jueves, 4 de abril de 2013

Hijos de exdirector de Pemex entre los beneficiarios de programa minero


MÉXICO, D.F. (apro).- Empresarios y parientes de políticos destacados, entre ellos Edilberto Edmundo y Rogelio Javier Montemayor García, hijos del exgobernador de Coahuila y exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rogelio Montemayor Seguy, figuran entre los principales beneficiarios de Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi).

El organismo, creado por decreto del entonces gobernador, Enrique Martínez y Martínez –actual titular de la Secretaría de Agricultura—, supuestamente para apoyar a los pequeños productores, se ha convertido en una “mina de oro” no sólo para los Montemayor.

Los contratos para la comercialización de carbón también fueron otorgados por el Comité Mixto de Adquisiciones a empresas de alcaldes y exalcaldes de Coahuila, según se desprende de una lista que entregó la Prodemi –cuyo director es Marco Antonio Dávila Montesinos, tío político de los hermanos Montemayor Garza–, el pasado 14 de marzo a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Entre las empresas beneficiadas se encuentran: Energía Mineral SA, propiedad de Edilberto Edmundo y Rogelio Javier Montemayor García, y Grupo Constructor de la Carbonífera SA de CV, creada en 2003, por Jesús María Montemayor Garza, actual alcalde de Sabinas, junto a su hermano Bogar Montemayor Garza, ambos sobrinos de Montemayor Seguy.

Una más, la empresa Integración Minera SA de CV es propiedad de Antonio Nerio Rodríguez, quien, a su vez, es padre de Antonio Nerio Maltos, alcalde de San Juan de Sabinas.

Otra empresa contratada por Prodemi y que está vinculada con políticos empresarios es Minera Progreso SA, perteneciente a Federico Quintanilla, exalcalde del municipio de Progreso.

En la lista también aparece la empresa Minerales y Transportes, de Armando Morales Yutani, compadre de un hijo de Marco Antonio Dávila Montesinos.

Y una de las últimas asignaciones fue para el saltillense Carlos Flores Vizcaíno, exregidor y exdirector del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento.

El año pasado, luego del asesinato de su hijo José Eduardo en Acuña, el 3 de octubre de 2012, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, declaró que en la región carbonífera había empresarios relacionados con “Los Zetas”.

Dijo que Heriberto Lazcano, El Lazca, tenía tajos de carbón en Progreso, municipio donde supuestamente fue acribillado el capo el 7 de octubre último.

El 30 de agosto la policía estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos ubicados en terrenos del gobierno de Coahuila. El gobernador Rubén Moreira afirmó días después que la delincuencia tenía varias minas de ese tipo.

En su edición 1880, del 11 de noviembre de 2012, Proceso dio a conocer que los pocitos destruidos eran de José Reynol Bermea Castilla, presunto operador de “Los Zetas” en Sabinas. Fue detenido en septiembre por elementos de la Marina Armada de México (Semar). Él dirigía la empresa Minera La Marina.

En una búsqueda registral, el semanario detectó que los pocitos destruidos estaban amparados por la concesión (título 221614) expedida por la Dirección General de Minas en marzo de 2004 a nombre de Minera El Sabino y Minera El Saucito, de Alfonso González Garza.

Los Montemayor Seguy y los González Garza son socios y acaparan decenas de miles de hectáreas en la región, donde tienen influencia política, según una nota difundida por Proceso en su edición 1805 del 5 de junio de 2011.

Bajo el título “Los amos impunes del carbón”, el reportaje firmado por Arturo Rodríguez García puntualiza que ambas familias han sabido combinar su poder económico con sus habilidades políticas para obtener las concesiones que les permiten explotar los socavones de sus fundos durante años sin sufrir contingencias laborales.

Sin embargo, la explosión del 3 de mayo en el Pozo 3 en una carbonera de Sabinas, en la que murieron 14 trabajadores y un adolescente de 15 años quedó mutilado, reveló la precariedad con la que operan las minas.

