Para dar a conocer las propuestas y los argumentos sobre la oposición de la privatización del petróleo, el Comité Estatal en Defensa del Petróleo invita a los ciudadanos de Saltillo y sus alrededores, al mitin político que el Ex Candidato Presidencial y Presidente Legítimo de México Andrés Manuel López Obrador realizará el próximo 22 de mayo a las 15:00 Hrs. en la "Sociedad Mutualista Manuel Acuña". Este acto será transmitido en vivo a través de internet y en forma conjunta por Radio Imagina de Saltillo Coahuila y por radio vulgocracia de la ciudad de México, evento con el que se inicia un proceso de colaboración entre ambas radios. Para escucharlo solo entra a: http://radioimagina.webs.com o http://www.radiovulgocracia.org.mx En ambas webs veras las opciones para escuchar el streaming o si quieren entrar directamente solo den clic a cualquiera de los enlaces de abajo.
http://www.radiovulgocracia.org.mx/escuchanos.php
http://www.radioimaginamexico.com/index.html
Texto corregido, llegado a mi buzón
miércoles, 21 de mayo de 2008
Hacia la V Asamblea Nacional del FNCR
NOTA. La siguiente, es sólo una propuesta de convocatoria, cuya
versión Final se hará a partir de la próxima reunión de trabajo, que
tendrá lugar en el aula 207, del plantel del Valle de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, el próximo martes 21 a las 17:00
horas.
Sin embargo, para efectos de que las organizaciones puedan
programarse, se comparte la siguiente como un primer acercamiento a lo
que será la V Asamblea Nacional del FNCR y el inicio en la
construcción del Frente Hidalguense Contra la Represión.
Así mismo, se dará a conocer la hora de salida desde el zócalo de la
Ciudad de México, y si será el domingo muy temprano, o desde el sábado
por la tarde.
Comisión de Difusión, Prensa y Propaganda
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
A las Organizaciones Sociales
Al Pueblo de México
Considerando:
1. Que desde la Asamblea constitutiva del FNCR ha venido escalando la
ofensiva represiva del Estado, la militarización, las desapariciones,
los presos y perseguidos políticos
2. Que después de la aprobación de la llamada Reforma Judicial en el
Congreso federal, se está dando la discusión en todos los Congresos
estatales;
3. Que el FNCR ha iniciado recientemente una campaña política a favor
de una Ley de Amnistía General federal; y que esta misma discusión
deberá darse en los ámbitos estatales, como una alternativa jurídico –
política para posibilitar la libertad de todos los presos políticos,
la presentación con vida de los desaparecidos y el cese de la
persecución de los luchadores sociales;
4. Que se debe articular una estrategia de lucha nacional y por
Estados, encaminada a detener la represión y a lograr las Leyes de
Amnistía que sean necesarias, diseñando un nuevo Plan de Acción
5. Que es indispensable hacer un balance de la situación nacional, de
los avances y la situación organizativa que guarda el FNCR;
6. Que es necesario fortalecer al FNCR, convocando de manera amplia e
incluyente a nuevas fuerzas sociales comprometidas en la defensa de
los derechos humanos y en la lucha contra la represión
5. Que la realización de la V Asamblea Nacional nos permitirá
acompañar y respaldar el inicio de la conformación del Frente
Hidalguense Contra la Represión; y manifestar una vez más la oposición
y condena al "confinamiento de residuos peligrosos" que se pretende
desarrollar en esa localidad;
6. Que ha sido un acuerdo emanado de la IV Asamblea Nacional celebrada
en de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero; y de la Asamblea
Extraordinaria celebrada el pasado 27 de abril en la Ciudad de México,
el Frente Nacional Contra la Represión extiende la siguiente:
Convocatoria a la V Asamblea Nacional
A celebrarse el próximo día 25 de mayo de 2008 en Zimapán, Hidalgo;
bajo las siguientes bases:
Programa de Trabajo
II. Información sobre la participación del FNCR en la comisión de
mediación entre el EPR y el gobierno federal.
III. Campaña por la Amnistía para presos y desaparecidos
IV. Inicio de la conformación del Frente Hidalguense Contra la
Represión
V. Diagnóstico del avance de la Reforma Judicial en los Estados
VI. Estrategias de Lucha y Plan de Acción.
V. Clausura.
Bases
Todos los puntos de la discusión se abordarán en el orden señalado y
en plenaria. Todos los acuerdos se tomarán por consenso.
Para la discusión, se iniciará con una primera ronda de oradores en la
que intervendrá un representante por cada Estado asistente.
Posteriormente podrán solicitar la palabra todos los compañeros que
así lo deseen. Se exhorta a que por cada ronda de 10 oradores
participe sólo un representante por organización asistente. Por cada
10 oradores, o antes si se considera conveniente, la Mesa presentará
una síntesis para centrar la discusión o para preguntar a la Asamblea
si el punto está suficientemente discutido. Todos los oradores sin
excepción, contarán con un tiempo máximo de 5 minutos por
intervención.
Se invita a todos los interesados en participar en esta V Asamblea
Nacional, a enviar con anticipación sus propuestas y testimonios sobre
violaciones a derechos humanos (al correo fncr07@gmail.com) o a
registrar dichos testimonios en la mesa receptora que se instalará.
Se solicita a todos los asistentes a la Asamblea que se acrediten
puntualmente como representantes de sus organizaciones o como miembros
individuales del FNCR ante la Mesa de Registro que se instalará en el
local de realización de la Asamblea.
Todos los participantes en la Asamblea estarán obligados a respetar
los horarios establecidos y las reglas disciplinarias que establezcan
los anfitriones, de manera particular el Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositores a la Parota (CECOP).
HORARIOS DE TRABAJO
09:00 horas, Instalación de la Mesa de Registro y de recepción de
testimonios
10:00 horas, Palabras de bienvenida e Inauguración de la Asamblea
10:30 a 13:00 horas, Discusión
13:00 a 14:30 horas, acto político masivo para anunciar el inicio de
la conformación del Frente Hidalguense Contra la Repersión
14:30 a 15:30 horas, Receso para la comida
15:30 a 18:30 horas, Continuación de la Discusión
19:00 horas, Clausura.
versión Final se hará a partir de la próxima reunión de trabajo, que
tendrá lugar en el aula 207, del plantel del Valle de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, el próximo martes 21 a las 17:00
horas.
Sin embargo, para efectos de que las organizaciones puedan
programarse, se comparte la siguiente como un primer acercamiento a lo
que será la V Asamblea Nacional del FNCR y el inicio en la
construcción del Frente Hidalguense Contra la Represión.
Así mismo, se dará a conocer la hora de salida desde el zócalo de la
Ciudad de México, y si será el domingo muy temprano, o desde el sábado
por la tarde.
Comisión de Difusión, Prensa y Propaganda
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
A las Organizaciones Sociales
Al Pueblo de México
Considerando:
1. Que desde la Asamblea constitutiva del FNCR ha venido escalando la
ofensiva represiva del Estado, la militarización, las desapariciones,
los presos y perseguidos políticos
2. Que después de la aprobación de la llamada Reforma Judicial en el
Congreso federal, se está dando la discusión en todos los Congresos
estatales;
3. Que el FNCR ha iniciado recientemente una campaña política a favor
de una Ley de Amnistía General federal; y que esta misma discusión
deberá darse en los ámbitos estatales, como una alternativa jurídico –
política para posibilitar la libertad de todos los presos políticos,
la presentación con vida de los desaparecidos y el cese de la
persecución de los luchadores sociales;
4. Que se debe articular una estrategia de lucha nacional y por
Estados, encaminada a detener la represión y a lograr las Leyes de
Amnistía que sean necesarias, diseñando un nuevo Plan de Acción
5. Que es indispensable hacer un balance de la situación nacional, de
los avances y la situación organizativa que guarda el FNCR;
6. Que es necesario fortalecer al FNCR, convocando de manera amplia e
incluyente a nuevas fuerzas sociales comprometidas en la defensa de
los derechos humanos y en la lucha contra la represión
5. Que la realización de la V Asamblea Nacional nos permitirá
acompañar y respaldar el inicio de la conformación del Frente
Hidalguense Contra la Represión; y manifestar una vez más la oposición
y condena al "confinamiento de residuos peligrosos" que se pretende
desarrollar en esa localidad;
6. Que ha sido un acuerdo emanado de la IV Asamblea Nacional celebrada
en de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero; y de la Asamblea
Extraordinaria celebrada el pasado 27 de abril en la Ciudad de México,
el Frente Nacional Contra la Represión extiende la siguiente:
Convocatoria a la V Asamblea Nacional
A celebrarse el próximo día 25 de mayo de 2008 en Zimapán, Hidalgo;
bajo las siguientes bases:
Programa de Trabajo
II. Información sobre la participación del FNCR en la comisión de
mediación entre el EPR y el gobierno federal.
III. Campaña por la Amnistía para presos y desaparecidos
IV. Inicio de la conformación del Frente Hidalguense Contra la
Represión
V. Diagnóstico del avance de la Reforma Judicial en los Estados
VI. Estrategias de Lucha y Plan de Acción.
V. Clausura.
Bases
Todos los puntos de la discusión se abordarán en el orden señalado y
en plenaria. Todos los acuerdos se tomarán por consenso.
Para la discusión, se iniciará con una primera ronda de oradores en la
que intervendrá un representante por cada Estado asistente.
Posteriormente podrán solicitar la palabra todos los compañeros que
así lo deseen. Se exhorta a que por cada ronda de 10 oradores
participe sólo un representante por organización asistente. Por cada
10 oradores, o antes si se considera conveniente, la Mesa presentará
una síntesis para centrar la discusión o para preguntar a la Asamblea
si el punto está suficientemente discutido. Todos los oradores sin
excepción, contarán con un tiempo máximo de 5 minutos por
intervención.
Se invita a todos los interesados en participar en esta V Asamblea
Nacional, a enviar con anticipación sus propuestas y testimonios sobre
violaciones a derechos humanos (al correo fncr07@gmail.com) o a
registrar dichos testimonios en la mesa receptora que se instalará.
Se solicita a todos los asistentes a la Asamblea que se acrediten
puntualmente como representantes de sus organizaciones o como miembros
individuales del FNCR ante la Mesa de Registro que se instalará en el
local de realización de la Asamblea.
Todos los participantes en la Asamblea estarán obligados a respetar
los horarios establecidos y las reglas disciplinarias que establezcan
los anfitriones, de manera particular el Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositores a la Parota (CECOP).
HORARIOS DE TRABAJO
09:00 horas, Instalación de la Mesa de Registro y de recepción de
testimonios
10:00 horas, Palabras de bienvenida e Inauguración de la Asamblea
10:30 a 13:00 horas, Discusión
13:00 a 14:30 horas, acto político masivo para anunciar el inicio de
la conformación del Frente Hidalguense Contra la Repersión
14:30 a 15:30 horas, Receso para la comida
15:30 a 18:30 horas, Continuación de la Discusión
19:00 horas, Clausura.
Aumentarán los niveles de inseguridad y violencia, si se privatiza Pemex, advierte López Obrador
Durango, Durango
Miércoles 21 de mayo de 2008
--------------------------------------------------------------------------------
* Explica que decrecerá las oportunidades de empleo y de educación, así como el bienestar de las familias
* Tanto narcotráfico como inseguridad son fruto de la descomposición social en el país, puntualiza
* Pero ni Calderón ni Mouriño pueden ser ejemplo de rectitud, integridad y moralidad, si uno se robó la Presidencia y el otro es un delincuente confeso, aclara
Aprobar la iniciativa de reforma impulsada por el gobierno usurpador de Felipe Calderón para privatizar la industria petrolera sólo incrementará los niveles de inseguridad y violencia en la República Mexicana, porque decrecerán la oferta de empleo, las oportunidades de educación para los jóvenes y el ingreso de la mayoría de las familias mexicanas, alertó Andrés Manuel López Obrador.
Calderón y la derecha panista están empecinados en continuar aplicando la actual política económica neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos y, al mismo tiempo, ha dejado en la pobreza a millones de familias, precisó.
Expresó que el presidente pelele, Felipe Calderón, no puede combatir la delincuencia y el crimen organizado porque sólo se ha dedicado a atender los efectos y no las causas que genera la violencia en el territorio nacional.
Al conceder una entrevista a los representantes de los medios de comunicación, el presidente legítimo de México puntualizó que el narcotráfico y la inseguridad que prevalece en México son fruto de la descomposición social que se registra en los últimos 25 años, es decir desde que se impuso el modelo económico neoliberal que no ofrece empleo ni bienestar a los mexicanos.
Por ello, propuso atender las causas de la violencia en el país, principalmente ofrecer fuentes de empleo, garantizar la educación media y media superior para los jóvenes y asegurar al ciento por ciento el ingreso económico de las familias.
Asimismo, continuó, debe combatirse a fondo la corrupción en el gobierno usurpador, especialmente en Petróleos Mexicanos. Y se preguntó: ¿Qué ejemplo puede dar Calderón de rectitud, de integridad y de moralidad, si él no ganó la Presidencia de la República?
Lanzó de inmediato una segunda interrogante: ¿O qué ejemplo puede dar el secretario de Gobernación del gobierno usurpador, Juan Camilo Mouriño, si él es un delincuente confeso, un traficante de influencias?
López Obrador reiteró la necesidad de crear un comité anticorrupción en el Consejo de Administración de Pemex, con la deliberada intención de evitar la repetición de casos similares al de Mouriño.
Ahora, explicó, la derecha panista cree tener el dominio de la Nación y quiere privatizar el petróleo para regresar al país a la época del Porfiriato, donde las empresas extranjeras tenían en su poder la industria petrolera.
Al iniciar la tercera gira por el país para fortalecer el movimiento en defensa del petróleo, convocó a los brigadistas a defender el hidrocarburo, para evitar convertirnos en una colonia y seguir siendo un país libre y soberano. “El petróleo bien manejado puede convertirse en una palanca para el desarrollo nacional, aún con los actos de corrupción que se han realizado en Petróleos Mexicanos”, añadió.
Apuntó que de cada peso del presupuesto nacional, cuarenta centavos provienen de la venta del petróleo al extranjero, y además del hidrocarburo salen los fondos para construir la infraestructura que necesita la población.
