viernes, 3 de mayo de 2013
Ojalá gendarmería no se trate del Ejército con “otro uniforme”: Relator de la ONU
GLORIA LETICIA DÍAZ
MÉXICO, D.F. (apro).- El relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, alertó sobre la intención del gobierno de Enrique Peña Nieto de crear una Gendarmería Nacional, al señalar que ojalá no se trate de un cuerpo del Ejército “con otro uniforme”.
En rueda de prensa al término de su visita oficial, que comenzó el 22 de abril y concluyó este día, Heyns también reiteró la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar, así como evitar que las Fuerzas Armadas continúen al frente de la estrategia de seguridad.
El relator informó que, según cifras que le fueron presentadas por funcionarios del gobierno federal, durante al administración de Felipe Calderón se cometieron 102 mil 696 homicidios dolosos, de los cuales 70 mil están relacionados con el narcotráfico.
Además, mencionó que las entidades que visitó en esta ocasión, Chihuahua, Nuevo León y Guerrero, así como Sinaloa, son consideradas entre las más violentas del mundo.
Heyns sostuvo reuniones con 120 funcionarios federales y de los gobiernos de las tres entidades visitadas, así como con decenas de organizaciones sociales, familiares de víctimas y personas agraviadas por violaciones a derechos humanos.
De origen sudafricano, Heyns reconoció la situación complicada de violencia generada por la operación de cárteles del narcotráfico, pero advirtió que “para prevenir la pérdida ilegal de la vida” es necesario “alejarse del paradigma militar en el resguardo del orden”.
También dijo es necesario “establecer un marco legal para el uso de la fuerza por parte de la policía”, además que se “debe reforzar el papel de la policía y también de los mecanismos que pueden utilizar las fuerzas policiacas para garantizar que enfrenten el delito de manera debida”.
El relator de ONU resaltó que la presencia militar pone en riesgo a la población más vulnerable del país, entre ellos mujeres, migrantes, niños, periodistas, defensores y grupos de LGBT, situación que se agrava cuando no hay rendición de cuentas.
Sobre los abusos contra la vida cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, manifestó su preocupación por que muchos de esos casos sigan en la impunidad, pero advirtió que durante su reuniones con funcionarios de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, así como con legisladores federales, le informaron que se está elaborando una reforma del Código de Justicia Militar.
El cuanto al proyecto de Gendarmería Nacional que, según se le informó, tendrá 40 mil elementos entrenados militarmente, Christof Heyns insistió en la creación de mecanismos de rendición de cuentas y garantizar que aquéllos operen bajó órdenes de mandos civiles, de manera “que no se convierta en otro Ejército con otro uniforme”.
El relator especial se refirió a la necesidad de saldar cuentas con el pasado, e investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la llamada guerra sucia, como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, conminó a las autoridades federales a proporcionar facilidades para que la Comisión de la Verdad de Guerrero pueda realizar sus investigaciones, toda vez que la Procuraduría General de la República (PGR) ha negado acceso a esa institución oficial, creada en 2012 para esclarecer los crímenes del pasado en esa entidad.
Heyns insistió en la urgencia por esclarecer todos los crímenes ocurridos en la guerra sucia y durante la “guerra contra el narcotráfico”, y advirtió que para avanzar se debe abatir la impunidad y la corrupción, para lo cual es prioritario reconocer el problema.
“El primer paso para resolver un problema de esta magnitud es reconocer el problema tal y como es, es muy fácil decir la violencia va en descenso y que todo va bien, pero no, primero hay que ver de cara el problema y luego ir elaborando soluciones”, puntualizó el experto de la ONU.
El relator presentó un reporte preliminar con unas 31 recomendaciones, mismas que serán sometidas a supervisión por su oficina en Ginebra, Suiza.
Explicó que el informe final será presentado en mayo de 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, dos años después, en 2016, presentará un reporte sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
Además de funcionarios de las secretarías mencionadas y de los legisladores federales, Christof Heyns se reunió con funcionarios de Relaciones Exteriores, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, PGR, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Instituto de Ciencias Forenses.
En los estados de Chihuahua, Nuevo León y Guerrero, Heyns se entrevisto con los gobernadores César Duarte, Rodrigo Medina y Ángel Aguirre, así como con los titulares de las respectivas procuradurías de Justicia, tribunales superiores de Justicia, y las comisiones de Derechos Humanos y, en Guerrero, con los integrantes de la Comisión de la Verdad.
Detienen y liberan a dirigente sindical; la CETEG denuncia parcialidad de autoridades
JOSÉ GIL OLMOS Y EZEQUIEL FLORES
CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Agentes ministeriales detuvieron ayer por la noche al dirigente de la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del estado de Guerrero (Suspeg), Andrés Pacheco Parra, acusado de participar en el movimiento del magisterio disidente e incurrir en los delitos de sedición, motín y terrorismo, no obstante fue liberado de inmediato por la directora de Control de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE), Guadalupe Rendón Ramírez, informaron fuentes oficiales.
