viernes, 28 de febrero de 2014

Otra vez Oaxaca: Dejan tijeras en matriz de indígena, entra en coma y fallece


MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por otro caso de negligencia médica en un hospital de Oaxaca, el cuarto del año.

Ahora se trata del caso de una indígena permaneció en coma un año a causa de que los médicos que la atendieron olvidaron unas tijeras en la matriz tras practicarle una cesárea en el hospital rural de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

Este caso es anterior a los cuatro en que igual número de mujeres han parido en jardines y banquetas afuera de hospitales al negarles atención médica y que también son investigados por la CNDH.

De acuerdo con el organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva, el 10 de febrero de 2013, una mujer dio a luz a unas gemelas en Hospital rural de Miahuatlán. La primera nació por parto natural y para la segunda bebé debieron practicarle una cesárea.

Al día siguiente, la madre se sintió mal, tuvo fiebre y dolores en el vientre; los médicos la mantuvieron en observación y cuatro días después la dieron de alta.

Dos días después, el 17 de febrero, fue internada nuevamente en el mismo hospital donde la operaron de emergencia porque tenía una grave infección en la matriz provocada presuntamente porque personal médico “olvidó” unas tijeras en la matriz, después de dar a luz a sus gemelas.

Un día después de la operación informaron a la familia que la mujer había entrado en coma inducido y así permaneció todo un año hasta que el pasado martes 25 falleció.

Ante la presunta negligencia médica, la CNDH envió visitadores adjuntos al lugar de los hechos para entrevistar a familiares de la víctima, al personal médico y de enfermería del nosocomio. Además para solicitar información a las autoridades sanitarias y de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca.

A través de un comunicado, el organismo nacional defensor de los derechos humanos, insistió en la importancia de brindar atención médica hacia los pacientes, con oportunidad, “al ser la vida un derecho humano fundamental”.

Y es que en Oaxaca han sido recurrentes los casos de negligencia médica por desatención a mujeres embarazadas.

El pasado 27 de enero, una mujer dio a luz a su hija en la banqueta debido a que en el Hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” de Huajuapan de León, no la quisieron atender.

Por este caso, la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca inició el expediente DDHPO/RM/04/(07)/OAX/2014 y emitió una medida cautelar al secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, para que rindiera un informe del caso.

Además, la CNDH abrió una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra esta mujer.

A principios de octubre de 2013, Irma López, una mujer de origen mazateca parió en el patio trasero de la clínica rural del municipio indígena de Jalapa de Díaz. Una enfermera y el médico responsable del turno fueron acusados de abuso de autoridad y omisión.

Otro caso fue el Alma Ruth Mendoza Martínez, cuyo bebé nació en la calle, en las inmediaciones de la clínica del municipio de San Antonio de la Cal. El médico responsable y el director de la clínica fueron separados de sus cargos.

A finales de ese mismo mes, una mujer de nombre Cinthia, tuvo a su bebé en el baño de la posada del Centro de Salud de la comunidad San Jacinto Amilpas. Aunque las autoridades pretendieron ocultar el caso, ella lo denunció el 11 de noviembre.

En los tres casos, se denunció la negativa de las autoridades médicas para dar el servicio, con el argumento de que aún les faltaba tiempo para que naciera su bebé.

Amparo masivo de MMPV contra determinaciones de la SEP e INEE


Un promedio de 500 maestros y maestras interpondrán un amparo ante los juzgados federales en los distritos de Xalapa, Tuxpan, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos en contra de los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En conferencia de prensa, el docente integrante del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) Guillermo Nonalaya Toralva dijo que con motivo de la armonización de la Ley de Educación del Estado de Veracruz con la llamada reforma educativa, pretenden demandar el pleno respeto a los derechos laborales, y humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales.

El maestro aclaró que asistió sólo él a ofrecer la conferencia de prensa porque sus compañeros estaban frente a grupo, con sus alumnos; de lo contrario, la SEP y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) les descuentan salarios.

Entre las peticiones que hacen los maestros a los diputados locales, es que en la armonización de la ley federal con la local se contemple que, en caso de cualquier falta en que esté acusado el maestro, tenga derecho a una acta administrativa previa a cualquier sanción, con la presencia del afectado, de su representación sindical, asesor jurídico, de los testigos y que haya pruebas.

También piden a los diputados locales que se respete el derecho de bilateralidad en las relaciones de trabajo, como un principio de respeto a la legislación laboral. Además solicitaron que haya pleno respeto a la educación gratuita y no se permita que se legitimen las donaciones o cuotas escolares supuestamente voluntarias, o de cualquier naturaleza, en perjuicio de alumnos y padres de familia.

Al finalizar, el maestro anunció que el 11 de marzo interpondrán los amparos para detener la regresiva reforma educativa y sus criminales afectaciones a la educación pública, los derechos laborales y humanos universales e inalienables.

GUERRERO: Intercede el obispo Vera por quienes descubrieron la bodega del DIF: APPG


CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 27 de febrero. El obispo de Saltillo, Raúl Vera, envió una carta al gobernador Ángel Aguirre Rivero en la que lo responsabiliza por la seguridad de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), quienes en días pasados hallaron en el almacén del DIF toneladas de despensas que eran destinadas a los damnificados por la tormenta Manuel pero que permanecieron ocultas durante cinco meses.

En conferencia de prensa, el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, dio a conocer que en días pasados los integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad que encabeza el obispo de Saltillo, a través de una carta dirigida al gobernador del estado le hace del conocimiento de que han recibido de diversos activistas sociales de Guerrero la preocupación por la seguridad física y sicológica de miembros de la APPG y de su dirigente, luego de la irrupción al almacén del DIF estatal, con la que se evidenció las toneladas de víveres y enseres que las autoridades no entregaron a los damnificados por la tormenta y que mantenían ocultas en dichas instalaciones.

En la carta, el obispo manifestó que algunas de esas despensas y paquetes de víveres aún tenían leyendas alusivas a los damnificados de Guerrero.

“Ante el contexto de criminalización a las y los activistas sociales, las y los defensores de derechos humanos, en el estado de Guerrero y a nivel nacional, responsabilizamos al gobierno del estado de Guerrero que usted representa, de la seguridad del activista social Nicolás Chávez, dirigente e integrantes de la APPG”, destaca la misiva.

El gobierno federal encubre fraude multimillonario contra ex braceros, acusan viudas e hijos


Por Laura Poy Solano

Reclaman el amparo de la justicia que falló en su favor. Foto José Antonio López

México, DF. Viudas e hijos de ex braceros mexicanos denunciaron que el gobierno federal ha utilizado "todos los mecanismo burocráticos y políticos para encubrir un fraude multimillonarios" contra miles de trabajadores que laboraron en territorio estadunidenses, y a quienes se les retuvo 10 por ciento de su salario para un fondo de ahorro.

En conferencia de prensa, representantes y familiares de los ex braceros, señalaron que el presidente Enrique Peña Nieto debe dar a conocer dónde están los recursos que retuvieron a 2.5 millones de connacionales que participaron en el programa bracero de 1942 a 1964, a quienes "se les descontó cantidades considerables de sus ingresos en dólares".

Señalaron que desde el pasado 18 de febrero, el juez tercero de Distrito, Rodrigo Mauricio Zeron de Quevedo, concedió el amparo y la protección de la justicia a 2 mil 559 ex braceros, viudas e hijos, a quienes el gobierno federal debe "entregar los recursos que le fueron retenidos a los trabajadores, pues el artículo quinto constitucional estable claramente que no se puede retener el salario a quien ya lo ha devengado, a menos que sea por la orden de un juez", afirmó Porfirio Martínez, abogado de los quejosos.

Informaron que el gobierno federal, que encabeza Enrique Peña Nieto, debe cumplir la sentencia de un juez que obliga a dar a conocer el paradero de los fondos y su entrega a los ex braceros, pues el plazo para que solicite el recurso de revisión contra el amparo otorgado vence el próximo martes.

Rosa Martha Zárate, representante de la organización de ex braceros, informó que se trata de monto "multimillonarios que por décadas el gobierno mexicano se ha negado a pagar, y que en la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, se pretendió dar por saldado con el pago de un apoyo social por 38 mil pesos".

