domingo, 28 de marzo de 2010

¡NO PERMITAMOS QUE UN PEDERASTA GOBIERNE VERACRUZ!, LA POLILLA JAROCHA DEL 27 MARZO DEL 2010

LA POLILLA JAROCHA DEL 27 DE MARZO DEL 2010 




EL SENDERO DE VERACRUZ

Castaños: Juicio civil sin precedente

Guadalupe Cruz Jaimes / CIMAC
cimac@laneta.apc.org

* El proceso, sin embargo, fue insuficiente y amañado: Raúl Vera

La impartición de justicia para dos trabajadoras del bar Las Playas y 12 de El Pérsico, quienes en 2006 fueron violadas sexualmente por militares, en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, ha sido un proceso insuficiente y amañado, pese a ser la primera ocasión en la historia del país, que uniformados del Ejército Mexicano son juzgados por el fuero civil.
La denuncia de este hecho, en voz de las 14 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños --una de las cuales se retractó meses después de lo ocurrido-- apoyadas por defensores de derechos humanos, como el obispo Raúl Vera, de la Diócesis de Saltillo, Coahuila, llevó a que 12 de los militares fueran juzgados por el fuero civil.
Cabe recordar que la madrugada del 11 de julio de 2006, alrededor de 20 militares violaron sexualmente a dos trabajadoras del bar Las Playas y a 12 mujeres más en El Pérsico, ubicados en la zona de tolerancia, en Castaños.
Los militares del 14 Regimiento de Caballería Motorizado estaban comisionados en Monclova para el resguardo del Instituto Federal Electoral (IFE) y las boletas electorales desde el 3 de julio de ese año.
Las víctimas de los abusos sexuales, algunos cometidos de forma tumultuaria, reconocieron a 12 soldados. Ocho de ellos fueron detenidos y procesados. La justicia civil se impuso sólo a cuatro militares, tres de ellos con penas de prisión (41, 31 y 21 años de cárcel) y el cuarto pagó su fianza y salió libre.
Un noveno militar fue detenido meses después, pero no fue procesado debido a la intervención de un superior jerárquico, y fue absuelto en menos de una semana. Tres más siguen prófugos.
En el memorando AP-I-28209, del 17 de agosto de 2006, el jefe de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia Militar precisa que "fueron consignados nueve elementos militares por el delito de abandono de servicio", pero sólo ocho fueron entregados para llevar un proceso por el fuero común, por primera vez en la historia mexicana, luego de que aceptaran que el pelotón MK-19 no estaba cumpliendo ninguna orden militar, pues abandonaron el servicio en las instalaciones del IFE.
Dos soldados fueron liberados el 24 de octubre de 2007, ese mismo día se llevó a cabo un juicio de guerra en Saltillo en contra de los agresores, aunque el Consejo de Guerra emitió sentencias por abandono de sus puestos como custodios de papelería electoral, no por la violación sexual de las trabajadoras de Castaños.
A tres años y medio de la violenta agresión de militares en contra de 13 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños --quienes sostuvieron su dicho hasta el final del proceso--, la justicia de Coahuila determinó una reducción de condenas.
Lo que para muchos fue un logro, el que integrantes de la milicia hayan sido juzgados por primera vez a través del fuero común, para el obispo Raúl Vera López se trató de un proceso insuficiente y amañado.
Y es que, a decir de Sandra Luna, abogada de las trabajadoras de El Pérsico, las autoridades locales con la "justificación" de que en 2006 entraron en vigor reglas para dictar sanciones con base en la acumulación de penas y no por la suma aritmética de éstas, las sentencias de los soldados que incurrieron en violación tumultuaria fueron reducidas.
Luna indica que por la fecha en que se registraron los hechos queda en entredicho si se aplicaban o no las reformas, es decir, las reglas del concurso que implica no hacer una suma aritmética de la penas, tal como lo hizo el juez de primera instancia Hiradier Huerta, de ahí que las penas que andaban en más de 40 años, bajaron a menos de 20 años de prisión.
Además, una omisión en el Código Penal del Estado de Coahuila derivó en que los soldados a quienes se acreditó el delito de violación a las trabajadoras sexuales en Castaños no hubieran recibido sentencias más altas.

Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular

Mujeres violadas pedirán justicia a la CIDH

Sofía Noriega / CIMAC
cimac@laneta.apc.org

* Luego de que en Castaños, Coahuila, benefician a militares

Saltillo, Coahuila.— Luego de conocer el fallo que en segunda instancia resolvió una reducción de penas para los militares que la violaron el 11 de julio de 2006 en El Pérsico, Lupita dice que esperaba un criterio más severo de parte de los jueces.
Todavía trabaja en El Pérsico, lugar donde soldados perpetraron la artera agresión y por supuesto que no "estamos de acuerdo en que se bajen las penas, porque el juez minimizó el que nos hayan violado soldados, le dio más importancia a que fuéramos trabajadoras sexuales y que "nos hayan violado cuando estábamos trabajando".
Comenta que Paola y ella, siguieron en El Pérsico después de los hechos de 2006 cuando fueron agredidas y atacadas sexualmente 13 bailarinas en el salón El Pérsico en Castaños.
Lupita de 46 años, dudó en buscar otras alternativas para subsistir, Paola hasta hace poco se fue a Monterrey, a la zona de tolerancia.
Sandra Luna, abogada defensora de las trabajadoras del Pérsico, indicó que apelarán a otras instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que no se ha aplicado todo el peso de la ley en contra de quienes incurrieron en abuso de autoridad y prepotencia para consumar la agresión sexual.
"Por mi parte, lo que puedo decir es que fuimos atacadas y abusadas por gente que traía rifles y pistolas, y que hubo un delito que tiene que castigarse, pero lo que pudo haber ayudado a los militares es que muchas compañeras tuvieron mucho miedo de llegar hasta el final por las amenazas que recibieron", dijo Paola.

La justificación

Con la justificación de que en 2006 entraron en vigor las reglas del concurso para dictar sanciones en base a la acumulación de penas y no por la suma aritmética de éstas, es que los soldados que incurrieron en la violación tumultuaria de Castaños obtuvieron reducción a sus sentencias.
"Por la fecha en que se suscitaron los hechos quedaba en entredicho si se aplicaban o no las reformas, es decir, las reglas del concurso que implica no hacer una suma aritmética de la penas, tal como lo hizo el juez de primera instancia Hiradier Huerta, de ahí que las penas que andaban en más de 40 años, bajaron a menos de 20 años de prisión", dijo el magistrado y hasta el año pasado, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Óscar Nájera Davis.
Además, una omisión en el Código Penal del Estado de Coahuila, derivó en que los soldados a quienes se acreditó el delito de violación a las trabajadoras sexuales en Castaños no hubieran recibido sentencias más altas.
Nájera agregó que por el delito de violación las condenas que establece el Código Penal oscilan entre siete y 14 años de cárcel según las agravantes.
La abogada Sandra Luna, asegura que las afectadas "no tienen contemplado exigir la reparación del daño y no están del todo satisfechas con la nueva resolución". Nubia se retractó de sus acusaciones contra el subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, aunque después de haber sido absuelto, en segunda instancia se determinó que deberá pasar 18 años en prisión".
Por su parte, el magistrado Nájera Davis criticó la actuación del juez Hiradier Huerta, al tomar la retractación de Nubia para dictar sentencia absolutoria en contra del subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, en lugar de tomar en consideración otros elementos probatorios que apuntaban la culpabilidad del elemento con mayor jerarquía que participó en la violación.
"Nosotros si tomamos en cuenta esas pruebas y de ahí que le hayamos dado 18 años de cárcel", dijo.