Este hecho generó una confrontación entre el director de la Policía Ministerial Estatal (PME), Marcos Juárez Escalera y la funcionaria de la Procuraduría estatal, ya que el jefe policíaco reprochó el hecho de que envíen a los agentes ministeriales a una cacería de integrantes del magisterio disidente y dirigentes sindicales que participaron en las protestas violentas y luego sin explicación alguna los liberen a pesar de que tienen orden de aprehensión.
Las fuentes consultadas por Apro, indicaron que el dirigente del Supeg fue detenido en esta capital y trasladado a los separos de la PME, donde cerca de la una de la madrugada de este viernes arribaron familiares de Pacheco Parra y algunos profesores para exigir su liberación.
El grupo de inconformes fueron atendidos por la directora de Control de Averiguaciones Previas, Guadalupe Rendón afuera de la sede de la PME y después de dialogar en privado con ellos, ordenó la liberación del dirigente sindical, quien se retiró del lugar acompañado de familiares, refieren las fuentes consultadas por Apro.
Al respecto, dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), señalaron que la inexplicable liberación del dirigente del Supeg, evidencia la infiltración de personajes ligados al gobierno estatal en el movimiento.
Ello debido a que Pacheco Parra se sumó con su base sindical desde el comienzo de las protestas hace más de dos meses y recientemente había dejado de participar en las acciones del Movimiento Popular de Guerrero (MPG).
Cuestionaron la actuación de las autoridades estatales frente al conflicto social encabezado por el magisterio disidente al señalar que mientras los cuatro cetegistas detenidos en las últimas horas fueron trasladados a penales de máxima seguridad de Veracruz y Nayarit, al dirigente del Suspeg lo dejaron libre.
En este momento la dirigencia del CETEG analiza la situación, mientras se observa el retiro de algunas casas de campaña lo que ha sido filtrado desde el gobierno estatal como el fin del plantón del movimiento magisterial.
Protestan policías estatales por acuartelamiento
En tanto que el grupo de al menos dos mil policías estatales que son utilizados por el gobierno de Ángel Aguirre para contener las protestas del magisterio disidente, comenzaron a protestar porque el subsecretario de Operaciones Policiales de la Secretaria de Seguridad Publica estatal, Leonardo Vázquez suspendió las vacaciones y las franquicias de los elementos.
La molestia de los policías estatales se debe a que algunos llevan 15 días acuartelados en los sótanos de la sede del Ejecutivo y en el hangar del gobierno del estado que se encuentra en la aéreo pista de Chilpancingo, indicaron fuentes que pidieron el anonimato por temor a represalias.
Los policías estatales se encuentran en la incertidumbre debido a que comenzó a trascender la renuncia del secretario de Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez Padilla, quien solicitó a la Secretaria de Gobernación federal el traslado a penales de máxima seguridad de los cuatro cetegistas detenidos porque el gobernador Aguirre los considera como “delincuentes de alta peligrosidad”.
Usurpa empresa firmas de Oportunidades para construir hidroeléctricas en Jalacingo
NORMA TRUJILLO BÁEZ
La empresa Grupo Impulsa Generación Renovable (IGR), que construye el proyecto de tres minipresas en Jalacingo, engañó a los pobladores, ya que éstos firmaron al recibir apoyos del Programa Oportunidades y despensas, rúbricas que IGR ha utilizado para obtener el permiso y se inicien los trabajos de las presas en esa región, denunciaron pobladores.
En conferencia de prensa, miembros de la Alianza de Comunidades y Usuarios de Defensa de la Cuenca del Río Bobos-Nautla y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), señalaron que el Proyecto de mini- hidroeléctricas para el río Jalacingo no cuenta con permisos por parte del ayuntamiento ni de la Secretaría de Protección Civil (SPC), pero la empresa Grupo Impulsa Generación Renovable, asegura que cuenta con todos los permisos y firmas de los habitantes de la región, sin embargo estas firmas fueron obtenidas bajo engaños.
Toda vez que, indicó Aurora Juárez Barrientos, la empresa IGR tiene firmas que tomó del reparto de apoyos del Programa Oportunidades, pero la gente no firmó para que se autorizara el proyecto, “nosotros no hemos firmado para que se realice el proyecto, tal como la empresa lo asegura, dicen que ya tienen más de 400 firmas, eso es mentira, porque las firmas que tienen son ilegales, engañaron a la gente por medio del Programa Oportunidades y despensas que entregaron”.
La empresa engaña y compran voluntades, apuntó Juárez Barrientos, “a la gente le mintió que habrá fuentes de trabajo, que más de 400 personas van a trabajar en el proyecto, que cada año recibirán ganancias, que habrá construcción de caminos, escuelas, casas entre otras muchas mentiras, pero además abusaron de la pobre gente que no sabe en algunos casos leer”.
