miércoles, 16 de junio de 2010

Video y Audio : AMLO CON DANTE EN XAPALA VER., 16 JUNIO 2010



Watch live video from elpejejito's channel on Justin.tv

Audio del Discurso de AMLO



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Audio del Evento Completo



Gracias al pejejito por la transmision en vivo


Fuente: TVVER
Difusion: AMLOTV



EL CAMBIO ESTA EN TI Y EN MI....EL SENDERO DE VERACRUZ, ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.http://elsenderodeveracruz.blogspot.com/

Llama AMLO al pueblo de México a apoyar con víveres a mineros de Cananea y a trabajadores del SME




Llama AMLO al pueblo de México a apoyar con víveres a mineros de Cananea y a trabajadores del SME
México, Distrito Federal
Martes 15 de junio de 2010



* Los apoyos serán para que puedan mantener su lucha y enfrentar los embates de los potentados, afirma

* El centro de acopio de alimentos de consumo generalizado se instalará en las oficinas del Gobierno Legítimo de México, detalla

* Invita a la ciudadanía a hacer donativos para la misma causa en la cuenta Banorte, número 0544555080 a nombre de Honestidad Valiente A.C.

Andrés Manuel López Obrador llamó al pueblo de México a apoyar con víveres a los trabajadores de la mina Cananea y a los electricistas de la desaparecida empresa pública Luz y Fuerza del Centro, para que puedan mantener su lucha y enfrentar los embates de los potentados, a través de campañas de difamación en la mayoría de los medios de comunicación.

Informó que el centro de acopio de alimentos de consumo generalizado se instalará en las oficinas del Gobierno Legítimo de México, ubicadas en San Luis Potosí número 71, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal o hacer donativos para la misma causa en la cuenta Banorte, número 0544555080 a nombre de Honestidad Valiente A.C.

En entrevista con los periodistas Nora Patria Jara y Miguel Ángel Velázquez, conductores del informativo “Discrepancias”, el presidente legítimo de México, destacó la necesidad de ayudar a resistir a los mineros de Cananea y a los trabajadores electricistas. Los primeros fueron desalojados de sus fuentes de empleo, mientras se resolvía un litigio y los segundos fueron despedidos injustamente con el deliberado propósito de entregar 26 mil kilómetros de fibra óptica a las empresas Telefónica y Televisa.

Ante los micrófonos de Radio UNAM, que se trasmite por el 860 de AM, explicó que tardarían más de 500 años en recuperar los 30 mil millones de pesos de inversión para la introducción de la fibra óptica, que se utiliza para la transmisión de Internet, el teléfono y la televisión. Los nuevos concesionarios pagaron solo 850 millones de pesos por una concesión de 20 años, recordó.

Como lo detalla en su nuevo libro: “La mafia que se adueñó de México… y el 2012”, López Obrador señaló que el dueño de la Mina de Cananea es Germán Larrea, quien fue uno de los beneficiados con el reparto de la reserva minera durante la gestión del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Las instalaciones estaban valuadas, en 1990, en aproximadamente 2 mil millones de pesos y Larrea solo desembolsó 400 millones de dólares, si es que realmente pagó por la mina de Cananea, añadió.

Larrea Mota Velasco no aparecía entre los hombres más ricos de México y del mundo al inicio del mandato salinista, pero al finalizar el sexenio aparecía como uno de los hombres más acaudalados de México y actualmente ocupa el sitio número 73 a nivel mundial y el tercero a nivel nacional.

En la décima obra de su autoría, el presidente legítimo de los mexicanos menciona que el proceso de desincorporación de empresas públicas y su posterior entrega a un grupo de allegados, con lo cual se conformó un nuevo corporativismo empresarial. Posteriormente Ernesto Zedillo Ponce de León continuó la obra iniciada por su antecesor y se concretó en rescate bancario, que significó convertir deudas de unos cuantos en deuda pública.

A la fecha se destinan del presupuesto público un promedio anual de 35 mil millones de pesos para el pago de intereses del rescate bancario, explicó al responsabilizar al propio Zedillo del desmantelamiento de la red ferroviaria y de acabar de un plumazo con más de 150 años de historia.

A pregunta expresa que le formularon los conductores Velázquez y Jara, aseguró que con el movimiento que encabeza y la participación libre y conciente de millones de ciudadanos, se podrá transformar al país, es decir, con una insurgencia cívica y un despertar ciudadano.

Sobre la eventual necesidad de requerir de las siglas de los partidos políticos de izquierda para contender en la próxima elección presidencial y derrotar en las urnas a la mafia de la política, López Obrador aclaró que existe la posibilidad de participar a través de las candidaturas independientes si se concreta una reforma electoral antes del 2012 o bien se podría participar con el PRD, PT y Convergencia.