El petróleo debe permanecer en manos del Estado, porque es falso que no haya dinero para mejorar la infraestructura del Pemex, si el gobierno usurpador obtiene 20 mil millones de dólares por los excedentes de la venta del hidrocarburo, indicó.
Andrés Manuel López Obrador detalló que sólo el 25 por ciento de los 20 mil millones de dólares de excedentes petroleros se transfieren a los gobiernos estatales. El presidente pelele tiene apergollados a los gobernadores como el de Durango, Ismael Hernández, quién hace poco, como “lambiscón” manifestó su apoyo a la aprobación a la denominada reforma energética, mencionó.
Agregó que el 75 por ciento restante de los excedentes, por la venta del crudo, debería aplicarlo el gobierno usurpador para fortalecer Pemex y construir 5 refinerías, en vez de entregar el patrimonio nacional a empresas extranjeras.
Al hacer un reconocimiento al fundador de las Redes Ciudadanas de Durango, Máximo Gámiz, invitó a los brigadistas a convertirse en un medio de comunicación, para romper el cerco informativo que ha impuesto el gobierno espurio alrededor del movimiento en defensa del petróleo.
“Los potentados cuentan con el apoyo de los medios de comunicación, especialmente con la televisión”, sin embargo el movimiento en defensa del petróleo tiene a la gente, aseguró.
Detalló que para finales de junio habrán 200 mil brigadistas, de los cuales mil 500 serán de Durango y se encargarán de visitar 10 millones de familias para informar sobre la intención del gobierno usurpador de privatizar el petróleo.
Explicó que este martes comenzó la gira para reunirse con los brigadistas de los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Colima.
Frente a los brigadistas de Durango y Guadalupe Victoria, López Obrador sostuvo que aunque haya diferencias en el PRD o en otros partidos políticos, la defensa del petróleo debe estar por encima “de los intereses personales o de los partidos”.
Ante la declaración del PRI de estar de acuerdo con que se aplique un referéndum para saber si los mexicanos aprueban o rechazan la privatización del petróleo, López Obrador contestó: “ojalá y (los legisladores priistas) no se vayan a rajar y qué bueno que aceptaron la consulta popular”.
Para mañana, el presidente legítimo de México acudirá a Monclova y Saltillo, Coahuila.
• • • • •
Miércoles 21 de mayo de 2008
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* Explica que decrecerá las oportunidades de empleo y de educación, así como el bienestar de las familias
* Tanto narcotráfico como inseguridad son fruto de la descomposición social en el país, puntualiza
* Pero ni Calderón ni Mouriño pueden ser ejemplo de rectitud, integridad y moralidad, si uno se robó la Presidencia y el otro es un delincuente confeso, aclara
Aprobar la iniciativa de reforma impulsada por el gobierno usurpador de Felipe Calderón para privatizar la industria petrolera sólo incrementará los niveles de inseguridad y violencia en la República Mexicana, porque decrecerán la oferta de empleo, las oportunidades de educación para los jóvenes y el ingreso de la mayoría de las familias mexicanas, alertó Andrés Manuel López Obrador.
Calderón y la derecha panista están empecinados en continuar aplicando la actual política económica neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos y, al mismo tiempo, ha dejado en la pobreza a millones de familias, precisó.
Expresó que el presidente pelele, Felipe Calderón, no puede combatir la delincuencia y el crimen organizado porque sólo se ha dedicado a atender los efectos y no las causas que genera la violencia en el territorio nacional.
Al conceder una entrevista a los representantes de los medios de comunicación, el presidente legítimo de México puntualizó que el narcotráfico y la inseguridad que prevalece en México son fruto de la descomposición social que se registra en los últimos 25 años, es decir desde que se impuso el modelo económico neoliberal que no ofrece empleo ni bienestar a los mexicanos.
Por ello, propuso atender las causas de la violencia en el país, principalmente ofrecer fuentes de empleo, garantizar la educación media y media superior para los jóvenes y asegurar al ciento por ciento el ingreso económico de las familias.
Asimismo, continuó, debe combatirse a fondo la corrupción en el gobierno usurpador, especialmente en Petróleos Mexicanos. Y se preguntó: ¿Qué ejemplo puede dar Calderón de rectitud, de integridad y de moralidad, si él no ganó la Presidencia de la República?
Lanzó de inmediato una segunda interrogante: ¿O qué ejemplo puede dar el secretario de Gobernación del gobierno usurpador, Juan Camilo Mouriño, si él es un delincuente confeso, un traficante de influencias?
López Obrador reiteró la necesidad de crear un comité anticorrupción en el Consejo de Administración de Pemex, con la deliberada intención de evitar la repetición de casos similares al de Mouriño.
Ahora, explicó, la derecha panista cree tener el dominio de la Nación y quiere privatizar el petróleo para regresar al país a la época del Porfiriato, donde las empresas extranjeras tenían en su poder la industria petrolera.
Al iniciar la tercera gira por el país para fortalecer el movimiento en defensa del petróleo, convocó a los brigadistas a defender el hidrocarburo, para evitar convertirnos en una colonia y seguir siendo un país libre y soberano. “El petróleo bien manejado puede convertirse en una palanca para el desarrollo nacional, aún con los actos de corrupción que se han realizado en Petróleos Mexicanos”, añadió.
Apuntó que de cada peso del presupuesto nacional, cuarenta centavos provienen de la venta del petróleo al extranjero, y además del hidrocarburo salen los fondos para construir la infraestructura que necesita la población.
El petróleo debe permanecer en manos del Estado, porque es falso que no haya dinero para mejorar la infraestructura del Pemex, si el gobierno usurpador obtiene 20 mil millones de dólares por los excedentes de la venta del hidrocarburo, indicó.
Andrés Manuel López Obrador detalló que sólo el 25 por ciento de los 20 mil millones de dólares de excedentes petroleros se transfieren a los gobiernos estatales. El presidente pelele tiene apergollados a los gobernadores como el de Durango, Ismael Hernández, quién hace poco, como “lambiscón” manifestó su apoyo a la aprobación a la denominada reforma energética, mencionó.
Agregó que el 75 por ciento restante de los excedentes, por la venta del crudo, debería aplicarlo el gobierno usurpador para fortalecer Pemex y construir 5 refinerías, en vez de entregar el patrimonio nacional a empresas extranjeras.
Al hacer un reconocimiento al fundador de las Redes Ciudadanas de Durango, Máximo Gámiz, invitó a los brigadistas a convertirse en un medio de comunicación, para romper el cerco informativo que ha impuesto el gobierno espurio alrededor del movimiento en defensa del petróleo.
“Los potentados cuentan con el apoyo de los medios de comunicación, especialmente con la televisión”, sin embargo el movimiento en defensa del petróleo tiene a la gente, aseguró.
Detalló que para finales de junio habrán 200 mil brigadistas, de los cuales mil 500 serán de Durango y se encargarán de visitar 10 millones de familias para informar sobre la intención del gobierno usurpador de privatizar el petróleo.
Explicó que este martes comenzó la gira para reunirse con los brigadistas de los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Colima.
Frente a los brigadistas de Durango y Guadalupe Victoria, López Obrador sostuvo que aunque haya diferencias en el PRD o en otros partidos políticos, la defensa del petróleo debe estar por encima “de los intereses personales o de los partidos”.
Ante la declaración del PRI de estar de acuerdo con que se aplique un referéndum para saber si los mexicanos aprueban o rechazan la privatización del petróleo, López Obrador contestó: “ojalá y (los legisladores priistas) no se vayan a rajar y qué bueno que aceptaron la consulta popular”.
Para mañana, el presidente legítimo de México acudirá a Monclova y Saltillo, Coahuila.
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Estimados lectores,
Hemos estado recibiendo varios reportes de que en varios puestos de periódicos del DF los vendedores no están mostrando a la venta al público el SDP impreso. Esto muchas veces a pesar de que sí tienen ejemplares del día en el puesto. Simplemente NO lo están exhibiendo. Peor: tenemos reportes de puestos en los que dicen no tener el SDP cuando en realidad lo tienen escondido entre otros periódicos.
Ante esta situación, nos vemos obligados a solicitar la ayuda de los lectores del blog en el DF para que sean nuevamente INTERVENTORES CIUDADANOS--como cuando se estrenó FRAUDE: México 2006.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Recorran todos los puestos de periódicos que puedan. Apunten en una hoja de papel los siguientes datos preguntando con MUCHA amabilidad los siguientes datos:
- Ubicación del puesto (en que calle, esquina, colonia, delegación, etc.)
- Cuantos ejemplares tiene del SDP (de 5 a 6 o de 6 a 10, etc).
- ¿Está siendo mostrado al público como el resto de los periódicos o lo escondieron?
- Si no lo tienen ¿Por qué?
- ¿Cuándo lo van a tener?
- Hora del día en la que consultaron al puesto de periódicos.
2. Si no tienen el SDP, o lo esconden, déjenle al encargado del puesto el siguiente documento (les pedimos que lo impriman y le saquen copias) firmado y con su nombre (el de ustedes) para solicitarle al vendedor que lo venda y que lo muestre. Este documento le mostrará al voceador la seriedad de ustedes, como lectores y consumidores para solicitar el producto. El documento, en JPG, lo bajan dando click en la imagen:
3. Si les es posible, tomen una foto del puesto de periódicos tenga o no tenga el SDP.
4. Repórtenos de inmediato los datos que obtengan a la dirección de email senderodelpeje@toliro.cjb.net para que podamos revisarlos. Estos datos nos servirán para poder determinar qué es lo que está pasando y reclamar en caso de que haya "mano negra" o en caso de que se trate de un caso de censura. De esta manera podremos asegurarnos de que el SDP llega a todos los puestos de periódicos y está al alcance de la mayor cantidad posible de lectores. Como pueden ver, tener una prensa verdaderamente libre parece que no le está gustando a algunos intereses...
5. Repetir la dosis una semana completa hasta que se empiecen a ver cambios en los puestos de periódicos en los que no tengan el SDP.
Agradecemos de antemano a los lectores que puedan ayudarnos con esta tarea. Nosotros hacemos nuestros mejor esfuerzo por llevarles a ustedes un periódico que valga la pena leerse, y consideramos que no es justo que se le trate al consumidor con la grosería de decir que no tienen el SDP cuando sí lo tienen y sí saben de él.
EL BURRO PARADO VIOLA HASTA LA LEY DE USO DE SUELO, AL ABRIR LA COLINA DEL BURRO:
Ana Lilia Ojeda Cobián
Aunque Vicente Fox Quesada, ex presidente de la República, ya puso a funcionar su “Centro Fox” en San Cristóbal, con maestría a funcionarios públicos, no dispone aún de la aprobación de Protección Civil, ni ha cumplido con notificar la terminación de las etapas del proyecto, para tener el derecho de uso de suelo. LEER MAS
RESEÑA DE LA VISITA DE NUESTRO PRESIDENTE EN JUARITOS:
El pasado viernes, 16 de Mayo nuestro presidente el Lic. Andres Manuel Lopez Obrador visito Cd. Juarez.
Previo a la llegada de nuestro presidente, el ambiente se amenizo con un grupo local que tocaba musica andina. Lopez Obrador arrivo al salon de eventos cerca de las 13:30 hrs., dando inicio al discurso previa intervencion de los organizadores locales.
Se conto con la presencia de brigadistas procedentes del Valle de Juarez, Casas Grandes, Janos y Cd. Juarez; ademas de los integrantes del Barzon. Juntos, brigadistas, barzonistas y publico en general sumaban cerca de 300 personas.
En su mensaje Lopez Obrador dio a conocer los avances por parte de los brigadistas y del Frente Amplio Progresista, y de como el debate toma lugar gracias a la toma de las tribunas asi evitando un albazo. Se dirigio a los brigadistas, e indico que la labor a realizar ha de hacerse de una manera alegre, pues es una labor noble que sirve a los intereses de la patria y de sus hijos.
AMLO hizo mencion del fracaso que representan la dupla Calderon-Mourino en su combate al narcotrafico y la violencia.
Posterior al discurso, nuestro presidente tomo protesta a los brigadistas para finalmente concluir cantando el himno nacional. AMLO continuo su gira en la ciudad de Chihuahua.
CENSURAN EN EL SENADO LAS PONENCIAS "INCOMODAS"
ME ENVÍAN ESTO, ¿QUE ESPERÁBAMOS? de una bola de levanta dedos que ya tienen comprometida su dignidad de antemano con los patrones que les garantizan futuro politico:
Esta nota la publicaron en la Jornada.
LINK AL SENADO
Es sobre el debate de la Reforma Energética y puede demostrar que dentro del Senado ya está predeterminada la tendencia. Ya revisé el sitio del Senado y efectivamente, no se han publicado las ponencias del 15 de Mayo de Claudia Sheinbaum ni la de Porfirio Muñoz Ledo, tan importantes para el movimiento.
No se les olvide, hoy en el José Martí
Miércoles, 21 de Mayo:
Círculo de Estudios del José Martí
Taller de Capacitación para Brigadistas en Defensa del Petróleo, impartido por Jesús Ramírez Cuevas
(Productor de 'La verdad sea dicha', periodista de 'La Jornada', etc.)
Asimismo estaremos repartiendo las nuevas carpetas para informar casa x casa, escuela x escuela.
La cita es el miércoles a las 19 hrs. en el Teatro del Centro Cultural 'José Martí' (Dr. Mora #1, Col. Centro, saliendo del Metro Hidalgo, a un costado de la alameda).
Correo: redesuniversitarias@gmail.com
Círculo de Estudios del José Martí
Taller de Capacitación para Brigadistas en Defensa del Petróleo, impartido por Jesús Ramírez Cuevas
(Productor de 'La verdad sea dicha', periodista de 'La Jornada', etc.)
Asimismo estaremos repartiendo las nuevas carpetas para informar casa x casa, escuela x escuela.
La cita es el miércoles a las 19 hrs. en el Teatro del Centro Cultural 'José Martí' (Dr. Mora #1, Col. Centro, saliendo del Metro Hidalgo, a un costado de la alameda).
