jueves, 13 de junio de 2013

Se “mochan” moneros con su monos


MARCELA TURATI


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En un gesto de solidaridad para despresurizar la situación económica que padecen periodistas mexicanos que tuvieron que desplazarse de sus lugares de origen por amenazas y que no encuentran apoyo en los mecanismos de protección gubernamentales, varios moneros pondrán a subasta sus monos y “se subastarán a sí mismos” este próximo viernes por la noche.

“La intención es subastar monos y echar desmadre subastando a los moneros Helguera y Hernández para apoyar a los periodistas que han salido de sus estados”, explicó el caricaturista Rafael Pineda, Rapé, promotor de la iniciativa y él mismo desplazado desde hace un año al Distrito Federal tras sufrir amenazas en Veracruz.

En la convocatoria del cartel de la subasta nocturna del próximo viernes 14 de junio se anuncia que “los moneros (que) se mochan con sus monos” son los caricaturistas Naranjo, Boligán, Patricio, Rius, El Fisgón, Helguera, Hernández y Rapé.

El cartel del evento explica la justificación de la llamada “Gran Subasta de monos y moneros” señalando que es “porque la libertad de expresión es un derecho de todos, porque las instituciones han sido incapaces de responder a la emergencia, y porque creemos que es posible la solidaridad entre periodistas y ciudadanos”. La iniciativa es convocada por Reporteros Sin Fronteras, El Chamuco y la Red Periodistas de a Pie.

“Se trata de apoyar no sólo al maestro Rapé, él mismo exiliado de Veracruz, también a otros compañeros de Veracruz, qué decir de la situación si en Proceso tenemos el caso del asesinato de la compañera Regina Martínez. Este es un acto de solidaridad que es difícil ver hoy en día”, explicó Antonio Helguera, co-autor de los Mono Sapiens que se publican cada semana en la última página de la revista Proceso.

A tono de desmadre, el monero agregó: “A mí me dijeron que era un after y ya me dio miedo. La idea es que se va a hacer una subasta y cada uno donamos de tres a cinco cartones y también va a haber subasta de moneros y Rapè se va a poner a fichar”.

El trío se ríe del anuncio.

–¿A cuánto se van a autosubastar?—se le pregunta.

–¿Cuánto das?—responde.

José Hernández explica: “Va a pedirse una cooperación mínima de 80 pesos para antrear, pero se acepta más, va a haber grabados de Helguera, monos de nosotros y El Fisgón promete brindar con mezcal”.

Sobre las piezas que han sido donadas por los moneros, Rapé da un adelanto: “Naranjo dio un original a colores, reciente, sobre El Pacto. Boligán nos obsequió un original titulado “Cómo piensan los políticos” y nos regaló tres reproducciones digitales, tres impresiones firmadas para que pueda ser más accesible la compra”.

Pineda se autodesginó curador de las piezas a subastarse. El salió el 11 de septiembre de 2011, de Xalapa, Veracruz, un día después de que encontró una amenaza en su automóvil. Ya antes había tratado de ser comprado por las autoridades y había recibido advertencias de “tranquilo, ya bájale”. Formaba parte de los periodistas incómodos para el gobierno de Javier Duarte, que no se dejaban sobornar.

“Ellos (los del gobierno) metían la pata a cada rato y varios periodistas sacábamos los trapitos sucios del estado, a algunas personas los teníamos molestos”, explica a Proceso.

El es uno de los nueve periodistas que la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica desplazados de manera permanente en el DF (han llegado a ser más), y de los 14 en otras partes del mundo. En algunas ocasiones, como la crisis por los asesinatos en Veracruz, han sido detectado hasta 20 desplazados en la ciudad de México.

Sobre la situación del desplazado, narra: “Es muy duro volver a empezar. Hay que recobrar seguridad, confianza y lo que necesita uno para vivir: casa, muebles, lo básico. No he dejado de trabajar porque hay mucho que hacer como monero y también como terapia ocupacional porque no hay de otra”.

Por su parte, la corresponsal en México de RSF, Balbina Flores, señala que la mayoría de los periodistas víctimas del desplazamiento forzado provienen de Veracruz y Tamaulipas, pero también hay de Morelos, Guerrero y Michoacàn, además del norte del país. Algunos tienen que salir forzadamente de sus lugares de origen con toda su familia, lo que les dificulta más su supervivencia.