“El proceso electoral es un medio, no un fin, que es el cambio, la transformación auténtica de México y sus instituciones, y en el 2012 habrá las condiciones para llevar a cabo un cambio verdadero”, abundó.

A la fecha –añadió- se han constituido alrededor de 8 mil comités territoriales en todo el país y se avanza para formar hacia el 2012 un total de 80 mil a nivel de cada colonia, pueblo, barrio y unidad habitacional.

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Fuente: Gobierno Legítimo
Difusión AMLOTV

Audio: Carmen Aristegui MVS Noticias 16 junio 2010




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Audio Cortesia AMLOTV

www.amlotv.com.mx
Soberania Popular

Fuente: MVS Noticias
Difusión AMLOTV

Audio: Entrevista al Presidente Legítimo de México Lic. Andrés M. López Obrador en RADIO UNAM 15 junio 2010




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Fuente: Radio UNAM
Difusión: AMLOTV

La Cooperativa de rescate ambiental del Río Laja es víctima de la violencia paramilitar y de la ausencia del estado de derecho.

Paramilitares

Extractor que lidera a los paramilitares

Juan Vázquez


Estamos reunidos en Asamblea en el pueblo de Dolores Hidalgo. Somos los integrantes de la cooperativa que después de tres años de gestiones obtuvimos los permisos y concesiones legales para extraer arena del cauce del río Laja e iniciar así la reconstrucción de ese cauce para devolver a la cuenca su condición natural y estable.

El día de ayer fuimos agredidos por un grupo armado y por diversos pobladores azuzados por los caciques locales. La agresión ocurrió mientras trabajábamos en el cauce dentro del área previamente marcada por los planos autorizados. Los paramilitares armados con pistolas y rifles, secuestraron por un lapso aproximado de 3 horas, al trabajador de la cooperativa José Refugio Carrillo

Los agresores dispararon armas de fuego proporcionadas por el cacique y extractor clandestino Erasto Enríquez Rivas alias “el gavilán”, y por los caciques de los pueblos Nazario Rodríguez Alvarado, Florencio Vázquez González, Otilio Ordaz Lara, Fernando Ramírez Villanueva Margarita Padrón, Apolinio Mejía Rendo destituido como de legado de una comunidad por delincuente, que reclaman se les pague una cuota o mordida de quinientos pesos por cada camión de arena que se saque. Además los opositores al proyecto de la cooperativa, están ofreciendo 5 mil por cada una de nuestras cabezas.

El saldo de la agresión es que nuestro compañero Juan se encuentra hospitalizado, después de haber sufrido trauma cráneo encefálico y pérdida total del conocimiento a causa de la pedriza y de la sangre perdida en el lugar de la agresión.

La Cruz Roja se negó a recoger a nuestros heridos y quien recibió los llamados de auxilio contestó : si es en Río Laja ¡mátense! Nosotros no vamos. La autoridad municipal, ante los llamados de auxilio, nos hizo saber que no podrían intervenir porque tenían detectadas a nueve personas con armas, y ya en una agresión anterior siete policías habían sido víctimas de la violencia sin que se hubieran podido defender.

Las autoridades estatales, que el año pasado habían hecho presencia para garantizar los trabajos de la cooperativa, hoy se niegan a presentarse para apoyar a las fuerzas de seguridad locales.

Se han presentado las denuncias judiciales correspondientes y sabemos que el Procurador del Estado se niega a proceder a las detenciones que corresponderían tras los hechos delictivos que han venido ocurriendo.

Estamos en una absoluta indefensión y viviendo una situación que escapa ya al trabajo legal de la cooperativa y a la paciencia de todos los pobladores de esta cuenca.

Sin la vigencia del Estado de Derecho, y estando todos los ciudadanos a merced de la violencia generada por los caciques y extraccionistas ilegales, vemos venir la generalización de la violencia junto con la clausura de las fiestas del bicentenario.

Y nos amenazan, además, con que si nos defendemos corremos el riesgo de que nos cancelen la concesión que con tanto trabajo y sacrificio hemos obtenido.

Por tales hechos La Cooperativa reunida en Asamblea general declara:

1 Exigimos que el Estado gobierne. Es decir, que se haga valer el estado de derecho y se proceda a la inmediata detención de los delincuentes que nos agredieron e hirieron a nuestros compañeros, destruyeron los camiones de volteo que estaban en el lecho del río, así como nuestros vehículos. La no aplicación de la ley y la no vigencia del estado de derecho sólo dará pie para la justicia por propia mano.