El fundo siniestrado pertenece a la empresa Beneficios Internacionales del Norte, SA de CV (BINSA), constituida el 2 de febrero de 2007, según el Registro Público de la Propiedad (RPP) local, de la que son socios a partes iguales Hilda Griselda Montemayor Marines y su esposo, Melchor González Vélez, El Chorín, hijo del empresario Alfonso González Garza.

Las autoridades observaron que fue Montemayor Marines la que firmó el contrato de renta del fundo con el concesionario minero Alfonso González Garza, quien le autorizó la explotación de pozo donde murieron los 14 mineros.

De acuerdo con la nota, el expediente de la concesión minera otorgado por la DGM –el 218000– consigna que los dueños de BINSA y por lo tanto de ese pozo son Jesús María Chuma Montemayor Seguy y su socio Alfonso González Garza, suegro de Hilda Griselda y padre de El Chorín.

Para obtener esa concesión, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 3 mil 670 pesos. Ni siquiera tenían estudios geológicos, pues desde que iniciaron el trámite con la solicitud folio 27849 de la DGM, Chuma Montemayor pidió a las autoridades que se les eximiera de presentar los trabajos periciales sobre la propiedad concesionada.

Según el expediente, la apertura de una mina de carbón es relativamente barato: las “obras de exploración”, por ejemplo, implicaron dos pagos: uno de 25 mil 850 pesos y otro de 13 mil 500, suficientes para convertir el título 202967 de exploración en el título 218000 de explotación, inscrito en el acta número 260, volumen 331 del Registro Público de Minería (RPM).

Por concesión y apertura de la mina, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 43 mil 20 pesos.

El 27 de febrero de 2004, Chuma Montemayor cedió 50% de sus derechos a la empresa Minería y Acarreos, S.A. de C.V., que pertenece a su hermano Edmundo Montemayor y tiene como representante legal a otro familiar suyo: Rogelio Javier Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, quien fue gobernador de Coahuila de 1993 a 1999 y director de Pemex entre 2000 y 2002.

Los Montemayor son ampliamente conocidos en la zona. El extinto patriarca, Edilberto Montemayor Galindo, era dueño de la concesionaria Chrysler y durante años fue proveedor de parque vehicular a los gobiernos estatal y municipal. De sus hijos, Rogelio Montemayor Seguy es el más conocido, incluso por el desvío de recursos millonarios de Pemex a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, lo que le costó su salida de la paraestatal, aunque posteriormente fue exonerado.

Chuma Montemayor fue alcalde de Sabinas entre 1985 y1987 y su hijo, Jesús María Montemayor Garza, Chumilla, ocupa actualmente la alcaldía. A su vez, Edilberto Montemayor García, hijo de Rogelio, es concesionario de la firma Mercedes Benz en Saltillo.

Rogelio tiene inversiones en autotransporte de carga, pues en 2009 se presentó como accionista de Transportes Signum SA de CV. Sus otros dos hijos, Rogelio Javier y Salvador Montemayor García, se asociaron para constituir Industrial de Carbón Signum, SA de CV.

En este ramo, la familia Montemayor acumula al menos 26 concesiones en la zona carbonífera coahuilense, según se desprende de un rastreo en el RPM. En total, tienen bajo su dominio 22 mil 786 hectáreas.

Política letal

A diez años de su creación, la paraestatal del gobierno de Coahuila, Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), se ha convertido en el instrumento que posibilita la subsistencia de un tipo de minería letal, ajena a controles de seguridad social, laboral, e incluso, fiscal y penal.

En los pocitos han muerto cientos de trabajadores y otros muchos están incapacitados de por vida, sin siquiera estar registrados en el IMSS; por sus condiciones estructurales, utilizan a menores de edad, y, por los vacíos legales de que gozan, el narco está en el negocio.

Desde el 28 de marzo de 2003 la Prodemi funge como intermediaria de los “pequeños productores” de carbón, a quienes compra el mineral para vendérselo a la CFE. Los poceros no cumplen regulaciones internacionales a las que está obligada la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, con Prodemi, se le saca la vuelta a los impedimentos.

