viernes, 18 de abril de 2008
MUJERES SIN MIEDO III
por Laura Itzel Castillo
(publicado en El Gráfico el 16 de abril de 2008)
La resistencia civil pacífica en defensa del petróleo tiene voz y rostro de mujer. Se lo expliqué a un reportero del diario The Financial Times que, asombrado, preguntaba si no teníamos temor. Él no lo sabía, pero la respuesta ya había sido coreada por miles de voces: “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”.
El periodista, después de escuchar las razones de este movimiento y una explicación amplia de la participación femenina, tuvo que admitir que se trataba de una “estrategia inteligente”, aunque quizá no lo consigne en su nota.
Ahora bien, ¿por qué el asombro? Quizá porque en México la igualdad jurídica entre hombres y mujeres es algo reciente: 1974. Hasta ese año, cuando se modificó el artículo cuarto de la Constitución , éramos legalmente seres inferiores y algunos hombres así lo creían. Y, claro, actuaban en consecuencia.
Tal como lo señalé en la anterior columna, la lucha femenina por su emancipación registró importantes episodios en Europa durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX, pero en México no encontramos reivindicaciones como aquéllas, a pesar de la importante participación de la mujer durante la Independencia , las intervenciones extranjeras y sobre todo la Revolución. La explicación quizá se localice en la rígida estructura social, caracterizada por un fuerte control religioso que promovía la sumisión de la mujer al hombre. Incluso en las filas liberales persistía este prejuicio. Baste recordar la famosa Epístola de Melchor Ocampo, que obligadamente leía el juez —y algunos lo siguen haciendo— en cada matrimonio civil.
Aún más: los derechos femeninos ni siquiera se discutieron en los Constituyentes de 1824 y 1857. En la Ley Orgánica Electoral de la Constitución de 1857, por ejemplo, se especificaba que los estafadores y ebrios no tenían derecho al voto, en tanto que se obviaba mencionar a las mujeres. Solamente Ignacio Ramírez planteó la necesidad de reconocer los derechos sociales de las mujeres, sin embargo esto no fue aprobado.
Hay que recordar que no solamente no estuvimos contempladas como sujetos políticos, sino que la subordinación de género se profundizó con una serie de reordenamientos de los derechos femeninos. Tal fue el caso de las reformas al Código Civil llevadas a cabo en 1870 y ampliadas en 1884, donde quedaba asentado que las mujeres, al casarse, perdían la capacidad para litigar, contratar y enajenar sus propiedades.
Fue hasta el siglo XX cuando las luchas femeninas por sus derechos ciudadanos adquirieron mayor fuerza, y que poco a poco hemos ido ganando espacios para hacernos visibles con nuestra participación.
Concluyo por hoy: que no se subestime nuestro papel de vanguardia en esta lucha, porque los incrédulos pueden llevarse muchas sorpresas. Continúo con el tema la próxima semana.
(publicado en El Gráfico el 16 de abril de 2008)
La resistencia civil pacífica en defensa del petróleo tiene voz y rostro de mujer. Se lo expliqué a un reportero del diario The Financial Times que, asombrado, preguntaba si no teníamos temor. Él no lo sabía, pero la respuesta ya había sido coreada por miles de voces: “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”.
El periodista, después de escuchar las razones de este movimiento y una explicación amplia de la participación femenina, tuvo que admitir que se trataba de una “estrategia inteligente”, aunque quizá no lo consigne en su nota.
Ahora bien, ¿por qué el asombro? Quizá porque en México la igualdad jurídica entre hombres y mujeres es algo reciente: 1974. Hasta ese año, cuando se modificó el artículo cuarto de la Constitución , éramos legalmente seres inferiores y algunos hombres así lo creían. Y, claro, actuaban en consecuencia.
Tal como lo señalé en la anterior columna, la lucha femenina por su emancipación registró importantes episodios en Europa durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX, pero en México no encontramos reivindicaciones como aquéllas, a pesar de la importante participación de la mujer durante la Independencia , las intervenciones extranjeras y sobre todo la Revolución. La explicación quizá se localice en la rígida estructura social, caracterizada por un fuerte control religioso que promovía la sumisión de la mujer al hombre. Incluso en las filas liberales persistía este prejuicio. Baste recordar la famosa Epístola de Melchor Ocampo, que obligadamente leía el juez —y algunos lo siguen haciendo— en cada matrimonio civil.
Aún más: los derechos femeninos ni siquiera se discutieron en los Constituyentes de 1824 y 1857. En la Ley Orgánica Electoral de la Constitución de 1857, por ejemplo, se especificaba que los estafadores y ebrios no tenían derecho al voto, en tanto que se obviaba mencionar a las mujeres. Solamente Ignacio Ramírez planteó la necesidad de reconocer los derechos sociales de las mujeres, sin embargo esto no fue aprobado.
Hay que recordar que no solamente no estuvimos contempladas como sujetos políticos, sino que la subordinación de género se profundizó con una serie de reordenamientos de los derechos femeninos. Tal fue el caso de las reformas al Código Civil llevadas a cabo en 1870 y ampliadas en 1884, donde quedaba asentado que las mujeres, al casarse, perdían la capacidad para litigar, contratar y enajenar sus propiedades.
Fue hasta el siglo XX cuando las luchas femeninas por sus derechos ciudadanos adquirieron mayor fuerza, y que poco a poco hemos ido ganando espacios para hacernos visibles con nuestra participación.
Concluyo por hoy: que no se subestime nuestro papel de vanguardia en esta lucha, porque los incrédulos pueden llevarse muchas sorpresas. Continúo con el tema la próxima semana.
REFORMA SIN CONVICCIÓN
REFORMA SIN CONVICCIÓN
por Rogelio Ramírez de la O
(publicado en El Universal el 16 de abril de 2008)
Lo peor que puede ocurrir a una organización, y más a un gobierno, es ser ambiguo en las soluciones que plantea a los problemas según su diagnóstico. Y esto ha ocurrido en el caso de la reforma energética recientemente propuesta. Después de un largo diagnóstico y de insistir en la rigidez del marco regulatorio, el gobierno no se atrevió a proponer cambios a la Constitución.
Y al mismo tiempo intenta una apertura al sector privado. Esto deja atrapada su propuesta entre su propia retórica de “fortalecer a Pemex” y medidas que ceden renglones de producción de Pemex al sector privado. El resultado: pronto comprobaremos que los inversionistas y empresarios que hubieran estado interesados en participar en la exploración se quejen por la falta de cambios constitucionales. Y, por otra parte, quienes quieren una industria petrolera nacional e integrada se quejen de que no se respete la Constitución y se impulse el gradual desplazamiento de Pemex por las empresas privadas.
El gobierno quedará mal con los dos grupos. A los empresarios no les ofrecerá certidumbre jurídica. Y los grupos nacionalistas se opondrán a que Pemex ceda refinación, transporte o distribución de productos o que firme contratos con empresas privadas con pagos variables y precio indeterminado por sus servicios. Pues si no saben cuánto van a cobrar, hay un riesgo; y si hay un riesgo, es un contrato de riesgo.
Si lo que se quiere es que el inversionista privado cubra sus propios gastos y cobre según el fruto de sus éxitos en la exploración, no se debe usar el lenguaje ambiguo de “acompañamiento”, “asociación” o “alianza” que los funcionarios utilizan. Deberían en cambio modificar no sólo el artículo 27, sino también el 25, que indica que las actividades estratégicas sólo pueden estar a cargo del Estado. Como el petróleo es estratégico, según el artículo 28, el gobierno se impuso una misión imposible.
Lo anterior sugiere no sólo indecisión y falta de convicción, irónicamente requisitos esenciales para cualquier reforma estructural. Desde luego que toda reforma es muy difícil y tiene costos altos, pero si no se quiere incurrir en ellos, no se justifica haber insistido durante tanto tiempo en el tema de las reformas estructurales. Gratis no van a llegar.
Una implicación es que alguien tiene que llenar los huecos que el gobierno deja vacíos. Un candidato es el senador Manlio Fabio Beltrones, quien debe convencer a su bancada en el PRI de que el cambio en la ley secundaria cumple con la Constitución y además fortalece a Pemex. El otro es la Suprema Corte , a donde llegarán las controversias constitucionales.
Paradójicamente esto implica un desgaste extremo para estas instituciones. En el caso de la Suprema Corte , por ser árbitro en un asunto de la mayor trascendencia, cuando ya ha puesto su reputación en entredicho, entre otros asuntos, al exonerar al gobernador Mario Marín. Complacer al gobierno en este punto la expondría a quedar en una situación aún más precaria.
La retórica de “fortalecer a Pemex” no pasa la prueba, según las encuestas de María de las Heras, por numerosas causas. Una es que los problemas descritos por el gobierno en su gran mayoría son operativos de Pemex, cuando las iniciativas descansan sobre todo en cambios jurídicos y administrativos. Si Pemex es ineficiente en la refinación de petróleo y por ello pierde dinero, pasar esta actividad al sector privado no ataca el problema de su ineficiencia.
Si se atacara el problema operativo es muy probable que se lograran resolver no sólo los problemas de Pemex, sino hasta los del gobierno mismo. Claro, esto requeriría atacar sin excepciones la corrupción.
Otras iniciativas crean expectativas, pero no resuelven mucho. La supuesta mayor disponibilidad de recursos para Pemex queda sujeta a que cumpla con una meta de superávit, es decir, que tenga sobrantes de efectivo pero no los pueda gastar. El Congreso y sobre todo el PRI tienen una papa caliente en sus manos.
por Rogelio Ramírez de la O
(publicado en El Universal el 16 de abril de 2008)
Lo peor que puede ocurrir a una organización, y más a un gobierno, es ser ambiguo en las soluciones que plantea a los problemas según su diagnóstico. Y esto ha ocurrido en el caso de la reforma energética recientemente propuesta. Después de un largo diagnóstico y de insistir en la rigidez del marco regulatorio, el gobierno no se atrevió a proponer cambios a la Constitución.
Y al mismo tiempo intenta una apertura al sector privado. Esto deja atrapada su propuesta entre su propia retórica de “fortalecer a Pemex” y medidas que ceden renglones de producción de Pemex al sector privado. El resultado: pronto comprobaremos que los inversionistas y empresarios que hubieran estado interesados en participar en la exploración se quejen por la falta de cambios constitucionales. Y, por otra parte, quienes quieren una industria petrolera nacional e integrada se quejen de que no se respete la Constitución y se impulse el gradual desplazamiento de Pemex por las empresas privadas.
El gobierno quedará mal con los dos grupos. A los empresarios no les ofrecerá certidumbre jurídica. Y los grupos nacionalistas se opondrán a que Pemex ceda refinación, transporte o distribución de productos o que firme contratos con empresas privadas con pagos variables y precio indeterminado por sus servicios. Pues si no saben cuánto van a cobrar, hay un riesgo; y si hay un riesgo, es un contrato de riesgo.
Si lo que se quiere es que el inversionista privado cubra sus propios gastos y cobre según el fruto de sus éxitos en la exploración, no se debe usar el lenguaje ambiguo de “acompañamiento”, “asociación” o “alianza” que los funcionarios utilizan. Deberían en cambio modificar no sólo el artículo 27, sino también el 25, que indica que las actividades estratégicas sólo pueden estar a cargo del Estado. Como el petróleo es estratégico, según el artículo 28, el gobierno se impuso una misión imposible.
Lo anterior sugiere no sólo indecisión y falta de convicción, irónicamente requisitos esenciales para cualquier reforma estructural. Desde luego que toda reforma es muy difícil y tiene costos altos, pero si no se quiere incurrir en ellos, no se justifica haber insistido durante tanto tiempo en el tema de las reformas estructurales. Gratis no van a llegar.
Una implicación es que alguien tiene que llenar los huecos que el gobierno deja vacíos. Un candidato es el senador Manlio Fabio Beltrones, quien debe convencer a su bancada en el PRI de que el cambio en la ley secundaria cumple con la Constitución y además fortalece a Pemex. El otro es la Suprema Corte , a donde llegarán las controversias constitucionales.
Paradójicamente esto implica un desgaste extremo para estas instituciones. En el caso de la Suprema Corte , por ser árbitro en un asunto de la mayor trascendencia, cuando ya ha puesto su reputación en entredicho, entre otros asuntos, al exonerar al gobernador Mario Marín. Complacer al gobierno en este punto la expondría a quedar en una situación aún más precaria.
La retórica de “fortalecer a Pemex” no pasa la prueba, según las encuestas de María de las Heras, por numerosas causas. Una es que los problemas descritos por el gobierno en su gran mayoría son operativos de Pemex, cuando las iniciativas descansan sobre todo en cambios jurídicos y administrativos. Si Pemex es ineficiente en la refinación de petróleo y por ello pierde dinero, pasar esta actividad al sector privado no ataca el problema de su ineficiencia.
Si se atacara el problema operativo es muy probable que se lograran resolver no sólo los problemas de Pemex, sino hasta los del gobierno mismo. Claro, esto requeriría atacar sin excepciones la corrupción.
Otras iniciativas crean expectativas, pero no resuelven mucho. La supuesta mayor disponibilidad de recursos para Pemex queda sujeta a que cumpla con una meta de superávit, es decir, que tenga sobrantes de efectivo pero no los pueda gastar. El Congreso y sobre todo el PRI tienen una papa caliente en sus manos.
La crisis institucional
Luis Javier Garrido
La crisis institucional
El proyecto de contrarreforma petrolera constituye una exigencia de Felipe Calderón al Congreso para que apruebe una seudo legislación secundaria abiertamente violatoria de la Constitución, que le permita al gobierno de facto abrir vías metalegales para que las grandes corporaciones trasnacionales se apoderen de la industria petrolera mexicana, y de paso las mafias salinista y calderonista puedan hacer el negocio del siglo empobreciendo sin límites a la nación, todo ello bajo el supuesto de que no puede haber una respuesta del pueblo mexicano. Las cosas no le han resultado, sin embargo, tan fáciles.
1. La grave crisis institucional que se ha abierto en el país por esa intentona del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón de entregar el petróleo mexicano a diversas empresas extranjeras luego de cambios seudo legales implementados fast track por el Poder Legislativo –y que con justicia ha sido calificada de golpista, pues busca destruir la esencia de la Constitución mexicana, llevando al pueblo mexicano a un desastre económico inimaginable–, se ha agravado por la intransigencia panista a abrir un amplio y sereno debate nacional y amenaza ya al futuro del propio régimen de facto sin que sus responsables parezcan darse cuenta de ello.
2. El gobierno espurio, teniendo como su principal operador al corrupto traficante de influencias extranjero Juan Camilo Mouriño –quien a pesar de las evidencias de los actos ilegales que ha cometido para enriquecerse desde el poder con contratos en materia energética sigue en el cargo de secretario de Gobernación–, creyó que le bastaba con efectuar una serie de acuerdos a espaldas del país para luego poder recurrir tanto a los viejos mecanismos de corrupción, a fin de subordinar a los legisladores indecisos, como a una vasta campaña fascistoide de desinformación, para confundir a los mexicanos, pero no le están saliendo las cosas.
3. El pueblo mexicano, agraviado como nunca por las mentiras de Felipe Calderón, quien pretende tratarlo como ignorante al anunciarle beneficios sin límites y ofrecerle unos bonos que son indignidad, pues buscan encubrir la venta del principal recurso estratégico del país, está reaccionando en toda la República y manifestándose en el Movimiento en Defensa del Petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, mediante una serie de actos de resistencia civil pacífica que están evidenciando la falta de representatividad y de legitimidad de las actuales instituciones pervertidas por los panistas.
4. El paquete de contrarreformas legales en materia petrolera que el gobierno de facto hizo llegar al Senado de la República es una vergüenza para México, pues supone no nada más “algunas medidas privatizadoras”, como pretenden quienes le hacen de comparsas al gobierno. Es una trampa para desmantelar por la vía de los hechos la Constitución mexicana y terminar con el principio sustentado en los artículos 27 y 28 que determina la exclusividad del Estado en el manejo de los recursos petroleros nacionales, pues busca entregar por completo a las multinacionales la exploración, la explotación del petróleo, así como la petroquímica y la transportación a las multinacionales. Implica no únicamente un aceleramiento del proceso de privatización de la empresa estatal Pemex, que es patrimonio de los mexicanos, sino la creación de una industria petrolera privada paralela que se adueñe de ese sector estratégico del país.
5. La indigna propuesta constituye no una supuesta serie de cambios a la organización de Pemex, como se pretende, sino un trastocamiento del marco constitucional derivado de la Revolución Mexicana, al cambiar leyes secundarias para terminar con el principio de la soberanía nacional y modificar la naturaleza del Estado, cancelando lo que queda del proyecto nacional y conduciendo a un empobrecimiento sin límites del país, que empezaría a perder su principal fuente de recursos al imponerse ya sin límites el depredador modelo neoliberal, y está siendo entendida, por lo mismo, como un acto de traición a la patria.
6. Una reforma legal debe entenderse en función de sus objetivos fundamentales, y ésta que busca pasar ilegalmente por sobre los principios centrales de la Constitución Mexicana, y que lleva incluso a pretender entregar el control estratégico del Golfo de México a las trasnacionales, tornando a México en un objetivo militar para Washington, no deja lugar a dudas: busca abrir la vía para llegar a un completo desmantelamiento del Estado mexicano.
7. La movilización social ha puesto de manifiesto la existencia de acuerdos secretos entre Carlos Salinas de Gortari, quien actúa en nombre del priísmo, y el gobierno panista de facto, para entregar la industria petrolera mexicana a la Shell, a la Exxon Mobil Corporation y a la Repsol-YPF, conforme lo reclama la agonizante administración Bush, pero también ha evidenciado la existencia de importantes resistencias a este acto de lesa traición a la patria en el interior del PRI, de la propia burocracia política, de los trabajadores petroleros del país que contribuyeron a edificar esta empresa y de las fuerzas armadas, a las que Calderón ha envilecido y desprestigiado como en pocos momentos de nuestra historia.
8. ¿A quien creerá entonces el gobierno de facto que puede engañar con su torpe campaña de embustes e insultos en los medios?
9. La crisis institucional abierta por el violento intento de atraco del gobierno espurio de Calderón al pretender entregar a las trasnacionales el patrimonio de la nación tras un debate simulado, podría empezar a tener, sin embargo, una salida de aceptar el binomio PAN-PRI un verdadero debate nacional, amplio y sin prisas, en los términos que le han planteado los legisladores de la oposición; de acordarse modificar la Constitución para que en lo sucesivo las grandes reformas sean hechas vía referendo, como propuso el FAP el día 16; y terminando con la onerosa campaña de desinformación y de odio de Calderón en los medios, que sólo evidencia su desesperación y su falta de respaldo social.
10. La indignación nacional es ya muy grande y este intento depredador está concitando una movilización popular en defensa de la nación y en contra del gobierno entreguista que no tiene precedentes, y que debería ser entendida por las mafias en el poder.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/18/index.php?section=opinion&article=027a1pol
La crisis institucional
El proyecto de contrarreforma petrolera constituye una exigencia de Felipe Calderón al Congreso para que apruebe una seudo legislación secundaria abiertamente violatoria de la Constitución, que le permita al gobierno de facto abrir vías metalegales para que las grandes corporaciones trasnacionales se apoderen de la industria petrolera mexicana, y de paso las mafias salinista y calderonista puedan hacer el negocio del siglo empobreciendo sin límites a la nación, todo ello bajo el supuesto de que no puede haber una respuesta del pueblo mexicano. Las cosas no le han resultado, sin embargo, tan fáciles.
1. La grave crisis institucional que se ha abierto en el país por esa intentona del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón de entregar el petróleo mexicano a diversas empresas extranjeras luego de cambios seudo legales implementados fast track por el Poder Legislativo –y que con justicia ha sido calificada de golpista, pues busca destruir la esencia de la Constitución mexicana, llevando al pueblo mexicano a un desastre económico inimaginable–, se ha agravado por la intransigencia panista a abrir un amplio y sereno debate nacional y amenaza ya al futuro del propio régimen de facto sin que sus responsables parezcan darse cuenta de ello.
2. El gobierno espurio, teniendo como su principal operador al corrupto traficante de influencias extranjero Juan Camilo Mouriño –quien a pesar de las evidencias de los actos ilegales que ha cometido para enriquecerse desde el poder con contratos en materia energética sigue en el cargo de secretario de Gobernación–, creyó que le bastaba con efectuar una serie de acuerdos a espaldas del país para luego poder recurrir tanto a los viejos mecanismos de corrupción, a fin de subordinar a los legisladores indecisos, como a una vasta campaña fascistoide de desinformación, para confundir a los mexicanos, pero no le están saliendo las cosas.
3. El pueblo mexicano, agraviado como nunca por las mentiras de Felipe Calderón, quien pretende tratarlo como ignorante al anunciarle beneficios sin límites y ofrecerle unos bonos que son indignidad, pues buscan encubrir la venta del principal recurso estratégico del país, está reaccionando en toda la República y manifestándose en el Movimiento en Defensa del Petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, mediante una serie de actos de resistencia civil pacífica que están evidenciando la falta de representatividad y de legitimidad de las actuales instituciones pervertidas por los panistas.
4. El paquete de contrarreformas legales en materia petrolera que el gobierno de facto hizo llegar al Senado de la República es una vergüenza para México, pues supone no nada más “algunas medidas privatizadoras”, como pretenden quienes le hacen de comparsas al gobierno. Es una trampa para desmantelar por la vía de los hechos la Constitución mexicana y terminar con el principio sustentado en los artículos 27 y 28 que determina la exclusividad del Estado en el manejo de los recursos petroleros nacionales, pues busca entregar por completo a las multinacionales la exploración, la explotación del petróleo, así como la petroquímica y la transportación a las multinacionales. Implica no únicamente un aceleramiento del proceso de privatización de la empresa estatal Pemex, que es patrimonio de los mexicanos, sino la creación de una industria petrolera privada paralela que se adueñe de ese sector estratégico del país.
5. La indigna propuesta constituye no una supuesta serie de cambios a la organización de Pemex, como se pretende, sino un trastocamiento del marco constitucional derivado de la Revolución Mexicana, al cambiar leyes secundarias para terminar con el principio de la soberanía nacional y modificar la naturaleza del Estado, cancelando lo que queda del proyecto nacional y conduciendo a un empobrecimiento sin límites del país, que empezaría a perder su principal fuente de recursos al imponerse ya sin límites el depredador modelo neoliberal, y está siendo entendida, por lo mismo, como un acto de traición a la patria.
6. Una reforma legal debe entenderse en función de sus objetivos fundamentales, y ésta que busca pasar ilegalmente por sobre los principios centrales de la Constitución Mexicana, y que lleva incluso a pretender entregar el control estratégico del Golfo de México a las trasnacionales, tornando a México en un objetivo militar para Washington, no deja lugar a dudas: busca abrir la vía para llegar a un completo desmantelamiento del Estado mexicano.