2 Exigimos que la fuerza pública que sea necesaria se apersone para garantizar el ejercicio del derecho que asiste a la cooperativa para trabajar en el lecho del río. De no presentarse la fuerza pública hacemos responsable al Gobernador y a las autoridades federales de la violencia que se desate en la cuna de la independencia.

3 Expresamos nuestra total y absoluta disposición para incorporar a los trabajos y al proyecto de rescate ambiental del río a todos y cada uno de los pobladores ribereños que quieran conocer el proyecto o tengan interés en incorporarse al mismo. El río requiere del trabajo y el compromiso de todos los ciudadanos de la cuenca para restaurar los ecosistemas y generar nuevas fuentes de empleo.

4 Hacemos del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional que elementos de la administración del estado han establecido alianzas con los grupos de delincuentes violentos que vienen interviniendo en el río Laja para proteger a los extraccionistas a cambio de recursos y apoyos para la sucesión de poder en el Estado.

5 Expresamos nuestro reconocimiento al Srio. de Gobierno del Estado de Guanajuato que realizó todas las reuniones necesarias para escuchar a las partes, constituyó el Consejo de Cuenca con los tres niveles de gobierno (Federales, estatales, municipales) y se pronunció a favor del proyecto de rescate ambiental de la Cooperativa. Propone desazolvar sistemáticamente y bajo regulación en la materia, el cauce del rio laja, por la existencia del vaso de la presa de San Miguel de Allende, Guanajuato.

6 Denunciamos que la así llamada Unión Campesina Democrática, adherida al PRD, se ha sumado a los grupos opositores, y ha contribuido a radicalizar a los caciques constituyendo también un grupo de interés que pretende pescar en río revuelto para obtener beneficios particulares.

7 Agradecemos la asesoría y el acompañamiento del Senador Jorge Ocejo en los largos trabajos de la Cooperativa. Su compromiso y sus sabias orientaciones han sido aliciente para que la cooperativa consolide su estrategia.

8 Apelamos a la cordura de las autoridades federales a las que ya se ha recurrido entregando el expediente completo de los hechos de delito para que intervenga restituyendo el estado de derecho antes de que sea demasiado tarde y el bicentenario se convierta en una fecha de duelo, de lamento y de venganzas.

9 Hacemos un llamado al Consejo Superior del Cooperativismo y a la Confederación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo para que no nos dejen solos en esta digna lucha de los cooperativistas más pobres y comprometidos.

Desde la cuenca de la independencia, Río Laja municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Cooperativa Desarrollo Ecológico y Aprovechamiento Comunitario Sustentable.

Difusión: Soberanía Popular

Asesinan a otro periodista en Honduras, Luis Arturo Mondragón



Fuente: TeleSur
Difusión: Soberanía Popular

Es tiempo de su libertad; organizaciones presentan informe conjunto sobre presos de Atenco


México D.F., 15 de junio de 2010 (Cencos).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la posibilidad de demostrar que el Estado de derecho existe en México si dictamina la liberación de los doce presos políticos de Atenco. Esta semana se dará a conocer la fecha en la que la SCJN de una resolución sobre el caso.

Organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, colectivos, activistas, integrantes de la academia y artistas que conforman La Campaña Libertad y Justicia para Atenco esperan que la Suprema Corte de su fallo antes de terminar el mes de junio.

Siendo esta una posibilidad de acceso a la justicia, las organizaciones Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Comité Cerezo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Seminario de Acompañamiento Psicosocial, presentaron el Informe colaborativo de violaciones a derechos humanos 12 presos por la defensa de la tierra, es tiempo de su libertad. El informe está conformado por cinco capítulos en los que se documenta y argumenta la violación a los derechos humanos de los 12 de presos y sus familias.

En el capitulo 1, el Centro Prodh, definió el operativo de más de 300 mil 500 agentes de la policía el 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, como un caso emblemático de criminalización de la protesta. Simón Hernández León, abogado del Centro Prodh, explicó que “el Estado reconoció al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) como un actor social de interlocución con autoridades federales y estatales que logró una victoria en el año 2001 cuando echaron atrás el proyecto del aeropuerto en tierras atenquenses, en este sentido, el Estado tenía que ejemplificar con un proceso de represión las consecuencias de desestabilizar el status quo de manera colectiva,”afirmó.

El capitulo 2, elaborado por el área jurídica del Centro Vitoria argumenta el uso faccioso de la justicia en el caso. El director de esta organización, Miguel Concha Malo, expuso cómo la figura de secuestro equiparado vigente en el código penal del Estado de México, ha sido una herramienta jurídica para criminalizar la protesta social fijando penas de 35 a 50 años de prisión a luchadores sociales equiparando el delito de secuestro con actos de protesta social.