Aseguró que 150 mil ex braceros recibieron estos recursos, pero "se les exigió que copiaran un texto en el que renuncia de una vez y para siempre al cobro de su fondo de ahorro". Se trata, dijo, de personas que "con dificultad saben leer y escribir, y no comprendemos cómo el gobierno mexicano incurre en este tipo de engaños, cuando lo que se está denunciado es una página de nuestra historia que ha querido ser silenciada".

jueves, 27 de febrero de 2014

Criminalizan protesta contra docentes, estudiantado y representantes de familia en Ocosingo


Hostigamiento por parte del Presidente Municipal y funcionarios del gobierno estatal

El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), documentó que a personal docente, integrantes del Bloque Democrático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 7, estudiantado y representantes de familia del plantel No. 16 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Ocosingo, se les está criminalizando por su acción de protesta, empezada el 4 de febrero de 2014. Esto, ante el incumplimiento de minuta de acuerdo firmada con el gobernador Manuel Velasco Coello, el 20 de noviembre de 2013 y de otra minuta del 21 de noviembre de 2013, firmada con Lenin José Manuel Montejo Pech, delegado de la Dirección del Cobach.

Según los testimonios recabados, desde el 4 de febrero del 2014, docentes, representantes de familia y estudiantado manifestaron su inconformidad en las instalaciones del plantel No. 16 del Cobach, con la finalidad de exigir el cumplimiento de las demandas firmadas en las actas mencionadas, que contienen de manera esencial: la gratuidad de la educación y convenio sobre el cambio de directivos del plantel. En respuesta a sus acciones de protesta empezaron a recibir hostigamiento por parte de Octavio Albores Cruz, Presidente Municipal de Ocosingo, Santiago López Hernández, Subsecretario de Gobierno Región XII Selva Lacandona y de Edwin Teodoro Gabriel Roblero, director del Cobach.

Los hechos que a este Centro de Derechos Humanos le preocupan son los sucedidos el 10 de febrero de 2014, cuando la Fiscalía de Distrito Selva, con sede en Ocosingo abrió una acta administrativa 109/SE18/2014, por denuncia del director del Cobach Edwin Teodoro Gabriel Roblero, por los delitos de despojo, daños y motín en contra de las maestras: Candelaria Maribel Blanco Hernández, María Carolina Sol Mejía y María del Carmen López Ordoñez; los maestros: Luis Manuel López Cruz, Uriel Trujillo Gómez; y los padres de familia: Jorge Luis Ramos López y Carlos Pérez López.

Acto seguido, los funcionarios de gobierno han expresado intimidaciones mediante llamadas telefónicas, contra quienes están reivindicando sus demandas. El Presidente Municipal de Ocosingo les dijo: “ya los identifiqué, a los revoltosos, ya los voy a mandar a la cárcel”, amenaza realizada el día viernes 14 de febrero de 2014, cuando docentes, estudiantado y representantes de familia se encontraban frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez. Según testimonio, el Presidente además impidió la mesa de diálogo con otros funcionarios del gobierno del estado para dialogar y resolver la situación.

De los hechos mencionados, este Centro de Derechos Humanos, documentó las violaciones a los derechos: a la libertad de expresión, asociación, reunión, incluidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos, 13°, 15°, 16°, 27° y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 19°, 21°, 22° signados y ratificados por el Estado mexicano.

Al Frayba le preocupa que funcionarios del gobierno del estado de Chiapas, utilicen su posición de cargos públicos para hostigar y judicializar en lugar de construir puentes de diálogo para atender las demandas presentadas por la ciudadanía.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, exige: el cese inmediato del hostigamiento y criminalización de la protesta contra docentes, estudiantado y representantes de familia del plantel No. 16, Cobach, Ocosingo; y realizar acciones de acercamiento y dialogo para la solución pacifica, atendiendo las demandas acordadas en las minutas de reunión que se han concertado con los funcionarios de gobierno.

NF: Impunidad provoca nuevos desplazamientos forzados en Chenalhó, Chiapas


A 16 años con dos meses de la Masacre de Acteal donde fueron asesinados, asesinadas, 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997, la organización Sociedad Civil de las Abejas acusa la falta de justicia que deja en la impunidad este delito de lesa humanidad. Sostienen que las autoridades en México “sólo ofrecen regalitos y migajas”: “Actualmente ni el Presidente de México ni el Gobierno del Estado de Chiapas, nada piensan de la justicia por los 45 de nuestros Hermanos Inocentes, que cayeron en la mano de los grupos Paramilitares”

La Masacre de Acteal y la violencia paramilitar provocó desplazamientos forzados en la región de los Altos de Chiapas, en 2001 las desplazadas y desplazados retornaron a sus comunidades, -aunque hubo quienes tuvieron que reubicarse en otros lugares- Las Abejas afirman fue un retorno sin justicia. : “Los autores intelectuales nunca fueron juzgados y solo algunos de los autores materiales fueron a la cárcel hasta que los sacó la Suprema Corte de Jueces Injustos.”

“Ahora en el 2013 los mismos que pedían cooperación para las armas en 1997 provocaron el desplazamiento de nuestros hermanos y hermanas del ejido Puebla que ya cumplen 6 meses para este 23 de febrero, que dejaron abandonado sus pertenencia.”

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 24 de enero de 2014, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

miércoles, 26 de febrero de 2014

El evangelio social de Raúl Vera


Bernardo Barranco V.

U no no puede quedar indiferente ante personajes que en los dos últimos años han estado en la terna final del premio Nobel de la Paz. Nos referimos a Raúl Vera, quien es el rostro de una Iglesia comprometida con la justicia social y con los derechos humanos. Una persona que goza de un amplio reconocimiento y respeto social entre los más diversos sectores del país. Paradójicamente, su prestigio secular es inversamente proporcional de aquel que al interior del episcopado le otorgan. Esto lo he podido comprobar a lo largo de las presentaciones que hemos venido haciendo del libro que hicimos: El evangelio social del obispo Raúl Vera, conversaciones con Bernardo Barranco, de editorial Grijalbo, que acaba de ser distribuido en las principales librerías del país. Pude constar el respeto con el que Raúl Vera es tratado por muy diferentes periodistas y líderes de opinión como Carmen Aristegui, Leo Zuckermann, Ricardo Rocha, Javier Aranda. Vitoreado por programas radiofónicos irreverentes como El Weso y Charros contra Gánsters. Y mención aparte merece Martha Debayle, quien al final de la entrevista ya estaba destapando a Vera como próximo candidato a la Presidencia, contraviniendo claramente el ar­tículo 130 constitucional. Por otra parte, las palabras fuertes de Vera reflejan la indignación de la época; su actitud como religioso es un espejo del sentir y la voluntad de un gran número de mexicanos que ven en el fraile dominico una actitud valiente, cívica y espiritual. La capacidad de convocatoria de Raúl Vera es indiscutible: no sólo el auditorio Bernardo Quintana de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, este pasado sábado 22 de febrero, estaba abarrotado, sino que un grupo numeroso de personas, lamentablemente, tuvo que quedar fuera de la presentación del libro, ante la cerrazón y descortesía de las autoridades que organizan la feria.

Me he venido preguntado, ¿por qué estos personajes religiosos despiertan notable empatía? La respuesta que me doy está en el propio papa Francisco. Guardando proporciones, ambas figuras representan renovación, frescura y compromiso social por los más pobres. Como Nancy Gibbs, de la revista Time, fundamentó al nombrar al Papa el hombre del año: En menos de un año, Francisco ha hecho algo notable: no cambió las palabras, pero cambió el tono y temperamento que pesan en una Iglesia construida sobre la sustancia de los símbolos. Monseñor Vera es heredero y depositario de legendaria generación latinoamericana de obispos, curas, clero religioso y monjas que siguieron el impulso renovador del Concilio Vaticano II. Es discípulo de un progresismo católico que tuvo alcances significativos en movimientos sociales en América Latina. Por ello, su desempeño contrasta con la limitada presencia y pequeñez de la mayor parte de los actuales prelados mexicanos. Este libro muestra que Raúl Vera no es un accidente que nace en Chiapas ni es fruto de repentina conversión. En Vera no se opera un milagro de conversión; más bien se muestra un largo proceso de maduración en el que inciden no sólo las circunstancias personales sino la mística de la orden de los predicadores, los dominicos, como se les conoce comúnmente. La herencia de Bartolomé de las Casas, fray Antonio de Montesinos y fray Francisco de Vitoria, entre tantos otros. También las semillas de lucha de este activista religioso son palpables aun antes de haber optado por el sacerdocio. Vera es hijo directo de una doble revolución que se opera simbólicamente en los años sesenta: la rebeldía universitaria del 68, movimiento del que Vera participa activamente, y el aggiornamento eclesial que se consagra en el concilio y que posteriormente cobra forma en la teología latinoamericana de la liberación. Pero don Raúl va más allá, no se contenta con la crítica y el planteamiento de la transformación de las estructuras injustas. Se solidariza con las causas concretas y reivindica la dignidad de las mujeres, los indígenas, los mineros, los migrantes, los homosexuales, entre otros.