7. La movilización social ha puesto de manifiesto la existencia de acuerdos secretos entre Carlos Salinas de Gortari, quien actúa en nombre del priísmo, y el gobierno panista de facto, para entregar la industria petrolera mexicana a la Shell, a la Exxon Mobil Corporation y a la Repsol-YPF, conforme lo reclama la agonizante administración Bush, pero también ha evidenciado la existencia de importantes resistencias a este acto de lesa traición a la patria en el interior del PRI, de la propia burocracia política, de los trabajadores petroleros del país que contribuyeron a edificar esta empresa y de las fuerzas armadas, a las que Calderón ha envilecido y desprestigiado como en pocos momentos de nuestra historia.
8. ¿A quien creerá entonces el gobierno de facto que puede engañar con su torpe campaña de embustes e insultos en los medios?
9. La crisis institucional abierta por el violento intento de atraco del gobierno espurio de Calderón al pretender entregar a las trasnacionales el patrimonio de la nación tras un debate simulado, podría empezar a tener, sin embargo, una salida de aceptar el binomio PAN-PRI un verdadero debate nacional, amplio y sin prisas, en los términos que le han planteado los legisladores de la oposición; de acordarse modificar la Constitución para que en lo sucesivo las grandes reformas sean hechas vía referendo, como propuso el FAP el día 16; y terminando con la onerosa campaña de desinformación y de odio de Calderón en los medios, que sólo evidencia su desesperación y su falta de respaldo social.
10. La indignación nacional es ya muy grande y este intento depredador está concitando una movilización popular en defensa de la nación y en contra del gobierno entreguista que no tiene precedentes, y que debería ser entendida por las mafias en el poder.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/18/index.php?section=opinion&article=027a1pol
En el PRD-DF, sonar de tambores de una guerra que ya empezó
Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez
ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com
■ En el PRD-DF, sonar de tambores de una guerra que ya empezó
■ Cada tribu marcó su destino
Podríamos decir que lo que pasó este miércoles en el PRD del Distrito Federal puede pasar hasta en las mejores familias, pero esto no sería más que ignorar que debajo de su punta, el iceberg esconde una guerra que ya explotó.
Pronosticar un estallido de violencia entre las tribus perredistas en constante enfrentamiento verbal (hasta el miércoles), no era suerte de adivinos. Conforme los días y los sucesos se han venido dando, los ánimos se han crispado. Las posturas políticas, tanto de un lado como del otro, se fueron alejando por más que las coyunturas los quieran juntar.
Luego del fraude de 2006 –que el periodismo de mercado sigue negando–, las posturas se fueron alineando. Quienes, pese a la imposición, mostraron firmeza en sus convicciones, se ataron al proyecto de Andrés Manuel López Obrador para buscar un cambio real en la forma de gobernar y hacer política en el país.
Otros tomaron el hacha y golpearon el árbol que suponían a punto de caer. El periodismo de mercado los premió con horas y horas de presencia en televisión y radio, pero su fuerza no fue suficiente. Nada que les conviniera o estuviera dentro de su estrategia se manifestó como esperaban.
Y fue el repudio de la masa perredista lo que les llenó de sarpullido el cuerpo. Ninguno de ellos, por más entrevistas y comentarios que difundieran los medios masivos a su favor, contrarrestó el juicio de la plaza pública que los condenó. Dejaron de ser extraños en su partido para convertirse en enemigos de su militancia.
Luego, en un acto que muy pocos podrían imaginar, Marcelo Ebrard asistió, corriendo todos los riesgos políticos que ello implicaba, a la inauguración del nuevo edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde lo reconocieron como un político que lucha al lado de la izquierda, y él se situó, sin temores, en ese carril por donde se niega a transitar el grupo que privilegia el acuerdo vergonzante, el beneficio mínimo por la entrega toda.
Entonces ya no hubo vuelta atrás. Cada uno con su propio destino. Marcelo hizo más profundas las diferencias, quemó las naves. El golpe se sintió de inmediato en la Asamblea Legislativa de la capital, donde los representantes del entreguismo empezaron a hacer maletas para mudarse de partido, o cuando menos lanzar la amenaza de que lo harían.
Y ya con el escenario listo, cuando en el PRD del DF se quisieron contar los votos de la elección pasada para saber el número de consejeros y congresistas estatales, estalló la violencia, y fueron los pacíficos, los que niegan como estrategia la toma de las tribunas por considerarla violenta, los que se fueron a golpes en contra de quienes no se ajustan al gusto del periodismo de mercado para defender, por ejemplo, el petróleo en manos del Estado.
Un militante fue al hospital, el escándalo se hizo mayúsculo y mostró el grado de división, o ruptura, que existe en ese partido, donde no parece haber ninguna otra solución que no sea la salida de uno de los dos grupos en pugna de la organización.
Ahora lo que queda es saber quién se va a quedar con el PRD. Los que requieren de la fuerza pública para cuidarse hasta de su propia militancia y sólo se sienten seguros frente a un micrófono, o los que, sin importar los ataques mediáticos, buscan, por todos los frentes, impedir la injusticia. Eso, pronto se resolverá.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/18/index.php?section=opinion&article=042o1cap
Miguel Ángel Velázquez
ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com
■ En el PRD-DF, sonar de tambores de una guerra que ya empezó
■ Cada tribu marcó su destino
Podríamos decir que lo que pasó este miércoles en el PRD del Distrito Federal puede pasar hasta en las mejores familias, pero esto no sería más que ignorar que debajo de su punta, el iceberg esconde una guerra que ya explotó.
Pronosticar un estallido de violencia entre las tribus perredistas en constante enfrentamiento verbal (hasta el miércoles), no era suerte de adivinos. Conforme los días y los sucesos se han venido dando, los ánimos se han crispado. Las posturas políticas, tanto de un lado como del otro, se fueron alejando por más que las coyunturas los quieran juntar.
Luego del fraude de 2006 –que el periodismo de mercado sigue negando–, las posturas se fueron alineando. Quienes, pese a la imposición, mostraron firmeza en sus convicciones, se ataron al proyecto de Andrés Manuel López Obrador para buscar un cambio real en la forma de gobernar y hacer política en el país.
Otros tomaron el hacha y golpearon el árbol que suponían a punto de caer. El periodismo de mercado los premió con horas y horas de presencia en televisión y radio, pero su fuerza no fue suficiente. Nada que les conviniera o estuviera dentro de su estrategia se manifestó como esperaban.
Y fue el repudio de la masa perredista lo que les llenó de sarpullido el cuerpo. Ninguno de ellos, por más entrevistas y comentarios que difundieran los medios masivos a su favor, contrarrestó el juicio de la plaza pública que los condenó. Dejaron de ser extraños en su partido para convertirse en enemigos de su militancia.
Luego, en un acto que muy pocos podrían imaginar, Marcelo Ebrard asistió, corriendo todos los riesgos políticos que ello implicaba, a la inauguración del nuevo edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde lo reconocieron como un político que lucha al lado de la izquierda, y él se situó, sin temores, en ese carril por donde se niega a transitar el grupo que privilegia el acuerdo vergonzante, el beneficio mínimo por la entrega toda.
Entonces ya no hubo vuelta atrás. Cada uno con su propio destino. Marcelo hizo más profundas las diferencias, quemó las naves. El golpe se sintió de inmediato en la Asamblea Legislativa de la capital, donde los representantes del entreguismo empezaron a hacer maletas para mudarse de partido, o cuando menos lanzar la amenaza de que lo harían.
Y ya con el escenario listo, cuando en el PRD del DF se quisieron contar los votos de la elección pasada para saber el número de consejeros y congresistas estatales, estalló la violencia, y fueron los pacíficos, los que niegan como estrategia la toma de las tribunas por considerarla violenta, los que se fueron a golpes en contra de quienes no se ajustan al gusto del periodismo de mercado para defender, por ejemplo, el petróleo en manos del Estado.
Un militante fue al hospital, el escándalo se hizo mayúsculo y mostró el grado de división, o ruptura, que existe en ese partido, donde no parece haber ninguna otra solución que no sea la salida de uno de los dos grupos en pugna de la organización.
Ahora lo que queda es saber quién se va a quedar con el PRD. Los que requieren de la fuerza pública para cuidarse hasta de su propia militancia y sólo se sienten seguros frente a un micrófono, o los que, sin importar los ataques mediáticos, buscan, por todos los frentes, impedir la injusticia. Eso, pronto se resolverá.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/18/index.php?section=opinion&article=042o1cap
Nuevamente se pide apoyo
Amigos y amigas:
De nuevo hace falta reforzar la presencia de las brigadas en el cerco al senado. A los que tienen blogs les pido posteén este anuncio, y a los demas, pues que vayan o pasen la voz a los conocidos que quieran sumarse.
Gracias!
Visítanos nuestro blog es para contrarrestar el cerco informativo
http://resistenciahastaelfin.blogspot.com/
De nuevo hace falta reforzar la presencia de las brigadas en el cerco al senado. A los que tienen blogs les pido posteén este anuncio, y a los demas, pues que vayan o pasen la voz a los conocidos que quieran sumarse.
Gracias!
Visítanos nuestro blog es para contrarrestar el cerco informativo
http://resistenciahastaelfin.blogspot.com/
Psicólogos debaten sobre la tortura
Publicado el 9 de Abril de 2008
Por Amy Goodman
El año pasado, el Doctor Steven Reisner y otros psicólogos conformaron la Coalición por una Psicología Ética en contra de la participación de miembros de la Asociación Estadounidense de Psicología en interrogatorios agresivos. Este año, Reisner recibió el mayor número de votos en la nominación para la presidencia de la APA. Se opone al uso de psicólogos para supervisar interrogatorios abusivos realizados a presos de Guantánamo, de las prisiones secretas de la CIA o de cualquier otro lugar donde se alegue que la Convención de Ginebra es irrelevante.
Imaginen a un candidato a presidente a quien, hace un año, nadie habría considerado con posibilidades para ser elegido. Ahora esa persona es el principal candidato, con un enorme apoyo de las organizaciones de base, y amenaza el sentido de inevitabilidad que poseen los candidatos del establishment. No, no estoy hablando de la disputa electoral por la presidencia de EE.UU., sino de la candidatura a la presidencia de la mayor asociación de psicólogos del mundo, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés). En el centro mismo de la elección se libra un feroz debate sobre la tortura y los interrogatorios. Mientras que las otras profesiones relacionadas con la salud, incluyendo a la Asociación Médica Estadounidense (AMA, por sus siglas en ingles) y a la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA, por sus siglas en ingles), prohíben a sus miembros participar en interrogatorios, la dirigencia de la APA ha luchado contra esa restricción.
Frustrado con la postura de la APA, un psicoanalista de Nueva York, el Doctor Steven Reisner, se ha lanzado a la palestra. El año pasado, Reisner y otros psicólogos disidentes conformaron la Coalition for an Ethical Psychology (Coalición por una Psicología Ética) en un intento de forzar una moratoria contra la participación de miembros de la APA en interrogatorios agresivos. Durante la fase inicial del proceso electoral de este año, Reisner recibió el mayor número de votos para la nominación a la presidencia de la asociación. Está al frente de una plataforma que se opone al uso de psicólogos para supervisar interrogatorios abusivos y coercitivos realizados a prisioneros de Guantánamo, de las prisiones secretas de la CIA o de cualquier otro lugar en el que se asuma que no se aplican las leyes internacionales ni la Convención de Ginebra.
El tema llegó a su punto más álgido en la convención anual de la APA de 2007. Tras días de negociaciones hasta entrada la madrugada, la propuesta de moratoria llegó a una votación determinante. En ese momento, se vivió una escena surrealista en la sede de la convención: militares uniformados habían acudido en masa. Hombres y mujeres vestidos con camuflajes para el desierto y miembros de la Marina de blanco impecable se acercaron para influir sobre el Consejo de Representantes de la APA, y oficiales vestidos con relucientes uniformes de gala tomaron los micrófonos.
Los psicólogos del Ejército insistieron en que ayudan a que los interrogatorios sean seguros, éticos y legales, y citaron casos en los que los psicólogos presuntamente intervinieron para impedir abusos. “Si retiramos a los psicólogos de estos lugares, ¡va a morir gente!” gritó alarmado el Coronel Larry James, del Ejército de EE.UU., psicólogo jefe de la base de la Bahía de Guantánamo y miembro del Consejo Directivo de la APA. La Dra. Laurie Wagner, una psicóloga de Dallas, contraatacó: “Si hacen falta psicólogos allí para que los detenidos no acaben muertos, entonces las condiciones son tan horrendas que lo único ético y moral que se puede hacer es protestar contra ello saliendo de allí”.
La moratoria no logró ser aprobada, y en lugar de ello se aprobó una resolución lavada, que describía 19 técnicas agresivas de interrogación que serían prohibidas, pero únicamente “si fueran usadas de forma que suponga un dolor o sufrimiento significativo o de manera que una persona razonable considerara que puediera provocar un daño duradero”. En otras palabras, este vacío legal te permite tratar mal a los detenidos, sólo no les causes daño permanente.
Inmediatamente tras la votación, Reisner habló ante una colmada asamblea: “Si no somos capaces de decir ‘No, no participaremos en interrogatorios agresivos en las prisiones secretas de la CIA’, creo que tenemos que preguntarnos seriamente qué es lo que somos como organización y, desde mi punto de vista, cuál es mi lealtad para con esta organización, o si tendremos que criticarla desde fuera de ella en este momento”.
Reisner y otros comenzaron a no pagar sus cuotas. Miembros prominentes de la APA renunciaron, y la autora del best-seller “Reviving Ophelia” (Revivir a Ofelia), Mary Pipher, devolvió el premio “Mención Presidencial” que le había entregado la APA. Tras varios meses de publicidad negativa y negociaciones internas, un comité de emergencia volvió a redactar aquella resolución, eliminando los vacíos legales y declarando la total prohibición de esas 19 técnicas de interrogación, tales como los simulacros de ejecución y el “submarino”.
Cuando pregunté al Dr. Reisner, hijo de sobrevivientes del Holocausto, por qué quería dirigir la organización contra la que luchó durante varios años, me respondió: “Si tengo la oportunidad de cambiar las cosas, tengo la responsabilidad de hacerlo. Nunca había tenido la intención de involucrarme, pero la única forma de asegurarse de que esto cambie es reivindicar el proceso democrático en nombre de los derechos humanos y lajusticia social. Tenía la esperanza de que el rechazo masivo de los socios a pagar sus cuotas y las renuncias en masa avergonzarían a la APA lo suficiente como para que recuperara la sensatez. Les hizo dar un gran paso pero no fueron lo suficientemente lejos”.
Siguió explicándome: “Los estadounidenses están hartos de la reputación de torturador que tiene Estados Unidos , de gente que abusa de las personas detenidas. Los estadounidenses quieren que se restauren los valores en pos del cuidado de la salud en lugar de mantener los valores de la guerra. Creo que lo que ocurre en la APA debería indicar un camino para todo el país”.
La próxima reunión anual de la APA tendrá lugar este verano en Boston. Se espera que los interrogatorios sean el principal asunto que enfrente a los miembros de la asociación que se den cita allí. La votación definitiva para el cargo de presidente de la APA comienza en octubre. La APA y Estados Unidos decidirán quiénes serán sus próximos presidentes más o menos en la misma fecha. Un debate profundo sobre la tortura debería ser central en ambas elecciones.
————————————————————–
Amy Goodman es la presentadora de Democracy Now! (www.democracynow.org/es), noticiero internacional diario emitido por más de 700 emisoras de radio y TV en Estados Unidos y el mundo.
© 2008 Amy Goodman
Inglés: http://www.truthdig.com/report/item/20080409therealantitorture_president/
traducido por: Ángel Domínguez y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Por Amy Goodman
El año pasado, el Doctor Steven Reisner y otros psicólogos conformaron la Coalición por una Psicología Ética en contra de la participación de miembros de la Asociación Estadounidense de Psicología en interrogatorios agresivos. Este año, Reisner recibió el mayor número de votos en la nominación para la presidencia de la APA. Se opone al uso de psicólogos para supervisar interrogatorios abusivos realizados a presos de Guantánamo, de las prisiones secretas de la CIA o de cualquier otro lugar donde se alegue que la Convención de Ginebra es irrelevante.
Imaginen a un candidato a presidente a quien, hace un año, nadie habría considerado con posibilidades para ser elegido. Ahora esa persona es el principal candidato, con un enorme apoyo de las organizaciones de base, y amenaza el sentido de inevitabilidad que poseen los candidatos del establishment. No, no estoy hablando de la disputa electoral por la presidencia de EE.UU., sino de la candidatura a la presidencia de la mayor asociación de psicólogos del mundo, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés). En el centro mismo de la elección se libra un feroz debate sobre la tortura y los interrogatorios. Mientras que las otras profesiones relacionadas con la salud, incluyendo a la Asociación Médica Estadounidense (AMA, por sus siglas en ingles) y a la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA, por sus siglas en ingles), prohíben a sus miembros participar en interrogatorios, la dirigencia de la APA ha luchado contra esa restricción.
Frustrado con la postura de la APA, un psicoanalista de Nueva York, el Doctor Steven Reisner, se ha lanzado a la palestra. El año pasado, Reisner y otros psicólogos disidentes conformaron la Coalition for an Ethical Psychology (Coalición por una Psicología Ética) en un intento de forzar una moratoria contra la participación de miembros de la APA en interrogatorios agresivos. Durante la fase inicial del proceso electoral de este año, Reisner recibió el mayor número de votos para la nominación a la presidencia de la asociación. Está al frente de una plataforma que se opone al uso de psicólogos para supervisar interrogatorios abusivos y coercitivos realizados a prisioneros de Guantánamo, de las prisiones secretas de la CIA o de cualquier otro lugar en el que se asuma que no se aplican las leyes internacionales ni la Convención de Ginebra.
El tema llegó a su punto más álgido en la convención anual de la APA de 2007. Tras días de negociaciones hasta entrada la madrugada, la propuesta de moratoria llegó a una votación determinante. En ese momento, se vivió una escena surrealista en la sede de la convención: militares uniformados habían acudido en masa. Hombres y mujeres vestidos con camuflajes para el desierto y miembros de la Marina de blanco impecable se acercaron para influir sobre el Consejo de Representantes de la APA, y oficiales vestidos con relucientes uniformes de gala tomaron los micrófonos.
Los psicólogos del Ejército insistieron en que ayudan a que los interrogatorios sean seguros, éticos y legales, y citaron casos en los que los psicólogos presuntamente intervinieron para impedir abusos. “Si retiramos a los psicólogos de estos lugares, ¡va a morir gente!” gritó alarmado el Coronel Larry James, del Ejército de EE.UU., psicólogo jefe de la base de la Bahía de Guantánamo y miembro del Consejo Directivo de la APA. La Dra. Laurie Wagner, una psicóloga de Dallas, contraatacó: “Si hacen falta psicólogos allí para que los detenidos no acaben muertos, entonces las condiciones son tan horrendas que lo único ético y moral que se puede hacer es protestar contra ello saliendo de allí”.
La moratoria no logró ser aprobada, y en lugar de ello se aprobó una resolución lavada, que describía 19 técnicas agresivas de interrogación que serían prohibidas, pero únicamente “si fueran usadas de forma que suponga un dolor o sufrimiento significativo o de manera que una persona razonable considerara que puediera provocar un daño duradero”. En otras palabras, este vacío legal te permite tratar mal a los detenidos, sólo no les causes daño permanente.
Inmediatamente tras la votación, Reisner habló ante una colmada asamblea: “Si no somos capaces de decir ‘No, no participaremos en interrogatorios agresivos en las prisiones secretas de la CIA’, creo que tenemos que preguntarnos seriamente qué es lo que somos como organización y, desde mi punto de vista, cuál es mi lealtad para con esta organización, o si tendremos que criticarla desde fuera de ella en este momento”.
Reisner y otros comenzaron a no pagar sus cuotas. Miembros prominentes de la APA renunciaron, y la autora del best-seller “Reviving Ophelia” (Revivir a Ofelia), Mary Pipher, devolvió el premio “Mención Presidencial” que le había entregado la APA. Tras varios meses de publicidad negativa y negociaciones internas, un comité de emergencia volvió a redactar aquella resolución, eliminando los vacíos legales y declarando la total prohibición de esas 19 técnicas de interrogación, tales como los simulacros de ejecución y el “submarino”.
Cuando pregunté al Dr. Reisner, hijo de sobrevivientes del Holocausto, por qué quería dirigir la organización contra la que luchó durante varios años, me respondió: “Si tengo la oportunidad de cambiar las cosas, tengo la responsabilidad de hacerlo. Nunca había tenido la intención de involucrarme, pero la única forma de asegurarse de que esto cambie es reivindicar el proceso democrático en nombre de los derechos humanos y lajusticia social. Tenía la esperanza de que el rechazo masivo de los socios a pagar sus cuotas y las renuncias en masa avergonzarían a la APA lo suficiente como para que recuperara la sensatez. Les hizo dar un gran paso pero no fueron lo suficientemente lejos”.
Siguió explicándome: “Los estadounidenses están hartos de la reputación de torturador que tiene Estados Unidos , de gente que abusa de las personas detenidas. Los estadounidenses quieren que se restauren los valores en pos del cuidado de la salud en lugar de mantener los valores de la guerra. Creo que lo que ocurre en la APA debería indicar un camino para todo el país”.
La próxima reunión anual de la APA tendrá lugar este verano en Boston. Se espera que los interrogatorios sean el principal asunto que enfrente a los miembros de la asociación que se den cita allí. La votación definitiva para el cargo de presidente de la APA comienza en octubre. La APA y Estados Unidos decidirán quiénes serán sus próximos presidentes más o menos en la misma fecha. Un debate profundo sobre la tortura debería ser central en ambas elecciones.
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Amy Goodman es la presentadora de Democracy Now! (www.democracynow.org/es), noticiero internacional diario emitido por más de 700 emisoras de radio y TV en Estados Unidos y el mundo.
© 2008 Amy Goodman
Inglés: http://www.truthdig.com/report/item/20080409therealantitorture_president/
traducido por: Ángel Domínguez y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
“DARLE TIEMPO AL DEBATE Y NEGÁRSELO A LAS DESCALIFICACIONES”, PROPONE EL COMITÉ DE INTELECTUALES EN DEFENSA DEL PETRÓLEO
Al Poder Legislativo
A la opinión pública
Ante un triunfo de la civilidad, la saludable aceptación en el Congreso de la Unión de la propuesta del debate nacional del Frente Amplio Progresista sobre los temas energéticos, queda señalar algunas certidumbres y sugerencias:
El debate necesita el tiempo justo y el primer debate debe ser sobre cuál es el tiempo justo.
