martes, 18 de octubre de 2011

Oficio de Papel



* Inhabilitan a directora general de PMI
* El perjuicio por 340 millones de pesos
* En riesgo el director general de Pemex

En Los Pinos ven con preocupación la gestión del director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel. Al momento de que este funcionario ha iniciado una campaña de entrevistas en medios de comunicación para salvar su imagen y tratar de explicar la participación de la empresa petrolera mexicana en la española Repsol; en la Secretaría de la Función Pública (SFP) decidieron que era el momento de sancionar e inhabilitar a la directora general de PMI, María del Rocío Cárdenas Zubieta, brazo importantísimo de Pemex para comercializar productos petrolíferos en el exterior y filial responsable de dudosos movimientos financieros mediante la creación de empresas privadas en paraísos fiscales.

Fue el 23 de mayo pasado cuando anuncié en este espacio que la SFP investigaba a Cárdenas Zubieta por su irregular gestión al frente de PMI Comercio Internacional, la subsidiaria de Pemex que según el director general, Juan José Suárez Coppel, “se audita como si fuera una paraestatal”, pero que a la luz de los acontecimientos revela una costosa y tardía fiscalización.

Finalmente, el pasado 11 de octubre el titular de la SFP informó que esa dependencia había decidido inhabilitar y sancionar a cuatro directivos de PMI luego de que se confirmó un daño patrimonial de 1.75 millones de dólares a las finanzas de Pemex. La exdirectora Cárdenas Zubieta junto con sus colaboradoras vendieron gasolina barata a las trasnacionales Tarfigura y Gunvor, en perjuicio de los recursos de la nación. El perjuicio al erario ascendería a 24.3 millones de dólares, pero esa cantidad no toma en cuenta la pérdida al patrimonio de la nación.

Los funcionarios sancionados son además de Cárdenas Zubieta, el exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes, Alberto Olimón Salgado; el exgerente comercial de Gasolinas y Componentes, Alejandro Tello Winniczuk, así como el exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados, César Elías Covarrubias Prieto.

Llama la atención, sin embargo, que entre los funcionarios sancionados otra vez no aparezca Bernardo De la Garza Hesles, actual subdirector de Pemex-Refinación, quien colaboró de manera muy cercana con Rocío Cárdenas y que también ha sido señalado por irregularidades en el manejo de los recursos de la paraestatal. En PMI, De la Garza Hesles fue director comercial de Petróleo Crudo y miembro del Consejo de Administración de Pemex Internacional España, según publicó la revista Contralínea en 2009.

Así que De la Garza Hesles no sólo tendría que explicar ante el Congreso cuál es la lógica comercial en el manejo del arbitraje petrolero y mediante el cual no sólo se pierde dinero en las operaciones comerciales, sino que se da paso a un mayor endeudamiento de Pemex y el plan estratégico – si es que lo hay – para dejar de importar gasolinas caras y vender petróleo barato, sobre todo ahora que se encuentra al frente de la operación de las refinerías de la paraestatal. De la Garza también tendría que explicar a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores – que ya lo ha llamado a comparecer – qué sucedió con Repsol y cuáles han sido los beneficios para la nación de las inversiones y presencia en la empresa española.

Además, hasta ahora la SFP no se ha pronunciado sobre la denuncia pública que se ha hecho en contra de De la Garza Hesles por el contrato que asignó a la empresa estadounidense KBC Advanced Technologies Inc. Fue el legislador del PAN, José Luis Ovando, quien denunció una serie de irregularidades en torno a este contrato. No ha pasado nada. De la Garza, revelan algunos trabajadores de Pemex, prefiere no firmar documentos y sólo lo hace en caso extremo. Las responsabilidades en todas las operaciones que dirige y autoriza las deja a los operativos y así consta en documentos de varias licitaciones de refinerías. Tal vez esa sea la clave de que, hasta el momento, su nombre no sea parte de una investigación seria de la SFP. Si ese fuera el caso, Función Pública también debería explicar cómo un funcionario de tan alto nivel puede actuar de esa manera.

