jenaro villamil
México, D.F., 20 de mayo (apro).- Las tres complejas y ricas sesiones de debate en el Senado sobre la reforma petrolera han tenido dos puntos de disenso claros: las iniciativas de Calderón son privatizadoras y si violan la Constitución.
Es claro que existen dos bloques sin matices en este sentido. El único consenso creciente: la necesidad de una “segunda expropiación” de Pemex frente a la Secretaría de Hacienda resulta ser inútil por ahora, ya que el gobierno federal no acompañó sus iniciativas de una profunda reforma fiscal para liberar a la paraestatal de la extracción de recursos que ha hecho Hacienda, como apuntó David Ibarra Muñoz desde el primer día del debate.
Sobre la anticonstitucionalidad de las iniciativas presentadas por Calderón, este martes el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro no sólo afirmó que van en contra de los artículos 27 y 28 de la Constitución (éste último clave porque advierte que las áreas estratégicas, como el petróleo, deben estar en manos de la nación), sino que también es viable y necesaria una consulta popular para definir el futuro de una reforma de este calado.
A la argumentación del veterano ministro le siguió Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, quien detalló una lista de por lo menos ocho artículos constitucionales que son violentados en las cinco iniciativas enviadas por Calderón. Afirmó que éstas son “claramente privatizadoras”.
Arnaldo Córdova explicó que la figura nueva de “contratos de aprovechamiento” o de “beneficio” son contratos de riesgo prohibidos por la Constitución porque significan un usufructo de la explotación petrolera.
La contraparte en este debate, Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mario Alberto Becerra y, en menor medida, Arturo Zaldívar, afirmaron que no hay violación alguna a la Constitución y que pueden existir distintas interpretaciones a la prohibición tajante del artículo 27 constitucional.
Sin embargo, no han tenido argumentos contundentes para convencer por qué si la industria petrolera es definida como un área estratégica por la Constitución –distinta al área prioritaria, susceptible de ser privatizada o concesionada-- el sector de refinación, transporte, ductos y almacenamiento debe tener inversión de terceros o privados, nacionales o extranjeros.
Tampoco se ha aclarado por qué si México reservó todo su sector energético en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio, negociado en la era de Carlos Salinas de Gortari, ahora se pretende abrir este sector, algo que ni el “Innombrable” pudo realizar, aunque ganas no le faltaran.
Estos puntos son fundamentales para el futuro del debate. De la definición de si continuamos o no considerando al petróleo como un área estratégica, depende considerar si llegó o no el momento de privatizar parte de la industria petrolera o simplemente crear una confusión jurídica, política y económica que beneficiará sólo a quienes ven a nuestro petróleo como parte de sus reservas (léase Estados Unidos).
La semana pasada, el ingeniero Javier Jiménez Espriú se llevó la tarde con una exposición notable, en la que afirmó que el problema principal de las iniciativas de Calderón es que son intentos de simulación y de engaño. Pretenden negar lo que explícitamente proponen: abrir áreas claves del proceso de la industria petrolera.
Los defensores de la reforma calderonista no han sido muy afortunados porque no abundan ni resuelven el tema estratégico fundamental: bajo qué consideraciones jurídicas, históricas y económicas es necesario cambiar el candado expresado en el artículo 27 constitucional.
Aquí entraron en colisión las visiones históricas de Lorenzo Meyer, quien hizo una explicación clara y documentada sobre el valor del petróleo y el nacionalismo mexicano, y la de Héctor Aguilar Camín, quien se fue por la vía de la metáfora fácil al decir que el petróleo forma parte de nuestra “mitología nacionalista” y debemos cambiarla.
Más desafortunado aún fue el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien sólo alcanzó a definir como “pontífices del petróleo” a los opositores a las reformas calderonistas, pero no le agregó una idea sugestiva o convincente a las iniciativas. No sólo eso. Abandonó la plaza en la apertura de los debates.
Si ese gesto de Germán Martínez definirá la actitud del gobierno de Calderón, entonces el debate será ganado por los opositores, a menos de que alguien pueda argumentar sensatamente y no con desplantes de autosuficiencia tecnocrática –como los de Carlos Elizondo Mayer Serra-- que las restricciones y alcances de la Constitución en materia de petróleo siguen siendo vigentes para una nación dependiente como México.
jenarovi@yahoo.com.mx
Proceso
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miércoles, 21 de mayo de 2008
domingo, 18 de mayo de 2008
Advierte Álvaro Delgado sobre la capacidad del Yunque para infiltrar hasta al PRD
javier ramírez
* Ni el movimiento de AMLO está exento, afirma
* Miembros de NI actúan “acompasadamente con la derecha en general”, asegura
Guadalajara, Jal., 16 de mayo (apro).- La organización clandestina El Yunque “es como la humedad; tiene esa capacidad de infiltrarse en organismos de todo tipo, y el PRD no está desprovisto de eso, ni siquiera el movimiento de resistencia civil que encabeza López Obrador”, advirtió el periodista Álvaro Delgado.
Durante su participación en el foro “El Estado laico en peligro”, efectuado el martes pasado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el periodista afirmó que los integrantes de la corriente Nueva Izquierda, que encabeza Jesús Ortega, “sin necesidad de ser miembros juramentados del Yunque, actúan acompasadamente con la derecha en general”.
“No son muy eficaces para otras cosas pero para apoderarse de la burocracia sí”, precisó el autor de La Ultraderecha en el podery El Ejército de Dios.
Organizado por el Movimiento Ciudadano, integrado por 36 agrupaciones, durante el foro Álvaro Delgado recordó que Jesús Ortega, quien a pesar de ser oriundo de Aguascalientes, en esa entidad el PRD, en 19 años, “no ha ganado jamás nada: ni un ayuntamiento, ni una diputación; es el partido del 7%”.
Ante un numeroso público que abarrotó el auditorio “Salvador Allende”, Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, señaló que la Constitución no es un manual de buenas maneras, “sino que garantiza derechos que es preciso defender de manera cotidiana”.
Agregó que en la medida en que las autoridades actúen con apego a las leyes, habrá paz pública y gobernabilidad; además, recordó que los ciudadanos tienen la obligación de llamarle la atención a la autoridad que viole la Constitución.
En ese contexto, dijo, “la actuación del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, no es un acto aislado, es ya un patrón de comportamiento de autoridades, particularmente de Acción Nacional; sólo que Emilio ha hecho ostentación y ha actuado de manera escandalosa, diferente a como lo han hecho otras autoridades a nivel federal, en los estados y en los municipios”.
Agregó que en ese comportamiento está muy clara la subordinación, en los tres niveles de gobierno, a la jerarquía de la Iglesia católica; el uso patrimonialista de los recursos públicos, y el propósito de acabar con el laicismo.
Delgado apuntó que llamar “gober piadoso” a Emilo González Márquez es un error, porque implica un acto de generosidad que él no merece. “En realidad es todo lo contrario: pérfido e intolerante, vulgar y frívolo, aspirante a autócrata: es un fantoche”, recalcó.
Dijo, además, que tanto el PAN como Felipe Calderón solapan al gobernador de Jalisco, y que “el sello de esta connivencia es la impunidad”.
El periodista comentó que los clericales del PAN son manipuladores que hacen creer “que el Estado laico es sinónimo de antirreligión, y peor aún, en el caso de México y de Jalisco, de anticatolicismo”, lo cual es falso, ya que el Estado laico garantiza la libertad religiosa y la protección de todas las creencias, remarcó.
Por su parte, la historiadora Elisa Cárdenas Ayala expuso, a partir de su especialidad, lo que llamó “el cordón umbilical” que aún mantiene el país desde la Independencia. Explicó que el nacimiento de México como nación “está marcado por una voluntad muy fuerte de emancipación política, por una voluntad de afirmación e independencia, y por la imposibilidad de cortar el cordón umbilical”.