Aunque no se considera un obispo rebelde, es innegable que ha recibido censuras por sus decisiones y posicionamientos por el respeto a la diversidad sexual. Desde Roma, la curia le ha requerido diversas explicaciones; especialmente se muestra nerviosa por su pastoral de homosexuales o por su tolerancia con curas heterodoxos. La derecha católica ha venido hostigado su labor desde los tiempos de Chiapas, denostando su trayectoria. Raúl Vera cuenta en el libro sus batallas universitarias contra el MURO, tío abuelo del Yunque y de la actual derecha católica mexicana. El conservadurismo intransigente le pinta mantas en su contra, lo calumnia en Roma, lo acecha y hasta amenaza. Vera puede ser generoso incluso con aquellos actores religiosos que lo embisten. Sin embargo, para mi sorpresa, es bastante ortodoxo en lo doctrinal, tiene respuestas más audaces a las realidades seculares que a las religiosas. Pese a ello, fue muy contundente durante nuestras conversaciones, denunciado el clericalismo como un cáncer en la Iglesia. El obispo de Saltillo cuestiona una Iglesia que se siente por encima de la sociedad, aun antes de haber escuchado la crítica a la Iglesia autorreferencial que hizo Francisco. La fórmula de monseñor Vera es sencilla: es una persona honesta y congruente. Vive el evangelio con todas sus exigencias y sabe transmitir con fervor su fe. En su sencilla casa no tiene piscinas ni gimnasios, no aparece en las revistas de sociales; aunque dialoga con todos, no es afecto a asistir a los banquetes junto a los acaudalados, no juega golf ni usa Mercedes como vehículo, tampoco tiene órdenes de aprehensión por millonarios fraudes. Es simplemente un pastor coherente con el evangelio que predica.

Una anotación final. Las conversaciones con Raúl Vera contenidas en el libro se dan en un momento de transición entre dos papas. Al inicio de nuestro diálogo, la voz de Vera era acallada y relegada por la mayor parte de los obispos mexicanos, pues desentonaba y, por tanto, era confinado. Ahora, con el papa Francisco, con todas sus propuestas de renovación, don Raúl está reposicionado y se convierte en referente obligado de un episcopado apático e indolente a seguir el sendero de cambios que propone el actual pontífice.

Detienen en Arizona a tres activistas que protestaban contra deportaciones


Phoenix. Un conocido activista por los derechos de los inmigrantes y otras dos personas que realizaban una protesta frente a la oficina de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en Phoenix fueron arrestados, se informó el miércoles.

La televisora KTVK informó que Erik Andiola y otros dos fueron arrestados el martes por la noche al traspasar una línea que indicaba el fin de la acera pública.

Los tres realizaban una protesta contra las deportaciones.

Andiola es fundador de un grupo de inmigrantes jóvenes por abogan por otorgar un estatus legal a las personas llevadas a Estados Unidos de manera irregular cuando eran niños, tal cual es su caso.

Nacido en México y graduado de la Universidad Estatal de Arizona, Andiola tiene autorización para trabajar bajo un programa federal de diferimiento de las deportaciones

Otros manifestantes permanecían frente a la oficina de la ICE.

martes, 25 de febrero de 2014

“Encapuchadas” obligan a reportero a borrar imágenes de operativo en edificio Miramar


MÉXICO, D.F. (apro).- Primero, el periódico El Noroeste recibió llamadas telefónicas de amenaza por cubrir la captura de “El Chapo”, seguido por una campaña de amenazas en redes sociales. El día de hoy dos mujeres encapuchadas, custodiadas por elementos de la Secretaría de Marina, amagaron con despojar del equipo fotográfico a un periodista de este mismo diario cuando tomaba imágenes del nuevo operativo que montó la Secretaría Marina en el edificio Miramar, donde fue recapturado el líder del cártel de Sinaloa.

Alrededor de las 09:00 horas –según la nota que publica hoy el Noroeste– elementos de la Infantería de Marina-Armada de México regresaron al sitio referido y establecieron un cordón de seguridad. Se introdujeron al departamento donde colocaron una pequeña cinta y un letrero con la palabra “peligro”.

Cuando del fotorreportero tomaba dichas imágenes, dos mujeres con pasamontañas se le acercaron y le obligaron a borrar las imágenes, luego lo amenazaron con que si volvía a tomar fotografías de ellas, le quitarían el equipo. Luego de “acordonar” la zona, ordenaron además borrar las fotografías que la gente había tomado con sus teléfonos celulares.

Esas mujeres, que no se identificaron, exigieron al fotógrafo de Noroeste una identificación oficial, de la que tomaron sus datos, además de solicitar los nombres de personal de la empresa.

Tras su actuación, de inmediato salieron custodiadas por personal de la Infantería de Marina, con quienes se retiraron del lugar.

Al día siguiente de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la redacción del diario se recibieron dos llamadas de amenaza contra el reportero que indagó con fuentes oficiales del ayuntamiento de Mazatlán una acusación contra policías municipales que supuestamente pertenecerían al círculo de protección de “El Chapo”.

“Mira, pen…, dile a… pin… que no queremos que saque nada de la Policía Municipal porque se… va cargar la ver… y a ti también, cómo chin… con la policía”… fue el mensaje de la primera llamada.

Tan sólo unos minutos después entró una segunda.

“Te estoy pidiendo que ya no subas notas. Déjate de eso…”, dijo una voz de hombre. “Pu… ma…”.

Eso informó la noche del domingo el diario en su portal, que explicó que la amenaza ocurrió luego de que se buscó la versión oficial de las autoridades municipales de Mazatlán en torno a las acusaciones ventiladas en medios nacionales de que en el círculo de seguridad de Joaquín “El Chapo” Guzmán estarían policías municipales.

La información con el señalamiento contra elementos de la Policía Municipal de Mazatlán la publicó el diario Reforma hoy y la retomó el portal de la revista Proceso.

“Luego de buscar telefónicamente a autoridades municipales, y sin haber subido aún información directa de la acusación al portal de Noroeste, se recibieron las llamadas de amenaza en la redacción de este diario”.

Al día siguiente, en otra nota informó que su cobertura sobre la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Mazatlán no sólo ha generado que se recibieran llamadas de amenazas, sino que también en la red social Facebook se han creado cuentas para festinar esas agresiones.

Con tres diferentes perfiles, un usuario que utiliza nombres de mujer ha estado celebrando que el trabajo periodístico de Noroeste haya sufrido amenazas.

Primero fue con la cuenta de Norma García en la que acusa a Noroeste de una supuesta alianza con los “beltrán-zetas-arellanos” (sic).

Un segundo comentario con esa cuenta acusa que Noroeste está con los “beltrán-zetas” y “por eso ahí le fueron a tirar una cabeza”.

Vendría un tercer comentario con ese perfil, en el que dice que Noroeste se merece eso y más, tras las amenazas recibidas y la opinión que en torno a ese tema había dado el gobernador Mario López Valdez.

Y uno más de Norma García advierte que por culpa del trabajo periodístico de esta casa editora entrarían a Sinaloa grupos delictivos como los “zetas-beltrán”. Con ese perfil, realizó seis comentarios en publicaciones que Noroeste hizo en la cuenta de Facebook.

Posteriormente creó un perfil nuevo, el de Ednita Torres, en el que acusa a Noroeste de ser el responsable “del baño de sangre que va a ver (sic)”.

Y otro perfil creado con el fin de lanzar las mismas acusaciones fue el de Liliana Manríquez, en el que insiste en la posible incursión del grupo criminal “Los Zetas” a Sinaloa, ahora diferenciando el trato del gobierno federal hacia la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la atención que se le ha dado a “Los Zetas”.

En cada uno de estos casos, explica el diario en una nota, los comentarios se han eliminado por respeto a los lectores, que han estado atentos a la cobertura que se ha hecho de este tema en Sinaloa y en el país.

En los últimos años, Noroeste ha sido objeto de numerosas amenazas, robos, ataques e incluso en 2010 el edificio del periódico en Mazatlán fue tiroteado con armas de alto poder.

De todos los ataques –explica la nota– se han interpuesto denuncias ante las autoridades competentes. Todos continúan impunes y el gobierno no han ofrecido garantía alguna.

Demandan migrantes víctimas de La Bestia derecho al trabajo y vivienda


RODRIGO SOBERANES

Progreso, Honduras.- El migrante hondureño José Luis Hernández había tomado todas las precauciones para cruzar México en trenes de carga, pero el calor desértico le jugó una mala pasada y le causó un desmayo.

Habían pasado 19 días desde que dejó su casa en Progreso, Honduras, y le faltaba uno más para alcanzar la frontera. Él y un amigo suyo cruzaban Chihuahua, Iban a Ciudad Juárez, luego a El Paso.