“No tienen seguridad de a donde llegarán, cómo van a sobrevivir, pero ese instinto de sobrevivencia es el que los impulsa a salir. Unos en la ciudad de México, otros en algunos estados, la gran mayoría sin el apoyo de sus medios. Y no siempre siguen ejerciendo el oficio porque no es fácil encontrar trabajo, hay mucha competencia y no tienen los contactos suficientes para ingresar a un medio que les garantice su subsistencia. Salen y a ver que ocurre”, explica.

Destaca que la iniciativa de la subasta surgió a partir de un diálogo entre organizaciones y periodistas de la ciudad de México con periodistas refugiados en el DF, quienes explicaron las dificultades que enfrentan en cuestiones de salud, vivienda, transportación, alimentación y asuntos básicos para enfrentar el día a día. “Salen por inseguridad pero aquí enfrentan condición de suma vulnerabilidad porque no tienen facilidad de tener un apoyo básico, si encuentran trabajos son temporales. Tienen un mes y al siguiente no tienen. Esas motivaciones nos empujaron a varios periodistas y organizaciones a convocar a este primer evento, porque esperamos realizar otros, y se logró convocar a reconocidos moneros que solidariamente han donado su trabajo para poder recabar estos fondos. Sobre todo porque estamos claros que la libertad de expresión es un derecho y una responsabilidad de todos mantenerla, sostenerla y defenderla”, dice.

Por su parte, la periodista Daniela Pastrana, secretaria ejecutiva de la Red Periodistas de a Pie explicó que la subasta servirá para llamar la atención acerca del mal funcionamiento de los mecanismos gubernamentales de protección a los periodistas.

“Los mecanismos no están funcionando, las autoridades no están respondiendo como debieran a la emergencia que están viviendo los periodistas desplazados. Funcionan mal, tarde, sin respuestas sin la prontitud que debieran tener. El mecanismo del DF ni siquiera es ley, no funciona, y el federal funciona a vuelta de rueda y los colegas desplazados tienen que estar de oficina en oficina casi pidiendo el favor de que los atiendan, cuando los tienen que atender porque es su derecho, la ley lo marca y hay recursos etiquetados para ello”, dice.

La subasta se realizará el viernes 14 de junio, a las 19 horas, en las instalaciones de Rompeviento TV, en la calle de Milán número 20 (entre Lucerna y General Prim), en la colonia Juárez de la ciudad de México. La cooperación mínima para entrar será de 80 pesos.

Las desapariciones forzadas


JOSÉ GIL OLMOS

MÉXICO, D.F. (apro).- Desde los años 70 del siglo pasado, el fenómeno de las desapariciones forzadas, bajo la sombra de las autoridades de seguridad del Estado, comenzó a manifestarse en el marco de la lucha contra las guerrillas con un número aproximado de mil 500 casos.

Dos décadas después, sobre todo a partir de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, este fenómeno se ha incrementado gravemente al punto de que los registros oficiales hablan de 26 mil casos, aunque el número podría ser mayor porque una buena parte no se denuncia por temor.

A partir de 1997 la agrupación Human Rights Watch comenzó a señalar las desapariciones forzadas en el norte de México. En ese año, el estado con mayor número de casos era Baja California, pronto siguieron sus pasos Chihuahua y Tamaulipas, y luego Coahuila, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Morelos y Michoacán.

En algunos de estos estados, las leyes que establecían el tiempo para declarar a una persona como desaparecida fueron cambiadas en un intento de alargar ese periodo y de esa manera diluir el espinoso problema que ya tenía, con el aumento de casos y las demandas de miles de familias por encontrar a sus seres queridos.

Algunos de los casos de desapariciones eran de gente especializada en oficios o profesiones que interesaban especialmente a los grupos del crimen organizado. Se trata de electricistas, albañiles, ingenieros civiles, arquitectos, albañiles, campesinos, químicos, médicos y técnicos en cibernética, a los cuales ponían a trabajar en sus campos, laboratorios y centros de producción.