Correo: redesuniversitarias@gmail.com
Brigada 21, Charla sobre la Reforma Energética en la Facultad de Ciencias
20 de Mayo de 2008. En la facultad de Ciencias de
Próximamente el video en:
AMLO TV
http://soberaniapopular.blogspot.com
http://redescirculodeestudios.blogspot.com
Por un arreglo político con Calderón, no recibe castigo Ulises Ruiz, afirma López Obrador
Oaxaca, Oaxaca
Martes 20 de mayo de 2008
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* El mandatario oaxaqueño ha violado los derechos humanos del pueblo del estado, precisa
* Propone la creación de un comité anticorrupción, responsable de vigilar las operaciones de Pemex
* En la defensa del petróleo, se mantienen las acciones de resistencia civil pacífica, reitera
En la tierra de don Benito Juárez, Andrés Manuel López Obrador lamentó el hecho de que no se castigue al principal autor de violar los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, el gobernador Ulises Ruiz, y todo porque mantiene un acuerdo político con el presidente pelele, Felipe Calderón, y la cúpula panista.
A su arribo a la capital del estado, el presidente legítimo de México declaró: “Aquí –en Oaxaca— hay una alianza, entre Calderón y Ulises Ruiz”, por la contribución del mandatario estatal al fraude electoral del 20006.
Es una situación evidente y, “por eso, es muy lamentable que no se castigue a los que violan los derechos humanos, todo por proteger al gobernador del Oaxaca, que tiene arreglos con Calderón y con el PAN”, puntualizó.
En entrevista que concedió a los medios de comunicación informó que realiza un recorrido por la geografía nacional para dar a conocer los argumentos por los cuales el gobierno espurio de Calderón pretende privatizar el petróleo, que es patrimonio de la Nación y de los mexicanos.
Dio la bienvenida a todos los frentes surgidos en defensa de la industria petrolera y mencionó que los legisladores del Frente Amplio Progresista presentarán en el Congreso una iniciativa para realizar una consulta popular sobre la denominada reforma energética.
“Vamos a llevar a cabo una consulta ciudadana, porque el petróleo es de todos los mexicanos y todos los mexicanos tienen derecho de opinar. Vamos a promover esta consulta o referéndum, para que el pueblo de México sea el que decida”, puntualizó.
Con relación a los foros que sobre el tema organiza el Senado de la República, López Obrador manifestó que se ha impuesto, en las primeras dos sesiones, la línea que rechaza la transferencia de los activos de Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada extranjera. “Los dos primeros foros los ha ganado la oposición, es decir las opiniones en contra de la privatización han dominado en los dos debates y se puede decir que vamos 2-0 y que les vamos a ganar en los que vienen”, subrayó.
A pregunta expresa de uno de los comunicadores, el presidente legítimo de los mexicanos aclaró que el movimiento nacional en defensa del petróleo mantendrá sus acciones de resistencia civil pacífica y que se fortalecerá la organización de las brigadas formadas por ciudadanos conscientes de que el petróleo es patrimonio de la Nación.
En las acciones en defensa del petróleo, señaló, participan diputados y senadores del PRD, PT y Convergencia, así como ciudadanos de organizaciones civiles y sociales. “Es un movimiento voluntario, no se obliga a nadie, es de conciencia”, añadió.
En la reunión informativa que sostuvo esta mañana con los integrantes de la brigada “Benito Juárez”, López Obrador expresó: “Tenemos que abrirle paso a la verdad, no es cierto que necesitemos inversión privada -nacional o extranjera- para sanear, revitalizar y convertir a Petróleos Mexicanos en el motor nacional”.
Acompañado por los senadores de la República, Gabino Cué y Salomón Jara; los diputados federales, Alberto Esteva Salinas, Humberto López-Lena, Othón Cuevas, Carlos Martínez, Joaquín de los Santos Molina, Selene Hernández y Elia Romero; así como los diputados locales, Benjamín Robles, Zenén Bravo, Wilfredo Vásquez y Guadalupe Rodríguez comunicó que hacia finales de junio los aproximadamente 200 mil brigadistas habrán visitado más de 10 millones de hogares mexicanos.
Antes, López Obrador escuchó el informe de la Brigada “Benito Juárez”, que está integrada, en su mayoría, por ciudadanos sin filiación partidista, por ciudadanos de la academia, la investigación, el sector empresarial y luchadores sociales, como Víctor Raúl Martínez, Noé Doroteo Castillejos, Patrocinia Arlanzón Arco, Mario Mendoza Flores, María de los Ángeles Becerra y Rodolfo Villalobos Morales.
Durante el mensaje que dirigió a los brigadistas del estado, el presidente legítimo de México propuso la creación de un comité anticorrupción, que vigile y fiscalice todas las operaciones de Pemex.
El mencionado comité debe estar integrado por ciudadanos honestos, con reconocimiento entre la sociedad y que sean nombrados por el Congreso de la Unión, precisó.
En lo que respecta a los excedentes del petróleo por el alza del precio del barril en el mercado internacional, el Gobierno Legítimo propone que se destinen a la inversión en refinación del crudo, destacó al trazar en cinco líneas estratégicas el rescate de la industria petrolera.
Por ejemplo, mencionó que Pemex debe convertirse en motor de la economía nacional; canalizando el grueso de los excedentes presupuestales generados del petróleo a su infraestructura.
Además, agregó, de fortalecer las áreas estratégicas de Pemex, así como la investigación y el desarrollo tecnológico en la producción y uso de energía, con la necesaria vinculación entre la petrolera y el Instituto Mexicano del Petróleo.
Al término de su encuentro con los brigadistas de Oaxaca, la camioneta que traslada al presidente legítimo en su recorrido por la geografía nacional se enfiló hacia la autopista México-Puebla. En la caseta de Huitzo, lo identificaron los maestros y, de inmediato, lo abordaron.
El vehículo automotor se detuvo, López Obrador descendió, estrechó las manos de los mentores y expresó su respaldo al movimiento magisterial democrático e independiente del estado de Oaxaca.
Los maestros le informaron que realizan una serie de movilizaciones que terminarán en los próximos 21 días y que había representantes de las delegaciones de toda la entidad, en demanda de que se libere la convocatoria a un congreso estatal, para elegir a los nuevos dirigentes de la sección 22, cese a las campañas de hostigamiento y cancelar las órdenes de aprehensión giradas en contra de un indeterminado número de profesores.
En respuesta, López Obrador les reiteró que apoya cada una de las legítimas demandas de los maestros.
Por la tarde, el presidente legítimo de los mexicanos se reunió con brigadistas de los estados de Puebla y Tlaxcala y mañana hará lo propio con los comités de Durango y Guadalupe Victoria (Durango) y de Torreón (Coahuila).
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Martes 20 de mayo de 2008
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* El mandatario oaxaqueño ha violado los derechos humanos del pueblo del estado, precisa
* Propone la creación de un comité anticorrupción, responsable de vigilar las operaciones de Pemex
* En la defensa del petróleo, se mantienen las acciones de resistencia civil pacífica, reitera
En la tierra de don Benito Juárez, Andrés Manuel López Obrador lamentó el hecho de que no se castigue al principal autor de violar los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, el gobernador Ulises Ruiz, y todo porque mantiene un acuerdo político con el presidente pelele, Felipe Calderón, y la cúpula panista.
A su arribo a la capital del estado, el presidente legítimo de México declaró: “Aquí –en Oaxaca— hay una alianza, entre Calderón y Ulises Ruiz”, por la contribución del mandatario estatal al fraude electoral del 20006.
Es una situación evidente y, “por eso, es muy lamentable que no se castigue a los que violan los derechos humanos, todo por proteger al gobernador del Oaxaca, que tiene arreglos con Calderón y con el PAN”, puntualizó.
En entrevista que concedió a los medios de comunicación informó que realiza un recorrido por la geografía nacional para dar a conocer los argumentos por los cuales el gobierno espurio de Calderón pretende privatizar el petróleo, que es patrimonio de la Nación y de los mexicanos.
Dio la bienvenida a todos los frentes surgidos en defensa de la industria petrolera y mencionó que los legisladores del Frente Amplio Progresista presentarán en el Congreso una iniciativa para realizar una consulta popular sobre la denominada reforma energética.
“Vamos a llevar a cabo una consulta ciudadana, porque el petróleo es de todos los mexicanos y todos los mexicanos tienen derecho de opinar. Vamos a promover esta consulta o referéndum, para que el pueblo de México sea el que decida”, puntualizó.
Con relación a los foros que sobre el tema organiza el Senado de la República, López Obrador manifestó que se ha impuesto, en las primeras dos sesiones, la línea que rechaza la transferencia de los activos de Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada extranjera. “Los dos primeros foros los ha ganado la oposición, es decir las opiniones en contra de la privatización han dominado en los dos debates y se puede decir que vamos 2-0 y que les vamos a ganar en los que vienen”, subrayó.
A pregunta expresa de uno de los comunicadores, el presidente legítimo de los mexicanos aclaró que el movimiento nacional en defensa del petróleo mantendrá sus acciones de resistencia civil pacífica y que se fortalecerá la organización de las brigadas formadas por ciudadanos conscientes de que el petróleo es patrimonio de la Nación.
En las acciones en defensa del petróleo, señaló, participan diputados y senadores del PRD, PT y Convergencia, así como ciudadanos de organizaciones civiles y sociales. “Es un movimiento voluntario, no se obliga a nadie, es de conciencia”, añadió.
En la reunión informativa que sostuvo esta mañana con los integrantes de la brigada “Benito Juárez”, López Obrador expresó: “Tenemos que abrirle paso a la verdad, no es cierto que necesitemos inversión privada -nacional o extranjera- para sanear, revitalizar y convertir a Petróleos Mexicanos en el motor nacional”.
Acompañado por los senadores de la República, Gabino Cué y Salomón Jara; los diputados federales, Alberto Esteva Salinas, Humberto López-Lena, Othón Cuevas, Carlos Martínez, Joaquín de los Santos Molina, Selene Hernández y Elia Romero; así como los diputados locales, Benjamín Robles, Zenén Bravo, Wilfredo Vásquez y Guadalupe Rodríguez comunicó que hacia finales de junio los aproximadamente 200 mil brigadistas habrán visitado más de 10 millones de hogares mexicanos.
Antes, López Obrador escuchó el informe de la Brigada “Benito Juárez”, que está integrada, en su mayoría, por ciudadanos sin filiación partidista, por ciudadanos de la academia, la investigación, el sector empresarial y luchadores sociales, como Víctor Raúl Martínez, Noé Doroteo Castillejos, Patrocinia Arlanzón Arco, Mario Mendoza Flores, María de los Ángeles Becerra y Rodolfo Villalobos Morales.
Durante el mensaje que dirigió a los brigadistas del estado, el presidente legítimo de México propuso la creación de un comité anticorrupción, que vigile y fiscalice todas las operaciones de Pemex.
El mencionado comité debe estar integrado por ciudadanos honestos, con reconocimiento entre la sociedad y que sean nombrados por el Congreso de la Unión, precisó.
En lo que respecta a los excedentes del petróleo por el alza del precio del barril en el mercado internacional, el Gobierno Legítimo propone que se destinen a la inversión en refinación del crudo, destacó al trazar en cinco líneas estratégicas el rescate de la industria petrolera.
Por ejemplo, mencionó que Pemex debe convertirse en motor de la economía nacional; canalizando el grueso de los excedentes presupuestales generados del petróleo a su infraestructura.
Además, agregó, de fortalecer las áreas estratégicas de Pemex, así como la investigación y el desarrollo tecnológico en la producción y uso de energía, con la necesaria vinculación entre la petrolera y el Instituto Mexicano del Petróleo.
Al término de su encuentro con los brigadistas de Oaxaca, la camioneta que traslada al presidente legítimo en su recorrido por la geografía nacional se enfiló hacia la autopista México-Puebla. En la caseta de Huitzo, lo identificaron los maestros y, de inmediato, lo abordaron.
El vehículo automotor se detuvo, López Obrador descendió, estrechó las manos de los mentores y expresó su respaldo al movimiento magisterial democrático e independiente del estado de Oaxaca.
Los maestros le informaron que realizan una serie de movilizaciones que terminarán en los próximos 21 días y que había representantes de las delegaciones de toda la entidad, en demanda de que se libere la convocatoria a un congreso estatal, para elegir a los nuevos dirigentes de la sección 22, cese a las campañas de hostigamiento y cancelar las órdenes de aprehensión giradas en contra de un indeterminado número de profesores.
En respuesta, López Obrador les reiteró que apoya cada una de las legítimas demandas de los maestros.
Por la tarde, el presidente legítimo de los mexicanos se reunió con brigadistas de los estados de Puebla y Tlaxcala y mañana hará lo propio con los comités de Durango y Guadalupe Victoria (Durango) y de Torreón (Coahuila).
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Confirma la Auditoría Superior de la Federación fraude denunciado por el Gobierno Legítimo
México, Distrito Federal
Martes 20 de mayo de 2008
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* Denuncia el auditor superior daño patrimonial al Seguro Popular
* Fueron 553.1 millones pagados por servicios y bienes sin utilidad
* Al respecto, la Secretaría de la Función Pública no ha emitido fallo alguno
Hace un año las secretarias de Salud y de Trabajo del Gobierno Legítimo denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el presunto daño patrimonial por 368.5 millones de pesos en la compra de credenciales a la empresa Image Technology para las familias del Seguro Popular en 2005, informó Asa Cristina Laurell.
La secretaria de Salud manifestó que en diciembre se presentó una ampliación de la denuncia por el incremento en el contrato en 24.9 millones, así como por el monto de 558.6 millones referidos a otro contrato celebrado en 2006 entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y la misma empresa.
Es decir, explicó, entre ambos contratos el monto asciende a 952 millones de pesos. A pesar del tiempo trascurrido, la SFP no ha dictaminado el caso, han hecho mutis, primero Germán Martínez y, luego, Salvador Vega, lo cual ha demostrado una vez más el encubrimiento de los altos funcionarios, en este caso del Comisionado de Protección Social en Salud de Fox, Juan Antonio Fernández Ortiz, afirmó.
Señaló que la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública de 2006 confirma graves irregularidades en el contrato de 2006 de la CNPSS con Image Technology para credencializar a los afiliados del Seguro Popular. El informe dice a la letra: …“no se obtuvo evidencia por parte de la entidad fiscalizada /CNPSS/ sobre la correcta distribución de 700 mil credenciales y 850 módulos de enrolamiento entregados a las entidades federativas ni de la documentación sobre su destino final; tampoco se comprobó el seguimiento en su operación, ni el establecimiento de estrategias para dar continuidad al objetivo del programa o los análisis para determinar su cancelación. …… se constató que ni las credenciales ni los módulos de enrolamiento se encuentran en operación.”
