viernes, 10 de mayo de 2013

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Madres de desaparecidos exigen búsqueda efectiva de sus familiares


Con la consigna: “Hijo, escucha, tu madre está en tu busca”, marchan al Ángel de Independencia.

Fernando Camacho Servín
Publicado: 10/05/2013 10:49

México, DF. Decenas de familiares de víctimas de desaparición participan en este momento en la segunda Marcha de la Dignidad Nacional, en demanda de que las autoridades hagan una búsqueda efectiva de sus seres queridos.

En medio de consignas como “Hijo, escucha, tu madre está en tu busca” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, los manifestantes caminan sobre Paseo de la Reforma rumbo al monumento del Ángel de la Independencia.

Los padres y familiares hicieron una breve pausa frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), donde el jueves un grupo de padres y madres de desaparecidos inició un plantón y huelga de hambre para exigir que el gobierno les explique de qué forma está buscando a sus hijos y les dé resultados sobre las investigaciones de sus casos.

Acusan a policías ministeriales por golpear violentamente a ciudadanos de Xoxocotla


Hugo Barberi Rico

PUENTE DE IXTLA. Policías ministeriales fueron acusados de golpear con violencia al jefe de la policía y a cuatro ciudadanos más de Xoxocotla, cuestión que indignó a la población que pide el encarcelamiento de los miembros del comando ministerial, plenamente identificados por los afectados, quienes culpan al mismo director de la corporación judicial, Román Rueda Herrera.

Los pobladores estuvieron a punto de cerrar durante la tarde-noche del martes la vía más transitada de la región, la carretera Alpuyeca-Jojutla a la altura de Xoxocotla, para exigir el encarcelamiento del grupo de ministeriales, a quienes acusan de haber interceptado a un grupo de personas que venían de la celebración religiosa de la conmemoración de la Asunción del Señor; y golpearon brutalmente a los cinco, espantaron a las mujeres e hicieron un desastre en minutos.

Cuentan testigos que un comando de la policía ministerial, encabezado por el director, Román Rueda Herrera, a bordo de las patrullas 01350, 01205, y 01212, interceptó a los ciudadanos de Xoxocotla alrededor de las 15:30 horas a la altura del río Apozonalco, en el centro de esta comunidad autóctona, cuando venían de una celebración del Huentle, los golpearon y les pedían que les dijeran “quién era el bueno” que había matado a una persona, y al no recibir respuesta los golpearon salvajemente.

El delegado de Xoxocotla, Javier Jiménez Jiménez, precisó que cuando los pobladores regresaban del rito efectuado en la cueva de Cuentepec, les cayó la judicial con elementos de la policía estatal, “bajaron a los compañeros que venían en una camioneta particular, y fueron golpeados violentamente; uno de ellos es comandante de la policía de Xoxocotla, se identificó y aun así lo siguieron golpeando, y ahorita lo tenemos grave en el hospital”.

Director de la ministerial principal agresor
Exigió la destitución del director de la ministerial de Jojutla, “porque el compañero lo señala como el principal agresor que lo estuvo pateando”, y le generó estallamiento de vísceras. Además “está golpeado de todo el cuerpo, en la cara, y le aflojaron todos los dientes. Fue algo brutal”.

Advirtió que iniciarían una carpeta de investigación, pero que lo principal era la destitución del director; “quiero presos a todos los que participaron porque golpearon a gente que era inocente, y espantaron a las mujeres; y no lo voy a permitir. Que paguen por lo que hicieron, porque no es justo lo que hicieron”.

Comentó que los judiciales “así trabajan, te detienen sin saber si eres o no eres; y te culpan, como todos lo sabemos”. Por los hechos fueron internados en el hospital general Ernesto Meana San Román de Jojutla donde hasta el cierre de la presente edición se reportó como delicado de salud el mismo comandante de la policía de Xoxocotla José Rivera Chávez, mientras que los otros cuatro lesionados, los policías Eloy Rivera Sánchez de 46 años; Carlos Rivera Bastida de 24 años de edad; David de Jesús Olvera de 22 años; e Israel Beltrán Montes de 28 años de edad, fueron dados de alta. Más tarde, por su condición, el jefe policiaco de Xoxocotla fue trasladado a un nosocomio de la ciudad de Cuernavaca. Entrevistados al ser dados de alta, los afectados coincidieron en que la agresión de los judiciales fue directa e injustificada .

“Nos dijeron que nos bajáramos, nos bajamos, y luego nos comenzaron a golpear. Nos tiraron al suelo, nos patearon, nos preguntaban `el nombre´, les contestábamos y nos pateaban”, dijo uno de los afectados, mostrando los golpes en el cuerpo; “nos tenían bocabajo y nos pisaban la cabeza”, concluyó.

Agentes ministeriales involucrados fueron suspendidos

De su lado, el director de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, Efrén Vega Giles, dijo que antenoche se entrevistó el delegado de Xoxocotla con el procurador Rodrigo Dorantes Salgado y funcionarios del gobierno del estado ante la inconformidad popular respecto a la denunciada agresion. Precisó que debido a lo acontecido los agentes ministeriales involucrados fueron suspendidos, se inició un procedimiento administrativo y serán llamados a comparecer entre ayer y hoy.