A pesar de las miles de denuncias expuestas en organizaciones nacionales e internacionales, la oleada de desapariciones forzadas ha continuado tomando nuevos perfiles y nuevos rumbos.

Ya no se trata ahora de gente especializada en algún oficio, ahora son grupos de campesinos, migrantes y muchos jóvenes que son extorsionados u obligados a trabajar bajo sus órdenes.

Tampoco se ha centralizado en algunos estados. Otras regiones del país ya sufren este problema, una de ellas la ciudad de México y los municipios colindantes del Estado de México.

La reciente desaparición de los jóvenes de Tepito en el bar de la Zona Rosa y los otros cinco del bar en la colonia 18 de marzo al norte de la ciudad de México, son dos casos que se han denunciado públicamente y que muestran que este fenómeno que va aparejado con el empoderamiento del crimen organizado no se detiene.

Es casi seguro que hay más desapariciones forzadas en el Distrito federal y el Valle de México que hasta el momento no han sido denunciadas o hechas públicas. Pero es evidente que distintas bandas del crimen organizado están operando en toda esta enorme mancha urbana que potencialmente representa el mercado de consumo más atractivo del país porque la mayor parte de la población es joven.

Paradójicamente, las autoridades capitalinas y mexiquenses están más preocupadas por aparentar que tienen controlada la situación y que el crimen organizado no está instalado en la sede del poder federal.

Pero las evidencias muestran lo contrario: colonias y barrios como Tepito, Iztapalapa, Ecatepec, Cuautepec El Alto, San Felipe, Tacuba, Atizapán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, entre otras, están controladas por distintos grupos. Otros más se dedican a dominar el mercado de consumo en bares y restaurantes de colonias, como Condesa, Roma, Centro, Aragón, Anáhuac, Morelos, Doctores y Juárez, bajo la mirada complaciente o corrupta de las autoridades.

Las desapariciones que se han registrado en la ciudad de México no son casos aislados como las autoridades pretenden hacer ver, son parte de un fenómeno nacional que no ha podido ser detenido por una simple razón, por la incapacidad que los tres niveles de gobierno han mostrado para combatir al crimen organizado y la impunidad que reina en todas las instancias de seguridad y procuración de justicia.

Twitter: @GilOlmos

La sección 22 del SNTE amaga con paro indefinido de labores


PEDRO MATÍAS

OAXACA, Oax., (proceso.com.mx).- La Asamblea Estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) amenazó con encabezar un paro indefinido de labores ante los malos resultados de la negociación de su pliego petitorio de este año con el gobierno del estado.

Los profesores advirtieron que si antes del 20 de junio no llegan a un acuerdo con las autoridades estatales, emprenderán acciones de protesta, que incluirán el boicot a las elecciones locales.

Entre estas acciones, los sindicalizados retirarán propaganda de los candidatos de la elección local del próximo 7 de julio, donde habrán de elegir 570 presidentes municipales y diputados locales.

El Secretario General de la Sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginez, dijo que ante la insensibilidad y cerrazón de las autoridades, “este movimiento magisterial se reserva el derecho de accionar del modo como lo mandate la asamblea estatal, órgano máximo de toma de decisiones”.

Durante la madrugada de este jueves, la Asamblea Estatal fijó la posición del movimiento magisterial oaxaqueño en relación a las respuestas del gobierno del estado al pliego de demandas presentada por la sección 22 del SNTE.

Por considerar las propuestas “insuficientes”, el órgano magisterial emplazó al gobierno a responder de manera satisfactoria a sus demandas.

Por lo pronto, adelantó que se realizará una consulta a las bases magisteriales sobre un posible paro indefinido de labores, dado la insensibilidad y cerrazón de las autoridades por querer imponer la reforma educativa, a la que consideran una vía encaminada a la privatización del sector.

De igual forma, se hizo un llamado a todo el magisterio a poner en práctica para el ciclo escolar 2013-2014 el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), aunque no ha sido aprobado por con el Congreso Local y contraviene la Reforma Educativa.

Por lo pronto, el magisterio se alista para conmemorar este viernes el séptimo aniversario de la represión magisterial ordenada por el gobierno de Ulises Ruiz, que dejó 28 muertos, alrededor de 500 detenidos, 380 casos de tortura, seis meses de ingobernabilidad , decenas de oficinas públicas y camiones incendiados , así como levantones y desapariciones.