La CFE cuenta con dos carboeléctricas en el municipio de Nava, en Coahuila, que se nutren de carbón metalúrgico.

Casi la mitad del carbón que usan (47%), es comprado a los poceros vía Prodemi, por encima del precio internacional so pretexto de procurar el desarrollo de la región.

En la proveeduría de las minas mortales han resultado beneficiados actores políticos del PRI, PAN y de la izquierda, ya sea como propietarios de minas, brokers o por controlar la Prodemi desde el gobierno estatal.

Desde su creación, la Prodemi retiene un porcentaje por tonelada comprada a los productores, de manera que obtiene cerca de 500 millones de pesos anuales, cuyo destino se desconoce.

Por si fuera poco, el gobernador Rubén Moreira y la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron el año pasado que la operación de los pocitos fue infiltrada por el narco y varias de las proveedoras de Prodemi se encuentran bajo investigación federal.

Pese a ello, Moreira ha rechazado que los pocitos sean cerrados, en tanto, en el ámbito legislativo federal, una oscura maniobra canceló la posibilidad de la prohibición de esas explotaciones mineras, durante la reforma laboral aprobada a finales del año pasado.

El 28 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral que, en el artículo 373-A de la Ley Federal del Trabajo, contemplaba la prohibición de los pocitos. El párrafo de la prohibición fue mutilado durante su envío al Senado, donde los grupos parlamentarios desoyeron los reclamos por el borrón.

Con ello, los poceros y la Prodemi, aspiran a un contrato superior a los 3 mil millones para este año, que se encuentra en proceso de concretarse con la CFE, no obstante las irregularidades detectadas en el padrón de empresas y contratistas que integró el gobierno de Coahuila.

Se reune ONG con Segob y dos días después destrozan sus oficinas


GLORIA LETICIA DÍAZ Y PATRICIA MAYORGA

MEXICO, D.F. (apro).- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización no gubernamental radicada en Chihuahua, denunció hoy que sus oficinas fueron destrozadas a dos días de reunirse con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) para revisar el cumplimiento de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH).

En un comunicado, la ONG que ha representado a familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, así como a víctimas de abusos militares, informó que hoy a las siete de la mañana trabajadores de la Cedehm advirtieron que las ventanas del local fueron destruidas “con piedras, cerámica y asfalto”, y que los impactos alcanzaron el mobiliario que se encontraba dentro del establecimiento.

Ante esa situación, el personal del Centro activó los códigos de emergencia, por el que funcionarios estatales y federales están obligados a atender a la organización, aunque éstos “acudieron hora y media después”.

El ataque a las instalaciones del Cedehm, apunta la organización, ocurrió dos días después de que sus representantes sostuviero una reunión con funcionarios de Segob “para la revisión e implementación de medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los defensores y defensoras de derechos humanos de esta y otras organizaciones del estado de Chihuahua”.

Desde 2008, el Cedehm cuenta con medidas cautelares de la CIDH, “y ante el incremento de riesgo, el mes de febrero su coordinadora general, Luz Estela Castro, adquirió también el carácter de beneficiaria de medidas provisionales de la Corte Interamericana”.

Para Castro, “los hechos denunciados son una clara agresión en contra del trabajo realizado por el Centro ante el clima de impunidad que se padece en la entidad”.

La organización recordó en su comunicado que ha sido catalogada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas como “la de mayor riesgo”, toda vez que tiene un historial de “amenazas de muerte, daños, robo, aparte de campañas de desprestigio”.

Acuerdan Segob y maestros mantener el diálogo, pero seguirán las protestas


ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de una reunión de cinco horas, el único acuerdo entre las partes fue mantener el diálogo: La disidencia magisterial mantendrá sus movilizaciones contra la reforma educativa y el gobierno de Enrique Peña Nieto, dispuesto a escuchar las peticiones mientras “no contravengan el espíritu” de ésta.