Por su parte, Héctor Colío dijo que en la disputa por el control y privatización del agua y el acaparamiento de las fuerzas de energía “limpias comercialmente”, el Grupo Impulsa Generación Renovable ha lanzado una campaña mediática para posesionarse de la opinión pública, argumentando que sólo desviarán 75 por ciento del caudal del Río Bobos-Nautla, cuando en las Manifestaciones de Impacto Ambiental se establece que será 90 por ciento.
“Esta campaña –sostuvo– tiene el interés de ocultar el daño ambiental e impacto social de estos pretendidos proyectos como el de Zongolica, El Naranjal, Coatepec, Las Minas, Altotonga y ahora el de Jalacingo, pretendiendo tender una cortina de humo para imponer el proyecto de la empresa en el río Los Pescados, supuestamente para dotar de agua a la ciudad de Xalapa y entregar a los operadores privados el suministro a los municipios que la demanden tal y como lo ha reconocido la Comisión del Agua del Estado de Veracruz”.
IGR pregona que supuestamente dotaría de energía eléctrica a 96 mil pobladores de los municipios de Jalacingo y Tlapacoyan, ocultando el nombre del verdadero comprador de los 20 megawatts estimados y sin aclarar que estos proyectos sólo se autorizan dentro de las modalidades de la autogeneración industrial y de consumo privado que está otorgando el gobierno federal, acelerando así el desmantelamiento del sector eléctrico nacional.
Buscan a migrantes; comunidades se solidarizan; no fue riña, aclaran
SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA
Coatzacoalcos, Ver.- Autoridades de varios niveles de gobierno han señalado que sólo 17 personas sufrieron lesiones durante el ataque que sufrieron indocumentados en el municipio de Cosoleacaque; según versiones de ellos al menos viajaban 500 personas en el tren, pero apenas han aparecido 150.
Tres comunidades de Cosolecaque establecieron grupos de búsqueda de migrantes que podrían estar heridos o haber perecido debido a las agresiones que sufrieron por parte de un grupo delincuencial.
Una de las personas que resultaron heridas con arma de fuego, Julio César Gomez, relató, miembros de delincuentes que viajaban con ellos dejaron caer a una menor de siete años a las vías del ferrocarril.
Debido a esta historia que se repite en otros migrantes, los grupos de la comunidad se mantienen organizados para revisar las zonas aledañas a las vías del ferrocarril pues esperan encontrar a la menor, confirmó Carlos González Gómez, representante de la asociación civil Pueblos Unidos de Cosolecaque. “Cuando atendíamos al joven de sus heridas nos indicó que habían agredido a los niños, por eso estamos buscándola, pero no sabemos dónde la habrán aventado”.
Por su parte, el alcalde de Cosoleacaque, Cirilo Vázquez Parissi, confirmó que las autoridades de Seguridad Pública realizaron una revisión en las vías del ferrocarril para revisar si encontraban más migrantes. Las autoridades municipales se integraron a las brigadas que recorrieron las vías del ferrocarril para detectar personas lesionadas o que hubieran fallecido durante el ataque que sufrieron los migrantes arriba del tren.
Vázquez Parissi indicó que el recorrido lo realizaron elementos de la policía intermunicipal desde la comunidad conocida como Kilómetro 14, delante del aeropuerto Canticas hasta la estación de ferrocarril Hibueras, a un costado de la empresa petroquímica PetroTemex.
Indicó que han escuchado los relatos de las personas agredidas, pero no se ha logrado encontrar algún indicio de que existan algunas mujeres y niños lesionados abandonados en los pastizales, como lo dieron a conocer algunos migrantes.
“Se mencionó que se habían encontrado cinco muertos, luego que se habían encontrado ocho cadáveres más, pero son sólo especulaciones, no hemos detectado personas muertas, sí algunas que han ido apareciendo a lo largo del día, todos estaban escondidos en los matorrales”, apuntó el presidente municipal de Cosoleaque.
Como autoridad municipal, señaló el edil, mantendrán los apoyos de comida, agua y colchonetas para la agencia municipal de Barrancas y Buenos Aires, las cuales ha sido muy solidarias con los migrantes.
En sus relatos, varios migrantes refieren que cuando se presentó la agresión, muchas personas corrieron para el monte, para evitar que fueran encontrados por los jóvenes que los habían agredido.
Indicaron que al menos andan caminando en las comunidades unas 300 personas y no han podido encontrar a algunos miembros de los grupos con los que iniciaron su travesía por Mexico.
Solidaridad
Barrancas es una pequeña comunidad de Cosoleacaqe que se reparte entre el bullicio del tránsito a Coatzacoalcos y las actividades agropecuarias; sus habitantes apenas estaban recuperando la tranquilidad después de que en la zona fue encontrado desmembrado uno de sus vecinos. Pese a la mala experiencia, olvidaron sus miedos y se volcaron a ayudar a migrantes que eran atacados por un grupo delictivo.
