sábado, 27 de abril de 2013

La "estrategia guerrillera" de la derecha en Venezuela

Atilio Boron

ALAI AMLATINA, 27/04/2013.- Envalentonada por los resultados de las recientes elecciones, la derecha en Venezuela –tanto sus representantes autóctonos como los agentes del imperialismo que operan en ese país– ha profundizado una estrategia de lucha política que, en los hechos, colocó al gobierno chavista a la defensiva o, cuando menos, en un estado de alerta ante las amenazas que se ciernen sobre el futuro de la Revolución Bolivariana. Duele decirlo, pero más dolería contemplar el inesperado y dramático final de un proceso revolucionario tan significativo como el lanzado por el Comandante Hugo Chávez por no haberse adoptado a tiempo las medidas correctivas imprescindibles para preservarlo. La irreversibilidad es un atributo que poseen muy pocos procesos revolucionarios, y eso después de haber sobrepasado las muy duras pruebas de la historia. No es el caso, todavía, de la Revolución Bolivariana, aunque la existencia de un amplio entramado de organizaciones populares nacidas durante el gobierno del Presidente Chávez bien podrían ser los bastiones fundamentales que aseguren la continuidad del proceso revolucionario.

Todos los clásicos del marxismo –comenzando en este tema puntual por Engels y siguiendo después por Marx, Lenin, Trotsky, Gramsci, Mao y Ho Chi Minh y, más recientemente, Fidel y el Che– comprendieron muy bien el notable paralelismo existente entre el arte de la guerra y la lucha política. No se les escapaban las diferencias, pero tampoco pasaban desapercibidas sus semejanzas; por eso, tomaban nota de las enseñanzas que aportaba la historia militar. Observaron, por ejemplo, que cuando una fuerza social y numéricamente inferior quiere atacar a un ejército poderoso y bien organizado debe apelar a formas no convencionales de lucha. Las tácticas de la guerrilla son precisamente eso: ataques inesperados, sorpresivos, puntuales, seguidos de una rápida retirada, dejando en el campo de batalla a un enemigo lastimado y, sobre todo, desmoralizado. Eso es precisamente lo que con mucha astucia (y absoluta inescrupulosidad) ha venido haciendo la derecha en Venezuela al lanzar un torrente de ataques –desde denuncias y agresiones verbales hasta sabotajes económicos, asaltos a recintos asociados al PSUV o a los centros de salud de la “Misión Barrio Adentro” y “asesinatos ejemplarizadores”- que lograron debilitar el entusiasmo y la moral revolucionaria de las fuerzas chavistas, lo cual se vio reflejado en el voto del 14 de Abril. La efectividad de esas tácticas se comprueba al constatar que ellas hicieron posible que la derecha lograra lo que hasta hacía poco tiempo sonaba como imposible: fijar la agenda política nacional y obligar al gobierno bolivariano a tener que responder a los ataques de sus adversarios y sin poder impulsar iniciativas propias y concretas. Hace ya unos años que los intelectuales orgánicos del imperio y los estrategas del Pentágono vienen diciendo que, en la actualidad, “la lucha antisubversiva se libra en los medios.” La estrategia de la derecha en Venezuela es tributaria de esta nueva concepción adoptada por Washington y da testimonio de su eficacia.

¿Qué pretende la derecha con estas tácticas? Estas, como es sabido, no existen en el vacío sino que siempre se articulan en una estrategia de más largo alcance. En este caso, encaminada a socavar el respaldo de los sectores populares al gobierno aislándolo de su base tradicional de apoyo y facilitando sus planes desestabilizadores, en cualquiera de sus dos variantes: (a) “calentamiento de la calle”, tumultos, saqueos y golpe de estado para “restaurar el orden” que supuestamente el gobierno bolivariano ya no puede garantizar; o, (b) desgaste prolongado y destitución del gobierno vía referendo revocatorio. Estrategia global que será tanto más exitosa cuanto más el gobierno persista en el error de recoger el guante astutamente arrojado por los sectores contrarrevolucionarios y acuda a librar combate en el terreno mediático que le proponen sus enemigos. En estos días hemos visto al propio presidente Nicolás Maduro involucrarse en esas batallas verbales –en la campaña y después- en respuesta a las insolentes provocaciones de Henrique Capriles y sus compinches de adentro y de afuera. No debería ser así, porque la delicada correlación de fuerzas que hoy existe en Venezuela no se modificará en una dirección favorable al chavismo en virtud de la eficacia discursiva del presidente, sus ministros o los líderes del PSUV sino por la capacidad que demuestre el gobierno para reorganizar y reanimar a un pesado e ineficiente aparato estatal, hiperburocratizado y con inocultables focos de corrupción. Sin ello, mal se podrán atacar los principales problemas que abruman a la población venezolana y que provocaron la deserción de una parte del electorado chavista: la carestía y demás aspectos concernientes a la economía, como el desabastecimiento de productos esenciales, por ejemplo; los cortes de energía eléctrica y la inseguridad ciudadana, entre otros. Consciente de ello, la derecha descarga un fárrago de ataques que, como en la guerra de guerrillas, distraen sin pausa al ejército regular –en este caso el gobierno- y le dificulta concentrarse en las tareas cruciales exigidas por la actual coyuntura. Lo que la derecha desea es que éste se empantane en el estéril terreno de la polémica y la discusión, impidiéndole de este modo destinar personal y tiempo a diseñar e implementar eficaces políticas para resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía.