Por ahora, es un avance la sanción e inhabilitación a Cárdenas Zubieta, así como la multa por 238 millones 942 mil 24 pesos. Sin embargo, es un hecho que, como ha sucedido en otros casos, la exdirectora de PMI ya cuenta con un ejército de abogados para hacer frente al proceso administrativo y no a la prisión. Cárdenas Zubieta fue directora Comercial de Refinación entre enero de 2008 y enero de 2009. Vega Casillas en la SFP sostiene que esta exfuncionaria omitió establecer y dirigir estrategias, así como actividades de comercialización en lo relativo a diversas operaciones comerciales de gasolina tipo cóquer.

Fue como directora comercial de Refinados, dice la SFP, que Cárdenas Zubieta suscribió indebidamente dos contratos y un convenio modificatorio celebrados con la empresa Trafigura, Ag., para la venta de gasolina cóquer con un descuento indebido e injustificado y sin contar con un análisis de costo-beneficio de cada operación comercial. Además, un amplio reportaje de Nancy Flores sobre este tema publicado en Contralínea, establece que la exdirectora omitió informar detalladamente al Comité Interno de PMI Trading Ltd, toda vez que no dio a conocer las pérdidas y ganancias reales de dicha operación.

Cárdenas Zubieta tampoco supervisó al exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes en la negociación y determinación del monto del descuento excesivo e injustificado otorgado. Tampoco supervisó al exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes en la negociación y determinación del monto del descuento excesivo e injustificado otorgado en diversas operaciones comerciales de venta de gasolina cóquer.

A pesar de las evidencias contundentes que hay en contra de quien fuera directora general de PMI, brazo comercial importantísimo en la estructura de operación de Pemex y responsable de las compras y ventas internacionales de crudo, así como encargada de dudosos movimientos financieros en empresas privadas creadas en paraísos fiscales, el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, sostiene que Cárdenas Zubieta no cometió delito alguno y lo que sucede es que en la Secretaría de la Función Pública no entienden el movimiento del mercado, en donde no hay precios fijos y todo se se rige por la orfeta y la demanda, de tal manera que los precios de ayer no son los mismos que los de hoy.

Consideró que se ha abusado de la fiscalización y en el caso de Pemex la Función Pública no sirve para advertir y prevenir posibles fallas administrativas, sino que todo lo quieren hacer penal y sancionar a funcionarios que sólo cumplen con su trabajo, como es el caso de Cárdenas Zubieta.

En la lista de sancionados están, además, César Elías Covarrubias Prieto, exencargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados de PMI (entre febrero y diciembre de 2009). A éste se le inhabilita por 10 años y lo multan con 85 millones 68 mil 654 pesos. Alberto Olimón Salgado, exsubdirector Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009), lo inhabilitan por 10 años y multa con 170 millones 683 mil 234 pesos. Y Alejandro Tello Winniczuk, exgerente Comercial de Gasolinas y Componentes de PMI (entre enero de 2008 y febrero de 2009) y encargado del despacho de dicha Subdirección (entre febrero y diciembre de 2009), inhabilitado por 10 años y multa con 12 millones 35 mil 816 pesos.

Al interior de la paraestatal el escándalo es de tal magnitud que la gestión de Juan José Suárez Coppelse ve en riesgo: mientras PMI Comercio Internacional es la negociadora directa de la operación de compra de acciones de la trasnacional Repsol, las empresas “privadas” PMI Holdings, BV y PMI Holdings Petróleos España, SRL –propiedad de Pemex–, son las tenedoras de esas acciones

La sanción a la exfuncionaria pública quien, a principios de este año acudía a representar a México en Davos durante los trabajos del Foro Económico Mundial, se presenta en el marco del décimo incremento al precio de las gasolinas para millones de consumidores y contribuyentes mexicanos, mientras que el gobierno de Felipe Calderón destina más de 1 billón 500 mil pesos a la importación de gasolinas, pues la infraestructura de Pemex en el territorio nacional es incapaz de producir este energético para el consumo nacional.