Los maestros realizarán cuatro megamarchas que partirán de Santa Rosa, Xoxocotlán, La Experimental y el Instituto Estatal de Educación Pública y confluirán en el zócalo de Oaxaca para exigir justicia, castigo y cárcel para Ulises Ruiz Ortiz por el brutal desalojo perpetrado en 2006.

Se quejaron que a pesar de las decenas de muertos y desaparecidos que arrojó el conflicto y del compromiso que hizo el gobierno de Gabino Cué, esta es la fecha en que no se ha impartido justicia.

Acordaron que durante las cuatro marchas desprenderán toda la propaganda de los partidos políticos “como un previo del boicot a las elecciones para elegir diputados y presidentes municipales”.

De igual forma, realizarán una marcha nacional en la ciudad de México con la exigencia de educación pública, laica y gratuita.

Finalmente, invitaron al pueblo de Oaxaca a participar en la “Guelaguetza Popular en el Cerro del Fortín, como parte de los acuerdos de la Asamblea Estatal y el ir recuperando los espacios y fiestas culturales del pueblo de Oaxaca, secuestrada por los poderosos que han hecho de nuestra cultura un negocio”.

Además, exigieron la libertad inmediata e incondicional de los maestros detenidos recientemente denominándolos presos políticos, pronunciándose a la vez por la defensa del normalismo y la asignación de la plaza automática para todos los normalistas egresados del país, dando la lucha en su tres ejes de lucha: jurídico, político y pedagógico.

Liberan a 14 de los 21 detenidos tras marcha del ‘Halconazo’


El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, informó anoche que 14 personas detenidas en los hechos ocurridos durante la marcha conmemorativa del 10 de junio de 1971 obtuvieron su libertad bajo reservas de ley.

En conferencia de prensa, precisó que otras siete personas, al no cubrir la fianza que se les fijó, fueron consignadas al Reclusorio Oriente, acusadas de los delitos de ultraje a la autoridad, ataques a la paz pública y daño a la propiedad.

Quienes permanecen presos son: Diego Mora Cardoso, Fredy Roseti Arizpe, Diego Jacob Rodríguez Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez, Jorge Alejandro Velázquez Picasso, Carlos Vázquez Martínez y Luis Barrera Fuentes.

“Toda vez que los delitos que se les imputan son contemplados como no graves, alcanzan el beneficio de la caución, por lo que el Ministerio Público fijó los montos correspondientes al grupo de abogados defensores”, explicó.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal precisó que éstos no se pronunciaron al respecto y para no violentar las garantías de las siete personas, fueron trasladadas al Reclusorio Oriente, para que el juez correspondiente determine su situación jurídica.

Aseveró que las 14 personas que fueron dejadas en libertad con las reservas de ley, podrían comparecer las veces que sea necesario para acreditar o desvirtuar los delitos imputados.

Indicó que el lunes fueron detenidas 22 personas, de ellas 18 son hombres, tres mujeres y un menor de edad; éste último fue liberado por no existir cargos en su contra.

Ríos Garza subrayó que a los detenidos en todo momento se les respetaron sus derechos humanos y tuvieron las facilidades para entrevistarse con el grupo de abogados antes de rendir su declaración ministerial.

Antes, familiares de los jóvenes detenidos irrumpieron en las oficinas de la Agencia 50 de la PGJDF e ingresaron a las oficinas de la dependencia capitalina en busca de ser atendidos por funcionarios para conocer la situación de las personas arrestadas.

(Con información de Notimex)

Con misa afuera de penal exigirán la libertad de Patishtán a 13 años de su encarcelamiento


Parroquias invitan a la población a reunirse el 19 de junio en la entrada de la cárcel de San Cristóbal.

Elio Henríquez, Corresponsal
Publicado: 13/06/2013 09:18

San Cristóbal de las Casas, Chis. Las parroquias de San Juan, El Bosque y de San Antonio de Padua, de Simojovel, así como el Movimiento del Pueblo de El Bosque, informaron que organizan la celebración de una misa frente al penal de San Cristóbal para el 19 de este mes, con el fin de exigir la libertad de Alberto Patishtán Gómez, ya que ese día se cumplirán 13 años de su encarcelamiento “injusto”.