Agregó que “quienes supieron romper políticamente con el Imperio, no tenían manera, pero tampoco la intención, de romper con la que era llamada ‘la religión de la patria’”.
En seguida leyó parte del acta constitutiva de la federación, de 1824, que en su artículo cuarto dice: La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.
“Eso explica, en parte, lo que hoy ocurre”, dijo.
En tanto que el también historiador Daniel Molina aseguró que “nadie, en su sano juicio, puede decir que en México existe persecución religiosa. Las iglesias, y en particular la Iglesia católica mexicana, disfruta en la actualidad de las mayores libertades que ha disfrutado en toda su historia”.
Indicó que el quiebre del Estado laico ocurrió con la reforma al artículo 130 que impuso Carlos Salinas. Fue él quien “le devolvió todo ese poderío que hoy la Iglesia trata de manipular tratando de llevarnos, otra vez, al enfrentamiento”, aseveró.
Molina expresó que cuando el Estado laico recibe la embestida del clero, “nosotros sentimos legítimamente que se está atacando nuestra libertad de conciencia”.
Proceso
* Ni el movimiento de AMLO está exento, afirma
* Miembros de NI actúan “acompasadamente con la derecha en general”, asegura
Guadalajara, Jal., 16 de mayo (apro).- La organización clandestina El Yunque “es como la humedad; tiene esa capacidad de infiltrarse en organismos de todo tipo, y el PRD no está desprovisto de eso, ni siquiera el movimiento de resistencia civil que encabeza López Obrador”, advirtió el periodista Álvaro Delgado.
Durante su participación en el foro “El Estado laico en peligro”, efectuado el martes pasado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el periodista afirmó que los integrantes de la corriente Nueva Izquierda, que encabeza Jesús Ortega, “sin necesidad de ser miembros juramentados del Yunque, actúan acompasadamente con la derecha en general”.
“No son muy eficaces para otras cosas pero para apoderarse de la burocracia sí”, precisó el autor de La Ultraderecha en el podery El Ejército de Dios.
Organizado por el Movimiento Ciudadano, integrado por 36 agrupaciones, durante el foro Álvaro Delgado recordó que Jesús Ortega, quien a pesar de ser oriundo de Aguascalientes, en esa entidad el PRD, en 19 años, “no ha ganado jamás nada: ni un ayuntamiento, ni una diputación; es el partido del 7%”.
Ante un numeroso público que abarrotó el auditorio “Salvador Allende”, Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, señaló que la Constitución no es un manual de buenas maneras, “sino que garantiza derechos que es preciso defender de manera cotidiana”.
Agregó que en la medida en que las autoridades actúen con apego a las leyes, habrá paz pública y gobernabilidad; además, recordó que los ciudadanos tienen la obligación de llamarle la atención a la autoridad que viole la Constitución.
En ese contexto, dijo, “la actuación del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, no es un acto aislado, es ya un patrón de comportamiento de autoridades, particularmente de Acción Nacional; sólo que Emilio ha hecho ostentación y ha actuado de manera escandalosa, diferente a como lo han hecho otras autoridades a nivel federal, en los estados y en los municipios”.
Agregó que en ese comportamiento está muy clara la subordinación, en los tres niveles de gobierno, a la jerarquía de la Iglesia católica; el uso patrimonialista de los recursos públicos, y el propósito de acabar con el laicismo.
Delgado apuntó que llamar “gober piadoso” a Emilo González Márquez es un error, porque implica un acto de generosidad que él no merece. “En realidad es todo lo contrario: pérfido e intolerante, vulgar y frívolo, aspirante a autócrata: es un fantoche”, recalcó.
Dijo, además, que tanto el PAN como Felipe Calderón solapan al gobernador de Jalisco, y que “el sello de esta connivencia es la impunidad”.
El periodista comentó que los clericales del PAN son manipuladores que hacen creer “que el Estado laico es sinónimo de antirreligión, y peor aún, en el caso de México y de Jalisco, de anticatolicismo”, lo cual es falso, ya que el Estado laico garantiza la libertad religiosa y la protección de todas las creencias, remarcó.
Por su parte, la historiadora Elisa Cárdenas Ayala expuso, a partir de su especialidad, lo que llamó “el cordón umbilical” que aún mantiene el país desde la Independencia. Explicó que el nacimiento de México como nación “está marcado por una voluntad muy fuerte de emancipación política, por una voluntad de afirmación e independencia, y por la imposibilidad de cortar el cordón umbilical”.
Agregó que “quienes supieron romper políticamente con el Imperio, no tenían manera, pero tampoco la intención, de romper con la que era llamada ‘la religión de la patria’”.
En seguida leyó parte del acta constitutiva de la federación, de 1824, que en su artículo cuarto dice: La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.
“Eso explica, en parte, lo que hoy ocurre”, dijo.
En tanto que el también historiador Daniel Molina aseguró que “nadie, en su sano juicio, puede decir que en México existe persecución religiosa. Las iglesias, y en particular la Iglesia católica mexicana, disfruta en la actualidad de las mayores libertades que ha disfrutado en toda su historia”.
Indicó que el quiebre del Estado laico ocurrió con la reforma al artículo 130 que impuso Carlos Salinas. Fue él quien “le devolvió todo ese poderío que hoy la Iglesia trata de manipular tratando de llevarnos, otra vez, al enfrentamiento”, aseveró.
Molina expresó que cuando el Estado laico recibe la embestida del clero, “nosotros sentimos legítimamente que se está atacando nuestra libertad de conciencia”.
Proceso
viernes, 16 de mayo de 2008
Desincorporación de Pemex
raciel garrido
México, D.F., 13 de mayo (apro).- Desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador –en el año 2005--, en su defensa que hizo él mismo ante el pleno de la Cámara de Diputados —en su papel de Jurado de Procedencia—, denunció la urgencia de los gobiernos neoliberales por “privatizar” el sector energético nacional (el término jurídico correcto es desincorporar, ya que aquél no existe en el lenguaje técnico-jurídico). El escenario actual es de carácter programático en la agenda de los gobiernos de derecha, misma que les impone el carácter neoliberal al que se adscriben en su forma de gobernar.
El Consenso de Washington (paradigma de los gobiernos neoliberales), en su punto ocho, ordena la “privatización” de las empresas estatales, o cualquier actividad que deba estar --según John Williamson (que es quien formuló estas recetas económicas para los países latinoamericanos en su trabajo llamado What Washington Means by Policy Reform “Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas”)--, expuesta a las fuerzas del mercado.
Es cierto. La urgencia de la actual administración federal por llevar a cabo esos planes salta a la vista, y cumplir con el recetario impuesto por ese dudoso consenso es el compromiso que adquirieron por llegar “haiga sido como haiga sido”. No es, pues, una ocurrencia del excandidato presidencial de izquierda la defensa del petróleo. Es una lucha que desde hace por lo menos cuatro años ha venido anunciando.
Podríamos hacer un análisis de las reformas a leyes secundarias que se proponen para “permitir” el falso “fortalecimiento” de la industria petrolera; pero, para cualquier estudiante de derecho, es de elemental conocimiento entender que las leyes secundarias no pueden estar contra los preceptos constitucionales. Es como si dijésemos que los Diez Mandamientos ordenan no matar, pero el Código Canónico establece que se puede matar un poquito; entonces ¿la Biblia pasa a segundo plano?
El artículo 28 de la carta magna, en su párrafo cuarto, señala: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.