Queda claro –enfatizó— que en la auditoría no se pudo constatar el cumplimiento del contrato por falta de documentación y a raíz de una investigación de campo en el estado de Puebla. Sin embrago, entre abril de 2006 y mayo de 2007 la Comisión pagó 443.7 millones de pesos a Image Technology.
Además pagó a la empresa 119.4 millones de pesos en diciembre de 2005 y marzo de 2007 correspondientes al contrato de 2005 que no aparecen en la revisión de la ASF. Por tanto el Seguro Popular a través de la Comisión ha pagado un total de 553.1 millones por servicios tecnológicos y credenciales sin utilidad ninguna, aseguró.
Aclaró que el informe de la ASF no señala que el contrato de 2006 con Image Technology ya estaba bajo investigación por la SFP a raíz de una queja de otro concursante en la licitación. “A raíz de los resultados de esta investigación y coincidentemente con la denuncia presentada por el Gobierno Legítimo se rescindió el contrato anticipadamente el 5 de mayo de 2007”, puntualizó.
Es de subrayar que dos días antes, el 3 de mayo, la Comisión giró el primer pago de 2007 a Image Technólogy por 104.0 millones de pesos; coincidencia que difícilmente habrá sido casual. “Como el presunto fraude en la CNPSS ya era noticia pública en una aparente acción de eficiencia el 31 de mayo el SFP inhabilitó al comisionado y ex-presidente de “Amigos de Fox” (expediente 15/2007-BIS) Juan Antonio Fernández por 10 años “por abuso de autoridad” y lo multó con 454 mil pesos”, detalló.
Esta inhabilitación, prosiguió, no fue por el presunto fraude contra el Seguro Popular sino por un viaje personal con su novia a Singapur y Honolulu con cargo al erario público. Las distintas investigaciones sobre los contratos con Image Technology siguen abiertas desde hace más de una año y la SPF no ha emitido ningún fallo.
Por tanto, insistió en que no existe ninguna sanción administrativa, ni resarcimiento del daño al erario público, ni mucho menos una denuncia penal respecto a estos contratos. La impunidad y el encubrimiento de los altos funcionarios de los gobiernos de derecha se hacen patentes una vez más, denunció.
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Martes 20 de mayo de 2008
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* Denuncia el auditor superior daño patrimonial al Seguro Popular
* Fueron 553.1 millones pagados por servicios y bienes sin utilidad
* Al respecto, la Secretaría de la Función Pública no ha emitido fallo alguno
Hace un año las secretarias de Salud y de Trabajo del Gobierno Legítimo denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el presunto daño patrimonial por 368.5 millones de pesos en la compra de credenciales a la empresa Image Technology para las familias del Seguro Popular en 2005, informó Asa Cristina Laurell.
La secretaria de Salud manifestó que en diciembre se presentó una ampliación de la denuncia por el incremento en el contrato en 24.9 millones, así como por el monto de 558.6 millones referidos a otro contrato celebrado en 2006 entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y la misma empresa.
Es decir, explicó, entre ambos contratos el monto asciende a 952 millones de pesos. A pesar del tiempo trascurrido, la SFP no ha dictaminado el caso, han hecho mutis, primero Germán Martínez y, luego, Salvador Vega, lo cual ha demostrado una vez más el encubrimiento de los altos funcionarios, en este caso del Comisionado de Protección Social en Salud de Fox, Juan Antonio Fernández Ortiz, afirmó.
Señaló que la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública de 2006 confirma graves irregularidades en el contrato de 2006 de la CNPSS con Image Technology para credencializar a los afiliados del Seguro Popular. El informe dice a la letra: …“no se obtuvo evidencia por parte de la entidad fiscalizada /CNPSS/ sobre la correcta distribución de 700 mil credenciales y 850 módulos de enrolamiento entregados a las entidades federativas ni de la documentación sobre su destino final; tampoco se comprobó el seguimiento en su operación, ni el establecimiento de estrategias para dar continuidad al objetivo del programa o los análisis para determinar su cancelación. …… se constató que ni las credenciales ni los módulos de enrolamiento se encuentran en operación.”
Queda claro –enfatizó— que en la auditoría no se pudo constatar el cumplimiento del contrato por falta de documentación y a raíz de una investigación de campo en el estado de Puebla. Sin embrago, entre abril de 2006 y mayo de 2007 la Comisión pagó 443.7 millones de pesos a Image Technology.
Además pagó a la empresa 119.4 millones de pesos en diciembre de 2005 y marzo de 2007 correspondientes al contrato de 2005 que no aparecen en la revisión de la ASF. Por tanto el Seguro Popular a través de la Comisión ha pagado un total de 553.1 millones por servicios tecnológicos y credenciales sin utilidad ninguna, aseguró.
Aclaró que el informe de la ASF no señala que el contrato de 2006 con Image Technology ya estaba bajo investigación por la SFP a raíz de una queja de otro concursante en la licitación. “A raíz de los resultados de esta investigación y coincidentemente con la denuncia presentada por el Gobierno Legítimo se rescindió el contrato anticipadamente el 5 de mayo de 2007”, puntualizó.
Es de subrayar que dos días antes, el 3 de mayo, la Comisión giró el primer pago de 2007 a Image Technólogy por 104.0 millones de pesos; coincidencia que difícilmente habrá sido casual. “Como el presunto fraude en la CNPSS ya era noticia pública en una aparente acción de eficiencia el 31 de mayo el SFP inhabilitó al comisionado y ex-presidente de “Amigos de Fox” (expediente 15/2007-BIS) Juan Antonio Fernández por 10 años “por abuso de autoridad” y lo multó con 454 mil pesos”, detalló.
Esta inhabilitación, prosiguió, no fue por el presunto fraude contra el Seguro Popular sino por un viaje personal con su novia a Singapur y Honolulu con cargo al erario público. Las distintas investigaciones sobre los contratos con Image Technology siguen abiertas desde hace más de una año y la SPF no ha emitido ningún fallo.
Por tanto, insistió en que no existe ninguna sanción administrativa, ni resarcimiento del daño al erario público, ni mucho menos una denuncia penal respecto a estos contratos. La impunidad y el encubrimiento de los altos funcionarios de los gobiernos de derecha se hacen patentes una vez más, denunció.
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REGRESAR LA DECISIÓN A LA SOCIEDAD : REFERÉNDUM SOBRE LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA
por Rosario Ibarra
Con entrañable cariño y profundo respeto para Evo Morales.
El debate público sobre el futuro de la industria petrolera en nuestro país se ha iniciado. Es posible ganar con argumentos el debate contra la privatización. Pero tarde o temprano, el problema planteado al inicio del periodo legislativo se volverá a colocar: una mayoría legislativa, ciega ante los argumentos y el interés nacional, puede imponer con su voto su compromiso con el proyecto neoliberal y las compañías extranjeras.
Desde el fraude electoral del 2006 es clara la crisis de las instituciones de representación, no sólo en el nivel del Poder Ejecutivo. Los “representantes populares” pueden votar mayoritariamente una ley, alegando su derecho democrático a hacerlo, como en el caso de la reforma al ISSSTE, y desde la sociedad más de 2 millones de personas afectadas por esa reforma interponer amparos contra lo que votaron esos “representantes”. Es esta contradicción entre la representación formal de una mayoría parlamentaria y el interés de la mayoría ciudadana lo que ha llevado a situaciones como la de las tomas de tribunas para evitar una votación contraria a la mayoría, que no puede impedirse simplemente con el debate legislativo.
Ahora hay más tiempo para discutir y conocer la iniciativa privatizadora y otras alternativas para la industria petrolera. Pero la decisión final no puede quedar simplemente en el voto mayoritario de los legisladores. Se trata de una decisión trascendental que debería consultarse también a la ciudadanía toda, al pueblo de México.
El pasado 5 de febrero presenté en la tribuna del Senado una iniciativa que va en este sentido. El concepto de decisiones políticas fundamentales, que está reconocido en otros países, y que implica que cada Constitución, reflejando un pacto social histórico, contiene un núcleo central de acuerdos y decisiones que le distinguen. La propuesta que presenté obligaría a definir esas decisiones políticas centrales en el caso de la Constitución mexicana y reconocer que cualquier cambio en esos temas no debería estar sujeto simplemente al voto de una mayoría parlamentaria circunstancial, sino que, adicionalmente, deberían ser aprobados en un referéndum ciudadano. Entre los aspectos centrales de nuestro pacto social, obviamente, están los derechos humanos reconocidos como las garantías constitucionales, pero también la soberanía nacional y el dominio de la nación sobre recursos como los energéticos.
Otras naciones, como Venezuela, con Hugo Chávez, han aplicado estas formas de consulta popular para una reforma constitucional. Ahora, con gran valor, audacia y consecuencia democrática, el presidente de Bolivia, Evo Morales, propone un referéndum revocatorio que al afirmar el apoyo popular mayoritario al presidente responda a los intentos secesionistas de la derecha.
En México, estas figuras de consulta popular y democracia directa, como el referéndum y el plebiscito, o la iniciativa popular, no están reconocidos a nivel nacional y mi iniciativa del pasado mes de febrero no ha sido dictaminada y votada. Pero la necesidad de que haya una consulta popular sobre el futuro de la industria petrolera es evidente, cuando sabemos que la derecha privatizadora y extranjerizante no escucha argumentos y la única manera de parar la intentona es regresar nuevamente la decisión a la sociedad; no dejarla en manos solamente de los legisladores. Si tan seguros están de su proyecto que lo sometan al voto popular.
Dicen que no hay tiempo para aprobar una reforma legislativa que reconozca la necesidad del referéndum. Hay que darse el tiempo, pues la decisión, lo que está en juego, no es secundario. Se habla ya de un periodo extraordinario para reformas electorales. Pues ahí está la oportunidad de votar el referéndum. Al nivel social y desde entidades como el DF que sí contemplan el referéndum y el plebiscito de todos modos la consulta popular puede hacerse. Pero hay que intentarlo a nivel nacional y lograr que la mayoría del pueblo —y no solamente la mayoría del Congreso— se pronuncie.
Con entrañable cariño y profundo respeto para Evo Morales.
El debate público sobre el futuro de la industria petrolera en nuestro país se ha iniciado. Es posible ganar con argumentos el debate contra la privatización. Pero tarde o temprano, el problema planteado al inicio del periodo legislativo se volverá a colocar: una mayoría legislativa, ciega ante los argumentos y el interés nacional, puede imponer con su voto su compromiso con el proyecto neoliberal y las compañías extranjeras.
Desde el fraude electoral del 2006 es clara la crisis de las instituciones de representación, no sólo en el nivel del Poder Ejecutivo. Los “representantes populares” pueden votar mayoritariamente una ley, alegando su derecho democrático a hacerlo, como en el caso de la reforma al ISSSTE, y desde la sociedad más de 2 millones de personas afectadas por esa reforma interponer amparos contra lo que votaron esos “representantes”. Es esta contradicción entre la representación formal de una mayoría parlamentaria y el interés de la mayoría ciudadana lo que ha llevado a situaciones como la de las tomas de tribunas para evitar una votación contraria a la mayoría, que no puede impedirse simplemente con el debate legislativo.
Ahora hay más tiempo para discutir y conocer la iniciativa privatizadora y otras alternativas para la industria petrolera. Pero la decisión final no puede quedar simplemente en el voto mayoritario de los legisladores. Se trata de una decisión trascendental que debería consultarse también a la ciudadanía toda, al pueblo de México.
El pasado 5 de febrero presenté en la tribuna del Senado una iniciativa que va en este sentido. El concepto de decisiones políticas fundamentales, que está reconocido en otros países, y que implica que cada Constitución, reflejando un pacto social histórico, contiene un núcleo central de acuerdos y decisiones que le distinguen. La propuesta que presenté obligaría a definir esas decisiones políticas centrales en el caso de la Constitución mexicana y reconocer que cualquier cambio en esos temas no debería estar sujeto simplemente al voto de una mayoría parlamentaria circunstancial, sino que, adicionalmente, deberían ser aprobados en un referéndum ciudadano. Entre los aspectos centrales de nuestro pacto social, obviamente, están los derechos humanos reconocidos como las garantías constitucionales, pero también la soberanía nacional y el dominio de la nación sobre recursos como los energéticos.
Otras naciones, como Venezuela, con Hugo Chávez, han aplicado estas formas de consulta popular para una reforma constitucional. Ahora, con gran valor, audacia y consecuencia democrática, el presidente de Bolivia, Evo Morales, propone un referéndum revocatorio que al afirmar el apoyo popular mayoritario al presidente responda a los intentos secesionistas de la derecha.
En México, estas figuras de consulta popular y democracia directa, como el referéndum y el plebiscito, o la iniciativa popular, no están reconocidos a nivel nacional y mi iniciativa del pasado mes de febrero no ha sido dictaminada y votada. Pero la necesidad de que haya una consulta popular sobre el futuro de la industria petrolera es evidente, cuando sabemos que la derecha privatizadora y extranjerizante no escucha argumentos y la única manera de parar la intentona es regresar nuevamente la decisión a la sociedad; no dejarla en manos solamente de los legisladores. Si tan seguros están de su proyecto que lo sometan al voto popular.
Dicen que no hay tiempo para aprobar una reforma legislativa que reconozca la necesidad del referéndum. Hay que darse el tiempo, pues la decisión, lo que está en juego, no es secundario. Se habla ya de un periodo extraordinario para reformas electorales. Pues ahí está la oportunidad de votar el referéndum. Al nivel social y desde entidades como el DF que sí contemplan el referéndum y el plebiscito de todos modos la consulta popular puede hacerse. Pero hay que intentarlo a nivel nacional y lograr que la mayoría del pueblo —y no solamente la mayoría del Congreso— se pronuncie.
Constitución Politica de México y Tratados Internacionales
Comentario:
En algún lugar leí que los Tratados Internacionales estaban por encima de la Constitución Politica de México ( para resumir lo de los Estados Unidos Mexicanos). No sé nada de leyes, pero si conozco la frase que ninguna ley nacional o intenacional puede estar por encima de nuestra Constitución vigente, esto, dentro del territorio nacional.