"Ya para llegar a Juárez a un pueblo que se llama Delicias, Chihuahua, estaba entrando a esa ciudad cuando de repente quedé en oscuras y me caí, fue un desmayo por el calor seco que hace ahí en junio", contó José Luis.

Llevaba hinchados los pies y se agachó para quitarse un zapato, luego el otro, y le llegó un desvanecimiento que lo dejó entre las ruedas del tren que cruzaba Chihuaha, en 2005.

"Me caí embrocado, el tren me cortó una pierna. Después metí el brazo al no poder sacar mi pierna y también me lo cortó. Después metí el otro brazo y me lo aplastó la rueda", recordó.

José Luis es uno de los fundadores de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad (Amiredis) y un símbolo de la población afectada por la migración forzada en Honduras.

Progreso, su lugar natal, es el tercer municipio que más personas aporta al éxodo de personas en edad laboral productiva, de acuerdo con el Servicio Jesuita a Migrantes.

Los migrantes son atesorados entre la población de Progreso. Se les ve con cierto respeto. Incluso, el ser migrante con vida implica cierto "estatus" entre la población común.

Y la población común es la gente pobre en ese lugar, donde la pujante industria bananera y las maquilas se han ido extinguiendo gradualmente desde que el huracán Mitch se estacionó frente a sus costas durante un día y medio con categoría cinco.

Hernández dirige la asociación de mutilados con 35 personas que se han manifestado frente al palacio del gobierno nacional siete veces. Sus principales demandas son acceso al trabajo y a la vivienda.

Son personas que cruzaron territorio veracruzano en algún momento de su vida para conseguir dinero para la manutención de sus padres e hijos.

"Parece mentira cuando hacemos reuniones y los veo a los 34 (…) aquel montón de pedacitos de gente ahí, yo digo pues: parece una historia de película de terror, tantas personas mutiladas por ese tren”.

“Y lamentablemente la gente no para de irse –dijo–, ahorita que estamos en esta plática tal vez a una muchacha la están violando, a alguien lo están secuestrando, alguien se está cayendo del tren en este momento".

José Luis jugaba fútbol y era guitarrista. Ahora se gana la vida dando pláticas en las universidades y canta en iglesias cristianas. Uno de sus objetivos es convencer a jóvenes de que no vayan hacia el norte. "No vale la pena –expone – cuando a uno se le mete en la cabeza el sueño americano, o pasa o queda como yo”.

VERACRUZ: Desdeña Congreso a reporteros del sur que piden ampliar pesquisa del crimen de Goyo


JAIR GARCÍA

A pesar de que Veracruz ha sido considerado como una entidad de riesgo para ejercer el periodismo, el Congreso local minimizó este asunto luego de que periodistas del sur de Veracruz enviaron a la Legislatura una petición para la conformación de una comisión especial para atender esta problemática y dar seguimiento a las investigaciones del asesinato del reportero Gregorio Jiménez.

Durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente, se incluyó de último minuto la lectura de la correspondencia enviada por comunicadores de los municipios del sur como son Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Acayucan, quienes pidieron crear un grupo de trabajo de legisladores para conocer la situación de inseguridad que enfrentan.

“Periodistas en el sur del estado y agrupados por el pasado suceso donde murió nuestro compañero Gregorio Jiménez solicitamos a través de la presente la integración de una comisión de legisladores para que puedan trasladarse a este puerto, para que se plantee la situación que viven los comunicadores”, se leyó en la correspondencia.

Sin embargo, la diputada presidenta de la mesa directiva, Guadalupe Ingram Vallines, quien presume provenir de los medios de comunicación y quien solía saludar con un “compañeros” a los reporteros que cubren la fuente, minimizó el tema y lo remitió a la Comisión Especial de Atención a Periodistas para su análisis.

En la misiva, los comunicadores del sur de la entidad pedían que por la problemática y gravedad de su situación, el Congreso pudiera conformar el grupo de trabajo en un plazo de cinco días hábiles para que de esta forma a la brevedad posible sostuvieran una reunión de trabajo.

“Por ser de interés colectivo pedimos cinco días hábiles a partir de la entrega de este documento y se nos informe quiénes fueron comisionados para darles a conocer el tema a tratar”, pero de parte de la presidenta de la mesa directiva no hubo mayor interés sobre el tema, a pesar de tener la facultad de haber podido acordar un grupo de trabajo de legisladores por obvia y urgente resolución.

Los periodistas que apenas este domingo marcharon en Coatzacoalcos en protesta por las recientes agresiones a su trabajo periodístico y donde exigían condiciones de seguridad, piden que de ser posible la comisión especial esté conformada por legisladores que actualmente se desempeñan es las de seguridad pública, gobernación y atención a periodistas.

VERACRUZ: Pacta el gobierno reunión con ONG que se manifestó por desapariciones


ROXANA AGUIRRE

Veracruz, Ver.- El Colectivo por la Paz Región Xalapa esquivó el fuerte operativo de seguridad que rodeaba el evento de celebración del Día de la Bandera en que participaba el gobernador, Javier Duarte de Ochoa y protestaron frente a él exigiendo el esclarecimiento de 45 casos de personas desaparecidas.

La presión les funcionó, Duarte de Ochoa accedió a reunirse con ellos el martes a las 12 horas en el World Trade Center de Boca del Río. Minutos antes se habían manifestado en las instalaciones del ex penal Allende, donde se encuentran las agencias del Ministerio Público.

“El ministerio público es un lugar simbólico para todas las familias para que se pongan a investigar el paradero de las personas desaparecidas, aquí hay cerca de 10 desaparecidos desde 2012 a 2014”, indicó Anais Palacios, representante del Colectivo por la Paz de Xalapa.

Afirmó que no hay avances en las investigaciones además de que se les presentan todas las trabas posibles y no hay avance verdadero. “Tenemos en puerta una reunión con Érick Lagos e incluso que nos sentemos con el mismísimo gobernador no garantiza que nuestros familiares regresen con vida, eso nos lastima”, expresó mientras el resto de los manifestantes gritaban “que nos regresen a nuestros hijos, vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Giovanni Palmero Árciga fue visto por última vez cruzando el bulevar Manuel Ávila Camacho el 26 de enero, iba saliendo del bar La Cantinita; a partir de ahí su familia lo ha buscado y ha llevado a cabo un viacrucis en las agencias del Ministerio Público.

Su hermana ha pedido en varias ocasiones las grabaciones de las cámaras del C4 y del bar para detectar si algún vehículo se había llevado al joven. “Pedimos la cámara del C4, de La Cantinita y ella dice que eso no le sirve para nada, los del bar necesitan una orden judicial, 15 días después de que mi hermano desapareció le dio la gana a la licenciada enviar el documento.

“Mi hermano va a cumplir un mes desaparecido y no tenemos respuesta de Obdulia Vidal Suárez, se hace pendeja nada más. Cuando nos ve se da la media vuelta nada más y se mete a su oficina, los de la AVI nos piden dinero”, aseguró exaltada.

La chica indicó que la familia y amigos están investigando, sin embargo, les piden documentos oficiales a los que no tienen acceso. “Ella nos dice que irán ‘paso a pasito’, ella misma nos orilla a exponernos, aquí estamos los que tenemos esposos, primos, tíos, hermanos y padres desaparecidos”, manifestó.

El colectivo ha mantenido las movilizaciones en el estado, sobre todo en las ciudades importantes para buscar a los suyos, que están en el limbo, no se sabe si vivos o muertos, simplemente se desvanecieron.

Denuncian la detención injustificada de tres activistas de Amilcingo


Dulce Maya

AMILCINGO. Habitantes de la comunidad Amilcingo, denunciaron la detención injustificada de José Luis Barranco Ramírez, Fernando Neri Ramírez y Bulmaro Torres Barranco, cuando realizaban rondines de vigilancia en la zona donde habría de construirse un Gasoducto. 

En un comunicado de prensa, el pueblo de Amilcingo y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, hicieron responsables al gobernador Graco Ramírez, a la CFE, al Procurador Rodrigo Dorantes y al Presidente Municipal de Temoac Javier Sánchez Agundez de cualquier daño físico y moral del cual puedan ser objeto los activistas. 

La detención está enmarcada en las acciones en defensa que el pueblo de Amilcingo ha venido realizando en las últimas dos semanas, “ante la imposición del gasoducto que es parte del Proyecto Integral Morelos”.