El monopolio es una situación de mercado en que un solo vendedor controla la oferta de un producto, sin que exista competencia. La Constitución no designa como monopolio a la actividad que el Estado mexicano efectúa para operar empresas de su propiedad que intervienen en áreas estratégicas del desarrollo nacional, aun cuando sólo él tiene la obligación de llevar a cabo estas actividades, sino que las denomina como exclusivas, que es una forma técnica-jurídica de nombrar al monopolio estatal.
El artículo 27 constitucional, en su párrafo sexto, dispone: Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Esta norma constitucional refuta el argumento de que únicamente se modificarán leyes secundarias para efectuar lo que, absolutamente, la ley suprema prohíbe: celebrar contratos y concesiones en cuestiones energéticas.
En áreas estratégicas del desarrollo nacional, el Estado tiene la exclusividad de la explotación de esos productos y servicios. Tales áreas se refieren a las actividades que el Estado salvaguarda para sí, en aras de la protección de la soberanía nacional, es decir, son cuestiones que afectan directamente a la seguridad nacional. El petróleo, las telecomunicaciones, la generación de energía eléctrica, los puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, etcétera, son determinantes en estas cuestiones de seguridad nacional.
Un experto en temas de derecho administrativo de la UNAM, al hacer un estudio de derecho comparado, reveló que Francia incluye todos los aspectos enumerados, y muchos más, en sus áreas estratégicas. Sobre todo le da muchísima importancia a los puertos marítimos y aeropuertos (por la amarga experiencia que vivieron con la primera y segunda guerra mundial) y a sus energéticos.
Pero la ola de “privatizaciones” sigue adelante. Los gobiernos neoliberales tienen que adelgazar al obeso Estado mexicano, cueste lo que cueste. El siguiente paso será privatizar la procuración y administración de justicia, y pronto veremos algunos anuncios en este sentido: “se rentan jueces”.
Proceso
México, D.F., 13 de mayo (apro).- Desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador –en el año 2005--, en su defensa que hizo él mismo ante el pleno de la Cámara de Diputados —en su papel de Jurado de Procedencia—, denunció la urgencia de los gobiernos neoliberales por “privatizar” el sector energético nacional (el término jurídico correcto es desincorporar, ya que aquél no existe en el lenguaje técnico-jurídico). El escenario actual es de carácter programático en la agenda de los gobiernos de derecha, misma que les impone el carácter neoliberal al que se adscriben en su forma de gobernar.
El Consenso de Washington (paradigma de los gobiernos neoliberales), en su punto ocho, ordena la “privatización” de las empresas estatales, o cualquier actividad que deba estar --según John Williamson (que es quien formuló estas recetas económicas para los países latinoamericanos en su trabajo llamado What Washington Means by Policy Reform “Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas”)--, expuesta a las fuerzas del mercado.
Es cierto. La urgencia de la actual administración federal por llevar a cabo esos planes salta a la vista, y cumplir con el recetario impuesto por ese dudoso consenso es el compromiso que adquirieron por llegar “haiga sido como haiga sido”. No es, pues, una ocurrencia del excandidato presidencial de izquierda la defensa del petróleo. Es una lucha que desde hace por lo menos cuatro años ha venido anunciando.
Podríamos hacer un análisis de las reformas a leyes secundarias que se proponen para “permitir” el falso “fortalecimiento” de la industria petrolera; pero, para cualquier estudiante de derecho, es de elemental conocimiento entender que las leyes secundarias no pueden estar contra los preceptos constitucionales. Es como si dijésemos que los Diez Mandamientos ordenan no matar, pero el Código Canónico establece que se puede matar un poquito; entonces ¿la Biblia pasa a segundo plano?
El artículo 28 de la carta magna, en su párrafo cuarto, señala: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.
El monopolio es una situación de mercado en que un solo vendedor controla la oferta de un producto, sin que exista competencia. La Constitución no designa como monopolio a la actividad que el Estado mexicano efectúa para operar empresas de su propiedad que intervienen en áreas estratégicas del desarrollo nacional, aun cuando sólo él tiene la obligación de llevar a cabo estas actividades, sino que las denomina como exclusivas, que es una forma técnica-jurídica de nombrar al monopolio estatal.
El artículo 27 constitucional, en su párrafo sexto, dispone: Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Esta norma constitucional refuta el argumento de que únicamente se modificarán leyes secundarias para efectuar lo que, absolutamente, la ley suprema prohíbe: celebrar contratos y concesiones en cuestiones energéticas.
En áreas estratégicas del desarrollo nacional, el Estado tiene la exclusividad de la explotación de esos productos y servicios. Tales áreas se refieren a las actividades que el Estado salvaguarda para sí, en aras de la protección de la soberanía nacional, es decir, son cuestiones que afectan directamente a la seguridad nacional. El petróleo, las telecomunicaciones, la generación de energía eléctrica, los puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, etcétera, son determinantes en estas cuestiones de seguridad nacional.
Un experto en temas de derecho administrativo de la UNAM, al hacer un estudio de derecho comparado, reveló que Francia incluye todos los aspectos enumerados, y muchos más, en sus áreas estratégicas. Sobre todo le da muchísima importancia a los puertos marítimos y aeropuertos (por la amarga experiencia que vivieron con la primera y segunda guerra mundial) y a sus energéticos.
Pero la ola de “privatizaciones” sigue adelante. Los gobiernos neoliberales tienen que adelgazar al obeso Estado mexicano, cueste lo que cueste. El siguiente paso será privatizar la procuración y administración de justicia, y pronto veremos algunos anuncios en este sentido: “se rentan jueces”.
Proceso
El verdadero cartel
jenaro villamil
México, D.F., 15 de mayo (apro).- ¿Cuál es el verdadero cártel del narcotráfico en México? La pregunta resulta cada vez más pertinente en la medida que la historia de los últimos 30 años vuelve a reeditarse ahora con un costo en vidas cada vez más elevado: vendettas internas que provocan una situación de pánico social en Sinaloa, Guerrero y Ciudad Juárez; un discurso airado de Felipe Calderón que le reprocha con un “¡ya basta!” a los medios que cumplan con su principal función social: informar.
Un guión oculto se escribe y se difunde cada determinado tiempo para que creamos o percibamos que la guerra desatada se debe a un pleito al interior de la federación (la coalición de cárteles liderada por Joaquín El Chapo Guzmán, Arturo Beltrán Leyva y su familia, Vicente Carrillo Fuentes y los sobrevivientes del imperio del Señor de los Cielos) y algún otro grupo criminal.
Antes nos vendieron la versión de que se trataba de un pleito de La Federación en contra del cártel del Golfo, el emporio asentado en Nuevo Laredo, aliado con los Zetas y grupos regionales que controlan el trasiego de droga. Y en medio de estos enfrentamientos, la disputa histórica entre los Arellano Félix, dueños de la “ruta” de Tijuana, en contra de El Chapo Guzmán y el cártel de Juárez, la misma hipótesis que se difundió para explicar el asesinato a mansalva del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el crimen político en contra de Luis Donaldo Colosio, hace 14 años.
A pesar de estas versiones, la percepción social no cambia: el verdadero cártel está asentado sobre las estructuras gubernamentales, policiacas, militares y de poder económico –e incluso mediático-- que ha penetrado como la humedad hasta el corazón mismo del sistema mexicano y difícilmente se le enfrentará con bravatas discursivas, con un baño de sangre cada vez mayor o con operaciones policiaco-militares que resultan ser operativos encubiertos para “limpiar” las plazas a favor de algún capo, como está sucediendo en Ciudad Juárez.
Las autoridades policiacas insisten en vendernos historias de capos enfrentados, de redes criminales devenidas en sicarios, como si esta fuera la historia real del verdadero cartel mexicano. Algo similar ocurrió en Colombia. Tras la muerte del capo Pablo Escobar Gaviria y el desmantelamiento de sus rivales del cártel de Cali, resultó que el negocio del trasiego de la droga y los enormes volúmenes de recursos y la violencia consecuente no han disminuido.