Los habitantes de la comunidad de Barrancas vieron afectada su tranquilidad este miércoles, cuando empezaron escuchar los gritos desgarradores y las súplicas de auxilio de decenas de migrantes que eran agredidos por un grupo de no más de 15 personas, las cuales estaban disparándoles o les pegaban con machetes.
Por la tarde, esta comunidad suele reunirse afuera de sus solares para refrescarse antes de cenar, por eso pudieron observar la agresión de la que fueron objetos los migrantes que iban arriba del tren, llamado La Bestia.
“Todos los vecinos en las vías vimos cómo un grupo iba tirando a los migrantes a las vías, de repente el tren se paró y comenzaron a correr por todos lados; nosotros decidimos ayudarlos”, relató un habitante de la comunidad de Barrancas.
Refiere: “No era una riña entre ellos, los estaban aventando del tren, todos los que vivimos aquí vimos cómo iban cayendo niños, mujeres embarazadas, jóvenes, hombres; de repente el tren se paró y todos comenzaron a correr hacia el pueblo”.
En ese momento, la comunidad de Barrancas se organiza a través del perifoneo por las colonias para comenzar a reunirlos, pues muchos de ellos corrían lastimados por toda la comunidad para huir de sus captores.
“Todos nos asustamos, vimos cómo los estaban tirando del tren, ayudamos a un muchacho que le habían cortado las dos manos, fue horroroso verlos correr por todos lados para evitar que los mataran, todos tuvimos mucho miedo, pero luego ya teníamos organzada la comida y los habíamos acomodado para sus curaciones”, relató un habitante de esa comunidad que vive al pie del derecho de vía.
Apenas hace dos meses, en marzo de este año, los habitantes de Barrancas se unieron de manera similar para protestar por la muerte del músico Urias Sosa Zapor, cuyos demás restos fueron hallados en una fosa clandestina ubicada en una parcela. En marzo, cerraron la carretera para exigir mayor vigilancia para esa zona, la cual consideraban tranquila.
Rescates
Los migrantes agredidos el pasado miércoles primero de mayo fueron trasladados por el grupo Beta al albergue “La Lupita”, ubicado en las instalaciones del templo de Guadalupe en Acayucan; la Cruz Roja Internacional señala como situación excepcional la del sur de Veracruz, al estar en aumento las agresiones generadas por grupos del crimen.
El albergue “La Lupita” de Acayucan acogió a más de 150 migrantes que fueron agredidos en la comunidad de Barrancas, del municipio de Cosoleacaque, confirmó Ramiro Baxin Ixtepan, coordinador de la pastoral diocesana del migrante de San Andrés Tuxtla. Requieren apoyo de comida y agua para seguir recibiendo a los migrantes que insistirán en seguir su viaje hacia Estados Unidos.
Después de la agresión que sufrió un grupo de migrantes cuando circulaba por el sur de Veracruz, el grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) trasladó a la mayoría al albergue que tiene la iglesia católica en Acayucan.
El coordinador indicó que de manera diaria atienden en promedio unas 20 a 30 personas, a quienes les dan alojamiento y comida, pero ahora se encuentran rebasados en su capacidad y habilitarán algunos espacios de la propia iglesia.
La comunidad también se organizó y compró carne y verduras para prepararles al menos dos comidas a los migrantes y además se han entregado otros apoyos como ropa, zapatos y artículos de higiene personal.
Ramiro Baxin Ixtepan indicó que en los últimos meses se han incrementado las agresiones contra los migrantes y en últimas fechas han atendido a tres personas que fueron arrojadas a las vías del tren.
El presbítero indicó que la diócesis de San Andrés está tratando de sostener apoyos para este albergue y el comedor que mantienen en la comunidad de Medias Aguas, aunque ahí han advertido que en algunos momentos han sido amedrentados por grupos de la delincuencia organizada.
Cabe señalar que este albergue fue visitado por personal de la Cruz Roja Internacional para poder coadyuvar con las organizaciones de migrantes y la iglesia en la atención médica y conexión con familiares.
Conrad Legendy, delegado en la zona sur del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), realizó una evaluación de la situacion en el albergue La Lupita, donde hasta el cierre, habían atendido al menos 200 migrantes.
Los miembros de la Cruz Roja de las delegaciones Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan fueron los primeros que acudieron al llamado de la comunidad de Barrancas. Para el representante de este organismo, se observan condiciones de inseguridad que son diferentes a las que se viven en otros puntos donde prestan servicio, como el estado de Chiapas, ya que la criminalidad está en aumento contra los migrantes.
Por el momento, la Cruz Roja Internacional Instaló un módulo de apoyo y comunicación en este albergue donde se tratarán de enlazar a los migrantes varados en Acayucan con sus familias.
Ferrosur pide resguardo de vagones
La empresa Ferrocarriles del Sur (Ferrosur) pedirá que elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) resguarden las unidades que ellos operan para evitar que grupos delincuenciales utilicen su infraestructura para delinquir.