Por otro lado, comentó que mostraron el album fotográfico de la policía ministerial para facilitar la identificación de los señalados, a quienes han declarado en torno a los hechos, pero que también se mencionan como imputados policías estatales y municipales.

También afirmó que el jefe policiaco de Xoxocotla está fuera de peligro.

Decomisa la Comunitaria armas y equipo a policías estatales de San Luis Acatlán


CORRESPONSALÍA

San Luis Acatlán, 9 de mayo. En una acción sin precedentes, integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) llevaron a cabo una incursión en las sedes policiacas estatales asentadas en los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec para decomisarles armas y equipo de comunicación.

Los hechos ocurrieron luego de que no se pudiera concretar una reunión pactada con autoridades estatales que habría de realizarse este jueves a las 10 de la mañana, según refirieron mandos policacos de la CRAC.

Un día antes, el miércoles, policías comunitarios habían retenido a un juez de instructor, un comandante de la policía ministerial y cuatro agentes ministeriales en protesta por la detención que sufrieron en Acapulco a seis elementos de la CRAC, entre ellos su coordinador Eliseo Villar Castillo.

Leonel Vázquez Leal, comandante de la CRAC, informó que los detenidos no serán liberados sino hasta que haya algún acuerdo con las autoridades estatales para su liberación.

Los policías se desplazaron hasta las comandancias y decomisaron 21 rifles AR-15, seis pistolas 9 milímetros y 380, así como un tanque de gas lacrimógeno, balas y un chaleco antibalas, mismos que mostraron a la prensa.

El problema, relató el coordinador regional de la CRAC, Raúl de Jesús Cabrera, es que se habría de realizar una mesa de diálogo con las autoridades estatales, para liberar dos patrullas, 18 armas entre cortas largas y teléfonos celulares de los policías, que les fueron decomisadas por los militares que los detuvieron en Acapulco cuando habían viajado a realizar una diligencia.

Sin embargo, la comisión del gobierno, que estaría encabezada por la procuradora Martha Elva Garzón Bernal no se presentó y sólo llamaron para decirles que se realizaría el encuentro en San Marcos o en Acapulco, a lo que los policías no aceptaron.

En las acciones participaron elementos de las cuatro casas de seguridad que integran el sistema de justicia de la CRAC, informó el coordinador Eliseo Villar Castillo, quien a su vez dijo que los funcionarios retenidos no serán liberados hasta que haya un acuerdo con las autoridades para la devolución de las pertenencias de la agrupación.

Por otra parte, en un comunicado el diputado del PAN, Marcos Efrén Parra Gómez, afirmó que las acciones de la policía comunitaria son “un peligroso desafío al Estado que enfrenta las consecuencias de negarse a aplicar la ley”.

Dijo que las acciones de la CRAC-PC son “más de insurgencia que de seguridad con tal de que no lo acusen de represor”.

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10 de mayo un día para la verdad y la justicia



“Hijo escucha, tu madre está en la lucha”, este fue uno de los gritos que hoy, 10 de mayo, día de las madres en México, resonó en el centro de la Ciudad de México, en boca de cientos de madres de personas desaparecidas en los últimos años en el país.

“Un país donde la madre de una víctima tiene que dedicarse a vender dulces en las calles para así poder venir a la Ciudad de México y exigirles a las autoridades que investiguen, es un país donde la justicia es más una ilusión que un derecho”, declaró esta mañana Daniel Zapico, Director de Amnistía Internacional en México acompañando junto a otros integrantes de la organización y de otras organizaciones de derechos humanos a los cientos de familiares de víctimas de desaparición y desaparición forzada.


El día de hoy, Amnistía Internacional acompaña a los familiares de víctimas de desaparición durante la “2da Marcha de la dignidad nacional” que partiendo del Monumento a las Madres, llegó al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

Esta caravana se integra fundamentalmente por madres de personas desaparecidas que exigen verdad y justicia sobre los miles de casos de desapariciones sin resolver, incluso desapariciones forzadas– es decir, desapariciones ocurridas con la participación de agentes del estado-.

“Hoy 10 de mayo es un día muy especial para muchas mujeres que son madres en México. Sin embargo, para estas mujeres es un triste un recordatorio de la ausencia de sus hijas e hijos.” Afirmó Zapico. “A este dolor se suma la desesperación de no saber que les ha pasado y sin embargo, tener la certeza de que las autoridades se niegan a investigar de forma efectiva.” Agregó Zapico.

Amnistía Internacional llama a las autoridades a que reconozcan la dignidad de la lucha de las familias y actúen de manera pronta para cumplir con sus justos reclamos qué exigen el esclarecimiento de las desapariciones y llevar ante la justicia a los responsables.

Durante el evento, la organización también anunció el lanzamiento del sitio web “www.nuncaolvidaremos.org” a través del cual busca recolectar más de 20 mil firmas respaldando la exigencia de justicia de las familias de las víctimas de desaparición y desaparición forzada.

