miércoles, 20 de marzo de 2013

Guatemala: Primer juicio contra ex presidente es una esperanza de justicia




El juicio de un ex jefe de estado y de su ex jefe de inteligencia, cuyo comienzo ocurrió ayer martes 19 de marzo, supone una oportunidad largamente esperada para que las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos contra las comunidades mayas de Guatemala obtengan justicia, dijo hoy Amnistía Internacional.

En 1999, una Comisión de la Verdad respaldada por la ONU encontró que durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) unas 200.000 personas - más del 80% de las cuales eran de origen maya - fueron asesinadas o desaparecidas, y que había tenido lugar un genocidio.

El ex jefe de Estado, el general Efraín Ríos Montt, y su ex jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, serán juzgados como autores intelectuales de los asesinatos de 1.771 personas y el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas de la región del triángulo Ixil, en el sur del departamento del Quiché.

"Este juicio es realmente histórico porque es la primera vez que un ex jefe de Estado en Centroamérica es llevado a juicio por crímenes de derecho internacional", dijo Guadalupe Marengo, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

"Los familiares de las víctimas han estado esperando justicia durante más de 30 años. Es un testimonio de su perseverancia y de la de sus abogados que un juicio que ha sido bloqueado por apelaciones durante 11 años esté finalmente teniendo lugar", agregó Marengo.

A pesar de los recientes esfuerzos por fortalecer la justicia y la rendición de cuentas por los abusos del pasado, las fuerzas armadas guatemaltecas siguen sin cooperar en las investigaciones de violaciones cometidas durante el conflicto armado interno. El ejército se ha negado a cooperar con las investigaciones sobre los asesinatos, las desapariciones forzadas, el uso de la violación como arma de guerra y otros crímenes cometidos durante el conflicto.

La no presentación de documentación supone una enorme carga para las familias y las víctimas que buscan justicia o, simplemente, el paradero de sus seres queridos desaparecidos.

"La presencia de Ríos Montt en el banquillo el martes será un momento histórico para Guatemala y para los familiares y grupos de derechos humanos que nunca han renunciado a la búsqueda de la verdad sobre el destino de sus seres queridos", dijo Marengo.

“Amnistía Internacional espera que este juicio suponga un paso significativo y un progreso real en el camino hacia la verdad, justicia y reparación para las victimas y los familiares de aquellos que murieron durante los años de conflicto; un paso que se debería haber dado hace muchos años”.

Información de contexto

Se pueden encontrar varias historias de contexto acerca de la Guatemala de Ríos Montt en los siguientes links:





México: Las telecomunicaciones

Sara Lovera

ALAI AMLATINA, 20/03/2013.- La reforma que se discute en la Cámara de Diputados para construir un nuevo cuerpo normativo a las telecomunicaciones es una oportunidad para darle una visión de género, más allá de la queja recurrente de que no fuimos tomadas en cuenta. Podrían hoy, si supiéramos cómo, incluir propuestas fundadas en diagnósticos científicos y bien cimentados.

Hasta ahora sólo acompañará la discusión el sentido común y una actitud reactiva, sabiendo que los medios reproducen viejos esquemas sobre lo que somos los hombres y las mujeres. Serán peticiones generales, porque no se sabe cómo se construye el producto, por qué vías aparece ni podemos hacer un mapa de intereses que no sean la vulgaridad muy conocida: los monopolios. ¿Y qué más? El lenguaje excluyente ¿y qué más?.

Nada sabemos de la distribución del acceso a las nuevas tecnologías ni de las leyes que desde hace años regulan el otorgamiento de concesiones, ni de cómo los grupos que controlan y funcionan los más de 50 canales regionales; tampoco podemos argumentar sobre el carácter y visión de esos concesionarios.

La crítica feminista muy desarrollada en el mundo respecto de los medios, en México no ha significado una preocupación ordenada, profunda y científica desde el movimiento feminista. El tema tratado superficialmente se ha reducido a criticar esporádicamente el lenguaje sexista y la invisibilidad de las mujeres en los productos y contenidos de los medios.

Paralelamente se desarrolló una tendencia también limitada y sin conocimiento de causa, respecto del uso instrumental de los medios. O sea estrategias para la búsqueda de espacios de difusión para las acciones feministas, para la difusión de sus programas, sin participar en las discusiones de la tenencia de los medios, su regulación y normatividad que comenzó en 1977 en forma sistemática, dominada por grupos y asociaciones poco sensibles a lo que hoy conocemos como visión de género.

No existe un acumulado de conocimientos del entramado muy especializado respecto al papel político de las concesiones de radio y televisión; la cuestión del sistema radioeléctrico no ha importado. No contamos con un diagnóstico desde la perspectiva feminista de la concentración de los medios y los daños que podría ocasionar a la mitad de la población. No tenemos un observatorio científico sobre el tratamiento mediático de la condición femenina.

Los estudios de contenido, por ejemplo de las telenovelas, la publicidad, son escasos y antiguos. Ni siquiera contamos con un panorama de cómo y desde qué óptica los concesionarios de los medios definen a sus auditorios a partir de la concepción de lo que es ser hombre y ser mujer. Los estudios feministas tampoco han entrado con su visión a revisar qué ha significado el desarrollo de las nuevas tecnologías. En suma la nueva reforma encuentra a las mujeres sin instrumentos científicos de discusión.

Pensar en incluir la demanda de un lenguaje inclusivo, o demandar mayor visibilidad, no alcanza para el análisis que se necesita. Hoy las y los legisladores acordarán un cambio trascendente sin que sepamos de qué se trata. ¿Qué significa para las mujeres la competencia y la descentralización? ¿Cuántas mujeres son dueñas de medios? ¿Cuáles son las reglas de operación de la televisión pública o estatal? ¿Cómo operará la propuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones?, por ejemplo. Lo común es pedir que haya igual número de hombres y de mujeres en su operación.

Todo ello a pesar de que hace al menos 22 años distintas iniciativas han trabajado en la formación de redes de periodistas para que se hagan sensibles a la condición de las mujeres. No se conoce cuándo o dónde las feministas hayan establecido mesas de trabajo al respecto. En sus reuniones y congresos, el tema jamás ha sido considerado, y hace muy poco tiempo desde la academia se han hecho intentos iniciales.

Por ende no hay intervención feminista en la construcción de mensaje de publicidad, cuál es el catálogo de escritoras y escritores de series de televisión, cuáles son y cómo se construyen las imágenes femeninas. Cómo se forma al personal que produce la programación de un medio.

En 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, feministas de otros lares, discutieron a fondo el contenido y proyección de una sección llamada Capítulo J, que ya previó desde entonces la brecha digital entre mujeres y hombres, y delineó estrategias, incluso de carácter legislativo, para reordenar la normativa que urgía ante los rápidos cambios que derivarían en el uso de voz y datos, vía las carreteras de la información que van de la computadora al teléfono celular, donde, por supuesto, circulan ideas, mensajes, lenguaje e imágenes sexistas, discriminatorias y excluyentes para la mitad de la población.

La discusión que determinará el rumbo de las telecomunicaciones es crucial. Los nuevos instrumentos de la comunicación ya forman parte de la revolución educativa en el mundo. Ahí no estamos con nuestra palabra nacional e informada. La carencia de referentes es muy grave. No sabemos casi nada. Sólo hay un estudio muy trascendente, hecho por Gabriela Delgado y Rosario Novoa sobre la telesecundaria; el seguimiento del contenido de telenovelas, ya antiguo, realizado por Guillermo Orozco de la Universidad de Guadalajara y algunas escasas y esporádicas reacciones al desmedido uso del cuerpo de las mujeres para la publicidad, inconexos y sin diagnósticos.