Vicente Ramón Uscanga, secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), manifestó que es inaceptable para ellos la inseguridad en la que están trabajando, lo cual quedó en evidencia con la agresión a los migrantes. “Los reportes que tenemos se basan únicamente en lo manejado en los medios de comunicación, hasta el momento Ferrosur se ha mantenido hermética y no ha querido comentar más allá sobre el tema, sin embargo, nosotros sí condenamos los hechos y le pedimos a la empresa que en los próximos días tenga una reunión con nosotros y nos den a conocer las medidas a tomar para garantizar la seguridad del propio trabajador”, abundó.
En ese tenor, el líder ferrocarrilero exigió a las autoridades que redoblen la vigilancia cuando el tren esté en movimiento a su paso por el sur de Veracruz. “En temas de seguridad la empresa siempre se lava las manos, pero nosotros como sindicato tenemos que estar muy alerta de esta situación, por lo que contemplamos que sea el próximo martes cuando se lleve a cabo esta situación”, enfatizó.
Refirió que buscaran exponer dentro de los puntos a tratar en dicha reunión la aplicación de viejos esquemas, los cuales además incluyen la presencia del Ejército Mexicano en los vagones a fin de inhibir actos delictivos.
Comentó que es prudente que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y, en caso de que algún operador esté involucrado en los hechos, que éste pague por lo sucedido.
Ejecuta la Procuraduría órdenes de captura a 4 maestros de la Ceteg
Acusan a Genaro Guevara, José Lucas Juárez, Mauro Lázaro y Cesáreo Rosendo de motín, daños,
sedición y terrorismo
Marchan cetegistas hasta la PGJE para exigir la liberación de sus compañeros
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 2 de mayo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejecutó entre la noche del miércoles y la mañana del jueves órdenes de aprehensión contra cuatro maestros cetegistas, quienes fueron trasladados a penales federales de Nayarit y Veracruz para evitar una reacción violenta del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), según el director de la Policía Ministerial del Estado (PME), Marcos Esteban Juárez Escalera.
Esta mañana se conocía la aprehensión de sólo tres cetegistas, pero por la tarde, Juárez Escalera aprovechó la presencia de reporteros en las inmediaciones de la PGJE que cubrían una marcha de los maestros, y llamó a conferencia de prensa en el auditorio de la dependencia, donde precisó que se trataba de cuatro detenidos en total por la PME, dos anoche y dos hoy, por los delitos motín, daños, sedición y terrorismo: Genaro Guevara Hernández, José Lucas Juárez Tlatempa, Mauro Lázaro García, y Cesáreo Rosendo Feliciano. Mencionó que la detenciones ocurrieron en Tixtla y Chilpancingo.
Los dos primeros fueron trasladados a una presión federal de Nayarit. Guevara Hernández es secretario de Gestión Laboral de la Comisión Política de la Ceteg y líder de una delegación sindical disiente del ex Ineban, y Juárez Tlatempa intendente de una escuela.
Los otros dos fueron enviados a un penal federal de Veracruz. Rosendo Feliciano fue dirigente de la D-III-16-09 del ex Ineban.
Los argumentos que dio el director de la PME del traslado de los maestros cetegistas a penales federales, fue que así evitarían “más enfrentamiento en el estado, (de lo contrario) se podría generar más violencia interna”.
Además, precisó, fue un acuerdo de autoridades estatales, del que deslindó al gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero se negó a puntualizar quiénes.
Advirtió que la PGJE abrió más averiguaciones previas, y que se están integrando más órdenes de aprehensión por los hecho del 1º de mayo.
“El propósito –dijo– es mantener el estado de derecho, hay más orden de aprehensión, y están siendo localizadas más personas para establecer el estado de derecho”.
La marcha
Las15:40 horas fue hora que arrancó la marcha de unos 5 mil maestros del campamento de la avenida Ruffo Figueroa a la PGJE. En el día 67 del movimiento la demanda de los marchistas era la liberación de sus compañeros detenidos.
Tomaron la lateral de la autopista en sentido sur para llegar a la dependencia donde ya esperaban a los maestros cientos de policías estatales como equipo antimotín. En los dos accesos a las entrañas de la PGJE y la PME había barricadas de los policías.
Los marchistas ingresaron del lado izquierdo de la PGJE, y no pasaron de la pluma metálica de seguridad. Después de la pluma metálica estaban dos camionetas oficiales atravesadas, y tras ellas, una de las barricadas de centenares de policías, ya en posición para confrontar.
Los maestros se limitaron a las consignas: “¡Nos madrearon, nos madrearon, pero no nos derrotaron!”. De las bocinas se escuchó a un manifestante que pedía a la procuradora Martha Elva Garzón Bernal que atendiera a los abogados de los detenidos, de lo contrario se quedarían allí. El grupo de abogados que acompañaba a los maestros era del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Pero ni los abogados pasaron ni éstos se quedaron; pasadas las 17 horas los maestros decidieron retirarse a su campamento para instalarse en asamblea y decidir la estrategia siguiente.