Miguel Concha, afirmó que las violaciones a derechos humanos ya han sido ampliamente documentadas, incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 38/2006, en este sentido, hizo un llamado a la Suprema Corte, a no limitarse a refrendar la existencia de las violaciones, sino también a señalar culpables directos y actuar como un verdadero órgano de justicia, “lo mínimo que puede hacer es decretar la liberación de los presos,” aseguró durante la presentación.

El Comité Cerezo por su parte, documentó en el capitulo 3 y 4, los testimonios de los presos y sus familiares, mismos que describen la violación sistemática de derechos humanos bajo el régimen actual en los penales, en los que las y los presos son sometidos a condiciones de hacinamiento, limitado acceso a agua potable, la corrupción que se vive en todos los niveles dentro del penal y el autocontrol que ejercen los mismos presos sobre otros presos.

Héctor Cerezo, integrante del comité, explicó la manera en que estas violaciones son extendidas a los familiares en los días de visita al penal, “pues al ingresar tienen que desnudarse y sufrir tratos degradantes e inhumanos por parte de los custodios, lo cual constituye una situación prolongada de tortura, práctica con la que se violan tratados intencionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado”, dijo el activista, quien además exigió “la libertad de los 12 presos, el cese inmediato de las violaciones y la derogación del régimen interno de los penales de extermino.”

El capitulo 5, elaborado por el Seminario de Acompañamiento Psicosocial, documentó los efectos psicosociales en los familiares de los 12 presos que tuvo la represión de 3 y 4 de mayo así como el posterior encarcelamiento a partir de tres premisas: la represión política tiende a romper el tejido social, es usada como un emblema de castigo a movimientos sociales y genera daños colectivos.

Manuela Arancibia, del Seminario, explicó el deterioro físico, psicológico y económico que el encarcelamiento ha traído a las familias. Padecimientos psicosomáticos, síntomas de depresión así como la ruptura del horizonte de vida son algunos de los cambios que han tenido que enfrentar las y los integrantes del FPDT. Sin embargo, “la redes de solidaridad que han conformado y el deseo de liberar a los 12 presos también han logrado romper el clima de miedo y decaimiento”, aseguró la activista.

Por su parte, el historiador Adolfo Gilly, se pronunció por un debido ejercicio de la Justicia en el caso Atenco “es necesario para la sociedad entera y ayudaría a distender la situación de tristeza generalizada que vive el país y la percepción de que la justicia no existe, el caso Atenco es enorme y es como muchos otros, pero es crucial para el estado anímico de la sociedad en su conjunto,” afirmó.

Asimismo, el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, resaltó la labor de las organizaciones que realizaron el informe cómo una vía correcta para revigorizar el movimiento amplio por los derechos humanos ante la crisis de justicia actual, y nombró el caso Atenco cómo un “caso paradigmático de venganza del Estado”, en el que la SCJN, en una lógica de espejos debe dictar la libertad a los 12 presos cómo lo hizo en el caso Acteal, en el que se argumentaron violaciones al debido proceso.

Lamentó que en el país los casos de violaciones a derechos humanos tengan que llegar a la SCJN porque las instancias correspondientes no cumplen su labor de impartición de justicia. “Si la Suprema Corte no resuelve favorablemente y sigue en la lógica de las instancias que la antecedieron, este es una caso apto para llevar a las instancias internacionales”, concluyó.

Fuente: CENCOS
Difusión: soberanía popular

Simula Estado dar cumplimiento a sentencia de Campo Algodonero


Difusión Cencos México D.F. 15 de junio de 2010
Boletín de prensa
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.

Una de las dieciséis acciones a las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) obliga al Estado mexicano para reparar los daños causados por no cumplir con sus obligaciones de no discriminar y de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, es la creación de una página electrónica con toda la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas.

Algunas de las autoridades federales encargadas de dar seguimiento y cumplimiento a la sentencia, como es la Comisión Nacional Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), informaron que sería la Procuraduría general de justicia del estado de Chihuahua (PGJE) quien daría cumplimiento a este punto, al crear un micrositio específico para ello.

Familiares de desaparecidas han buscado en el internet y el único vínculo nuevo que han encontrado es el dominiowww.pgjechihuahua.com adquirido en abril del presente año, por la empresa Interplanet S.A de C.V., en el que, junto a otras ocho temáticas de información oficial de la PGJE, se incluye la información sobre los reportes de extravíos de mujeres en Chihuahua desde 1993.

La página de inicio contiene dos reportes de dos niñas desaparecidas el pasado 5 de junio. Sin embargo, la información contenida en el apartado específico sobre “reportes de extravíos de mujeres”, a través de archivos de PDF, sólo incluye información de “casos vigentes” hasta diciembre de 2009 y de “reportes de ausencia o extravío de mujeres” hasta abril de 2010. Cifras y datos que no corresponden, por ser menos, a los registrados por familiares de mujeres desaparecidas y por las organizaciones civiles de Ciudad Juárez.