En las negociaciones celebradas en la Secretaría de Gobernación, que se realizaron mientras contingentes de maestros marchaban sobre la Autopista del Sol, los inconformes lograron arrancar al gobierno el compromiso de que no habrá sanciones por las manifestaciones y se mantendrá la mesa de trabajo, cuya próxima reunión será el martes.

Mientras tanto, los dirigentes magisteriales advirtieron que mantendrán sus protestas contra la reforma educativa, y para que se establezcan sus demandas en la ley reglamentaria, pero también que se resuelvan otras demandas.

Los profesores de Guerrero se reunirán con el gobernador Ángel Aguirre para definir una agenda y el martes regresarán a la Secretaría de Gobernación para definir temas como pagos pendientes, incumplimientos del ISSSTE y la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ya sin Elba Esther Gordillo.

Por su parte, el secretario general de la Sección XVIII de Michoacán, Juan José Ortega, informó que las movilizaciones en el país continuarán, pero aclaró que no bloquearán autopistas.

“No renunciamos a nuestras formas de lucha. Somos respetuosos de cada uno de los contingentes. Desde luego que no cesan las movilizaciones en Guerrero. Únicamente el acuerdo es liberar las vialidades y continuamos muy al pendiente”, subrayó.

Por parte del gobierno de Peña encabezaron la reunión subsecretarios de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, y de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán, mientras que los maestros eran representantes de secciones sindicales de los estados de Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Distrito Federal.

Según un comunicado de la Secretaría de Gobernación, “durante la reunión el subsecretario Rodolfo Tuirán explicó a los maestros los alcances y términos de la reforma educativa; y tomó nota de las inquietudes expresadas por los profesores en torno a la reglamentación secundaria de esta modificación constitucional.

“Los maestros acordaron mantener el diálogo con los funcionarios de la Segob y la SEP, para lo cual establecieron que en una próxima reunión presentarán sus propuestas específicas para que sean valoradas por las autoridades educativas, a fin de determinar aquellas que sean viables y que no contravengan el espíritu de la Reforma.

“El subsecretario Miranda Nava reiteró la disposición de la Secretaría de Gobernación de mantener el diálogo y la negociación como la herramienta privilegiada para lograr los acuerdos y dijo que esta dependencia estará siempre abierta para escuchar las demandas e inquietudes de los maestros de todo el país encaminadas a fortalecer la calidad educativa.”

Se preparaba un atentado contra los hermanos Monreal: PGR


PATRICIA DÁVILA

MÉXICO, D.F. (apro).- En ausencia del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y en un hecho sin precedentes, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, dio a conocer hoy la desactivación de un plan para asesinar a los legisladores Ricardo y David Monreal Ávila en esta ciudad.

En conferencia de prensa, que no duró más de tres minutos, la funcionaria informó que derivado de las labores de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la PGR tuvo conocimiento del fallido plan para atentar contra la vida del exgobernador de Zacatecas y actual diputado federal, Ricardo Monreal, y de su hermano, el senador David que, dijo, dio lugar a la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/43/2013 por “algunos hechos que pudieran constituir diversos delitos”.

Luego de poner al tanto a los legisladores del plan y de garantizar su seguridad, Mariana Benítez comentó que con la información proporcionada por el Cisen, la PGR integró una célula operativa que se avocó a investigar el paradero de los presuntos sicarios, mismos que, dijo, fueron ubicados en un hotel del centro de esta capital.

De acuerdo con la subprocuradora, en las primeras horas de este jueves concluyó “exitosamente el operativo sin violencia, en el que además de la detención de las personas involucradas, se aseguraron armas, equipo de comunicación, así como una camioneta con los que se pretendían materializar los atentados”.

La funcionaria, quien se negó a dar más detalles sobre el grupo de detenidos, se limitó a señalar que los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

También indicó que en sus primeras declaraciones, los presuntos delincuentes aceptaron que se encontraban en la Ciudad de México para materializar el homicidio de los legisladores.

Benítez Tiburcio, señaló que las investigaciones sobre este caso continuarán hasta localizar y consignar a todos los presuntos responsables vinculados en el frustrado atentado.