Boletín de prensa conjunto: Mujeres de Atenco, a 7 años de lucha contra la tortura
Por este medio les compartimos el comunicado de prensa conjunto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) y Amnistía Internacional (AI) "Mujeres de Atenco, a 7 años de lucha contra la tortura".
Mujeres de Atenco, a 7 años de lucha contra la tortura
*Inminente emisión del informe de fondo de la CIDH
*Presentan campaña contra la tortura sexual: Somos libertad en movimiento
México, DF (3 de mayo 13).-A siete años de los operativos policiales de 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual por parte de agentes policiales de los tres niveles de gobierno, enfrentaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, -14 de marzo- y están esperando el inminente informe de fondo por las violaciones a sus derechos.
Durante estos siete años las mujeres se han sostenido con fuerza y en constante movimiento, expresando su libertad de denunciar, exigir, luchar por la no repetición de los actos que vivieron a manos de las fuerzas del “orden”. Por ello, hoy presentan la campaña “Somos libertad en movimiento”, la cual busca visibilizar la lucha contra la tortura sexual en México y el mundo.
Asimismo, inauguraron la exposición “Una foto por las mujeres de Atenco”, en donde personas y colectivos de más de 10 países del mundo, les expresaron su solidaridad en el contexto de la audiencia ante la CIDH, la cual logró reunir casi 400 fotografías de apoyo, mediante las cuales cientos de personas demandaron justicia y alto a la impunidad. Entre los países que respondieron a esta iniciativa estuvieron Alemania, Argentina, Colombia, Congo, Estados Unidos, España, Italia, México (15 estados) y Reino Unido, entre otros.
En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se exhibirán 40 fotografías de manera individual, como una muestra representativa. De la misma manera, el resto de las imágenes se podrán apreciar en un fotomosaico que funde la solidaridad global. La exposición estará abierta del 6 al 9 de mayo de 10:00 am a 2:00 pm, en la calle Serapio Rendón 57-B, Col. San Rafael, De. Cuauhtémoc.
Esta solidaridad ha iluminado el camino que ellas trazan todos los días, ante ello, invitan a seguir construyendo la libertad y la justicia.
El temperamento de una soldado objetora de conciencia
Amy Goodman
“En definitiva, el triunfo de un país depende del temperamento de sus ciudadanos”, sostuvo George W. Bush la semana pasada durante su discurso de inauguración de la biblioteca presidencial erigida en su honor en Texas. La biblioteca abrió sus puertas oficialmente el 1° de mayo, el día en que se cumplieron 10 años del pronunciamiento de su famoso discurso “Misión cumplida” a bordo del buque USS Abraham Lincoln, cerca de la costa de San Diego. En su discurso en la biblioteca, Bush, al igual que el Presidente Barack Obama, la ex Secretaria de Estado Condoleeza Rice y otras personas omitió mencionar la palabra “Irak”.
La violencia en Irak aumentó en abril: 460 personas murieron y 1.219 resultaron heridas, en su mayoría civiles, en olas de ataques y contraataques que recuerdan el peor momento de violencia sectaria en el país, ocurrido entre 2006 y 2008. Al menos 13 personas murieron el 1° de mayo, lo que presagia un mes con iguales niveles de violencia. En medio de la violencia actual, una joven soldado embarazada fue enviada a prisión esta semana por desertar, tras haberse negado a regresar a la guerra de Irak en 2007. La soldado raso Kimberly Rivera fue enviada a Irak por primera vez en 2006. Estaba a cargo de la vigilancia de la entrada de la Base de Operaciones de Avanzada Loyalty en el este de Bagdad, en un momento en que la base era atacada constantemente. Comentó acerca de la experiencia: “Vi cómo es realmente la guerra y eso me hizo abrir los ojos: personas que mueren por la codicia de un país y los efectos en los soldados que regresan con problemas como pesadillas, ataques de ansiedad, depresión, ira, abuso de alcohol, miembros amputados y cicatrices por quemaduras. Y algunos ni siquiera regresan”.
Su abogado, James Branum, que defiende a varios soldados que se niegan a combatir, me dijo: “Kimberly sintió que, moralmente, no podía hacer lo que le pedían. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que pondría a otros soldados en peligro si no tiraba del gatillo llegado el momento. Habló con un capellán al respecto, que no le prestó la debida atención y no le dio el consejo que realmente necesitaba”. El capellán debería haberle avisado a Kimberly Rivera que podía solicitar ser declarada objetora de consciencia.
Al no saber cuáles eran sus opciones, mientras estaba de licencia en Texas en enero de 2007, Kimberly decidió que no regresaría a la guerra. Junto con su esposo, Mario, y sus dos hijos pequeños, viajó a Canadá y se instaló en Toronto mientras solicitaba ser declarada refugiada. Kimberly y Mario tuvieron dos hijos más allí.