La dinámica de cartelización está dominando prácticamente todos los ámbitos de la política y de la economía en el país. Los gobiernos estatales ya no se explican en función de su signo partidista, sino en relación con las “rutas” y los “capos” que protegen. Los grupos económicos confrontados –como los encabezados por Carlos Slim y Roberto Hernández-- actúan bajo la lógica de cárteles ahora expandidos al negocio de las telecomunicaciones.
Incluso, al interior de los partidos políticos –léase la guerra permanente de las “tribus” del PRD-- cada grupo actúa como una banda que controla, al igual que los cárteles, su propio territorio, sus clientelas, su estructura burocrática y millonarios recursos. Hasta las estructuras de la jerarquía católica actúan bajo la lógica de capos, cárteles y territorios. Los expresidentes del país, como los casos recientes de Carlos Salinas y Vicente Fox, salen a escena con la parafernalia de capos que defienden sus espacios reales y simbólicos de poder.
¿Quiere decir esto que el comercio ilegal de la droga ha penetrado en todos los ámbitos de la vida nacional? No necesariamente. Más bien quiere decir que el narcopoder ha dejado su impronta en una forma de cultura política y de normalización de la ilegalidad y la impunidad que constituyen la amenaza más profunda. Hay una especie de “victoria cultural” del narcotráfico frente a la derrota de la transición democrática mexicana. Esto es lo más preocupante.
El verdadero cártel al que nos enfrentamos no se agota en el nombre de un capo. Ni siquiera es fácil ubicar un rostro o un nombre que domine toda la complejidad de este negocio ilegal. El verdadero cartel son nuestras estructuras de poder enfrentadas ahora en una guerra cada vez más abierta y violenta.
El desenlace de esta guerra no es difícil de predecir: una crisis política mayor y la ausencia de salidas inmediatas, menos si se basan sólo en el uso de la fuerza militar.
jenarovi@yahoo.com.mx
Proceso
México, D.F., 15 de mayo (apro).- ¿Cuál es el verdadero cártel del narcotráfico en México? La pregunta resulta cada vez más pertinente en la medida que la historia de los últimos 30 años vuelve a reeditarse ahora con un costo en vidas cada vez más elevado: vendettas internas que provocan una situación de pánico social en Sinaloa, Guerrero y Ciudad Juárez; un discurso airado de Felipe Calderón que le reprocha con un “¡ya basta!” a los medios que cumplan con su principal función social: informar.
Un guión oculto se escribe y se difunde cada determinado tiempo para que creamos o percibamos que la guerra desatada se debe a un pleito al interior de la federación (la coalición de cárteles liderada por Joaquín El Chapo Guzmán, Arturo Beltrán Leyva y su familia, Vicente Carrillo Fuentes y los sobrevivientes del imperio del Señor de los Cielos) y algún otro grupo criminal.
Antes nos vendieron la versión de que se trataba de un pleito de La Federación en contra del cártel del Golfo, el emporio asentado en Nuevo Laredo, aliado con los Zetas y grupos regionales que controlan el trasiego de droga. Y en medio de estos enfrentamientos, la disputa histórica entre los Arellano Félix, dueños de la “ruta” de Tijuana, en contra de El Chapo Guzmán y el cártel de Juárez, la misma hipótesis que se difundió para explicar el asesinato a mansalva del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el crimen político en contra de Luis Donaldo Colosio, hace 14 años.
A pesar de estas versiones, la percepción social no cambia: el verdadero cártel está asentado sobre las estructuras gubernamentales, policiacas, militares y de poder económico –e incluso mediático-- que ha penetrado como la humedad hasta el corazón mismo del sistema mexicano y difícilmente se le enfrentará con bravatas discursivas, con un baño de sangre cada vez mayor o con operaciones policiaco-militares que resultan ser operativos encubiertos para “limpiar” las plazas a favor de algún capo, como está sucediendo en Ciudad Juárez.
Las autoridades policiacas insisten en vendernos historias de capos enfrentados, de redes criminales devenidas en sicarios, como si esta fuera la historia real del verdadero cartel mexicano. Algo similar ocurrió en Colombia. Tras la muerte del capo Pablo Escobar Gaviria y el desmantelamiento de sus rivales del cártel de Cali, resultó que el negocio del trasiego de la droga y los enormes volúmenes de recursos y la violencia consecuente no han disminuido.
La dinámica de cartelización está dominando prácticamente todos los ámbitos de la política y de la economía en el país. Los gobiernos estatales ya no se explican en función de su signo partidista, sino en relación con las “rutas” y los “capos” que protegen. Los grupos económicos confrontados –como los encabezados por Carlos Slim y Roberto Hernández-- actúan bajo la lógica de cárteles ahora expandidos al negocio de las telecomunicaciones.
Incluso, al interior de los partidos políticos –léase la guerra permanente de las “tribus” del PRD-- cada grupo actúa como una banda que controla, al igual que los cárteles, su propio territorio, sus clientelas, su estructura burocrática y millonarios recursos. Hasta las estructuras de la jerarquía católica actúan bajo la lógica de capos, cárteles y territorios. Los expresidentes del país, como los casos recientes de Carlos Salinas y Vicente Fox, salen a escena con la parafernalia de capos que defienden sus espacios reales y simbólicos de poder.
¿Quiere decir esto que el comercio ilegal de la droga ha penetrado en todos los ámbitos de la vida nacional? No necesariamente. Más bien quiere decir que el narcopoder ha dejado su impronta en una forma de cultura política y de normalización de la ilegalidad y la impunidad que constituyen la amenaza más profunda. Hay una especie de “victoria cultural” del narcotráfico frente a la derrota de la transición democrática mexicana. Esto es lo más preocupante.
El verdadero cártel al que nos enfrentamos no se agota en el nombre de un capo. Ni siquiera es fácil ubicar un rostro o un nombre que domine toda la complejidad de este negocio ilegal. El verdadero cartel son nuestras estructuras de poder enfrentadas ahora en una guerra cada vez más abierta y violenta.
El desenlace de esta guerra no es difícil de predecir: una crisis política mayor y la ausencia de salidas inmediatas, menos si se basan sólo en el uso de la fuerza militar.
jenarovi@yahoo.com.mx
Proceso
Propone Sheinbaum un Comité Anticorrupción en Pemex; Muñoz Ledo y Aguilar Camín protagonizan intenso debate histórico
Jiménez Espriú: “Sin salvavidas, se busca un tesoro en aguas profundas”
jenaro villamil
* Propone Sheinbaum un Comité Anticorrupción en Pemex; Muñoz Ledo y Aguilar Camín protagonizan intenso debate histórico
México, D.F., 15 de mayo (apro).- “Nos engañaron antes con la amenaza y nos quieren engañar ahora con el disfraz de los contratos de riesgo”, sentenció Javier Jiménez Espriú, exsubdirector de Finanzas de Pemex durante la intervención más aplaudida en la segunda jornada de debates sobre la reforma energética organizada en el Senado.
En el encuentro también participaron Claudia Sheinbaum, quien propuso un Comité Anticorrupción en la paraestatal; Porfirio Muñoz Ledo, quien sostuvo un intenso debate histórico con el escritor Héctor Aguilar Camín, así como los académicos Luis Rubio, Javier Beristáin y Arturo Fernández Pérez, que apoyaron las iniciativas enviadas por el presidente Felipe Calderón.
Con una amplia experiencia dentro de Pemex, Jiménez Espriú, también exdirector de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, advirtió que “sí se puede contratar la tecnología sin compartir una sola molécula de hidrocarburo”.