+ En un documento explicaron que la misa, a la que se espera la presencia de cientos de católicos, se celebrará a las 9 horas frente a la entrada del reclusorio, que se ubica a unos 20 kilómetros de esta ciudad.

“El 19 de junio Alberto Patishtán Gómez cumple 13 años de su sufrimiento en la cárcel”, dijeron, al tiempo que convocaron “a la toda humanidad de todo el mundo a que se una con nosotros-as” ese día en la una celebración Eucarística.

“Espíritus y corazones nobles estamos caminando y luchando juntos por la libertad digna e inmediata de Alberto Patishtán, ante el grito de su libertad inmediata que se extiende por pueblos y naciones”, expresaron.

Los organizadores invitaron a toda la población a que “con los brazos abiertos a esta digna lucha por la libertad nos unamos en la entrada de la cárcel”.

A las personas que se encuentran en otros estados y países que no podrán asistir físicamente, les pidieron “seguir caminado y luchando juntos con sus espíritus libres en una misma causa, haciendo simultáneamente acciones concretas y creativas por la libertad de nuestro hermano-compañero Alberto Patishtán”.

El profesor tzotzil, preso en el penal de San Cristóbal, está acusado de los delitos de homicidio y lesiones calificados, daños en propiedad ajena y portación de armas de fuego prohibida, por su presunta participación en una emboscada ocurrida en 2000 en una carretera de El Bosque y Simojovel, en la que murieron seis policías estatales y uno municipal, por lo que fue sentenciado a 60 años de cárcel.

De acuerdo con su abogado, Leonel Rivero Rodríguez, el proceso jurídico en su contra “está en la última etapa y a pocas semanas” de que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, emita la resolución definitiva sobre el caso.

Incumplen secretarías del Trabajo con inspecciones en el campo, acusa la OIT


JAIR GARCÍA

La delegación federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) han incumplido con realizar inspecciones y verificaciones a los campos agrícolas, plazas comerciales e incluso minas para detectar, impedir o sancionar el trabajo infantil, sobre todo cuando se hace con tan elevados riesgos para la salud de los menores, mencionó el enlace para Veracruz del Programa Alto al Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), María Teresa Guillén.

Señaló que en los últimos años las reformas hechas a la Ley Federal del Trabajo en el rubro de trabajo infantil han sido positivas, porque prácticamente se prohibió que cualquier menor de 14 años trabaje, y se protegió para que en actividades agrícolas, sólo lo puedan hacer a partir de los 16 años, sin embargo no se cumple.

Prueba de ello, indicó que en Veracruz tienen un censo oficial de 209 mil menores de 16 años que se encuentran laborando a la par de un adulto, en su mayoría en actividades agrícolas como corte de caña, café y cítricos, aunque se estima que la cifra puede muy superior. Mientras que a nivel nacional se estima que son más de 10 millones los menores en esta condición.

Lamentó que en el mejor de los casos esos menores reciben medio jornal como pago, pero la mayor parte no recibe una remuneración por su actividad, pues simplemente son explotados por su empleador o se le da el dinero a sus padres.

María Teresa Guillén indicó que en México se cuenta con el marco jurídico adecuado para combatir y erradicar el trabajo infantil, y precisó que corresponde a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a su par, la secretaría estatal a través de sus direcciones de Inspección de Riesgo de Trabajo acudir hasta los sitios donde es conocido que laboran menores para verificar las condiciones y prohibirlo.

“La ley ya es muy clara, ningún menor de 14 años debe trabajar, y para aquellos de 14 a 16 años que pueden hacerlo con el permiso de sus padres, sólo podrán hacerlo en actividades de bajo riesgo con un horario que nunca pase de seis horas, prohibiendo estrictamente las actividades agrícolas”, añadió.

Indicó que sin embargo hay estudios que tiene identificado que niños de municipios como Ayahualulco bajan de sus comunidades acompañados de sus padres para hacer el corte de café en la región de Coatepec, luego de eso, se pasan al corte de caña en esa misma zona o son llevados hasta Cardel, y al terminar la zafra son trasladados hasta Martínez de la Torre donde se dedican a la recolección de cítricos.