Canadá tiene una larga tradición como refugio para quienes se resisten a combatir en una guerra. Durante la Guerra de Vietnam, decenas de miles de jóvenes (se desconoce el número exacto) se negaron a combatir y huyeron de Estados Unidos para evitar el servicio militar. Una vez terminada la guerra, a la mayoría le concedieron amnistía y pudieron regresar al país. En 2004, Jeremy Hinzman se convirtió en el primer soldado estadounidense del que se tiene conocimiento que huyó a Canadá por oponerse a la Guerra de Irak. Poco después se creó en Toronto la campaña “War Resisters Support Campaign” (Campaña de apoyo a quienes se oponen a ir a la guerra). Al menos once soldados obtuvieron la residencia permanente en Canadá y se les reconoció la condición de refugiados. Kimberly Rivera cuenta con el apoyo de ese grupo, además del de miembros del Parlamento canadiense, Amnistía Internacional y el arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu. A pesar del precedente y del constante apoyo que recibió, el gobierno canadiense rechazó su solicitud de refugiada. Por lo que Rivera se entregó a las autoridades estadounidenses en la frontera entre ambos países el 20 de septiembre de 2012.
En su consejo de guerra, realizado esta semana en Fort Carson, Colorado, el juez condenó a Rivera a 14 meses de prisión, aunque más tarde redujo la condena a 10 meses, en virtud de un acuerdo mediante el cual la acusada se declaró culpable. James Branum habló de la condena: “El fiscal sostuvo en el juicio que le solicitó al juez que dictara una condena severa para aleccionar a quienes huyen a Canadá por negarse a ir a la guerra. El gobierno canadiense, al deportar a Kim, alegó que ella no afrontaría ningún castigo grave como objetora de consciencia por haberse negado a combatir en la guerra. Y, en realidad, eso fue precisamente lo que sucedió. Ese fue el argumento utilizado por la fiscalía, que debería ser castigada por hablar en contra de la guerra. Conocemos otros casos de resistencia a la guerra que han sido castigados con penas más graves, de hasta 24 meses de prisión. Muchas personas que evitan combatir reciben una condena sin prisión o una pena corta de prisión. Y los desertores, en general, más del 90%, no van a prisión. De modo que consideramos que están utilizando a Kim como forma de ejemplarizar”.
Kimberly Rivera se negó a disparar a niños en Irak. Tuvo el valor de desobedecer, de resistir. Ahora permanece en prisión, embarazada, lejos de su esposo, Mario, y de sus cuatro hijos: Christian, de 11 años; Rebecca, de 8; Katie, de 5; y Gabriel, de 2. George W. Bush tenía razón cuando dijo que el triunfo de un país depende del temperamento de sus ciudadanos, es decir, de ciudadanos como Kimberly Rivera.
La burbuja inmobiliaria
En concreto | Laura Itzel Castillo
La problemática que se vive en España a causa de la crisis inmobiliaria ha dejado a miles de familias en el desamparo debido a que no tienen los recursos económicos para pagar las hipotecas, a causa del desempleo, que ha alcanzado los más altos niveles históricos.
Según datos del Colegio de Registradores de aquel país, la banca realizó más de 30 mil desahucios en el 2012, es decir uno cada 15 minutos, además de las casi 12 mil daciones en pago, o lo que es lo mismo, la devolución de la vivienda.
Utilizar las hipotecas como un producto financiero da como resultado pérdidas, que van más allá del aspecto económico, pues no sólo están en juego las acciones en la Bolsa de Valores, sino la vida de miles de familias, víctimas de la política inmobiliaria, que ha convertido en mercancía a los mismos seres humanos. Esta problemática, que ha llevado hasta el suicidio a algunos acreditados, se repite en diferentes latitudes.
En el caso de México, recientemente se difundió en Reporte Índigo la situación de una de tantas unidades habitacionales promovida por el Infonavit, que orgullosamente fue vendida como el desarrollo inmobiliario más grande de América Latina: Real de Palmas, con casi 15 mil viviendas, que ha impactado fuertemente tanto en lo económico, como en lo social, al municipio de Zuazua, Nuevo León. Como siempre, después del negocio, todos se lavan las manos: ni la empresa Javer, ni el Infonavit, que promovió los créditos y proporcionó los datos confidenciales de los trabajadores afiliados; menos la Conavi, que otorgó los subsidios para beneficiar a la empresa desarrolladora, responden.
Seguramente todos siguieron la filosofía del expresidente español Aznar, quien decía que “hacer negocio es hacer país”. Ahí están las consecuencias: 3 mil viviendas abandonadas, que se suman a las 5 millones a nivel nacional: mala calidad, lejanía, falta de transporte y desalojos son algunas de las causas de este drama social. Mientras tanto, el actual gobierno sigue dando garantías para el negocio a las inmobiliarias, ahora con los derechohabientes de las fuerzas armadas. Al fin que aún hay tela de dónde cortar.