Busqué alguna información y pondré parte del texto y las ligas correspondientes
Regulación constitucional
La Constitución mexicana vigente hace referencia a los tratados o convenciones internacionales en los artículos 15, 18, 76, fracción i; 89, fracción x; 177 y 133.
El artículo 15 restringe las facultades del poder ejecutivo y del senado para ce]ebrar tratados, facultades previstas en los artículos 89, fracción x, y 76, fracción 1. En su última parte desautoriza en forma generalizada la celebración de tratados que alteren las garantías o derechos del hombre. Esta restricción está encaminada
a la protección de la totalidad de los derechos civiles o individuales, así como de los derechos políticos o del ciudadano.
El artículo 18, en su último párrafo, prevé la celebración de tratados para efecto de llevar a cabo el llamado intercambio internacional de reos de nacionalidad mexicana o extranjeros.
Hasta 1993, México había celebrado convenios para ejecución de sentencias penales con Argentina, Belice, Bolivia, Canada, España, Estados Unidos de América y Panamá.
Por su parte, el artículo 117 establece una prohibición a las entidades federativas para celebrar "alianza, tratado, o coalición con otro estado o con potencias extranjeras".
Esta prohibición resulta congruente con la naturaleza jurídica del Estado federal mexicano, ya que los estados miembros carecen de personalidad jurídica para actuar como sujetos de derecho intemacional.
En relación con el orden de jerarquía que guardan las normas dentro del sistema jurídico constitucional el artículo 133 señala:
"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que esten de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados".
El último parrafo del artículo 133 constitucional nos lleva a plantear la siguiente interrogante: ¿deben aplicarse los tratados internaciona les indefectiblemente sobre las leyes locales?
Si en la práctica, al juez se le presenta la disyuntiva de tener que elegir entre una disposición estatal y una convención internacional que regulan una misma situación jurídica en forma contradictoria,
lo primero que deberá resolver es si de acuerdo con el articulo 133, está facultado para no aplicar el tratado.
De acuerdo con algunos autores, el juez debe aplicar el tratado internacional aún cuando este se encuentre en conflicto con las disposiciones locales.
En opinion del ministro Tena Ramírez: El juez común no puede definir, en un juicio ordinano, cual de las dos leyes provenientes de distintas jurisdicciones es la competente, para el efecto de no aplicar la ley de jurisdicción incompetente [ ... ] debe reducirse a respetar la presunción de constitucional del derecho federal, que
sólo puede ser destruida por un fallo de la justicia de la Unión.
El maestro Antonio Martinez Baez sostiene el criteno contrario. Para él: La obligación de los jueces locales, de no aplicar, en caso de oposición contradictoria, el derecho local sino la norma federal só1o existe de acuerdo con el mismo artículo 133, cuando la norma de grado más alto se ajusta a la Constitución del país, ya
que así lo exige el mismo precepto, al hablar de leyes que emanen de ella y de tratados que estén de acuerdo con la misma.
Al respecto, hemos sostenido el criterio de que el juez local debe aplicar la nonna que considere que esté de acuerdo con la Constitución. Si aplica la ley constitucional, a pesar de que se lleve el asunto al juicio de amparo, el fallo dictado por el juez del fuero común quedará firme, es decir, que por respeto al orden constitucional e inclusive por economía procesal, debe aplicarse la disposición que este de acuerdo con la carta magna.
Si relacionamos el artículo 133 constitucional, arriba transcrito, con el 124, también de la Constitución que establece un sistema de delegación expresa de facultades a los funcionarios federales y reserva para 1as entidades federativas las facultades que no sean expresamente concedidas a la federación-, se presenta el problema de si un tratado intemacional que contenga disposiciónes sobre materias de competencia local esta o no apegado a la Constitución.
Sobre este particular existen también opiniones opuestas; el licenciado Alejandro Vazquez Pando, por su parte, sostiene: El Ejecutivo federal si puede celebrar tratados internaciona1es en materias que esten reservadas a los estados de la federación, y que tales tratados sólo requieren de la aprobación del Senado, sin que sea necesaria la intervención de otro organo para que el Presidente pueda ratificarlos o adherirse a ellos a nivel internacional.
Algunos juristas, cuyo principal representante es Martinez Báez, sostienen la validez de los tratados internacionales celebrados en materias reservadas a los estados. Para ello se basan en los argumentos de la jurisprudencia estadounidense, la cual ha sostenido que las leyes del Congreso son ley suprema sólo cuando
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En algún lugar leí que los Tratados Internacionales estaban por encima de la Constitución Politica de México ( para resumir lo de los Estados Unidos Mexicanos). No sé nada de leyes, pero si conozco la frase que ninguna ley nacional o intenacional puede estar por encima de nuestra Constitución vigente, esto, dentro del territorio nacional.
Busqué alguna información y pondré parte del texto y las ligas correspondientes
Regulación constitucional
La Constitución mexicana vigente hace referencia a los tratados o convenciones internacionales en los artículos 15, 18, 76, fracción i; 89, fracción x; 177 y 133.
El artículo 15 restringe las facultades del poder ejecutivo y del senado para ce]ebrar tratados, facultades previstas en los artículos 89, fracción x, y 76, fracción 1. En su última parte desautoriza en forma generalizada la celebración de tratados que alteren las garantías o derechos del hombre. Esta restricción está encaminada
a la protección de la totalidad de los derechos civiles o individuales, así como de los derechos políticos o del ciudadano.
El artículo 18, en su último párrafo, prevé la celebración de tratados para efecto de llevar a cabo el llamado intercambio internacional de reos de nacionalidad mexicana o extranjeros.
Hasta 1993, México había celebrado convenios para ejecución de sentencias penales con Argentina, Belice, Bolivia, Canada, España, Estados Unidos de América y Panamá.
Por su parte, el artículo 117 establece una prohibición a las entidades federativas para celebrar "alianza, tratado, o coalición con otro estado o con potencias extranjeras".
Esta prohibición resulta congruente con la naturaleza jurídica del Estado federal mexicano, ya que los estados miembros carecen de personalidad jurídica para actuar como sujetos de derecho intemacional.
En relación con el orden de jerarquía que guardan las normas dentro del sistema jurídico constitucional el artículo 133 señala:
"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que esten de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados".
El último parrafo del artículo 133 constitucional nos lleva a plantear la siguiente interrogante: ¿deben aplicarse los tratados internaciona les indefectiblemente sobre las leyes locales?
Si en la práctica, al juez se le presenta la disyuntiva de tener que elegir entre una disposición estatal y una convención internacional que regulan una misma situación jurídica en forma contradictoria,
lo primero que deberá resolver es si de acuerdo con el articulo 133, está facultado para no aplicar el tratado.
De acuerdo con algunos autores, el juez debe aplicar el tratado internacional aún cuando este se encuentre en conflicto con las disposiciones locales.
En opinion del ministro Tena Ramírez: El juez común no puede definir, en un juicio ordinano, cual de las dos leyes provenientes de distintas jurisdicciones es la competente, para el efecto de no aplicar la ley de jurisdicción incompetente [ ... ] debe reducirse a respetar la presunción de constitucional del derecho federal, que
sólo puede ser destruida por un fallo de la justicia de la Unión.
El maestro Antonio Martinez Baez sostiene el criteno contrario. Para él: La obligación de los jueces locales, de no aplicar, en caso de oposición contradictoria, el derecho local sino la norma federal só1o existe de acuerdo con el mismo artículo 133, cuando la norma de grado más alto se ajusta a la Constitución del país, ya
que así lo exige el mismo precepto, al hablar de leyes que emanen de ella y de tratados que estén de acuerdo con la misma.
Al respecto, hemos sostenido el criterio de que el juez local debe aplicar la nonna que considere que esté de acuerdo con la Constitución. Si aplica la ley constitucional, a pesar de que se lleve el asunto al juicio de amparo, el fallo dictado por el juez del fuero común quedará firme, es decir, que por respeto al orden constitucional e inclusive por economía procesal, debe aplicarse la disposición que este de acuerdo con la carta magna.
Si relacionamos el artículo 133 constitucional, arriba transcrito, con el 124, también de la Constitución que establece un sistema de delegación expresa de facultades a los funcionarios federales y reserva para 1as entidades federativas las facultades que no sean expresamente concedidas a la federación-, se presenta el problema de si un tratado intemacional que contenga disposiciónes sobre materias de competencia local esta o no apegado a la Constitución.
Sobre este particular existen también opiniones opuestas; el licenciado Alejandro Vazquez Pando, por su parte, sostiene: El Ejecutivo federal si puede celebrar tratados internaciona1es en materias que esten reservadas a los estados de la federación, y que tales tratados sólo requieren de la aprobación del Senado, sin que sea necesaria la intervención de otro organo para que el Presidente pueda ratificarlos o adherirse a ellos a nivel internacional.
Algunos juristas, cuyo principal representante es Martinez Báez, sostienen la validez de los tratados internacionales celebrados en materias reservadas a los estados. Para ello se basan en los argumentos de la jurisprudencia estadounidense, la cual ha sostenido que las leyes del Congreso son ley suprema sólo cuando
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Someter a consulta popular iniciativas sobre Pemex, exige Castro y Castro
El Ejecutivo eligió una vía impertinente para contradecir la Constitución, afirma
Someter a consulta popular iniciativas sobre Pemex, exige Castro y Castro
■ Critica que se expidan “bonos ciudadanos” en vez de reinvertir utilidades en la paraestatal
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro sostuvo que antes de votar la propuesta de reforma de Felipe Calderón para abrir Pemex al capital privado, debe ser sometida a “consulta popular”, como indica la Constitución.
Al participar en el tercer foro de debate sobre las iniciativas en materia energética del Ejecutivo federal, afirmó que éste “ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución”, y recalcó que es necesaria una consulta a la opinión del pueblo, “a la soberanía popular”, porque “es ella titular exclusiva de las riquezas del subsuelo” y debe expresar “su parecer directo”.
Destacó que Calderón no propuso una reforma constitucional para evitar “un grave enfrentamiento social”, pero sí modificaciones inconstitucionales a leyes secundarias al pretender que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares.
Castro y Castro leyó el párrafo tercero del artículo 26 constitucional, que a la letra dice: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática.”
Explicó que de forma textual, la norma constitucional señala que es el propio Estado el que debe formular esa planeación, “recogiendo de los sectores sociales las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de desarrollo y, mediante tal procedimiento, imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al merecimiento de la economía, a la independencia y a la democracia política, social y cultural”.
Es decir, precisó el jurista, “por todo ello se entiende el por qué en tales condiciones sociales se contempla una participación auténtica del hecho, mediante una consulta directa a él, tomando nota el Estado programador de sus necesidades y de sus requerimientos, y plasmando con todo ello esos apoyos necesarios para la eficacia y la justicia del desarrollo nacional”.
De ahí que, “con lealtad” y “convicción”, planteó llevar a cabo esa consulta popular con el propósito de que el pueblo “pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre las iniciativas del Ejecutivo”, ya sea en el sentido de que se dicten las nuevas normas para el manejo del petróleo o se desechen.
El ex ministro de la Suprema Corte consideró que la consulta popular, prevista en el artículo 26 constitucional, debe llevarse a cabo antes de que se voten las iniciativas de Calderón, porque realizarla después de aprobadas se constituiría en un verdadero referendo, figura que no existe en la Carta Magna.
Castro y Castro reconoció que en forma inexplicable no se ha regulado esa consulta popular para cuestiones fundamentales del desarrollo nacional.
Después pidió que se legisle en forma adecuada el espíritu constitucional en el manejo de los recursos naturales, sobre todo en el de las áreas estratégicas, para llegar a la conclusión de que “el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo nunca puede quedar en manos y en control de intereses privados”.
De entrada, recordó que en sus tiempos de estudiante sus maestros le inculcaron el principio mayor de los abogados mexicanos: “Sobre la Constitución, nada; contra la Constitución nadie.”
Por eso, agregó, “imaginarán tanto mi desconcierto y mi estupor cuando en este mismo recinto se calificó a nuestra ley suprema de ser simplemente una mitología nacionalista, y al nacionalismo mismo el constituir una terca posición que impide el desarrollo del país”.
Esto, en alusión a lo expresado el jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, a quien no se refirió por su nombre, pero sí le respondió que “habrá que ilustrar a los mitólogos sobre qué es una nación y cómo defenderla viviendo tenazmente una cultura de la constitucionalidad”.
De acuerdo con los diccionarios, explicó, una mitología es una conjunción de mitos, y la Constitución no contiene mitos sino un pacto solemne realizado por la sociedad mexicana para establecer y defender un orden jurídico nacional. “O, dicho en los términos del artículo 133, es la ley suprema de toda la Unión.”
Lo que alarma, manifestó, no es “esa triste concepción interesada; lo que atemoriza es el mensaje implícito que lleva a aconsejar” a los mexicanos que prefieran la tecnología y los procedimientos de la industrialización “a las normas constitucionales anticuadas y obsoletas, y optar más provechosamente por lo utilitario”.
Las reformas, insistió, deben ser entendidas como “inconstitucionales, porque de aprobarse tal y como se propone se estaría autorizando y legitimando que Pemex maneje la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, como ocurre con todas las áreas estratégicas, sino involucrando en cualquier forma en su manejo al sector privado”.
Castro y Castro criticó que en las iniciativas de Calderón se proponga la expedición de “bonos ciudadanos” para permitir, según se afirma, un mejor desempeño de Pemex.
“Resulta al menos exótico que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que tiene Pemex, en vez de reinvertir sus utilidades en la empresa misma expida bonos en calidad de crédito.”
La Jornada
Someter a consulta popular iniciativas sobre Pemex, exige Castro y Castro
■ Critica que se expidan “bonos ciudadanos” en vez de reinvertir utilidades en la paraestatal
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro sostuvo que antes de votar la propuesta de reforma de Felipe Calderón para abrir Pemex al capital privado, debe ser sometida a “consulta popular”, como indica la Constitución.
Al participar en el tercer foro de debate sobre las iniciativas en materia energética del Ejecutivo federal, afirmó que éste “ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución”, y recalcó que es necesaria una consulta a la opinión del pueblo, “a la soberanía popular”, porque “es ella titular exclusiva de las riquezas del subsuelo” y debe expresar “su parecer directo”.