Familiares de Mónica Janeth Alanís Esparza, joven estudiante de ICSA en la Universidad de Ciudad Juárez (UACJ) desaparecida desde el pasado 26 de marzo de 2009, e incluida en los documentos de casos vigentes ahí publicados, han consultado la página. Su madre, Olga Esparza, señala estar ¨Muy desilusionada de esa página, no proporciona información vital, como los datos para localizar a las mujeres, como se van a enterar quienes son si no están sus fotos. Deberían de estar los rostros de las mujeres como información principal. Solo está la de joven desaparecida mas reciente¨.

Los documentos que se difunden en esta página sobre los casos vigentes sólo incluyen el nombre y edad de la mujer desaparecida, la fecha de ausencia y de reporte, así como el número de averiguación previa. Datos indispensables como son foto o retrato hablado, características físicas y lugar de desaparición no son incluidos.

La información está mezclada con otras que informan sobre las órdenes de aprensión giradas por la PGJE, secuestros y extorsiones, fraudes telefónicos, así como información obre la Fiscalía de homicidios de mujeres, comunicados de prensa, casos judicializados en Chihuahua y los reportes de recuperación de autos robados –esta última información sí actualizada diariamente hasta la fecha-. La Sra. Esparza señala que la página no es adecuada para las necesidades de búsqueda “hay mucha información que se confunde ¿que tienen que ver los carros robados allí?.

La creación de esta página responde a la violación del deber del Estado Mexicano de tener información estadística actualizada y fidedigna sobre los hechos de violencia contra las mujeres.

La Corte establece que la página debe ser específica y actualizarse permanentemente. En el juicio, el Estado mexicano presentó como prueba de su cumplimiento respecto de la información sobre mujeres desaparecidas, la página www.mujeresdesaparecidascdjuarez.gob.mx. Sin embargo la Corte no la aceptó pues observó que dicha página, una vez que fue publicada, no fue actualizada, -y en este momento ha dejado de existir, ocupando su vacío la página de la CONAVIM-. Por esta razón la Corte estableció requisitos puntuales para difundir la información sobre mujeres desaparecidas así como los mecanismos para recabar información de la ciudadanía.

Ante ello, el señor Ricardo Alanís señala que “la pagina está inconclusa, las personas no pueden participar porque no están las imágenes, fotos de las mujeres para dar información, no están las caracterizaciones de ellas, sus señas, media filiación. Solo esta una lista sus nombres y ubicados en una zona no prioritaria dentro de la página, a diferencia de informaciones de la procuraduría para otros casos¨

“No se ha difundido el link para que todo mundo tenga acceso. Se le preguntó alrededor de 50 personas cercanas vinculadas con estos casos y nadie sabe que existe la página, no se ha difundido a los medios de comunicación porque la gente no sabe, ni los han visto anunciados en periódicos, tele o radio. Este microsito no cuenta con ligas desde las páginas oficiales, sin embargo expresa cumplir con su difusión en “los medios masivos de comunicación” e invitar a “toda la ciudadanía a comunicarse con las autoridades, incluso de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante para determinar el paradero de las personas que siguen desaparecidas, ausentes o extraviadas”.

La CorteIDH establece esta página como una más de las acciones que el Estado mexicano debe de implementar en torno a la prevención, investigación y atención a los casos de mujeres desaparecidas, que incluye además:

1. Crear un protocolo efectivo de búsqueda a mujeres desaparecidas,

2. Estandarizar los protocolos y manuales de investigación de casos de mujeres desaparecidas de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos y con una perspectiva de género,

3. Crear una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; la información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida, y la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua.

4. Capacitar permanentemente a los funcionarios encargados de aplicar dichos programas y protocolos de búsqueda e investigación de mujeres desaparecidas con una perspectiva de género.

5. Realizar un programa de educación para toda la población de Chihuahua para superar la vioelncia contra las mujeres.

Cabe recordar que el cumplimiento de la sentencia no es exclusivo del gobierno del estado de Chihuahua, sino de los tres poderes del Estado mexicano con sus tres órdenes de gobierno. Tanto desde el ámbito federal como en el local se cuentan los recursos y capacidades instalados para cumplir con dicha disposición, por lo que su incumplimiento sólo puede responder a la falta de voluntad política del Estado mexicano por cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ciudad Juárez, Chihuahua a14 de junio de 2010

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C

Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular

Tortura y arbitrariedad, práctica recurrente en México

Difusión Cencos México D.F., 15 de junio de 2010
Boletín de prensa
CMDPDH

 Con este son ya 73 los casos de personas detenidas arbitrariamente, arraigadas y torturadas que documenta y da seguimiento la CMDPDH.
 La CIDH solicita información al Estado mexicano con motivo de la detención arbitraria y tortura a que fueron sometidos seis policías municipales de Cárdenas, Tabasco.
 Este representa otro caso que documenta la CMDPDH en el Estado de Tabasco, respecto de tortura presuntamente cometida por el ejército mexicano.