Estos días se han distinguido por sólidas y lamentables campañas de odio y por la personalización al extremo del conflicto. Nos importa sobremanera destacar que el centro y la razón de todo es el carácter de la reforma del cual dependerá gran parte del destino próximo de México. Aunque ningún debate lo signifique todo, éste, ya propuesto y aceptado, sí clarificará lo suficiente las condiciones de la reforma a Pemex. No sólo hay que darle tiempo al debate, hay que negárselo a las descalificaciones tan innecesarias, y hacerlo todo en el clima de serenidad exigible y evidente. Las razones trascienden siempre a las presiones y éste es nuestro compromiso.
Es indispensable que no sólo el Poder Legislativo, encargado de la última forma legal del proyecto, sino la sociedad civil en sus muy variados sectores discuta y adquiera, durante el debate, muchísimos elementos de juicio, hasta ahora monopolizados por quienes creen monopolizar a los expertos. Como se ha probado, expertos los hay en ambos lados de la polémica y a ellos les corresponderán los cuestionamientos centrales, pero a todos nos corresponde participar, en la medida de nuestras posibilidades, en el proceso de ciudadanización que va de lo que no se nos ha permitido conocer a lo que necesitamos saber para ser parte activa y no meramente contemplativa o rezongona de la nación.
Para que el debate sea efectivamente nacional y efectivamente local, requiere de la intervención de la radio y la televisión. Sin esto sería un diálogo entre expertos o inexpertos sin las repercusiones mínimas, salvo, como se ha visto, el saqueo de los recursos nacionales.
La experiencia histórica impulsa la exigencia de tiempo justo para el debate. Hemos visto y lo hemos resentido profundamente cómo, de qué forma, al arrinconar a la ciudadanía y al concentrar todo en unos cuantos delegados de todavía menos personas, se cometen atentados auténticos como Fobaproa, el IPAB, el rescate de las carreteras y demás privatizaciones. ¡Cómo hubiera hecho falta un debate nacional en torno al Fobaproa!
Un resultado positivo ya innegable: Se vive en el orden nacional y como exigencia inaplazable, la exigencia de debates que contrarresten y trasciendan el desánimo y el aplazamiento de la ciudadanización. Ese vigor comunitario no debe perderse. Ir al debate en los tiempos que el debate mismo exige es un procedimiento civilizado y racional.
15 de abril de 2008.
ATENTAMENTE
Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Fernando del Paso, Héctor Díaz-Polanco, Margo Glantz, Antonio Gershenson, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Héctor Vasconcelos.
A la opinión pública
Ante un triunfo de la civilidad, la saludable aceptación en el Congreso de la Unión de la propuesta del debate nacional del Frente Amplio Progresista sobre los temas energéticos, queda señalar algunas certidumbres y sugerencias:
El debate necesita el tiempo justo y el primer debate debe ser sobre cuál es el tiempo justo.
Estos días se han distinguido por sólidas y lamentables campañas de odio y por la personalización al extremo del conflicto. Nos importa sobremanera destacar que el centro y la razón de todo es el carácter de la reforma del cual dependerá gran parte del destino próximo de México. Aunque ningún debate lo signifique todo, éste, ya propuesto y aceptado, sí clarificará lo suficiente las condiciones de la reforma a Pemex. No sólo hay que darle tiempo al debate, hay que negárselo a las descalificaciones tan innecesarias, y hacerlo todo en el clima de serenidad exigible y evidente. Las razones trascienden siempre a las presiones y éste es nuestro compromiso.
Es indispensable que no sólo el Poder Legislativo, encargado de la última forma legal del proyecto, sino la sociedad civil en sus muy variados sectores discuta y adquiera, durante el debate, muchísimos elementos de juicio, hasta ahora monopolizados por quienes creen monopolizar a los expertos. Como se ha probado, expertos los hay en ambos lados de la polémica y a ellos les corresponderán los cuestionamientos centrales, pero a todos nos corresponde participar, en la medida de nuestras posibilidades, en el proceso de ciudadanización que va de lo que no se nos ha permitido conocer a lo que necesitamos saber para ser parte activa y no meramente contemplativa o rezongona de la nación.
Para que el debate sea efectivamente nacional y efectivamente local, requiere de la intervención de la radio y la televisión. Sin esto sería un diálogo entre expertos o inexpertos sin las repercusiones mínimas, salvo, como se ha visto, el saqueo de los recursos nacionales.
La experiencia histórica impulsa la exigencia de tiempo justo para el debate. Hemos visto y lo hemos resentido profundamente cómo, de qué forma, al arrinconar a la ciudadanía y al concentrar todo en unos cuantos delegados de todavía menos personas, se cometen atentados auténticos como Fobaproa, el IPAB, el rescate de las carreteras y demás privatizaciones. ¡Cómo hubiera hecho falta un debate nacional en torno al Fobaproa!
Un resultado positivo ya innegable: Se vive en el orden nacional y como exigencia inaplazable, la exigencia de debates que contrarresten y trasciendan el desánimo y el aplazamiento de la ciudadanización. Ese vigor comunitario no debe perderse. Ir al debate en los tiempos que el debate mismo exige es un procedimiento civilizado y racional.
15 de abril de 2008.
ATENTAMENTE
Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Fernando del Paso, Héctor Díaz-Polanco, Margo Glantz, Antonio Gershenson, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Héctor Vasconcelos.
LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA: EL INICIO
por Lorenzo Meyer
(publicado en Reforma el 17 de abril de 2008)
El logro del presidente Lázaro Cárdenas de 1938 está en duda con el debate-iniciativa del gobierno sobre el artículo 27 constitucional
Antecedentes necesarios
Los clásicos creían que la historia se movía en ciclos. Por lo que al petróleo mexicano se refiere, tenían razón. Hoy volvemos a iniciar, con variantes, claro está, el ciclo que se inició a fines del siglo XIX. Estamos de regreso a los tiempos de don Porfirio.
Lo que hoy se encuentra en el centro de nuestro debate y conflicto político no es la privatización de la industria petrolera al estilo Teléfonos de México, eso simplemente ya no es políticamente viable. Lo que está en juego con la iniciativa de ley presentada por el gobierno el 8 de abril es hasta qué punto es compatible la ampliación del campo de la inversión privada en la industria petrolera que desea Felipe Calderón con la letra y, sobre todo, con el espíritu del artículo 27 constitucional, teniendo en cuenta que ese espíritu nació y se nutrió del choque de la Revolución Mexicana con las empresas petroleras extranjeras.
En 1916, en el párrafo IV del artículo 27 de la nueva Constitución, el constituyente de Querétaro decidió retornar al dominio directo de la nación "los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, líquidos o gaseosos". Esa disposición clara y contundente entró en vigor en 1917 y cimbró los cimientos no sólo de una industria petrolera en expansión sino de toda la estructura de la inversión externa en México y, de rebote, la onda expansiva se dejó sentir en otros países periféricos. La resistencia externa al cambio fue feroz y la disposición del soberano tardó 22 años en hacerse realidad mediante la expropiación de toda la industria petrolera en 1938. Esa larga lucha cerró con broche de oro el 9 de noviembre de 1940, pues fue entonces cuando el texto constitucional se modificó para quedar de esta manera: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos recursos". Veinte años después, el 20 de enero de 1960, un nuevo cambio al texto constitucional declaró que, tratándose del petróleo: "no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado"; esto último fue una reacción contra los cinco "contratos riesgo" otorgados por Miguel Alemán entre 1949 y 1951 a otras tantas empresas norteamericanas en el primer paso firme de reprivatización petrolera.
En el origen
Para comprender a cabalidad la razón por la cual se ha convertido en algo tan central a la vida política mexicana la actual propuesta de Felipe Calderón de reformar el marco legal que rige la explotación de los hidrocarburos mexicanos, conviene volver la vista al principio, dar un gran salto temporal hasta llegar al siglo XVI para luego reconstruir el proceso hasta llegar a la primera privatización y entender lo que implicó. Sólo así se puede apreciar la magnitud de lo que hoy está en juego.
Al incorporar España a sus dominios lo que hoy es México, su interés principal era explotar la riqueza minera, por ello ésta quedó definida desde el inicio como propiedad del soberano. El monarca español podía dar en concesión la explotación de esa riqueza a particulares, pero en principio todo elemento valioso en las entrañas de la Tierra era propiedad de la Corona. Fue por ello que los mineros, al descubrir y apropiarse de lo que había de valioso en el subsuelo —plata y oro—, tenían que pagar regalías. Cuando en 1821 México se declaró independiente, lo que era propiedad de la Corona española —entre otras cosas, las riquezas del subsuelo— pasó a ser propiedad de la nación. Y esa riqueza incluyó a los “jugos de la tierra”, es decir, al petróleo, aunque sin gran valor y cuya existencia se conocía por las chapopoteras.
La revolución industrial y el motor de combustión interna le darían al petróleo un valor hasta entonces impensable. Fue justo al inicio de la era petrolera a escala mundial, en 1884, cuando el gobierno de Manuel González, copiando la legislación en boga en los países industriales —en este caso la francesa—, elaboró una ley minera que, en su artículo décimo fracción IV, declaró que tanto los depósitos de carbón como de petróleo dejarían de ser propiedad de la nación para serlo de quien fuera el dueño de la superficie. En el país de entonces el cambio se justificó como una manera de alentar la producción interna de los nuevos combustibles. Sin embargo, el código minero de 1892 cambió sutilmente el status del petróleo, pues su artículo cuarto no dijo ya nada con relación a la propiedad del hidrocarburo y simplemente declaró que se podía explotar sin necesidad de solicitar una concesión. Esto sirvió de base a la primera ley petrolera: la de 1901.
Para el arranque del siglo XX, la importancia económica del petróleo ya era obvia y las primeras empresas petroleras extranjeras ya habían empezado a operar en México. En efecto, en diciembre de 1900, Edward Doheny formó la Mexican Petroleum Co. of California. Fue en esas circunstancias que el poder político decidió inclinar la balanza legal en favor del capital y en contra de la propiedad de la nación y reconoció claramente el derecho del superficiario a explotar el petróleo en sus terrenos. Por si lo anterior no fuera suficiente, en 1909, cuando ya era evidente que la actividad petrolera prometía ser una actividad en ascenso, apareció una legislación que acabó con toda ambigüedad al especificar que los “criaderos o depósitos de combustibles minerales” eran “propiedad exclusiva” del superficiario. Esta ley hecha en vísperas de la Revolución permanecería en contradicción con la Constitución de 1917 hasta 1926, cuando fue reemplazada por otra que restringía pero no anulaba los derechos del superficiario si los había adquirido antes de 1917, es decir, cuando las grandes empresas petroleras extranjeras se hicieron de casi todos sus terrenos. Sólo en marzo de 1938 Lázaro Cárdenas pudo, por fin, acabar con esa primera privatización, pero por lo que vemos ahora, su triunfo está en duda.
Legitimidad
Cuando se inició la privatización del petróleo no se tenía idea clara de la riqueza mexicana en esta materia, pero al momento en que el Porfiriato pasó su ley en 1909, ya nadie podía tener duda de la riqueza que la nación entregaba no sólo a los particulares sino específicamente a los extranjeros. En efecto, además de Doheny estaba el empresario inglés Weetman Pearson, que desde 1906 había empezado a adquirir terrenos prometedores además de lograr una exención de impuestos para importar maquinaria y equipo. Dos años después, cuando se perforó e incendió el pozo “Dos Bocas” y se puso en acción al “Potrero del Llano”, todo el mundo supo que México era país petrolero. No fue coincidencia que la poderosa empresa de Pearson, “El Águila”, naciera justamente cuando se aprobó la ley de 1909.
La legitimidad de la cesión de los derechos de propiedad a los particulares de ese valioso recurso natural no renovable que es el petróleo la justificó el orden porfirista con razones no muy diferentes a las que se aducen hoy: que la modernización del país requería de las nuevas fuentes de energía, y la única forma de descubrirlas y alentar la producción era dar seguridad jurídica al capital que tenía la tecnología y el empuje para hacerlo.
Algunas conclusiones
El gran técnico que descubrió los primeros campos petroleros no fue extranjero sino mexicano: el geólogo Ezequiel Ordóñe, y los intereses extranjeros lo usaron de manera óptima. Para ganar el favor de la clase política, Pearson hizo miembros del consejo de administración de “El Águila” al hijo de Porfirio Díaz —“Porfirito” —, al gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, a Enrique Creel, a Pablo Macedo y a otros miembros de la oligarquía. En fin, que las decisiones hechas en nombre del “interés general” escondían la alianza de los pocos en beneficio de ellos mismos. Es verdad que hubo algunas voces críticas de ese tipo de relación tan estrecha entre los círculos del poder económico y político, pero no tuvieron ningún eco y sólo la violencia revolucionaria destruyó el arreglo oligárquico.
Pese a la letra y espíritu de la Constitución de 1917, el petróleo siguió siendo un auténtico enclave; su dinámica estuvo determinada por las necesidades de las economías centrales y no por la interna y sin liga de un recurso tan valioso y no renovable con el largo plazo del desarrollo nacional. La expropiación de 1938 dio a la situación un giro de 180°. Y es ese giro lo que hoy está en juego.
FELIPE CALDERÓN SE ROBÓ LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y AHORA BUSCA DESPOJARNOS DEL PETRÓLEO DE LA NACIÓN.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, Abril 17 de 2008.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS.
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.
La Coordinación Nacional del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) hace el siguiente Pronunciamiento Político y llamado al Pueblo de México:
FELIPE CALDERÓN SE ROBÓ LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Y AHORA BUSCA DESPOJARNOS DEL PETRÓLEO DE LA NACIÓN.
A medida que pasan los días cada vez es más visible que la forma de hacer política del “gobierno” de Felipe Calderón se basa en el engaño, la mentira y el doble discurso; y que a falta del apoyo de un Pueblo que jamás lo eligió, lo único que le sostiene en la “presidencia” que usurpó son los poderes fácticos del país: el ejército federal, la conservadora cúpula eclesial, los medios de comunicación principalmente electrónicos, el poderío económico de la oligarquía empresarial y las turbias componendas con el PAN, PRI, PVEM y personajes del aberrante corporativismo sindical como Elba Esther Gordillo.
Luego de que obligado por la presión política, Felipe Calderón tuvo que declarar que no iba a privatizar el petróleo mexicano, en los hechos vimos claramente que ésta TRAICIÓN A LA PATRIA siempre fue su propósito real y que tan sólo trató de disfrazarla a través de una copiosa campaña en medios de comunicación con eufemismos tales como “fortalecimiento”, “alianza”, “contratos de servicios múltiples”, “acompañamiento”, etc. Eufemismos desenmascarados hoy por la propia propuesta de Reforma Energética que Calderón presentó al Senado de la República, la cual si bien no tuvo los alcances deseados por su “mentalidad” neoliberal debido a la tenaz resistencia que emprendió el Pueblo mexicano, lo cierto es que significa pasos firmes hacia una futura Privatización total del sector; como en su tiempo lo fueron las reformas salinistas que “permitieron” la aplicación inconstitucional de los llamados “contratos de servicios múltiples”.
Sin rodeos, todas esas palabras huecas, el alarmismo con que intentó engañar a la opinión pública sobre la “urgencia” de extraer el petróleo de aguas profundas con ayuda externa, el machacar que Pemex era incapaz de salir adelante por sí solo, la desvergüenza de pregonar que su propuesta era para que los mexicanos tengamos un mejor futuro, y tantas otras falsedades con que busca manipular la realidad, no apuntan hacia otro lado que a la PRIVATIZACIÓN (léase DESPOJO A LA NACIÓN) de este importante recurso no renovable que debiera ser considerado como Pilar Estratégico de la Soberanía y el Desarrollo Nacional.
Vemos así a un Felipe Calderón que prefiere cumplir los compromisos que adquirió con las elites empresariales mexicanas y extranjeras que lo impusieron en el poder, a tener el valor de defender los intereses de la Nación; sin importarle por lo visto que la historia lo coloque en el mismo sitio que a Antonio López de Santa Anna. Pero esta TRAICIÓN AL PUEBLO no es una sorpresa, es algo que se venía anunciando desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari con el contubernio neoliberal PRI-PAN, mismo que continúo su amasiato en la administración de Ernesto Zedillo y se hizo más evidente en el sexenio de Vicente Fox; aunque durante éste período haya habido priístas que hicieron gala de oportunismo fingiendo que defenderían Pemex, cuando el propósito real que perseguían era vender más caro su voto a favor de la privatización.
Por donde quiera que se miren los “argumentos” del gobierno panista de Calderón, resultan cuando menos estúpidos si tomamos en cuenta los siguientes hechos inobjetables:
Las privatizaciones petroleras que en el pasado reciente se efectuaron en los cinco continentes, acabaron siendo un rotundo fracaso y una cuantiosa pérdida para las Naciones; razón por la cual hoy se está viviendo en el mundo un proceso generalizado de renacionalización de los hidrocarburos. Es decir, Calderón pretende llevarnos al mismo atolladero del que los demás países al fin ya están saliendo.
v Justamente estos días estamos siendo testigos del récord histórico que han alcanzado los precios internacionales del petróleo, y los análisis más conservadores aseguran que esa tendencia continuará con certeza mínimo 10 ó 15 años más; razón por la cual resulta ser el momento menos propicio para despojarnos de una riqueza que cada día se cotiza a la alza.
v Con dicho excedente en los ingresos petroleros del país, Pemex tiene hoy inmejorables posibilidades reales de autofinanciar su crecimiento y su propio desarrollo tecnológico; cosa que de por sí hubiera podido hacer sin ningún problema durante las últimas décadas, de no ser porque los planes privatizadores de los gobiernos neoliberales le impusieron a la paraestatal una exorbitante carga fiscal, con el fin de exprimirla irracionalmente hasta que muriera de inanición y así tener el pretexto idóneo para privatizarla.
v La historia ha demostrado suficientemente que vender las materias primas que se producen o extraen, es el peor de los negocios y causa fundamental del subdesarrollo de una Nación en el mundo capitalista. Peor aún resultaría entonces vender ésa misma materia prima, pero antes de ser siquiera extraída, que es lo que pretende Felipe Calderón. Lo conducente es que nuestra propia industria petrolera saque del subsuelo el valioso recurso, que lo industrialice para darle un valor agregado, y entonces sí busque mercados para los productos resultantes. Ese precisamente es el jugoso negocio que buscan las transnacionales, porque claramente saben que genera enormes ganancias. ¿Por qué razón tiene que renunciar a éstas nuestro Pueblo?
Por otro lado han salido a la luz pública graves actos de corrupción y tráfico de influencias cometidos por Felipe Calderón y su hoy Secretario de Gobernación de origen español, Juan Camilo Mouriño, cuando el primero fungía como Secretario de Energía en el gobierno de Fox, al otorgar de manera ilegal contratos millonarios de Pemex justamente a empresas propiedad del segundo. Además de que ésa misma práctica ilícita de conceder contratos del ramo energético en forma directa, sin la debida licitación ni concurso que marca la ley, son delitos flagrantes que ambos han seguido consumando durante la actual administración para favorecer a empresas transnacionales como la española Repsol entre muchas otras.
Estos manejos turbios y el hecho incontrovertible de que Felipe Calderón llegó a la presidencia en forma por demás cuestionable, no le dejan ningún margen de legitimidad ni representatividad para que siquiera proponga la entrega a intereses extranjeros del Principal Patrimonio del Pueblo Mexicano.
Saludamos todos y cada uno de los esfuerzos y acciones en Defensa de Nuestro Petróleo, que desde distintas trincheras están llevando a cabo mexicanas y mexicanos valientes, honestos y patriotas. Lejos de las diferencias políticas, ideológicas y prácticas que podamos tener, en este amplio movimiento nacional lo importante hoy es la suma de nuestras luchas y resistencias para rescatar una industria energética que es Patrimonio Estratégico de la Nación Mexicana. Por otro lado esta convergencia de fuerzas de izquierda, patriotas y progresistas, significa un valioso ejemplo para nuestro Pueblo en el sentido de que es perfectamente posible unir todas nuestras distintas formas de lucha, para conquistar retos mucho más grandes: como lo es liberarnos de la explotación capitalista… y construir juntos un país con justicia social.
!!! TODOS Y TODAS A DEFENDER EL PETRÓLEO Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SON PROPIEDAD DE LA NACIÓN !!!
!!! FELICITAMOS LA VALIENTE Y PATRIOTA DETERMINACIÓN VENEZOLANA
DE NACIONALIZAR SU INDUSTRIA CEMENTERA !!!
!!! CEMENTOS MEXICANOS (CEMEX) NO ES DE TODOS LOS MEXICANOS,
PEMEX SÍ !!!
!!! REPUDIO A LA PRESENCIA EN MEXICO DEL CRIMINAL DE GUERRA
COLOMBIANO ALVARO URIBE !!!
!!! APOYO TOTAL A LUCÍA MORETT Y FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES
MEXICANOS MASACRADOS POR EL EJÉRCITO COLOMBIANO EN ECUADOR !!!
¡Por la Unidad Obrero, Campesina, Indígena y Popular!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
(FNLS)
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS.
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.
La Coordinación Nacional del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) hace el siguiente Pronunciamiento Político y llamado al Pueblo de México:
FELIPE CALDERÓN SE ROBÓ LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Y AHORA BUSCA DESPOJARNOS DEL PETRÓLEO DE LA NACIÓN.
A medida que pasan los días cada vez es más visible que la forma de hacer política del “gobierno” de Felipe Calderón se basa en el engaño, la mentira y el doble discurso; y que a falta del apoyo de un Pueblo que jamás lo eligió, lo único que le sostiene en la “presidencia” que usurpó son los poderes fácticos del país: el ejército federal, la conservadora cúpula eclesial, los medios de comunicación principalmente electrónicos, el poderío económico de la oligarquía empresarial y las turbias componendas con el PAN, PRI, PVEM y personajes del aberrante corporativismo sindical como Elba Esther Gordillo.
Luego de que obligado por la presión política, Felipe Calderón tuvo que declarar que no iba a privatizar el petróleo mexicano, en los hechos vimos claramente que ésta TRAICIÓN A LA PATRIA siempre fue su propósito real y que tan sólo trató de disfrazarla a través de una copiosa campaña en medios de comunicación con eufemismos tales como “fortalecimiento”, “alianza”, “contratos de servicios múltiples”, “acompañamiento”, etc. Eufemismos desenmascarados hoy por la propia propuesta de Reforma Energética que Calderón presentó al Senado de la República, la cual si bien no tuvo los alcances deseados por su “mentalidad” neoliberal debido a la tenaz resistencia que emprendió el Pueblo mexicano, lo cierto es que significa pasos firmes hacia una futura Privatización total del sector; como en su tiempo lo fueron las reformas salinistas que “permitieron” la aplicación inconstitucional de los llamados “contratos de servicios múltiples”.