En su edición de este 16 de octubre, Contralínea revela que el daño patrimonial derivado de las gestiones de Cárdenas y sus colaboradores en PMI no sólo involucra la pérdida en las transacciones de compra y venta de petróleo, sino sus repercusiones en el mercado mexicano. Para importar gasolinas entre 2007 y 2011, el gobierno mexicano ha destinado 1 billón 300 mil millones de pesos, lo que representa 11.5 veces la inversión total que requeriría Pemex para la refinería Bicentenario que se busca construir en Tula, Hidalgo, y de la cual sólo se ha avanzado en edificar la barda perimetral.

El verdadero daño patrimonial

Sin una refinería y sin transparencia en las actividades internacionales de Pemex, el próximo año México habrá comprado gasolinas por más de 22 mil 500 millones de dólares. Ese monto, sin embargo, no figurará entre los hechos por los que Rocío Cárdenas debería responder ante la autoridad por el enorme gasto de las finanzas públicasy, por supuesto, la oscura gestión de la petrolera que desde hace varios años cuenta con una nueva ley que sólo ha contribuido a dar mayor discrecionalidad en materia de compras, adquisiciones y licitaciones de obras públicas.

Durante los últimos seis meses, la revista Contralínea, a través de las investigaciones de su reportera Nancy Flores, confirmó que Cárdenas, al frente de PMI, había venido actuando de forma discrecional, no sólo en materia de descuentos aplicados a las operaciones de comercio internacional del crudo mexicano, sino en las licitaciones para otorgar contratos a consultorías. Otro de los casos que investigaba la SFP en contra de Rocío Cárdenas era el fraude por 13 millones de dólares en el que participó una de sus más cercanas colaboradoras.

Según el Órgano de Control Interno de PMI, Rocío Cárdenas habría estado involucrada en la contratación irregular de un estudio utilizado en la defensa de su subordinada y amiga Karen Miyasaki, acusada de defraudar por 13 millones de dólares a la filial de Pemex mediante operaciones con cargamentos de petróleo y beneficiándose del diferencial en el tipo de cambio.

A Miyasaki, exsubdirectora comercial de Destilados Intermedios, se le acusó de haber beneficiado a Max Beckett, su esposo, quien trabajaba para Blue Oil México. Sin embargo, en su momento, la empresa estadounidense aseguró que el señor Beckett no tenía relación con la empresa que suministra combustible de petróleo en las costas del Pacífico norte, centro y sur de América. La SFP confirmaría después la relación personal y de negocios. Además se indagaba si Cárdenas Zubieta encubrió a Miyasaki.

Mientras siguen las investigaciones y juicios en contra de funcionarios acusados de actos de corrupción y desvío de recursos públicos en la principal empresa del Estado, lo único cierto es que el gobierno de Felipe Calderón pasará a la historia no sólo como el promotor de la mayor violencia de que se tenga memoria en el país, con 60 mil muertos y desaparecidos en cinco años de gobierno, sino también como una de las aministraciones más corruptas, apenas similar a la del priista Carlos Salinas de Gortari.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

El secuestro de la educación en México


ARTEMIO ORTIZ HURTADO , I PARTE

El cacique es un ser despreciable, que vive de succionar el sudor del trabajo de quienes dice representar; su condición de sobrevivencia es la sumisión y servilismo permanente a los gobiernos en turno y, por ende, el pisoteo a los derechos de los trabajadores