Hasta ahí, la información.

Nos están echando de nuestras tierras para cazar leones

Queridos amigos y amigas de Avaaz,

Somos ancianos Masai de Tanzania, una de las tribus más antiguas de África. El Gobierno acaba de anunciar sus planes para expulsar a miles de familias de nuestras tierras para que turistas adinerados puedan venir a cazar leones y leopardos. Se supone que las evacuaciones deben comenzar inmediatamente.

El año pasado, cuando la noticia sobre este plan se filtró por primera vez, casi un millón de miembros de Avaaz se unieron para ayudarnos. Su apoyo y la tormenta que generó, forzó al gobierno a negar primero dichos planes, y a retrasarlos después durante meses. Pero el Presidente ha esperado a que la atención internacional se diluya, y ha revivido su plan para arrebatarnos nuestra tierra. Necesitamos tu ayuda nuevamente y de manera urgente.

Al Presidente Kikwete puede no importarle Avaaz, pero está claro que él responde a la presión pública y a los medios internacionales. Puede ser cuestión de horas. Por favor, apóyennos para que podamos proteger nuestras tierras, a nuestra gente y a nuestros majestuosos animales, y díganselo a todo el mundo, antes de que sea demasiado tarde. Esta es nuestra última esperanza:


Nuestra gente ha vivido de la tierra durante siglos en Tanzania y Kenia. Nuestras comunidades respetan a nuestros compañeros animales y protegemos y preservamos el delicado ecosistema. Pero durante años el gobierno ha buscado lucrarse, dándole a ricos príncipes y reyes de Medio Oriente acceso a nuestras tierras para matar. En 2009, cuando intentaron desalojarnos de nuestra tierra para permitir sus frenéticas cacerías, resistimos, y cientos de nosotros fuimos arrestados y golpeados. El año pasado, príncipes millonarios dispararon desde helicópteros a los pájaros que estaban en los árboles. Estas matanzas van en contra de toda nuestra cultura.

Ahora el gobierno ha anunciado que evacuará una amplia franja de nuestra tierra para dar paso a lo que será, según afirman, un corredor de vida salvaje. Pero muchos sospechan que es solo una treta para permitir que una empresa de caza extranjera y sus clientes, adinerados turistas, tengan fácil acceso para disparar a majestuosos animales. El gobierno asegura que este nuevo acuerdo implica algún tipo de ajuste, pero lo cierto es que su impacto en nuestro estilo de vida será desastroso. Somos miles los que podríamos ver nuestras vidas totalmente desarraigadas, perdiendo nuestras casas, las tierras en las que pastan nuestros animales, o incluso ambas.

El Presidente Kikwete es consciente de que este acuerdo podría ser muy controversial para los turistas que visitan Tanzania (una fuente de ingresos fundamental para el país) y por ello no quiere enfrentarse a un gran escándalo de relaciones públicas. Sabemos que si logramos generar aún más indignación global que la que conseguimos el año pasado, y hacer que la prensa escriba sobre ello, podemos persuadirle para que se lo piense bien antes de actuar. Apóyanos ahora para exigirle a Kikwete que detenga este expolio:


Este asalto a nuestra tierra podría ser el final de los Masai en esta parte de Tanzania, y muchos miembros de nuestra comunidad han dicho que preferirían morir antes que verse forzados a abandonar sus hogares. En nombre de nuestra gente y de los animales que pastan en estas tierras, por favor únete a nosotros para hacerle cambiar de opinión al Presidente.