Sin rodeos, todas esas palabras huecas, el alarmismo con que intentó engañar a la opinión pública sobre la “urgencia” de extraer el petróleo de aguas profundas con ayuda externa, el machacar que Pemex era incapaz de salir adelante por sí solo, la desvergüenza de pregonar que su propuesta era para que los mexicanos tengamos un mejor futuro, y tantas otras falsedades con que busca manipular la realidad, no apuntan hacia otro lado que a la PRIVATIZACIÓN (léase DESPOJO A LA NACIÓN) de este importante recurso no renovable que debiera ser considerado como Pilar Estratégico de la Soberanía y el Desarrollo Nacional.
Vemos así a un Felipe Calderón que prefiere cumplir los compromisos que adquirió con las elites empresariales mexicanas y extranjeras que lo impusieron en el poder, a tener el valor de defender los intereses de la Nación; sin importarle por lo visto que la historia lo coloque en el mismo sitio que a Antonio López de Santa Anna. Pero esta TRAICIÓN AL PUEBLO no es una sorpresa, es algo que se venía anunciando desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari con el contubernio neoliberal PRI-PAN, mismo que continúo su amasiato en la administración de Ernesto Zedillo y se hizo más evidente en el sexenio de Vicente Fox; aunque durante éste período haya habido priístas que hicieron gala de oportunismo fingiendo que defenderían Pemex, cuando el propósito real que perseguían era vender más caro su voto a favor de la privatización.
Por donde quiera que se miren los “argumentos” del gobierno panista de Calderón, resultan cuando menos estúpidos si tomamos en cuenta los siguientes hechos inobjetables:
Las privatizaciones petroleras que en el pasado reciente se efectuaron en los cinco continentes, acabaron siendo un rotundo fracaso y una cuantiosa pérdida para las Naciones; razón por la cual hoy se está viviendo en el mundo un proceso generalizado de renacionalización de los hidrocarburos. Es decir, Calderón pretende llevarnos al mismo atolladero del que los demás países al fin ya están saliendo.
v Justamente estos días estamos siendo testigos del récord histórico que han alcanzado los precios internacionales del petróleo, y los análisis más conservadores aseguran que esa tendencia continuará con certeza mínimo 10 ó 15 años más; razón por la cual resulta ser el momento menos propicio para despojarnos de una riqueza que cada día se cotiza a la alza.
v Con dicho excedente en los ingresos petroleros del país, Pemex tiene hoy inmejorables posibilidades reales de autofinanciar su crecimiento y su propio desarrollo tecnológico; cosa que de por sí hubiera podido hacer sin ningún problema durante las últimas décadas, de no ser porque los planes privatizadores de los gobiernos neoliberales le impusieron a la paraestatal una exorbitante carga fiscal, con el fin de exprimirla irracionalmente hasta que muriera de inanición y así tener el pretexto idóneo para privatizarla.
v La historia ha demostrado suficientemente que vender las materias primas que se producen o extraen, es el peor de los negocios y causa fundamental del subdesarrollo de una Nación en el mundo capitalista. Peor aún resultaría entonces vender ésa misma materia prima, pero antes de ser siquiera extraída, que es lo que pretende Felipe Calderón. Lo conducente es que nuestra propia industria petrolera saque del subsuelo el valioso recurso, que lo industrialice para darle un valor agregado, y entonces sí busque mercados para los productos resultantes. Ese precisamente es el jugoso negocio que buscan las transnacionales, porque claramente saben que genera enormes ganancias. ¿Por qué razón tiene que renunciar a éstas nuestro Pueblo?
Por otro lado han salido a la luz pública graves actos de corrupción y tráfico de influencias cometidos por Felipe Calderón y su hoy Secretario de Gobernación de origen español, Juan Camilo Mouriño, cuando el primero fungía como Secretario de Energía en el gobierno de Fox, al otorgar de manera ilegal contratos millonarios de Pemex justamente a empresas propiedad del segundo. Además de que ésa misma práctica ilícita de conceder contratos del ramo energético en forma directa, sin la debida licitación ni concurso que marca la ley, son delitos flagrantes que ambos han seguido consumando durante la actual administración para favorecer a empresas transnacionales como la española Repsol entre muchas otras.
Estos manejos turbios y el hecho incontrovertible de que Felipe Calderón llegó a la presidencia en forma por demás cuestionable, no le dejan ningún margen de legitimidad ni representatividad para que siquiera proponga la entrega a intereses extranjeros del Principal Patrimonio del Pueblo Mexicano.
Saludamos todos y cada uno de los esfuerzos y acciones en Defensa de Nuestro Petróleo, que desde distintas trincheras están llevando a cabo mexicanas y mexicanos valientes, honestos y patriotas. Lejos de las diferencias políticas, ideológicas y prácticas que podamos tener, en este amplio movimiento nacional lo importante hoy es la suma de nuestras luchas y resistencias para rescatar una industria energética que es Patrimonio Estratégico de la Nación Mexicana. Por otro lado esta convergencia de fuerzas de izquierda, patriotas y progresistas, significa un valioso ejemplo para nuestro Pueblo en el sentido de que es perfectamente posible unir todas nuestras distintas formas de lucha, para conquistar retos mucho más grandes: como lo es liberarnos de la explotación capitalista… y construir juntos un país con justicia social.
!!! TODOS Y TODAS A DEFENDER EL PETRÓLEO Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SON PROPIEDAD DE LA NACIÓN !!!
!!! FELICITAMOS LA VALIENTE Y PATRIOTA DETERMINACIÓN VENEZOLANA
DE NACIONALIZAR SU INDUSTRIA CEMENTERA !!!
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PEMEX SÍ !!!
!!! REPUDIO A LA PRESENCIA EN MEXICO DEL CRIMINAL DE GUERRA
COLOMBIANO ALVARO URIBE !!!
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MEXICANOS MASACRADOS POR EL EJÉRCITO COLOMBIANO EN ECUADOR !!!
¡Por la Unidad Obrero, Campesina, Indígena y Popular!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
(FNLS)
Cada vez más cerca del precipicio
Fidel Samaniego
El Universal
Viernes 18 de abril de 2008
fidel.samaniego@eluniversal.com.mx
Y al séptimo día, la crisis se agravó. En San Lázaro, la situación política se volvió más tensa. Resurgieron así las amenazas de irreparables rupturas, del estallido de las pasiones, campeó el fantasma de la violencia.
Una Cámara de Diputados encadenada por el encono, por la radicalización de unos y otros, por el espinoso dilema de todo o nada, y el intercambio de acusaciones, la marcha de todos que les ha llevado cada vez más cerca del precipicio.
Cadenas y candados puso en la mayoría de las puertas del salón de plenos el diputado de Convergencia, Alberto Esteva. Todavía era de madrugada. Él aseguraba que había recibido rumores de que cuando amaneciera, priístas y panistas intentarían recuperar la tribuna.
Cerca de las 10 de la mañana iniciaron las reuniones plenarias de las bancadas del PRI y del PAN.
En la primera de ellas, Emilio Gamboa informaba a sus compañeros que acababa de hablar con Javier González Garza quien nuevamente le había advertido que si en el orden del día se incluía la iniciativa de la Ley de Adquisiciones, habría problemas y que incluso entre los perredistas ya se escuchaban voces que exigían tomar la tribuna de la sede alterna.
“¡Ya estuvo bien, no vamos a seguir siendo sus rehenes!”, intervino el duranguense Luis Enrique Benítez. Agregó que era absurdo que el PRD refiriera que el PRI ya no es interlocutor y que aún así le siguieran haciendo caso.
Hubo más intervenciones. Alguien comentó que además ese proyecto sobre las adquisiciones era del interés de Yeidckol Polevnsky, más que como senadora, como cabildera de empresarios. El tema se puso a votación. Acordaron que la minuta fuese presentada en el pleno de los diputados. Por su parte, los panistas se pronunciaron de manera similar. Decidieron que aliados con la bancada del PRI buscarían romper el cerco legislativo que pretendían mantener el FAP. Y se inició la sesión en la sede emergente. A los ojos de todos, Ruth Zavaleta discutió con Emilio Gamboa y Héctor Larios. Trató de convencerlos de que no se aprobara el asunto mencionado.
Ellos le dijeron que ya era una determinación, un mandato de sus fracciones. Ella entonces les indicó que cuando el tema fuese sometido a votación se retiraría, pero que luego regresaría a presidir la Mesa Directiva.
Pasaron los minutos. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa. No hubo debate. Argumentaron en favor de la misma Benjamín González Roaro, del PAN y Eduardo Sánchez, del PRI. Y pese al clima de tensión, hubo momentos para los intentos de comicidad. El patético Andrés Bermúdez del PAN, con el sombrero calado, a la hora de pronunciarse gritó: “¡Yes!”.
Cumplió con su cometido: hizo reír a los presentes.
En contraste, poco después, serios, enojados, los legisladores frentistas escuchaban a Javier González Garza: “¡Nos metieron gol, rompieron el acuerdo!”. A puerta cerrada dijeron que tendrán que determinar si en las sesiones que quedan buscan ocupar la tribuna del recinto alterno o adoptan otras formas de protesta.
Y nacía la tarde. El cielo estaba nublado, presagiaba tormenta. Soplaba un viento frío. Emilio Gamboa y Héctor Larios, cada quien por su lado, hablaban con gente de su confianza de la posibilidad de que haya periodo extraordinario de sesiones. Diputados lópezobradoristas se retiraban a delinear las nuevas estrategias de la que es una desatada guerra política. Y en el séptimo día la Cámara de Diputados estaba encadenada. Y unos y otros continuaban su marcha cada vez más cerca del precipicio.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/158883.html
El Universal
Viernes 18 de abril de 2008
fidel.samaniego@eluniversal.com.mx
Y al séptimo día, la crisis se agravó. En San Lázaro, la situación política se volvió más tensa. Resurgieron así las amenazas de irreparables rupturas, del estallido de las pasiones, campeó el fantasma de la violencia.
Una Cámara de Diputados encadenada por el encono, por la radicalización de unos y otros, por el espinoso dilema de todo o nada, y el intercambio de acusaciones, la marcha de todos que les ha llevado cada vez más cerca del precipicio.
Cadenas y candados puso en la mayoría de las puertas del salón de plenos el diputado de Convergencia, Alberto Esteva. Todavía era de madrugada. Él aseguraba que había recibido rumores de que cuando amaneciera, priístas y panistas intentarían recuperar la tribuna.
Cerca de las 10 de la mañana iniciaron las reuniones plenarias de las bancadas del PRI y del PAN.
En la primera de ellas, Emilio Gamboa informaba a sus compañeros que acababa de hablar con Javier González Garza quien nuevamente le había advertido que si en el orden del día se incluía la iniciativa de la Ley de Adquisiciones, habría problemas y que incluso entre los perredistas ya se escuchaban voces que exigían tomar la tribuna de la sede alterna.
“¡Ya estuvo bien, no vamos a seguir siendo sus rehenes!”, intervino el duranguense Luis Enrique Benítez. Agregó que era absurdo que el PRD refiriera que el PRI ya no es interlocutor y que aún así le siguieran haciendo caso.
Hubo más intervenciones. Alguien comentó que además ese proyecto sobre las adquisiciones era del interés de Yeidckol Polevnsky, más que como senadora, como cabildera de empresarios. El tema se puso a votación. Acordaron que la minuta fuese presentada en el pleno de los diputados. Por su parte, los panistas se pronunciaron de manera similar. Decidieron que aliados con la bancada del PRI buscarían romper el cerco legislativo que pretendían mantener el FAP. Y se inició la sesión en la sede emergente. A los ojos de todos, Ruth Zavaleta discutió con Emilio Gamboa y Héctor Larios. Trató de convencerlos de que no se aprobara el asunto mencionado.
Ellos le dijeron que ya era una determinación, un mandato de sus fracciones. Ella entonces les indicó que cuando el tema fuese sometido a votación se retiraría, pero que luego regresaría a presidir la Mesa Directiva.
Pasaron los minutos. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa. No hubo debate. Argumentaron en favor de la misma Benjamín González Roaro, del PAN y Eduardo Sánchez, del PRI. Y pese al clima de tensión, hubo momentos para los intentos de comicidad. El patético Andrés Bermúdez del PAN, con el sombrero calado, a la hora de pronunciarse gritó: “¡Yes!”.
Cumplió con su cometido: hizo reír a los presentes.
En contraste, poco después, serios, enojados, los legisladores frentistas escuchaban a Javier González Garza: “¡Nos metieron gol, rompieron el acuerdo!”. A puerta cerrada dijeron que tendrán que determinar si en las sesiones que quedan buscan ocupar la tribuna del recinto alterno o adoptan otras formas de protesta.
Y nacía la tarde. El cielo estaba nublado, presagiaba tormenta. Soplaba un viento frío. Emilio Gamboa y Héctor Larios, cada quien por su lado, hablaban con gente de su confianza de la posibilidad de que haya periodo extraordinario de sesiones. Diputados lópezobradoristas se retiraban a delinear las nuevas estrategias de la que es una desatada guerra política. Y en el séptimo día la Cámara de Diputados estaba encadenada. Y unos y otros continuaban su marcha cada vez más cerca del precipicio.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/158883.html
PAGA MEMBRETE DEL YUNQUE POR SPOT ANTI-AMLO
El Universal da a conocer en una nota que anoche se comenzó a transmitir un spot en el que comparan al Peje con Hitler y con Mussolini. El spot va firmado por un membrete del YUNQUE que se llama "Mejor Sociedad, Mejor Gobierno." Dice El Universal respecto a este membrete:
En su página de internet, www.msmg.org.mx, hay un comunicado que lee: "Exigimos se devuelva la Libertad al Poder Legislativo", y en el que afirman que, ante la impotencia de los legisladores del PRI, del PAN y de Nueva Alianza, el PRD ha tomado el Congreso "con el pretexto" de imponer sus condiciones para el debate sobre la reforma de Pemex, y hacen referencia al proceso electoral del 2006, donde, asegura el comunicado, "López Obrador y demás radicales, presionaron al Tribunal Electoral y desacreditaron hasta donde pudieron el proceso electoral y proclamaron a López Obrador como “presidente legítimo”.
Ver nota completa
En su página de internet, www.msmg.org.mx, hay un comunicado que lee: "Exigimos se devuelva la Libertad al Poder Legislativo", y en el que afirman que, ante la impotencia de los legisladores del PRI, del PAN y de Nueva Alianza, el PRD ha tomado el Congreso "con el pretexto" de imponer sus condiciones para el debate sobre la reforma de Pemex, y hacen referencia al proceso electoral del 2006, donde, asegura el comunicado, "López Obrador y demás radicales, presionaron al Tribunal Electoral y desacreditaron hasta donde pudieron el proceso electoral y proclamaron a López Obrador como “presidente legítimo”.
Ver nota completa
Siguen en ascenso los precios récord del maíz estadunidense
Se siembra soya, que cotiza más alto, en detrimento de la superficie de cultivo del grano
Siguen en ascenso los precios récord del maíz estadunidense
■ En el mercado de Chicago la cotización mostró un alza de más de 50% en un año; se esperan efectos sobre costos de la carne
■ La producción de etanol consumirá 25% de la cosecha 2008
Reuters
Chicago, 17 de abril. Los precios récord del maíz estadunidense están en un camino alcista, que podría elevar las tensiones por la alta inflación global de los alimentos y proporcionar más argumentos a los críticos del uso de granos para elaborar etanol, que se usa como combustible alternativo.
Los altos precios de los alimentos han provocado protestas en varios países africanos, así como en Indonesia y las Filipinas. La situación de los alimentos derribó al gobierno de Haití la semana pasada, cuando los senadores despidieron al primer ministro luego de una semana de disturbios.
El ritmo de siembra y de la cosecha de maíz en Estados Unidos ha tenido un inicio lento debido a las lluvias y a los campos empapados, y los agricultores han reducido el número de hectáreas que serán plantadas con maíz esta primavera, ya que utilizan más tierra para la soya, que se cotiza alto.
También el dólar está débil, lo que ha apuntalado las exportaciones estadunidenses, y un paro agrario de tres semanas en Argentina ha manchado su reputación como abastecedor confiable.
En la Junta de Comercio de Chicago, los futuros de trigo del contrato al contado, en mayo, operaban el jueves a alrededor de 6.08 dólares el bushel (27.2 kilogramos), con un alza de más de 50 por ciento con respecto al precio de un año atrás. “Será mucho más fácil subir al nivel de 7 a 8 dólares (el bushel) que volver al nivel de 4 o 5 dólares”, dijo Bill Nelson, analista de granos de Wachovia Securities.
“Sería un milagro que empecemos a revertir la dirección y que el dólar comenzara a escalar, entonces sería tal vez un poco más fácil hablar de los niveles más bajos. En nuestros planes de negociación somos alcistas para el maíz”, agregó. Precios del maíz más elevados podrían afectar las ganancias de los productores de aves de corral y ganado, y encarecer los precios de la carne.
Se proyecta que los productores estadunidenses plantarán este año unos 3.5 millones de hectáreas menos de maíz que en 2007, cuando los precios crecientes provocaron que se plante la mayor superficie de maíz en más de 60 años, de 46 millones de hectáreas.
Energía o comida
Una razón clave del aumento de los acres de maíz el año pasado fue la demanda de productores de etanol, pues el sector consumirá 25 por ciento de la cosecha de maíz de este año, estimada en 13 mil 100 millones de bushels (356.3 millones de toneladas).
El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Ed Schafer, respondió el martes a las críticas de que el uso de maíz para biocombustible estaba alimentando la inflación global de los alimentos, al decir a CNBC que “la energía es la gran cuestión cuando miramos a esos precios de los alimentos”. Más tarde dijo durante una visita a la Junta de Comercio de Chicago que no esperaba cambios en la actual política de los biocombustibles. “Pienso que la capacidad ahora es tal, que los cambios en el objetivo de galones (de etanol) no harán ninguna diferencia en el mercado”, agregó Schafer.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/18/index.php?section=economia&article=028n1eco
Siguen en ascenso los precios récord del maíz estadunidense
■ En el mercado de Chicago la cotización mostró un alza de más de 50% en un año; se esperan efectos sobre costos de la carne
■ La producción de etanol consumirá 25% de la cosecha 2008
Reuters
Chicago, 17 de abril. Los precios récord del maíz estadunidense están en un camino alcista, que podría elevar las tensiones por la alta inflación global de los alimentos y proporcionar más argumentos a los críticos del uso de granos para elaborar etanol, que se usa como combustible alternativo.
Los altos precios de los alimentos han provocado protestas en varios países africanos, así como en Indonesia y las Filipinas. La situación de los alimentos derribó al gobierno de Haití la semana pasada, cuando los senadores despidieron al primer ministro luego de una semana de disturbios.
El ritmo de siembra y de la cosecha de maíz en Estados Unidos ha tenido un inicio lento debido a las lluvias y a los campos empapados, y los agricultores han reducido el número de hectáreas que serán plantadas con maíz esta primavera, ya que utilizan más tierra para la soya, que se cotiza alto.
También el dólar está débil, lo que ha apuntalado las exportaciones estadunidenses, y un paro agrario de tres semanas en Argentina ha manchado su reputación como abastecedor confiable.
En la Junta de Comercio de Chicago, los futuros de trigo del contrato al contado, en mayo, operaban el jueves a alrededor de 6.08 dólares el bushel (27.2 kilogramos), con un alza de más de 50 por ciento con respecto al precio de un año atrás. “Será mucho más fácil subir al nivel de 7 a 8 dólares (el bushel) que volver al nivel de 4 o 5 dólares”, dijo Bill Nelson, analista de granos de Wachovia Securities.
“Sería un milagro que empecemos a revertir la dirección y que el dólar comenzara a escalar, entonces sería tal vez un poco más fácil hablar de los niveles más bajos. En nuestros planes de negociación somos alcistas para el maíz”, agregó. Precios del maíz más elevados podrían afectar las ganancias de los productores de aves de corral y ganado, y encarecer los precios de la carne.
Se proyecta que los productores estadunidenses plantarán este año unos 3.5 millones de hectáreas menos de maíz que en 2007, cuando los precios crecientes provocaron que se plante la mayor superficie de maíz en más de 60 años, de 46 millones de hectáreas.
Energía o comida
Una razón clave del aumento de los acres de maíz el año pasado fue la demanda de productores de etanol, pues el sector consumirá 25 por ciento de la cosecha de maíz de este año, estimada en 13 mil 100 millones de bushels (356.3 millones de toneladas).
El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Ed Schafer, respondió el martes a las críticas de que el uso de maíz para biocombustible estaba alimentando la inflación global de los alimentos, al decir a CNBC que “la energía es la gran cuestión cuando miramos a esos precios de los alimentos”. Más tarde dijo durante una visita a la Junta de Comercio de Chicago que no esperaba cambios en la actual política de los biocombustibles. “Pienso que la capacidad ahora es tal, que los cambios en el objetivo de galones (de etanol) no harán ninguna diferencia en el mercado”, agregó Schafer.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/18/index.php?section=economia&article=028n1eco
PEMEX
Manú Dornbierer
Si a alguien le queda la menor duda de que los dos últimos presidentes espurios Carlos Salinas y Felipe Calderón trabajan (en presente ambos) para las transnacionales ergo para el más salvaje capitalismo, no tiene más que ver la propuesta “energética” de Calderón, misma que había prometido dejar en manos de su partido, pero que a la hora de la hora entregó directamente al Senado en el que se encuentra su aliado Manlio Fabio Beltrones.
“La Muñeca”, como le dicen al líder senatorial del PRI, guió en esta grilla a Felipe, muy verde político, por más que se sienta Mussolini. Y a él le valió gorro dejar al pobre PAN y a Creel en absoluto ridículo y no digamos ya a su secretaria de Energía, Kessel, cuyo coeficiente intelectual da pena y al “jefe” panista Germancito tan democráticamente electo de dedazo. Eso sí, sin cochinero.
Pero quien le manda al blanquiazul. Se ha sometido igualmente al dinero y la Patria de la que una vez habló, también le vale bolillo. Si no me cree, pregunte a los antiguos y respetables panistas que tuvieron que salirse del partido conservador que ellos mismos crearon por asco de estos sui generis “republicanos totonacas”. El partido no manda NADA, sólo el grupo juvenil compacto de Calderón en el que se encuentran los más voraces empresarios que haya visto este país, como el chico poderoso. ¡Por sus orejotas los conocereis!
La refinación del petróleo es la clave
Después de que nos estuvieron mintiendo con el anzuelo de las aguas profundas cuyo aún desconocido “tesoro hay que privatizar porque PEMEX no tiene ni dinero ni tecnología”, lo que no es cierto; pero si lo fuera sería por culpa de los ladrones y traidores gobiernos neoliberales que desde 1982 se han empeñado en minar a la paraestatal, sin dejar de ordeñarla, permitiéndole todos los excesos con gente como los Mouriño o los Bribiesca, para luego poder decir lo que dicen ahora: “Ya no sirve”.
