por si no fueran suficientes los datos del estudio de la UNAM y la sistematización de las ONG, el gobierno federal tuvo que reforzar la presencia militar en el puerto de Veracruz y en Xalapa. Dos mil infantes de marina y fuerzas especiales adicionales ante el incremento exponencial de la violencia en el Puerto, el que se convierte en el centro de operaciones de la Armada más importante del país.

Luego el Presidente lamentó los hechos de Coahuila, pero pidió a la sociedad unirse contra los enemigos de México. A gobernadores y presidentes municipales les pidió que no eludan su responsabilidad. De los estilos de gobernar posibles, el de Felipe Calderón es –y nunca mejor aplicado el lugar común– lamentable. O, mejor aún, basura.

*Es Cosa Pública

leopoldogavito@gmail.com

Fuente: La Jornada de Veracruz

Hay 80 familias desplazadas en la sierra de Petatlán, denuncia Felipe Torres Cruz


Delincuentes despojan a los habitantes de su patrimonio y las autoridades no hacen nada, reclama

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 23 de agosto. El hermano del ecologista asesinado Javier Torres Cruz, Felipe Torres Cruz, denunció que tan sólo en éste mes van más de 80 familias de unas 10 comunidades de la sierra de Petatlán, que han sido desplazadas y han abandonado su patrimonio por las amenazas y despojos que sufren por los grupos delictivos en esa región, y reclamó que a pesar de las llamadas al procurador de justicia, Alberto López Rosas, éste no ha dado respuesta.

Manifestó que en tan sólo agosto 80 familias procedentes de las comunidades El Parazal, El Parotillas, Barranca del Balsamo, La Florida, Los limones, Zapotillal, El Huamilon, El terregal, El Cajanicuilar, y La Morena son los que han abandonado sus casas, tierras y milpas, así como hay 500 familias en esa zona que viven bajo amenazas.

Entre las últimas advertencias recibidas por los grupos de sicarios expresó que está el decirles que ahora empezaran a matar desde “los niños de cuna hasta los adultos, van a matar a todos para quedarse con las casas, van a empezar por los niños de cuna, ya lo dijeron”.

Dijo que entre los daños posteriores a la última incursión por parte de elementos de la Marina Armada el pasado 19 de julio, en que aventaron granadas de fragmentación, una niña tuvo que ser trasladada al hospital de la región ya que le explotaron los tímpanos por lo que perdió el sentido auditivo, también una mujer embarazada estuvo a punto de perder el producto y ahora tiene constantes amenazas de aborto, y otra comunera quedó con trastornos psicológicos a causa de las explosiones.

Enfatizó que los marinos sí entraron a la comunidad de La Morena, “a echar granadazos” pero que el gobierno estatal no ha tomado cartas en el asunto.

Torres Cruz expresó que no han recibido ningún apoyo de parte del las autoridades para reconstruir sus viviendas y carecen de alimentos, asimismo remarcó que la situación de amenazas que sufren las comunidades cercanas a La Morena se ha dado a raíz del asesinato de su hermano el ecologista Javier Torres Cruz.

“Los que amenazan son los Arreola, Bautista y los Fuertes, que son los sicarios”.

Criticó que ni el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, ni las organizaciones civiles o el gobernador Ángel Aguirre Rivero, les han hecho caso y que “a mí me gustaría que vinieran para que se den cuenta de la situación y vean que no estamos mintiendo”.

Recordó que a pesar que hay recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de medidas cautelares, no han tenido la suficiente seguridad y dijo sentirse inconforme y molesto porque las familias que han abandonado sus casas son de precarios recursos y a donde se puedan desplazar sufrirán más hambre y desempleo, y recalcó que esta situación de migración que sufren las comunidades también ha afectado a la región de Tierra Caliente, como es el caso de la comunidad de La Laguna.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Aguirre debe atender a pobladores antes de abrir minas: sección 17


Se reunirán con habitantes de Acatlán para cerrarle el paso a firmas extranjeras, indica Hernández

RAYMUNDO RUIZ AVILÉS (Corresponsal)

Taxco, 23 de agosto. El secretario general de la sección 17 del sindicato minero en el municipio, Roberto Hernández Mojica, expresó que el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, tiene que tomar en cuenta a los posibles afectados de Costa Chica y La Montaña por la explotación de yacimientos por empresas extranjeras, antes de que se abran las minas.

Hernández Mojica aseguró que las declaraciones del mandatario, quién aseguró que hasta el momento la Federación no le ha informado si ya concesionó a empresas mineras canadienses e inglesas, son solo “sesgos políticos”.

En este aspecto criticó que la Federación “tenga metida la mano, en relación a lo económico que puede dejar y entonces impondrán al gobernador Aguirre Rivero a que se deje trabajar a esas empresas”.

Señaló que la postura que se ha tomado, desde la unidad de los pueblos opositores a las mineras extranjeras, ha sido efectiva, lo está haciendo que el gobernador del estado en algún momento respalde “nuestra posición de defender las injusticias contra los pueblos”.

El líder minero adelantó que el martes sostendrán en Acatlán una reunión con los opositores, para seguir accionando el plan de no permitir la llegada de las empresas extranjeras, que “sólo generarán contaminación, explotación y enfermedades en las regiones”.

Insistió que Aguirre tiene que “tomar en cuenta a los comuneros, a los dueños de los terrenos, a los pobladores de los lugares y si ellos se oponen, el gobierno tiene que respetarlos”.

Aseguró que el mandatario estatal ha declarado defender a los pueblos, porque “está viendo la presión y esto crecerá, porque al momento que veamos que llega maquinaria, las inconformidades aumentarán”.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Boletín de Democracy Now! en Español

24/8/2011

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