Destacó que Calderón no propuso una reforma constitucional para evitar “un grave enfrentamiento social”, pero sí modificaciones inconstitucionales a leyes secundarias al pretender que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares.
Castro y Castro leyó el párrafo tercero del artículo 26 constitucional, que a la letra dice: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática.”
Explicó que de forma textual, la norma constitucional señala que es el propio Estado el que debe formular esa planeación, “recogiendo de los sectores sociales las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de desarrollo y, mediante tal procedimiento, imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al merecimiento de la economía, a la independencia y a la democracia política, social y cultural”.
Es decir, precisó el jurista, “por todo ello se entiende el por qué en tales condiciones sociales se contempla una participación auténtica del hecho, mediante una consulta directa a él, tomando nota el Estado programador de sus necesidades y de sus requerimientos, y plasmando con todo ello esos apoyos necesarios para la eficacia y la justicia del desarrollo nacional”.
De ahí que, “con lealtad” y “convicción”, planteó llevar a cabo esa consulta popular con el propósito de que el pueblo “pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre las iniciativas del Ejecutivo”, ya sea en el sentido de que se dicten las nuevas normas para el manejo del petróleo o se desechen.
El ex ministro de la Suprema Corte consideró que la consulta popular, prevista en el artículo 26 constitucional, debe llevarse a cabo antes de que se voten las iniciativas de Calderón, porque realizarla después de aprobadas se constituiría en un verdadero referendo, figura que no existe en la Carta Magna.
Castro y Castro reconoció que en forma inexplicable no se ha regulado esa consulta popular para cuestiones fundamentales del desarrollo nacional.
Después pidió que se legisle en forma adecuada el espíritu constitucional en el manejo de los recursos naturales, sobre todo en el de las áreas estratégicas, para llegar a la conclusión de que “el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo nunca puede quedar en manos y en control de intereses privados”.
De entrada, recordó que en sus tiempos de estudiante sus maestros le inculcaron el principio mayor de los abogados mexicanos: “Sobre la Constitución, nada; contra la Constitución nadie.”
Por eso, agregó, “imaginarán tanto mi desconcierto y mi estupor cuando en este mismo recinto se calificó a nuestra ley suprema de ser simplemente una mitología nacionalista, y al nacionalismo mismo el constituir una terca posición que impide el desarrollo del país”.
Esto, en alusión a lo expresado el jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, a quien no se refirió por su nombre, pero sí le respondió que “habrá que ilustrar a los mitólogos sobre qué es una nación y cómo defenderla viviendo tenazmente una cultura de la constitucionalidad”.
De acuerdo con los diccionarios, explicó, una mitología es una conjunción de mitos, y la Constitución no contiene mitos sino un pacto solemne realizado por la sociedad mexicana para establecer y defender un orden jurídico nacional. “O, dicho en los términos del artículo 133, es la ley suprema de toda la Unión.”
Lo que alarma, manifestó, no es “esa triste concepción interesada; lo que atemoriza es el mensaje implícito que lleva a aconsejar” a los mexicanos que prefieran la tecnología y los procedimientos de la industrialización “a las normas constitucionales anticuadas y obsoletas, y optar más provechosamente por lo utilitario”.
Las reformas, insistió, deben ser entendidas como “inconstitucionales, porque de aprobarse tal y como se propone se estaría autorizando y legitimando que Pemex maneje la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, como ocurre con todas las áreas estratégicas, sino involucrando en cualquier forma en su manejo al sector privado”.
Castro y Castro criticó que en las iniciativas de Calderón se proponga la expedición de “bonos ciudadanos” para permitir, según se afirma, un mejor desempeño de Pemex.
“Resulta al menos exótico que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que tiene Pemex, en vez de reinvertir sus utilidades en la empresa misma expida bonos en calidad de crédito.”
La Jornada
El debate petrolero
jenaro villamil
México, D.F., 20 de mayo (apro).- Las tres complejas y ricas sesiones de debate en el Senado sobre la reforma petrolera han tenido dos puntos de disenso claros: las iniciativas de Calderón son privatizadoras y si violan la Constitución.
Es claro que existen dos bloques sin matices en este sentido. El único consenso creciente: la necesidad de una “segunda expropiación” de Pemex frente a la Secretaría de Hacienda resulta ser inútil por ahora, ya que el gobierno federal no acompañó sus iniciativas de una profunda reforma fiscal para liberar a la paraestatal de la extracción de recursos que ha hecho Hacienda, como apuntó David Ibarra Muñoz desde el primer día del debate.
Sobre la anticonstitucionalidad de las iniciativas presentadas por Calderón, este martes el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro no sólo afirmó que van en contra de los artículos 27 y 28 de la Constitución (éste último clave porque advierte que las áreas estratégicas, como el petróleo, deben estar en manos de la nación), sino que también es viable y necesaria una consulta popular para definir el futuro de una reforma de este calado.
A la argumentación del veterano ministro le siguió Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, quien detalló una lista de por lo menos ocho artículos constitucionales que son violentados en las cinco iniciativas enviadas por Calderón. Afirmó que éstas son “claramente privatizadoras”.
Arnaldo Córdova explicó que la figura nueva de “contratos de aprovechamiento” o de “beneficio” son contratos de riesgo prohibidos por la Constitución porque significan un usufructo de la explotación petrolera.
La contraparte en este debate, Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mario Alberto Becerra y, en menor medida, Arturo Zaldívar, afirmaron que no hay violación alguna a la Constitución y que pueden existir distintas interpretaciones a la prohibición tajante del artículo 27 constitucional.
Sin embargo, no han tenido argumentos contundentes para convencer por qué si la industria petrolera es definida como un área estratégica por la Constitución –distinta al área prioritaria, susceptible de ser privatizada o concesionada-- el sector de refinación, transporte, ductos y almacenamiento debe tener inversión de terceros o privados, nacionales o extranjeros.
Tampoco se ha aclarado por qué si México reservó todo su sector energético en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio, negociado en la era de Carlos Salinas de Gortari, ahora se pretende abrir este sector, algo que ni el “Innombrable” pudo realizar, aunque ganas no le faltaran.
Estos puntos son fundamentales para el futuro del debate. De la definición de si continuamos o no considerando al petróleo como un área estratégica, depende considerar si llegó o no el momento de privatizar parte de la industria petrolera o simplemente crear una confusión jurídica, política y económica que beneficiará sólo a quienes ven a nuestro petróleo como parte de sus reservas (léase Estados Unidos).
La semana pasada, el ingeniero Javier Jiménez Espriú se llevó la tarde con una exposición notable, en la que afirmó que el problema principal de las iniciativas de Calderón es que son intentos de simulación y de engaño. Pretenden negar lo que explícitamente proponen: abrir áreas claves del proceso de la industria petrolera.
Los defensores de la reforma calderonista no han sido muy afortunados porque no abundan ni resuelven el tema estratégico fundamental: bajo qué consideraciones jurídicas, históricas y económicas es necesario cambiar el candado expresado en el artículo 27 constitucional.
Aquí entraron en colisión las visiones históricas de Lorenzo Meyer, quien hizo una explicación clara y documentada sobre el valor del petróleo y el nacionalismo mexicano, y la de Héctor Aguilar Camín, quien se fue por la vía de la metáfora fácil al decir que el petróleo forma parte de nuestra “mitología nacionalista” y debemos cambiarla.
Más desafortunado aún fue el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien sólo alcanzó a definir como “pontífices del petróleo” a los opositores a las reformas calderonistas, pero no le agregó una idea sugestiva o convincente a las iniciativas. No sólo eso. Abandonó la plaza en la apertura de los debates.
Si ese gesto de Germán Martínez definirá la actitud del gobierno de Calderón, entonces el debate será ganado por los opositores, a menos de que alguien pueda argumentar sensatamente y no con desplantes de autosuficiencia tecnocrática –como los de Carlos Elizondo Mayer Serra-- que las restricciones y alcances de la Constitución en materia de petróleo siguen siendo vigentes para una nación dependiente como México.
jenarovi@yahoo.com.mx
Proceso
México, D.F., 20 de mayo (apro).- Las tres complejas y ricas sesiones de debate en el Senado sobre la reforma petrolera han tenido dos puntos de disenso claros: las iniciativas de Calderón son privatizadoras y si violan la Constitución.
Es claro que existen dos bloques sin matices en este sentido. El único consenso creciente: la necesidad de una “segunda expropiación” de Pemex frente a la Secretaría de Hacienda resulta ser inútil por ahora, ya que el gobierno federal no acompañó sus iniciativas de una profunda reforma fiscal para liberar a la paraestatal de la extracción de recursos que ha hecho Hacienda, como apuntó David Ibarra Muñoz desde el primer día del debate.
Sobre la anticonstitucionalidad de las iniciativas presentadas por Calderón, este martes el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro no sólo afirmó que van en contra de los artículos 27 y 28 de la Constitución (éste último clave porque advierte que las áreas estratégicas, como el petróleo, deben estar en manos de la nación), sino que también es viable y necesaria una consulta popular para definir el futuro de una reforma de este calado.
A la argumentación del veterano ministro le siguió Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, quien detalló una lista de por lo menos ocho artículos constitucionales que son violentados en las cinco iniciativas enviadas por Calderón. Afirmó que éstas son “claramente privatizadoras”.
Arnaldo Córdova explicó que la figura nueva de “contratos de aprovechamiento” o de “beneficio” son contratos de riesgo prohibidos por la Constitución porque significan un usufructo de la explotación petrolera.
La contraparte en este debate, Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mario Alberto Becerra y, en menor medida, Arturo Zaldívar, afirmaron que no hay violación alguna a la Constitución y que pueden existir distintas interpretaciones a la prohibición tajante del artículo 27 constitucional.
Sin embargo, no han tenido argumentos contundentes para convencer por qué si la industria petrolera es definida como un área estratégica por la Constitución –distinta al área prioritaria, susceptible de ser privatizada o concesionada-- el sector de refinación, transporte, ductos y almacenamiento debe tener inversión de terceros o privados, nacionales o extranjeros.
Tampoco se ha aclarado por qué si México reservó todo su sector energético en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio, negociado en la era de Carlos Salinas de Gortari, ahora se pretende abrir este sector, algo que ni el “Innombrable” pudo realizar, aunque ganas no le faltaran.
Estos puntos son fundamentales para el futuro del debate. De la definición de si continuamos o no considerando al petróleo como un área estratégica, depende considerar si llegó o no el momento de privatizar parte de la industria petrolera o simplemente crear una confusión jurídica, política y económica que beneficiará sólo a quienes ven a nuestro petróleo como parte de sus reservas (léase Estados Unidos).
La semana pasada, el ingeniero Javier Jiménez Espriú se llevó la tarde con una exposición notable, en la que afirmó que el problema principal de las iniciativas de Calderón es que son intentos de simulación y de engaño. Pretenden negar lo que explícitamente proponen: abrir áreas claves del proceso de la industria petrolera.
Los defensores de la reforma calderonista no han sido muy afortunados porque no abundan ni resuelven el tema estratégico fundamental: bajo qué consideraciones jurídicas, históricas y económicas es necesario cambiar el candado expresado en el artículo 27 constitucional.
Aquí entraron en colisión las visiones históricas de Lorenzo Meyer, quien hizo una explicación clara y documentada sobre el valor del petróleo y el nacionalismo mexicano, y la de Héctor Aguilar Camín, quien se fue por la vía de la metáfora fácil al decir que el petróleo forma parte de nuestra “mitología nacionalista” y debemos cambiarla.
Más desafortunado aún fue el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien sólo alcanzó a definir como “pontífices del petróleo” a los opositores a las reformas calderonistas, pero no le agregó una idea sugestiva o convincente a las iniciativas. No sólo eso. Abandonó la plaza en la apertura de los debates.
Si ese gesto de Germán Martínez definirá la actitud del gobierno de Calderón, entonces el debate será ganado por los opositores, a menos de que alguien pueda argumentar sensatamente y no con desplantes de autosuficiencia tecnocrática –como los de Carlos Elizondo Mayer Serra-- que las restricciones y alcances de la Constitución en materia de petróleo siguen siendo vigentes para una nación dependiente como México.
jenarovi@yahoo.com.mx
Proceso
Propone Juventino Castro consulta popular para la reforma energética
jenaro villamil
* Jaime Cárdenas y Arnaldo Córdova aseguran que la propuesta de Calderón viola la Constitución
* Fix Fierro, Zaldívar Lelo y Becerra Pocoroba discrepan y apoyan la iniciativa
México, D.F., 20 de mayo (apro).- El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro, afirmó hoy que las iniciativas sobre la reforma energética propuestas por el Ejecutivo federal “forzosamente requieren consulta a la soberanía popular”.
Durante la tercera sesión del debate sobre la reforma energética, las posiciones del exministro Castro y Castro, así como las del exconsejero del Instituto Federal Electoral, Jaime Cárdenas, y del investigador Arnaldo Córdova, se confrontaron con las de los juristas Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Alejandro Zaldívar Lelo de Larrea, del Instituto Mexicano de Derecho Procesal; y de Mario Becerra Pocoroba, de la Escuela Libre de Derecho.
Durante la sesión, Castro, Cárdenas y Córdova consideraron que las propuestas de Calderón son inconstitucionales, mientras que Fix Fierro, Zaldívar Lelo y Becerra Pocoroba afirmaron que no se violan los preceptos de la carta magna y que, en todo caso, es “interpretable” el texto del artículo 27 constitucional.
El exministro de la Suprema Corte colocó en el debate el tema de la consulta popular, y afirmó que cualquier reforma “que pretenda que un área estratégica admita intervención de particulares, debe ser considerada como anticonstitucional”.
Recordó que la Constitución sí permite inversión privada en áreas prioritarias, pero no en las estratégicas, incluyendo el petróleo, según los artículos 27 y 28 constitucionales.
La soberanía popular es la dueña del subsuelo y por lo tanto debe ser consultada antes de pensar en modificar la ley, sostuvo el jurista.
Castro deslizó, incluso, la posibilidad de una rebelión social: Afirmó que “si se hubiera intentado modificar la Constitución, ciertamente pondríamos en peligro la paz social del país”. Señaló que en las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal existe “un deliberado proceso de introducir confusión entre las áreas estratégicas y prioritarias”.