Pero que no nos cuenten. Si de veras quieren entrarle a las aguas profundas y no sólo a las profundas mentiras, la tecnología está a la mano. Noruega renta a buen precio plataformas especiales para la perforación submarina, a tres mil metros. Ah, pero lo que quiere Calderón no es que México haga negocio, sino sus patronos, y recibir la tajada como lo han hecho todos los Neos, desde el riquísimo Salinas, pasando por el gringo Zedillo y su Fox, al que ya mero le dan un llegue.
Pero si la exploración es una necesidad evidente, ¿qué decir de la refinación que cínicamente Calderón le ofrece también a los privados de dentro -que no son muy duchos en la materia- y sobre todo a los de fuera -que sí lo son- por las circunstancias especiales de su país en que el petróleo es del que lo encuentra en su patio trasero? Aquí la Constitución es otra, aunque no les guste.
La refinación debe ser tarea y negocio exclusivo de PEMEX. Ya bastante nos fregó Salinas volviéndonos dependientes en 1993 de los gringos. A raíz del huracán Dean en el 2007, REUTERS publicó que México, 9º productor de crudo del mundo, carece incomprensiblemente de capacidad de refinación y tiene que importar alrededor de una cuarta parte de su gasolina de refinerías de Estados Unidos. Sólo que antes de Carlos Salinas, léase de la entrega de México al neoliberalismo, no teníamos que importar gasolina. Refinábamos el crudo aquí.
¿A quién le debemos esta imbécil situación?
Veamos fechas.
Salinas asaltó el poder en 1988 con la ayuda de las transnacionales y cuan triste, con la sumisión de Cuauhtemoc Cárdenas, su vencedor de las elecciones de ese año. A diferencia del Peje, Cardenas se rajó.
De eso ahora ya no hay duda. No quería sangre, dijo cuando le aconsejaron entrar a Palacio por los paquetes de votos. Pero después permitió que Salinas hiciera correr la sangre de 600 perredistas y que los panistas quemaran el Palacio Legislativo.
En 1979, en tiempos de López Portillo y su director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, la paraestatal llegó a la más alta refinación. Veamos cómo fueron las cosas. La refinación entre 1970 y 1991-1993, fecha en Salinas le dio a los gringos la refinación del petróleo mexicano que se mide en “barriles diarios”, bd:
En el sexenio de Echeverría: 1970. Se amplía la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca a 100,000 bd y la de Reynosa a 20,500 bd.
1976. 18 de marzo. Se inaugura la Refinería Miguel Hidalgo, construida en terrenos de los municipios de Tula y Atitalaquia en el Estado de Hidalgo, con capacidad para procesar 150,000 bd.
Se amplían las Refinerías de Azcapotzalco, Madero, Minatitlán y Poza Rica a 105,000, 185,000, 270,000 (incluye la fraccionadora de gasolina) y 38,000 bd, respectivamente.
En el sexenio de López Portillo:
1977. Se terminaron y pusieron en operación 7 plantas de la Refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hgo., con capacidad combinada de 150,000 bd.
1979. 18 de marzo. Se inaugura la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta, Nuevo León con una capacidad de 100,000 bd.
1979. 24 de agosto. Se inaugura la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oax., con una capacidad de 165,000 bd.
1980. Al entrar en operación la planta Combinada No. 2, de 135,000 bd en la refinería de Cadereyta, nuestro país se coloca en el undécimo lugar como refinador, con una capacidad de proceso de crudo 1,476,000 bd de petróleo y líquidos procedentes del gas.
1981. 29 de abril. Se inaugura el Complejo Petroquímico La Cangrejera con capacidad para procesar 113,000 bd de crudo y líquidos.
Sexenio Miguel de La Madrid:
1984. Entran en operación las ampliaciones de la refinería de Poza Rica, la cual llega a una capacidad de 72,000 bd y la refinería de Salamanca, con una capacidad de 235,000 bd. Todavía realizadas por Díaz Serrano.
1987. Entra en operación la ampliación de la Refinería Francisco I. Madero, la cual llega a una capacidad de 196,000 bd.
1987. Entra en operación la ampliación de la Refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hgo., con la Planta Primaria No. 2 de 165,000 bd, para llegar a 320,000 bd de capacidad.
1989. Se amplía la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oax., al entrar en operación la Planta Primaria No. 2 con capacidad para procesar 165,000 bd. Se llega a la más alta capacidad de destilación atmosférica en el Sistema Nacional de Refinación de 1,679,000 bd.
Sexenio de Salinas:
1991. Quedan fuera de operación las refinerías de Azcapotzalco y Poza Rica; la capacidad de proceso se reduce a 1,525,000 bd.
1993. Salinas crea PMI, Petróleos Mexicanos International, e invierte en la refinerìa de la Shell en Deer Park, Texas, mil millones de dólares para refinación del crudo mexicano. Pero desde 1979 México no pudo construir una refinería en su territorio ni siquiera para reponer las que cerró en 1991.
Se habla desde entonces de un negociazo Salinas y Bush Sr.
¿Cuánto se lleva cada quien de la gasolina made in USA, con el crudo de México?
Business is business. De eso se trata y Calderón ahora quiere su parte con todo y sus chavos. Mouriño ya la hizo ¿y el jefe, qué?
En el año 2007, la gasolina fue uno de los principales productos que Estados Unidos exportó a México:
1 mil 4 millones de dólares de enero a abril. De acuerdo con datos del Banco de México, durante el 2004 la suma llegó a 1 mil 427 millones de dólares. México exporta 1.6 millones de barriles diarios de crudo maya y sólo puede procesar el 40% de su producción en sus refinerías de Cadereyta y Madero. Hay que construir rápidamente más refinerías, pero para México no para los tiburones. Una nueva planta que aporte 150 mil barriles adicionales de gasolina y que requeriría una inversión de 2,500 millones de dólares. Para eso son los excedentes, no para el gobierno.
Ojalá que en el debate actual se enfoquen en la REFINACION. Como vemos, los espurios son plantados a fuerza en los gobiernos por el neoliberalismo y quieran o no los obligan a traicionar a sus países. Bueno estos dan más coraje, pero Zedillo y Fox no cantaron mal las rancheras.
Si a alguien le queda la menor duda de que los dos últimos presidentes espurios Carlos Salinas y Felipe Calderón trabajan (en presente ambos) para las transnacionales ergo para el más salvaje capitalismo, no tiene más que ver la propuesta “energética” de Calderón, misma que había prometido dejar en manos de su partido, pero que a la hora de la hora entregó directamente al Senado en el que se encuentra su aliado Manlio Fabio Beltrones.
“La Muñeca”, como le dicen al líder senatorial del PRI, guió en esta grilla a Felipe, muy verde político, por más que se sienta Mussolini. Y a él le valió gorro dejar al pobre PAN y a Creel en absoluto ridículo y no digamos ya a su secretaria de Energía, Kessel, cuyo coeficiente intelectual da pena y al “jefe” panista Germancito tan democráticamente electo de dedazo. Eso sí, sin cochinero.
Pero quien le manda al blanquiazul. Se ha sometido igualmente al dinero y la Patria de la que una vez habló, también le vale bolillo. Si no me cree, pregunte a los antiguos y respetables panistas que tuvieron que salirse del partido conservador que ellos mismos crearon por asco de estos sui generis “republicanos totonacas”. El partido no manda NADA, sólo el grupo juvenil compacto de Calderón en el que se encuentran los más voraces empresarios que haya visto este país, como el chico poderoso. ¡Por sus orejotas los conocereis!
La refinación del petróleo es la clave
Después de que nos estuvieron mintiendo con el anzuelo de las aguas profundas cuyo aún desconocido “tesoro hay que privatizar porque PEMEX no tiene ni dinero ni tecnología”, lo que no es cierto; pero si lo fuera sería por culpa de los ladrones y traidores gobiernos neoliberales que desde 1982 se han empeñado en minar a la paraestatal, sin dejar de ordeñarla, permitiéndole todos los excesos con gente como los Mouriño o los Bribiesca, para luego poder decir lo que dicen ahora: “Ya no sirve”.
Pero que no nos cuenten. Si de veras quieren entrarle a las aguas profundas y no sólo a las profundas mentiras, la tecnología está a la mano. Noruega renta a buen precio plataformas especiales para la perforación submarina, a tres mil metros. Ah, pero lo que quiere Calderón no es que México haga negocio, sino sus patronos, y recibir la tajada como lo han hecho todos los Neos, desde el riquísimo Salinas, pasando por el gringo Zedillo y su Fox, al que ya mero le dan un llegue.
Pero si la exploración es una necesidad evidente, ¿qué decir de la refinación que cínicamente Calderón le ofrece también a los privados de dentro -que no son muy duchos en la materia- y sobre todo a los de fuera -que sí lo son- por las circunstancias especiales de su país en que el petróleo es del que lo encuentra en su patio trasero? Aquí la Constitución es otra, aunque no les guste.
La refinación debe ser tarea y negocio exclusivo de PEMEX. Ya bastante nos fregó Salinas volviéndonos dependientes en 1993 de los gringos. A raíz del huracán Dean en el 2007, REUTERS publicó que México, 9º productor de crudo del mundo, carece incomprensiblemente de capacidad de refinación y tiene que importar alrededor de una cuarta parte de su gasolina de refinerías de Estados Unidos. Sólo que antes de Carlos Salinas, léase de la entrega de México al neoliberalismo, no teníamos que importar gasolina. Refinábamos el crudo aquí.
¿A quién le debemos esta imbécil situación?
Veamos fechas.
Salinas asaltó el poder en 1988 con la ayuda de las transnacionales y cuan triste, con la sumisión de Cuauhtemoc Cárdenas, su vencedor de las elecciones de ese año. A diferencia del Peje, Cardenas se rajó.
De eso ahora ya no hay duda. No quería sangre, dijo cuando le aconsejaron entrar a Palacio por los paquetes de votos. Pero después permitió que Salinas hiciera correr la sangre de 600 perredistas y que los panistas quemaran el Palacio Legislativo.
En 1979, en tiempos de López Portillo y su director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, la paraestatal llegó a la más alta refinación. Veamos cómo fueron las cosas. La refinación entre 1970 y 1991-1993, fecha en Salinas le dio a los gringos la refinación del petróleo mexicano que se mide en “barriles diarios”, bd:
En el sexenio de Echeverría: 1970. Se amplía la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca a 100,000 bd y la de Reynosa a 20,500 bd.
1976. 18 de marzo. Se inaugura la Refinería Miguel Hidalgo, construida en terrenos de los municipios de Tula y Atitalaquia en el Estado de Hidalgo, con capacidad para procesar 150,000 bd.
Se amplían las Refinerías de Azcapotzalco, Madero, Minatitlán y Poza Rica a 105,000, 185,000, 270,000 (incluye la fraccionadora de gasolina) y 38,000 bd, respectivamente.
En el sexenio de López Portillo:
1977. Se terminaron y pusieron en operación 7 plantas de la Refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hgo., con capacidad combinada de 150,000 bd.
1979. 18 de marzo. Se inaugura la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta, Nuevo León con una capacidad de 100,000 bd.
1979. 24 de agosto. Se inaugura la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oax., con una capacidad de 165,000 bd.
1980. Al entrar en operación la planta Combinada No. 2, de 135,000 bd en la refinería de Cadereyta, nuestro país se coloca en el undécimo lugar como refinador, con una capacidad de proceso de crudo 1,476,000 bd de petróleo y líquidos procedentes del gas.
1981. 29 de abril. Se inaugura el Complejo Petroquímico La Cangrejera con capacidad para procesar 113,000 bd de crudo y líquidos.
Sexenio Miguel de La Madrid:
1984. Entran en operación las ampliaciones de la refinería de Poza Rica, la cual llega a una capacidad de 72,000 bd y la refinería de Salamanca, con una capacidad de 235,000 bd. Todavía realizadas por Díaz Serrano.
1987. Entra en operación la ampliación de la Refinería Francisco I. Madero, la cual llega a una capacidad de 196,000 bd.
1987. Entra en operación la ampliación de la Refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hgo., con la Planta Primaria No. 2 de 165,000 bd, para llegar a 320,000 bd de capacidad.
1989. Se amplía la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oax., al entrar en operación la Planta Primaria No. 2 con capacidad para procesar 165,000 bd. Se llega a la más alta capacidad de destilación atmosférica en el Sistema Nacional de Refinación de 1,679,000 bd.
Sexenio de Salinas:
1991. Quedan fuera de operación las refinerías de Azcapotzalco y Poza Rica; la capacidad de proceso se reduce a 1,525,000 bd.
1993. Salinas crea PMI, Petróleos Mexicanos International, e invierte en la refinerìa de la Shell en Deer Park, Texas, mil millones de dólares para refinación del crudo mexicano. Pero desde 1979 México no pudo construir una refinería en su territorio ni siquiera para reponer las que cerró en 1991.
Se habla desde entonces de un negociazo Salinas y Bush Sr.
¿Cuánto se lleva cada quien de la gasolina made in USA, con el crudo de México?
Business is business. De eso se trata y Calderón ahora quiere su parte con todo y sus chavos. Mouriño ya la hizo ¿y el jefe, qué?
En el año 2007, la gasolina fue uno de los principales productos que Estados Unidos exportó a México:
1 mil 4 millones de dólares de enero a abril. De acuerdo con datos del Banco de México, durante el 2004 la suma llegó a 1 mil 427 millones de dólares. México exporta 1.6 millones de barriles diarios de crudo maya y sólo puede procesar el 40% de su producción en sus refinerías de Cadereyta y Madero. Hay que construir rápidamente más refinerías, pero para México no para los tiburones. Una nueva planta que aporte 150 mil barriles adicionales de gasolina y que requeriría una inversión de 2,500 millones de dólares. Para eso son los excedentes, no para el gobierno.
Ojalá que en el debate actual se enfoquen en la REFINACION. Como vemos, los espurios son plantados a fuerza en los gobiernos por el neoliberalismo y quieran o no los obligan a traicionar a sus países. Bueno estos dan más coraje, pero Zedillo y Fox no cantaron mal las rancheras.
La rayuela dedicada a Doña Rosario Ibarra
Rayuela
Su palabra es incómoda, un látigo. Su bregar, un ejemplo. La frágil democracia mexicana tiene con Rosario Ibarra una deuda.
Suaviza AN su postura y ofrece al FAP debate sin tiempo prestablecido
Priístas, panistas y verdes llaman a Marcelo Ebrard a que “otorgue garantías al Congreso”
Suaviza AN su postura y ofrece al FAP debate sin tiempo prestablecido
■ Queda de lado la lógica de 50 o 120 días de discusión en torno a la reforma energética, señala Santiago Creel
■ Se citó a sesión el próximo lunes; el partido tricolor dejó de ser intermediario
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
El presidente del Senado, el panista Santiago Creel, abrió ayer la posibilidad de un acuerdo con el Frente Amplio Progresista (FAP) que ponga fin a la crisis que vive el Congreso desde hace una semana, al proponer lo que llamó una “tercera vía”, es decir, una salida intermedia sobre la duración del debate en torno a la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sin embargo, aunado a esa flexibilización en la postura antes inamovible, durante la sesión que ayer se llevó a cabo en la Torre del Caballito priístas, panistas y legisladores del Verde Ecologista aprobaron un llamado al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a fin de que “de manera inmediata otorgue garantías al Congreso”, y le recordaron que, de no hacerlo, el Senado lo puede remover del cargo.
Se citó a sesión para el próximo lunes, en lugar por definirse, por lo que las próximas horas serán cruciales en la negociación, en la que el PRI ya no es intermediario al posibilitarse el diálogo entre Acción Nacional y el FAP.
Rodeado de personal de seguridad, fuera del edificio de Donceles –donde originalmente se pretendió sesionar–, Creel informó que había ya planteado a todos los grupos parlamentarios dejar de lado la lógica de si son 50 o 120 días de debate en torno a la reforma energética, y entrar a diseñar un programa de foros calendarizados, “con el tiempo que sea necesario tomar”.
Detalló que no se trata de buscar un día más o un día menos, “sino tener un buen programa que le sirva al Senado para su dictamen. En consecuencia, estamos abiertos a ese diálogo y esa negociación”, recalcó entre el ruido de un helicóptero que vigilaba el escenario y los gritos de “no a la privatización”, que llegaban desde el Eje Central y la calle Allende.
Creel dijo que ya pidió a la Comisión de Energía que empiece de inmediato esas tareas, “para que, como resultado del trabajo colegiado y plural de la mesa directiva, puedan ellos encontrar el mejor calendario posible”, de manera que, recalcó, “se pueda avanzar en la reflexión del tema sin chantajes, sin presiones, sin cercos ni amenazas de violencia, porque eso no lo vamos a permitir”.
El priísta Manlio Fabio Beltrones no se opuso a flexibilizar posturas. Entrevistado luego de la sesión comentó que avala que sea la Comisión de Energía la que decida cuánto tiempo se requiere “para cumplir con la obligación de celebrar los debates y nos ajustaremos a ello”.
Con un cambio evidente en la defensa férrea que hizo en los últimos días a la propuesta que llevó a la Junta de Coordinación Política, para circunscribir el debate a 50 días, ayer dijo: “Nosotros no debemos poner como camisa de fuerza los plazos”.
Los coordinadores del FAP, Carlos Navarrete, Alejandro González Yáñez y Dante Delgado, informaron que analizarán la propuesta de Creel y coincidieron en que podría ser el inicio de la solución. Se sabe que desde un día antes habían establecido contacto con el panista.
“Estamos abiertos a discutir un esquema que nos permita transitar en un debate en los términos que estamos planteando, y hoy ha quedado claro que si no hablan las tribunas, hablan las calles; si no hablan los argumentos, puede hablar la fuerza”, comentó Navarrete.
Igualmente, el también perredista Ricardo Monreal dijo que esta apertura de Creel, frente al endurecimiento del PRI, abre una vía de arreglo, y sostuvo que de acordarse un debate amplio e incluyente, el FAP se comprometerá a moderar la resistencia civil a fin de que la discusión en torno al futuro de la industria petrolera se lleve a cabo libremente en el Senado.
Por otra parte, durante la sesión realizada en el quinto piso de la Torre del Caballito, PRI, PAN y Verde aprobaron un punto de acuerdo por el que llaman al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a que de manera inmediata “otorgue garantías al Congreso de la Unión” para realizar su trabajo.
La propuesta, que llevó al pleno el senador del Partido Verde Arturo Escobar, incluyó la advertencia a Ebrard de que son causales para su remoción el “no brindar la debida protección a las instalaciones” de los poderes de la Unión, cuando éstas hayan sido requeridas.
El priísta Jesús Murillo Karam planteó que también al gobierno federal se soliciten garantías para la seguridad al interior del recinto senatorial. Beltrones rechazó que ello implique pedir que la fuerza pública desaloje la tribuna y las calles. Sin embargo, Escobar no descartó esta última medida si significa “liberar vías para que los senadores podamos usar nuestras instalaciones”.
La sesión en el improvisado salón de plenos de la Torre del Caballito permitió desahogar los puntos urgentes en la agenda de panistas y priístas, entre ellos el nombramiento de los 18 senadores propietarios e igual número de suplentes que integrarán la Comisión Permanente. Causó sorpresa la inclusión de legisladores del FAP, quienes no participaron en la sesión.
El coordinador petista, González Yáñez, explicó que no podían quedar fuera de la representación del Congreso durante el periodo de receso, y por ello accedieron a quedar integrados en la planilla que ayer se votó.
Los tres coordinadores del Frente Amplio van como titulares, al igual que Pablo Gómez y Rosalinda López. También el PRI y el PAN mandan a sus cartas fuertes, Creel y Beltrones, además de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Energía. El lunes podría clausurarse el periodo de sesiones, para dar paso a lo que González Yáñez calificó de “desalojo jurídico”, ya que sin sesiones perdería efectividad la toma de las tribunas.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/18/index.php?section=politica&article=003n1pol
Suaviza AN su postura y ofrece al FAP debate sin tiempo prestablecido
■ Queda de lado la lógica de 50 o 120 días de discusión en torno a la reforma energética, señala Santiago Creel
■ Se citó a sesión el próximo lunes; el partido tricolor dejó de ser intermediario
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
El presidente del Senado, el panista Santiago Creel, abrió ayer la posibilidad de un acuerdo con el Frente Amplio Progresista (FAP) que ponga fin a la crisis que vive el Congreso desde hace una semana, al proponer lo que llamó una “tercera vía”, es decir, una salida intermedia sobre la duración del debate en torno a la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sin embargo, aunado a esa flexibilización en la postura antes inamovible, durante la sesión que ayer se llevó a cabo en la Torre del Caballito priístas, panistas y legisladores del Verde Ecologista aprobaron un llamado al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a fin de que “de manera inmediata otorgue garantías al Congreso”, y le recordaron que, de no hacerlo, el Senado lo puede remover del cargo.
Se citó a sesión para el próximo lunes, en lugar por definirse, por lo que las próximas horas serán cruciales en la negociación, en la que el PRI ya no es intermediario al posibilitarse el diálogo entre Acción Nacional y el FAP.
Rodeado de personal de seguridad, fuera del edificio de Donceles –donde originalmente se pretendió sesionar–, Creel informó que había ya planteado a todos los grupos parlamentarios dejar de lado la lógica de si son 50 o 120 días de debate en torno a la reforma energética, y entrar a diseñar un programa de foros calendarizados, “con el tiempo que sea necesario tomar”.
Detalló que no se trata de buscar un día más o un día menos, “sino tener un buen programa que le sirva al Senado para su dictamen. En consecuencia, estamos abiertos a ese diálogo y esa negociación”, recalcó entre el ruido de un helicóptero que vigilaba el escenario y los gritos de “no a la privatización”, que llegaban desde el Eje Central y la calle Allende.
Creel dijo que ya pidió a la Comisión de Energía que empiece de inmediato esas tareas, “para que, como resultado del trabajo colegiado y plural de la mesa directiva, puedan ellos encontrar el mejor calendario posible”, de manera que, recalcó, “se pueda avanzar en la reflexión del tema sin chantajes, sin presiones, sin cercos ni amenazas de violencia, porque eso no lo vamos a permitir”.
El priísta Manlio Fabio Beltrones no se opuso a flexibilizar posturas. Entrevistado luego de la sesión comentó que avala que sea la Comisión de Energía la que decida cuánto tiempo se requiere “para cumplir con la obligación de celebrar los debates y nos ajustaremos a ello”.