Ahí, explican que el domingo pasado, del presente año los ciudadanos José Luis Barranco Ramírez, Fernando Neri Ramírez y Bulmaro Torres Barranco, habitantes de la comunidad Amilcingo, fueron detenidos por la policía estatal, mientras realizaban un recorrido de guardia en las inmediaciones de la normal de Amilcingo, zona en la que se pretende instalar el gasoducto, y que dos veces se han detenido las obras de acuerdo a la decisión tomada por el pueblo en asamblea general en la que se rechazó de manera tajante y por segunda vez el paso del gasoducto por su territorio. “Una vez más el gobierno de Graco Ramírez en complicidad con la CFE realiza estrategias contra los pueblos que se encuentran defendiendo su vida y su territorio, a través de la represión policíaca, la división y el enfrentamiento del pueblo. La detención de nuestros compañeros está relacionada con la defensa de su pueblo y sus derechos como pueblos indígenas”, destaca el texto.

A 6 AÑOS DE LA MASACRE DE SUCUMBÍOS


CAMPAÑA #justiciavictimassucumbios 


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ACTIVIDADES PROGRAMADAS

JUEVES 27 DE FEBRERO
13:00 hrs.- Colocación de ofrenda floral y acto por la memoria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, (frente al Café del Comité Cerezo)

19:00 hrs.- Misa por las víctimas de Sucumbíos a 6 años de su asesinato. Parroquia de Sta. María de la Anunciación del Centro Universitario de Cultura (Odontología #37, cerca del metro Copilco)

VIERNES 28 DE FEBRERO
13:00 hrs.- Acto político-cultural
“Con esperanza construimos la justicia”
a 6 años de la masacre de Sucumbíos, frente a la Embajada de Colombia en México (Paseo de la Reforma #379, cerca del Ángel de la Independencia)

MARTES 4 DE MARZO
13:00 hrs.- Presentación del libro “Sucumbíos Historia de una Infamia” en el auditorio de la UACM plantel Centro Histórico, (Fray Servando Teresa de Mier No. 92 y 99 Col. Obrera

LUNES 10 DE MARZO
19:00 hrs.- Presentación del libro “Sucumbíos Historia de una Infamia” en Casa Lamm.
COMENTAN: Blanche Petrich, Carlos Fazio, Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos MODERA: Ángel Guerra

SÁBADO 22 DE MARZO
12:00 hrs.- Presentación del libro “Sucumbíos Historia de una Infamia” en la Casa Jesús Reyes Heróles en Coyoacán.
COMENTAN: Jorge Mansilla, Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos

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En un refugio guardado en su corazón
Llevan la bandera de Bolívar.
Su rostro la transmite en la sonrisa
Que dejaron en las imágenes del recuerdo.

Hoy desde lo alto suenan las campanas
Ustedes las tocan para mostrarnos el camino.

Juan, Verónica, Soren, Fernando desde lo alto nos miran
Y nos recuerdan que para ser grandes
Hay que saber soñar.


ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS, ECUADOR

lunes, 24 de febrero de 2014

VIDEO: Protesta por la Libertad de Prensa

Néstora Salgado: Cautiverio injusto


MARTA LAMAS

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En estas semanas se ha debatido sobre las autodefensas, principalmente en torno a lo ocurrido en Michoacán. Sin embargo, hay otros casos de “autodefensa” ciudadana que tienen una larga tradición; por ejemplo, la Policía Comunitaria (PC) de Guerrero que, según la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), María Teresa Sierra, surgió desde 1995, y que para 2011 ya cuenta con 750 elementos y tres Casas de Justicia que atienden a 62 comunidades de 11 municipios de la Costa-Montaña del estado. A partir de la Ley de Seguridad Pública aprobada en 2007, a este cuerpo se le reconoce su carácter de policía preventiva y auxiliar, sujeta a los lineamientos de los municipios. Y desde 2011 la Ley 701 reconoce como actos de autoridad aquellos que ejerce la PC.

La Policía Comunitaria se creó con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes en una de las zonas del país con mayor marginación, violación de derechos humanos y militarización. Ahí ocurrieron la desaparición de Rosendo Radilla, las violaciones a Valentina e Inés y el asesinato de varios líderes indígenas. Y ahí también se produjo otra brutal injusticia, muy en la línea del caso Patishtán: la detención de Nestora Salgado y varios compañeros de la PC de Olinalá.

Nestora es una de esas heroínas cívicas que tanta falta hacen a nuestro país. Sexta de siete hijos de una familia del pueblo artesanal de Olinalá, perdió a los 11 años a su madre, se casó a los 16, tuvo tres hijas y emigró a Estados Unidos dejando a las pequeñas al cuidado de los suyos. En Washington trabajó siete años como recamarera y empleada doméstica, se separó de su marido y regularizó su situación migratoria. Hoy tiene también la nacionalidad estadunidense. Durante estos años, construyó una nueva vida junto a su actual compañero, quien vive en el país vecino. En octubre del 2002, Nestora regresó a Olinalá, y durante su estancia sufrió un accidente automovilístico a raíz del cual se lesionó severamente la columna y se quedó sin poder caminar por dos meses. Volvió a Estados Unidos para acceder a la atención médica que aquí no tenía.

Sensible a la situación de miseria de La Montaña guerrerense, Nestora había estado mandando recursos para apoyar a su comunidad, y se fue ganando un lugar de liderazgo comunitario en Olinalá. Preocupada por la inseguridad, decidió quedarse a organizar la Policía Comunitaria. Además, denunció la connivencia de las autoridades locales con el narcotráfico y habló de las amenazas que los socios de esos políticos corruptos hacen a los empresarios locales para que se retiren de la venta de materiales y mercancías, con el fin de acaparar el mercado.

Nestora encabezó, el 16 de agosto del año pasado, la detención del síndico de Olinalá Armando Patrón Jiménez, a quien se acusó de cometer el delito de abigeato y de estar presuntamente involucrado en el asesinato de dos ganaderos. Fue trasladado a la Casa de Justicia, pero los amigos del síndico hicieron una denuncia de “secuestro” y, el 21 de agosto, Nestora y otras 30 personas fueron detenidas por 20 militares en 15 vehículos. Posteriormente, la Marina Armada de México la trasladó a un penal de alta seguridad en Nayarit. Durante cinco horas no le permitieron ni siquiera ir al baño, y además le robaron su bolsa, su celular, una cámara digital, sus anillos de matrimonio y otras pertenencias, entre ellas documentos de la Policía Comunitaria.

Hasta el día de hoy Nestora se encuentra aislada en una celda en Tepic, acusada del delito de secuestro, dentro de la causa penal 142/2013-II, que se instruye en el Juzgado 2º de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en Chilpancingo (sus compañeros, Gonzalo Molina, Bernardino García, Samuel Ramírez y muchos más están regados en distintos penales en Oaxaca, Almoloya y Acapulco). Por su lesión en la espalda, ella debe caminar y la tienen encerrada sin salir ni al patio. Su compañero no ha podido hablar con ella y está muy preocupado ante la posibilidad de que no le estén dando las medicinas que requiere.

En YouTube se pueden ver las entrevistas que varios periodistas le habían realizado. En una de ella declara que no tiene miedo a los sicarios, sino al ayuntamiento, y relata el control de ciertos personajes vinculados con las autoridades políticas sobre la venta de materiales de construcción. En otra, Nestora solicita a sus paisanos: “No vendan la droga, no la consuman, porque mientras haya consumidores esto va a seguir adelante, y es difícil pararlo”. Luego de leer tales textos, no es difícil comprender por qué su detención parece parte de un turbio entramado político.

Por la información que tengo, creo que esta líder ciudadana no es una secuestradora, como tampoco lo son los otros policías comunitarios. La revisión del caso de Nestora Salgado y sus compañeros es imperativa, por la cantidad de irregularidades y ausencia de debido proceso, al igual que es urgente brindarle las condiciones médicas necesarias para atender su grave problema de columna. He solicitado a la doctora Leticia Bonifaz, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, su apoyo para la revisión de este caso, con la esperanza de que se haga justicia a esta líder comunitaria y a sus compañeros. A ustedes, mis lectores, los mantendré informados.

Víacrucis de viudas de Pasta de Conchos para cobrar apoyos



Por Patricia Muñoz Ríos

Industrial Minera México, empresa del consorcio Grupo México, de Germán Larrea, contrató una sicóloga para que hable con las viudas de los mineros de Pasta de Conchos y las convenza de que ‘‘dejen de lado lo malo que les ha pasado’’. Esposas de los trabajadores fallecidos, que llevan 2 mil 920 días afuera del mineral donde murieron sus familiares –‘‘esperando aún el rescate de los cuerpos’’–, relatan que la compañía apenas les da una ‘‘beca’’ para sus hijos, que asciende a 600 pesos al mes.

Sólo que ‘‘a veces pasan dos o tres meses sin que entreguen el apoyo, o lo dan en partes y lo condicionan a que los niños saquen 10 de calificación’’, dicen.