Mayores beneficios para violadores

Aída Guardiola, abogada defensora de los militares que participaron en la violación tumultuaria en la zona de tolerancia de Castaños, señala que recurrirá al amparo.
La litigante, no tiene empacho en señalar que la retractación de la querella interpuesta por las trabajadoras Wendy y Nubia, fue parte crucial de la reducción de penas en segunda instancia.
Pero niega que haya habido amenazas contra las trabajadoras agredidas o al menos por parte de sus defendidos, a pesar de que las víctimas expresaron ante diferentes medios de comunicación estar siendo coaccionadas y amedrentadas durante el proceso.
Señala que apelará la resolución del Tribunal Superior de Justicia, el cual tuvo dos votos en contra de los magistrados Antonio Berchelman Arizpe y Armín José Valdés Torres, quienes sostienen que las penas de los soldados que participaron en la violación de 13 bailarinas deben ser todavía menores.
Guardiola está satisfecha porque se ratificó la libertad de Norberto González Estrada, Rosendo García Jiménez y Casimiro Ortega Hernández, en tanto que quedó inconforme con el castigo dictado al subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, a quien se le impusieron 18 años de prisión, cuando en primera instancia había sido absuelto.
El juicio de garantías que pretende promover ante el Tribunal Colegiado de Distrito está sustentado en las evidencias y pruebas, "las propias declaraciones de las trabajadoras sexuales son cruciales para nuestros objetivos", precisó la abogada.

Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular

Las fuerzas del orden, las principales agresoras de la prensa: Cepet y Artículo XIX



Nelly Olivos
nelly24olivos@yahoo.com.mx

* Existe un subregistro en el total de agravios contra periodistas * Tienen conocimiento de casos donde los afectados decidieron no denunciar * Temen o no tienen confianza en las autoridades para sancionar a los responsables

En el tan llevado y traído tema de las agresiones a periodistas y medios de comunicación, el pasado febrero se presentaron dos informes; uno realizado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y otro por la organización Artículo XIX.
Si bien es cierto que ambos informes poseen diferencias metodológicas, es necesario reconocer los puntos en común y los hechos no parecen mentir: existe un incremento generalizado en los casos de agravios a comunicadores y los principales agresores son las fuerzas de seguridad del Estado.
Las autoridades se han dado a la tarea de descalificar cuanto informe presentan las organizaciones civiles en torno al tema de los agravios a la libertad de expresión, argumentan la diferencia en los registros de estos casos, así como carecer de una metodología única; pero la verdad es que tales argumentos no consideran el problema de fondo: la impunidad.

El informe de la FEADP

Antes de concluir el 2009, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), presentó su respectivo informe de actividades donde de forma poco clara señala que “del 16 de febrero de 2006 al 30 de noviembre de 2009, esta fiscalía desarrolló la investigación de asuntos radicados, tramitados y determinados en un total de averiguaciones previas y actas circunstanciadas de 1,108, de las cuales 99 se han determinado y nueve se encuentran actualmente en trámite”, sin que con exactitud sepamos a ciencia cierta cuántos presuntos responsables hayan sido sancionados.
Más aún, en el informe de Artículo XIX se crítica la labor de la Fiscalía al señalar puntualmente que de los 108 casos registrados por dicha dependencia, sólo 16 casos se registraron el año pasado, lo que contradice la cifra de 244 agresiones registradas por la organización internacional.
El baile de cifras continúa en el informe de la FEADP: se realizaron 45 reuniones con organizaciones internacionales y nacionales interesadas en la defensa de los periodistas; se atendieron vía telefónica 66 llamadas relacionadas con posibles denuncias por parte de comunicadores; se atendieron mil 130 treinta comunicaciones por escrito de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos; se efectuaron 50 acciones de difusión de las actividades de la Fiscalía Especial (entrevistas, reportajes, etcétera); de las visitas a las autoridades locales de procuración de justicia se obtuvo como resultado el registro, seguimiento y actualización de 145 asuntos de agresiones contra periodistas; y por último, se han elaborado 31 mil 621 análisis informativos a partir del seguimiento en prensa de 24 asuntos que en su mayoría no derivaron en acciones legales ni quejas.
Lamentablemente el documento de la FEADP no da cuenta de cuántos responsables de las agresiones a periodistas y medios de comunicación han sido sancionados o qué avances hay en las investigaciones correspondientes en el tema.

Las coincidencias

Como señalábamos anteriormente, en los informes presentados por el Cepet y Artículo XIX existen diferencias, pero coinciden en puntos centrales como el hecho de identificar a Oaxaca y Veracruz como las entidades donde se registraron mayor cantidad de agravios contra periodistas y medios de comunicación; aun por encima de Chihuahua que se encuentra sumergido en la violencia de la batalla contra el narcotráfico.
La explicación a tal situación es sencilla, este alto índice de agravios se encuentra directamente relacionado con la presencia de cacicazgos políticos.
Un ejemplo de lo anterior fue la detención el 11 de enero de 2009 de los voceadores del diario Noticias, de Oaxaca, Hilaria Jacobo Robles y Guillermo Vicente Pérez, por órdenes del presidente municipal de San Pedro Jicayá, Leonardo Silva Palacio, con el propósito de evitar la difusión de críticas a su administración.
El Cepet señala en su informe, Gobierno y narco: la lucha por imponer la agenda periodística, que la existencia de cacicazgos locales que ven amenazados sus proyectos políticos a causa de las críticas y denuncias periodísticas suelen echar mano de los cuerpos de seguridad municipal, así como del Ministerio Público y juzgados locales, como una especie de mecanismo de ajuste de cuentas.
Por su parte el informe Entre la violencia y la indiferencia, de Artículo XIX, señala que Oaxaca y Veracruz son “ejemplo de la resistencia que aún impera en los círculos de gobierno para garantizar y respetar el ejercicio del periodismo crítico y sobre asuntos de interés público”.
Estudios de seguimiento y documentación de agresiones a periodistas y a medios de comunicación han señalado que durante los procesos electorales estos incidentes suelen aumentar, por lo que podemos señalar que en el presente año la situación no va a ser diferente en dichas entidades.
Ambos informes también señalan que integrantes del crimen organizado se han convertido en los responsables de los ataques más violentos contra comunicadores, de ello dan cuenta los atentados con armas de grueso calibre, atentados con granadas y varias ejecuciones de periodistas.
Una última coincidencia guardan los documentos elaborados por el Cepet y Artículo XIX: existe un subregistro en el total de casos de agravios contra periodistas, en otras palabras, ambas instituciones manifestaron tener conocimiento de casos de agravios donde los afectados decidieron no denunciar los hechos por temor o falta de confianza en las autoridades para sancionar a los responsables.

Las diferencias

Probablemente, las diferencias más notorias en el trabajo del Cepet y de Artículo XIX estén dirigidas a los mecanismos de protección de periodistas. Mientras la primera organización busca el “entrenamiento” de los profesionales de la comunicación para enfrentar y alejarse de prácticas de riesgo, mediante el apego estricto al cumplimiento de la ley; la segunda dirige toda su atención a la creación a un sistema de protección a periodistas adaptando el colombiano a nuestro país.
Por su parte, las autoridades dan nuevas esperanzas a las organizaciones civiles encargadas de promover y garantizar el respeto a la libertad de expresión de los comunicadores, ya que el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, removió a Octavio Orellana Wiarco como titular de la FEADP y en su lugar designó a Gustavo R. Salas Chávez quien tiene instrucciones “precisas de revisar a profundidad cada uno de los casos registrados en la Fiscalía Especial y abatir la impunidad, así como reorganizar la estructura del área”, señala un boletín de la Procuraduría General de la República.
Todo parece indicar que en materia de agravios contra periodistas y medios de comunicación, este año no va a ser diferente a los anteriores y que tales casos van ir a la alza garantizando un enorme esfuerzo de las organizaciones civiles para monitorear, documentar, registrar y denunciar los crímenes que pretende silenciar al gremio periodístico; mientras las promesas de acabar con la impunidad serán moneda corriente entre las autoridades. Lo único que queda preguntarnos como periodistas es quién se volverá parte de las estadísticas de los informes.

Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular

“Primero Dios, vamos a ganarle a las textileras”, dice madre de trabajador


❚LOS ANTIGUOS OBREROS SE ESTÁN MURIENDO SIN VER RESULTADOS DE SU LUCHA

Sara Oaxaca Vázquez es madre de un obrero despedido en 1991 de la Compañía Industrial Veracruzana Sociedad Anónima (CIVSA), quien la dejó en lucha laboral para irse trabajar a los Estados Unidos. El otro de sus descendientes murió de cáncer y tampoco le tocó ver su liquidación de la textilera San Lorenzo. “En Mendoza, en Nogales, las fábricas no dejaron nada, pero no pierdo la esperanza en esta lucha, primero Dios nos van a liquidar”.

Así lo expresó en la segunda visita obligada que este grupo de inconformes realiza en el año, a la capital del estado, en son de protesta contra las promesas incumplidas del gobierno estatal.

Apenas la semana pasada una comisión de aproximadamente 25 personas, ex obreros de la fábrica Santa Rosa, se plantó en la plaza Lerdo para recordarle al gobierno del estado que les adeuda nueve millones de pesos por la compra del predio Los Filtros.

Este jueves la comisión estuvo integrada en su mayoría por mujeres, sobre todo de la tercera edad. Una de ellas, Sara Oaxaca Vázquez de 72 años, tuvo entre sus hijos dos que se dedicaron a ser obreros de las textileras establecidas en el centro del estado.

Uno de ellos, Asunción Lera Oaxaca, quien trabajó en la fábrica de San Lorenzo ubicada en Nogales, hace un año murió de cáncer. “Murió y allá tampoco les han dado nada, también estaban gestionando”.

El otro, Eutiquio –a quien también le detectaron cáncer–, desde hace varios años se fue en busca de empleo a los Estados Unidos.

“Me dijo: mire jefa, nada se ve real, mejor me voy. Yo no sé porque le tocó la mala suerte que cuando había trabajo, había modo de ganar pues no le luchó y ahorita dice que allá (en Estados Unidos) no hay trabajo, que no tiene ni para la renta”.

La también vendedora de frutas de temporada, en estos días de fresas de Irapuato, rememora que las textileras, “la verdad, la verdad, no dejaron nada. El difunto ni casa tenía, estaba viviendo conmigo”.

–¿Extraña los tiempos de bonanza de las textileras?

–Sí, porque aunque sea (había) para comer, pero ahorita ya no. Ahora lo que esperamos es que nos liquide el gobernador (Fidel Herrera Beltrán), eso es lo que esperamos para levantar los niños que están estudiando.

–¿Usted que está en la lucha, ya se siente cansada?

–Sí, ya me siento cansada, como ahorita que está agarrando la manta (que a la letra decía: Fidel tus mentiras laten con fuerza) se me cargó la sangre en las manos, en los pies, me cansé y me mandaron a descansar un poquito. Además me ha tocado ir a plantones en México, llevamos muchos años en esto, como 18.

–¿Ha perdido la esperanza de que liquiden a su hijo?

–No, es sí, que no. Yo tengo esperanza, porque tenemos los licenciados, notario, la escritura, todo está en orden, nomás que no nos apoya la fuerza mayor.

La señora Sara insistió en que tiene fe de que sí triunfará su lucha.

“Primero Dios vamos a ganar y aunque sea un centavito lo voy a depositar para ayudarme en mi vejez, eso es lo que yo tengo esperanza”.

Fuente: La Jornada de Veracruz
Difusión: Soberanía Popular

Agradecimiento de los Adherentes de Mitzitón.


COMUNIDAD DE MITZITON, ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA.
A 26 DE MARZO DE 2010.

A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE OVENTIC
A LOS COMPAÑER@S ADHERENTES A LA CAMPAÑA
A LA ZESTA INTERNACIONAL
A LA COMICION SEXTA
A LA RED CONTRA LA REPRECION
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
A LOS DEFENSORES DE DERECHOSH UMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Compañeras y compañeros NACIONAL E INTERNCINAL delante del mundo.

Reciban un gran saludo de nosotr@s los compañer@s de lucha, Adherentes a la otra campaña de nuestra comunidad de mitziton.

Queremos informarles compas que el día de ayer 25 de marzo, en la tarde a las tres pm, le dieron libertad a nuestro compañero Manuel Díaz Heredia, que inocentemente fue en carcelado en el penal del amate por delitos fabricados por los paramilitares ejércitos de dios juntos con la PGR y con el mal gobierno, para debilitar nuestra lucha que siempre hemos tenido por la defensa de nuestro territorio y derechos como pueblo indígenas que somos. Nuestro compañero lo liberaron porque el juez no encontró pruebas suficientes para procesar a nuestro compañero. Por eso queremos agradecer todo el apoyo que hemos recibido de ustedes compañeros y compañeras de la otra campaña.

Porque el mal gobierno si somos indígenas y luchamos por nuestros derechos nos fabrica delitos y somos perseguidos como delincuentes siempre el gobierno está acostumbrado a meter en la cárcel a los inocentes que luchan por la dignidad.

El mal gobierno bien lo sabe quiénes son los verdaderos culpables que son los paramilitares ejércitos de dios, encabezados por Carmen Díaz López y junto con edras Alonso Gonzales por que junto con la PGR de san Cristóbal se llevan muy bien con Esdras Alonso. En nuestra comunidad siempre hemos denunciado públicamente los verdaderos delincuentes pero sabemos muy bien que con el dinero sucio que ganan, con eso compara a la ley y a los malos funcionarios de los ministerio públicos, para que los dejen libres, para que sigan trabajando su delitos sucio y todavía hasta le dicen, cuando los dejan ir “cuídate mucho y que dios te bendiga” porque ellos creen más a la mentira que a la realidad.

El día 24 de marzo, aproximadamente las 10 de la am, cuando dos de nuestros compañeros fueron a comprar tortillas para el bloqueo, los paramilitares y ejércitos de dios que son una organización de delincuentes bien organizados y armados y que no solo están en la comunidad de Mitzitón si no en varias comunidades porque han salido a la luz diciendo que teníamos un narco bloqueo, detuvieron a dos compañeros de Mitzitón adherentes a la otra campaña y lo metieron en la cárcel de Betania y estuvo presente el comandante paramilitar Carmen Díaz López dando órdenes y amenazando que iban a mandar su gente armados de la comunidad de Saclum y otras 39 comunidades para desalojar nuestro bloqueo que teníamos, sabemos muy bien que esto lo permite el gobierno.

Les hacemos un llamado a los pueblos donde todavía no están organizados a que se organicen y luchen para que respeten nuestros derechos. Exigimos la libertad de nuestro compañero Artemio Díaz Heredia que lleva más de 2 años encarcelados en el amate, acusados por los mismos falsos delitos.

Como pueblo de Mitzitón y como compañer@s en lucha por la defensa de nuestro territorio, les enviamos un gran agradecimiento por todo el gran apoyo, compañer@s el pueblo unido jamás será vencido, zapata vive y vivirá siempre en nuestros corazones y la lucha sigue.

¡Zapata vive y la lucha sigue!
¡El Pueblo Unido Jamás Será Vencido!

Atentamente

El pueblo organizado de Mitzitón
ADHERENTE DE LA OTRA CAMAPAÑA

Fuente: CDHBCASAS
Difusión: Soberanía Popular

Álvarez Cibrián ignora las consecuencias de poner al Ejército en las calles, lamenta el Cepad

La seguridad en manos de la milicia se traduce en violaciones a los derechos humanos, dice
Lo ocurrido en Maltaraña, ejemplo del riesgo que representan las fuerzas armadas, subraya

REDACCIÓN

Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), las declaraciones del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, sobre reformar la legislación federal para permitir que el Ejército realice tareas de seguridad pública, solo demuestran que el ombudsman “ignora las repercusiones de habilitar a las fuerzas armadas del país en tareas que le corresponden a instituciones de seguridad pública de los municipios, de los estados y de la federación, que se traducen en violaciones graves a los derechos humanos de la población civil”.

En la última actualización de su blog (http://cepadorg.blogspot.com/), Cepad publicó un artículo en el que señala que con sus declaraciones, Álvarez Cibrián ignora que a causa de la forma en que se utiliza a la fuerzas armadas, el Estado mexicano ha recibido reiteradas recomendaciones por parte de organismos internacionales de derechos humanos como el Consejo y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, Amnistía Internacional, además de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para todas y todos”.

“También ignora los riesgos para la población ocasionados por que los militares estén persiguiendo delincuentes, y para muestra están los hechos ocurridos en la comunidad rural de Maltaraña, del municipio de Jamay, donde un convoy de aproximadamente 30 soldados irrumpió en más de una decena de casas, sin autorización de sus moradoras, bajo el argumento de que escondían armas y drogas”, señala el artículo.

Aunque para el Cepad resultan sorprendentes las declaraciones del presidente de la CEDHJ, recordó que su actuar ya ha sido cuestionado por organismos internacionales, “y como ejemplo está el Informe sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en nuestro país, donde es señalado por atentar contra el trabajo que realiza el Cepad”.

El organismo civil considera que Álvarez Cibrian está equivocado si piensa que las violaciones a los derechos humanos dejarán de serlo modificando las leyes.

“Quienes defendemos los derechos humanos desde la sociedad civil reprobamos estas nuevas declaraciones del presidente de la CEDHJ, pues no solamente evidencia su ignorancia en materia de derechos humanos, sino la irresponsabilidad con que las realiza, ya que en el contexto de la lucha contra el crimen organizado se han documentado casos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones forzadas por elementos castrenses sin que a la fecha se hayan investigado, procesado y castigado a los responsables de los crímenes”, concluye el artículo de Cepad.

Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular

La militarización implica excesos y abusos, advierte Enrique Alfaro

Claras, las muestras de atropellos de las fuerzas castrenses

MAURICIO FERRER

El Ejército en las calles “es uno de los riesgos más importantes que tiene el país”, advirtió ayer el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, el perredista Enrique Alfaro Ramírez.

“Creo que el Ejército en las calles es uno de los riesgos más importantes que tiene el país. Todos respetamos a las fuerzas armadas, pero nadie en su sano juicio puede desear que al salir de su casa vea un soldado cuidando la calle”, manifestó el edil.

Para Alfaro son claras las experiencias de la militarización de las calles en otros países y los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas castrenses.

“Las mismas experiencias y otros momentos incluso en México demuestran que las fuerzas armadas tienen otra función: las labores de seguridad pública no pueden realizarse con el Ejército porque tiene una visión que trasciende tal responsabilidad; los abusos, atropellos, excesos que se pueden generar con cuerpos de trabajo bajo otra lógica distinta a la de un policía, es un caldo de cultivo de abusos y prácticas autoritarias”, dijo.

Aunque dijo entender que “el tamaño de la lucha es grande”, los militares no deben estar en las calles y añadió que el esquema de las policías municipales está rebasado.

“Hay dos cosas que hay que puntualizar: el modelo policial vigente está rebasado; seguir defendiendo a las policías municipales y decir que son una maravilla es absurdo. Las policías municipales no han resuelto el problema y hablar de mandos únicos, de militarizar, de otros esquemas es aventurado. Yo creo que se debe de estudiar el tema y dejarnos de dogmas y tabúes que la verdad es que nada ayudan a encontrar una solución al problema de seguridad. El modelo actual está rebasado y por supuesto que creo que cuando menos en áreas metropolitanas un mando único tiene sentido”, comentó.

De acuerdo con Alfaro, la idea de una policía metropolitana no es descabellada si lleva consigo un mando único por que tiene sus riesgos: el de quedarse en el viejo esquema y con patrullas pintadas de igual manera.

Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular

Corporaciones policíacas de Aguascalientes, las más violadoras de los DH en 2010


Sábado, 27/Mar/10 01:16 Jennifer González

• Pero también “hay cada espécimen caminando por la calle” (sic.) que irrespeta la ley
• En lo que va del año, han motivado más de 10 quejas por mes y han obstaculizado visitadurías

Las corporaciones policíacas de Aguascalientes son las principales violadoras de los derechos humanos, de acuerdo con el informe del primer trimestre que el Ombudsman local, Omar Williams López Ovalle, presentó ante la comisión legislativa en la materia en el Congreso local.

Según el documento que se entregó a los medios durante la reunión, a la fecha se han registrado 63 quejas, de las cuales “44 fueron generadas por los policías” y se han emitido seis recomendaciones relacionadas con el rubro. Al respecto López Ovalle comentó que “esto nos habla de casi 30 por mes (…) de que hay problemas en materia de seguridad” y se refirió a la situación como “una problemática social sui generis”.

Señaló además que con motivo del Comité Internacional contra la trata y la tortura, a cargo de la CNDH, recientemente se llevaron a cabo visitadurías a los centros de detención municipales “y el que más chafita está hoy en día es la ministerial” (sic.), acusando que entre otras irregularidades, se observó que tienen a los detenidos hacinados en una celda, en tanto que utilizan otras a manera de bodega.