Con un cambio evidente en la defensa férrea que hizo en los últimos días a la propuesta que llevó a la Junta de Coordinación Política, para circunscribir el debate a 50 días, ayer dijo: “Nosotros no debemos poner como camisa de fuerza los plazos”.
Los coordinadores del FAP, Carlos Navarrete, Alejandro González Yáñez y Dante Delgado, informaron que analizarán la propuesta de Creel y coincidieron en que podría ser el inicio de la solución. Se sabe que desde un día antes habían establecido contacto con el panista.
“Estamos abiertos a discutir un esquema que nos permita transitar en un debate en los términos que estamos planteando, y hoy ha quedado claro que si no hablan las tribunas, hablan las calles; si no hablan los argumentos, puede hablar la fuerza”, comentó Navarrete.
Igualmente, el también perredista Ricardo Monreal dijo que esta apertura de Creel, frente al endurecimiento del PRI, abre una vía de arreglo, y sostuvo que de acordarse un debate amplio e incluyente, el FAP se comprometerá a moderar la resistencia civil a fin de que la discusión en torno al futuro de la industria petrolera se lleve a cabo libremente en el Senado.
Por otra parte, durante la sesión realizada en el quinto piso de la Torre del Caballito, PRI, PAN y Verde aprobaron un punto de acuerdo por el que llaman al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a que de manera inmediata “otorgue garantías al Congreso de la Unión” para realizar su trabajo.
La propuesta, que llevó al pleno el senador del Partido Verde Arturo Escobar, incluyó la advertencia a Ebrard de que son causales para su remoción el “no brindar la debida protección a las instalaciones” de los poderes de la Unión, cuando éstas hayan sido requeridas.
El priísta Jesús Murillo Karam planteó que también al gobierno federal se soliciten garantías para la seguridad al interior del recinto senatorial. Beltrones rechazó que ello implique pedir que la fuerza pública desaloje la tribuna y las calles. Sin embargo, Escobar no descartó esta última medida si significa “liberar vías para que los senadores podamos usar nuestras instalaciones”.
La sesión en el improvisado salón de plenos de la Torre del Caballito permitió desahogar los puntos urgentes en la agenda de panistas y priístas, entre ellos el nombramiento de los 18 senadores propietarios e igual número de suplentes que integrarán la Comisión Permanente. Causó sorpresa la inclusión de legisladores del FAP, quienes no participaron en la sesión.
El coordinador petista, González Yáñez, explicó que no podían quedar fuera de la representación del Congreso durante el periodo de receso, y por ello accedieron a quedar integrados en la planilla que ayer se votó.
Los tres coordinadores del Frente Amplio van como titulares, al igual que Pablo Gómez y Rosalinda López. También el PRI y el PAN mandan a sus cartas fuertes, Creel y Beltrones, además de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Energía. El lunes podría clausurarse el periodo de sesiones, para dar paso a lo que González Yáñez calificó de “desalojo jurídico”, ya que sin sesiones perdería efectividad la toma de las tribunas.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/18/index.php?section=politica&article=003n1pol
¿QUIÉN SECUESTRÓ AL CONGRESO?
Nota publicada el 2008-04-15
Ricardo Monreal
Al fijar en 50 días el plazo para debatir la reforma energética e iniciar inmediatamente el proceso de dictamen y votación de la misma, la Junta de Coordinación Política del Senado demerita voluntaria o involuntariamente la importancia de una de las reformas más importantes de las últimas décadas.
¿Por qué a la reforma del Estado se le asignaron 365 días de consulta, confección y diseño de la iniciativa correspondiente, además de una ley especial, un presupuesto ad hoc y un órgano de gobierno; mientras que a la reforma Energética sólo se le asigna 14% del tiempo de la primera? ¿Es acaso 86% más importante la reforma del Estado que la reforma petrolera?
La reforma de Seguridad y Justicia ingresó al Legislativo el 9 de marzo de 2007 y un año después aún sigue su curso de aprobación constitucional. ¿La reforma de Pemex tiene acaso una sexta parte del peso, importancia y trascendencia del combate al crimen organizado?
La preparación, cocción y condimento de la reforma Electoral constitucional, la de mayor consenso en la presente legislatura (¿será porque la presentó el Legislativo y no el Ejecutivo?) llevó más de seis meses. ¿Es que salvar a Pemex de la quiebra es tres veces menos importante que restaurar la credibilidad electoral?
En cambio, las reformas que han salido fast track en esta legislatura, con un periodo cercano o menor a los 50 días ofertados al FAP, se han traducido en verdaderos atracos a la ciudadanía, a grado tal que han generado los amparos más numerosos o las protestas callejeras más estruendosas de los últimos años. Me refiero a la reforma fiscal del IETU y a la reforma de pensiones del ISSSTE. La primera consumió 35 días y la segunda mantiene el récord de 14 días.
El manejo de los tiempos en esta legislatura no es, entonces, un dato menor y tiene claras repercusiones extraparlamentarias: a menor tiempo de debate y consulta, mayor agravio a sectores amplios de la población. Por ello, los 50 días para la reforma energética están más cerca de la arbitrariedad que del consenso. Son más una señal ominosa que un gesto generoso.
Los cuatro meses de debate y consulta propuestos por el FAP (mayo-agosto, el período de receso) se acercan a la media aritmética y política con que ha trabajado esta legislatura. Se ubica razonablemente entre los generosísimos 365 días de la reforma del Estado concedidos por el PAN al PRI y los implacables 14 días de las reformas del ISSSTE con que el gobierno en calidad de patrón despojó de los derechos históricos de pensión a sus propios trabajadores.
La propuesta del FAP es también políticamente razonable: no se ubica en las calendas griegas de la eternidad, pero tampoco se somete a los espolones y apremios de Los Pinos, que tiene prisa por acreditarse como un “gobierno reformador”, sin importar la calidad ni los alcances de lo aprobado.
En suma, constreñir a 50 días la reforma que puede marcar el destino económico del país en los próximos 50 años es expropiar a la ciudadanía la oportunidad de intervenir en esta decisión y es secuestrar el proceso legislativo.
A propósito de secuestros, es importante precisar la naturaleza del recurso de protesta parlamentaria utilizado por el FAP al tomar la tribuna de ambas cámaras legislativas. La tribuna del Congreso de la Unión no es el Congreso de la Unión. Por lo tanto, tomar la tribuna no es secuestrar el Poder Legislativo. Si algún secuestro padece la actual legislatura es por otros actores y factores muy distintos al FAP.
En efecto, la institución del Congreso está secuestrada. ¿Por quién? Es rehén de una consigna del Ejecutivo: “Reformas a cualquier costo y al precio que sea”. Está esposada a un apremio: sacar el mayor número de iniciativas en el menor tiempo posible. Está vendada con el viejo dogma del partido de Estado: perder el debate, ganar la votación. Es prisionera de una “mayoría” prefabricada, excluyente y simuladora, el PRIANAL (suma de PRI, PAN y Panal).
El Congreso está secuestrado por una mayoría ficticia: lo que ella acuerda no se corresponde con lo que piensa y expresa una sociedad dividida y desigual. Por su forma de operar, también es una mayoría facciosa: hace como que dialoga, pero no escucha; hace como que consulta a la sociedad, pero no acepta el referéndum de sus frutos legislativos ni el plebiscito de sus decisiones de gobierno; hace como que representa a la ciudadanía, pero termina imponiéndole sus particulares intereses.
De este secuestro real que padece el Congreso por parte de los poderes fácticos, nadie habla. En cambio, de la toma de tribuna para protestar precisamente por esa condición de plagio estructural y funcional, todos quieren ser ahora rescatistas y socorristas.
Ricardo Monreal
Al fijar en 50 días el plazo para debatir la reforma energética e iniciar inmediatamente el proceso de dictamen y votación de la misma, la Junta de Coordinación Política del Senado demerita voluntaria o involuntariamente la importancia de una de las reformas más importantes de las últimas décadas.
¿Por qué a la reforma del Estado se le asignaron 365 días de consulta, confección y diseño de la iniciativa correspondiente, además de una ley especial, un presupuesto ad hoc y un órgano de gobierno; mientras que a la reforma Energética sólo se le asigna 14% del tiempo de la primera? ¿Es acaso 86% más importante la reforma del Estado que la reforma petrolera?
La reforma de Seguridad y Justicia ingresó al Legislativo el 9 de marzo de 2007 y un año después aún sigue su curso de aprobación constitucional. ¿La reforma de Pemex tiene acaso una sexta parte del peso, importancia y trascendencia del combate al crimen organizado?
La preparación, cocción y condimento de la reforma Electoral constitucional, la de mayor consenso en la presente legislatura (¿será porque la presentó el Legislativo y no el Ejecutivo?) llevó más de seis meses. ¿Es que salvar a Pemex de la quiebra es tres veces menos importante que restaurar la credibilidad electoral?
En cambio, las reformas que han salido fast track en esta legislatura, con un periodo cercano o menor a los 50 días ofertados al FAP, se han traducido en verdaderos atracos a la ciudadanía, a grado tal que han generado los amparos más numerosos o las protestas callejeras más estruendosas de los últimos años. Me refiero a la reforma fiscal del IETU y a la reforma de pensiones del ISSSTE. La primera consumió 35 días y la segunda mantiene el récord de 14 días.
El manejo de los tiempos en esta legislatura no es, entonces, un dato menor y tiene claras repercusiones extraparlamentarias: a menor tiempo de debate y consulta, mayor agravio a sectores amplios de la población. Por ello, los 50 días para la reforma energética están más cerca de la arbitrariedad que del consenso. Son más una señal ominosa que un gesto generoso.
Los cuatro meses de debate y consulta propuestos por el FAP (mayo-agosto, el período de receso) se acercan a la media aritmética y política con que ha trabajado esta legislatura. Se ubica razonablemente entre los generosísimos 365 días de la reforma del Estado concedidos por el PAN al PRI y los implacables 14 días de las reformas del ISSSTE con que el gobierno en calidad de patrón despojó de los derechos históricos de pensión a sus propios trabajadores.
La propuesta del FAP es también políticamente razonable: no se ubica en las calendas griegas de la eternidad, pero tampoco se somete a los espolones y apremios de Los Pinos, que tiene prisa por acreditarse como un “gobierno reformador”, sin importar la calidad ni los alcances de lo aprobado.
En suma, constreñir a 50 días la reforma que puede marcar el destino económico del país en los próximos 50 años es expropiar a la ciudadanía la oportunidad de intervenir en esta decisión y es secuestrar el proceso legislativo.
A propósito de secuestros, es importante precisar la naturaleza del recurso de protesta parlamentaria utilizado por el FAP al tomar la tribuna de ambas cámaras legislativas. La tribuna del Congreso de la Unión no es el Congreso de la Unión. Por lo tanto, tomar la tribuna no es secuestrar el Poder Legislativo. Si algún secuestro padece la actual legislatura es por otros actores y factores muy distintos al FAP.
En efecto, la institución del Congreso está secuestrada. ¿Por quién? Es rehén de una consigna del Ejecutivo: “Reformas a cualquier costo y al precio que sea”. Está esposada a un apremio: sacar el mayor número de iniciativas en el menor tiempo posible. Está vendada con el viejo dogma del partido de Estado: perder el debate, ganar la votación. Es prisionera de una “mayoría” prefabricada, excluyente y simuladora, el PRIANAL (suma de PRI, PAN y Panal).
El Congreso está secuestrado por una mayoría ficticia: lo que ella acuerda no se corresponde con lo que piensa y expresa una sociedad dividida y desigual. Por su forma de operar, también es una mayoría facciosa: hace como que dialoga, pero no escucha; hace como que consulta a la sociedad, pero no acepta el referéndum de sus frutos legislativos ni el plebiscito de sus decisiones de gobierno; hace como que representa a la ciudadanía, pero termina imponiéndole sus particulares intereses.
De este secuestro real que padece el Congreso por parte de los poderes fácticos, nadie habla. En cambio, de la toma de tribuna para protestar precisamente por esa condición de plagio estructural y funcional, todos quieren ser ahora rescatistas y socorristas.
INCONSTITUCIONAL LA LEY REGLAMENTARIA DEL 27 CONSTITUCIONAL QUE PROPONE CALDERON
Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
15 de Abril,08
Nuestra Constitución Política establece claramente en sus artículos 25, 27 y 28, que sólo la Nación podrá explotar el Petróleo, para ello, no sólo, prohíbe de manera explícita el hecho de que el Estado otorgue concesiones o contratos en esta materia, sino ordena que sea este el que lleve a cabo su explotación, de esta manera, el artículo 27 establece textualmente que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.”
Más aún, lo anterior tiene una razón de existir y es que el constituyente se dio cuenta del carácter estratégico que para la Nación tienen tanto el petróleo como otras actividades, mismas que define claramente en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, siendo éstas las de: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad, y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso.
Todavía más, reiterando el carácter estratégico de las actividades mencionadas, la Carta Magna establece en su artículo 25 que “el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.”
Esto quiere decir que en cualquier organismo que se cree para llevar a cabo las actividades estratégicas el gobierno, tiene que mantener la “propiedad y control”, lo que podría sugerir, inclusive la imposibilidad de otorgarle la autonomía a PEMEX, en virtud de las restricción que impone, el artículo 25 Constitucional.
Por estas razones, y a pesar de que en el Artículo 28 Constitucional, se establece que en México quedan prohibidos los monopolios, el párrafo 4º del citado ordenamiento establece claramente lo siguiente: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión “
De esta manera resulta claro, que el espíritu de la Constitución Política y de los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales son los de reservar al de manera exclusiva al Estado; todas las actividades relacionadas con el Petróleo, sin otorgar concesiones de ninguna especie, tal y como lo refiere actualmente, la Constitución Política y la propia ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, que señala que: “sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera”.
Por estas razones, es que en el caso de las reformas a “leyes secundarias” que años atrás se llevaron a cabo en materia de energía eléctrica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha concluido que las reformas llevadas a cabo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y a su Reglamento contravienen lo dispuesto en el Artículo 27 Constitucional: es decir que sobrepasan lo establecido en la Constitución, que es la Ley Suprema.
Es claro, que en el caso de la propuesta de Reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, enviada por Felipe Calderón, se busca contravenir el principio de “actividad estratégica” del Petróleo, pero también “sobrepasar o quitar la exclusividad del Estado en materia de Explotación de Petróleo”.
La propuesta del gobierno espurio enviada recientemente al Senado de la República, viola flagrantemente nuestra Constitución Política, ya que a pesar de que el Artículo 27 de nuestra Carta Magna, establece claramente que tratándose de petróleo, no puede haber concesiones ni contratos y, por lo tanto, sólo la Nación llevara a cabo su explotación.
Mediante una estrategia mentirosa e ilegal, están proponiendo reformar el artículo 4 de ley reglamentaria del 27 Constitucional, para que los privados, mediante un régimen de permisos administrativos, puedan participar en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica.
Pero también mañosamente la propuesta, establece en el artículo mencionado, que; Petróleos Mexicanos y sus Organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo.
Así, resulta claro que el propósito es dejar a PEMEX como simple proveedor de petróleo, es decir un abastecedor de primera mano, y privatizar toda la cadena de valor de la industria.
Esto, no sólo implica entregar nuestra renta petrolera, sino también regalar de toda la cadena de valor agregado de la industria.
Así por ejemplo, el artículo cuarto de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, establece actualmente lo siguiente:
ARTICULO 4o.- La Nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3o., que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Salvo lo dispuesto en el artículo 3o., el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.
El transporte, el almacenamiento y la distribución de gas metano, queda incluida en las actividades y con el régimen a que se refiere el párrafo anterior.
Cuando en la elaboración de productos petroquímicos distintos a los básicos enumerados en la fracción III del artículo 3o. de esta Ley se obtengan, como subproductos, petrolíferos o petroquímicos básicos, éstos podrán ser aprovechados en el proceso productivo dentro de las plantas de una misma unidad o complejo, o bien ser entregados a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, bajo contrato y en los términos de las disposiciones administrativas que la Secretaría de Energía expida.
Las empresas que se encuentren en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, la cual tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las citadas disposiciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley.
Sin embargo, la iniciativa de Calderón, propone que quede en los siguientes términos:
Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá, en modo alguno, transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados.
Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.
El gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, se sujetará a las disposiciones aplicables de transporte, almacenamiento y distribución de gas.
Las empresas que se encuentren en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, la cual tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las citadas disposiciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones a que se refiere el artículo 15 A de esta Ley.
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legítimo
15 de Abril,08
Nuestra Constitución Política establece claramente en sus artículos 25, 27 y 28, que sólo la Nación podrá explotar el Petróleo, para ello, no sólo, prohíbe de manera explícita el hecho de que el Estado otorgue concesiones o contratos en esta materia, sino ordena que sea este el que lleve a cabo su explotación, de esta manera, el artículo 27 establece textualmente que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.”
Más aún, lo anterior tiene una razón de existir y es que el constituyente se dio cuenta del carácter estratégico que para la Nación tienen tanto el petróleo como otras actividades, mismas que define claramente en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, siendo éstas las de: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad, y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso.
Todavía más, reiterando el carácter estratégico de las actividades mencionadas, la Carta Magna establece en su artículo 25 que “el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.”
Esto quiere decir que en cualquier organismo que se cree para llevar a cabo las actividades estratégicas el gobierno, tiene que mantener la “propiedad y control”, lo que podría sugerir, inclusive la imposibilidad de otorgarle la autonomía a PEMEX, en virtud de las restricción que impone, el artículo 25 Constitucional.
Por estas razones, y a pesar de que en el Artículo 28 Constitucional, se establece que en México quedan prohibidos los monopolios, el párrafo 4º del citado ordenamiento establece claramente lo siguiente: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión “
De esta manera resulta claro, que el espíritu de la Constitución Política y de los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales son los de reservar al de manera exclusiva al Estado; todas las actividades relacionadas con el Petróleo, sin otorgar concesiones de ninguna especie, tal y como lo refiere actualmente, la Constitución Política y la propia ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, que señala que: “sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera”.
Por estas razones, es que en el caso de las reformas a “leyes secundarias” que años atrás se llevaron a cabo en materia de energía eléctrica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha concluido que las reformas llevadas a cabo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y a su Reglamento contravienen lo dispuesto en el Artículo 27 Constitucional: es decir que sobrepasan lo establecido en la Constitución, que es la Ley Suprema.
Es claro, que en el caso de la propuesta de Reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, enviada por Felipe Calderón, se busca contravenir el principio de “actividad estratégica” del Petróleo, pero también “sobrepasar o quitar la exclusividad del Estado en materia de Explotación de Petróleo”.
La propuesta del gobierno espurio enviada recientemente al Senado de la República, viola flagrantemente nuestra Constitución Política, ya que a pesar de que el Artículo 27 de nuestra Carta Magna, establece claramente que tratándose de petróleo, no puede haber concesiones ni contratos y, por lo tanto, sólo la Nación llevara a cabo su explotación.
Mediante una estrategia mentirosa e ilegal, están proponiendo reformar el artículo 4 de ley reglamentaria del 27 Constitucional, para que los privados, mediante un régimen de permisos administrativos, puedan participar en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica.
Pero también mañosamente la propuesta, establece en el artículo mencionado, que; Petróleos Mexicanos y sus Organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo.
Así, resulta claro que el propósito es dejar a PEMEX como simple proveedor de petróleo, es decir un abastecedor de primera mano, y privatizar toda la cadena de valor de la industria.
Esto, no sólo implica entregar nuestra renta petrolera, sino también regalar de toda la cadena de valor agregado de la industria.
Así por ejemplo, el artículo cuarto de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, establece actualmente lo siguiente:
ARTICULO 4o.- La Nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3o., que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Salvo lo dispuesto en el artículo 3o., el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.
El transporte, el almacenamiento y la distribución de gas metano, queda incluida en las actividades y con el régimen a que se refiere el párrafo anterior.
Cuando en la elaboración de productos petroquímicos distintos a los básicos enumerados en la fracción III del artículo 3o. de esta Ley se obtengan, como subproductos, petrolíferos o petroquímicos básicos, éstos podrán ser aprovechados en el proceso productivo dentro de las plantas de una misma unidad o complejo, o bien ser entregados a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, bajo contrato y en los términos de las disposiciones administrativas que la Secretaría de Energía expida.
Las empresas que se encuentren en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, la cual tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las citadas disposiciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley.
Sin embargo, la iniciativa de Calderón, propone que quede en los siguientes términos:
Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá, en modo alguno, transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados.
Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.
El gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, se sujetará a las disposiciones aplicables de transporte, almacenamiento y distribución de gas.
Las empresas que se encuentren en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, la cual tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las citadas disposiciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones a que se refiere el artículo 15 A de esta Ley.
Reforma Energética, analisís y comentarios por Mario Di Costanzo
Urgente difundir este documento
(Análisis y Comentarios)
a) Introducción
El pasado 8 de abril, Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores, el paquete de iniciativas que conforman la llamada Reforma Energética, dichas reformas involucran la modificación de 5 leyes secundarias que rigen a PEMEX.
Dichas iniciativas son:
La Nueva Ley Orgánica de PEMEX
La Reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
Ley de La Comisión del Petróleo
Ley de la Comisión Reguladora de Energía
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
.
Por esta razón y con el objeto de contribuir al debate nacional convocado y solicitado por nuestro Presidente Legitimo y por los legisladores del Frente Amplio Progresista, la Secretaria de la Hacienda Pública, presenta el análisis y los comentarios sobre el Proyecto de la Nueva Ley Orgánica de PEMEX.
Es pertinente advertir que como se verá a lo largo de los análisis que se estarán publicando, la Reforma Energética enviada al Senado por Felipe Calderón, sólo pretende justificar la transferencia de la renta petrolera al capital privado, buscando “eludir” lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reservan al Estado en forma exclusiva, entre otras, las áreas estratégicas del petróleo y demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica.
Por ello, el no modificar el artículo 27 y demás disposiciones constitucionales relativas a petróleo y los hidrocarburos, no implica, ni mucho menos garantiza que la privatización del sector energético no esté presente en el paquete de iniciativas que Felipe Calderón envió al Congreso.
Del análisis y revisión de la iniciativa para crear la Nueva Ley Orgánica de PEMEX se observan grandes falsedades y contradicciones que ya forman parte del discurso gubernamental, de las que se puede concluir, que de ser aprobadas, sólo permitirían la transferencia de la renta petrolera a los privados, acentuando los problemas y vicios existentes en PEMEX por lo que se debilitaría más a esta empresa paraestatal.
Así la Secretaria de la Hacienda Pública pone a su disposición, este documento y los invita respetuosamente a sumarse a la resistencia civil pacífica, para defender este patrimonio de los mexicanos.
Al mismo tiempo les informa que en los próximos días continuara publicando los análisis y comentarios del resto del paquete que conforma la llamada Reforma Energética.