Este tremendo descuido nos coloca en las márgenes de estas importantes discusiones. No tenemos datos duros, muestras científicas, catálogos de contenidos que pudiéramos mostrar en la discusión de la manera en que el discurso mediático refuerza el papel tradicional de mujeres y hombres. Ni tenemos propuestas globales para enfrentar el contenido de la reforma en telecomunicaciones. Esta desgracia será elocuente en los resultados por venir, que según todos los indicios, entre hombres, operarán el nuevo reparto, pero no podemos construir la crítica urgente, más allá de la queja, la descalificación sin conocimiento y esa sí, nuestra ansia porque los medios, sabemos, no hacen justicia a las mujeres.

Los datos duros permitirían sustentar la recomendación que hizo recientemente el comité de la CEDAW, es decir, el comité internacional que busca hacer efectiva en todo el mundo la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, ese comité recomendó “que México aplique una estrategia global que incluya iniciativas de prevención en las que participen los medios de comunicación y programas de educación pública destinados a modificar las actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la violencia contra la mujer y que la perpetúan”, ¿cómo se puede demostrar esto?, sólo con que se incluya la frase visión de género. Me temo que es muy elemental.

Otra cosa sería mostrar un catálogo analítico que pudiera dar luces para hacer esta recomendación algo viable y sustentado. No lo tenemos.

Esta situación coloca a las mujeres en una condición de marginalidad autoimpuesta en el período más importante de los cambios que ya se han prefigurado por un conjunto de personas expertas, asociaciones y legisladores que están por aprobar una reforma de “gran calado”.

En otros países, como Chile, por ejemplo, las mujeres feministas han estado en las mesas de trabajo de cada una de las reformas, visiones y análisis del significado del cambio tecnológico en los instrumentos de los medios de comunicación.

La demanda de equidad o igualdad a secas me parece, no trascenderá en esta discusión que ya está aquí y ahora. Preparar reservas para evitar la violencia y la discriminación contra las mujeres en los medios, es una frase vacía. Por ejemplo se excluyó del estudio del feminicidio en 2005, el análisis de cómo los medios trataban el problema. No tenemos ese referente elaborado por investigadoras en 10 entidades del país. Y lamentablemente este desconocimiento se nos cobrará ahora. Las campañas realizadas no tienen un estudio de impacto, por tanto tampoco sabemos cómo mostrar la tremenda ayuda que los medios podrían aportar para mitigar la discriminación femenina.

Pero nunca es tarde para comenzar. Con autocrítica podríamos hacerlo.

Veremos.


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El acoso judicial vs Ana Lilia

En concreto | Laura Itzel Castillo

Ana Lilia Pérez es una valiente periodista mexicana que durante los últimos 10 años se ha dedicado a investigar acuciosamente la terrible corrupción de diversos funcionarios de Pemex. A causa de sus publicaciones, ha sufrido múltiples agresiones y el acoso judicial del sistema, que se han traducido en persecución, vigilancia permanente, intervención telefónica y bloqueo informativo.

En 2010 publicó el libro Camisas azules, manos negras, donde revela el latrocinio multimillonario perpetrado en contra de Pemex. Denuncia cómo se triangularon recursos y demuestra cómo, desde el poder, paralizaron intencionalmente las plantas petroquímicas —a través de un embargo— para promover su privatización.

Con numerosas fuentes documenta actos graves de corrupción de altos funcionarios. Están Felipe Calderón, Vicente y Javier Fox, Marta Sahagún y sus hijos, los Bribiesca, uno de ellos hoy diputado por el partido de Elba Esther Gordillo.

También aparecen Fernández de Cevallos, Mouriño, César Nava y el diputado federal Juan Bueno Torio.

En uno de sus capítulos se refiere al desempeño de Bueno Torio como director de Pemex Refinación entre 2003-2006. Revela las irregularidades que existieron durante su administración y publica los contratos con las empresas de la familia Bueno, dedicadas al transporte de hidrocarburos.

En 2010, la Cámara de Diputados creó una comisión encargada de investigar las denuncias contenidas en el libro. Juan Bueno no respondió a ninguno de los señalamientos, pero sí presentó una demanda judicial en contra de la periodista por “daño moral”.

Desde junio de 2012 Ana vive en Alemania. Se acogió a un programa de protección para perseguidos políticos. Desde ahí, sigue denunciando la corrupción y difundiendo la situación por la que atraviesan los periodistas en México. Sin embargo, a pesar de encontrarse en Europa, no ha dejado de ser víctima del acoso judicial del diputado federal Juan Bueno Torio.

Eslabón perdido- Columna semanal de Sergio Aguayo



Durante una visita a San Luis Potosí confirmé que la reconceptualización y la estrategia sobre seguridad van por buen camino, pero tienen un eslabón perdido.

Hasta el 15 de marzo de 2013 la página de la Presidencia posee 155 discursos públicos. La mayoría fueron pronunciados por Enrique Peña Nieto aunque también incluyen a uno que otro funcionario. Once alocuciones abordan el nexo entre derechos humanos y seguridad a partir de una tesis enunciada por el Presidente: es imposible "combatir al crimen organizado" sin respetar los "derechos humanos". La idea es completada por otros integrantes de su equipo.

Para el asesor presidencial en seguridad, el general colombiano Óscar Naranjo, se requiere de "una nueva narrativa" en la cual lo "más importante [no sea] combatir el delito", sino "proteger la vida, derechos y libertades de la gente". Si uno revisa los discursos de los otros jinetes de la seguridad (Manuel Mondragón y Kalb, Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong) aparece una y otra vez la mención de que las víctimas son lo primero y se comprometen a incorporar a integrantes de la sociedad civil a los órganos decisorios, lo que se confirma con los acercamientos del área de seguridad del gobierno federal a organismos ciudadanos.

Estas ideas impregnan el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que coordina el subsecretario de Gobernación Roberto Campa. En el documento se detallan las estrategias y acciones para los 57 puntos geográficos (llamadas "demarcaciones") que recibirán atención prioritaria. En diferentes partes se insiste en que se incorporarán al proceso el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía. Hay que reconocer que el nuevo gobierno está haciendo un esfuerzo por redefinir la amenaza y la estrategia sobre nuevas bases.

Una omisión notable y significativa es que en todos estos discursos y documentos no se asigna una función específica a las comisiones gubernamentales de derechos humanos; son el eslabón perdido. Tienen apariciones fugaces acordes con el papel secundario que se les asigna en los eventos públicos relacionados con estos temas (una excepción es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal). NSon como esos personajes de familia que nadie menciona porque siguieron algún camino "equivocado" rara vez explicitado. Y cuando se habla de ellos se lanza un suspiro de resignación o una vergonzante caída de la mirada. La marginalidad es nociva y contraproducente porque estos organismos públicos tienen la función estratégica de representar los intereses de las víctimas frente al Estado. Algo anda muy mal en nuestro diseño institucional cuando es frecuente que las víctimas evadan hasta donde les sea posible a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o su equivalente y busquen una interlocución directa con el Ejecutivo federal o estatal. Su ausencia e ineficiencia deja huecos que la autoridad va llenando con parches institucionales (Províctima es un ejemplo clarísimo).