La educación en México sigue secuestrada. Ésta es una afirmación que tiene validez, al menos, desde el 22 de septiembre de 1972, cuando por órdenes del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez (1970-76), Carlos Jonguitud Barrios se apoderó, por asalto, de las oficinas centrales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), terminando así el cacicazgo de Jesús Robles Martínez, que ya no era afín a la política educativa del régimen de gobierno en aquellos años. El nuevo plan consistía en asestar un severo golpe a la educación pública. El naciente cacique pactó con el gobierno de Echeverría la reforma educativa que dio fin al llamado “Plan de Once Años”, y con ello, a la Escuela Rural Mexicana, estableciéndose nuevas bases para el funcionamiento del Sistema Educativo Nacional, renovando las condiciones de control de planes y programas, como de corrupción mayor en los diferentes niveles educativos, a la vez que el deterioro laboral y económico del magisterio con el aumento de la jornada de trabajo y la pérdida mayor del poder adquisitivo del salario.

En los acuerdos de Jonguitud Barrios con los gobiernos priístas de Luis Echeverría (1970-76), José López Portillo (1976-82) y Miguel de la Madrid (1982-88), en detrimento de la educación pública, acabaron por imponer un modelo educativo dictado por el Banco Mundial (BM) ajeno a los intereses y necesidades del pueblo mexicano; aceptaron a la vez, los lineamientos que hasta hoy llevan a la entrega de nuestra soberanía nacional, al exterminio de los derechos constitucionales y a la condena de un nuevo colonialismo en México a través del sometimiento cultural.

Así las cosas, el pueblo con sus profesores, después de 17 años de dictadura de la mal llamada “Vanguardia Revolucionaria”, festejábamos su caída en aquel convulsionado año de 1989. Iniciaba ahí, por órdenes del usurpador Carlos Salinas de Gortari (1988-94) -quien con el PRI, a través de uno de los más escandalosos fraudes electorales, había sido impuesto como presidente de la República-, el golpe maestro a la educación pública con la imposición de la nueva cacique del charrismo en el SNTE en la persona de Elba Esther Gordillo Morales. Con ella, iniciaría uno de los periodos más oscuros para el sindicalismo mexicano, la escuela pública, el derecho laboral y en el país se reinstalara por varios sexenios ya, una negra etapa que violenta y ofende la enfermiza democracia y la vida electoral mexicana.

En este proceso de caciques y dictaduras sindicales represivas, el magisterio michoacano se inauguraba en la ruta de lucha estatal y nacional, como un movimiento pujante, y es la noche del día 3 de julio de 1990 cuando aliados, Elba Esther Gordillo Morales, Genovevo Figueroa Zamudio y Carlos Salinas de Gortari, deciden golpear con la represión y el encarcelamiento a la dirigencia del Movimiento Democrático Magisterial (MDM) de aquellos años, torturando a algunos de nuestros más combativos compañeros.

Con Elba Esther, en confabulación con los cuatro últimos gobiernos federales (dos del PRI y dos del PAN), afianzan de manera formal la anulación de nuestra herencia social de la Revolución Mexicana, sustentada en la Constitución Política de 1917, intentando borrar la memoria histórica, pasado digno que nos da sustento como nación. Es aberrante la violación permanente al artículo tercero constitucional por los gobiernos que hemos padecido, sobre todo en las últimas décadas, con el inicio de la implantación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), con Salinas de Gortari, ratificado con Ernesto Zedillo, reafirmado con el Pacto Social para la Calidad Educativa (PSCE) con Vicente Fox y actualmente presentado como Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), con Felipe Calderón Hinojosa, calificada por expertos como “la ultima venta de gran calado”, exhibida con los pésimos resultados oficiales del antipedagógico examen ENLACE.

Obviamente que Michoacán no es excepción en esta embestida. Con la apertura parcial del examen ENLACE, la distribución de los libros de texto y programas de la ACE, la entrega de plazas vacantes por jubilación a la bolsa nacional de la SEP, y con el “Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas…” -de la ACE-, signado por el gobierno federal con Fernando González Sánchez (yerno de Elba Esther), y del estado con autoridades de la Secretaría de Educación (SEE) y la Secretaría de Gobierno, pone en obsequio la destrucción de la educación pública y la gratuidad.