Asimismo les recuerda que el 19 de noviembre de 2007, nuestro Presidente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta para rescatar al Sector Energético Nacional, en dicha propuesta se establecen los lineamientos para que sin la necesidad de entregar ésta patrimonio al capital privado, nuestro país utilice al petróleo como una verdadera palanca del desarrollo nacional.
b) Nueva Ley Orgánica de Pemex:
De acuerdo a la exposición motivos de la iniciativa se observa que se busca lo siguiente:
1. Fortalecer el régimen de gobierno corporativo en la paraestatal;
2. Regular sus esquemas de operación y ampliar las posibilidades y alcances de su actuación, para hacerla más eficiente, y
3. Reforzar y diversificar los mecanismos de control y supervisión.
b.1) Modificaciones al Régimen de Gobierno Corporativo de PEMEX:
Hasta ahora Pemex es dirigido por un Consejo de Administración (Órgano de Gobierno) que se integra por 6 representantes del Gobierno incluyendo al Presidente y por 5 representantes del Sindicato, para ser 11 en total.
Dentro de los 6 representantes del Gobierno, se encuentran, los Secretarios de; Energía, quién además es el Presidente del Consejo de Administración, y los de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, SEMARNAT, así como por un representante de la Presidencia de la República, que actualmente es el Jefe de la Oficina de la Presidencia.
Cabe destacar que este Consejo de Administración, cuenta también actualmente con la figura de un Comisario que es el representante de la Secretaria de la Función Pública y a su vez es el Titular del Órgano Interno de Control de la empresa.
Aquí conviene mencionar que por lo pronto, es este Consejo de Administración y los anteriores quiénes por lo pronto tendrían, que rendir cuentas sobre la situación por la que atraviesa PEMEX, ya que hasta ahora son ellos los que han tomado las decisiones.
Mas aún, la conformación actual del Consejo de Administración, conlleva la existencia de una multiplicidad de vicios, que están muy alejados de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo..
Así por ejemplo el hecho de que el Secretario de Hacienda sea parte del Consejo de Administración genera un grave conflicto de interés, pues mientras la Secretaria de Hacienda es quién determina año con año la carga fiscal de PEMEX o su superávit primario, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es también el Secretario de Hacienda integrante del Consejo de Administración.
El conflicto de interés existe ya que los integrantes del Consejo de Administración deben velar en primer lugar por el interés de la empresa, que es propiedad de la nación y no del Gobierno Federal, pero también en el caso particular del Secretario de Hacienda, habría que preguntarse si en las sesiones del Consejo cuando se toca el tema de la carga fiscal de PEMEX, el apoya su disminución o su incremento, ya que a el mismo en su papel de titular de Hacienda le toca definir la política tributaria del país.
Es decir, el asiste a las juntas de Consejo para cuidar los intereses de la empresa o de las finanzas públicas, por ello el no puede defender los intereses de la empresa, en virtud de su responsabilidad de obtener ingresos para las arcas nacionales.
Este tipo de situaciones no son corregidas por la iniciativa ya que la propuesta busca tan sólo añadir “4 consejeros profesionales” que serían designados por el propio Ejecutivo Federal; - dos de ellos, serían representantes del “Estado” y otros 2 serían “consejeros externos”, en virtud de que sólo trabajarían de tiempo parcial.
Contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos puesto que en primer lugar serán designados por el propio Ejecutivo Federal (o sea que le deberán el nombramiento) y en segundo lugar la propia iniciativa establece que “dos de los consejeros profesionales que se proponen trabajarán de tiempo completo en la paraestatal, por lo tanto, se considerarán como representantes del Estado”.
Esto resulta igualmente falso, ya que no representan al Estado, puesto que Estado y Gobierno Federal no son sinónimos, aquí no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo Federal, y no por representantes del Estado, ya que para ser representantes del Estado, se requeriría de un proceso de designación en el que interviniesen los Poderes que conforman al Estado y también a la sociedad, y no sólo por dedazo del Ejecutivo Federal.
Más aún, los requisitos y método de designación que la iniciativa establece para ser Consejero Profesional de tiempo completo o de tiempo parcial son exactamente los mismos, y no son diferentes a los que ya existen para los Consejos de Administración de otros Organismos del “Estado”.
Igualmente hacia el interior del Consejo de Administración de PEMEX, no existe una diferencia fundamental con los actuales integrantes del Consejo de Administración de PEMEX, salvo por el hecho de que estos por el simple hecho de ser Secretarios de Estado automáticamente son integrantes del Consejo de Administración de PEMEX.
Esto queda claro en la iniciativa que establece lo siguiente: ” para garantizar la preparación y profesionalismo de los individuos que ocupen estos cargos, se fijan, además de impedimentos específicos, ciertos requisitos mínimos que deben cubrir, tales como ser mexicanos por nacimiento, contar con estudios profesionales y haberse desempeñado de manera destacada en su profesión o trabajo.”
La iniciativa establece que el voto estos “Consejeros Profesionales” tendrán un peso importante en la toma de decisiones, de hecho señala textualmente que: “Cualquier determinación que adopte el órgano colegiado requerirá del voto favorable de al menos dos consejeros profesionales.”
Sin embargo la iniciativa también establece que de no ser así, la decisión se tendrá que posponer por única vez, para la siguiente sesión donde deberá aprobarse por mayoría simple, ya que textualmente establece que: “el asunto deberá posponerse por única ocasión a la siguiente sesión, en la que tendrá que aprobarse por mayoría simple”. Es decir que en esta situación ya no existe el peso importante de los consejeros profesionales en la toma de decisiones.
Otro punto importante es que en la iniciativa se fortalecen las facultades del Consejo de Administración para la creación de otros organismos subsidiarios de PEMEX, sin perjuicio de su autonomía de gestión.
Esto implica que el nuevo Consejo de Administración puede en determinado momento crear más empresas subsidiarias de PEMEX, con lo que se incrementaría aún más la desintegración de las cadenas productivas de por si ya muy desintegradas.
La iniciativa enviada al Senado, amplia las facultades del Consejo de Administración; quedando a su cargo la conducción central y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos, pero también las actividades relativas a , la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.
Esto significa que el Consejo de Administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.
Finalmente se establece que el Nuevo Consejo de Administración podrá crear cuantos comités técnicos requiera para su funcionamiento, sin embargo deberá invariablemente de contar con tres comités; el Comité de Transparencia y Auditoría, el Comité de Estrategia e Inversiones y el Comité de Remuneraciones.
El Comité de Transparencia y Auditoría:
En materia de transparencia, propondrá al Consejo de Administración los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, al igual que las normas para su divulgación, asimismo, vigilará que se rindan los informes que la Ley obliga a Petróleos Mexicanos.
En materia de auditoría, tendrá entre otras funciones, las de dar seguimiento y evaluar el desempeño financiero y operativo general y por funciones de Petróleos Mexicanos, designar al auditor externo; proponer disposiciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y enajenación de bienes, así como emitir opinión sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos.
Esto puede parecer bastante atractivo y lógico, sin embargo la iniciativa añade que
“Por la relevancia de las funciones descritas, este Comité (el de transparencia y auditoría) estará integrado por tres consejeros profesionales, dos de los cuales deberán ser de tiempo parcial…”
Sin embargo en el artículo 11 de la iniciativa de la Nueva Ley Orgánica de PEMEX, se establece que, “al menos uno de los consejeros profesionales deberá ser experto en materia financiera, y formará parte del Comité de Transparencia y Auditoría”.
Esto abre la posibilidad para que por ejemplo, un Subsecretario de Hacienda, pueda ser Consejero Profesional y miembro del Comité de Transparencia.
Lo anterior en virtud de que no existe ninguna restricción para que esto no se pueda dar, dado que al menos en teoría un subsecretario de hacienda es considerado un experto en materia financiera, a la vez que puede ser consejero profesional de tiempo parcial, y el artículo 11 de la iniciativa no lo prohíbe.
Sin embargo existen muchos alicientes para que tanto el Secretario de Hacienda, como el propio Ejecutivo Federal tengan un “consejero incondicional y subordinado” en el Comité de Transparencia y Auditoría.
Es importante destacar que este Comité tendrá atribuciones muy importantes en materia de vigilancia, ya que la iniciativa establece que “La vigilancia, control y supervisión de cualquier entidad paraestatal es un factor fundamental para que el esquema de gobierno corporativo funcione de manera adecuada y responsable”.
Por ello de manera tendenciosa y confusa la iniciativa establece que:” Petróleos Mexicanos contará con un Comisario designado por el Ejecutivo Federal. Sus funciones principales serán rendir al Ejecutivo Federal un informe respecto de la veracidad, suficiencia y racionabilidad de la información presentada y procesada por el Consejo de Administración.” La iniciativa añade que: “Por otra parte, habrá el Comité de Transparencia y Auditoría al que se ha hecho referencia.
Es importante mencionar que esto no es nuevo, ya que en la actualidad el Consejo de Administración de PEMEX, cuenta ya con un Comisario, que precisamente representa a la Secretaria de la Función Pública y es designado por el Ejecutivo Federal.
Sin embargo y a pesar de la importancia que supuestamente se da a la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en PEMEX, la iniciativa vuelve a ser tremendamente contradictoria ya que se establece textualmente que:
“Todo lo anterior, sin perjuicio de las facultades que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de la paraestatal para verificar la legalidad en la actuación de los servidores públicos y, en su caso, iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidad.”
Sin embargo añade:
“ A este respecto cabe destacar que las tareas de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control se circunscribirán a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y demás funciones que correspondan no vinculadas a la revisión del desempeño de Petróleos Mexicanos, o de las metas, objetivos, programas y controles de sus unidades.
Más aún, el Artículo 29, de la iniciativa establece textualmente que: “La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta Ley para el Comité de Transparencia y Auditoría o el Comisario, salvo a solicitud expresa del citado Comité para que coadyuven con él, en el cumplimiento de las funciones que este último tiene encomendadas.
Esto en pocas palabras limita la facultad de revisión de la Secretaria de la Función Pública y excluye de esta fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación, a la cual por cierto ni se menciona, lo que definitivamente conculca la facultad de supervisión por parte del Congreso y concentra toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo Federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer la iniciativa.
Por lo que se refiere a los otros dos Comités; el de Estrategia e Inversiones tendrá por función principal analizar el plan estratégico y el portafolio de inversiones de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Por su parte el Comité de remuneraciones asumirá la tarea de proponer al Consejo de Administración las remuneraciones del Director General y de los funcionarios de los tres niveles inmediatos inferiores a aquél, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con base en el desempeño y resultados medibles. Ambos comités serán presididos por un consejero profesional.
Lo anterior nuevamente conculca la facultad del Congreso para establecer las remuneraciones de los servidores públicos y nuevamente abre la posibilidad de que se asignen a estos funcionarios niveles de sueldo similares a los del Poder Judicial o como los Consejeros del IFE.
b.2) El Nuevo Régimen de Deuda y Presupuesto en Pemex:
Deuda:
Uno de los temas que más ha difundido Felipe Calderón dentro de las bondades de su iniciativa es que, con su aprobación se permitirá que PEMEX pueda manejar de manera autónoma sus decisiones de endeudamiento ya que el régimen actual sujeta a dicho organismo a controles estrictos y a múltiples autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ocasiona que la contratación y administración de su deuda no sea oportuna ni eficiente.
Por ello, la iniciativa busca liberar a la paraestatal de los trámites o autorizaciones intermedios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en uso de su autonomía de gestión y en congruencia con el régimen de gobierno corporativo que se implementará, adopte las decisiones en esta materia que más beneficien al organismo y al país en general.
Desafortunadamente la iniciativa resulta mañosa y poco clara, ya que a pesar de que plantea que Petróleos Mexicanos proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta apruebe, lineamientos específicos respecto de las características de su endeudamiento.
Proponiendo para ello, que la entidad pueda realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y capitales y contrate los financiamientos y la deuda que requiera, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sólo con la obligación de registrar tales operaciones ante esa dependencia.
Por otro lado, la misma iniciativa, “ reserva a la Secretaria de Hacienda la facultad de ordenar que no se realice la operación de que se trate en caso de que pudiera perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros; incrementar el costo de financiamiento del sector público, o bien reducir las fuentes de financiamiento del mismo.
Así resulta obvio que ésta restricción mantiene la discrecionalidad de la Secretaria de Hacienda sobre el manejo de la deuda de PEMEX, limitando las decisiones del propio PEMEX sobre el manejo de su deuda,
Ya que resulta claro que PEMEX no podrá competir con las fuentes de financiamiento del propio gobierno quién siempre estará por arriba de PEMEX a través de la Secretaria de Hacienda.
Esto muestra una vez más la falsedad de la argumentación en cuanto a la “autonomía de PEMEX”.
Más aún, esta situación contraviene absolutamente la propuesta del Gobierno Legítimo que establece que en materia de deuda debemos comenzar a prepagar el saldo de Pidiregas, dicho prepago se puede financiar con emisión de bonos en los mercados internacionales, lo que generaría ahorros de cuando menos mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses.
O bien el prepago lo lograríamos, si el gobierno adquiere reservas internacionales del Banco de México, logrando un ahorro en el costo de servicio de la deuda hasta de 2 mil millones de dólares en la contabilidad consolidada del sector público.
La señal que debemos dar al mundo es que la deuda de Pemex es una deuda de la Nación.
Sin embargo y contrariamente a lo que el Presidente Legítimo ha propuesto, la iniciativa que Felipe Calderón ha enviado al Congreso, conlleva el supuesto de que la deuda de PEMEX es de PEMEX y no de la Nación, lo que definitivamente incrementará el costo financiero de la deuda de PEMEX, dado que el endeudamiento de PEMEX no se asume como una deuda del país, es decir una deuda soberana.
Pero más grave aún resulta lo que la iniciativa establece en su página 14 ya que textualmente dice: “Todas las medidas señaladas harán que una de las entidades paraestatales más importantes de nuestro país pueda enfrentar de manera eficiente sus obligaciones y compromisos y, además, permitirá conocer la verdadera situación financiera de Petróleos Mexicanos.”
Ante esto debemos preguntarnos, ¿Cómo es posible que se este proponiendo una reforma a PEMEX, si no conocemos su verdadera situación financiera?, ya que esto si resulta demasiado grave.
Presupuesto:
En este tema la iniciativa vuelve a presentar una serie de contradicciones que revelan la falsedad en cuanto a la posibilidad de que PEMEX, pueda disponer de sus propios ingresos excedentes, ya que a pesar de que se señala que; ”se le otorga autonomía a PEMEX para disponer de los excedentes de ingresos propios que genere, así como para aprobar adecuaciones a su presupuesto, sin requerir de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Esta situación queda condicionada a que cumpla con su balance financiero, ya que la iniciativa lo establece claramente cuando se señala textualmente que: “siempre que cumpla con su meta de balance financiero” (pág. 16 de la iniciativa)
Es importante mencionar que el “balance financiero” es un condicionamiento que se le impone a PEMEX en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se le obliga a mantener “en caja” o bien se le obliga a “no gastar” cierta cantidad de dinero, aunque PEMEX cuente con esos recursos, que además se los tiene que dar a guardar a la Secretaria de Hacienda.
Es decir y a manera de ejemplo, si PEMEX tiene ingreso de 1,000 pesos y gastos de 200 pesos, y se le impone una meta de 500 pesos de balance financiero, aunque PEMEX aparentemente cuente con 800 pesos (1,000-200) sólo puede gastar 300 pesos, ya que su meta de balance financiero es de 500 pesos.
Es obvio que la iniciativa resulta mentirosa en cuanto a la posibilidad de que PEMEX pueda utilizar sus ingresos excedentes, ya que siempre se le podrá obligar a no gastarlos, si se le imponen metas de balance financiero muy altas.
Lo anterior esta claramente establecido en el artículo 43 de la iniciativa que textualmente establece:
Artículo 43.- En el manejo de su presupuesto Petróleos Mexicanos se sujetará a las reglas siguientes:
I. Enviará anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Energía, un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para los siguientes cinco años;
II. Aprobará las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero y no incremente el presupuesto regularizable de servicios personales;
III. Con la aprobación del Consejo de Administración, podrá aumentar su gasto con base en sus excedentes de ingresos propios, sin requerir de la autorización a que se refiere el artículo 19, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero y no incremente el presupuesto regularizable de servicios personales, y
IV. Autorizará sus calendarios de presupuesto y las modificaciones a los mismos, sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero.
De esta manera resulta claro, que la única diferencia con la situación actual es que ahora será la Secretaría de Energía la encargada de imponer el balance financiero y no la Secretaria de Hacienda. ¿ Dónde está la autonomía y dónde esta el papel del Comité de Estrategia e Inversiones?.
b.3) Los Bonos Ciudadanos:
Con una intención absolutamente demagógica, la iniciativa propone la posibilidad de que Petróleos Mexicanos emita bonos ciudadanos, cuyo objetivo es que dichos bonos estén a disposición de la población en general y puedan ser adquiridos por personas físicas mexicanas, directamente o a través de las administradoras de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros (bancos).
Es importante señalar que la iniciativa nuevamente es confusa y poco clara, ya que por un lado establece que los “bonos ciudadanos” no otorgarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre Petróleos Mexicanos, por lo que la propiedad y control del organismo no se verán comprometidos en forma alguna, ni se afectaran el dominio o explotación del petróleo.
Esto quiere decir que dichos bonos, no son acciones de PEMEX, pues no otorgan ningún derecho sobre la empresa, sin embargo la propia iniciativa señala que” el Comisario del Consejo de Administración de PEMEX actuará a la vez como representante de los intereses de los tenedores de los bonos ciudadanos.
Esto es sumamente contradictorio, ya que si el bono ciudadano, no me da derechos sobre PEMEX, que caso tiene que exista “alguien” en el Consejo de PEMEX que vele por los intereses de las personas que tengan esos bonos.
Es claro que el Gobierno emite Certificados de la Tesorería (CETES) y no existe nadie en la Secretaria de Hacienda o en el Banco de México, que este cuidando los intereses de las personas que tienen CETES.
Lo mismo sucede con las personas que tienen indirectamente bonos del IPAB (BPAS) y no existe nadie en la Junta de Gobierno del IPAB que cuide los intereses de aquellos que tienen un BPA.
Así la única razón que existe para tener a alguien que cuide los intereses de las personas que tienen estos “bonos ciudadanos”, es que en la realidad estos bonos si otorguen derechos sobre PEMEX, lo que definitivamente contravendría la Constitución.
Asi el hecho de establecer que habrá un “cuidador de los intereses de las personas que tienen estos bonos” es simplemente para engañar y hacerle creer a la población en general, que va a ser dueña de una parte de PEMEX.
Ya que estos bonos ciudadanos, no son más que un CETE disfrazado, que otorgará un rendimiento que necesariamente dependerá de la inflación, y no podrá ser muy diferente al rendimiento e los CETES o de otros instrumentos de deuda.
Ya que al final, será otra manera de que PEMEX obtenga recursos para su operación, pagando un cierto rendimiento o tasa de interés.
Más aún el Articulo 41 de la iniciativa establece que será la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la que determinará como funcionarán estos “bonos ciudadanos”. Aquí conviene nuevamente preguntarnos ¿ Dónde está la autonomía y dónde esta el papel del Comité de Estrategia e Inversiones?.
Así el citado artículo establece textualmente lo siguiente:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará a través
de disposiciones de carácter general:
I. Las formas de adquisición por parte de las personas físicas y de los trabajadores mexicanos;
II. La adquisición por parte de las administradoras de fondos para el retiro, los fondos de pensiones y las sociedades de inversión para personas físicas, así como otros intermediarios financieros exclusivamente con el propósito de servir como formadores de mercados;
III. Las medidas necesarias para evitar la concentración en la tenencia de los títulos o su acaparamiento y que procuren el acceso al mayor número de mexicanos;
IV. Las características, montos, términos y condiciones del bono ciudadano y de las emisiones del mismo;
V. La mecánica de su operación en el mercado y el funcionamiento de un mercado secundario ágil y eficiente, y
VI. Los límites en la adquisición por parte de las instituciones financieras que funjan como formadores de mercado.
b.4) La Nueva Modalidad de llevar a cabo contratos de obra fomenta la corrupción y contraviene la Constitución:
La propuesta del gobierno enviada recientemente al Senado de la República, viola flagrantemente nuestra Constitución Política, ya que a pesar de que el Artículo 27 de nuestra Carta Magna, establece claramente que tratándose de petróleo, no puede haber concesiones ni contratos y, por lo tanto, sólo la Nación llevara a cabo su explotación.
Mediante una estrategia mentirosa e ilegal, están proponiendo reformar el artículo 4 de ley reglamentaria del 27 Constitucional, para que los privados, mediante un régimen de permisos administrativos, puedan participar en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica.
Pero también mañosamente y cobardemente la propuesta , establece en el artículo mencionado, que; Petróleos Mexicanos y sus Organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo.
Así, resulta claro que el propósito es dejar a PEMEX como simple proveedor de petróleo, es decir un abastecedor de primera mano, y privatizar toda la cadena de valor de la industria.
Esto, no sólo implica entregar nuestra renta petrolera, sino también regalar de toda la cadena de valor agregado de la industria.
También busca abrir paso a la corrupción y enriquecimiento de unos cuántos, como Juan Camilo Mouriño, ya que en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de PEMEX que se propone, se permite que Petróleos Mexicanos pueda celebrar contratos sin licitación, o mediante adjudicación directa (como el contrato con Repsol).
Pero también, en estos contratos, se podrá establecer un pago variable, que podrá ser determinado después de la firma del contrato, es decir conforme se desarrolla el proyecto.
Esto desde luego, permitirá la mayor discrecionalidad posible, de los funcionarios rapaces que buscarán su beneficio personal, sin importarles la situación de la empresa.
http://www.secretariadelahaciendapublica.blogspot.com/
(Análisis y Comentarios)
a) Introducción
El pasado 8 de abril, Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores, el paquete de iniciativas que conforman la llamada Reforma Energética, dichas reformas involucran la modificación de 5 leyes secundarias que rigen a PEMEX.
Dichas iniciativas son:
La Nueva Ley Orgánica de PEMEX
La Reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
Ley de La Comisión del Petróleo
Ley de la Comisión Reguladora de Energía
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
.
Por esta razón y con el objeto de contribuir al debate nacional convocado y solicitado por nuestro Presidente Legitimo y por los legisladores del Frente Amplio Progresista, la Secretaria de la Hacienda Pública, presenta el análisis y los comentarios sobre el Proyecto de la Nueva Ley Orgánica de PEMEX.
Es pertinente advertir que como se verá a lo largo de los análisis que se estarán publicando, la Reforma Energética enviada al Senado por Felipe Calderón, sólo pretende justificar la transferencia de la renta petrolera al capital privado, buscando “eludir” lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reservan al Estado en forma exclusiva, entre otras, las áreas estratégicas del petróleo y demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica.