Esta situación viene de que los partidos nombran a funcionarios para estos cargos con el principio de "una cuota pa' mis cuates". Es una lógica suicida porque este tipo de instituciones necesitan personas que reúnan las tres "ces": carácter, conocimiento y compromiso. Esta situación motivó la visita que hice la semana pasada a San Luis Potosí. Fui a entregar personalmente una carta al Congreso de aquel estado. El documento lo firmamos 15 personas interesadas en los derechos humanos y en él respaldamos a Martín Faz Mora para ombudsman de aquella entidad, quien cumple de sobra con las tres "ces" (la carta puede consultarse en http://www.sergioaguayo.org)

Es probable que la desastrosa gestión del actual defensor de los derechos humanos en San Luis Potosí -José Ángel Morán Portales- contribuyera a la indefensión de víctimas que se multiplican cada mes. Por ejemplo, entre marzo y octubre de 2012 se incrementaron los homicidios en 634% y la situación es tan grave que el programa federal para prevenir la inseguridad antes mencionado incluye a dos ciudades potosinas (Ciudad Valles y la capital) entre las 57 demarcaciones prioritarias.

Conversé con diputados del PAN y del PRI. Fueron receptivos a las razones tras la carta y reconocieron que Faz Mora tiene el mejor perfil, pero también me aclararon que consideran que para otros diputados es demasiado independiente. En este sentido es posible que prefieran a alguien dispuesto a atender sugerencias y que preserven la lógica de la cuota. Esta semana sabremos a quién eligieron.

En un plano más general, es absurdo que quienes diseñan la estrategia nacional contra la inseguridad no tomen en cuenta a los organismos públicos de derechos humanos. Vivimos momentos de emergencia y es hora que pongan a trabajar en serio a estas dependencias. A las víctimas no les sirven instituciones de papel maché: brillosas por fuera pero sin consistencia por dentro.

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

Comunicado de prensa y materiales adicionales: Activistas de Amnistía Internacional exigen a Obama que no pierda una oportunidad histórica para salvar vidas.




La tarde de este martes 19 de marzo, docenas de activistas de AI exigieron frente a la Embajada de los Estados Unidos en México al gobierno de este país que asuma un papel responsable en las negociaciones de un Tratado sobre Comercio de Armas (TCA).

Integrantes de Amnistía Internacional (AI) llamaron a Barak Obama, presidente de los Estados Unidos, a mostrar un liderazgo comprometido con los derechos humanos durante las cruciales negociaciones sobre un tratado que regule el comercio de armas, exigiéndole que su país respalde las propuestas para garantizar la protección a los derechos humanos.

Desde el día de ayer, gobiernos de todo el mundo están negociando en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el texto de un TCA que al regular por primera vez el comercio de armas podría suponer un paso histórico para la defensa de los derechos humanos, poniendo fin a las tragedias causadas por las pobres e irresponsables regulaciones sobre comercio de armas de los diferentes países.

Para esta manifestación, activistas de Amnistía Internacional transformaron el camellón frente a la Embajada de los Estados Unidos en México en un cementerio de tamaño real. En el cementerio podían apreciarse tumbas de mujeres y hombres, niñas y niños que perdieron la vida como consecuencia del comercio irresponsable de armas.

“Estamos aquí para mostrarle a los Estados Unidos que las acciones tienen consecuencias. Que la ausencia de un Tratado de Comercio de Armas sólido no es solo un asunto de negociadores trajeados sino que incontables vidas dependen de la protección que este tratado debe darles” afirmó una activista de Amnistía Internacional.

Horas antes de la manifestación, Amnistía Internacional entregó a representantes de la embajada casi 24,000 firmas recolectadas en México en apoyo de un Tratado sobre Comercio de Armas que proteja los derechos humanos. Estas firmas se suman a las cientos de miles de firmas de apoyo recolectadas en todo el mundo.

“Con las negociaciones por un Tratado de Comercio de Armas entrando en la recta final, es tiempo de que el presidente Obama dé un paso adelante y demuestre que habla en serio en lo que respecta a proteger derechos humanos” afirmó Daniel Zapico, Representante de Amnistía Internacional México.

“Estados Unidos no debe condicionar su apoyo al Tratado a cláusulas que debiliten la protección a los derechos humanos, o los pongan en segundo plano por detrás de intereses comerciales. La violencia en países de todo el mundo es un recordatorio constante de lo urgente que es un tratado de armas que proteja los derechos humanos”. Agregó Zapico.

“Activistas de todo el mundo tenemos la vista puesta en este proceso con la esperanza de que los líderes políticos no nos fallen y nos les fallen a las millones de personas que necesitan la protección de este Tratado” agregó otro activista de Amnistía Internacional.

Información adicional:

Tras años de trabajo, las negociaciones que se están celebrando -del 18 al 28 de marzo- en Nueva York, constituyen la ronda final en la cual los Estados deben acordar reglas para poner fin a las transferencias irresponsables de armas a través de las fronteras, que fomentan la comisión de graves abusos contra los derechos humanos.

Mediante su reciente informe "Las Grandes Potencias Alimentan Atrocidades. Por Qué el Mundo Necesita un Sólido Tratado sobre Comercio de Armas"[i] Amnistía Internacional documenta numerosos casos que demuestran que existe una relación entre el comercio irresponsable de armas y graves violaciones a los derechos humanos.

Amnistía Internacional demanda a los gobiernos participantes en las negociaciones de este Tratado, que aseguren la inclusión de normas de protección a los derechos humanos. En concreto que si existe un riesgo substancial de que un país usará las armas para cometer violaciones a los derechos humanos, no se le deben transferir armas.

Varios gobiernos, incluyendo la mayoría de América Latina y Europa apoyan esta condición. Sin embargo, algunos países como China, Rusia y los Estados Unidos han presionado por reglas más débiles. Además, Estados Unidos, China, Siria y Egipto han manifestado su oposición a que las municiones sean reguladas mediante este tratado, lo cual permitiría que el comercio de los cerca de 12,000 millones de municiones que se fabrican cada año quedase sin control, alimentando así conflictos armados y otras violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

Amnistía Internacional lleva haciendo campaña desde la década de 1990 para lograr la aprobación de un tratado global que establezca una normativa para regular de manera estricta el comercio internacional de armas. El Tratado sobre el Comercio de Armas ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones y personalidades, incluyendo varios premios Nobel de la Paz. También ha contado con el apoyo explícito de diferentes países, incluyendo México.

El Senado de la República aprobó el pasado 13 de marzo del 2012 un punto de acuerdo en apoyo del Tratado, que contiene las principales reivindicaciones de AI.

La conferencia en la ONU es continuación de las negociaciones que se entablaron en julio del año pasado, en las que no se llegó a ningún acuerdo debido a las tácticas dilatorias de unos cuantos Estados contrarios a las metas que se pretendían alcanzar en ellas. Estados Unidos se opuso a buscar una solución antes de las elecciones presidenciales. En noviembre pasado, 157 Estados votaron en favor de volver a la mesa de negociación este mes para finalizar el texto del tratado.

No podrá haber un acuerdo, si hay daños a la nación.



Desde hace 22 años que llegó Walmart a México practicando abusos en el aspecto laboral, fiscal principalmente, mismos que se han incrementado y ninguna autoridad ha sido capaz de detener. De acuerdo al Economic Policy Institute el ingreso del 1% de la población con mayor riqueza ha crecido un 8.2% desde el 2009 mientras que el ingreso del 99% restante ha disminuido 1.2%

Existen países en el mundo que hacen respetar sus leyes con relación a la inversión extranjera y todo funciona, ejemplo: Alemania, Corea del Sur, Noruega, Hong Kong, Indonesia. Otros países latinoamericanos determinan nacionalizar empresas por la falta de cumplimiento en las leyes y como una tendencia para erradicar abusos, ejemplo: Venezuela, Argentina, Nicaragua, Perú y Bolivia, recordando que toda nacionalización trae ganancias. Otros países modifican sus políticas hacendarias para cobrar mayores impuestos a las empresas que tienen mayores utilidades como: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Irlanda, Luxemburgo, logrando una mayor "Equidad". Desafortunadamente en México no existe ninguna inquietud por ubicarse en cualquiera de las prácticas mencionadas.