Dentro de este lapso pasan varios meses en los que los niños abandonan la escuela, su salud se deteriora y difícilmente recibirán un pago, “a los cuatro años ya comienzan a laborar y no dudo que hasta haya quienes a los tres, desde que son capaces de caminar”, refirió.

Ante esto urgió a las autoridades competentes a hacer la parte que les corresponde, pues se cuenta con un marco jurídico para erradicar el trabajo infantil, mientras que en otros países no se tiene este tipo de leyes.

Escuelas en Zongolica, en pie sólo por apoyo de los padres de familia, acusan


FERNANDO INÉS CARMONA

Zongolica, Ver.- La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) “se olvidó de las escuelas de la zona indígena”, las cuales a penas sobreviven “gracias a la aportación de los padres de familia”, pero aseguran “urge ayuda porque hay escuelas que carecen de condiciones básicas para trabajar y además ponen en riesgo la seguridad de sus instalaciones y los mismos alumnos”.

De acuerdo a Joaquina Acahua Temoxtle, presidenta de la sociedad de padres de familia del centro preescolar indígena Huitzilopochtli de la comunidad de El Porvenir, “las escuelas de la zona indígena están en el completo abandono. No hay obras, no hay nada que aliente a que se mejorarán las condiciones en las que se encuentran”.

Acahua Temoxtle pidió a nombre de los padres de familia que le Secretaría de Educación en el estado y la misma Federación a que sean tomados en cuenta en los próximos apoyos, debido a que carecen de cualquier ayuda oficial.

Sostuvo que desde la construcción de aulas didácticas, “la escuela se encuentra igual, se carece de un cercado perimetral, la cancha no tiene domo o techado, falta una cocina escolar y también no se cuenta con mobiliario. Las condiciones son bastante deplorables y lo peor es que no tenemos el apoyo de la misma Secretaría de Educación”.

Ante los hechos, “los mismos padres de familia se han organizado para resguardar los bienes de la escuela debido a que se encuentra totalmente desprotegido y a expensas de que pueda ser objeto de un asalto”.

En la zona indígena, “la mayoría de las escuelas se encuentran en estas condiciones, no hay ayuda oficial y lo peor es que en Xalapa no nos hacen caso, todas las peticiones las ignoran y los que sufren las consecuencias de la indiferencia son los alumnos e incluso los mismos maestros”.

Hay escuelas que en una sola aula atiende a los seis grados de educación primaria, “y aunque en algunas se tienen dos maestros para los seis grupos, son insuficientes y ello genera que la educación que reciben los alumnos sea de baja calidad. No es culpa de los maestros, sino de las mismas autoridades educativas que lejos de atender los reclamos de los alumnos, los ignoran como es el caso de nuestra escuelas”, sostuvo.

“Nosotros le pedimos al gobernador Javier Duarte de Ochoa para que al término del proceso electoral de este año la Secretaría de Educación del estado tome en cuenta las necesidades propias de la escuela y se envíen apoyos educativos que se requieren entre la comunidad estudiantil”.

En esta escuela, agrega, los padres de familia se dedican a la producción del campo “y todo ello significa que tienen recursos económicos limitados para aportar algún dinero y cubrir las necesidades más indispensables”.

No tengo facultad para revisar proyectos mineros y de hidroeléctricas: Martínez Veloz


Por : Javier Puga Martínez
2013-06-13 04:00:00

El representante de la Secretaría de Gobernación federal, Jaime Martínez Veloz, admitió este martes que no tiene capacidad ni facultades para cumplir con la revisión de los más de 100 proyectos mineros e hídricos que existen en la Sierra Norte de Puebla.

Los representantes de 70 comunidades y organizaciones de esta región, que exigen la cancelación de los llamados “proyectos de muerte”, le dieron un plazo de dos semanas para que el gobierno federal tenga una definición clara y precisa a su única petición: la cancelación total de minas e hidroeléctricas en Puebla y el norte de Veracruz. Lo anterior se desprende de la minuta de trabajo que el propio comisionado para el Diálogo con los Pueblos y Comunidades Indígenas firmó, y que fue difundida ayer por la organización Tetela hacia el Futuro, anfitriona de dicho encuentro.