Con esperanza y determinación,

Los ancianos Masai del Distrito de Ngorongoro

Más Información:

Survival: La usurpación de tierras en Tanzania podría suponer "el fin de los masais y del Serengueti" (Globedia) http://co.globedia.com/survival-usurpacion-tierras-tanzania-suponer-fin-masais-serengueti

Miembros de las comunidades Masai frustran los intentos de evacuación forzosa en beneficio de la empresa Ortelo (IPP - en inglés)

Masai expulsados y encarcelados para dar paso a una concesión de un safari de caza (Survival)

"El turismo es una maldición para nosotros" (The Guardian - en inglés)

Los Masais (Survival)

Escandalosa la dimensión de la pobreza juvenil en México




Amnistía Internacional recibe con preocupación el informe “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México” elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

De acuerdo con este informe, presentado el pasado 3 de abril, casi la mitad (46%) de las 52 millones de personas que de acuerdo al CONEVAL viven en situación de pobreza en el país, son niñas, niños y adolecentes.

Además, estos 21.4 millones de menores en la pobreza representan más de la mitad del total de menores de edad en México (el 53.8% de un total de 39.2).

Para Amnistía Internacional estas confirman una realidad escandalosa e inaceptable, que resulta aún más alarmante en las comunidades indígenas, dónde 7 de cada diez niñas y niños viven en condiciones de pobreza y dónde sólo 1 de cada diez niños vive sin ninguna de las carencias medidas por el informe.

La pobreza tiende a formar un círculo vicioso, quienes viven a la pobreza tienen un acceso limitado –o inexistente- a derechos como a una adecuada educación, salud, seguridad y acceso a la justicia. Esto supone una barrera casi infranqueable para escapar a la pobreza en tanto el acceso a estos derechos no sea garantizado.

Especialmente preocupante es que la mayoría de jóvenes del país se encuentre en esta situación, pues de no tomarse medidas urgentes se estará prácticamente condenando una generación entera de mexicanos y mexicanas a vivir mayormente en la pobreza.

Amnistía Internacional ha dado seguimiento a recientes anuncios sobre un plan de combate al hambre y la pobreza. La organización saluda estos compromisos pero señala su preocupación por que estos anuncios no han establecido objetivos claros y medibles, plazos, acciones específicas ni han indicado cual será el presupuesto que se dispondrá para hacer realidad estos compromisos.

“La pobreza no es inevitable, es resultado de decisiones que personas toman sobre la vida de otras personas. Es el resultado de políticas públicas que durante décadas han condenado cada vez a más millones de personas en México a vivir bajo los devastadores efectos de la pobreza” Afirmó Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.

“Sin embargo, si existe una verdadera voluntad de la actual administración de poner fin a esta tragedia, políticas públicas efectivas podrán hacer una verdadera diferencia y contribuir a poner fin a esta inaceptable tragedia” agregó Zapico.

Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades mexicanas a hacer públicas cuáles serán las acciones específicas que conformarán su estrategia de combate a la pobreza, y que estás acciones sean participativas e inclusivos. Se debe especificar de qué forma la sociedad civil y las personas afectadas por la pobreza participarán en la conformación e implementación de esta estrategia.

Además la estrategia de lucha contra la pobreza debe poner el respeto a los derechos humanos en su centro, garantizando que los derechos económicos, sociales y culturales sean protegidos legalmente y plenamente exigibles. Por ello, la organización recuerda a las autoridades mexicanas su compromiso pendiente para firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas (PFPIDESC). Este protocolo es un instrumento internacional que permite a las personas que viven en la pobreza y cuyos derechos no son respetados por las autoridades, ser escuchados por un comité internacional de las Naciones Unidas.

Información Adicional

Desde 2008 Amnistía Internacional ha hecho campaña para pedir a México que firme y ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas. Este protocolo que permitiría a las personas viviendo en situación de pobreza denunciar la violación de sus derechos ante un mecanismo de la ONU, entró en vigor tras su ratificación por parte de Uruguay el pasado día 5 de febrero. Sin embargo, a pesar de que México fue uno de los países que impulsó en un principio la creación de este instrumento internacional, se encuentra vergonzosamente fuera de la lista de más de 40 países firmantes.

Tras darse anunciarse en enero del presente año una estrategia del gobierno federal para combatir la pobreza, Amnistía Internacional dio a conocer una serie de requisitos fundamentales que esta estrategia debería incluir para poder ser verdaderamente efectiva, este documento puede consultarse en la siguiente dirección:

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