Y alertó contra la autorización de “los contratos de riesgo en las iniciativas”, pues a ello se sumaría el agravante de “la discrecionalidad del régimen especial propuesto, (factores) que inclinan la balanza a favor de los consorcios multinacionales, dueños del dinero”.
Jiménez Espriú insistió en que “hemos dicho desde hace mucho que la moderna tecnología de la dependencia es caer en la dependencia de la tecnología. Y nosotros parece que nos queremos lanzar a las profundidades del océano en búsqueda de nuestro tesoro sin nuestro propio salvavidas”.
Esta última frase arrancó prolongados aplausos entre los legisladores presentes y los invitados, incluyendo a los exsenadores priistas Manuel Bartlett, Dulce María Sauri, así como de funcionarios e ingenieros de Petróleos Mexicanos.
Jiménez Espriú sintetizó así el proceso de reforma energética impulsada por el gobierno federal:
“La propuesta de reforma desde el diagnóstico es insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política”.
La primera ronda de intervenciones comenzó con Claudia Sheinbaum, doctora en ingeniería energética y representante del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador. Advirtió que su propuesta era “radicalmente distinta” a lo que se propone en las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal.
Sheinbaum detalló los cinco ejes de la reforma propuesta: reintegrar a Pemex en una sola entidad y no dividida en subsidiarias y filiales, como ahora; canalizar los cerca de 20 mil millones de dólares de excedente a Pemex y que el Estado asuma la deuda de Pidiregas, y fortalecer las áreas estratégicas de la paraestatal.
Además, atender el problema de contaminación del gas y crudo con nitrógeno, situación que ha originado el cierre de al menos 80 pozos, lo que implica una pérdida de 500 mil barriles de crudo diario; fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en la producción y uso de energía vinculados a Pemex, y garantizar el funcionamiento de un Comité Anticorrupción.
Sobre este último punto, Sheinbaum señaló que no sirve copiar modelos de rendición de cuentas y de gobierno empresarial, tal como lo propone la iniciativa de Calderón.
Por ello, se propone el Comité Anticorrupción, que deberá ser integrado con ciudadanos mexicanos “con los antecedentes profesionales y éticos suficientes que le den plena independencia de criterio de Pemex y del Ejecutivo. Su nombramiento debe recaer en el Congreso, en forma consensuada, y formalizarse a través de un riguroso proceso de selección”.
Invitado por los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), Porfirio Muñoz Ledo destacó que desde 1976 a la fecha se agudizó la crisis del modelo energético.
Participante del gabinete de los expresidentes Luis Echeverría y José López Portillo, Muñoz Ledo advirtió que “el cambio dramático de la política petrolera del país obedeció a un espejismo, a alguna trampa y a un voluntarismo que llevó a un círculo vicioso entre ‘petrolismo’ y presidencialismo”.
Opositor también a las iniciativas calderonistas, Muñoz Ledo calificó de “operación roedora” el intento de privatizar las áreas de Pemex.
“Aquí se junta el hambre con las ganas de comer, el hambre energética de las grandes potencias con las ganas de comerse los negocios de una parte considerable de la clase política”, sostuvo Muñoz Ledo.
El también excandidato presidencial y exintegrante del Consejo de Seguridad de la ONU coincidió con Sheinbaum en que la principal presión para aprobar la reforma energética se debe al peligro de una recesión económica en Estados Unidos, y citó luego un informe del Comité de Relaciones Exteriores de la nación vecina en el que se afirma:
“Estados Unidos debe enfocarse en promover una mayor producción petrolera en México, mediante la participación de las empresas privadas en ese país, como parte de una nueva política económica hemisférica”.
Muñoz Ledo concluyó que Calderón debe retirar sus iniciativas de ley, o el Congreso debe ignorarlas y dictaminar sin violar la Constitución.
Argumentos a favor de la reforma
Tocó al historiador y analista político Héctor Aguilar Camín hacer la defensa de las iniciativas de reforma energética, aunque previamente advirtió que no era especialista en el tema. Consideró que en el sector se deben romper dos “amarras”: la “mitología nacionalista” y “la debilidad fiscal del Estado”.
“La mitología nacionalista nos impide hablar del petróleo y de Pemex como lo que son, una materia prima y una empresa, no son más que eso”, afirmó Aguilar Camín.
En la segunda ronda, Sheinbaum le recordó al historiador que el petróleo no es “cualquier materia prima” y que Pemex constituye la principal empresa de la cual depende el desarrollo económico del país.
El autor de La guerra de Galio insistió en que si es necesario, que se cambie el artículo 27 constitucional para permitir los contratos de riesgo, y opinó además que las reformas calderonistas no conducen a la privatización.
Aguilar Camín deslizó que “hace rato que el petróleo en México está privatizado, parcialmente al menos, pues la inversión privada es clave para el funcionamiento de Pemex hoy. En mi opinión, la pregunta adecuada no es si deben haber o no contratos privados en Pemex, sino dónde y cómo”.
Coincidió con Javier Beristáin, economista y exrector del ITAM, y con el politólogo Luis Rubio, en que los principales problemas de Pemex son “la opacidad, la corrupción y la ineficiencia, no los contratos privados”.
Luis Rubio insistió en que la reforma calderonista es benéfica, porque coloca el acento en la “eficiencia”. El problema, afirmó, “no es quién se apropia de la renta petrolera sino cómo se invierte mejor”.
Y mencionó como ejemplos los casos de Petrobras y Stand Oil, de Noruega, como modelos a seguir en la autonomía de gestión para Pemex.
Beristáin Iturbide delimitó cinco principios para fortalecer la reforma energética. A pesar de su apoyo a las iniciativas calderonistas porque crean “un nuevo andamiaje institucional”, reconoció que “no es claro que las inversiones privadas sin una correcta regulación, sin una asignación de riesgo, es eficiente”.
Señaló que la “más importante” de las iniciativas es la reglamentaria del 27 constitucional, pues gracias a ella se permitirá el “aprovechamiento de las economías” de Pemex.
“El centro del debate de esta discusión es la apropiación del Estado en la llamada renta petrolera”, afirmó por su parte Arturo Fernández Pérez.
Indicó que lo más importante es mantener el control de la renta petrolera. Consideró que en las actividades de transporte, refinación y almacenamiento del petróleo “no hay renta petrolera”.
Mínimos consensos y reproches
Después de la primera parte del debate y réplica entre los ocho participantes de este segundo foro, Muñoz Ledo, Jiménez Espriú y Beristáin destacaron que una de las coincidencias más importantes fue impulsar la “segunda expropiación” de Pemex, pero frente a la Secretaría de Hacienda.
“Me encanta la propuesta de autonomía de gestión porque la primera expropiación fue frente a las empresas extranjeras, y ahora la segunda expropiación será de las garras de la Secretaría de Hacienda”, indicó Jiménez Espriú.
Claudia Sheinbaum y Muñoz Ledo le recordaron a Héctor Aguilar Camín que el petróleo no es cualquier materia prima y que los conflictos bélicos internacionales más importantes se han dado por el control de los recursos energéticos.
En respuesta a las propuestas de incluir reglas de transparencia y de rendición de cuentas, Muñoz Ledo replicó a Javier Beristáin y a Luis Rubio, que 90% de los casos de corrupción de Pemex se han generado por los contratos con las empresas privadas.
Aguilar Camín, en su respuesta a Muñoz Ledo, le dijo que él nunca ha estado en el gobierno y luego levantó la palma de su mano para reprocharle: “Porfirio, esto que ves aquí es un espejo”.
Muñoz Ledo le quiso responder en el acto, pero su micrófono carecía de sonido.