Este hecho pulveriza el derecho laboral constitucional de los trabajadores de la educación michoacanos, como ya sucede a nivel nacional, con sus amañados Cursos Básicos de Educación Continua a los Docentes, Escuelas de Calidad, Escuela Segura, Habilidades Digitales, la eliminación de antigüedad y preparación con la modificación a Carrera Magisterial, paso previo a la cancelación de la plaza automática a las escuelas Normales oficiales y de la plaza de base, la aplicación de la Evaluación Universal y el Examen de Oposición para asignación de plazas por contrato, o la certificación, como lo hicieron ya con el cambio de banco para cobro de quincena, para dar paso a la arbitraria tarjetización bancaria –ya anunciada por la SEE-, para la percepción de nuestro salario, sólo por mencionar algunos profundos males. Ante estas circunstancias, para contrarrestar la ACE se hace más necesario que los trabajadores de la educación profundicemos en escuelas y grupos el Proyecto Democrático de Educación y Cultura (PEDEC) de la sección 18 del SNTE, ya en ejercicio en Michoacán, y el Proyecto Alternativo Nacional de Educación y Cultura (Panaec), construido desde los alumnos, padres de familia, especialistas y docentes en el país con el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE (CEND-SNTE).

Al día de hoy, desde los sexenios de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, sin representación ni legal ni legítima, Gordillo Morales ha firmado pactos, acuerdos y programas que conforman la más violenta agresión a la educación pública, al SNTE de la base trabajadora y aún más, al derecho universal de millones de niños y jóvenes a la educación. En resumen, Gordillo Morales y Felipe Calderón se burlan del pueblo de México. Ratificamos que no contamos con una política educativa propia de nuestro país; los maestros, los padres de familia y los especialistas en materia educativa, no participamos en la elaboración de los planes y programas; estos son impuestos por los presidentes en turno, por mandatos externos, (BM-FMI, y más reciente la OCDE), con “arreglos” hechos con el charrismo sindical a espaldas de los trabajadores de la educación y el pueblo, castigando a la vez, la asignación del presupuesto educativo, excluido de las prioridades del gobierno federal en turno.

Lo claro es que en la educación pública y los derechos sociales de los mexicanos, se exhibe el papel de Elba Esther al podrir lo que toca, como lo ha hecho con instituciones que rigen parte del rumbo de la nación: el SNTE, la SEP, el ISSSTE, la Lotería Nacional, los partidos políticos, el Congreso de la Unión y los diferentes niveles de gobierno.

Atentamente

Va por Michoacán y por México AC
Movimiento de Unidad Social
por un Gobierno del Pueblo
MUSOC-GP Michoacán

Fuente: La Jornada de Michoacán

Amnistía Internacional lamenta el fallecimiento del periodista Miguel Ángel Granados Chapa



La muerte el día ayer del reconocido periodista Miguel Ángel Granados Chapa ha causado un hondo pesar en quienes integramos Amnistía Internacional.

En Amnistía internacional nos sumamos al amplio reconocimiento que la sociedad está hoy expresando sobre la importante contribución de Granados Chapa a la labor periodística, siempre comprometida con los problemas de México y en particular con los derechos humanos.

En nuestro movimiento estamos convencidos de que el periodismo libre y comprometido es fundamental en toda sociedad democrática. A lo largo de su extensa trayectoria Granados Chapa ha sido sin duda un ejemplo de este tipo de periodismo.

Esta pérdida ocurre en momentos especialmente difíciles para el periodismo en México, país que en los últimos años se ha convertido en el más peligroso del continente para ejercer el periodismo.

AU: Jefe de Policía de Querétaro agrede a su excompañera

AU Jefe de Policia Queretaro 24106311.aus (AU 305-11 MÉXICO)

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17/10/2011

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