‘‘Le pagan más a la sicóloga que contrataron para que hable con nosotras’’, señalan en entrevista Elizabeth Castillo Rábago viuda de Gil Rico y Claudia Maricela Escobar, de Raúl Villasana Cantú.

Indican que reciben pensiones del IMSS de mil 800 pesos al mes, en promedio. A Elizabeth, el Infonavit le quiere quitar su casa porque no tiene para pagar y tampoco cuenta con el acta de defunción de su marido, que es el documento que le pide el instituto para poder cancelar la deuda. ‘‘Ni siquiera puedo tener esa acta’’, relata.

Ambas viudas denuncian que las promesas de los gobiernos federal, estatal y municipal, de que habría apoyos para ellas, seguridad, becas, programas, opciones de trabajo y demás, fueron ‘‘puras falsedades’’, quedaron en el olvido. Algunos apoyos mínimos les llegaron, pero ‘‘eso fue hace años’’ y ya no tienen nada, ni cómo sacar a sus familias adelante, ni mandar a sus hijos a la escuela.

Cuando Humberto Moreira era gobernador de Coahuila prometió becas de estudios para los hijos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos. ‘‘Eran 400 pesos al mes y sólo se dieron un año, luego se las quitaron. Hace como dos años volvieron a dar parte de las mismas y se volvieron a suspender’’. No saben si eso se hizo nada más para ‘‘tomarles la foto’’ de que les entregaban la beca.

La empresa sólo les da las becas mínimas, que equivalen o 20 pesos diarios, pero se entregan de manera irregular; a algunas familias se las suspendieron desde hace año y medio y a otras se las dejan de pagar por dos o tres meses. ‘‘Tenemos que ir a preguntar, reclamar; nos dicen que para que se otorguen los hijos tienen que ir excelentes en los estudios; pues ¿cómo quieren eso, no ven la situación en que están nuestros hijos sin sus padres?’’, señala Claudia Maricela, otra de las viudas afectadas.

Añade: ‘‘Ahora nos dijeron que fuéramos a unas pláticas con una sicóloga, quien está manejando nuestras mentes con la intención de que dejemos todo. Nos llamaron de la empresa Grupo México, nos sentaron a todas y la sicóloga nos empezó a decir que si quisiéramos que ya las cosas fueran diferentes, que en este aniversario dejáramos atrás todo lo que ha pasado. Primero nos quedamos todas calladas, pero luego reaccionamos y le dijimos que lo que queremos es que nos dejen entrar en la mina, que nos manifestemos.

‘‘La compañía quiere manejar nuestras vidas como lo ha hecho desde el principio, manipulándonos; la empresa es un monstruo que ha acabado con nuestras vidas, no nos puede llegar una ayuda del Estado porque la minera dice que ya somos riquísimas, cuando les estamos diciendo de cuánto es nuestra pensión. Estamos marginadas. Grupo México, además de que acabó con la vida de nuestros esposos, también va contra las familias, de nuestra condición social’’, apunta Claudia.

Exponen que están indignadas contra la empresa, porque ha generado además otro problema social: ha hecho una campaña contra las viudas, los huérfanos, hermanos y demás familiares de los mineros muertos, por seguir luchando. La compañía se ha encargado de ‘‘enlodar’’ el nombre de ellos entre la población, por lo que la gente habla mal de ellas, las marginan, señalaron las entrevistadas.

Consideran que cuando se dé el rescate de los cuerpos de los trabajadores de Pasta de Conchos, muchas cosas van a salir a la luz, como por qué fallecieron, las condiciones laborales que había en la mina, a qué se debió que el rescate se paró a los cinco días y por qué no se quiere recuperar los cuerpos, ‘‘pero lo que va a salir más a la luz es la dignidad del minero y que éstos ya no sean vistos como si no fueran nada’’, concluyeron.

Defensores de río Atoyac preparan nuevas acciones legales contra gobierno del estado


CELIA DÍAZ GARCÍA

Atoyac, ver.- A siete meses de que la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac mantenga su resistencia pacífica, ha sido visible cómo las autoridades gubernamentales han ignorado esta lucha, pues a pesar de mantenerse día y noche en campamento para evitar que trasladen material, ninguna autoridad se “ha tomado la molestia” de dialogar con ellos.

Ante la indiferencia del gobierno y tras cumplir más de medio año en resistencia, integrantes de la coordinadora advirtieron con emprender nuevas acciones legales para evitar que se extraiga agua del Río Atoyac en beneficio de Córdoba que, aseguran, no será otorgado a las familias de escasos recursos como se ha planteado, sino para empresarios, incluyendo proyectos para zonas residenciales.

En un foro realizado por integrantes de la coordinadora, Edmundo Reyes explicó que en varias ocasiones el Tribunal Permanente de los Pueblos Indígenas ha emitido condenas a las autoridades que pretenden llevarse el agua del nacimiento del río sin consentimiento de los habitantes de la subcuenca.

Ante tal insistencia, dijo, los defensores del río se han dado a la tarea de demostrar la inviabilidad del proyecto Bandera Blanca, esto con datos y estadísticas que demuestran, por una parte, cómo el afluente se ha secado y no puede otorgar agua a los municipios vecinos, así como también han demostrado que el líquido que se pretende extraer tiene fines de lucro en favor de grandes empresarios.

Al cumplir siete meses de la defensa, advirtieron que “este día, los pueblos de la cuenca del río Atoyac nos reunimos para ratificar nuestra unidad y voluntad de lucha para impedir que el gobierno estatal así como los gobiernos municipales de Córdoba y Amatlán lleven a cabo el proyecto denominado Bandera Blanca.

Recordaron que la verdadera intención de este proyecto es extraer agua del afluente -desgastado y altamente contaminado- en beneficio de las comunidades y municipios de Amatlán, Atoyac, Cuitlahuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Medellín de Bravo, Boca del Río y Veracruz. Aunque quien fuera el principal promotor de este proyecto, cabe recordar, fue el ex alcalde Juan Antonio Lavin Torres, quien preservara Bandera Blanca como solución a la falta de agua en la zona serrana de Córdoba, sin embargo, la coordinadora asegura tener pruebas de que la realidad es otra.

Ante este pretendido despojo y los resultados de sus investigaciones, dijo, entre las medidas que han adoptado lograron ser tomados en cuenta por el Tribunal Permanente de los Pueblos, para denunciar el delito en el que estarían incurriendo los tres órdenes de gobierno en favor de grandes empresas, pasando por alto el derecho colectivo al agua, al territorio a la autodeterminación, a la salud y seguridad.

Para darle solución al tema, han recurrido a todo tipo de asesorías, incluyendo distintas preaudiencias del Tribunal Permanente en tres estados, todo esto para estar informados, exponer el caso, pero sobre todo buscar la manera de actuar en contra del gobierno del estado de Veracruz que incurre en este delito a través de la CAEV, así como los gobiernos municipales involucrados.

Este recorrido en busca de justicia ha derivado en que tanto el Tribunal de los Pueblos así como los comités dictaminadores de la Audiencia Temática sobre devastación ambiental pidan a las autoridades la cancelación oficial de Bandera Blanca, sin que el gobierno de Veracruz haya acatado este dictamen.

Ante la evidente indiferencia de las autoridades al tema y la insistencia de seguir sobre Bandera Blanca, a siete meses de esta lucha, la coordinadora refiere que lo que pretenden es una solución social y viable para la crisis del manejo de las aguas residuales industriales y urbanas. Exigen también la clausura y remediación de los basureros de Cuitlahuac, Atoyac, Cotaxtla y Chocamán; igualmente, piden cerrar las granjas de pollos y cerdos que arrojan desechos al río Atoyac, asimismo, solicitan la realización de un estudio epidemiodológico de salud.

La coordinadora exigió el castigo a los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción que intentan imponer Bandera Blanca.

Además de estas y en respuesta a la omisión del gobierno veracruzano hacia los activistas, aseguraron que “esta lucha se mantiene”.

Veracruz, el lugar más peligroso en la ruta del migrante, dicen en Honduras


RODRIGO SOBERANES

Progreso, Honduras.- “Ya no es Veracruz, es 'ver la cruz' del migrante”, dijo la locutora del programa de radio Abriendo Fronteras de Radio Progreso, en uno de los lugares insignes de la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos.

Es la voz de Rosa Nelly Santos, una mujer que buscó a su hijo 17 años y lo encontró en Tijuana, y que es una de las fundadores del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Progreso (Cofamipro).

Su programa sale al aire cada domingo con algún tema relativo a la migración –ayer abordó la ruptura de las parejas–, y recibe llamadas a micrófono abierto con opiniones y testimonios de personas afectadas por este fenómeno económico y social.