Por ello, el no modificar el artículo 27 y demás disposiciones constitucionales relativas a petróleo y los hidrocarburos, no implica, ni mucho menos garantiza que la privatización del sector energético no esté presente en el paquete de iniciativas que Felipe Calderón envió al Congreso.
Del análisis y revisión de la iniciativa para crear la Nueva Ley Orgánica de PEMEX se observan grandes falsedades y contradicciones que ya forman parte del discurso gubernamental, de las que se puede concluir, que de ser aprobadas, sólo permitirían la transferencia de la renta petrolera a los privados, acentuando los problemas y vicios existentes en PEMEX por lo que se debilitaría más a esta empresa paraestatal.
Así la Secretaria de la Hacienda Pública pone a su disposición, este documento y los invita respetuosamente a sumarse a la resistencia civil pacífica, para defender este patrimonio de los mexicanos.
Al mismo tiempo les informa que en los próximos días continuara publicando los análisis y comentarios del resto del paquete que conforma la llamada Reforma Energética.
Asimismo les recuerda que el 19 de noviembre de 2007, nuestro Presidente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta para rescatar al Sector Energético Nacional, en dicha propuesta se establecen los lineamientos para que sin la necesidad de entregar ésta patrimonio al capital privado, nuestro país utilice al petróleo como una verdadera palanca del desarrollo nacional.
b) Nueva Ley Orgánica de Pemex:
De acuerdo a la exposición motivos de la iniciativa se observa que se busca lo siguiente:
1. Fortalecer el régimen de gobierno corporativo en la paraestatal;
2. Regular sus esquemas de operación y ampliar las posibilidades y alcances de su actuación, para hacerla más eficiente, y
3. Reforzar y diversificar los mecanismos de control y supervisión.
b.1) Modificaciones al Régimen de Gobierno Corporativo de PEMEX:
Hasta ahora Pemex es dirigido por un Consejo de Administración (Órgano de Gobierno) que se integra por 6 representantes del Gobierno incluyendo al Presidente y por 5 representantes del Sindicato, para ser 11 en total.
Dentro de los 6 representantes del Gobierno, se encuentran, los Secretarios de; Energía, quién además es el Presidente del Consejo de Administración, y los de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, SEMARNAT, así como por un representante de la Presidencia de la República, que actualmente es el Jefe de la Oficina de la Presidencia.
Cabe destacar que este Consejo de Administración, cuenta también actualmente con la figura de un Comisario que es el representante de la Secretaria de la Función Pública y a su vez es el Titular del Órgano Interno de Control de la empresa.
Aquí conviene mencionar que por lo pronto, es este Consejo de Administración y los anteriores quiénes por lo pronto tendrían, que rendir cuentas sobre la situación por la que atraviesa PEMEX, ya que hasta ahora son ellos los que han tomado las decisiones.
Mas aún, la conformación actual del Consejo de Administración, conlleva la existencia de una multiplicidad de vicios, que están muy alejados de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo..
Así por ejemplo el hecho de que el Secretario de Hacienda sea parte del Consejo de Administración genera un grave conflicto de interés, pues mientras la Secretaria de Hacienda es quién determina año con año la carga fiscal de PEMEX o su superávit primario, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es también el Secretario de Hacienda integrante del Consejo de Administración.
El conflicto de interés existe ya que los integrantes del Consejo de Administración deben velar en primer lugar por el interés de la empresa, que es propiedad de la nación y no del Gobierno Federal, pero también en el caso particular del Secretario de Hacienda, habría que preguntarse si en las sesiones del Consejo cuando se toca el tema de la carga fiscal de PEMEX, el apoya su disminución o su incremento, ya que a el mismo en su papel de titular de Hacienda le toca definir la política tributaria del país.
Es decir, el asiste a las juntas de Consejo para cuidar los intereses de la empresa o de las finanzas públicas, por ello el no puede defender los intereses de la empresa, en virtud de su responsabilidad de obtener ingresos para las arcas nacionales.
Este tipo de situaciones no son corregidas por la iniciativa ya que la propuesta busca tan sólo añadir “4 consejeros profesionales” que serían designados por el propio Ejecutivo Federal; - dos de ellos, serían representantes del “Estado” y otros 2 serían “consejeros externos”, en virtud de que sólo trabajarían de tiempo parcial.
Contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos puesto que en primer lugar serán designados por el propio Ejecutivo Federal (o sea que le deberán el nombramiento) y en segundo lugar la propia iniciativa establece que “dos de los consejeros profesionales que se proponen trabajarán de tiempo completo en la paraestatal, por lo tanto, se considerarán como representantes del Estado”.
Esto resulta igualmente falso, ya que no representan al Estado, puesto que Estado y Gobierno Federal no son sinónimos, aquí no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo Federal, y no por representantes del Estado, ya que para ser representantes del Estado, se requeriría de un proceso de designación en el que interviniesen los Poderes que conforman al Estado y también a la sociedad, y no sólo por dedazo del Ejecutivo Federal.
Más aún, los requisitos y método de designación que la iniciativa establece para ser Consejero Profesional de tiempo completo o de tiempo parcial son exactamente los mismos, y no son diferentes a los que ya existen para los Consejos de Administración de otros Organismos del “Estado”.
Igualmente hacia el interior del Consejo de Administración de PEMEX, no existe una diferencia fundamental con los actuales integrantes del Consejo de Administración de PEMEX, salvo por el hecho de que estos por el simple hecho de ser Secretarios de Estado automáticamente son integrantes del Consejo de Administración de PEMEX.
Esto queda claro en la iniciativa que establece lo siguiente: ” para garantizar la preparación y profesionalismo de los individuos que ocupen estos cargos, se fijan, además de impedimentos específicos, ciertos requisitos mínimos que deben cubrir, tales como ser mexicanos por nacimiento, contar con estudios profesionales y haberse desempeñado de manera destacada en su profesión o trabajo.”
La iniciativa establece que el voto estos “Consejeros Profesionales” tendrán un peso importante en la toma de decisiones, de hecho señala textualmente que: “Cualquier determinación que adopte el órgano colegiado requerirá del voto favorable de al menos dos consejeros profesionales.”
Sin embargo la iniciativa también establece que de no ser así, la decisión se tendrá que posponer por única vez, para la siguiente sesión donde deberá aprobarse por mayoría simple, ya que textualmente establece que: “el asunto deberá posponerse por única ocasión a la siguiente sesión, en la que tendrá que aprobarse por mayoría simple”. Es decir que en esta situación ya no existe el peso importante de los consejeros profesionales en la toma de decisiones.
Otro punto importante es que en la iniciativa se fortalecen las facultades del Consejo de Administración para la creación de otros organismos subsidiarios de PEMEX, sin perjuicio de su autonomía de gestión.
Esto implica que el nuevo Consejo de Administración puede en determinado momento crear más empresas subsidiarias de PEMEX, con lo que se incrementaría aún más la desintegración de las cadenas productivas de por si ya muy desintegradas.
La iniciativa enviada al Senado, amplia las facultades del Consejo de Administración; quedando a su cargo la conducción central y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos, pero también las actividades relativas a , la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.
Esto significa que el Consejo de Administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.
Finalmente se establece que el Nuevo Consejo de Administración podrá crear cuantos comités técnicos requiera para su funcionamiento, sin embargo deberá invariablemente de contar con tres comités; el Comité de Transparencia y Auditoría, el Comité de Estrategia e Inversiones y el Comité de Remuneraciones.
El Comité de Transparencia y Auditoría:
En materia de transparencia, propondrá al Consejo de Administración los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, al igual que las normas para su divulgación, asimismo, vigilará que se rindan los informes que la Ley obliga a Petróleos Mexicanos.
En materia de auditoría, tendrá entre otras funciones, las de dar seguimiento y evaluar el desempeño financiero y operativo general y por funciones de Petróleos Mexicanos, designar al auditor externo; proponer disposiciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y enajenación de bienes, así como emitir opinión sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos.
Esto puede parecer bastante atractivo y lógico, sin embargo la iniciativa añade que
“Por la relevancia de las funciones descritas, este Comité (el de transparencia y auditoría) estará integrado por tres consejeros profesionales, dos de los cuales deberán ser de tiempo parcial…”
Sin embargo en el artículo 11 de la iniciativa de la Nueva Ley Orgánica de PEMEX, se establece que, “al menos uno de los consejeros profesionales deberá ser experto en materia financiera, y formará parte del Comité de Transparencia y Auditoría”.
Esto abre la posibilidad para que por ejemplo, un Subsecretario de Hacienda, pueda ser Consejero Profesional y miembro del Comité de Transparencia.
Lo anterior en virtud de que no existe ninguna restricción para que esto no se pueda dar, dado que al menos en teoría un subsecretario de hacienda es considerado un experto en materia financiera, a la vez que puede ser consejero profesional de tiempo parcial, y el artículo 11 de la iniciativa no lo prohíbe.
Sin embargo existen muchos alicientes para que tanto el Secretario de Hacienda, como el propio Ejecutivo Federal tengan un “consejero incondicional y subordinado” en el Comité de Transparencia y Auditoría.
Es importante destacar que este Comité tendrá atribuciones muy importantes en materia de vigilancia, ya que la iniciativa establece que “La vigilancia, control y supervisión de cualquier entidad paraestatal es un factor fundamental para que el esquema de gobierno corporativo funcione de manera adecuada y responsable”.
Por ello de manera tendenciosa y confusa la iniciativa establece que:” Petróleos Mexicanos contará con un Comisario designado por el Ejecutivo Federal. Sus funciones principales serán rendir al Ejecutivo Federal un informe respecto de la veracidad, suficiencia y racionabilidad de la información presentada y procesada por el Consejo de Administración.” La iniciativa añade que: “Por otra parte, habrá el Comité de Transparencia y Auditoría al que se ha hecho referencia.
Es importante mencionar que esto no es nuevo, ya que en la actualidad el Consejo de Administración de PEMEX, cuenta ya con un Comisario, que precisamente representa a la Secretaria de la Función Pública y es designado por el Ejecutivo Federal.
Sin embargo y a pesar de la importancia que supuestamente se da a la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en PEMEX, la iniciativa vuelve a ser tremendamente contradictoria ya que se establece textualmente que:
“Todo lo anterior, sin perjuicio de las facultades que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de la paraestatal para verificar la legalidad en la actuación de los servidores públicos y, en su caso, iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidad.”
Sin embargo añade:
“ A este respecto cabe destacar que las tareas de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control se circunscribirán a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y demás funciones que correspondan no vinculadas a la revisión del desempeño de Petróleos Mexicanos, o de las metas, objetivos, programas y controles de sus unidades.
Más aún, el Artículo 29, de la iniciativa establece textualmente que: “La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta Ley para el Comité de Transparencia y Auditoría o el Comisario, salvo a solicitud expresa del citado Comité para que coadyuven con él, en el cumplimiento de las funciones que este último tiene encomendadas.
Esto en pocas palabras limita la facultad de revisión de la Secretaria de la Función Pública y excluye de esta fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación, a la cual por cierto ni se menciona, lo que definitivamente conculca la facultad de supervisión por parte del Congreso y concentra toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo Federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer la iniciativa.
Por lo que se refiere a los otros dos Comités; el de Estrategia e Inversiones tendrá por función principal analizar el plan estratégico y el portafolio de inversiones de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Por su parte el Comité de remuneraciones asumirá la tarea de proponer al Consejo de Administración las remuneraciones del Director General y de los funcionarios de los tres niveles inmediatos inferiores a aquél, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con base en el desempeño y resultados medibles. Ambos comités serán presididos por un consejero profesional.
Lo anterior nuevamente conculca la facultad del Congreso para establecer las remuneraciones de los servidores públicos y nuevamente abre la posibilidad de que se asignen a estos funcionarios niveles de sueldo similares a los del Poder Judicial o como los Consejeros del IFE.
b.2) El Nuevo Régimen de Deuda y Presupuesto en Pemex:
Deuda:
Uno de los temas que más ha difundido Felipe Calderón dentro de las bondades de su iniciativa es que, con su aprobación se permitirá que PEMEX pueda manejar de manera autónoma sus decisiones de endeudamiento ya que el régimen actual sujeta a dicho organismo a controles estrictos y a múltiples autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ocasiona que la contratación y administración de su deuda no sea oportuna ni eficiente.
Por ello, la iniciativa busca liberar a la paraestatal de los trámites o autorizaciones intermedios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en uso de su autonomía de gestión y en congruencia con el régimen de gobierno corporativo que se implementará, adopte las decisiones en esta materia que más beneficien al organismo y al país en general.
Desafortunadamente la iniciativa resulta mañosa y poco clara, ya que a pesar de que plantea que Petróleos Mexicanos proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta apruebe, lineamientos específicos respecto de las características de su endeudamiento.
Proponiendo para ello, que la entidad pueda realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y capitales y contrate los financiamientos y la deuda que requiera, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sólo con la obligación de registrar tales operaciones ante esa dependencia.
Por otro lado, la misma iniciativa, “ reserva a la Secretaria de Hacienda la facultad de ordenar que no se realice la operación de que se trate en caso de que pudiera perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros; incrementar el costo de financiamiento del sector público, o bien reducir las fuentes de financiamiento del mismo.
Así resulta obvio que ésta restricción mantiene la discrecionalidad de la Secretaria de Hacienda sobre el manejo de la deuda de PEMEX, limitando las decisiones del propio PEMEX sobre el manejo de su deuda,
Ya que resulta claro que PEMEX no podrá competir con las fuentes de financiamiento del propio gobierno quién siempre estará por arriba de PEMEX a través de la Secretaria de Hacienda.
Esto muestra una vez más la falsedad de la argumentación en cuanto a la “autonomía de PEMEX”.
Más aún, esta situación contraviene absolutamente la propuesta del Gobierno Legítimo que establece que en materia de deuda debemos comenzar a prepagar el saldo de Pidiregas, dicho prepago se puede financiar con emisión de bonos en los mercados internacionales, lo que generaría ahorros de cuando menos mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses.
O bien el prepago lo lograríamos, si el gobierno adquiere reservas internacionales del Banco de México, logrando un ahorro en el costo de servicio de la deuda hasta de 2 mil millones de dólares en la contabilidad consolidada del sector público.
La señal que debemos dar al mundo es que la deuda de Pemex es una deuda de la Nación.
Sin embargo y contrariamente a lo que el Presidente Legítimo ha propuesto, la iniciativa que Felipe Calderón ha enviado al Congreso, conlleva el supuesto de que la deuda de PEMEX es de PEMEX y no de la Nación, lo que definitivamente incrementará el costo financiero de la deuda de PEMEX, dado que el endeudamiento de PEMEX no se asume como una deuda del país, es decir una deuda soberana.
Pero más grave aún resulta lo que la iniciativa establece en su página 14 ya que textualmente dice: “Todas las medidas señaladas harán que una de las entidades paraestatales más importantes de nuestro país pueda enfrentar de manera eficiente sus obligaciones y compromisos y, además, permitirá conocer la verdadera situación financiera de Petróleos Mexicanos.”
Ante esto debemos preguntarnos, ¿Cómo es posible que se este proponiendo una reforma a PEMEX, si no conocemos su verdadera situación financiera?, ya que esto si resulta demasiado grave.
Presupuesto:
En este tema la iniciativa vuelve a presentar una serie de contradicciones que revelan la falsedad en cuanto a la posibilidad de que PEMEX, pueda disponer de sus propios ingresos excedentes, ya que a pesar de que se señala que; ”se le otorga autonomía a PEMEX para disponer de los excedentes de ingresos propios que genere, así como para aprobar adecuaciones a su presupuesto, sin requerir de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Esta situación queda condicionada a que cumpla con su balance financiero, ya que la iniciativa lo establece claramente cuando se señala textualmente que: “siempre que cumpla con su meta de balance financiero” (pág. 16 de la iniciativa)
Es importante mencionar que el “balance financiero” es un condicionamiento que se le impone a PEMEX en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se le obliga a mantener “en caja” o bien se le obliga a “no gastar” cierta cantidad de dinero, aunque PEMEX cuente con esos recursos, que además se los tiene que dar a guardar a la Secretaria de Hacienda.
Es decir y a manera de ejemplo, si PEMEX tiene ingreso de 1,000 pesos y gastos de 200 pesos, y se le impone una meta de 500 pesos de balance financiero, aunque PEMEX aparentemente cuente con 800 pesos (1,000-200) sólo puede gastar 300 pesos, ya que su meta de balance financiero es de 500 pesos.
Es obvio que la iniciativa resulta mentirosa en cuanto a la posibilidad de que PEMEX pueda utilizar sus ingresos excedentes, ya que siempre se le podrá obligar a no gastarlos, si se le imponen metas de balance financiero muy altas.
Lo anterior esta claramente establecido en el artículo 43 de la iniciativa que textualmente establece:
Artículo 43.- En el manejo de su presupuesto Petróleos Mexicanos se sujetará a las reglas siguientes:
I. Enviará anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Energía, un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para los siguientes cinco años;
II. Aprobará las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero y no incremente el presupuesto regularizable de servicios personales;
III. Con la aprobación del Consejo de Administración, podrá aumentar su gasto con base en sus excedentes de ingresos propios, sin requerir de la autorización a que se refiere el artículo 19, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero y no incremente el presupuesto regularizable de servicios personales, y
IV. Autorizará sus calendarios de presupuesto y las modificaciones a los mismos, sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero.
De esta manera resulta claro, que la única diferencia con la situación actual es que ahora será la Secretaría de Energía la encargada de imponer el balance financiero y no la Secretaria de Hacienda. ¿ Dónde está la autonomía y dónde esta el papel del Comité de Estrategia e Inversiones?.
b.3) Los Bonos Ciudadanos:
Con una intención absolutamente demagógica, la iniciativa propone la posibilidad de que Petróleos Mexicanos emita bonos ciudadanos, cuyo objetivo es que dichos bonos estén a disposición de la población en general y puedan ser adquiridos por personas físicas mexicanas, directamente o a través de las administradoras de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros (bancos).
Es importante señalar que la iniciativa nuevamente es confusa y poco clara, ya que por un lado establece que los “bonos ciudadanos” no otorgarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre Petróleos Mexicanos, por lo que la propiedad y control del organismo no se verán comprometidos en forma alguna, ni se afectaran el dominio o explotación del petróleo.
Esto quiere decir que dichos bonos, no son acciones de PEMEX, pues no otorgan ningún derecho sobre la empresa, sin embargo la propia iniciativa señala que” el Comisario del Consejo de Administración de PEMEX actuará a la vez como representante de los intereses de los tenedores de los bonos ciudadanos.
Esto es sumamente contradictorio, ya que si el bono ciudadano, no me da derechos sobre PEMEX, que caso tiene que exista “alguien” en el Consejo de PEMEX que vele por los intereses de las personas que tengan esos bonos.
Es claro que el Gobierno emite Certificados de la Tesorería (CETES) y no existe nadie en la Secretaria de Hacienda o en el Banco de México, que este cuidando los intereses de las personas que tienen CETES.
Lo mismo sucede con las personas que tienen indirectamente bonos del IPAB (BPAS) y no existe nadie en la Junta de Gobierno del IPAB que cuide los intereses de aquellos que tienen un BPA.
Así la única razón que existe para tener a alguien que cuide los intereses de las personas que tienen estos “bonos ciudadanos”, es que en la realidad estos bonos si otorguen derechos sobre PEMEX, lo que definitivamente contravendría la Constitución.
Asi el hecho de establecer que habrá un “cuidador de los intereses de las personas que tienen estos bonos” es simplemente para engañar y hacerle creer a la población en general, que va a ser dueña de una parte de PEMEX.
Ya que estos bonos ciudadanos, no son más que un CETE disfrazado, que otorgará un rendimiento que necesariamente dependerá de la inflación, y no podrá ser muy diferente al rendimiento e los CETES o de otros instrumentos de deuda.
Ya que al final, será otra manera de que PEMEX obtenga recursos para su operación, pagando un cierto rendimiento o tasa de interés.
Más aún el Articulo 41 de la iniciativa establece que será la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la que determinará como funcionarán estos “bonos ciudadanos”. Aquí conviene nuevamente preguntarnos ¿ Dónde está la autonomía y dónde esta el papel del Comité de Estrategia e Inversiones?.
Así el citado artículo establece textualmente lo siguiente:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará a través
de disposiciones de carácter general:
I. Las formas de adquisición por parte de las personas físicas y de los trabajadores mexicanos;
II. La adquisición por parte de las administradoras de fondos para el retiro, los fondos de pensiones y las sociedades de inversión para personas físicas, así como otros intermediarios financieros exclusivamente con el propósito de servir como formadores de mercados;
III. Las medidas necesarias para evitar la concentración en la tenencia de los títulos o su acaparamiento y que procuren el acceso al mayor número de mexicanos;
IV. Las características, montos, términos y condiciones del bono ciudadano y de las emisiones del mismo;
V. La mecánica de su operación en el mercado y el funcionamiento de un mercado secundario ágil y eficiente, y
VI. Los límites en la adquisición por parte de las instituciones financieras que funjan como formadores de mercado.
b.4) La Nueva Modalidad de llevar a cabo contratos de obra fomenta la corrupción y contraviene la Constitución:
La propuesta del gobierno enviada recientemente al Senado de la República, viola flagrantemente nuestra Constitución Política, ya que a pesar de que el Artículo 27 de nuestra Carta Magna, establece claramente que tratándose de petróleo, no puede haber concesiones ni contratos y, por lo tanto, sólo la Nación llevara a cabo su explotación.
Mediante una estrategia mentirosa e ilegal, están proponiendo reformar el artículo 4 de ley reglamentaria del 27 Constitucional, para que los privados, mediante un régimen de permisos administrativos, puedan participar en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica.
Pero también mañosamente y cobardemente la propuesta , establece en el artículo mencionado, que; Petróleos Mexicanos y sus Organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo.
Así, resulta claro que el propósito es dejar a PEMEX como simple proveedor de petróleo, es decir un abastecedor de primera mano, y privatizar toda la cadena de valor de la industria.
Esto, no sólo implica entregar nuestra renta petrolera, sino también regalar de toda la cadena de valor agregado de la industria.
También busca abrir paso a la corrupción y enriquecimiento de unos cuántos, como Juan Camilo Mouriño, ya que en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de PEMEX que se propone, se permite que Petróleos Mexicanos pueda celebrar contratos sin licitación, o mediante adjudicación directa (como el contrato con Repsol).
Pero también, en estos contratos, se podrá establecer un pago variable, que podrá ser determinado después de la firma del contrato, es decir conforme se desarrolla el proyecto.
Esto desde luego, permitirá la mayor discrecionalidad posible, de los funcionarios rapaces que buscarán su beneficio personal, sin importarles la situación de la empresa.
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