El día 25 de mayo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares a fin de proteger la vida e integridad física de seis policías municipales de Cárdenas Tabasco, quienes fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a tortura y tratos crueles. Con motivo de esta solicitud la CIDH ha solicitado información al Estado mexicano sobre el estado de salud y condiciones de detención de los policías.

Conforme a la documentación de la CMDPDH y el Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos A.C (CDDH); los seis policías municipales fueron detenidos el 13 de mayo de 2010, mientras se encontraban en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Cárdenas, Tabasco. La detención la realizó un grupo de personas con vestimenta tipo militar, que se identificaron como integrantes de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y elementos de la Fiscalía de Alto Impacto y Anti Secuestro, sin que les mostraran orden de aprehensión ni de presentación.

Las seis personas fueron torturadas e incomunicadas el 13 y 14 de mayo, lapso en el que fueron sometidos a actos que consistieron en: asfixia por colocación de bolsa de plástico en la cabeza, aplicación de descargas eléctricas en los genitales y distintas partes de cuerpo, los obligaron a ingerir agua para arrojarla por la nariz mediante la aplicación de presión en el vientre parándose encima de ellos, golpes y patadas en distintas partes del cuerpo, mordidas en las orejas entre otros. Todo lo anterior con el fin de que las personas se declararan culpables del delito de asociación delictuosa.

Los 6 policías fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco hasta el 14 de mayo de 2010. Fueron arraigados del 14 al 17 de mayo; el día 17 de mayo fueron trasladados al Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco CRESET acusados del delito de asociación delictuosa agravada.

Las condiciones de salud de estas seis personas son graves debido a los actos de tortura a los que fueron sometidos, uno de ellos tuvo que ser trasladado al Hospital Adolfo A. Rovirosa, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco el día 14 de mayo. Con motivo de la tortura, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente; le quitaron el bazo y una parte del intestino, pues estaba fisurado debido a los golpes, también le fue removido una parte del hígado.

El 24 de mayo a pesar de que la herida se había infectado y que al señor le aquejaba la fiebre, fue dado de alta por la noche y trasladado al CRESET, al área de enfermería en donde se encuentra actualmente sin recibir la atención médica adecuada. El expediente médico no fue entregado a su esposa, se lo entregaron al custodio al momento de ser dado de alta del hospital.

El 25 de mayo la CMDPDH, en representación de las familias, inició una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El día 01 de junio personal de la CNDH, realizó una visita al CRESET para constatar el estado de salud de las seis personas y aplicó el Protocolo de Estambul.

Aunado a esto, las organizaciones firmantes condenan las amenazas que se han presentado con motivo de este caso; la abogada que lleva la defensa penal ha recibido llamadas telefónicas en las que la amenazan para que se retire del caso.

Exhortamos al Estado mexicano a que:

 Cumpla con la solicitud de información realizada por la CIDH respecto a la detención arbitraria, arraigo y tortura a que fueron sometidos seis policías municipales de Cárdenas, Tabasco.
 Asuma los compromisos internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por el senado y prohíba la práctica de la detención arbitraria, arraigo y tortura, ya que con este caso suman 73 los casos que actualmente da seguimiento la CMDPDH.
 Inicie una investigación por los actos de tortura a los que fueron sometidos los seis policías municipales referidos.
 Garantice la integridad personal de los 6 policías y sus familiares, y en especial que brinde la atención médica adecuada a las personas detenidas actualmente en el CRESET.

México D.F. 14 de junio de 2010

Para mayor información visita www.cmdpdh.org y/o escribe a comunicacion@cmdpdh.org

Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular

COMUNICADO DEL FRENTE AMPLIO OPOSITOR DE SAN LUIS


New Gold-Minera San Xavier mantiene sus operaciones cotidianas en Cerro de San Pedro; cada día se pierden entre 70 y 80 mil toneladas de territorio y se cianuran 32 millones de litros de agua del acuífero; la montaña de lixiviación crece; etcétera. Todo completamente fuera de la ley y simulando procesos jurídicos. La tardanza de PROFEPA para actuar y hacer valer plenamente las leyes de nuestro país está provocando mayor descomposición social. Por su parte, el gobierno estatal del priísta Fernando Toranzo profundiza su cómplice indiferencia y sube el tono autoritario y represivo de su administración:

Como es de su conocimiento, desde el pasado mes de noviembre del 2009 el abogado de Pro San Luis Ecológico, licenciado Héctor Barri, solicitó oficialmente una audiencia con el gobernador Fernando Toranzo Fernández con el fin de informarlo sobre las ilegalidades de New Gold-Minera San Xavier y la sentencia federal que implicaba el cierre inmediato y definitivo de dicha empresa. Se trataba de coordinar esfuerzos entre la sociedad civil organizada y el gobierno estatal para instrumentar las acciones que permitieran a los ciudadanos acceder a la procuración de la justicia, a lo que, por otra parte, está obligado el gobierno estatal.

Desde entonces, el gobernador Toranzo ha guardado absoluto silencio y se ha negado a cumplir con la obligación que tiene de escuchar las demandas ciudadanas. La misma actitud de rechazo a la ciudadanía la ha mostrado Toranzo Fernández desde que asumió la gubernatura para con múltiples movimientos y organizaciones sociales, las cuales han solicitado audiencia por diversos medios sin ningún resultado positivo.

En este contexto y de cara a la insensible y despótica actitud de Toranzo Fernández, diversos organismos civiles de San Luis Potosí nos encontamos en una situación de riesgo ante la criminalización de nuestras legítimas acciones de protesta, que sólo buscan exigir al gobierno local, por la vía de la movilización pacífica, el estricto apego a la justicia, el fin de la impunidad, de la corrupción y de los abusos del poder.

El caso del encarcelamiento de la licenciada Francisca Reséndiz Lara así lo demuestra: Tras pedir sin resultados audiencia con Toranzo durante meses, Francisca Reséndiz, en su calidad de secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, decidió instalar un plantón de protesta sindical frente al Palacio de Gobierno de la capital potosina, exigiendo una mesa de diálogo y la reinstalación de 12 agremiados y agremiadas del sindicato que fueron despedidos injustificadamente al inicio de la nueva administración estatal. A lo largo de estas semanas, Reséndiz y sus compañeros recibieron múltiples agresiones por parte de la policía estatal.

El pasado martes primero de junio el gobierno de Toranzo Fernández, mostrando su verdadero rostro, ordenó el encarcelamiento de Francisca Reséndiz, fincándole entre otros cargos el de motín por haber entrado al Palacio de Gobierno para solicitar, por enésima ocasión, audiencia con el gobernador. Fue consignada el miércoles, en medio de vejaciones y maltratos, al penal de La Pila, donde no alcanza fianza por estar acusada de "motín". Reséndiz ha sido además juzgada por Toranzo cuando éste declaró a los medios el jueves, sin proceso de por medio, que se trataba de una delincuente. Les anexamos un enlace a un breve video donde se aprecia el momento de la detención de Francisca Reséndiz. Otras trabajadoras despedidas se mantienen a las afueras de la oficina del gobernador, sentadas en el piso, en espera de que las escuchen. Sólo han recibido golpes, burlas, acoso, misoginia y amenazas.

El FAO informa a la opinión pública que desde el miércoles se encuentra internada en el penal de La Pila una mujer absurdamente acusada de motín, que ha sido estigmatizada por ejercer su labor sindical de forma independiente, activa y pacífica; que ha sido ya juzgada por el gobernador, por diputados y diputadas, y por un sector de la sociedad que se hace eco de lo que expresan algunos medios locales de nulo criterio. Todo esto previo al proceso jurídico. Se trata de un linchamiento ilegal a cualquier forma de protesta y en el contexto de innumerables conflictos provocados por autoridades sumidas en la ineptitud y en la simulación ante la corrupción y la impunidad.

Mientras Calderón y Toranzo hacen estruendosas declaraciones sobre el cumplimiento irrestricto de la ley, ambos gobernantes toleran las descaradas ilegalidades de los verdaderos delincuentes. En el caso del sindicalismo, mientras encarcelan a líderes femeninas de sindicatos independientes, Calderón se mantiene al servicio de Elba Esther Gordillo, imagen contundente de la corrupción;

En el caso de New Gold-Minera San Xavier, Felipe Calderón y la PROFEPA mienten. Esta dependencia asegura que tiene una estrategia legal para hacer efectiva la sentencia que impide la operación de New Gold, y que el gobierno federal está haciendo lo que le corresponde. Miente. Por su parte, el jefe supremo de las hoy tristemente célebres fuerzas armadas, Felipe Calderón Hinojosa, permite que el comandante de la 12a zona militar en San Luis Potosí, el general de brigada DEM Federico A. Reynaldos, le sostenga a Minera San Xavier un ilegal permiso de explosivos mientras organiza una exposición fotográfica en sus cuarteles para que la población "conozca a su ejército". No sólo eso: Calderón protege al exgobernador Marcelo de los Santos Fraga nombrándolo director de la Casa de Moneda de México, ubicada en la capital potosina. Como recordarán, De los Santos Fraga, ahora convertido en un multimillonario, fue uno de los principales orquestadores del tráfico de influencias y corrupción para obtener el ilegal permiso del 2006 para Minera San Xavier ante el gobierno que encabezó Vicente Fox Quesada.