Deseo que el ejemplo que citaré sirva para despertar al nuevo “mesías” y sus amigos el mejorar la captación fiscal. Olvidándose de aumentar el IVA en alimentos, medicinas o peor aceptando empresas extranjeras en Pemex, sugiriendo mejor que desaparezca la corrupción igualmente en la C.F.E.; donde se toca cualquier tema y brota demasiada suciedad. (no roben, sean austeros, erradiquen corrupción y tendremos un excelente desarrollo).

Walmart México vendió en el año 2011, $329.690 millones de pesos que sumados a los ingresos de la explotación laboral, les da aproximadamente un ingreso de mil millones de pesos diarios. De esto pagó el 2% del total de la venta que representa la cantidad de 6.5 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta que es el mayor recaudador e importante a nivel nacional. No estamos tomando en cuenta las devoluciones de impuestos que autorizó el Lic. Felipe Calderón a las empresas más importantes.

Si tomamos en cuenta que a nivel nacional la clase media paga el 30% de sus ingresos por concepto del Impuesto Sobre la Renta y si se aplicara la misma política a Walmart debería pagar la cantidad de $98 mil millones de pesos al año. Pemex la empresa nacional más importante paga el 55% de Impuesto Sobre la Renta, si se aplica la misma tasa a Walmart pagaría $180 mil millones de pesos al año y no 6.5 mil millones. Para concluir Walmart paga mucho menos impuestos que todos; pero nos vamos con el señuelo de "precios bajos todos los días" cuando debería de ser "los afecto todos los días".

Grandes diferencias:

6.5 mil millones Walmart; 98 mil millones clase media; 180 mil millones Pemex.

"Los daños a la nación no prescriben".

¿Y la nueva Secretaria de Hacienda que viene a transformar nuestro país, apá?

Frente Nacional contra Walmart
Dr. Enrique Bonilla Rodríguez
fundador y coordinador
frentenacionalac@yahoo.com (agradezco reenviar)

FUNDALEX SE SOLIDARIZA CON ANA LILIA PÉREZ Y CONDENA ACCIONES DEL DIPUTADO JUAN BUENO TORIO




* La periodistas está protegida no sólo por nuestra Constitución, sino por la Corte Europea de Derechos Humanos en distintos fallos, así como la Convención Americana de Derechos Humanos

México, D. F., a 18 de marzo de 2013

La Fundación para la Libertad de Expresión expresa su solidaridad con la autora de los libros “Camisas Azules, manos negras” y “El Cártel Negro”, Ana Lilia Pérez, a la vez de condenar la intención del diputado federal Juan Bueno Torio, de coartar la libertad de expresión de la periodista y el derecho a la información que tenemos todos los mexicanos, a saber sobre las presuntas acciones de corrupción llevadas a efecto en la administración de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.

En una carta fechada en Alemania, la también reportera de la revista Contralínea expresó que en una demanda por presunto daño moral, Bueno Torio “proyecta en mi contra acciones inhibitorias a futuro, sobre cualquier línea que pudiera yo publicar acerca de su desempeño como funcionario; en otras palabras, requiere que el juez que lleva el caso prejuzgue acerca de los señalamientos que, en el futuro, pudiera hacer yo como periodista respecto de él”.

En diciembre del 2010, por unanimidad de los diputados federales de la LXII Legislatura, el Congreso de la Unión creó la “Comisión Especial pluripartidista que se encargue de investigar las denuncias ciudadanas contenidas en el libro Camisas azules, manos negras”, y a partir de la investigación comenzó la persecución del entonces Senador de la República.

“He dedicado parte de mi trabajo profesional a investigar y hacer públicos graves casos de corrupción de funcionarios de alto nivel de Petróleos Mexicanos (Pemex). Como represalia, he sido objeto de amenazas de muerte, acoso judicial, agresiones, persecución, vigilancia, intervención telefónica, bloqueo informativo y de un recurrente abuso de poder”, expresa la periodista en su carta.

Por este motivo, “en junio del 2012 me vi forzada a salir de México, bajo graves amenazas y en circunstancias que ponían en riesgo mi vida. Para salvaguardar mi integridad y frenar el acoso y la violencia de los que he sido víctima ―documentados por organismos y organizaciones nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y de derechos humanos― me acogí a un programa europeo de protección para perseguidos políticos, bajo un esquema de asilo temporal”.

Afirma la periodista que “el diputado pretende que el Poder Judicial coloque una mordaza legal a cualquier investigación y señalamiento acerca de situaciones irregulares, anteriores o actuales, aun cuando éstas por sí mismas constituyen temas de interés público dado que se trata de un legislador que desde hace doce años, por lo menos, se desempeña en el servicio público y está obligado por ley a la rendición de cuentas, y a que la sociedad califique su gestión”.

Para la Fundación para la Libertad de Expresión es vital brindar apoyo a la periodista Ana Lilia Pérez, en tanto descubre asuntos de interés público, revela actos de corrupción y su actuación está protegida no sólo por nuestra Constitución, sino por la Corte Europea de Derechos Humanos en distintos fallos, así como la Convención Americana de Derechos Humanos.

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La crisis compleja: una elaboración

Oscar Ugarteche

ALAI AMLATINA, 19/03/2013.- En agosto de 2007 se inició en Estados Unidos la crisis llamada “de las hipotecas de mala calidad” que reventara finalmente en septiembre de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers y el crack de las bolsas de valores. La naturaleza de la crisis ha estado en cuestión y hay distintos puntos de vista sobre su complejidad. La triple crisis es una entrada, donde las crisis energética, alimentaria y económica van de la mano. Otro enfoque es la crisis de larga duración como propone Arturo Bonilla. Otra es una crisis financiera que ya pasó (2007-2009) y entonces estamos a las puertas de otra crisis en Europa. Esta es una lectura muy anglosajona y metabolizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-. Otras lecturas de más largo alcance permiten avizorar que se trata de un cambio de tiempos. En este sentido la postura de una crisis civilizatoria propuesta por Aníbal Quijano y Boaventura dos Santos está más cerca a la realidad observada que las anteriores más orientadas a que se trata de una crisis económica.

La falta de crecimiento en las economías maduras, imbuidas en sobreendeudamiento y alto desempleo, abre la interrogante sobre el capitalismo maduro. ¿Es ese el fin utópico de lo que estamos haciendo todos en el mundo en desarrollo? Las consecuencias sobre el planeta de aquello van a parar en la destrucción de la vida. El informe de la European Environmental Agency de noviembre del 2012 advierte que el aumento de la temperatura del globo será de alrededor de 3.6 a 4 grados Celsius entre el 2010 y el 2100. Reconoce al mismo tiempo que esto viene tras el aumento de 1.3 grados Celsius desde la revolución industrial hasta la primera década del siglo XXI. Las consecuencias se pueden apreciar en la tormenta que inundó y congeló a Manhattan en octubre del 2012 así como en el aumento de los desastres atmosféricos sufridos alrededor del mundo en la última década.