La reunión entre el representante federal y las organizaciones serranas fue el martes, y de acuerdo con el testimonio de algunos de los asistentes, la indefinición de Martínez Veloz respecto a la cancelación de los proyectos desató debates y discusiones, por lo que le advirtieron que una vez cumplido ese plazo habrá movilizaciones “para defender la tierra y el agua, incluso con machetes”.

Pare este encuentro en la ciudad de Tetela de Ocampo, los organizadores revelaron que Martínez Veloz exigió que no hubiera presencia de los medios de comunicación.

Hace un mes, durante su primera visita a esta comunidad, el comisionado federal ofreció que serían sometidas a revisión las concesiones mineras e hidroeléctricas en Puebla, así como en el resto del país, pues para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hay un interés especial por evitar conflictos sociales derivados de esos proyectos.

De acuerdo con la minuta de trabajo, cuya copia obra en poder de este diario, Martínez Veloz suscribió este martes en Tetela que sólo puede limitarse a acercar a los inconformes con 11 dependencias y organismos, así como con funcionarios federales con capacidad de decisión para que planteen sus demandas.

Durante más de ocho horas se realizaron discusiones que culminaron con la redacción y firma de una minuta de trabajo, integrada por siete puntos.

El número siete se le pidió a Martínez Veloz, que “como muestra de buena voluntad” se pronunciara sobre la cancelación definitiva de los trabajos y obras de exploración de mineras e hidroeléctricas en “zonas críticas” de Puebla y Veracruz.

La respuesta del enviado federal fue: “No se pueden cancelar sin cubrir los principios jurídicos y legales para su efecto”.

En la minuta establece también que Martínez Veloz aceptó que “no tiene capacidad para hacerlo, por lo que propone establecer mesas de diálogo con las dependencias correspondientes”.

Otro desencuentro entre el funcionario y los indígenas y campesinos ocurrió cuando Martínez Veloz planteó la intervención del gobierno del estado de Puebla en estos conflictos, a lo que recibió un rotundo rechazo, ya que los serranos no quieren saber del gobierno de Rafael Moreno Valle por el abandono en que los tiene.

Medidas cautelares

Entre las reuniones que Martínez Veloz pretende organizar está una con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para establecer “medidas cautelares urgentes” que salvaguarden a todo activista que se opone a esos proyectos industriales en la Sierra Norte de Puebla y en los límites del estado de Veracruz, “atendiendo urgentemente los casos de Olintla, Ixtacamaxtitlán y Epapa, municipio de Jalacingo, Veracruz”.

Los serranos, constituidos en asamblea, le pidieron que solicite a los ayuntamientos de la Sierra Norte de Puebla y de Veracruz los permisos de cambio de uso de suelo para los “proyectos de muerte”, a lo que éste accedió. Asimismo, el representante para la atención a pueblos indígenas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación propuso que en vez de las consultas que realiza la Semarnat para la aceptación de los proyectos, sean las propias comunidades indígenas las que hagan consultas y por medio de actas se respalde legalmente la defensa de su territorio. Este mismo representante propuso que en el caso de las autorizaciones de impacto ambiental, que ya fueron entregadas, los indígenas tramiten amparos, a lo que decidieron discutir en otro momento este punto. De igual forma solicitó un listado de los municipios que se encuentran dentro de los proyectos mineros e hídricos; además, rendirá un informe a esa asamblea para informar qué estado guardan los estudios de impacto ambiental en la región. Finalmente, Martínez Veloz propuso una mesa de trabajo de mayor alcance “con funcionarios que posean capacidad de decisión y carácter resolutivo” del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Economía, Semarnat, PGR, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional Forestal, Derechos Humanos, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional para la Biodiversidad que se propuso entre el 24 y 28 de junio en la Ciudad de México.

Todos con Snowden -- ¡No al ciberespionaje!

Queridos amigos y amigas,

Este joven de 29 años acaba de renunciar a toda su vida (a su novia, a su trabajo, y a su casa) para destapar el escandaloso programa de ciberespionaje del gobierno de Estados Unidos, bajo el cual han estado leyendo y grabando nuestros correos, mensajes de Skype y Facebook, y nuestras llamadas durante años. El programa se conoce como PRISM.