“Sus familias no están solas, miles de personas más compartimos su dolor y su indignación y nos sumaremos a sus reclamos de justicia hasta que el acceso a la verdad y la justicia no llegue a hasta la última de ellas.” Concluyó Zapico.

“Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables” y “Vivos se los llevaron y vivos los queremos” fueron otras de las frases que las madres gritaron en el centro de la Ciudad de México.

Información adicional.

Amnistía Internacional escribió a Enrique Peña Nieto durante sus primeros días en la presidencia para resaltar las acciones urgentes que se requieren para atender la grave situación de derechos humanos, en especial los casos de desapariciones. Durante los últimos meses Amnistía Internacional ha continuado documentado esta alarmante situación.

Durante su visita a México, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, señaló una serie de acciones que las autoridades deben implementar para priorizar la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia en garantía del derecho a la vida, entre las cuales se incluyen investigar efectivamente los casos de desapariciones y construir, en colaboración con los gobiernos de Centroamérica, una base de datos de personas desaparecidas que incluya información biométrica.

Recientemente las autoridades mexicanas reconocieron al menos 26,000 casos de desapariciones ocurridas en los últimos años, la mayoría de los cuales permanecen sin ser investigados. Tampoco existe información sobre cuántos de estos casos podrían constituir desaparición forzada.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta caso sobre México a la CorteIDH

Difusión México D.F., 9 de mayo de 2013

Boletín de prensa CIDH La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.288, García Cruz y Sánchez Silvestre, México.

Los hechos de este caso se refieren a la detención ilegal y tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, así como por sus posteriores condenas a 3 años y 40 años de prisión, como consecuencia de dos juicios penales en los que no se observaron las garantías del debido proceso, en particular por la utilización de sus confesiones obtenidas bajo tortura y por la falta de investigación y sanción de los hechos denunciados.

Desde las primeras diligencias de investigación en junio de 1997, y durante el proceso en su contra, García Cruz y Sánchez Silvestre denunciaron en repetidas ocasiones ante las autoridades judiciales pertinentes haber sufrido lesiones por parte de agentes estatales durante sus declaraciones ministeriales con la finalidad de que aceptaran su culpabilidad en los hechos respecto de los cuales se les procesaba. No obstante, las autoridades ministeriales o judiciales no iniciaron una investigación con base en los certificados médicos y las denuncias recibidas. Fue recién en 2002 que se inició una investigación previa con respecto a presuntas lesiones, la cual habría concluido debido a que Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre no interpusieron una querella criminal.

Las víctimas fueron investigadas y procesadas en dos causas penales tramitadas sobre la base de las mismas declaraciones ministeriales, en las cuales manifestaron que la detención no se realizó en el lugar indicado por los policías judiciales que la practicaron; y que fueron lesionados y torturados por aquellos. Dichas declaraciones fueron consideradas por el poder judicial a la luz de su presunta culpabilidad y colocando la carga de la prueba en su contra, en contravención con el principio de presunción de inocencia. Asimismo, dentro de las etapas iniciales de dichos procesos los señores García Cruz y Sánchez Silvestre no fueron asistidos adecuadamente por el defensor de oficio, lo que ocasionó violaciones a su derecho de defensa.

El caso se envió a la CorteIDH el 17 de marzo de 2013 porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo sobre el caso. En dicho informe, la Comisión Interamericana recomendó al Estado que realice una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, con el objeto de investigar las violaciones a la integridad personal y a la libertad personal cometidas en contra de García Cruz y Sánchez Silvestre; que adopte medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, con el objeto de adecuar la legislación y las prácticas mexicanas a los estándares interamericanos en materia de tortura; que adopte las medidas necesarias para revisar la validez del proceso penal seguido en perjuicio de García Cruz y Sánchez Silvestre, en virtud de los derechos que le fueron conculcados, especialmente el valor probatorio dado a las confesiones rendidas por las víctimas bajo efectos de tortura; reparar plenamente a García Cruz y Sánchez Silvestre incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas; y adoptar medidas para prevenir la repetición de hechos similares a los relacionados con el presente caso.

Con posterioridad al envío del caso a la CorteIDH, el Estado de México presentó información sobre avances en relación con las recomendaciones emitidas por la CIDH en el Informe de Fondo de este caso. Según esta información, el 11 de abril de 2013 fue revocada la sentencia condenatoria en perjuicio de las víctimas, y el 18 de abril de 2013 se decretó su liberación y se ordenó la cancelación de sus registros penales. Estas acciones fueron consecuencia de una sentencia de amparo del 25 de marzo de 2013, que instruyó a la autoridad judicial competente a declarar nula la sentencia contra García Cruz y Sánchez Silvestre y a dictar otra en su lugar, considerando el derecho de las víctimas a una adecuada defensa, que la confesión fue obtenida por medio de la tortura, y que la declaración de los agentes del Estado que realizaron el arresto carece de eficacia como prueba testimonial.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Reportaje de Contralínea sobre García Cruz y Sánchez Silvestre

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos