lunes, 31 de marzo de 2014

Comunicado de la Mesa de Coordinación por la Defensa de los Derechos Humanos


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;

A 31 de marzo de 2014.

A los medios de comunicación, nacional e internacional
A los defensores de los derechos humanos nacional e internacional
Al gobierno, federal, estatal y municipal

Nos pronunciamos como mesa de coordinación por la defensa de los derechos humanos, por los desplazados de Banavil, hacemos el llamado al pueblo en general que nosotros como Mesa de Coordinación Damos a conocer que el próximo 04 de abril de 2014, como mesa de coordinación saldremos a marchar en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, exigiendo los derechos violados, han pasado los años y el gobierno no tiene repuesta para atender la situación de los desplazados, por eso hoy juntos exigimos la responsabilidad de los tres niveles gobierno.

Los simpatizantes del EZLN, paraje de Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas, fueron agredidos con armas de fuego por los priistas de ese lugar el pasado 4 de diciembre de 2011, hasta la fecha siguen buscando justicia, a casi un mes de que Alonso Guzmán López de que esta en la cárcel los priistas están amenazando a familiares de los desplazados al grado inventar delitos para devolverlos en la cárcel porque según ellos tienen contacto con gente del gobierno que se venden con dinero para encarcelar a inocentes. Mientras tanto falta por ejecutarse diez ordenes de aprehensión por ejecutarse en contra de los agresores del 04 de diciembre.

También exigimos que se esclarezca los hechos del pasado 16 de junio de 2010, donde fueron desplazados 75 personas de Aurora Ermita, municipio de Pueblo Nuevo, después del asesinato de Alfonso López Montejo, las familias ya no quisieron regresar a su comunidad, hubo rumores de que un grupo de personas están esperando en el camino para matarlos a todos, se ha denunciado ante la Procuraduría de Pichucalco, por eso hay nueve ordenes de aprensión contra los agresores dos de ellos están en la cárcel y faltan siete para encarcelarlos, tres de ellos trabajan para el presidente municipal de Pueblo Nuevo Enoc Díaz Hernández del Partido Revolución Democrática (PRD) contratados como sus pistoleros Juan Montejo Hernández, Marcelo Montejo Hernández y Fernando Montejo Hernández.

Como mesa de coordinación se instalara en los próximos días mesa informativa en San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez por la defensa de los derechos humanos exigimos al gobierno que atienda los siguientes puntos:

1.- El pronto retorno de los desplazados de los simpatizantes de Banavil y de Aurora Ermita.

2.- Que se aplique la justicia en contra de las personas que tienen orden de aprensión.

3.- Que el día de su retorno y posterior a eso, se garantice su seguridad para que no se repita estos hechos.

4.- Esclarecimiento de la desaparición Alonso López Luna simpatizante del EZLN de Banavil.

5.- Reparación integral de daños a los dos grupos de desplazados, en base a los que marca los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Las Naciones Unidas.

Mesa de Coordinación por la Defensa de los Derechos Humanos conformado por las siguientes organizaciones:

Movimiento del Bosque por la Defensa del Pueblo

Desplazados de Banavil, simpatizantes del EZLN

Desplazados de Aurora Ermita, Pueblo Nuevo Solistahuacan

Comité Particular Ejecutivo Agrario de Chiapas, poblado nueve de abril, Venustiano Carranza

Ex presos de la Voz del Amate
Ex presos de la Voz de los Llanos

Frente Popular Ricardo Flores Magón

Movimiento Indígena en Resistencia

Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo, Adherentes a la Sexta

Resistencia Civil de Santo Tomas, municipio de Oxchuc.

La RENDDH condena las ejecuciones de Basilio Guzmán Sánchez y de Martín Sánchez Pérez integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT)


A los medios de comunicación nacional e internacional
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones democráticas, populares e independientes
Al pueblo de México

La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH) condena de manera enérgica las ejecuciones de Basilio Guzmán Sánchez y de Martín Sánchez Pérez integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui MULT la madrugada del pasado viernes 28 de marzo del presente año en el paraje Loma Cacique, ubicado entre las comunidades Llano Nopal y Santa Cruz Río Venado. Estos hechos se unen a una larga lista de ejecuciones perpretadas con características similares, marcadas por el mismo modus operandi de los grupos paramilitares.

Es importante destacar que desde el 2004, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) tiene una lista indignante de militantes, autoridades comunitarias y dirigentes históricos asesinados, como es el caso de Heriberto Pazos ejecutado en octubre de 2010, dos meses después es asesinado Julián Martínez Ramírez; posteriormente en el 2011 es asesinado Ignacio Matínez Ramírez, y en 2013 Antonio Victoriano Raymundo Flores es asesinado en una emboscada.

A esto se suma la detención-desaparición de las hermanas Daniela y Virginia Ortíz Ramírez el 5 de julio de 2007; seis años después, en noviembre de 2013, su hermana Belem Ortíz también es detenida-desaparecida.

Para la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH) estos hechos demuestran un clima de violencia sistemático, ya sea por comisión, omisión o aquiescencia del Estado mexicano, hacia movimientos indígenas, campesinos, populares y de derechos humanos que se organizan para hacer exijibles y justiciables sus derechos humanos y constitucionales.

Por lo anteiormente expuesto, exigimos al gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué Monteagudo, al Secretario General de Gobierno Alfonso Gómez Sandoval Hernández y a su Procurador General de Justicia, Mtro. Héctor Joaquín Carrillo Ruiz a que:

I. Enjuicie y castigue a los actores materiales e intelectuales de las emboscadas y ejecuciones de Basilio Guzmán Sánchez y de Martín Sánchez Pérez, así como de todos los asesinatos cometidos en contra de integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

II. Presenten con vida a Daniela, Virginia y Belem Ortíz Ramírez, militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

III. Garantice la integridad física y psicológica de todos los dirigentes y militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). IV. Cese del hostigamiento, intimidación o cualquier otro acto que menoscabe la dignidad humana en contra de todos los dirigentes y militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

Atentamente

¡Unidos por la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales!
¡Presentación con Vida de Todos los Detenidos-Desaparecidos por Motivos Políticos y Sociales!
¡No a la Criminalización de la Pobreza, Protesta y Lucha Popular!

Unidos y Organizados a Ejercer y Defender los Derechos Humanos
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos
RENDDH

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Pedro Flores Hernández
Presidente de la RENDDH

jueves, 27 de marzo de 2014

Periodismo bajo asedio


JESÚS CANTÚ

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Mientras el gobierno federal se esmera en construir la percepción de que la inseguridad y la violencia disminuyen, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación crecen; 2013 ha sido el peor año para el ejercicio de dicha profesión desde 2007, periodo en que la organización de la sociedad civil Artículo 19 empezó a llevar la cuenta de los atentados en contra de la libertad de expresión.

Además de que en 2013 las agresiones crecieron 60% respecto del año anterior, lo más significativo es que 60% de los ataques los cometen funcionarios públicos, es decir, son las autoridades los principales enemigos de los medios de comunicación. De acuerdo con el documento de Artículo 19, en 2013 se perpetraron 330 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. De los 274 casos en que fue posible identificar a los agresores, 146 recayeron en funcionarios públicos, 49 en organizaciones sociales, 39 en el crimen organizado, 30 en particulares, y 10 en partidos políticos.

Así sentencia el documento: “Las autoridades agreden de un lado, el crimen organizado asesina del otro”, aparte de que fracasan las acciones que las autoridades instrumentan para proteger a los periodistas y medios de comunicación.

Aunque es innegable que hay entidades en las que se exacerba la violencia en contra de los comunicadores (Veracruz, Coahuila y Distrito Federal), otro de los cambios más significativos es que en 2007 las agresiones se concentraban en 15 entidades, es decir, 17 (53%) no registraban ningún ataque de este tipo; mientras que en 2013 los únicos estados que no reportan ningún atentado son Tabasco, Hidalgo y Nayarit, caracterizados no por la vigencia del estado de derecho o el respeto a la libertad de expresión, sino por su pobre periodismo.

Y para reforzar los hallazgos del documento, la semana pasada los gobiernos de dos entidades (Estado de México y Jalisco) evidenciaron su vocación silenciadora. El domingo 16 de marzo, las autoridades del Estado de México realizaron un operativo para comprar masivamente los ejemplares de Proceso 1950 que se encontraban en circulación (difícilmente podría atribuirse al crimen organizado tratar de impedir que se conociera la incapacidad del gobierno mexiquense para detener la guerra de las narcobandas, hecho que desenmascaraba dicha edición de este semanario). Lo mismo sucedió en Jalisco, por el reportaje que la revista divulgaba en su suplemento Proceso Jalisco respecto a la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Lamentablemente la práctica parece extenderse rápidamente, pues se ha repetido en Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, entre otras entidades. Tal acción no llega a contabilizarse dentro de las agresiones contra los periodistas, y no los pretende silenciar, pero el objetivo final es el mismo: que la ciudadanía no se entere de lo que acontece en su estado, ni de la deficiente, irregular, arbitraria y/o autoritaria actuación de sus autoridades. Aun cuando puede argumentarse que tales operativos no atentan contra el periodismo, sí atentan contra el estado de derecho (al desviar recursos del erario para violentar una garantía constitucional) y el derecho a la información (al impedir a la ciudadanía acceder a fuentes alternativas de información), dimensiones indispensables de cualquier democracia.

Por otra parte, el lunes 17, la organización que elaboró el revelador e inquietante reporte denunció que habían allanado el domicilio de su director, Darío Ramírez. Precisó que habían extraído computadoras, documentos de trabajo y objetos de valor, y aunque no se podía afirmar que los mismos estuviesen vinculados con su “ejercicio de defensa de la libertad de expresión”, el hecho de que sea la quinta agresión en contra de su personal, y el de que ninguno de estos incidentes haya “sido investigado para dar con el paradero de los responsables”, parecen corroborar las intenciones de los allanadores y la ine­ficacia o complicidad de las autoridades. Apenas en abril del año pasado Ramírez y otros colaboradores habían recibido amenazas de muerte.

Artículo 19 documenta detalladamente algunas de las agresiones e incluso el asesinato de un periodista, y transparenta la intención de los atacantes (habría que añadir: y de las autoridades al no detenerlos): cancelar la libertad de expresión y delinquir libremente en la secrecía.

El informe recoge declaraciones muy reveladoras de algunos de los periodistas agredidos. Gil Cruz, director de un periódico de Veracruz, reconoce: “No podemos escribir libremente la información, aun cuando sabemos que se trata de un dato verdadero”. Y Roberto Hernández, de un periódico editado en Oaxaca pero distribuido también en Veracruz, denuncia: “En Veracruz nos la sentenciaron. No podíamos entrar a vender el periódico. Encontramos la manera de regresar cuando dejamos de hablar del gobernador. En Oaxaca, en cambio, el actual gobierno es más tolerante. Aun con los defectos que pueda tener el gobernador, respeta la libertad de expresión. Sabemos que en Oaxaca hay mandos policiacos que tienen ganas de rompernos la madre, pero la línea del gobernador es no tocar a los medios. Eso nos ha ayudado a sobrevivir y a no sufrir atentados de una mayor magnitud por parte de las estructuras del poder en el estado”.

Lo anterior evidencia tres hechos incontrovertibles: uno, la afectación del trabajo periodístico; dos, la responsabilidad directa en las amenazas del gobernador veracruzano, Javier Duarte, ya que al ignorarlo en el periódico les permitió circular; y, tres, lo determinante que es la decisión de los titulares del Ejecutivo en los ataques a los periodistas y medios de comunicación o en el respeto a los mismos.

En cualquier caso, la conclusión del informe es una realidad: “En ninguno de los casos documentados por Artículo 19 los comunicadores pudieron retomar su actividad periodística al ciento por ciento. El miedo a sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado los llevó a modificar su actividad profesional. En ocasiones dejan de cubrir sucesos policiacos, se autocensuran o directamente cierran los medios”.

Finalmente, sin importar la identidad del perpetrador de las agresiones, es un hecho que se vulneran los derechos de la ciudadanía, de los periodistas y de los medios de comunicación, y que el principal responsable de ello son las autoridades por su incapacidad o complicidad o porque se benefician de los obstáculos para el libre ejercicio periodístico, pues –al menos– dificultan que se informe sobre sus irregularidades, delitos o ineficiencia.

Persiste en el país el “infierno de la violencia”: Javier Sicilia


JOSÉ GIL OLMOS

MÉXICO, DF, 27 de marzo (apro).- A tres años del surgimiento del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia sostuvo que continúa “el infierno de la violencia”, pero también una ciudadanía que lo tolera.

También advirtió que la situación en todo el país se ha agravado, y ejemplo de ello son los asesinatos y desapariciones de reporteros, la criminalización de autodefensas y policías comunitarias, el engaño a las víctimas que exigen reparación de daños, así como el incremento de secuestros, homicidios y desapariciones.

En la plaza de la Estela de Luz, que las víctimas de la violencia han tomado como el memorial de la paz, se reunieron varias decenas de familiares de muertos y desaparecidos, cuyos casos siguen pendientes de resolver.

En el piso de la plaza los familiares dejaron placas con los nombres de sus seres queridos que narran en primera persona las historias de desaparición o muerte.

“José Antonio Robledo Fernández. Me secuestraron y desaparecieron el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila. Tenía 32 años, laboraba como ingeniero civil en ICA Fluor, Proyecto El Fénix para Altos Hornos de México…”, se destaca para enseguida resaltar lo que le gustaba, lo que soñaba, lo que deseaba en el futuro.

Al final del evento cada una de los familiares gritó el nombre de sus esposos, hijos, hermanos, primos, sobrinos, etcétera, al pie de la placa metálica, en medio de lágrimas, sollozos y voces de justicia.

Muchos portaban fotos y flores de sus familiares, las mismas que llevaron en sus recorridos de miles de kilómetros en las caravanas que realizaron en el sur y norte del país, así como en Estados Unidos.

Antes de iniciar el acto de memoria, Sicilia dijo que es necesario que se reactiven las movilizaciones de la sociedad, ya que la situación se ha agravado y el número de víctimas de la violencia crece ante la indolencia del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Incluso sostuvo que la actitud del gobierno de Peña ha sido muy tibia ante el incremento de las víctimas y sólo ha manejado un discurso de maquillaje.

“Cuando van a voltear a ver al pueblo. El número de muertos y víctimas sigue creciendo. Ya no sabemos dónde empieza el crimen y dónde el Estado”, cuestionó el poeta.

En el evento reapareció el activista chihuahuense Julián Le Barón, quien pidió la unidad de las víctimas y que se empiece a reconocer que “vivimos una dictadura manejada por el crimen y la política”.

Acusan ante la CIDH obstáculos en la investigación sobre "guerra sucia"


Por Blanche Petrich

La investigadora de la Comisión de la Verdad de Guerrero, Pilar Noriega García, denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que las autoridades federales y estatales han obstaculizado las averiguaciones que ComVerdad realiza desde hace ya dos años para esclarecer cientos de crímenes humanitarios durante la guerra contrainsurgente (1969-1979) en esa entidad.

Entre las dificultades que han tenido que enfrentar la comisión, citó la falta de acceso a documentos de la época bajo resguardo en el Archivo General de la Nación.

En la audiencia pública que solicitó la ComVerdad a la CIDH, en Washington, la criminalista Noriega apuntó como un probable intento de impedir los avances de sus investigaciones un atentado –al que llamó “incidente de seguridad”—sufrido por ella y otro comisionado, Nicomedes Fuentes García, el 28 de enero de este año en el tramo carretero entre Mezcala y Chilpancingo.

Ese día, un vehículo no identificado con cuatro hombres a bordo embistió el vehículo oficial de la Comisión. Los atacantes dispararon, aparentemente al aire, después de amagar a Pilar Noriega y a Nicomedes Fuentes, quien conducía la camioneta, que luce un logotipo de la institución. Los dos defensores de derechos humanos salieron ilesos, pero tuvieron que pasar la noche en el monte hasta que lograron llegar en transporte público a la capital guerrerense. Está abierta, pero sin avances, una Averiguación Previa sobre estos hechos ante un ministerio público local.

Hay antecedentes de ataques contra la comisión guerrerense que preside Enrique González Ruiz y en la que laboran, además de los cinco comisionados, 15 investigadores más. En julio de 2012 fue allanada, por desconocidos, la oficina de la ComVerdad en el puerto de Acapulco. Dos días después fue vandalizada su sede en Chilpancingo.

Esta probable agresión ocurrió poco después de que la Comisión anunciara que realizará una nueva operación de exhumaciones, en sitios especificados por familiares de desaparecidos y sobrevivientes de intentos de desaparición forzada, en busca de fosas clandestinas donde, presumiblemente, elementos del ejército mexicano y de las distintas policías enterraron a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tanto a combatientes de las organizaciones rebeldes como a opositores civiles.

En el tercer avance de la ComVerdad, publicado en octubre del año pasado, se da cuenta de 57 casos de desaparición forzada documentados, entre ellos siete mujeres, una menor de edad y 16 varones menores de edad. Entre estos se suman 20 estudiantes, 13 de ellos preparatorianos.

En la audiencia ante la CIDH, a la que acudieron en representación del Estado mexicano las subsecretarias de Gobernación Lía Limón y de la PGR Mariana Benítez, Pilar Noriega subrayó la necesidad de que las disposiciones que tomen las autoridades correspondientes para asegurar el acceso pleno de los investigadores a los archivos restringidos del AGN sean “efectivas y rápidas”. Recordó asimismo que en investigaciones anteriores, como las realizadas por la Fiscalía Especial para la investigación de crímenes del pasado (FEMPOSPP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con frecuencia los expedientes entregados estaban incompletos, o habían sido mutilados y alterados.

Sobre la urgencia de allanar los obstáculos para que la Comisión de Guerrero emita su informe final en el plazo previsto, que expira en octubre –ya le fue concedida una única ampliación del plazo, de seis meses—Pilar Noriega subrayó que “el Estado mexicano tiene los elementos suficientes para dar a conocer el destino de las personas desaparecidas, y tiene la obligación de informar a sus familiares y a los sobrevivientes si éstas fueron tiradas al mar o fueron enterradas”.

En respuesta, la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio informó que la reserva sobre los documentos solicitados al AGN sobre casos de exterminio en la guerra sucia en Guerrero ya fueron retirados y que a partir del 10 de abril la ComVerdad “empezará a tener acceso” a los mismos.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos de la ONU, Lía Limón, refrendó lo que llamó “el compromiso del gobierno mexicano con la verdad”, aseguró que se brindarán todas las garantías para que se lleven a cabo las excavaciones y exhumaciones planeadas.

También afirmó que el Estado mexicano ya aceptó su responsabilidad en los hechos de delitos contra la humanidad en Guerrero en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, a principios del año pasado. “No tendremos ninguna resistencia en volverlo a hacer”, finalizó.

Amnistía Internacional teme por la vida de personas migrantes secuestradas en Tamaulipas




l 19 de marzo al menos 40 migrantes procedentes de Centroamérica fueron secuestrados en Reynosa , Tamaulipas, por un grupo del crimen organizado. Tras un operativo militar fueron liberados. Sin embargo, a ninguna de estas personas se les brindó apoyo o protección como víctimas.

Según información recibida por Amnistía Internacional, 10 de estos migrantes liberados que se dirigían al Albergue Nuestra Señora de Guadalupe para personas migrantes - dirigido por la iglesia católica en Reynosa - fueron secuestradas nuevamente y continúa sin conocerse su paradero.

El secuestro fue denunciado por el personal del albergue, pero hasta el momento no ha recibido la visita de investigadores oficiales para averiguar lo sucedido o el paradero de los migrantes.

Un día antes, el 18 de marzo, tres mujeres que fueron expulsadas desde los Estados Unidos fueron presuntamente secuestradas en la localidad de Matamoros, Tamaulipas, cerca del paso fronterizo. Una cuarta mujer logró escapar y corrió hasta una estación de autobuses cercana, donde informó a la policía. La búsqueda emprendida no arrojó ninguna pista sobre el paradero de las tres mujeres.

Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada por la seguridad de estas personas secuestradas.

La organización ha documentado como las bandas criminales actúan contra personas migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, sometiéndoles a graves abusos con la connivencia habitual de funcionarios corruptos. Hasta el momento las autoridades no han tomado medidas efectivas para proteger a las personas migrantes de abusos tales como los secuestros, extorsiones, trata de personas y violencia sexual.

Amnistía Internacional exige a las autoridades federales y estatales que se lleve a cabo una investigación completa e imparcial sobre el paradero de los migrantes secuestrados en el exterior del Albergue Nuestra Señora de Guadalupe, en Reynosa, y de las tres mujeres secuestradas en Matamoros.

Así mismo, la organización llama a las autoridades a proporcionar protección efectiva a las personas migrantes liberadas del cautiverio de grupos criminales o expulsadas de Estados Unidos.

Finalmente, Amnistía Internacional recordó a las autoridades mexicanos su obligación de respetar el artículo 7 de la Ley General de Víctimas, que garantiza tanto el bienestar físico y psicológico como la seguridad de las víctimas de delitos, incluidas las personas migrantes irregulares.

Información complementaria

En 2013, las autoridades de inmigración mexicanas detuvieron a 82.269 migrantes en México, de los cuales 75.704 fueron expulsados, la inmensa mayoría a Guatemala, Honduras y El Salvador. El número de migrantes centroamericanos que intentó hacer la ruta a Estados Unidos fue muy superior. En México, muchos migrantes siguen sufriendo abusos a manos de la policía y otros son víctimas de homicidio, secuestro, trata o violación a manos de bandas criminales que actúan selectivamente contra ellos y suelen hacerlo en connivencia con las autoridades locales. Las reformas legislativas en materia de migración que reforzaron algunos derechos de las personas migrantes, en particular el derecho a recibir protección y acceder a la justicia, no se han aplicado debidamente. La estrategia nacional para combatir el secuestro de migrantes sigue sin incluir que se obligue a rendir cuentas a los funcionarios públicos y las bandas criminales que actúan contra los migrantes. En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó del secuestro de 10.000 migrantes irregulares en un periodo de seis meses por parte de bandas criminales que solían actuar en connivencia con funcionarios públicos. Son contadas las ocasiones en que se obliga a responder de sus actos a los autores de secuestros y otros abusos contra personas migrantes.

Las autoridades estatales ignoran en gran medida la terrible situación de los migrantes irregulares, y las federales tienden cada vez más a considerar el flujo de migrantes como una amenaza para la seguridad nacional en vez de garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes que atraviesan el territorio mexicano. Hace poco, un grupo de madres de migrantes centroamericanos volvió a hacer un recorrido por todo el país buscando a sus seres queridos y reclamando investigaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó recientemente un informe poco convincente sobre 72 migrantes que fueron masacrados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. El informe se centraba en aspectos limitados del caso relacionados con unos procedimientos forenses gravemente defectuosos para identificar los restos mortales y no mencionaba la falta de acción de las autoridades para proteger el derecho a la vida de los migrantes y para establecer plenas responsabilidade s por la masacre. Todavía no se han identificado los cadáveres de otras víctimas de matanzas, muchos de los cuales se piensa que pertenecen a migrantes.

Amnistía Internacional publicó en 2010 un informe sobre los abusos que sufrían los migrantes que atravesaban México, titulado Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México.

Preocupa a AI la seguridad de activistas por el derecho al agua en el Estado de México.




Activistas comunitarios en el municipio de Coyotepec, Estado de México, han recibido amenazas telefónicas como resultado de su labor en defensa del derecho a un acceso justo al agua. Amnistía Internacional considera que los integrantes del grupo ambiental se encuentran en peligro de sufrir ataques.

El pasado 15 de marzo, Vicente Moreno Domínguez, integrante del colectivo local que lucha por el derecho al agua, recibió una llamada telefónica amenazadora de un hombre que no se identificó y que le dijo: “A ti y al japonés se los va a cargar la chingada”. “El japonés” es un apodo de Sergio Velázquez Morales, otro activista comunitario. Ese mismo día, Emeterio Nonato Reyna, otro activista de la misma comunidad, recibió también una llamada telefónica intimidante. Quien llamaba se identificó como “licenciado Carlos”, y dijo: “Ya dejamos por ahí muerto a alguien”.

En septiembre de 2013, Amnistía Internacional denunció un ataque contra Vicente Moreno Domínguez, quien fue apuñalado, y otros miembros de su comunidad que eran víctimas de persecución por sus actividades pacíficas en defensa del derecho a un acceso justo al agua. Después del ataque se proporcionó protección policial intermitente a Vicente Moreno Domínguez, pero en enero de 2014 fue suspendida.

El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denegó la protección a Sergio Velázquez Morales basándose en que no se lo consideraba defensor de los derechos humanos.

A mediados de 2013, otro activista comunitario de Coyotepec, Alberto Cruz Luna, quien formaba parte de la misma movilización comunitaria que acusa a las autoridades locales de intentar hacerse injustamente con el control del suministro local de agua fue asesinado.

Al parecer, Alberto Cruz pudo haber sido asesinado a manos de un trabajador del gobierno municipal.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades federales y estatales a que estas implementen de forma inmediata, y en coordinación con los propios afectados, medidas para garantizar que los activistas por el derecho al agua en el municipio Coyotepec puedan llevar a cabo su legítima labor sin temor a sufrir represalias. Así mismo, la organización solicita que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas telefónicas recibidas por Vicente Moreno Domínguez y Emeterio Nonato Reyna, y que se investigue cualquier posible vínculo con las autoridades municipales, y que todas las personas responsables de estas amenazas comparezcan ante la justicia.

Información adicional

Las personas defensoras y defensoras de derechos humanos y periodistas son con frecuencia víctimas de ataques, amenazas, actos de intimidación, secuestro y homicidio como represalia por su trabajo legítimo y fundamental. Quienes están detrás de esos ataques casi nunca son procesados.

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012. Sin embargo, muchos de los más de 100 personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz, y eso ha generado frustración, inseguridad y desilusión. Aunque las autoridades afirman que el mecanismo está funcionando eficazmente, está lejos de estar plenamente operativo al carecer de personal formado, recursos y el apoyo político de alto nivel necesario para garantizar que las autoridades aplican sus medidas de protección en todos los niveles.

La impunidad de que disfrutan los responsables de los ataques –debido a la falta de eficacia en las investigaciones, a menudo realizadas por autoridades del Estado sospechosas de participar en las amenazas– sigue favoreciendo que se toleren los ataques. El Mecanismo debe ser sólo una parte de una estrategia global para abordar la violencia contra los periodistas y quienes defienden los derechos humanos. El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente ante el clima imperante de hostilidad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos en varios estados.

lunes, 24 de marzo de 2014

GUERRERO: Denuncian detención y tortura contra un miembro de la PCP por policías de Olinalá


ARTURO DE DIOS PALMA Y
 MARGENA DE LA O (Corresponsal y reportera)

La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) denunció que policías municipales de Olinalá detuvieron a uno de sus integrantes que torturaron sicológicamente en el ayuntamiento, acto que consideraron como una forma de hostigamiento en contra de esa corporación.

En un comunicado la PCP explicó que el pasado 10 de marzo, alrededor de las 5 de la madrugada, 12 policías municipales encapuchados detuvieron a José Luis Refugio Pareja cuando se ejercitaba físicamente en la cancha de Zontecomatlán.

“Descendieron del vehículo y enérgicamente preguntaron ‘¿Cómo te llamas?’, a lo cual él respondió ‘¿Por qué? ¿Qué hay? Si hay algo para eso está el comisario municipal’. Entonces la policía respondió ‘nosotros no trabajamos con ningún comisario y sólo tenemos un jefe que es el licenciado Lorenzo Medardo Vázquez, quien nos envió por ti’. Lo agarraron y le dan un golpe en los testículos y le rompieron la camisa, luego lo subieron a la patrulla como si fuera delincuente”.

Después de que un vecina denunció la detención, habitantes que prestaron auxilio a Refugio Pareja preguntaron a los policía municipales los motivos de la detención y como respuesta los agentes municipales los encañonaron. “Uno de los policías, de nombre Mario Vázquez, originario de Ahuacatlan, dijo: ‘hijo de tu pinche madre, quita la camioneta o te la quitamos’. Esta acción prueba una vez más los abusos que siguen cometiendo los policías municipales y el director de Seguridad, Lorenzo Medardo Vázquez”.

“Esto demuestra una vez más la corrupción y el abuso desmedido de las instituciones que se dicen velar por la seguridad y justicia. También se ve la impunidad con la que actúan sujetos como Lorenzo Medardo Vázquez”.

Sobre el director de Seguridad Pública de Olinalá, la PCP indicó que en reiteradas ocasiones ha solicitado su destitución, al presidente municipal de Olinalá, el priísta Eusebio González Rodríguez, sin embargo el edil les contesta que él no tiene la facultad “ni la capacidad de destituirlo de su cargo porque hay otras fuerzas o corrientes al interior del ayuntamiento que no dependen de él”.

Al respecto la PCP exigió respeto irrestricto a los derechos humanos y civiles de los pueblos indígenas así como al Sistema de Seguridad y Justicia Indígena (SSJI) y a la Policía Ciudadana y Popular.

Llevan a PGJE a pareja con droga

detenida en Tierra Colorada

Los policías del Sistema de Justicia Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) detuvieron en Tierra Colorada (cabecera de Juan R Escudero) a un hombre y una mujer que llevaban droga, a quienes presentaron esta tarde y después pusieron a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El comandante del sistema de la Upoeg en Tierra Colorada, Neftalí Villagómez Hernández, informó que los detenidos son Martha Díaz Hernández y Misael Luna Carreto, y que les encontraron unos 200 gramos de heroína, y 60 grapas de cocaína, al catear su casa, ubicada en la colonia San Isidro, cerca del balneario La Pintada.

jueves, 20 de marzo de 2014

Comuneros indígenas de Colima inician resistencia contra la mina


Desde este miércoles comuneros indígenas de Zacualpan, Colima, se encuentran en plantón permanente afuera de palacio de Gobierno de Colima para exigirle al gobernador Mario Anguiano Moreno que frene cualquier intento de establecer una mina en esa zona.

Además advirtieron que no permitirán que el gobierno del estado lastime nuevamente a niños, mujeres y ancianos que la semana pasada bloquearon las bombas de agua del principal manantial en Colima y el gobierno para liberarlas envío alrededor de 150 policías y una tanqueta.

Este jueves después de recibir una serie de críticas a través de las redes sociales el gobernador Mario Anguiano Moreno negó que en la comunidad indígena se haya presentado un exceso de la fuerza pública y sostuvo que era necesario el envío de 150 policías.

El gobernador Mario Anguiano dijo que no se permitirá la instalación de la mina si los comuneros no están de acuerdo, pero precisamente los comuneros han denunciado que públicamente el gobierno emite un discurso pero en privado lo cambia por completo.

El martes un grupo de indígenas e integrantes de la organización ambientalista Bios Iguana acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a interponer una queja por amenazas por parte de las autoridades en contra de los opositores a la mina.

En noviembre del años pasado se informó que un empresario minero de nombre Rigoberto Verduzco contaba con la concesión los permisos para instalar una mina de oro y plata en la comunidad indígena de Colima.

Con información de la corresponsal de Noticias MVS, Heidi de León Gutiérrez

El informante y el activista son los enemigos


JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F. (apro).- No hay buenas noticias en el ámbito de la salud del derecho a la información y la libertad de prensa en México.

Dos agresiones recientes se orientaron no hacia periodistas de medios privados sino contra colegas encargados de hacer un balance y reportes sobre las agresiones: primero, Balbina Flores, una metódica y muy seria corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, dio a conocer que recibió una amenaza telefónica provenientemente, al parecer, provenientes de Michoacán; y Darío Ramírez, quien dirige el capítulo de Artículo 19 en nuestro país, denunció allanamiento a su domicilio particular, en circunstancias muy sospechas.

En ambos casos se trataron de agresiones a dos activistas en vísperas de los informes anuales respectivos de las organizaciones que representan.

Reporteros sin Fronteras emitió un duro balance sobre México en el 2013. Lo mantuvo en la penúltima categoría de 5 sobre “delicada situación” para la libertad de expresión. Sentenció que seguimos con “un terrible balance” de 88 periodistas y 18 desaparecidos entre 2000 y 2013. Ninguno de los casos se ha resuelto de manera satisfactoria, advierte la organización con sede en Londres.

Por su parte, Artículo 19 dio a conocer el informe “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta en México”. Según este recuento, el año de 2013 fue el de mayor violencia contra periodistas desde 2007. Clasificó 330 agresiones, de las cuales, 60% proviene de autoridades y de éstas, 70% responden al ámbito municipal.

El mayor número de agresiones ocurrieron en el Distrito Federal en el contexto de un clima de intensas protestas sociales desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 2 de octubre de 2013. Artículo 19 subraya que han incrementado los ataques a sitios web, marcando una clara tendencia a la intimidación y la amenaza anónima en el mundo digital.

Las fuerzas o personajes interesados en intimidar a periodistas, activistas y medios críticos coinciden en una tendencia irrefrenable en nuestra cultura política: el enemigo es el informante, no los hechos de inseguridad, corrupción y violencia que se reportan.

En este contexto, la presunta confiscación y compra masiva de ejemplares de la revista Proceso en establecimientos del Distrito Federal y del Estado de México indican que la incomodidad no es por el clima de violencia que se ha incrementado en los municipios mexiquenses, sino por la osadía de personalizar en el gobernador Eruviel Ávila el desastre en materia de inseguridad pública en la entidad más poblada del país.

En otras palabras, el enemigo no es la inseguridad pública sino el medio que informa sobre estos hechos. La amenaza radica en no sumarse al coro propagandista que domina en medios masivos comprados, rentados o subrogados por el presupuesto mexiquense para maquillar la situación en el Estado de México y lanzarle loas acríticas a su gobernador.

El enemigo es el reportero en Veracruz. La entidad con mayor número de crímenes a periodistas al hilo –la mayoría ocurridos durante la administración de Javier Duarte– repuntó en este año con el caso de Gregorio Jiménez.

El problema es que a la agresión contra el periodista de Coatzacoalcos se sumaron las amenazas veladas o explícitas contra los reporteros y activistas movilizados en Veracruz y en otras entidades para protestar contra este crimen.

La organización Periodistas de a Pie, dirigida por la colega Marcela Turatti, ha sido una de las varias agrupaciones acosadas con estrategias para generar miedo a quienes protesten.

El enemigo no son los criminales que andan matando impunemente a informadores en los municipios de Veracruz, sino los integrantes del gremio periodístico y de la sociedad civil que denuncian estos hechos y no acatan los poco creíbles dictámenes y “carpetazos” de la autoridad ministerial.

El informante y el activista son los enemigos. Es la peligrosa tendencia creciente en todo el país.

Twitter: @JenaroVillamil

www.homozapping.com.mx

Rechaza México ante la ONU abrogar figura del arraigo


Por Afp

Ginebra. México rechazó abrogar la polémica legislación sobre el arraigo durante la búsqueda de pruebas de un delito, indica un documento presentado hoy jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

“El Estado mexicano ha tomado nota de las observaciones relacionadas con el uso del arraigo”, afirma el documento, con una fórmula que en la jerga diplomática señala el rechazo de una solicitud.

México cerraba así la puerta a recomendaciones de Alemania, Austria y Belgica de abolir una práctica criticada por los organismos de defensa de derechos humanos.

Las recomendaciones se formularon el año pasado, durante el Examen Periódico Universal sobre derechos humanos, al que todos los Estados miembros de la ONU están obligados a someterse cada cuatro años.

La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Lía Limón García, afirmó que las medidas de arraigo en 2013 se redujeron en un 50 por ciento respecto a años anteriores. El plazo máximo de privación de la libertad durante la búsqueda de pruebas es de 80 días, pero hay proyectos legislativos avanzados para reducirlo a 35.

En la ONU, México aceptó 166 recomendaciones, de un total de 176.

Entre ellas hay iniciativas a favor de los “que sufren algún tipo de discriminación por su condición de género, raza, religión o preferencia sexual” y “las relativas a educación, derechos sexuales y reproductivos, erradicación de la pobreza, seguridad pública, inclusión social, disminución de las desigualdades, combate a la impunidad y a los estereotipos de género”, precisó García.

Afirmó en cambio que el país latinoamericano no estaba “en posibilidad de implementar” la recomendación que le hiciera la Santa Sede, de “preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento”, entre otras cosas porque “no existe una norma internacional que defina las caracteristicas que deba ostentar la familia”.

Se enfrentan manifestantes y policías capitalinos en inmediaciones del Zócalo


México, DF. Integrantes del Frente Popular Francisco Villa se enfrentaron con policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en las inmediaciones del Zócalo.

El choque ocurrió entre las calles 20 de noviembre e Izazaga cuando el contingente intentaba ingresar a la Plaza de la Constitución para manifestarse.

Hasta el momento no hay reporte de detenidos o lesionados.

Desabasto de medicinas para niños con cáncer en Coatza, alerta ONG a CNDH


Coatzacoalcos, Ver.- La presidenta del grupo Apóyalos a tener una Esperanza de Vida, Gloria Santos Navarro, pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que persiste el desabasto de medicamentos para niños con cáncer en el sur de Veracruz.

Reveló que en los hospitales de la zona, como el de Coatzacoalcos, no funcionan los aparatos que dan servicio a los pequeños y dijo que tampoco hay recursos para traslados o análisis que ellos requieren.

En entrevista, la activista que apoya a los menores que padecen cáncer en esta región denunció que desde que inició el año los infantes no han recibido en tiempo y forma sus tratamientos, pues la Secretaría de Salud (SS) de Veracruz únicamente les surte el 50 por ciento de éstas y no descartó que la situación se replique en el resto de la entidad.

Santos Navarro recordó que el desabasto de medicinas inició en julio del año pasado y se ha recrudecido. En ese contexto, advirtió que si los niños con cáncer no reciben su tratamiento en forma completa corren el riesgo de recaer y, en la mayoría de los casos, los pequeños no superan dichas recaídas.

A consecuencia de lo anterior, informó que se integrará una queja ante organismos como la CNDH y la CIDH, pues recalcó que los fármacos son adquiridos con recursos federales y pese a ello las autoridades del Sector Salud en Veracruz se escudan en “problemas de las mezclas” o en que las medicinas llegan a destiempo.

La presidenta de la fundación Apóyalos a tener una Esperanza de Vida criticó la falta de responsabilidad de las autoridades, pues algunos medicamentos pueden ser adquiridos en las farmacias de Coatzacoalcos, otras ciudades e incluso países.

“Es una tristeza porque el dinero viene de origen federal y si tenemos el dinero, con dinero se manda a buscar a donde sea, aquí, en China, en Estados Unidos, en Costa Rica”, expresó.

En el sur de Veracruz han sido detectados ocho nuevos casos de cáncer infantil en lo que va del año. Actualmente, en el hospital regional Valentín Gómez Farías reciben atención 38 niños con este padecimiento y otros más que llegan procedentes de otros municipios de la región que se encuentran en vigilancia. Todos ellos sufren el desabasto de medicinas desde el año pasado.

Policías municipales de Tixtla detienen y golpean al hijo de un comunitario


MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 18 de marzo. “¡A ver si así le paran!”, fue la advertencia que los policías municipales de Tixtla le hicieron al menor Agustín al detenerlo la tarde de ayer, porque su padre es miembro de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac).

Agustín estuvo esta tarde en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), acompañado de sus familiares, su madre, Cristina Salmerón Almazán, presentaron una queja por la detención, acompañada de una golpiza.

Eran las 18 horas; Agustín iba en una camioneta blanca, junto a su cuñado, de 15 años, hacia la comunidad de Ojitos de Agua; llevaban un servicio de agua potable de entrega por pipas.

A la salida de la cabecera municipal, cerca del internado, cuatro patrullas de policías los alcanzaron, los cercaron y los forzaron a que se detuvieran. Los policías les dijeron que se bajaran, y hurgaron en la camioneta; tres de ellos golpearon a ambos jóvenes.

En la mano derecha y en la zona del peroné, Agustín tiene moretones. Fueron unos culatazos que les dieron los policías, relató el joven.

Entre la revisión y los golpes, los policías comentaron que eso les pasaba porque “iban bien locos”, y alguien les dijo que iban a chocar con un carro blanco. Él único carro blanco que vio Agustín fueron unos kilómetros atrás, y le rebasó.

Comunicado de prensa - Preocupa a RNDDHM agresiones contra defensoras integrantes del Comité Cerezo

 

19 de marzo de 2014. 

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) manifiesta su preocupación por la integridad física y psicológica de las defensoras Armida Banegas, María Vargas, Areli Vidal, Mariela Bárcenas, Fernanda Poblete, Nayeli Valencia, Wendy Bernal, Yeraldín Orta, Emiliana Cerezo, Melanie Salgado, Duhyadi Oliva, Margarita Acevedo, María Elena Paredes y Elga Aguilar, todas ellas integrantes y colaboradoras de la organización Comité Cerezo México y quienes recientemente han enfrentando una campaña de difamación, calumnia y hostigamiento.

A partir de ese entonces las defensoras y su organización han sido víctimas de una campaña de difamación y desprestigio que se ha agudizado y que pone en entredicho su labor como defensoras y defensores de derechos humanos.

La RDNDDHM ha constatado el trabajo que el Comité Cerezo México realiza en defensa y promoción de los derechos humanos y somos partícipes del reconocimiento nacional e internacional hacia dicha organización, por lo que para nosotras son de suma preocupación las amenazas, agresiones, acusaciones y estigmatización contra las defensoras y su organización.

Pedimos a las autoridades correspondientes investiguen los hechos a fin de garantizar que las defensoras continúen realizando su labor en condiciones de seguridad y garanticen su integridad física y psicológica.

Como RNDDHM reiteramos que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” y que “los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales (…)” como lo establece la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos.

En este sentido, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 135 defensoras de derechos humanos de 86 diversas organizaciones, pertenecientes a 20 diferentes estados de la República se mantendrá atenta, a fin de que la labor de las defensoras integrantes del Comité Cerezo México sea garantizada en condiciones de libertad y seguridad.

ATENTAMENTE,

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 20 estados de la República.- Agnieszka Raczynska, (Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”), Aidé García (Católicas por el Derecho a Decidir, México D.F.), Alejandra Vela Garza (Alternativas Pacíficas, Monterrey), Alicia Leal Puerta (Alternativas Pacíficas, DF), Aline Castellanos (Oaxaca), Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Tamaulipas), Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Andrea Acevedo García (Mariposas Tlahuicas AC, Morelos), Andrea Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, Guerrero), Analia Penchaszadeh, Alejandra Ancheita (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (PRODESC) México D.F.), Alba Cruz (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca), América del Valle Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-FPDT Atenco), Ángeles López (Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Guanajuato), Angélica Araceli Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México), Aurora Montaño (México), Axela Romero Cárdenas (Líder Estrategia Feminismos y otros movimientos sociales y Salud Integral para las Mujeres, A.C.), Atziri Ávila (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Beatriz Hernández Bautista (Circulo Profesional para la Formación con Equidad de Género !Nduva Ndandi!, Oaxaca), Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca), Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Coahuila), Blanca Mesina (Baja California Norte), Blanca Velázquez (Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Puebla), Carolina Cantú (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero), Cecilia Espinosa Martínez (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua), Cecilia Oyorzabal Gómez (Timomatchtikan, Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres, Casa de la Mujer Indígena, Red Nacional de Asesoras y Promotoras Rurales, Puebla), Concepción Felix Corral (Sí Hay Mujeres en Durango AC, Durango), Clara G. Meyra Segura (Centro de Derechos Humanos "Fr. Francisco de Vitoria O.P." A.C., México D.F.), Claudia Ángel (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C.), Clemencia Correa (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, DF), Cirenia Celestino Ortega (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Nuevo León), Cristina Auerbach (Familia Pasta de Conchos), Cristina Cruz López (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCA-DH), Oaxaca), Cristina Hardaga Fernández (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.), Daptnhe Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México D.F.), Diana Damián Palencia Formación y Capacitación AC (FOCA), Chiapas), Dolores González (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ),México D.F.), Dora Ávila (Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin), Elena Tapia Vásquez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, México D.F.), Elizabeth Ferreras (Defensa Jurídica y Educación para Mujeres S.C. Vereda Themis, México D.F.), Elizabeth Robles (Servicio Desarrollo y Paz, A.C., Coahuila) Emelia Ortiz (Campaña Si no están ellas no estamos todas, Oaxaca), Emilia González (Comisión de Solidaridad y Defensa DDHH), Fabiola González Barrera (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Felicitas Martínez Solano (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero), Gabriela Aguilar Martín (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México), Georgina Vargas Vera (Guanajuato), Guadalupe García Álvarez (Mujeres Luchas y Derechos para todos, Estado de México), Guadalupe López (Lesbianas en Patlatonalli, Jalisco), Hermelinda Tiburcio (Kinal Antzetik, Guerrero), Icela Jaimes (Colectivo Raíz, Aguascalientes), Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua),Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua), Indira de Jesús Luis Aquino (Refugio Regional para Mujeres Indígenas del Istmo, Oaxaca), Irma Estrada Martínez (Tribunal Internacional de Conciencia, México D.F.), Ixchel Carrasco Arias (Enlace, Comunicación y Capacitación, Guerrero), Janette Corzo (APRENDAMOS), Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, México D.F.), Julieta Hernández Camargo (Si hay Mujeres en Durango, Durango) Laura Carlsen (Programa de las Américas, México D.F.), Laura García (Semillas, México D.F.), Laura Gutiérrez (Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Baja California), Laura Velázquez (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.), Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora), Lidia Alpizar (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID)), Lorena Fuentes (Semillas, México D.F.), Lorena Maribel Peralta Rojas (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”), Lorena Wolffer (México), Lucia Lagunés Huerta (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Lupita García Álvarez (Estado de México), Lupita Ramos Ponce Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México), Luz Estela Castro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua), Malú García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Chihuahua), Margarita Avalos (Colectivo Ollin Calli, Baja California) Margarita Guadalupe Martínez (Chiapas), Ma. Hilda de la Vega (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua), María Luisa Aguilar Rodríguez (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero), María Rosa Guzmán Valdez (Red de Promotoras de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Estado Jalisco, Jalisco), María Trinidad Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Martha Figueroa (COLEM Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas), Martha Graciela Ramos (Mujeres por México en Chihuahua, Chihuahua), Martha Pérez Pineda (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Martha Sánchez Soler ( Movimiento Migrante Mesoameriano), Martha Sánchez Nestor (Red de Mujeres Guerrerenses, Guerrero), Marusia López (Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS-Mesoamérica), Minerva Nora Martínez (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCA-DH), Oaxaca), Miriam González Sánchez (Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), México D.F.), Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa, Veracruz), Nadia Maciel (Guerrero), Nadin Reyes (Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, México D.F.), Nallely Tello (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Nerida Gaspar Castillo (Colectivo Ollin Calli), Nora Bucio (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), Morelos), Nora Vargas (Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), Michoacán), Obtilia Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, Guerrero), Ofelia Cesáreo Sánchez (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero), Olga Reyes (México), Patricia Yllescas (México), Reyna Ramírez Sánchez (Colectivo de Obreras Insumisas To Tlaktole Calaki Mo Yolo, AC.), Rosa María Laguna Gómez (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM-México), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán), Sara Méndez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca), Sara Montes Ramírez (Colectivo Raíz de Aguascalientes, AC.), Sandra Torres Pastrana (Oaxaca), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Guerrero), Silvia Alejandra Holguin Cinco (Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua, Chihuahua), Silvia Núñez Esquer (Sonora), Silvia Pérez Yescas (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C.), Siria Solís Solís (El Barzón, Chihuahua), Susana Mejía (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres A.C. (CADEM), Puebla) Tania Ramírez (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. México), Teresa Emeterio Martínez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca), Oaxaca), Teresa Zúñiga (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitarios (IMDEC), Jalisco), Theres Hoechli (Oaxaca), Valeria Escorza (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (PRODESC), México D.F.), Ruth Fierro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua),Verónica Corchado (Colectiva: Arte, Comunidad y Equidad, Grupo Articulación Justicia en Juárez, Cd. Juárez), Verónica Cruz (Las Libres, Guanajuato), Ximena Andión (EQUIS: Justicia para las Mujeres, México D.F), Ximena Cortez (Rosas Chillante, México D.F.), Xóchitl Ramírez (Yotlakat Non Siwatl, Atzin Desarrollo Comunitario, Guerrero), Yanimiriam Valdez Baca (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua), Yanina Flores (Semillas, México D.F.) Yesica Sánchez Maya (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca), Yunuhen Rangel Medina (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México DF), Zulma Méndez (Pacto por la Cultura y Red Mesa de Mujeres, Ciudad Juárez, Chihuahua).

— Atziri Ávila
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México Celular: 951 253 60 82 rednacionaldedefensorasmexico@gmail.com Facebook: Red Defensoras Dh México
Twitter:@RedDefensorasMx
Santo Tomás 209, Col. Xochimilco, C.P 6804. Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

México debe abordar la grave situación de los derechos humanos con acciones y no con retórica



México debe traducir en acciones las promesas que hará mañana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU si quiere abordar la grave situación de los derechos humanos en el país, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“Deben adoptarse medidas eficaces y duraderas para abordar las constantes vigentes de desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y ataques habituales contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, mujeres y personas migrantes. México no debe volver a incumplir sus promesas a la comunidad internacional”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

México anunciará mañana a los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuáles de sus 176 recomendaciones, formuladas en el pasado Examen Periódico Universal (EPU) adoptará. En 2009, en su última comparecencia ante este órgano de derechos humanos, México dijo que implementaría la mayoría de las recomendaciones. Sin embargo, posteriormente no tomó medidas en muchas áreas para prevenir la crisis de derechos humanos, que continúa hasta la fecha.

Aunque es positivo que el gobierno mexicano haya anunciado que aceptará la mayoría de las recomendaciones, hay indicios preocupantes de que esto sólo represente que todo sigue igual y su cumplimiento sea sólo retórico.

No se han aceptado las recomendaciones para abolir la práctica del arraigo (detención preventiva sin cargos), una importante cuestión de derechos humanos. Con arreglo a esta extendida modalidad de detención preventiva, se puede mantener detenida a una persona un máximo de 80 días sin que comparezca ante un juez.

“Las órdenes de arraigo abren la puerta a múltiples violaciones de derechos humanos, como la tortura y las confesiones forzadas, que dan pie a juicios injustos. La negativa a abolir esta práctica es una señal muy negativa del compromiso real del gobierno de defender los derechos humanos de todas las personas”, dijo Salil Shetty.

Otra cuestión importante es la reforma del Código de Justicia Militar. México ha aceptado las recomendaciones encaminadas a garantizar que se investigan, persiguen y juzgan en el sistema de justicia civil todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

Precisamente esta semana, el Senado está debatiendo una reforma que potencialmente excluiría de la justicia militar las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles. Sin embargo, dicha medida no se aplicaría a las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra otro personal militar. Aunque la propuesta va en la dirección correcta, sigue sin cumplir totalmente las normas internacionales de derechos humanos, pese a las afirmaciones del gobierno en sentido contrario.

“Detectamos una preocupante autocomplacencia en la actitud de México ante el Consejo. Afirma que las medidas legislativas y administrativas en curso equivalen al cumplimiento de muchas de las recomendaciones de la ONU, pero no son suficientes para solucionar los críticos problemas que tiene el país en el campo de los derechos humanos”, prosiguió Salil Shetty.

“Esta actitud hace caso omiso del drama de quienes sufren las consecuencias de las violaciones de derechos humanos. La experiencia cotidiana de las familias de los desaparecidos y de las víctimas de la tortura, los homicidios y la violencia no ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e ineficaces; la impunidad impera.”

Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno mexicano que implemente con carácter urgente las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos para abordar las violaciones de derechos humanos y la impunidad generalizadas. Esto incluye:

Garantizar la protección de las normas internacionales de derechos humanos en todas las operaciones policiales y de seguridad, lo que incluye una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de todas las violaciones de estos derechos;

Adoptar medidas concretas y eficaces para prevenir y castigar la tortura y los malos tratos;

Reforzar las medidas para investigar los secuestros y las desapariciones forzadas, lo que incluye procedimientos para localizar a las víctimas y hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos;

Reforzar los mecanismos de protección integral para los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas a fin de detener los ataques contra ellos y garantizar que los responsables de estos ataques comparecen ante la justicia;

Implementar medidas eficaces para prevenir y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres;

Reforzar las medidas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres poniendo fin a la penalización del aborto y garantizando que las mujeres y niñas tienen acceso a un aborto sin riesgos en casos de violación, incesto y cuando corra peligro la salud de la mujer o la niña;

Garantizar que los proyectos de extracción de recursos y desarrollo económico que afectan a los pueblos indígenas se llevan a cabo únicamente tras obtener su consentimiento libre, previo e informado;

Prevenir y castigar los abusos contra las personas migrantes en tránsito, sean cometidos por bandas delictivas o por funcionarios públicos.

“Es vital que el gobierno trabaje con la sociedad civil para implementar unas medidas concretas y eficaces para abordar la crítica situación de los derechos humanos en México. El gobierno debe aportar recursos económicos y el apoyo político de las altas esferas en todos los niveles del Estado federal”, concluyó Salil Shetty.

Información complementaria

El secretario general de Amnistía Internacional se ha reunido recientemente con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con otras altas autoridades del país, incluidos ministros, representantes del poder judicial y el poder legislativo durante una visita de alto nivel a México, realizada del 15 al 19 de febrero.

Salil Shetty entregó al presidente un memorándum que contiene una lista de medidas urgentes para combatir la arraigada impunidad y las violaciones graves de derechos humanos.

Amnistía Internacional hizo hoy entrega a la Presidencia de la República de más de 9,500 firmas recogidas por activistas de la organización en los dos últimos meses, exigiendo que México acepte totalmente todas aquellas recomendaciones realizadas en el EPU que resultan compatibles con el marco internacional de derechos humanos.

A cuatro años del asesinato de dos estudiantes, la impunidad prevalece



Hoy 19 de marzo se cumplen 4 años de los asesinatos de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ambos estudiantes perdieron la vida después de que integrantes del ejército abrieran fuego contra unos supuestos miembros de un grupo criminal.

“Es escandaloso que a cuatro años de estos asesinatos, y pese a la presión de las familias, de la sociedad civil y de integrantes de la comunidad académica las autoridades continúan fallando en su obligación de hacer rendir cuentas a los responsables y de llevar la verdad a las familias de las víctimas.” Afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

Las conclusiones de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso revelaron que los militares habían colocado armas a los estudiantes para inculparlos y habían destruido pruebas del lugar del crimen para acusar falsamente a las víctimas de pertenecer a una banda de delincuentes.

Así mismo, la CNDH documentó que las municiones que se utilizaron para cometer estos asesinatos son de uso exclusivo del ejército.

Hasta el momento las familias de las víctimas no han sido informadas sobre avances sustantivos en la investigación y ninguna persona ha sido sentenciada por estos crímenes.

“Este caso es paradigmático de las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. Las familias exigen verdad y justicia y lo que obtienen de las autoridades es silencio e impunidad.” Agregó Quiroz.

Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a la Procuraduría General de la República para que se investiguen de forma pronta e imparcial los asesinatos de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, que se hagan públicos los resultados de esta investigación y que los responsables de estos asesinatos rindan cuentas ante la justicia.

martes, 18 de marzo de 2014

VERACRUZ: Impunidad en crímenes homofóbicos, acusa colectivo; piden tipificar ilícitos


La activista de los derechos de la comunidad LGBTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersex), Silvia Susana Jiménez Galicia, acusó que Veracruz ocupa el tercer lugar por crímenes de homofobia, y los derechos de este sector poblacional siguen sin respetarse.

"Lo vemos con mucha preocupación porque a la inseguridad que se vive todos los días, se suma esta situación. No tengo datos precisos pero sí es una problemática en crecimiento y nos alarma que haya impunidad porque la razón de la autoridad es que se trata de crímenes pasionales".

La activista desmintió la declaración realizada por el titular del registro civil en Veracruz, Rafael Valverde Díaz, respecto a que no había solicitudes de matrimonio entre parejas homosexuales.

Y es que dijo, la Constitución Política de México no discrimina por preferencia sexual a las personas que desean contraer matrimonio, por lo que muchas parejas han buscado un amparo legal y lo han ganado en diversos estados del país.

En el caso de Veracruz, reconoció que ninguna pareja ha emitido amparos para casarse, pero sí se han presentado el año pasado, 28 solicitudes para casarse, pero cuando les niegan esa posibilidad en el Registro Civil, ya no siguen intentando.

Por eso, se está orientando a las parejas para que insistan en legalizar su unión, y en caso de que no se los permitan, deben entregar la negativa por escrito para que la pareja pueda ampararse.

"El Registro Civil puede decir: no ha venido nadie, no hay interés, pero si les dan por escrito que no procede su solicitud, entonces ya hay un documento que ampara y que podamos saber cuántas parejas están solicitando esto".

Abundó que en la próxima marcha por los derechos LGBTTI en este año, se solicitarán cuatro diferentes puntos a las autoridades estatales: el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género que permita a las personas transexuales modificar su documentación.

Así como la tipificación de los crímenes de odio por homofobia, pues recordó que hace 15 días desapareció Edgar Sosa, activista homosexual de la ciudad de Córdoba, por lo que les preocupa que pueda ocurrir otro crimen de odio.

Finalmente, pretenden declarar el 17 de mayo como el Día estatal Contra la Homofobia para poder recordar la necesidad de crear políticas públicas y educación sobre el respeto a la diversidad sexual.

Carta abierta de la RENDDH al gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa




Javier Duarte de Ochoa
obernador Constitucional del Estado de
Veracruz Ignacio de la Llave
Palacio de Gobierno. Av. Enríquez s/n. Col. Centro
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México. Tel. (228) 841-7400
javierduarte@veracruz.gob.mx
Facebook: Javier Duarte
Twitter: @Javier_Duarte

17 de Marzo de 2014

En días recientes la Organización Indígena Nahuatl: Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme (Unión de Todos los Pueblos Pobres) y la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango, ambas organizaciones indígena-campesinas integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (TINAM – UECVT – FNLS), han denunciado públicamente la liberación de una orden de aprehensión en contra de Ignacio Romero Carrera, defensor del de la propiedad social ‒régimen Ejidal y Bienes Comunales‒ y del medio ambiente siendo uno de los principales opositores a la imposición de la hidroeléctrica “El Naranjal” en la región de los valles de Zongolica, que abarca los municipios Ixtaczoquitlan, Fortín, Naranjal, Amatlan, la Patrona, Cuetzala, Omealca, Xuchiles. Ignacio Romero Carrera es uno de los representantes de la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango (UECVT).

Ante esta situación han solicitado a las autoridades Municipales y Ministeriales de Ixtazoquitlan información al respecto, a lo cual el Ministerio Público les entrego por escrito que no existe ningún proceso en contra de Ignacio Romero Carrera, caso contrario fue con el funcionario municipal ‒el secretario particular José Alejandro Rosado Sosa‒ que de forma prepotente se negó a recibir por escrito la petición de indagatoria sobre la supuesta orden de aprehensión que las organizaciones antes mencionadas solicitaban, el mismo secretario Alejandro Rosado aventó al escritorioel documento entregado dejando a los representantes de las organizaciones campesinas ahí parados y nunca volvió.

Paralelamente a esta situación de amenaza, desde instancias municipales en voz del secretario particular José Alejandro Rosado Sosa del municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, quien de forma amenazante dijo que “Ignacio Romero Carrera tiene orden de aprehensión al igual que un líder nacional del FNLS”. Destacamos que las tres órdenes institucionales del sector agrario a nivel estatal (RAN, PA y SEDATU) le han están negando a Ignacio Romero a ejercer su legítimo derecho constitucional y agrario a ocupar el lugar de sucesor de su finada madre, al anteponer un absurdo e inexplicable trámite burocrático a partir de un error que cometieron las mismas autoridades ejidales y las instituciones del sector agrario de esos tiempos: omitir el apellido materno de la señora Magdalena Carrera Espinoza. Además hay una comparecencia por escrito ante la residencia de Córdoba de la Procuraduría Agraria atendido por el licenciado Fausto Corona Ortiz, que funge como abogado y visitador agrario, donde se asientan todos los trámites a nivel local y estatal que ha realizado Romero Carrera, así como su condición socioeconómica.

Para la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) existe una preocupación latente y fundada de que se pueda dar una detención arbitraria, por mencionar lo menos grave, ya sea en contra de Ignacio Romero o de cualquier otro integrante de las organizaciones del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el estado de Veracruz.

Es pertinente puntualizar que a nivel de la entidad veracruzana se pretende construir 112 hidroeléctricas, en los cuales tenemos informe que en ninguno de los megaproyectos fueron consultados ni informados los Núcleos Ejidales, Bienes comunales y pequeños propietarios afectados a nivel de sus tierras y recursos naturales.

De manera específica en la región de Zongolica y su valles las comunidades indígenas campesinas han llevado una larga lucha en contra de la deforestación por parte de talamontes hoy convertidos en grandes empresarios del transporte y el comercio, así como la imposición de mega proyectos que atenten contra sus cultivos, el medio, formas de trabajar y organizarse, como los proyectos hidroeléctricos. Proyectos que en diferentes estudios realizados por especialistas de instituciones educativas como la Universidad Veracruzana, ecologistas nacionales e internacionales como Greenpeace, Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han dado como resultado el grave daño que podrían provocar tanto al medio ambiente ‒ecocidio‒ como a la población obligándola a desplazarse de manera forzada.

No obstante, los representantes de las empresas siguen en operación en complicidad con los tres niveles de gobierno, tratando de engañar y dividir a las comunidades para que vendan su único patrimonio familiar-comunitario, la tierra y sus recursos naturales. A esto tenemos que añadir el asesinato de Noé Vázquez Ortiz, en Amatlan de los Reyes en noviembre del año pasado, justo cuando se realizaba el encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

También es importante destacar el surgimiento de las llamadas Autodefensas en la región de Zongolica en febrero de este año dirigidas por Román Vázquez González, quien en su momento ha declarado públicamente estar en contra de las personas o grupos que se oponen a la Hidroeléctrica y que deben ser expulsadas “ya que frenan el desarrollo de la región”. En últimas fechas los medios informativos dan cuenta de que este personaje Román respalda la construcción de hidroeléctricas en comunidades de Zongolica, San Juan Texhuacan y Mixtla de Altamirano, por medio de “consultas a las comunidades” para legitimar la entrada y construcción de la hidroeléctricas.

Por cierto, iniciando este 2014, la hidroeléctrica ubicada en Mixtla de Altamirano ‒uno delos municipio más pobres del país‒ ha demostrado los daños que puede causar solamente en la fase de pruebas, al ocasionar un derrumbe a causa del desbordamiento de agua de la presa que opera la empresa Electricidad del Golfo, esto sin contar en el desabasto de agua que ya se da en las comunidades, la explotación laboral y la modificación de la vida de las comunidades indígenas.

A lo anterior se suma el hecho de que en Veracruz se viene desarrollando una persistente y sistemática violación a los derechos humanos en contra de los diferentes sectores de la población, tal es el ejemplo de periodistas comprometidos con su labor profesional de informar la verdad, como el caso de la corresponsal de Proceso Regina Martínez y el reciente asesinato de Gregorio Jiménez, comunicadores que se unen a una indignante lista de 15 reporteros asesinados desde el 2000, 10 de ellos en la actual administración de la cual usted es responsable como gobernador.

Actos violatorios de derechos humanos también los vimos en las movilizaciones llevadas a cabo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes en diferentes ocaciones fueron agredidos violentamente por parte de las corporaciones policiacas de la entidad; lo que motivo las manifestaciones fue la protesta por la imposición de la reforma neoliberal educativa que se aprobaría sin haber tomado en cuenta los foros nacionales del magisterio y representaciones de los diferentes sectores sociales, al mismo tiempo que denunciaban el carácter punitivo de dicha reforma, ahora convertida en Ley.

Otro hecho grave son los casos de tortura por parte de efectivos militares en el norte de esta entidad, como lo reconoció el propio comandante René Carlos Aguilar Páez de la sexta región militar con base en Boca del Río Veracruz, a lo que se suman de acuerdo con diferentes organizaciones de derechos humanos casos de desaparición de personas ya sea por motivos políticos o sociales que suman del 2011 al 2013 más de 8 centenas, tan sólo en la capital de Xalapa son más de 500 casos, entre los que se encuentran casos hasta en contra de sus propios policías como fue el de Jacqueline Espejo Moctezuma, pero que para las instituciones del gobierno del estado emulando a las entidades federales eufemísticamente los llaman “levantados”, “ausentes”, “extraviados” u otros técnicamente privación ilegal de la libertad y al no saber de su paradero su condición es de detenido-desaparecido.

Cabe resaltar que la mayoría de los detenidos-desaparecidos por motivos políticos o sociales y ultimados en su mayoría son jóvenes y de origen popular en las ciudades o zonas rurales y, que los captores tienen aspecto policiaco-militar así como su comportamiento, armas y vehículos como se puede probar en las actas de denuncia ministerial es un patrón de modus operandi y denuncias en los órganos de procuración y administración de la justicia.

Hasta aquí algunos ejemplos de la situación preocupante de violaciones a derechos humanos ya sea por omisión, comisión o aquiescencia de las propia autoridades, por ello, nuestra exigencia de garantizar la integridad física, psicológica y moral de las organizaciones o colectivos que exigen se cancele la imposición de proyectos hidroeléctricos; así mismo el alto a la persecución de luchadores sociales y defensores de los derechos ambientales como Ignacio Romero Carrera quien por su práctica política consecuente en los marcos constitucionales y de derechos humanos al lado de las comunidades indígenas y campesinas hoy se le pretende encarcelar. Así mismo, exigimos que cesen las amenazas, intimidaciones, agresiones o cualquier acto que menoscabe la dignidad humana en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos en la entidad y en particular de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Atentamente

¡Unidos por la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales!

¡Presentación con Vida de Todos los Detenidos-Desaparecidos por Motivos Políticos y Sociales!

¡No a la Criminalización de la Pobreza, Protesta y Lucha Popular!

Atentamente

Unidos y Organizados a Ejercer y Defender los Derechos Humanos

Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos

RENDDH

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Pedro Flores Hernández

Presidente de la RENDDH

_______________________________________

Con copia para su conocimiento y seguimiento:

Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla
Presidente de la CDH de Veracruz
Calle Carrillo Puerto No.21 Zona Centro, C.P.91000, Xalapa, Ver.
Tel. y Fax. (228) 812–0589, 812–1142, 812-0796, 812-3743 y 812–2918
Lada sin Costo (01–800) 260–2200
Internacional: +52 228 812–0589
secretariapresidencia@cedhveracruz.org.mx
Fb: Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz

Lic. Cirilo José Rincón Aguilar
Delegado Federal en Veracruz de la Procuraduría Agraria
Diego Leño s/n Esq. Gtz Zamora, Zona Centro, Xalapa , Ver.
Telefonos (01 28) 8419592; (fax) 8419606, 8419607
(01 228) 8419592
(01 222) 8419593
(01 228) 8419606
(01 228) 8419607
Ext. 26
ver@pa.gob.mx

Manuel Ignacio Acosta Gutierrez
Director del Registro Agrario Nacional
(De acuerdo a TRANSPARENCIA se encuentra vacante el de Delegado Estatal)
20 de Noviembre 195, Col. Centro, Cuahutemoc,
Distrito Federal, México, C.P. 6080
Tel: 01 55 5062 1411
miacosta@ran.gob.mx

Pedro Yunes Choperena
Calle dos No. 71,
Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 91180,
Xalapa, Veracruz.
Teléfono: 01 228 890 28 69
Correo electrónico: ver@sedatu.gob.mx

Dip. Ignacio Enrique Valencia Morales
Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas
H. Congreso del Estado de Veracruz
Av. Encanto s/n, Esq. Lázaro Cárdenas
Col. El Mirador, C.P. 91170
Xalapa, Ver. Tel: 228 8.42.05.00
Telefono: (228) 8420500
Ext: 2084
Fax: (228) 8420581
Correo: ivalencia@legisver.gob.mx

Dip. Jaqueline García Hernández
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes
H. Congreso del Estado de Veracruz
Av. Encanto s/n, Esq. Lázaro Cárdenas
Col. El Mirador, C.P. 91170
Xalapa, Ver. Tel: 228 8.42.05.00
Telefono: (228) 8420500
Telefono: (228) 8420500
Ext: 2220
Fax: (228) 8420543
Correo: jgarcia@legisver.gob.mx

Dip. Alejandro Zairick Morante
Presidente de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
H. Congreso del Estado de Veracruz
Av. Encanto s/n, Esq. Lázaro Cárdenas
Col. El Mirador, C.P. 91170
Xalapa, Ver. Tel: 228 8.42.05.00
Telefono: (228) 8420500
Telefono: (228) 8420500
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Correo: azairick@legisver.gob.mx