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia también calificó de “exóticos” los “bonos ciudadanos” propuestos por Calderón, ya que “una empresa estatal con tan inmensos beneficios, en vez de ordenar que se reinviertan en la empresa, expida bonos para su beneficio”.
También consideró “impertinente” la vía escogida por Calderón para sus reformas. Por ello, argumentó se debe convocar a una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes definan si se debe o no abrir la inversión privada en refinación, transporte y gasoductos.
Por su parte, el exconsejero del IFE, Jaime Cárdenas, enumeró diez razones para argumentar que la reforma energética calderonista es privatizadora; y consideró que las iniciativas violan los artículos 27, 25, 28 y 163 constitucionales, mientras que el investigador Arnaldo Córdova, quien coincidió en la inconstitucionalidad de las iniciativas, afirmó que los contratos de desempeño que se proponen son similares a los contratos de riesgo.
El doctor en Ciencias Políticas, Arnaldo Córdova, fue mucho más duro con los otros participantes en el debate, al afirmar que la explotación del petróleo incluye todo el proceso productivo, no sólo la extracción. Por tanto, las áreas que se abrirían a la inversión privada son anticonstitucionales.
“¿Qué es lo que no entienden con explotación?”, les preguntó Córdova. “Están confundiendo la explotación con el producto (el petróleo). La explotación acaba cuando se consuma el proceso de venta del producto”, afirmó.
Duro y directo, Córdova se enfrascó en una discusión con Alejandro Zaldívar, sobre los alcances de la Constitución como “pacto político” fundamental y no como norma jurídica. También trajo a colación las acusaciones de Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, quien tachó a los opositores de ser “pontífices del petróleo”.
“No somos pontífices del petróleo. Hasta ahora me entero que el petróleo es un dios”, afirmó irónico. “Somos ciudadanos que creemos que debemos emprender una nueva etapa en la impidamos que los únicos beneficiarios sean los mismos que concentran la riqueza”, sentenció.
Córdova se llevó el cronómetro de aplausos al insistir que la figura de contratos de desempeño son privatizadores, al traer a colación el fantasma del Pemexgate, mientras se endurecía el rostro del senador Francisco Labastida, excandidato presidencial priista involucrado en ese escándalo de financiamiento electoral, y reprocharle a los senadores que hubieran invitado a Héctor Aguilar Camín “que no es especialista”. “Mucho me temo que esto acabe en un diálogo de sordos”, afirmó.
Jaime Cárdenas fue el más puntual en sus críticas. Enlistó 10 razones que convierten a la reforma en privatizadora, a pesar de que se niegue desde el gobierno federal y citó 14 distintos artículos de las cinco iniciativas de Calderón que violan los preceptos constitucionales.
Además, afirmó que estas reformas abandonan las reservas que México hizo en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia de explotación de crudos. Arnaldo Córdova complementó esta posición leyendo la reserva de este capítulo.
Para Cárdenas, las reformas limitan las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública en materia de transparencia en Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que se concede a la paraestatal facultad para endeudarse, a pesar de que eso le corresponde definirlo al Congreso; y recordó que se propone que las adquisiciones se puedan hacer sin licitación pública.
Explicó que en los artículos 46, 47, 48 y 49 de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Pemex se establecen los contratos de desempeño, los cuales están prohibidos en el artículo 27 constitucional; además, no se cumplen los principios de “máxima publicidad” en materia de transparencia y se permite que se pueda acudir a tribunales extranjeros, violando el principio de área estratégica y soberana.
La crítica más dura de Jaime Cárdenas fue contra la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 porque “se propone reducir el concepto de área estratégica”, vaciando de contenidos el artículo 28 constitucional, pues propone, en el artículo 12, que en materia de permisos y contratos, las relaciones entre Pemex e inversionistas puedan regularse por el derecho privado, entre otros puntos.
“Se trata de cinco iniciativas completamente anticonstitucionales”, concluyó Jaime Cárdenas. “Son iniciativas concebidas desde una visión empresarial y neoliberal”, abundó.
A favor de las iniciativas
Alejandro Zaldívar Lelo de Larrea afirmó, por su parte, que “las iniciativas son constitucionales, pero perfectibles. Hay buenos argumentos, pero sería deseable enriquecerlas, para reducir los márgenes de anticonstitucionalidad, explicó.
Sobre el debate de la ley reglamentaria del artículo 27, el académico afirmó que no se debe perder de vista que dicho artículo hace una referencia específica a la ley reglamentaria. “Entonces tenemos que determinar cuál es el margen de acción de la ley reglamentaria. Hay dos limitaciones: concesiones y contratos.
“¿A qué tipo de contratos se refiere? Tendríamos que ser consecuentes y llevar hasta las últimas consecuencias su interpretación. Pemex no podría tener ningún contrato, ni siquiera para comprar lápices”, abundó Zaldívar.
Por su parte, Mario Becerra Pocoroba, de la Escuela Libre de Derecho, insistió en que debe darse una “interpretación flexible” a las prohibiciones del artículo 27 constitucional y que la determinación sobre las áreas estratégicas del país, le corresponde al Legislativo.
“El sector privado sí puede intervenir en las áreas industriales, siempre y cuando no sea propietario del petróleo ni realice actos jurídicos que le lleven a obtener renta petrolera”.
Para el responsable del postgrado de la Escuela Libre de Derecho, institución de donde egresó el presidente Felipe Calderón, es jurídicamente viable abrir la inversión en transporte, almacenamiento y distribución, así como en refinería. Las iniciativas otorgan “mayor certeza jurídica” y tienen “pleno sustento constitucional”, siempre y cuando el Estado sea el único que pueda obtener la renta petrolera que se derive de los mismos.
En contradicción con Arnaldo Córdova, Becerra Pocoroba consideró que los contratos de desempeño, establecidos en el artículo 46 de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Pemex, no son contratos de riesgo.
Por su parte, Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que todo texto constitucional es “interpretable”, por tanto, “quienes argumentan que son flagrantemente inconstitucionales no sólo dan a entender que sólo hay una interpretación única de la Constitución, sino que de manera consciente o inconsciente concluyen el debate antes de que inicie”.
Hizo una larga exposición para advertir que el término “explotación” de los hidrocarburos no excluye la participación de los privados, siempre y cuando la nación mantenga el control sobre el petróleo, que los particulares no obtengan un beneficio directo, sino a través de regulación.
El debate
En la primera sesión de respuestas y réplicas entre los participantes del debate jurídico, el tercero de los que organiza el Senado, Arturo Zaldívar le rebatió a Jaime Cárdenas la lista de violaciones que argumentó en su exposición y le indicó a Córdova que si bien la Constitución es un pacto político, también es un pacto jurídico que debe ser respetado.
Jaime Cárdenas debatió con Héctor Fix Fierro el término de “explotación” del petróleo. La explotación, afirmó, “tiene que conducirnos necesariamente a equivalente a la industria petrolera en todas sus fases”, no sólo limitado a la extracción. En este punto coincidió con Córdova.
También argumentó que es inadmisible colocar a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional como un texto definidor de la Constitución, e insistió en que los contratos llamados “de desempeño o de aprovechamiento”, contenidos en la iniciativa de Calderón, constituyen contratos de riesgo, prohibidos en la Constitución.
Sobre el tema de la interpretación constitucional, Juventino Castro y Castro reconoció que a la Constitución no se le puede dar sólo una lectura textual, sino también conocer sus intenciones.
“Para qué la Constitución estableció áreas prioritarias y áreas estratégicas? Las áreas prioritarias son las que hacen el desarrollo nacional. Las áreas estratégicas, como el petróleo, son un término militar. La intención de reservarlas para el Estado como exclusivas y de ejercicio directo es el bien de México”, expuso Castro y Castro.
Arnaldo Córdova, en franca oposición a Héctor Fix, calificó de “aberrante” decir que a la Constitución hay que interpretarla a partir de una ley secundaria.
Por su parte, Fix Fierro reconoció que mantiene diferencias con Cárdenas, Zaldívar y Arnaldo Córdova sobre los alcances de la interpretación de las normas constitucionales y criticó que consideran anticonstitucionales las reformas calderonistas por una “lectura literal” de la Constitución.
Proceso
* Jaime Cárdenas y Arnaldo Córdova aseguran que la propuesta de Calderón viola la Constitución
* Fix Fierro, Zaldívar Lelo y Becerra Pocoroba discrepan y apoyan la iniciativa
México, D.F., 20 de mayo (apro).- El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro, afirmó hoy que las iniciativas sobre la reforma energética propuestas por el Ejecutivo federal “forzosamente requieren consulta a la soberanía popular”.
Durante la tercera sesión del debate sobre la reforma energética, las posiciones del exministro Castro y Castro, así como las del exconsejero del Instituto Federal Electoral, Jaime Cárdenas, y del investigador Arnaldo Córdova, se confrontaron con las de los juristas Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Alejandro Zaldívar Lelo de Larrea, del Instituto Mexicano de Derecho Procesal; y de Mario Becerra Pocoroba, de la Escuela Libre de Derecho.
Durante la sesión, Castro, Cárdenas y Córdova consideraron que las propuestas de Calderón son inconstitucionales, mientras que Fix Fierro, Zaldívar Lelo y Becerra Pocoroba afirmaron que no se violan los preceptos de la carta magna y que, en todo caso, es “interpretable” el texto del artículo 27 constitucional.
El exministro de la Suprema Corte colocó en el debate el tema de la consulta popular, y afirmó que cualquier reforma “que pretenda que un área estratégica admita intervención de particulares, debe ser considerada como anticonstitucional”.
Recordó que la Constitución sí permite inversión privada en áreas prioritarias, pero no en las estratégicas, incluyendo el petróleo, según los artículos 27 y 28 constitucionales.
La soberanía popular es la dueña del subsuelo y por lo tanto debe ser consultada antes de pensar en modificar la ley, sostuvo el jurista.
Castro deslizó, incluso, la posibilidad de una rebelión social: Afirmó que “si se hubiera intentado modificar la Constitución, ciertamente pondríamos en peligro la paz social del país”. Señaló que en las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal existe “un deliberado proceso de introducir confusión entre las áreas estratégicas y prioritarias”.
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia también calificó de “exóticos” los “bonos ciudadanos” propuestos por Calderón, ya que “una empresa estatal con tan inmensos beneficios, en vez de ordenar que se reinviertan en la empresa, expida bonos para su beneficio”.
También consideró “impertinente” la vía escogida por Calderón para sus reformas. Por ello, argumentó se debe convocar a una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes definan si se debe o no abrir la inversión privada en refinación, transporte y gasoductos.
Por su parte, el exconsejero del IFE, Jaime Cárdenas, enumeró diez razones para argumentar que la reforma energética calderonista es privatizadora; y consideró que las iniciativas violan los artículos 27, 25, 28 y 163 constitucionales, mientras que el investigador Arnaldo Córdova, quien coincidió en la inconstitucionalidad de las iniciativas, afirmó que los contratos de desempeño que se proponen son similares a los contratos de riesgo.
El doctor en Ciencias Políticas, Arnaldo Córdova, fue mucho más duro con los otros participantes en el debate, al afirmar que la explotación del petróleo incluye todo el proceso productivo, no sólo la extracción. Por tanto, las áreas que se abrirían a la inversión privada son anticonstitucionales.
“¿Qué es lo que no entienden con explotación?”, les preguntó Córdova. “Están confundiendo la explotación con el producto (el petróleo). La explotación acaba cuando se consuma el proceso de venta del producto”, afirmó.
Duro y directo, Córdova se enfrascó en una discusión con Alejandro Zaldívar, sobre los alcances de la Constitución como “pacto político” fundamental y no como norma jurídica. También trajo a colación las acusaciones de Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, quien tachó a los opositores de ser “pontífices del petróleo”.
“No somos pontífices del petróleo. Hasta ahora me entero que el petróleo es un dios”, afirmó irónico. “Somos ciudadanos que creemos que debemos emprender una nueva etapa en la impidamos que los únicos beneficiarios sean los mismos que concentran la riqueza”, sentenció.
Córdova se llevó el cronómetro de aplausos al insistir que la figura de contratos de desempeño son privatizadores, al traer a colación el fantasma del Pemexgate, mientras se endurecía el rostro del senador Francisco Labastida, excandidato presidencial priista involucrado en ese escándalo de financiamiento electoral, y reprocharle a los senadores que hubieran invitado a Héctor Aguilar Camín “que no es especialista”. “Mucho me temo que esto acabe en un diálogo de sordos”, afirmó.
Jaime Cárdenas fue el más puntual en sus críticas. Enlistó 10 razones que convierten a la reforma en privatizadora, a pesar de que se niegue desde el gobierno federal y citó 14 distintos artículos de las cinco iniciativas de Calderón que violan los preceptos constitucionales.
Además, afirmó que estas reformas abandonan las reservas que México hizo en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia de explotación de crudos. Arnaldo Córdova complementó esta posición leyendo la reserva de este capítulo.
Para Cárdenas, las reformas limitan las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública en materia de transparencia en Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que se concede a la paraestatal facultad para endeudarse, a pesar de que eso le corresponde definirlo al Congreso; y recordó que se propone que las adquisiciones se puedan hacer sin licitación pública.
Explicó que en los artículos 46, 47, 48 y 49 de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Pemex se establecen los contratos de desempeño, los cuales están prohibidos en el artículo 27 constitucional; además, no se cumplen los principios de “máxima publicidad” en materia de transparencia y se permite que se pueda acudir a tribunales extranjeros, violando el principio de área estratégica y soberana.
La crítica más dura de Jaime Cárdenas fue contra la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 porque “se propone reducir el concepto de área estratégica”, vaciando de contenidos el artículo 28 constitucional, pues propone, en el artículo 12, que en materia de permisos y contratos, las relaciones entre Pemex e inversionistas puedan regularse por el derecho privado, entre otros puntos.
“Se trata de cinco iniciativas completamente anticonstitucionales”, concluyó Jaime Cárdenas. “Son iniciativas concebidas desde una visión empresarial y neoliberal”, abundó.
A favor de las iniciativas
Alejandro Zaldívar Lelo de Larrea afirmó, por su parte, que “las iniciativas son constitucionales, pero perfectibles. Hay buenos argumentos, pero sería deseable enriquecerlas, para reducir los márgenes de anticonstitucionalidad, explicó.