Ubican bien a Veracruz, lo miran como el lugar más peligroso para el tránsito hacia el norte. Por eso, pasar por el estado es una “cruz” para los migrantes que viajan sobre los vagones de trenes de carga.

“En México ya no es un crimen organizado, es un crimen autorizado, y México va a temblar pero de tanta fosa clandestina de nuestra gente. Nuestra gente les va a gritar y les va a decir, den respuestas a las familias”, expresó la locutora.

De acuerdo con el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), menos del 60 por ciento de los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos, lo logran, y la cifra de víctimas del delito es incierta por la falta de información oficial.

En Progreso, un lugar histórico en las reivindicaciones sociales, ven a los migrantes con especial afecto.

“Son héroes anónimos los que se han ido a pata. Vale la pena luchar por ellos y se lo merecen porque nuestros hijos se fueron para buscar un mejor futuro para nosotros”, dijo Nelly Santos a través de la radio.

La hora del programa Abriendo Fronteras transcurre entre oraciones, anécdotas y canciones relacionadas a la migración, llamadas telefónicas y comentarios, y este domingo cerró con las frases:

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales”.

Marchan en 20 ciudades del país por la violencia contra periodistas


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA, NORMA TRUJILLO BÁEZ, ROXANA AGUIRRE Y AGENCIAS

Cientos de reporteros en 20 ciudades del país realizaron una manifestación simultánea para exigir la investigación puntual del asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz y 30 periodistas más que fueron ultimados en México de 2010 a la fecha. Coatzacoalcos fue una de las sedes, donde los comunicadores han tenido puestos los ojos por la reacción solidaria que tuvieron desde el secuestro del reportero.

En el Ángel de la Independencia, Romana Ortega periodista de Coatzacoalcos manifestó en el discurso que acordó el movimiento a nivel nacional: “Hoy todos somos Goyo y nadie en Veracruz quiere ser el número 11 en la lista de muertos”

A una sola voz, reporteros de varias regiones del país realizaron manifestaciones simultáneas para exigir un alto a las agresiones y asesinatos de periodistas en el país y en especial en el estado de Veracruz. De acuerdo con los datos del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) 73 periodistas y trabajadores de medios de comunicación asesinados entre 1992 y 2013, de estos 31 fueron ultimados de 2010 a la fecha. La organización internacional señaló que 88 por ciento de estos casos permanece en la impunidad y sólo en 8 por ciento se ha logrado esclarecer los crímenes.

El asesinato del reportero de Coatzacoalcos Gregorio Jiménez de la Cruz fue el detonante que generó una serie de movilizaciones de reporteros nacionales e internacionales, ya que se sumaban 10 en una sola entidad. Las manifestaciones se acompañaron de una ciberprotesta en redes sociales, que se mano bajo el hashtag #PrensaNoDisparen.

“El pasado día 11, Goyo encontrado en una fosa del municipio de Las Choapas. Las autoridades se apresuraron a explicar que había sido un pleito de vecinos para echar el cuerpo de Goyo a la fosa común de la impunidad. En sus apresuradas investigaciones ignoraron como posible causa de su asesinato el valiente trabajo periodístico que realizaba, su cobertura de secuestros, de giros negros, de trata de personas. Una vez más, los gobernantes se apresuraron a echar tierra al caso para tapar su deficiencia. El asesinato de Gregorio y la burda explicación del gobierno nos indignaron a todos. Nos movió los resortes para salir de nuevo a gritar “¡Ya basta!”, señaló el texto que se difundió.

En el Ángel de Independencia, se realizó un performance donde se colocó un féretro y las fotografías de los 31 periodistas que han muerto de manera reciente, encabezando la de Gregorio Jiménez; también se leyeron varios relatos de periodistas veracruzanos que dejaron el estado.

En el discurso manejado a nivel nacional por el colectivo de periodistas Prensa, No disparen, se explicó que la inacción de los gobiernos estatales y de la Federación ha intensificado los ataques al tiempo que los reporteros “son sacados a la fuerza de sus casas, emboscados en las calles, perseguidos hasta adentro de sus redacciones. En México la información molesta e informar se paga con la muerte.

”Hoy denunciamos que esta cacería de periodistas permanece impune y que va escalando en un ritmo que parece sin fin. Y que las autoridades gubernamentales de todos los niveles, desde la Presidencia de la República y los gobiernos estatales y municipales, además de los poderes legislativos y judiciales han permanecido omisos, permisivos e indolentes. Han sido testigos mudos, no han querido hacer nada. Mientras tanto, México se va convirtiendo en un enorme hoyo negro donde cada vez en más regiones la prensa es amordazada, tiene prohibido informar.

”En lugares como Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Veracruz, Estado de México, el terror se va imponiendo el silencio, se cancela cualquier posibilidad de crítica, cualquier voz discrepante, cualquier mirada escrutadora. El derecho a la información recibe tiro de gracia”. Para el colectivo de en el estado de Veracruz no existen condiciones para el ejercicio de los reporteros y la falta de castigo a los agresores ha generado que se recrudezcan los ataques. “Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Veracruz es sinónimo de muerte para los periodistas”.

Romana de la Cruz Ortega reportera de Coatzacoalcos señaló en el Ángel de la Independencia: “hoy no sólo somos Gregorio, hoy no sólo somos los reporteros del estado de Veracruz, hoy somos todos los comunicadores de este país quienes ante el lamentable caso de nuestro colega Gregorio, hemos efectuado un hecho histórico que atrevo a llamar la revolución de los comunicadores, de los verdaderos reporteros, del periodista que busca difundir la verdad a la sociedad”.

Informó que el gobierno de Veracruz le está dando a la familia de Gregorio Jiménez una vivienda y un subsidio, pero aún no es suficiente, por eso se pide la reestructuración de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp). “No sólo pedimos al gobierno veracruzano, se lo exigimos también a Enrique Peña Nieto. Que garanticen la seguridad de los comunicadores de todo el país. Hoy todos somos Goyo y nadie en Veracruz quiere ser el número 11”.

En Coatzacoalcos, se replicó esta manifestación nacional; los periodistas salieron a caminar las principales calles de Veracruz y se realizó una concentración en el parque Independencia, como sucedió el pasado cinco de febrero, cuando fue secuestrado Gregorio Jiménez de la Cruz. Al grito de “Prensa, no disparen” y “Goyo, estás presente”, los comunicadores exigieron mayor seguridad para la zona sur y la libertad para manifestarse sin que exista una presión a los medios de comunicación.

De nuevo los comunicadores llevaron cubrebocas que emulaban mordazas, con las leyendas “Todos Somos Goyo” y “Libertad de expresión”. A la marcha se unieron algunos conductores de taxis, quienes han venido denunciando un incremento de la delincuencia en la ciudad. En el estado de Veracruz, esta marcha también se replicó en Veracruz y Xalapa, donde se han concentrado el mayor número de agresiones a la prensa y asesinatos.

En Xalapa también protestan

“Javier Duarte de Ochoa, el gobernador más peligroso para periodistas”, “¿Y Bermúdez? ¿Cuándo renuncia?” y “Gina, la prensa te saluda”, eran las consignas plasmadas en cartulinas de los periodistas que se manifestaron en la capital del estado para exigir justicia para los 10 compañeros asesinados, porque “Veracruz es sinónimo de muerte para periodistas” y unidos en 19 ciudades de 14 estados del país, al gobierno de Veracruz se le exigió que se garantice la seguridad de los periodistas que se han manifestado en solidaridad con Gregorio Jiménez, cesen las presiones a los medios de comunicación, y no se utilicen los convenios publicitarios como elemento de censura ni para premiar coberturas favorables en la prensa estatal.

En la entidad veracruzana se sumaron los periodistas de Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa, a la protesta “Prensa No disparen”, que tuvo lugar en el Distrito Federal, Cuernavaca, Morelos; Guadalajara, Jalisco; Morelia, Michoacán; Villahermosa, Tabasco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato; Querétaro, Querétaro; Jalpan, Querétaro; Culiacán, Sinaloa; Mérida, Yucatán; Fresnillo, Zacatecas; Campeche, Campeche; Reynosa, Tamaulipas; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Mexicali, Baja California; Juchitán, Oaxaca; Chihuahua, Chihuahua.

Después de recorrer el primer cuadro de la ciudad, al llegar a la Plaza Lerdo, se leyó un comunicado: “¿Por qué nos manifestamos? Los ciudadanos se preguntan ¿qué hacen los periodistas tomando las calles? ¿Por qué se concentran en el Ángel de la Independencia, en esta plaza y en una veintena de ciudades del país? Les parece raro que hoy no estamos con libreta, cámara o grabadora persiguiendo las noticias, que hoy somos los protagonistas de las noticias. Y sabemos que algo está podrido en una sociedad donde quienes deben dar la noticia se convierten en la noticia.