La interrogante es ¿qué estamos haciendo como humanidad con nuestro planeta? Estamos destruyéndolo para lograr, como utopía, que cuando toda la población esté empleada y cómoda, la economía no tenga la capacidad de sostenerla ni económica ni materialmente. La inviabilidad de la lógica del progreso como transformación de la naturaleza por el hombre se ha hecho patente, como indica Francisco Aguayo en su texto, mas adelante. Más que transformado, el ser humano ha destruido la naturaleza.

El refugio para las crisis siempre fue la creencia, pero esta vez tenemos una crisis religiosa, en especial en los continentes americano y europeo. Jan de Vos(1) se refiere a la crisis en la iglesia católica como una crisis cismática y abre la interrogante sobre la capacidad de regeneración que tiene para recuperarse del cisma en el que está inmersa. La iglesia, dice Vos, está cada día más alejada de su feligresía. Hay los que proponen el regreso a la iglesia primigenia de los primeros tres siglos. Los problemas en torno a esto los plantea Vega Centeno lúcidamente al sugerir que en América Latina lo que se comienza a observar es una pluralidad de creencias.

La marcha económica desde hace tres décadas va orientada a las exportaciones a través del salario bajo. El objeto de la política claramente es la concentración del ingreso y lo ha logrado. Nunca en la historia ha estado el ingreso mundial más concentrado y nunca en la historia ha habido tanta distancia entre los países pobres y los ricos. En el mundo colonial había un cierto equilibrio de riqueza. El fin de colonizar era trasladar riquezas de un lado al otro del mundo. En el mundo neocolonial, el objeto es empobrecer un lado del mundo que crece para enriquecer al otro que no crece. El mundo y sus riquezas se subordinan a lo que requieren las grandes potencias. Excepto que esta vez entraron a la lista de grandes potencias otros países que están transformando la estructura global de poder.

El dogma del Mercado

Doscientos años después que terminara la verdad revelada, en la Edad de la Razón, la humanidad se enfrenta nuevamente a una nueva verdad revelada: el Mercado. Si Dios antes era el portador de la verdad y el conocimiento era un obstáculo fácilmente salvable para garantizar que dicha verdad se mantuviera, hoy día es el Mercado el portador de la verdad. El Mercado es omnipresente y perfecto: todo lo sabe y todo lo puede, habla y escucha, en todo el orbe. El conocimiento, en cambio, no impide que dicha verdad continúe extendiéndose como un dogma. Esa es la función de las teorías neoliberales en lo económico y neo conservadores en lo político que conforman la post modernidad que domina el modo de entender a inicios del siglo XXI. En este campo, la filosofía política va por delante de la experiencia y propone un ordenamiento social inexistente a partir de las relaciones individuales únicamente. No hay intereses de clase, ni nacionales. Solo individuales que deben de ser atendidos de inmediato. La inmediatez es un elemento de esta post modernidad individualista llevada al extremo: la del agente económico aislado y urgido.

Foucault en Sujeto y Poder advierte que el sujeto humano está inmerso en relaciones de producción y de significación y por lo tanto está inmerso en relaciones de poder muy complejas. La interrogante que se plantea es ¿Qué legitima el poder? ¿Cómo se construye el significante del poder? Una vez con una teoría del poder ya se puede aproximar al análisis de la realidad. La búsqueda de Foucault no es la de Weber. No busca la parte institucional del poder sino el cómo opera en las conciencias. Busca el proceso de sometimiento, cómo se define la norma y lo que está fuera de la norma. Sin ir muy lejos, cómo invade el sentido común y lo transforma. Lo transforma con las ideas que quiere utilizar para someter, dentro de un contexto histórico muy definido: económico y político.

El fascismo y el estalinismo son dos formas patológicas de poder dentro de contextos muy precisos. El poder puede por lo tanto transformarse para someter del modo que encuentra más posible. Toda la discusión es sobre el espacio que se abre para el poder y de qué manera invade y somete al sujeto humano. A pesar de su locura interna, ambas formas usaron las ideas y los procedimientos de nuestra racionalidad política. De esa misma manera, hoy día el Mercado ha sometido la razón y la política con el soporte político neoconservador, más próximo al fascismo que al estalinismo, pero lejos de los espacios democráticos en construcción a partir del siglo XVIII. Todo lo que se aleja de esta interacción es anatema, se aleja del dogma y debe de ser excomulgado: por ejemplo Venezuela, Ecuador, Bolivia, la mala izquierda en palabras de un político neoconservador mexicano que antes fuera del Partido Comunista Mexicano.(2)

Al mismo tiempo, los colapsos bancarios rescatados por el Estado porque el Mercado no tenía la capacidad, pusieron de relieve el doble discurso. Muy grandes para quebrar fue como se denominó a lo que antes llamábamos monopolios y coordinación fiscal se bautizó a lo que antes se llamaba intereses grupales. El asalto del Estado por el complejo financiero bancario desnaturalizó el discurso del Mercado en Estados Unidos. Salvo el poder todo es ilusión, decía Mao, y dicen ahora los banqueros en Estados Unidos que han llegado para quedarse al departamento del Tesoro, donde rotan de tiempo en tiempo en una puerta giratoria criminal, insuflada de intereses en conflicto. Simon Johnson y James Kwak esto lo ponen en blanco y negro en su 13 Bankers. El Mercado sí, pero con el Estado bajo control por las dudas para trasladar el ahorro que ellos necesitan. Pero solo para los monopolios del capital financiero bancario. El resto del sector financiero que se enfrente a las leyes del Mercado. De este modo, 1500 bancos han quebrado entre 2008 y diciembre del 2012, pero los monopolios financieros han crecido: JP Morgan se compró a Chase, Citibank se compró el Bank of America que se había comprado a Merril Lynch, etc. Por ejemplo, Robert Rubin, último secretario del Tesoro en la etapa de la desregulación iniciada en 1980, que benefició a Citibank con una ley en 1998, recibió de Citibank 126 millones de dólares en los años desde que dejó el cargo. Esto, en la ley de Estados Unidos, no es ni corrupción ni delito. La consecuencia para ellos del asalto al poder, por ejemplo, es que la crisis iniciada en el 2007, que contrajo el PIB de Estados Unidos, tuvo al mismo tiempo 1% de crecimiento del sector financiero de Estados Unidos en el 2009.

La gobernanza global antes centrada alrededor del FMI, el Banco Mundial y el multilateralismo público, organizado por los Estados Unidos tras la segunda guerra, ha perdido fuerza. La crisis desde el 2008 ha mostrado que los Estados no sirven para gran cosa salvo trasladar recursos al Mercado financiero, y que solo el G20 es la solución. El G20 reúne a los Países ricos altamente endeudados (HIRC por sus siglas en inglés) comenzando por Estados Unidos, Gran Bretaña, algunos europeos y Japón, con los acreedores más grandes del mundo desde China hasta Arabia Saudita. De esta forma los responsables de la crisis económica y financiera liderada por el Mercado, son los que hoy intentan imponer las nuevas reglas del juego financieras y económicas internacionales en el G20 a través del B20 y del T20, siendo el B20 un grupo de empresas, y el T20 un grupo de think tanks que le ponen la agenda al G20. El texto de Jorge Gaggero pone en evidencia la manera cómo arbitrariamente los pastores del Mercado reparten su palabra suprimiendo forzadamente lo que los apostatas están intentando decir dentro del espacio del T20.

¿Es preferible un FMI reformado y democratizado, que dé cuentas a los nuevos poderes, con una nueva teoría económica que una gobernanza privada que no tiene manera de dar cuenta sino a sus socios? ¿O, la regionalización puede asistir? La regionalización tiene la ventaja de acercar a las instituciones a sus Estados clientes y de responderles directamente a las necesidades de éstos. La idea europea de regionalización contiene también un aspecto de agregación de poder de negociación, en el marco de la guerra fría. En América Latina, tiene el sabor de agregación de poder frente a Estados Unidos, que como vemos aún ahora, sigue interviniendo en la vida interna de los países para favorecer sus intereses, como si la guerra fría perviviera. Los gobiernos que desisten del discurso dogmático en América Latina han buscado la integración y han sido resistidos por los que están con el discurso dogmático. El discurso tuvo a uno de sus mejores expresiones en Hugo Chávez. Este enfrentamiento ideológico económico tiene su correlato político, sin embargo, en los ejes políticos del hemisferio: Washington y Brasilia.

Población, empleo y productividad

La esperanza de vida ha crecido en el mundo en las dos últimas décadas de forma visible. Quizás con la excepción de los países de la ex Unión Soviética que vieron una reducción significativa de su esperanza de vida en 1990, se aprecia que hay más personas trabajando por más años de vida útil. En simultáneo la revolución feminista incorporó a las mujeres al mercado de trabajo. Carlos Welti muestra cómo en Asia y América Latina más que en Europa y Estados Unidos esto ha tenido grandes consecuencias en términos de desempleo juvenil y baja del nivel salarial. También ha tenido un impacto en términos ambientales porque hay que darle de comer a más gente, y por lo tanto se utiliza más fertilizantes contaminantes y hay más basura tecnológica, con las consecuencias que esto provoca en los flujos de agua.

La inversa de la crisis financiera de Estados Unidos y Europa es que parece haberse convertido en una bendición para América Latina que recibe flujos crecientes de capital de corto plazo. Lo que está impactando es el diferencial de tasa de interés, con efectos sobre tipos de cambio y reservas internacionales. ¿Qué perspectivas abre este panorama para América Latina y cómo se puede evitar? Sumergidos tanto dogmáticos como apostatas en la crisis que tiene como efecto que las tasas de interés en Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa y Japón sean negativas en términos reales, es decir netas de inflación, ambos grupos de países están inundados de capitales de corto plazo y reflejan por lo tanto auges en los precios de sus bolsas de valores, sus tipos de cambio y sus mercados de bienes raíces. Las excepciones pueden ser Argentina seguida de Venezuela y quizás Ecuador.

A mayor crisis, menor capacidad de préstamos dentro de Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa y Japón y más necesidad de recurrir a mercados nuevos dinámicos. Al mismo tiempo, mientras más bajas las tasas de interés más se inyectan capitales a instrumentos de renta variable y más altos los índices de las bolsas de valores inclusive en las economías críticas. De esta manera se explica que los índices de Bolsa de Nueva York estén por encima de donde estuvieron en el 2007, al inicio de la crisis, a pesar de que su PIB casi no crece desde el 2009 y la perspectiva recesiva es fuerte. Eso es lo que se llama burbuja en términos financieros, no tiene detrás sustento real, es puro efecto monetario producto otra vez de las políticas de la FED (Reserva Federal), como lo fue en 2004 al 2007. Europa sigue el mismo curso, acompañado de Gran Bretaña y de Japón en lo que en términos cambiarios es percibido como una guerra de divisas.

El problema de la crisis yace en que la productividad de las economías líderes crece a una tasa baja, el consumo a una tasa alta y el crédito para el consumo a una tasa aún más alta. Esto se estiró al punto que las importaciones derivadas del alto consumo se hicieron inmanejables. Al perderse empleos este esquema entra en reversa, se contrae el consumo, se contrae el crédito de consumo y en algún momento se inicia la recuperación de la productividad. Sin embargo las políticas que se vienen aplicando tienen que ver con reducir empleo pero no con mejorar productividad que se busca mejore por tipos de cambio – competitividad.

La combinación de bajas salariales, como madre de la economía, aunado al crecimiento de consumo vía crédito tiene efectos sobre la calidad de vida de la población. El empleo se ha vuelto más precario y los derechos sociales se han ido perdiendo a favor de concentrar el ingreso, objetivo central de la política. Cuando esa población protesta por la pérdida de empleo es percibida como una amenaza terrorista. Sin duda a eso apunta la transformación de las leyes contra la protesta social en leyes antiterroristas. Desde Chile hasta Estados Unidos la protesta social está catalogada como terrorista, el trato del detenido/da, por lo tanto, es el de no-ciudadano. La persona no tiene derechos cuando es detenida por terrorismo, siendo ésta en realidad una protesta salarial o de empleo o de calidad de vida. El trato a los protestantes en Madrid, Nueva York y otras capitales en la ya disuelta campaña de Occupy Wall Street fue en esa dirección. El trato en Europa sigue siendo de ese modo. Escribió recientemente Saskia Sassen(3) que la democracia como la hemos conocido está debilitada en particular en Estados Unidos.

Lo que enfrentamos es una degradación profunda del estado liberal. Las matanzas por drones(4) y el encarcelamiento ilegal están a un extremo de aquel espectro de degradación, y la subida del poder, destrucción económica y arbitrariedad del sector financiero están al otro extremo.

Susan George acaba de publicar El Informe Lugano II donde argumenta que el sector financiero ha acordado que lo relevante no es la democracia sino la rentabilidad y que se debe hacer todo para garantizar la misma. Esta es básicamente la idea de Sassen y es la idea detrás del dogma económico. Baste recordar que se introdujo el dogma en el mundo en Chile de la mano de Pinochet en 1974 con el inolvidable soporte del dúo Milton Friedman/Henry Kissinger y el auspicio financiero de la ITT.

Hacia la militarización del control social

La manera de la aplicación de la política de la FED llamada Quick Easing, en el Perú “la maquinita”, consiste en inyectar liquidez comprando bonos del tesoro a los bancos de inversión que los tienen. Esto lo hacen todos los bancos centrales de los HIRC. Esa liquidez es luego usada por los bancos de inversión para invertir tanto en sus propias bolsas como en el exterior. Como los commodities se han titulizado, vale decir, tienen títulos valor con mercado propio, entonces los inversionistas compran cobre, títulos valor que da derecho a cierta cantidad de cobre físico. La manipulación de estos títulos valor empuja los precios de las materias primas por encima de su nivel real de precios determinada por oferta y demanda física. Desde el año 2008 es clarísimo cómo los precios de las materias primas están determinados básicamente en el mercado de títulos valor. El efecto es un crecimiento muy fuerte en las economías lideradas por las exportaciones primarias de África y América Latina. Con altas tasa de crecimiento, los países dogmáticos no están dispuestos a escuchar a los apóstatas, que también crecen mucho, en la necesidad de crecer de otro modo, o de integrarse de otro modo al mundo, privilegiando el mercado de bienes industriales. Los países dogmáticos están cerrando filas a través de tratados y acuerdos con Estados Unidos para asegurar que el dogma sea siempre respetado. El más reciente es el Tratado Trans-Pacífico -TPP- que aparentemente le da a las corporaciones más derechos, de manera análoga al Acuerdo Multilateral de Inversiones-AMI- que fuera suspendido en 1999 en Seattle tras las protestas sociales.