De lo anterior se desprende que el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene que lanzar una contra-ofensiva política, con centro en el terreno de las políticas públicas, ignorando las provocaciones y los insultos que profieren los personeros de la derecha y neutralizando de ese modo sus tácticas agresivas que, conviene aclararlo, buscan ocultar el carácter reaccionario de su agenda con demagógicas y engañosas declaraciones en las cuales manifiestan su voluntad de apropiarse de los “aspectos positivos” del legado de Chávez. Debe por eso mismo concentrar todos sus recursos humanos e institucionales en la batalla contra los problemas arriba mencionados, sin perder un minuto en yermos enfrentamientos verbales que en ningún caso servirán para consolidar -y mucho menos ampliar- su base de sustentación en la sociedad y en el electorado. Y tiene también que ser consciente el gobierno bolivariano que, en esta coyuntura post-electoral, el tiempo juega en su contra. Que la derecha intenta construir un clima de opinión que le abra un espacio para ensayar su carta golpista, hipótesis de máxima, o que la faculte para exigir un referendo revocatorio que podría tener lugar en unos tres años. Sabedor también que si la gestión gubernamental no logra resolver, al menos parcialmente, los problemas arriba mencionados la Revolución Bolivariana podría re-editar el infortunio que le cupo al Sandinismo, que diez años después de su épica victoria contra la tiranía de Anastasio Somoza (h) fue derrotado inapelablemente en las urnas por una coalición restauradora promovida, organizada y financiada –como hoy lo hace en la patria de Bolívar y Chávez- por el imperialismo norteamericano.

Todavía se está a tiempo para impedir en Venezuela tan infeliz desenlace, pero hay que poner manos a la obra ya mismo y diseñar una nueva estrategia de reconstrucción política que le permita al chavismo recuperar la iniciativa y pasar a la ofensiva. Esto quiere decir, librar el combate contra la derecha en el terreno que elija el gobierno y no en el preferido por la oposición: el malicioso pantano de los medios. En relación a esto no podemos sino celebrar la reciente creación de la “Misión Eficiencia o Nada”, concebida para velar por la correcta administración de la cosa pública y luchar contra los focos de corrupción y burocratización que carcomen desde dentro la vitalidad de la revolución. Además, será necesario que el presidente continúe con su acertada política de recuperar nuevamente la calle, hoy disputada por la movilización de la derecha. Esto es, acercarse más al pueblo, mejorar la comunicación con él, escuchar sus reclamos y atender a sus demandas, actitudes indispensables para desbaratar la estrategia de la “guerrilla mediática” seguida por la derecha. Siendo consciente, además, de que lo que Chávez podía resolver gracias a su carismático liderazgo hoy debe ser resuelto mediante una gestión estatal eficiente y socialmente incluyente, alejada de toda desviación tecnocrática y capaz de producir resultados inmediatos. Una gestión, además, que estreche los vínculos con los gobiernos locales y que cuente con un elenco de idóneos servidores públicos capacitados para dar respuesta inmediata a los reclamos de la sociedad. En Ecuador, por ejemplo, el Sistema Quipux es un servicio vía Internet que el Presidente Rafael Correa instaló en todas las agencias gubernamentales para facilitar un enlace directo con su oficina y la del vicepresidente, y que permite a su vez que estos puedan monitorear en tiempo real la marcha de los diversos proyectos del gobierno, conociendo su grado de avance y sus obstáculos de suerte tal de poder tomar sin demora las medidas correctivas que sean pertinentes. Esto no es una panacea pero, sin duda, va a facilitar el necesario, impostergable, salto de calidad que tiene que producirse en la administración pública de la Revolución Bolivariana para hacer frente a los inéditos desafíos del momento actual.