”Con Gregorio el gobierno de Javier Duarte completó diez periodistas asesinados en Veracruz desde diciembre de 2010, cuando asumió la gubernatura, y cuatro desaparecidos. A la suma nefasta agregamos a decenas de reporteros que han tenido que salir huyendo del estado para salvar su vida y hoy se buscan la vida como pueden en otras ciudades de México o en el extranjero. Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Veracruz es sinónimo de muerte para los periodistas.

”Pero Veracruz no es caso aislado. Entre julio de 2000 a febrero de 2014, 87 trabajadores de la comunicación fueron asesinados en el país y otros 20 están desaparecidos. Al menos cuatro de ellos en Veracruz: Jesús Mejía Lechuga de Martínez de la Torre, Gabriel Manuel Fonseca Hernández de Acayucan; Sergio Landa Rosado de Cardel; Evaristo Ortega de Misantla”.

Así se recordó el crimen contra los periodistas asesinados en el estado, entre ellos, Regina Martínez, porque “México está en la lista negra de países donde matar un periodista sale barato, pues los silenciadores no pagan sus culpas”.

Prosigue el comunicado: “90 por ciento de los asesinatos de periodistas no han sido resueltos. Se han creado fiscalías, comisiones, mecanismos de protección a periodistas y se han gastado cientos de millones de pesos en instituciones burocráticas abocadas a la defensa de los periodistas, pero en este país los periodistas siguen cayendo como moscas. México es país de la impunidad y de la simulación. Gregorio fue el último y ya no queremos seguir enterrando a más compañeros”.

Así a nivel nacional los periodistas piden al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, garantice las condiciones para el ejercicio de la libre expresión en México, y que instrumente una estrategia especial para proteger la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación en todo el país, empezando por Veracruz.

A la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), exigen que amplíe y profundice las investigaciones relacionadas con el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, y que solicite la incompetencia del juez para que el caso sea asumido por un juez federal.

“Que los órganos de Estado como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, rindan cuentas de su desempeño. Han dispuesto de recursos millonarios pero la vida de cientos de periodistas sigue amenazada.

”A la Comisión Especial para Atender Agresiones contra Periodistas del Senado de la República le exigimos que cumpla con su responsabilidad y cite a comparecer al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y al encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, Luis Ángel Bravo, para que expliquen los avances en las investigaciones respecto a los asesinatos de periodistas en Veracruz.

”Y al gobierno de Veracruz le exigimos que: se garantice la seguridad de los periodistas que se han manifestado en solidaridad con Gregorio Jiménez; cesen las presiones a los medios de comunicación, y no se utilicen los convenios publicitarios como elemento de censura ni para premiar coberturas favorables en la prensa estatal. Se establezca un fondo que garantice pensiones para los dependientes económicos de los periodistas asesinados y se pague la educación de los menores de edad hasta el nivel superior, ya que el asesinato de periodistas se debe a la impunidad y a la falta de garantías para ejercer el periodismo”, concluye.

Demandan ejercer profesión sin presiones

La ciudad de Veracruz se sumó a la veintena de ciudades donde tuvieron lugar reuniones de reporteros en lugares públicos de manera simultánea protestando contra la violencia sufrida por los comunicadores. Bajo las consignas “Prensa, no disparen” y “Frente a las balas de intolerancia, nuestras palabras”, los comunicadores expresaron su repudio al crimen de Gregorio Jiménez, quien investigaba la violencia en Coatzacoalcos.

Los reporteros y fotógrafos se congregaron frente al Tranvía del Recuerdo, en el centro histórico de la ciudad y leyeron un comunicado donde enfatizaron que Veracruz es el estado más peligroso para ejercer esa profesión. En lo que va de la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, 10 periodistas han sido asesinados y otros tres están desaparecidos.

Las imágenes de las manifestaciones de periodistas en ciudades como Monterrey, Guadalajara y la ciudad de México, se ven mensajes de apoyo hacia Veracruz, en especial por el caso de Gregorio Jiménez. Desde la desaparición del reportero el cinco de febrero, los reporteros de Coatzacoalcos protestaron todos los días, incluso después del hallazgo de su cuerpo seis días después en un paraje de Las Choapas.

El activismo de los reporteros de Coatzacoalcos encontró eco en la ciudad de México y otros estados, desatándose una campaña en redes sociales con más de 2 millones de menciones diarias sobre el tema cada día.

Detienen al periodista Felipe Madrigal en Orizaba

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) aseguró que el reportero salió tras pagar una fianza de 3 mil pesos y la PGJ dio a conocer que inició una investigación de hechos para deslindar responsabilidades.

En relación con la detención, por parte de la Policía Municipal de Orizaba, del periodista y activista social Felipe Madrigal Rodríguez, el gobierno del estado informa lo siguiente: “El gobierno municipal de Orizaba indicó que durante una manifestación de comerciantes que protestaban en contra de inspectores de comercio del ayuntamiento, se generó una confrontación con elementos de la Policía Municipal.

A decir de autoridades del ayuntamiento de Orizaba, la manifestación fue replegada cuando inconformes agredieron a servidores públicos, por lo que fueron remitidos a la Comandancia de Policía para posteriormente ser consignados ante la autoridad ministerial por ultrajes a la autoridad.

Al conocer los hechos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección del Periodista (Ceapp) entabló comunicación con el reportero para ofrecer asistencia y apoyo. De igual manera, la CEDH a través de un delegado, se entrevistó con el comunicador para abrir un expediente de hechos.

Este domingo por la tarde, la CEDH aseguró que el reportero salió tras pagar una fianza de 3 mil pesos, y la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ) dio a conocer que inició una investigación de hechos para deslindar responsabilidades.

Tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, por elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas


Privación arbitraria de la libertad a dos personas del Pueblo Maya

Según información documentada por este Centro de Derechos Humanos, el día 17 de febrero de 2014, a las 23:45 hrs. en el barrio Tlaxcala, San Cristóbal de Las Casas, dos jóvenes mayas de los pueblos tseltal y tsotsil, fueron detenidos con tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, por tres elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas.

Con insultos: “por dónde vives indígena ignorante”, con puñetazos en la cara, golpes y patadas los subieron en la góndola de la patrulla No. PC-053; una vez arriba, esposados, nuevamente golpeados a patadas, con puños y uso de tolete por todo el trayecto hasta las instalaciones policiacas, por un tiempo de aproximadamente cinco minutos. Durante todo el recorrido eran humillados con palabras: “me gusta quebrar dientes, éste va a ser el tercero […] ahora sí te quejas pinche indígena […] ¿qué, vas a llamar a tus compañeros indígenas?”.

Una vez en las instalaciones policiacas no les permitieron comunicarse con sus familiares y, a uno de ellos, mientras protestaba por las agresiones, le proporcionaron dos puñetazos en la cara. Con heridas en el rostro y dolores en el cuerpo, debido a los golpes recibidos, no se les dio asistencia médica, les tomaron las fotos, huellas digitales y, a las 00:20 hrs. del 18 de febrero de 2014, los encerraron en las celdas para ponerlos en libertad el día miércoles 19 de febrero de 2014 a las 12:20 hrs.

Según los testimonios recibidos y la información documentada por este Centro de Derechos Humanos los dos jóvenes fueron sometidos a tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, violentándoles sus derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, seguridad ciudadana, a la honra y a la dignidad, a la no discriminación contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos: 1°, 5°, 7°,11°, 14° y 24° además de otros Convenios y Tratados Internacionales promovidos, firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Por lo antes mencionado, nos preocupa que elementos de las policías municipales, de las fuerzas de seguridad pública y protección ciudadana y de las policías ministeriales actúan en Chiapas, de manera desproporcionada, arbitraria, impune y con tratos crueles inhumanos y degradantes, así como lo hemos venido documentando.1

Lo anterior contradice lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que – aun calificados legales – puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.2

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1 Véase: 2013, Boletín No. 34 Uso desproporcionado de la fuerza pública en operativo policiaco en contra de productores de maíz, disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/131127_boletin_34_operativo_contra_productores.pdf; Boletín No. 25, Policías estatales privan arbitrariamente de la libertad a integrantes de la ONPP y a sus familiares, disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/130905_boletin_25_pal_onpp.pdf; Boletín No. 16, Tortura y uso desproporcionado de la fuerza pública en operativo policiaco durante el XXVI Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 7, disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/130705_boletin_16_bloque_democratico.pdf

2 Corte Interamericana de Derechos, caso Gangaram Panday (Fondo), párr. 47.