Sobre esta policía, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) denunció que se impidió la entrada a otra de las áreas del edificio que se pretendía revisar argumentando los responsables que “aquí no entran, aquí no hay nada” y poniendo a “dos orangutanes” armados para custodiar el lugar. El titular de la comisión esperó encontrar apertura de la corporación para culminar las revisiones.

El reporte señala que de las seis recomendaciones “cuatro fueron para el municipio de Aguascalientes, una más para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Seguridad Pública de Jesús María”. Afirma que las hechas al ayuntamiento capital “estuvieron relacionadas con el desempeño de elementos y funcionarios de la secretaría (…) por violaciones como: la libertad, a la legalidad, a la integridad física y a la seguridad jurídica”.

Al área de reeducación social de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPE) se le giró recomendación por “violación al derecho a la integridad física y salud” por poner trabas a un interno para asistir con el médico. A la corporación de Jesús María, por “violación al derecho a la igualdad, por tratar de quitar el coche de la quejosa de un lugar prohibido para estacionarse y permitírselo a otras personas”.

La CEDH informó también de tres medidas cautelares “que tuvieron por objeto el poner a salvo los derechos de ciudadanos que se vieron amenazados por la actuación de las autoridades” del municipio de San Francisco de los Romo, la dirección de reeducación social del estado y el ayuntamiento de Tepezalá.

Los motivos: maltrato policial tras reportar a los elementos; negación de un medicamento urgente a un interno que padece asma, enfermedad cardíaca y desprendimiento de retina por falta de presupuesto y detención de vehículos sin levantamiento de acta de infracción y su remisión a la pensión municipal con grúas particulares.

En entrevista aparte, el defensor de los derechos humanos en Aguascalientes aseguró que las autoridades “por fortuna nos hacen caso” cuando reciben las recomendaciones, pero apuntó que “no debemos de decir que todos los policías son malos, también hay ciudadanos que lo que menos tienen es respeto a la ley y cada espécimen que anda ahí caminando por la calle, que dios guarde la hora”.

Fuente: La Jornada de Aguascalientes
Difusión: Soberanía Popular

Abusan corporaciones de policía y tránsito en algunos municipios del norte del estado


Miércoles, 24/Mar/10 00:13 De la Redacción

• Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se levantan multas injustificadas
• Los casos más graves se han presentado en Tepezalá por detenciones con fines recaudatorios

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advirtió hoy del incremento en los abusos contra ciudadanos por parte de elementos de policía y tránsito de los municipios del norte del estado, concretamente en Tepezalá, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga en donde levantan multas sin justificación.

López Ovalle indicó que el caso más grave es el del municipio de Tepezalá en donde la policía y tránsito han estado deteniendo vehículos sin justificación y los remite al corralón municipal mediante el uso de grúas particulares, ocasionando daños importantes a los ciudadanos ya que al final ellos tienen que correr con los gastos en el pago de la multa, la pensión y el servicio privado del traslado de vehículos.

Este tipo de abusos se están cometiendo en los municipios de Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga en donde sus elementos están deteniendo, multando y recogiendo vehículos a diestra y siniestra, por el más mínimo detalle y en muchas ocasiones sin justificación alguna.

El ombudsman lamentó que los alcaldes de estos municipios no estén enterados de los abusos que sus elementos de policía y tránsito están cometiendo, o bien, dijo, “se trata de una especie de estrategia recaudatoria en pleno año de Hidalgo”.

Ante estos abusos, la CEDH emitió hoy una medida cautelar en donde se le exige al presidente municipal de Tepezalá que someta a su control al titular de seguridad pública y tránsito municipal para que cesen los abusos que se están cometiendo en aquel municipio en contra de los ciudadanos.

Lo que se busca es evitar que más ciudadanos sigan siendo víctimas de este tipo de abusos de la autoridad, dijo el ombudsman tras hacer un llamado a las autoridades municipales a acabar con estas prácticas recaudatorias que lesionan gravemente la economía de los habitantes del norte del estado.

Llamó además a quienes han sido afectados económicamente por este tipo de arbitrariedades a interponer su denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Fuente: La Jornada de Aguascalientes
Difusión: Soberanía Popular