Proceso
jenaro villamil
* Propone Sheinbaum un Comité Anticorrupción en Pemex; Muñoz Ledo y Aguilar Camín protagonizan intenso debate histórico
México, D.F., 15 de mayo (apro).- “Nos engañaron antes con la amenaza y nos quieren engañar ahora con el disfraz de los contratos de riesgo”, sentenció Javier Jiménez Espriú, exsubdirector de Finanzas de Pemex durante la intervención más aplaudida en la segunda jornada de debates sobre la reforma energética organizada en el Senado.
En el encuentro también participaron Claudia Sheinbaum, quien propuso un Comité Anticorrupción en la paraestatal; Porfirio Muñoz Ledo, quien sostuvo un intenso debate histórico con el escritor Héctor Aguilar Camín, así como los académicos Luis Rubio, Javier Beristáin y Arturo Fernández Pérez, que apoyaron las iniciativas enviadas por el presidente Felipe Calderón.
Con una amplia experiencia dentro de Pemex, Jiménez Espriú, también exdirector de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, advirtió que “sí se puede contratar la tecnología sin compartir una sola molécula de hidrocarburo”.
Y alertó contra la autorización de “los contratos de riesgo en las iniciativas”, pues a ello se sumaría el agravante de “la discrecionalidad del régimen especial propuesto, (factores) que inclinan la balanza a favor de los consorcios multinacionales, dueños del dinero”.
Jiménez Espriú insistió en que “hemos dicho desde hace mucho que la moderna tecnología de la dependencia es caer en la dependencia de la tecnología. Y nosotros parece que nos queremos lanzar a las profundidades del océano en búsqueda de nuestro tesoro sin nuestro propio salvavidas”.
Esta última frase arrancó prolongados aplausos entre los legisladores presentes y los invitados, incluyendo a los exsenadores priistas Manuel Bartlett, Dulce María Sauri, así como de funcionarios e ingenieros de Petróleos Mexicanos.
Jiménez Espriú sintetizó así el proceso de reforma energética impulsada por el gobierno federal:
“La propuesta de reforma desde el diagnóstico es insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política”.
La primera ronda de intervenciones comenzó con Claudia Sheinbaum, doctora en ingeniería energética y representante del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador. Advirtió que su propuesta era “radicalmente distinta” a lo que se propone en las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal.
Sheinbaum detalló los cinco ejes de la reforma propuesta: reintegrar a Pemex en una sola entidad y no dividida en subsidiarias y filiales, como ahora; canalizar los cerca de 20 mil millones de dólares de excedente a Pemex y que el Estado asuma la deuda de Pidiregas, y fortalecer las áreas estratégicas de la paraestatal.
Además, atender el problema de contaminación del gas y crudo con nitrógeno, situación que ha originado el cierre de al menos 80 pozos, lo que implica una pérdida de 500 mil barriles de crudo diario; fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en la producción y uso de energía vinculados a Pemex, y garantizar el funcionamiento de un Comité Anticorrupción.
Sobre este último punto, Sheinbaum señaló que no sirve copiar modelos de rendición de cuentas y de gobierno empresarial, tal como lo propone la iniciativa de Calderón.
Por ello, se propone el Comité Anticorrupción, que deberá ser integrado con ciudadanos mexicanos “con los antecedentes profesionales y éticos suficientes que le den plena independencia de criterio de Pemex y del Ejecutivo. Su nombramiento debe recaer en el Congreso, en forma consensuada, y formalizarse a través de un riguroso proceso de selección”.
Invitado por los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), Porfirio Muñoz Ledo destacó que desde 1976 a la fecha se agudizó la crisis del modelo energético.
Participante del gabinete de los expresidentes Luis Echeverría y José López Portillo, Muñoz Ledo advirtió que “el cambio dramático de la política petrolera del país obedeció a un espejismo, a alguna trampa y a un voluntarismo que llevó a un círculo vicioso entre ‘petrolismo’ y presidencialismo”.
Opositor también a las iniciativas calderonistas, Muñoz Ledo calificó de “operación roedora” el intento de privatizar las áreas de Pemex.
“Aquí se junta el hambre con las ganas de comer, el hambre energética de las grandes potencias con las ganas de comerse los negocios de una parte considerable de la clase política”, sostuvo Muñoz Ledo.
El también excandidato presidencial y exintegrante del Consejo de Seguridad de la ONU coincidió con Sheinbaum en que la principal presión para aprobar la reforma energética se debe al peligro de una recesión económica en Estados Unidos, y citó luego un informe del Comité de Relaciones Exteriores de la nación vecina en el que se afirma:
“Estados Unidos debe enfocarse en promover una mayor producción petrolera en México, mediante la participación de las empresas privadas en ese país, como parte de una nueva política económica hemisférica”.
Muñoz Ledo concluyó que Calderón debe retirar sus iniciativas de ley, o el Congreso debe ignorarlas y dictaminar sin violar la Constitución.
Argumentos a favor de la reforma
Tocó al historiador y analista político Héctor Aguilar Camín hacer la defensa de las iniciativas de reforma energética, aunque previamente advirtió que no era especialista en el tema. Consideró que en el sector se deben romper dos “amarras”: la “mitología nacionalista” y “la debilidad fiscal del Estado”.
“La mitología nacionalista nos impide hablar del petróleo y de Pemex como lo que son, una materia prima y una empresa, no son más que eso”, afirmó Aguilar Camín.
En la segunda ronda, Sheinbaum le recordó al historiador que el petróleo no es “cualquier materia prima” y que Pemex constituye la principal empresa de la cual depende el desarrollo económico del país.
El autor de La guerra de Galio insistió en que si es necesario, que se cambie el artículo 27 constitucional para permitir los contratos de riesgo, y opinó además que las reformas calderonistas no conducen a la privatización.
Aguilar Camín deslizó que “hace rato que el petróleo en México está privatizado, parcialmente al menos, pues la inversión privada es clave para el funcionamiento de Pemex hoy. En mi opinión, la pregunta adecuada no es si deben haber o no contratos privados en Pemex, sino dónde y cómo”.
Coincidió con Javier Beristáin, economista y exrector del ITAM, y con el politólogo Luis Rubio, en que los principales problemas de Pemex son “la opacidad, la corrupción y la ineficiencia, no los contratos privados”.
Luis Rubio insistió en que la reforma calderonista es benéfica, porque coloca el acento en la “eficiencia”. El problema, afirmó, “no es quién se apropia de la renta petrolera sino cómo se invierte mejor”.
Y mencionó como ejemplos los casos de Petrobras y Stand Oil, de Noruega, como modelos a seguir en la autonomía de gestión para Pemex.
Beristáin Iturbide delimitó cinco principios para fortalecer la reforma energética. A pesar de su apoyo a las iniciativas calderonistas porque crean “un nuevo andamiaje institucional”, reconoció que “no es claro que las inversiones privadas sin una correcta regulación, sin una asignación de riesgo, es eficiente”.
Señaló que la “más importante” de las iniciativas es la reglamentaria del 27 constitucional, pues gracias a ella se permitirá el “aprovechamiento de las economías” de Pemex.
“El centro del debate de esta discusión es la apropiación del Estado en la llamada renta petrolera”, afirmó por su parte Arturo Fernández Pérez.
Indicó que lo más importante es mantener el control de la renta petrolera. Consideró que en las actividades de transporte, refinación y almacenamiento del petróleo “no hay renta petrolera”.
Mínimos consensos y reproches
Después de la primera parte del debate y réplica entre los ocho participantes de este segundo foro, Muñoz Ledo, Jiménez Espriú y Beristáin destacaron que una de las coincidencias más importantes fue impulsar la “segunda expropiación” de Pemex, pero frente a la Secretaría de Hacienda.