Sobre el debate de la ley reglamentaria del artículo 27, el académico afirmó que no se debe perder de vista que dicho artículo hace una referencia específica a la ley reglamentaria. “Entonces tenemos que determinar cuál es el margen de acción de la ley reglamentaria. Hay dos limitaciones: concesiones y contratos.
“¿A qué tipo de contratos se refiere? Tendríamos que ser consecuentes y llevar hasta las últimas consecuencias su interpretación. Pemex no podría tener ningún contrato, ni siquiera para comprar lápices”, abundó Zaldívar.
Por su parte, Mario Becerra Pocoroba, de la Escuela Libre de Derecho, insistió en que debe darse una “interpretación flexible” a las prohibiciones del artículo 27 constitucional y que la determinación sobre las áreas estratégicas del país, le corresponde al Legislativo.
“El sector privado sí puede intervenir en las áreas industriales, siempre y cuando no sea propietario del petróleo ni realice actos jurídicos que le lleven a obtener renta petrolera”.
Para el responsable del postgrado de la Escuela Libre de Derecho, institución de donde egresó el presidente Felipe Calderón, es jurídicamente viable abrir la inversión en transporte, almacenamiento y distribución, así como en refinería. Las iniciativas otorgan “mayor certeza jurídica” y tienen “pleno sustento constitucional”, siempre y cuando el Estado sea el único que pueda obtener la renta petrolera que se derive de los mismos.
En contradicción con Arnaldo Córdova, Becerra Pocoroba consideró que los contratos de desempeño, establecidos en el artículo 46 de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Pemex, no son contratos de riesgo.
Por su parte, Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que todo texto constitucional es “interpretable”, por tanto, “quienes argumentan que son flagrantemente inconstitucionales no sólo dan a entender que sólo hay una interpretación única de la Constitución, sino que de manera consciente o inconsciente concluyen el debate antes de que inicie”.
Hizo una larga exposición para advertir que el término “explotación” de los hidrocarburos no excluye la participación de los privados, siempre y cuando la nación mantenga el control sobre el petróleo, que los particulares no obtengan un beneficio directo, sino a través de regulación.
El debate
En la primera sesión de respuestas y réplicas entre los participantes del debate jurídico, el tercero de los que organiza el Senado, Arturo Zaldívar le rebatió a Jaime Cárdenas la lista de violaciones que argumentó en su exposición y le indicó a Córdova que si bien la Constitución es un pacto político, también es un pacto jurídico que debe ser respetado.
Jaime Cárdenas debatió con Héctor Fix Fierro el término de “explotación” del petróleo. La explotación, afirmó, “tiene que conducirnos necesariamente a equivalente a la industria petrolera en todas sus fases”, no sólo limitado a la extracción. En este punto coincidió con Córdova.
También argumentó que es inadmisible colocar a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional como un texto definidor de la Constitución, e insistió en que los contratos llamados “de desempeño o de aprovechamiento”, contenidos en la iniciativa de Calderón, constituyen contratos de riesgo, prohibidos en la Constitución.
Sobre el tema de la interpretación constitucional, Juventino Castro y Castro reconoció que a la Constitución no se le puede dar sólo una lectura textual, sino también conocer sus intenciones.
“Para qué la Constitución estableció áreas prioritarias y áreas estratégicas? Las áreas prioritarias son las que hacen el desarrollo nacional. Las áreas estratégicas, como el petróleo, son un término militar. La intención de reservarlas para el Estado como exclusivas y de ejercicio directo es el bien de México”, expuso Castro y Castro.
Arnaldo Córdova, en franca oposición a Héctor Fix, calificó de “aberrante” decir que a la Constitución hay que interpretarla a partir de una ley secundaria.
Por su parte, Fix Fierro reconoció que mantiene diferencias con Cárdenas, Zaldívar y Arnaldo Córdova sobre los alcances de la interpretación de las normas constitucionales y criticó que consideran anticonstitucionales las reformas calderonistas por una “lectura literal” de la Constitución.
Proceso
En Nueva York el petróleo rozó 130 dólares
Llega a 108.37 dólares el barril de crudo mexicano
Notimex y Reuters
Por primera vez en la historia el precio de la mezcla mexicana de petróleo alcanzó los 108.37 dólares por barril, 2.11 dólares más que la cotización previa, que continúa con la tendencia alcista internacional. Con este nuevo récord, suman 26 en lo que va del año, para arrojar una cotización 121.16 por ciento superior a la presupuestada por la Cámara de Diputados para 2008, que fijó en 49 dólares por barril.
Los elevados precios del crudo internacional han permitido que sólo en el primer trimestre del año el país obtuviera ingresos excedentes por 3 mil 833.5 millones de dólares, equivalente a 38 mil 458 millones de pesos.
Dado que el costo de extracción del crudo mexicano es de 4.5 dólares por barril, la renta petrolera para México es superior a los 100 dólares por barril, con ello se demuestra una vez más que Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa más rentable del mundo, reiteran analistas.
En el mercado internacional el precio del oro negro subió el martes a un máximo histórico cercano a los 130 dólares el barril, en medio de más preocupaciones sobre las ajustadas existencias mundiales y señales de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no agregará más suministros.
Los futuros del crudo estadunidense subieron 2.02 dólares, a 129.07 dólares el barril, luego de tocar un máximo de 129.60 dólares durante la sesión. Por su parte, el crudo Brent de Londres avanzó 2.78 dólares, para cerrar en 127.84 dólares por barril.
En Nueva York las acciones estadunidenses cerraron con fuertes pérdidas, luego que el precio del petróleo superó los 129 dólares por barril y una medida clave de la inflación subió más de lo esperado, lo que aumentó la preocupación por las perspectivas del gasto de los consumidores.
La Jornada
Notimex y Reuters
Por primera vez en la historia el precio de la mezcla mexicana de petróleo alcanzó los 108.37 dólares por barril, 2.11 dólares más que la cotización previa, que continúa con la tendencia alcista internacional. Con este nuevo récord, suman 26 en lo que va del año, para arrojar una cotización 121.16 por ciento superior a la presupuestada por la Cámara de Diputados para 2008, que fijó en 49 dólares por barril.
Los elevados precios del crudo internacional han permitido que sólo en el primer trimestre del año el país obtuviera ingresos excedentes por 3 mil 833.5 millones de dólares, equivalente a 38 mil 458 millones de pesos.
Dado que el costo de extracción del crudo mexicano es de 4.5 dólares por barril, la renta petrolera para México es superior a los 100 dólares por barril, con ello se demuestra una vez más que Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa más rentable del mundo, reiteran analistas.
En el mercado internacional el precio del oro negro subió el martes a un máximo histórico cercano a los 130 dólares el barril, en medio de más preocupaciones sobre las ajustadas existencias mundiales y señales de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no agregará más suministros.
Los futuros del crudo estadunidense subieron 2.02 dólares, a 129.07 dólares el barril, luego de tocar un máximo de 129.60 dólares durante la sesión. Por su parte, el crudo Brent de Londres avanzó 2.78 dólares, para cerrar en 127.84 dólares por barril.
En Nueva York las acciones estadunidenses cerraron con fuertes pérdidas, luego que el precio del petróleo superó los 129 dólares por barril y una medida clave de la inflación subió más de lo esperado, lo que aumentó la preocupación por las perspectivas del gasto de los consumidores.
La Jornada
BOLETIN DE PRENSA, de la Familia Pasta de Conchos
19 de mayo, México, DF
LOS HECHOS OCURRIDOS EL 15 DE MAYO EN PASTA DE CONCHOS
DEMUESTRAN QUE EL RESCATE ES VIABLE TECNICAMENTE
A 27 meses del siniestro ocurrido en la región carbonífera del norte de Coahuila, la organización civil Familia Pasta de Conchos, tiene evidencias de que el rescate es viable técnicamente, por lo que insistimos al gobierno federal que autorice una inspección ocular que determine en qué condiciones se encuentra la mina y cómo se revertirán para reiniciar el rescate detenido unilateralmente hace 13 meses por Industrial Minera México de Grupo México.
Partimos de los hechos ocurridos desde el pasado martes, 13 de mayo, cuando el Ing. Víctor Morales de IMMSA, nos anunció personalmente que iniciarían el proceso de sellado de la bocamina. Argumentó, el empleado de Minera México, que el gas metano estaba llegando a la bocamina y que era muy peligroso. El día jueves 15, efectivamente, los ingenieros, Fermín Espinoza y Ernesto Flores, se adentraron cuando menos
Queremos hacer público que la información de que disponemos, así como las imágenes videograbadas, prueban lo que tanto hemos dicho: que no existe ningún obstáculo técnico insalvable para que el rescate siga suspendido, ya que se puede ingresar a la mina.
Así que
Si se ha escudado el Secretario del Trabajo, Lic. Javier Lozano, desde el 5 de octubre del año 2007, en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico que concluyó: “las condiciones de seguridad e higiene que presenta
Además, conocemos el informe elaborado por el Ing. Arturo García Laborico, dirigido a los Ings. Arnoldo López y Fermín Espinoza, del 12 de Marzo del presente año, que reporta del 17 de febrero de
Informamos que desde el día 15 de mayo, las familias nos mantendremos frente a las instalaciones de la empresa para cuestionar que el sellado de la mina se lleve a cabo. No obstante que fuimos notificadas por el Encargado de Asuntos Sociales del Gobierno del Estado de Coahuila, Alejandro Torres, que la empresa se comunicó con el Secretario de Gobierno para denunciar que habíamos hecho destrozos, que teníamos tomada la mina y que habíamos impedido el ingreso de los trabajadores, y que se nos aseguró, por el mismo Sr. Torres, que “las acciones que tomaron la tarde del jueves podrían meterles en un problema que se castiga con la cárcel, esto en caso de que la empresa presente una denuncia ante las autoridades correspondientes”.
Ya que exigir que nos devuelvan los restos de nuestros familiares no constituye ningún delito, no toleraremos que pretendan penalizar el derecho que tenemos para demandarlo, tal como proclama
Por todo lo expuesto solicitamos:
a) A las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación, que ordenen a Industrial Minera México, ponga las condiciones para que nuestros peritos puedan hacer la inspección ocular que hemos solicitado desde principios de marzo;
b) Que la empresa Industrial Minera México, suspenda definitivamente las obras de sellado de la mina; y de manera inmediata, cambie el ventilador principal;
c) A
d) A las autoridades estatales y federales no caer en la tentación de la represión.
¡A UNA VOZ, RESCATE YA! FAMILIA PASTA DE CONCHOS
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL, RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERVICIOS Y ASESORÍA PARA
ACCION URGENTE: Amenazas de muerte en contra de defensora de Derechos Humanos, Lucha Castro coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
México DF a 19 de mayo de 2008
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación
Lic. José Reyes Baeza Terrazas
Gobernador Constitucional del Estado
Lic. Patricia Lucila González Rodriguez
Procuradora General de Justicia del Estado
de Chihuahua de chihuahua
Lic. Armendariz Gonzalez José Luìs
Presidente de
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Unidad de Derechos Humanos SEGOB
Dip. Emilio Gamboa Patrón
Presidente de
Política de
Sen. Santiago Creel Miranda
Presidente de
Política de
Santiago Cantón Louise Arbour
Secretario Ejecutivo de
HECHOS 1
La abogada defensora de derechos humanos Lucha CASTRO, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C, ha sido amenazada de muerte en dos ocasiones el miércoles 14 de mayo del
Estas amenazas se dan en el contexto de la ofensiva del Gobierno Federal contra los luchadores sociales en el Estado de Chihuahua y de la guerra entre las mafias (con la presencia del ejército mexicano) por el control de las plazas del Estado de Chihuahua. La abogada se ha pronunciado por la salida del ejército del Estado de Chihuahua.
Esta situación coloca a la organización en estado de alerta e incertidumbre ya que estas amenazas son directamente dirigidas para infligir temor, angustia y sentimiento de vulnerabilidad con el propósito de quebrar la resistencia física y moral.
Ante tales circunstancias, le exigimos al estado que de manera inmediata investigue quienes son los autores de estas amenazas, pues no puede permitir que se limiten las acciones de una organización defensores de derechos humanos, lo que redunda claramente en no cumplir con las obligaciones internacionaleses para garantizar la labor de las y los defensores de derechos humanos.
Del mismo modo, insistimos en la necesidad de que el estado mexicano garantice el derecho a la libertad de promover la protección y realización de los derechos humanos, y cumpla además con su compromiso de proteger a los defensores de derechos humanos tal como está previsto en: -
- los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 4 y 5 de
Recordamos que: “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos, como la ha establecido
i. Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías de seguridad jurídica e igualdad ante la ley de de la abogada y defensora de los derechos humanos, Lucha Castro.
ii. Con base al artículo 8 de
iii. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.
iv. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por
ATENTAMENTE
RED DE ALERTA TEMPRANA
Por las organizaciones,
Dr. Adrián Ramírez López, Presidente de
DIRECCIONES:
Mandar sus comunicaciones con titulo:
AU-022-2008-DEFENSORES-CHIHUAHUA con copia a enlace.limeddh@gmail.com
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 27891100
Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414
jcmourino@segob.gob.mx
Lic. José Reyes Baeza Terrzas
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua
Palacio del Gobierno
C. Almada 901, Col.Centro, CP, 31000
Teléfono 614 4293300
gobchih@prodigy.net.mx
Lic.Patricia Lucila González Rodríguez
Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua
Edificio de procuraduria
C. Vincente Guerrero 616, Col. Centro, CP, 31000
Teléfono 614 4293300
pagonzale@buzon.chihuahua.mx
Lic. Armendiz Gonzalez José Luís
Presidente de
Comision Estatal de Derechos Humanos,
C. Decima y mina 1000, Col. Centro, CP, 31000
Teléfono 614 2012990
cedhch@prodigy.net.mx
Dip. Emilio Gamboa Patrón
Av. Congreso de
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, CP, 15969, Mexico, DF
Tel. conmutador y pedir fax 56 28 13 00
Senador Santiago Creel Miranda
Torre Azul, Piso 20, Reforma 136
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México DF, 06600
Teléfono 53.45.30.00 Ext: 3042,3493, Fax 3527
screel@senado.gob.mx
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org
Luis Alfonso de Alba Góngora
Representante en México de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx
Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de
Humanos
cidhoea@oas.org
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