En términos de teoría económica lo que se aprecia es que el dogma orientado a la concentración del ingreso viene ganando posiciones en Europa también. El FMI parece haber perdido peso allí frente a la Comisión Europea, que sirve de portavoz de esta mirada. El problema de la concentración del ingreso aunado al del sobre consumo y a la sobre acumulación siguen en el centro de la crisis. No se han resuelto. Por el momento, la crisis “global” está dividida en dos, una parte está en los HIRC, donde es evidente el deterioro continuo, y la otra donde los capitales de corto plazo fluyen y donde se siente el impacto de las alzas de los precios de las materias primas por las razones explicadas. Sin duda, la crisis se va a generalizar cuando los precios bajen por efecto de ajustes de tasas de interés o se reactiven los HIRC. Esto último es menos probable en un futuro previsible. En ningún caso una reactivación basada en la tecnología, a su vez movida por energía fósil, es la solución porque precipitará un desenlace indeseable. La interrogante es si existe otro modo de entender la economía que sea viable y si diseños como el Buen Vivir pueden tener proyección global.

El control social militarizado parece ser el nuevo rasgo de la crisis tanto en los HIRC como en el resto del mundo. El funcionamiento del complejo financiero bancario de manera extendida por todo el mundo está en proceso de generalizarse, articulándose de esta manera tanto la gran prensa como los intereses de esa gran banca que al fin son 30 instituciones y están representadas en el G20 y la guían. No hay ninguna evidencia que nada esté impidiendo que lo financiero siga funcionando de la misma manera que antes de la crisis. La incapacidad de pasar leyes regulatorias en Estados Unidos y la salida de Barney Franck del Senado indican el peso que tienen. La presencia de allegados del Complejo Financiero Bancario en el Securities and Exchange Commission de Estados Unidos y el Tesoro de dicho país, así como la de banqueros de inversión en casi todos los gobiernos de Europa, habla del asalto al poder también allá. El contrapoder con la capacidad de cuestionar el dogma y el orden establecido detrás de él crecen en países de América Latina pero peligra. Las amenazas sobre Argentina, Venezuela, etc., van en esta dirección.

Notas:
(1) Jan de Vos, “Un Papa aferrado a la metafísica neoplatónica”, La Jornada, México, Domingo 3 de marzo, 2013, p. 22.
(2) Tomado de la introducción de Ugarteche y Martínez, La gran mutación, Serie Breviarios, IIEC-UNAM, 2013, en prensa.
(3) SaskiaSassen,“Drones over there. Total surveillance over here”,
(4) Un drone es un equipo aéreo de guerra manejado a larga distancia por control remoto. http://dronewarsuk.wordpress.com/aboutdrone/

- Oscar Ugarteche, economista peruano, es presidente de ALAI . Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org.

* Este texto es parte de la Revista América Latina en movimiento No. 483, que en esta edición trata sobre "La crisis compleja" (http://www.alainet.org/publica/483.phtml)

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Amnistía Internacional teme por la vida de defensor de migrantes en Tabasco.




El pasado 4 marzo, Rubén Figueroa colaborador del Albergue para personas migrantes de “La 72” ubicado en Tenosique, Tabasco, fue objeto de amenazas de muerte. Las amenazas de muerte provenían de una persona que había sido señalada por estar implicada en actos de extorsión contra migrantes. Amnistía Internacional teme por la vida de Rubén Figueroa.

La amenaza ocurrió inicialmente cuando trabajadores del albergue le negaron la entrada al agresor. Ante esto el agresor aseguró tener conocimiento de que había sido Rubén Figueroa quien lo había señalado y afirmó: “lo traemos entre ceja y ceja, dile a […] Rubén que le vamos a dar piso, ya los contactos saben”.

Personal del albergue ha denunciado la amenaza de muerte contra Rubén Figueroa ante la Procuraduría General de la República (PGR) en Tenosique. La procuraduría informó que ya ha abierto una investigación. Sin embargo, las autoridades locales han retirado recientemente las medidas de protección proporcionadas tras las amenazas previas contra trabajadores de “La 72”, medidas que incluían patrullas de policía en el albergue.

Amnistía Internacional ha tenido conocimiento que en días recientes y tras haber presentado la denuncia, los actos de intimidación se han incrementado.

La organización está gravemente preocupada por el peligro que corren Rubén Figueroa y otros colaboradores del Albergue, incluido el sacerdote Fray Tomás González, quienes continúan desempeñando su legítima labor aún bajo amenazas y sin contar con medidas de protección adecuadas.

Amnistía Internacional llama a las autoridades a brindar protección efectiva de forma inmediata y conforme a los deseos de las personas afectadas. Así mismo, la organización pide a las autoridades que se investiguen de forma exhaustiva e imparcial las amenazas contra fray Tomás González y Rubén Figueroa, y que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia.

Información Adicional:

Cientos de miles de migrantes irregulares tratan cada año de atravesar México desde América Central y del Sur para llegar a Estados Unidos. Amnistía Internacional ha documentado constante ataques contra las personas migrantes, incluidos ataques cometidos por bandas del crimen organizado, en ocasiones con la complicidad de funcionarios públicos. La impunidad por los abusos contra los migrantes, que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, ha permitido que dichos abusos aumenten, pese a los compromisos del gobierno de garantizar el respeto por los derechos de los migrantes.

Rubén Figueroa y fray Tomás González trabajan en el albergue “La 72”, y han sido víctimas de amenazas y actos de intimidación constantes por su trabajo ayudando y defendiendo a los migrantes irregulares que atraviesan México.

En 2012, la Cámara de Diputados y el Senado de México aprobaron por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil, pero es preciso establecer urgentemente protocolos operativos y directrices claras sobre cooperación entre autoridades federales y estatales, y asignar recursos, para garantizar su eficacia.

Oficio de Papel




Cisen investiga robo de combustibles
Empresas transportistas involucradas
La Canacar negocia Convenio Marco

Después de estar dormidos por casi 12 años, lapso en el que el Partido Acción Nacional asumió el poder presidencial, los órganos de inteligencia del Estado parecen haber despertado y se han puesto a trabajar para contener uno de los problemas que más preocupa al gobierno de Enrique Peña Nieto: el robo de combustibles petrolíferos, clasificado como un asunto de seguridad nacional.

Oportunamente, al cumplirse este lunes 18 de marzo 1 año más de la histórica expropiación petrolera a manos del presidente Lázaro Cárdenas, los órganos de inteligencia han reanudado su capacidad de investigación para descubrir a exfuncionarios petroleros, empresarios y transportistas privados vinculados con el crimen organizado para robar combustibles refinados de ductos y plantas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Información de esos órganos de inteligencia revela cómo una red de delincuencia organizada utilizó a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) para introducir en el Convenio Marco que tiene firmado con Pemex Refinación, desde diciembre de 2008, camiones para transportar combustibles sin que fueran descubiertos y, al mismo tiempo, robar productos petrolíferos, trasladarlos a grandes almacenes y después venderlos clandestinamente.

El grupo de delincuentes que operaba para los cárteles de Los Zetas y del Golfo era liderado por Fabián Rodríguez Moreno, quien fue capturado hace 3 meses junto con varios cómplices, y ahora los órganos de inteligencia del Estado indagan a varios funcionarios, empresarios y líderes sindicales que presumen habrían intervenido en facilitarles el acceso a la Canacar, para que contaran con los permisos correspondientes y transportar los productos sin ser molestados por las autoridades.

A esta banda criminal le aseguró la Procuraduría General de la República (PGR) 22 camiones, 15 tractocamiones, 44 semirremolques, cuatro vehículos, tres contenedores con capacidad para 32 mil litros de combustible (diésel), los cuales contenían 16 mil litros de combustible aproximadamente; 19 mil 773 litros de gasolina Magna, valuados en más de 210 mil pesos; 20 mil 976 litros de Pemex diésel, con un valor de 230 mil 526 pesos, entre otros productos.