“Me encanta la propuesta de autonomía de gestión porque la primera expropiación fue frente a las empresas extranjeras, y ahora la segunda expropiación será de las garras de la Secretaría de Hacienda”, indicó Jiménez Espriú.
Claudia Sheinbaum y Muñoz Ledo le recordaron a Héctor Aguilar Camín que el petróleo no es cualquier materia prima y que los conflictos bélicos internacionales más importantes se han dado por el control de los recursos energéticos.
En respuesta a las propuestas de incluir reglas de transparencia y de rendición de cuentas, Muñoz Ledo replicó a Javier Beristáin y a Luis Rubio, que 90% de los casos de corrupción de Pemex se han generado por los contratos con las empresas privadas.
Aguilar Camín, en su respuesta a Muñoz Ledo, le dijo que él nunca ha estado en el gobierno y luego levantó la palma de su mano para reprocharle: “Porfirio, esto que ves aquí es un espejo”.
Muñoz Ledo le quiso responder en el acto, pero su micrófono carecía de sonido.
Proceso
jueves, 15 de mayo de 2008
Ecuador abre proceso contra Lucía Morett
de la redacción
* Planea solicitar a Nicaragua la extradición de la estudiante mexicana
México, D.F., 14 de mayo (apro).- El gobierno de Ecuador abrió un proceso contra la estudiante mexicana Lucía Morett, sobreviviente del ataque ecuatoriano contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por delitos contra la seguridad interior del Estado y su posible participación o promoción en organizaciones de guerrilla, grupos de combate o células terrorista.
El fiscal del caso, Firmar Gonzabaray, dijo a la prensa ecuatoriana que el gobierno de Rafael Correa analiza la posibilidad de solicitar la extradición” de la estudiante mexicana, quien pidió asilo en Nicaragua después de haber permanecido internada en un hospital de Quito.
Según una nota del diario El Comercio, Morett enfrentar cargos por su presunta relación con la guerrilla colombiana, aun cuando ella ha negado insistentemente las acusaciones y ha dicho que se encontraba en el campamento de las FARC realizando una investigación académica.
Junto con Morett fueron vinculadas al proceso las dos colombianas que también se salvaron de morir en el bombardeo del 1 de marzo, y quienes también recibieron protección de Managua, señaló Wirmar Gonzabay, fiscal de la provincia amazónica de Sucumbíos.
Las mujeres deberán responder en ausencia por delitos contra la seguridad interior del Estado y su posible participación o promoción en organizaciones de guerrilla, grupos de combate o células terroristas, explicó el funcionario, según el diario El Comercio.
"Es un proceso largo. Si hay auto de llamamiento a juicio se podría pedir la extradición de las tres mujeres", indicó Gonzabay. De ser halladas culpables podrían ser condenadas a 12 años de cárcel.
El fiscal formuló los cargos dos días después de que las colombianas Martha Pérez y Doris Torres viajaran asiladas a Nicaragua, tras permanecer internadas por poco más de dos meses en el hospital militar de Quito.
El 16 de abril Morett, quien también estuvo hospitalizada, se trasladó a Managua atendiendo un ofrecimiento de protección del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Antes de viajar negó cualquier vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), y aseguró que al momento del ataque se encontraba en el campamento rebelde realizando una investigación académica.
En la acción militar murieron 25 personas, incluidos el número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes, cuatro estudiantes mexicanos y un ecuatoriano. El ataque derivó en una severa crisis política que todavía mantiene rotas las relaciones entre Bogotá y Quito.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó a los gobiernos federal y capitalino, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de República (PGR) y a las comisiones de Derechos Humanos, nacional y local, a brindar a Morett todas las garantías consagradas en la Constitución.
Demandó garantizar que tanto la estudiante herida en Ecuador no será acosada, perseguida, amenazada u hostigada bajo el pretexto de ser testigo protegido o presencial.
Del mismo modo, la ALDF exigió a Felipe Calderón que urja al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el cese inmediato de las agresiones e imputaciones “irresponsables” contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El diputado perredista Salvador Martínez Della Roca, presidente de la Comisión de Educación de la ALDF, puntualizó que la pérdida de las vidas de los estudiantes asesinados en Ecuador por el ejército colombiano es irreparable, por lo que pidió al gobierno federal que exija a su homólogo colombiano una justa indemnización para las familias de los estudiantes Natalia Verónica Velásquez, Juan González, Fernando Franco y Soren Ulises Ávila que murieron durante la incursión armada colombiana.
Martínez Della Roca propuso también que en caso de no lograrse esta indemnización, el gobierno mexicano busque los mecanismos adecuados para otorgarla.
Leer nota
* Planea solicitar a Nicaragua la extradición de la estudiante mexicana
México, D.F., 14 de mayo (apro).- El gobierno de Ecuador abrió un proceso contra la estudiante mexicana Lucía Morett, sobreviviente del ataque ecuatoriano contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por delitos contra la seguridad interior del Estado y su posible participación o promoción en organizaciones de guerrilla, grupos de combate o células terrorista.
El fiscal del caso, Firmar Gonzabaray, dijo a la prensa ecuatoriana que el gobierno de Rafael Correa analiza la posibilidad de solicitar la extradición” de la estudiante mexicana, quien pidió asilo en Nicaragua después de haber permanecido internada en un hospital de Quito.
Según una nota del diario El Comercio, Morett enfrentar cargos por su presunta relación con la guerrilla colombiana, aun cuando ella ha negado insistentemente las acusaciones y ha dicho que se encontraba en el campamento de las FARC realizando una investigación académica.
Junto con Morett fueron vinculadas al proceso las dos colombianas que también se salvaron de morir en el bombardeo del 1 de marzo, y quienes también recibieron protección de Managua, señaló Wirmar Gonzabay, fiscal de la provincia amazónica de Sucumbíos.
Las mujeres deberán responder en ausencia por delitos contra la seguridad interior del Estado y su posible participación o promoción en organizaciones de guerrilla, grupos de combate o células terroristas, explicó el funcionario, según el diario El Comercio.
"Es un proceso largo. Si hay auto de llamamiento a juicio se podría pedir la extradición de las tres mujeres", indicó Gonzabay. De ser halladas culpables podrían ser condenadas a 12 años de cárcel.
El fiscal formuló los cargos dos días después de que las colombianas Martha Pérez y Doris Torres viajaran asiladas a Nicaragua, tras permanecer internadas por poco más de dos meses en el hospital militar de Quito.
El 16 de abril Morett, quien también estuvo hospitalizada, se trasladó a Managua atendiendo un ofrecimiento de protección del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Antes de viajar negó cualquier vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), y aseguró que al momento del ataque se encontraba en el campamento rebelde realizando una investigación académica.
En la acción militar murieron 25 personas, incluidos el número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes, cuatro estudiantes mexicanos y un ecuatoriano. El ataque derivó en una severa crisis política que todavía mantiene rotas las relaciones entre Bogotá y Quito.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó a los gobiernos federal y capitalino, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de República (PGR) y a las comisiones de Derechos Humanos, nacional y local, a brindar a Morett todas las garantías consagradas en la Constitución.
Demandó garantizar que tanto la estudiante herida en Ecuador no será acosada, perseguida, amenazada u hostigada bajo el pretexto de ser testigo protegido o presencial.
Del mismo modo, la ALDF exigió a Felipe Calderón que urja al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el cese inmediato de las agresiones e imputaciones “irresponsables” contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El diputado perredista Salvador Martínez Della Roca, presidente de la Comisión de Educación de la ALDF, puntualizó que la pérdida de las vidas de los estudiantes asesinados en Ecuador por el ejército colombiano es irreparable, por lo que pidió al gobierno federal que exija a su homólogo colombiano una justa indemnización para las familias de los estudiantes Natalia Verónica Velásquez, Juan González, Fernando Franco y Soren Ulises Ávila que murieron durante la incursión armada colombiana.