Cuando el soldado estadounidense Bradley Manning reveló información semejante a WikiLeaks, EE.UU. reaccionó con total brutalidad, encarcelando a Manning en confinamiento solitario bajo condiciones que la misma ONU denunció como "crueles, inhumanas y degradantes".

Justo en estos momentos las autoridades y la prensa están decidiendo cómo manejar este escándalo. Si en las próximas 48 horas, millones de personas apoyamos a Edward Snowden, enviaremos un poderoso mensaje exigiendo que lo traten como el valiente denunciante que es, y que la mano dura se aplique contra PRISM y no contra Edward:


El programa PRISM es realmente perturbador: le da al gobierno de Estados Unidos acceso ilimitado a todos nuestros correos personales y a nuestras cuentas de Google, Youtube, Facebook, Skype, Hotmail, Yahoo! y mucho más. Están registrando millones de nuestros mensajes cada mes y ¡la CIA puede utilizar esta información (ahora o en el futuro) para procesar, castigar o extorsionar a cualquier persona, incluyendo a nuestros amigos o familiares!

Edward Snowden quedó horrorizado ante el programa PRISM, una masiva violación sin precedentes de la privacidad de la gente. Decidió copiar gran parte de los archivos que conocía y enviarlos al periódico The Guardian para que los publicaran, y luego escapó a Hong Kong. Su valentía no solo ha sacado a la luz PRISM en EE.UU., sino que ha desencadenado un efecto dominó por todo el mundo, destapando una cascada de programas espías similares en Canadá, Reino Unido y Australia en pocos días. Ahora Edward está atrapado en Hong Kong, esperando a ser detenido. Una campaña de solidaridad global puede salvarlo de ser extraditado a EE.UU., y puede impulsar a otros países a brindarle asilo.

No podemos dejar que EE.UU. le haga a Edward lo mismo que a Bradley Manning. Apoyémosle ya y actuemos en contra del PRISM:


A veces las acciones de nuestros gobiernos nos dejan sin palabras. Pero cuando héroes solitarios como Edward Snowden arriesgan sus propias libertades para sacar a la luz escándalos como éste, nuestra comunidad se ha unido para exigir un trato justo y mejores condiciones -- y lo hemos conseguido. En el caso de Bradley Manning, después de reunir una petición de medio millón de voces y trabajar con otras organizaciones y activistas pidiendo que el gobierno de Estados Unidos dejara de torturarlo, lo transfirieron a una prisión de mediana seguridad y lo sacaron del confinamiento solitario. Si actuamos rápido, podríamos lograr algo incluso mejor para Edward, y ayudarle en esta lucha que valientemente ha asumido por el bien de todos.

Con esperanza y determinación,

Ricken, Emma, Oli, Mia, Allison, Ari, Dalia, Laura y todo el equipo de Avaaz

PD. ¡Muchas campañas de Avaaz son creadas por miembros de nuestra comunidad! Empieza una ahora y consigue cambiar la realidad a nivel local, nacional o global en cualquier asunto: http://www.avaaz.org/es/petition/start_a_petition/?bgMYedb&v=25795

Más Información:

A quiénes afecta el escándalo de espionaje en Estados Unidos (BBC Mundo)

Alemania pedirá explicación a Obama por escándalo de espionaje (Informador)

Primera demanda contra el Gobierno de Obama por el escándalo de espionaje (La República)

El escándalo por Prism sigue su curso mientras la indignación crece en internet (ENTER)

Edward Snowden: Un espía 'estilo Mortadelo' motivado por su decepción con Obama (El Mundo.es)

Glenn Greenwald, el bloguero que ayudó a Edward Snowden a destapar el ciberespionaje global de EEUU (La Información.com)

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El Departamento de Justicia pide la designación de un supervisor en el marco del programa detener y cachear

El gobierno de Obama apoya los pedidos de un supervisor designado por la justicia, que supervise el controvertido programa "detener y cachear" de la policía de la ciudad de Nueva York. En un expediente presentado el miércoles a la noche, el Departamento de Justicia abaló la designación de un supervisor, en caso de que el programa "detener y cachear” sea considerado ilegal. Más...