Las autoridades mexicanas deben cumplir las recomendaciones del experto de la ONU sobre ejecuciones
Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades mexicanas para que cumplan de forma pronta y efectiva las recomendaciones hechas al Estado mexicano por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, Christof Heyns.
Al concluir su visita a México, el Relator señaló una serie de acciones que las autoridades deben implementar para priorizar la protección de los derechos humanos y en particular la protección de la vida. El Relator enfatizó que esta meta debe guiar toda política pública y que la participación de la sociedad civil en el proceso es esencial.
Además, el Relator instó al gobierno a cumplir completamente los compromisos ya adquirido en materia de derechos humanos.
Destacó la necesidad de reducir la participación de los militares en tareas policíacas y asegurar la reforma del sistema de justicia militar para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas sean investigadas, procesadas y sancionadas por la justicia civil. También llamó a establecer estándares claros sobre el uso de la fuerza en todo el país.
El Relator insistió en la importancia de acabar con la impunidad reinante en todos los casos de privación de la vida, tanto de la “guerra sucia” (1964 a 1982) como aquellos cometidos en el contexto de la violencia actual derivada del combate a los cárteles de la droga.
Amnistía Internacional llama a las autoridades mexicanas a cumplir con todas las recomendaciones, entre los cuales se encuentran:
§ Aprobar la legislación necesaria para asegurar la plena implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y rechazar las iniciativas presentadas este año en el Congreso para debilitarla.
§ Fortalecer el sistema de justicia, la defensoría pública, las comisiones de derechos humanos y la autonomía de la procuración de justicia y las ciencias forenses.
§ Asegurar que las masacres y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la “guerra sucia” sean investigadas, perseguidas y se sancionen a los responsables.
§ Asegurar que en un corto plazo la seguridad pública sea garantizada por autoridades civiles y no militares.
§ Reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, sean investigadas, perseguidas y juzgadas por autoridades civiles.
§ Garantizar que la anunciada gendarmería nacional cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y esté sometida a medidas efectivas de rendición de cuentas.
§ Construir, en colaboración con los gobiernos de Centroamérica, una base de datos de personas desaparecidas que incluya información biométrica.
§ Garantizar una plena, pronta, efectiva, imparcial y diligente investigación de los homicidios perpetrados en contra de mujeres, migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos, niños y niñas, personas privadas de la libertad y LGBT.
§ Actuar para que periodistas y personas defensoras de derechos humanos pueden llevar a cabo su labor sin temor a represalias y asegurar el pleno funcionamiento del Mecanismo de Protección para estos grupos.
§ Garantizar la tipificación del feminicidio en toda legislación penal.
§ Asegurar la implementación de la Ley General de Víctimas, con participación de la sociedad civil y de las víctimas.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades mexicanas que estas recomendaciones no son nuevas y que en algunos casos las autoridades ya se habían comprometido a su cumplimiento sin que hasta el momento se hayan visto avances significativos.
“El informe preliminar presentado por el Relator Especial respalda los llamados que durante muchos años hemos hecho desde Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil al Estado mexicano” afirmó Daniel Zapico, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México. “El gobierno de Enrique Peña Nieto debe demostrar que tiene una verdadera voluntad de hacer realidad estos llamados y anunciar a la brevedad las medidas que tomará para cumplir con ellos, ya que hemos visto compromisos sobre estos temas en muchas ocasiones y los abusos siguen sin resolverse” agregó Zapico.
En el día del niño/a Solidarios y la Voz del Amate exigen su libertad para estar con sus hijos e hijas
A la opinión publica
A los medios de comunicación estatal, nacional e internacional
A los medios alternativos
A los adherentes a la Sexta
A las organizaciones independientes
A los defensores de los Derechos Humanos ONGS
Presos políticos la Voz del Amate y Solidarios de la Voz Amate y adherentes a la sexta, recluidos en el cereso No. 05 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Hoy 30 de abril se celebra en todo Mexico el dia de los niños, es cierto muchas celebrarán, pero otros tantos no celebran ni llegan a recibir o conocer sus juguetes, ni el brazo de sus padres aunque lo recibieron sus juguetes, pero estos niños no se conforman en estar felices con sus regalos, sin la presencia de sus padres, a esto nos referimos, a nuestros hijos alejados de nosotros a causa de las injusticias, pero el regalo mas grande que ellos esperan es nuestra libertad, libertades que hasta hoy no pueden recibir por nuestros encarcelamientos arbitrarias.
Por lo tanto seguimos reclamando nuestras libertades por estos encarcelamientos injustos ante las autoridades, como e 1er Tribunal Colegiado Vigésimo Circuito de Chiapas, tanto el Gobierno Manuel Velasco Coello.
Por ultimo nuestros abrazos a todos los niños de Mexico y del mundo.
FRATENALMENTE
LA Voz del Amate y Solidarios de la Voz del Amate.
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