Martínez Della Roca propuso también que en caso de no lograrse esta indemnización, el gobierno mexicano busque los mecanismos adecuados para otorgarla.
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Aprueba Comité de la Cámara de Representantes 1,600 mdd para la Iniciativa Mérida
j. jesús esquivel
Washington, 14 de mayo (apro).- Después de un acalorado debate, en el que se puso en tela de juicio la integridad de las Fuerzas Armadas, policiales y del gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico, el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría en un voto oral, un paquete de mil 600 millones de dólares para financiar durante tres años la instrumentación de la llamada Iniciativa Mérida.
“La narcoviolencia en México no está solamente socavando la seguridad de nuestros amigos del sur, sino también alimentando el comercio de la droga y la violencia aquí en Estados Unidos”, declaró Eliot Engel, el representante demócrata de Nueva York y presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, después que se aprobó el paquete presupuestal para financiar a la Iniciativa Mérida.
En la sesión del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso federal estadunidense, se aclaró que un incentivo que provocó no sólo la aprobación de los fondos, sino el aumentarlos de mil 400 millones a mil 600 millones de dólares, fue el hecho de los recientes asesinatos de jefes policiacos en varios puntos de México.
“Los recientes eventos de México hacen a esta legislación más crucial que nunca”, subrayó el congresista de Nueva York.
Proceso
Washington, 14 de mayo (apro).- Después de un acalorado debate, en el que se puso en tela de juicio la integridad de las Fuerzas Armadas, policiales y del gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico, el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría en un voto oral, un paquete de mil 600 millones de dólares para financiar durante tres años la instrumentación de la llamada Iniciativa Mérida.
“La narcoviolencia en México no está solamente socavando la seguridad de nuestros amigos del sur, sino también alimentando el comercio de la droga y la violencia aquí en Estados Unidos”, declaró Eliot Engel, el representante demócrata de Nueva York y presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, después que se aprobó el paquete presupuestal para financiar a la Iniciativa Mérida.
En la sesión del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso federal estadunidense, se aclaró que un incentivo que provocó no sólo la aprobación de los fondos, sino el aumentarlos de mil 400 millones a mil 600 millones de dólares, fue el hecho de los recientes asesinatos de jefes policiacos en varios puntos de México.
“Los recientes eventos de México hacen a esta legislación más crucial que nunca”, subrayó el congresista de Nueva York.
Proceso
“Congela” Stefan Chidiac iniciativa de derechos sobre hidrocarburos
jesusa cervantes
*La propuesta será dictaminada hasta que el Senado apruebe las cinco que Calderón envió a la Cámara alta
México, D.F., 14 de mayo (apro).- El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Estefan Chidiac, aclaró hoy que las reformas a la Ley Federal de Derechos sobre Hidrocarburos que el Ejecutivo federal envió a la Comisión Permanente, será dictaminada hasta que se conozca el resultado de las otras cinco iniciativas en materia energética que están en el Senado.
Esta nueva iniciativa forma parte del paquete energético que el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República y tiene que ver con los impuestos que la Secretaría de Hacienda cobra a Petróleos Mexicanos por la extracción y venta de crudo.
La iniciativa llegó a la Comisión Permanente, que se encuentra sesionando en el Senado de la República, sin embargo, dicha reforma deberá aprobarla la Cámara de Diputados. El Senado sólo podrá proponer cambios o ratificarla.
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*La propuesta será dictaminada hasta que el Senado apruebe las cinco que Calderón envió a la Cámara alta
México, D.F., 14 de mayo (apro).- El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Estefan Chidiac, aclaró hoy que las reformas a la Ley Federal de Derechos sobre Hidrocarburos que el Ejecutivo federal envió a la Comisión Permanente, será dictaminada hasta que se conozca el resultado de las otras cinco iniciativas en materia energética que están en el Senado.
Esta nueva iniciativa forma parte del paquete energético que el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República y tiene que ver con los impuestos que la Secretaría de Hacienda cobra a Petróleos Mexicanos por la extracción y venta de crudo.
La iniciativa llegó a la Comisión Permanente, que se encuentra sesionando en el Senado de la República, sin embargo, dicha reforma deberá aprobarla la Cámara de Diputados. El Senado sólo podrá proponer cambios o ratificarla.
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martes, 13 de mayo de 2008
Gasolinazo’ con aval de la Corte; rechaza recurso del FAP
jorge carrasco araizaga
* Echa abajo obligación de aplicar recursos en infraestructura o medio ambiente
México, D.F., 12 de mayo (apro).- El aumento de dos centavos al mes que rige desde enero por el consumo de combustibles fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de rechazar una acción de inconstitucionalidad interpuesta por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP).
Los ministros de la Corte le dieron validez constitucional al aumento gradual del diesel y de las gasolinas Magna y Premium, aprobado por el Congreso en lo que se conoció como el gasolinaza.
Sin embargo, los ministros echaron abajo la disposición que condicionaba la entrega de recursos a los estados, el Distrito Federal y municipios como resultado de ese aumento.
El año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que en su artículo 2-A estableció el aumento de los precios de los combustibles al consumidor final.
Los ministros del máximo tribunal resolvieron que la ley no viola el principio de proporcionalidad tributaria al establecer una cuota fija por litro, independientemente del tipo de combustible.
El argumento de la Corte fue “que pague más quien más consuma”, en referencia al costo superior de la gasolina Premium en relación con la Magna o el diesel.
Un grupo de 169 diputados, en su mayoría del FAP, se inconformó con el aumento al considerar que violaba el principio de equidad tributaria.
El aumento aprobado por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional previó la recaudación de 22 mil millones de pesos para que 80% se destine a los estados y 20% a los municipios.
La Corte sólo declaró inconstitucional la parte de la reforma en la que se obligaba a los estados y municipios a gastar los ingresos que recibieran por ese aumento en infraestructura, vial o urbana e hidráulica, y al menos 12.5% en la protección y conservación del medio ambiente.
Proceso
* Echa abajo obligación de aplicar recursos en infraestructura o medio ambiente
México, D.F., 12 de mayo (apro).- El aumento de dos centavos al mes que rige desde enero por el consumo de combustibles fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de rechazar una acción de inconstitucionalidad interpuesta por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP).
Los ministros de la Corte le dieron validez constitucional al aumento gradual del diesel y de las gasolinas Magna y Premium, aprobado por el Congreso en lo que se conoció como el gasolinaza.
Sin embargo, los ministros echaron abajo la disposición que condicionaba la entrega de recursos a los estados, el Distrito Federal y municipios como resultado de ese aumento.
El año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que en su artículo 2-A estableció el aumento de los precios de los combustibles al consumidor final.
Los ministros del máximo tribunal resolvieron que la ley no viola el principio de proporcionalidad tributaria al establecer una cuota fija por litro, independientemente del tipo de combustible.
El argumento de la Corte fue “que pague más quien más consuma”, en referencia al costo superior de la gasolina Premium en relación con la Magna o el diesel.
Un grupo de 169 diputados, en su mayoría del FAP, se inconformó con el aumento al considerar que violaba el principio de equidad tributaria.
El aumento aprobado por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional previó la recaudación de 22 mil millones de pesos para que 80% se destine a los estados y 20% a los municipios.
La Corte sólo declaró inconstitucional la parte de la reforma en la que se obligaba a los estados y municipios a gastar los ingresos que recibieran por ese aumento en infraestructura, vial o urbana e hidráulica, y al menos 12.5% en la protección y conservación del medio ambiente.
Proceso
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