De acuerdo con las fuentes de inteligencia, fue el secretario general de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Héctor Sosa Rodríguez, quien habría solicitado a funcionarios petroleros que los camiones de transporte de combustibles de Fabián Rodríguez fueran autorizados por la paraestatal dentro de su red de servicio, mediante lo cual obtenían permisos oficiales de Pemex y evitaban ser detenidos cuando trasladaran petrolíferos robados de la misma paraestatal.

Según las investigaciones oficiales, el dirigente petrolero Héctor Sosa, el segundo en la estructura del sindicato petrolero, apenas abajo del cuestionado líder Carlos Romero Deschamps, es primo del jefe de la banda que fue capturado a finales de noviembre de 2012, Fabián Rodríguez, por lo cual, aseguran, lo recomendó en Pemex y en la Canacar.

Sin embargo, entrevistado en sus oficinas de la Sección 34, ubicadas en el Distrito Federal –por el rumbo de Azcapotzalco–, el líder petrolero negó cualquier parentesco con el líder mafioso capturado y aseguró que tampoco lo recomendó para que sus tractocamiones recibieran permisos oficiales de Pemex.

La información de inteligencia revela que empresas de transportistas afiliadas a la Canacar habrían dado su aval para permitir que los camiones de la delincuencia organizada fueran autorizados para dar servicio a Pemex. Según la información gubernamental, en la red de contrabando de combustibles hay funcionarios petroleros, empresarios, transportistas, exdirectivos de Pemex, trabajadores petroleros y cárteles de las drogas.

Investigan vínculos de banda criminal

La Procuraduría General de la República (PGR) y los órganos de inteligencia investigan los vínculos de la principal banda de robo de combustible en el Noreste del país, que operaba bajo la protección de Los Zetas y del Cártel del Golfo, en Nuevo León y Tamaulipas, respectivamente, a la cual se le aseguró casi 1 millón de litros de combustible.

El líder de la banda capturado, Fabián Rodríguez Moreno, compraba el hidrocarburo a las células de las mencionadas organizaciones delictivas, según declaró a la prensa el encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia Barrientos.

El combustible robado lo escondían en empresas de Nuevo León, en oficinas logísticas y administrativas, además de que contaban con gasolineras donde comercializaban el hidrocarburo y domicilios particulares.

Junto con el líder del grupo delincuencial fueron capturados Irineo Pompa González (segundo al frente de la banda), Juan Francisco Sota Mendoza, Inocencio Santes Castillo, Claudia Juárez Ovalle y Dayaena Margarita Jaramillo Álvarez.

El convenio marco de Pemex-Canacar

El director jurídico de Petróleos Mexicanos, Marco Antonio de la Peña, señaló que de 2006 a la fecha se han presentado 6 mil denuncias por estos delitos, que han derivado en 300 procesos penales contra 600 personas.

A propósito del aniversario petrolero, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, tiene la misión y el encargo directo de la Presidencia de la República de hacer una limpia de actos de corrupción y malos manejos en la principal empresa del Estado.

Por instrucciones de Lozoya Austin, los directivos petroleros revisan todas las áreas de la paraestatal a fin de hacer eficiente su operación, ahorrar costos y disminuir la corrupción y prebendas que durante décadas han marcado el trabajo de la paraestatal petrolera. Para ello, revisan meticulosamente todos los contratos multimillonarios asignados en el sexenio pasado a empresas privadas nacionales y extranjeras, así como las nuevas contrataciones de bienes y servicios que realizan en este momento.

En esa exhaustiva revisión, aparece el convenio marco firmado en diciembre de 2008 entre Pemex Refinación y la Canacar para el transporte de productos refinados. Posterior a dicho acuerdo, Pemex ha firmado contratos individuales anuales con cada una de las empresas transportistas afiliadas a dicha Cámara.

El último contrato firmado tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, y éste se amplió 2 años para su conclusión el 31 de diciembre de 2013. Una de las características de estos contratos es que establece que el pago del servicio de transportación de refinados se actualizará cuatrimestralmente de acuerdo con el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural, Productos Petroquímicos e Interorganismos.

Este convenio marco se negocia actualmente entre funcionarios petroleros encabezados por el director corporativo de Operaciones, Carlos Murrieta Cummings, y los representantes de la Canacar, lo que ha desatado una batalla legal y mediática de los transportistas en contra de Pemex y su líder negociador, a quien han demandado penalmente ante la PGR y presentado una acusación en la Secretaría de la Función Pública por incumplimiento del convenio marco, al negarse Pemex Refinación, según los inconformes, a actualizar las tarifas desde el 1 de octubre de 2009.

En la PGR el Ministerio Público desechó la acusación en contra de Murrieta Cummings por “improcedente” y así puso a salvo momentáneamente a su director corporativo de Operaciones, a quien se niega Pemex a remover de las negociaciones como lo ha solicitado la Canacar.

En respuesta a la agresiva campaña legal y mediática en contra de la paraestatal petrolera y sus directivos, el director Lozoya pidió el auxilio de todo el gobierno federal por considerar que los transportistas de productos refinados ponen en riesgo la seguridad de abasto en todo el país, al comportarse algunos transportistas con actitudes gansteriles que, se investiga, podrían tendrían vínculos con el crimen organizado para el robo, almacenaje y transportación de petrolíferos.

Esta investigación de las áreas de inteligencia del gobierno apunta a encontrar más responsables por el robo de combustibles y esto ha puesto muy nerviosos a funcionarios de Pemex, transportistas privados y líderes sindicales que estarían con la delincuencia organizada.

Pérdidas anuales por 10 mil millones

Información de Pemex confirma que el problemas del robo de combustibles es tan grave, que anualmente asciende a unos 10 mil millones de pesos, por lo que el déficit del sexenio calderonista por la ordeña de ductos podría alcanzar entre 30 mil millones y 60 mil millones de pesos.

Aunque es considerado un asunto de seguridad nacional que involucra al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y a las áreas de inteligencia de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, el problema no se ha podido resolver. De acuerdo con información de Pemex y de la Procuraduría General de la República, Veracruz es la entidad donde se registra el mayor número de tomas clandestinas. Le siguen Sinaloa, Nuevo León, el Estado de México y Tamaulipas.

Con el propósito de reducir el robo de combustibles y vigilar el transporte, Pemex Refinación puso en operación un moderno sistema de monitoreo para vigilar, en tiempo real, a más de 3 mil autotanques pertenecientes a las empresas transportistas agremiadas a la Canacar, que prestan el servicio de transporte terrestre de petrolíferos en territorio nacional.

De este modo, la empresa petrolera pretende hacer más confiable y segura la comercialización de combustibles, al contar con tecnología de vanguardia, la cual permitirá mejorar el transporte y distribución de productos petrolíferos desde las terminales de almacenamiento y reparto hasta las estaciones de servicio.

El Centro de Monitoreo de Autotanques de la Gerencia de Transporte Terrestre (CMAT) de la Subdirección de Distribución realiza el monitoreo de estas unidades 24 horas diarias durante los 365 días del año.

Mediante este moderno sistema, será posible detectar de inmediato irregularidades, tales como que el conductor del autotanque se salga de ruta, abra el domo del contenedor de combustible o permanezca más tiempo del debido en el lugar de destino.

Asimismo, con la incorporación de los dispositivos electrónicos de localización satelital en las unidades de los transportistas privados, se verificará en todo momento la velocidad de tránsito, así como sus rutas y, en general, todas las operaciones de los traspasos de producto por autotanque.

Cabe mencionar que antes de iniciar la operación de este moderno sistema, Pemex formalizó el procedimiento para determinar la procedencia de faltantes en traspaso de productos petrolíferos vía autotanque.

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