- Dr. Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina www.atilioboron.com.ar

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Oaxaca: A tres años del asesinato de defensores de derechos humanos seguimos reclamando justicia




Este 27 de abril, al cumplirse tres años del asesinato de los defensores de derechos humanos Alberta “Bety” Cariño y Jyri Jaakkola, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades federales y del Estado de Oaxaca su responsabilidad de garantizar que los hechos no queden en la impunidad

Al día de hoy, sólo una de las 12 personas contra quienes se emitió orden de aprehensión está detenida.

Bety Cariño y Jyri Jaakkola, éste último de origen finlandés, fueron abatidos por un grupo armado con presuntos vínculos con autoridades locales y estatales el 27 de abril de 2010.

Familiares y compañeros de ambos defensores de derechos humanos y miembros de Amnistía Internacional han organizado marchas, vigilias y actos conmemorativos en Oaxaca y en Finlandia con el objetivo de exigir el fin de la impunidad.

Eve Jaakkola, la madre de Jiry declaró durante un viaje a México para exigir justicia para su hijo que "México representa amor y odio para mí. Es odio porque me quitó a mi hijo, es amor porque mi hijo amaba estar aquí".

La organización espera que las autoridades mexicanas cumplan su deber y se aseguren de que este caso será investigado eficazmente. Es esencial que las autoridades federales y estatales coordinen esfuerzos para arrestar a los demás sospechosos con el objetivo de que rindan cuentas ante la justicia.

Eve Jaakkola agregó que “Mi hijo aprendió un nuevo concepto cuando estuvo aquí en México, el hablaba de la “Vida Digna”, una vida con justicia y dignidad […] ahora él merece que en su caso llegue esta justicia, esta justicia por la que él luchó hasta el final”.

Si bien es responsabilidad del Estado de Oaxaca investigar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, es responsabilidad tanto de autoridades estatales como federales ejecutar las órdenes de aprehensión y garantizar protección efectiva para testigos y sobrevivientes.

Información adicional:

El 27 de abril del 2010 una caravana humanitaria que se dirigía a la comunidad Triqui de San Juan Copala, Oaxaca para documentar las condiciones en que vivían decenas de familias que se encontraban sitiadas por un grupo armado y llevarles alimentos, fue emboscada por hombres armados. En ese ataque perdieron la vida Jyri Jaakkola activista finlandés y Bety Cariño defensora de derechos humanos mexicana. Otras personas sobrevivieron el ataque con graves heridas, incluyendo varios periodistas.

Ambas familias han impulsado acciones tanto a nivel nacional como internacional para que continúen las investigaciones y se sancione a los responsables, tanto aquellos que se encuentran ligados al grupo armado responsable del ataque, como a los funcionarios de gobierno que permitieron que estos hechos ocurrieran.

Jyri Jaakkola, de 33 años, era originario de Finlandia y se trasladó a Oaxaca para conocer sobre los pueblos indígenas locales y enseñar sobre el uso responsable de los recursos naturales y los efectos del cambio climático.

Bety Cariño era la coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en Huajuapan de León, Oaxaca. Trabajaba en comunidades indígenas dando talleres sobre derechos de las mujeres y promoviendo la creación de radios comunitarias. Había denunciado el asesinato de las locutoras de origen Triqui Felícitas Martínez y Teresa Bautista ocurrido en San Juan Copala en 2008.

Las víctimas que los medios ignoraron: la explosión de la planta de fertilizantes de West, Texas


Publicado el 26 de abril de 2013

Amy Goodman

La Maratón de Boston y sus repercusiones han acaparado la atención de los medios de Estados Unidos. Sin embargo, otra serie de explosiones ocurridas dos días más tarde, y en las que el número de víctimas mortales fue cuatro veces mayor, tuvo mucho menos cobertura mediática. Fue el peor accidente industrial en años, aunque llamarlo accidente no tiene en cuenta que era evitable y que posiblemente se trate de un acto negligente, como suele suceder en muchos lugares de trabajo peligrosos.

La primera llamada al 911 llegó a las 7:29 de la tarde del miércoles 17 de abril. Una mujer que se encontraba en una plaza de juegos vio un incendio del otro lado de las vías del tren, en las instalaciones de la empresa West Fertilizer Co., en la pequeña localidad de West, Texas, cerca de Waco. Acto seguido, el departamento local de bomberos voluntarios se movilizó. Menos de 25 minutos más tarde, una enorme explosión sacudió la planta y causó ondas de choque, escombros y fuego en toda la localidad de West, provocando la muerte de 15 personas, entre ellas un médico del servicio de emergencias, ocho bomberos voluntarios y un jefe de bomberos de Dallas que estaba visitando a sus hijos y se sumó al esfuerzo de los bomberos.

El sistema de radio de emergencias recibió la siguiente llamada: “Necesitamos todas las ambulancias posibles en este momento. Acaba de explotar una bomba aquí dentro. La situación es muy grave. Muchos bomberos están en el suelo”.

Mujer: “Hay bomberos caídos. Reitero, hubo una explosión. Hay bomberos caídos”.

A esta siguió otra llamada, en la que se sentían quejas en el fondo: “La residencia de ancianos ha sufrido daños graves. Hay muchas personas inconscientes. Por favor, envíen ayuda”.

Se formó una nube en forma de hongo en el cielo. La explosión fue de una magnitud de 2,1 en la escala de Richter, equivalente a un pequeño terremoto. Las llamadas al 911 no dejaban de llegar. La gente denunciaba que había estallado una bomba, que muchos estaban heridos y otros envueltos en una nube tóxica. Entre 60 y 80 casas fueron sacudidas por la explosión.

Una semana más tarde, con el incendio extinguido y la mayoría de los funerales ya realizados, hay importantes preguntas que permanecen sin respuesta. Un equipo de unas 70 personas está investigando la fuente de la explosión. Reuters informó el sábado que la planta albergaba 2.700 toneladas de nitrato de amonio, es decir 1.350 veces la cantidad mínima por la que una planta está obligada a informar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acerca de sus reservas. El nitrato de amonio es un fertilizante utilizado en la agricultura industrial a nivel mundial y es estable cuando se lo almacena en forma adecuada. Es muy inflamable si entra en contacto con el fuego, especialmente cuando se mezcla con combustible, como lo demostró Timothy McVeigh, autor del atentado de 1995 contra el edificio federal Murrah en Oklahoma City. La empresa West Fertilizer Co. nunca informó al Departamento de Seguridad Nacional acerca de sus niveles de almacenamiento de nitrato de amonio.

Este requisito se fundó en la preocupación de que posibles terroristas roben nitrato de amonio. Hay otros organismos federales y estatales que están a cargo de controlar las plantas de fertilizantes, las instalaciones de almacenamiento de productos químicos y los lugares de trabajo en general. Sin embargo, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés) inspeccionó las instalaciones de West Fertilizer Co. por última vez en 1985. Un informe de una inspección presentado en junio de 2011 a la Agencia de Protección Ambiental enumeraba el almacenamiento de 24.000 kg. de amoníaco anhidro, un fertilizante diferente, pero se afirmaba que no presentaba ningún riesgo grave.

La explosión de la planta de West Fertilizer sucedió apenas un día después del 66° aniversario del llamado “desastre de la ciudad de Texas”, considerado como el peor accidente industrial en la historia de Estados Unidos. Dos mil trescientas toneladas de nitrato de amonio destinado a Francia como parte del Plan Marshall para la reconstrucción y ayuda de Europa se prendieron fuego a bordo del buque SS Grandcamp. La explosión que ocurrió a continuación dejó un saldo de al menos 581 muertos y 5.000 heridos, y destruyó 500 hogares. Cabría pensar que Texas es sensible a los riesgos potenciales de este peligroso químico. Sin embargo, el gobernador Rick Perry le dijo a Associated Press: “[La población], a través de la elección de sus representantes, envió un claro mensaje de conformidad con el nivel de supervisión”. Recientemente, Perry elogió las normas ambientales de Texas, extremadamente laxas, en su intento de atraer a empresas de estados como California e Illinois a instalarse allí.

El 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se celebra la Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados. En Estados Unidos, en honor a las 4.500 personas que mueren cada año en el país en su lugar de trabajo. En promedio, trece trabajadores van a trabajar cada día y nunca regresan. Tom O’Connor, director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sostuvo: “mientras las empresas critican las normas y priorizan las ganancias por encima de la seguridad, los trabajadores son los que pagan el precio”.

En la explosión en West, Texas, murieron trabajadores, socorristas, jubilados y vecinos. Muchas personas mueren o resultan heridas a diario en Estados Unidos debido a que los lugares de trabajo no cumplen con las normas de seguridad, pero esto parece tolerarse como el precio que hay que pagar para desarrollar una actividad comercial. El gobernador Perry declaró a West área de desastre y pidió que se rezara por las víctimas. Eso no es suficiente. Como dijo la legendaria sindicalista Mary “Mother” Jones: “Recen por los muertos y luchen a muerte por los vivos”.