Les pedimos mantenerse atentos frente a esta situación, sobre todo ante la posibilidad de que Francisca Reséndiz sea retenida en el penal de La Pila cuando venza el término constitucional para definir su situación. El video donde se muestra su detención habla por sí mismo, y demuestra que el gobernador Toranzo no tiene idea de lo que puede ser un verdadero motín. Reiteramos: independientemente de la naturaleza laboral del conflicto, lo que no se puede tolerar es que en México una mujer sea encarcelada y acusada de motín por exigir una audiencia con el ejecutivo estatal o con cualquier otra autoridad. El FAO se mantendrá vigilante y solidario con Francisca Reséndiz, y será vigilante también de las acciones de un gobierno estatal completamente desacreditado, que en cualquier momento pretenderá aplastar todas las protestas ciudadanas.

El FAO les comparte un artículo de Jesús González Schmal y una nota de La Jornada nacional de hoy sábado escrita por Angélica Enciso, ambas con información sobre el caso Minera San Xavier. También les pedimos su solidaridad para que nos ayuden a denunciar lo que está sucediendo en San Luis Potosí;

kolektivoazul/FAO

¡Gracias por su solidaridad y comprensión! ¡Libertad inmediata a Francisca Reséndiz! ¡Alto a la criminalización de la protesta social! ¡Alto inmediato a New Gold-Minera San Xavier! ¡Cárcel a los responsables de la destrucción!

Fuente: Notas Rebeldes
Difusión: Soberanía Popular

Inversión en monocultivos viola derechos humanos y agrava el cambio climático

Difusión Cencos México D.F., 15 de junio de 2010
Boletín de prensa
FIAN / HIC-AL / SAL

La publicación “Azúcar Roja, Desiertos Verdes. Informe Latinoamericano sobre monocultivos y violaciones al derecho a la alimentación y vivienda adecuadas, el agua, la tierra y el territorio”, coordinada por FIAN (FoodFirst Information & Action Network), HIC-AL (Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina) y Solidaridad Suecia-América Latina (SAL), será presentada el martes 15 de junio de 10.00 a 15.30 horas en el Salón Digna Ochoa 3, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Avenida Universidad 1449, colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón.

El documento, compuesto por artículos de 26 autores y casos de 11 países latinoamericanos, muestra que el modelo agroindustrial basado en los monocultivos tiene graves impactos en los derechos humanos. Los monocultivos además generan destrucción de la biodiversidad y el ecosistema, deforestación y aumento de gases de efecto invernadero, agravando el cambio climático.

La publicación fue posible gracias a las contribuciones de una amplia gama de movimientos sociales, ONG, académicos y periodistas que ofrecen sus reflexiones desde su particular perspectiva, experiencia y área de conocimiento. Entre los autores y autoras podemos mencionar a la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a una Vivienda Adecuada, Sra. Raquel Rolnik; a Inge Armbrecht de la Universidad del Valle de Colombia, quien participó en el proceso de Evaluación Internacional de Ciencia y Tecnología en Agricultura para el Desarrollo -Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD)-; a Miguel Altieri de la Universidad de California en Berkeley y finalmente a Christian Courtis, experto en derechos económicos, sociales y culturales que elaboró la presentación del Informe.

En el lanzamiento contaremos con la presencia de algunos de los/las autores del Informe como Gerardo Cerdas de la coordinación del Grito de los Excluidos/as Continental con sede en Costa Rica; Natalia Landivar, coordinadora de FIAN Ecuador; Soledad Castro del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAPP) de Costa Rica; Paulo Aranda, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MOCASE) de Argentina; Juan Pablo Soler, de Otros Mundos de Colombia; Gustavo Castro, de Otros Mundos A.C. de México; Mateo Cortes Alto, productor de palma africana del Municipio de Mapastepec en Chiapas. Además, nos acompañarán como comentaristas Carlos de la Torre, de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y Aleira Lara, de Greenpeace México.

Antecedentes:

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los monocultivos son la práctica agrícola de cultivar un único tipo de planta en toda una finca o área determinada. El sistema agrícola convencional/productivista, también conocido como modelo agrícola industrial, se caracteriza por preferir los monocultivos y la producción a gran escala, utilizar prácticas de producción intensivas recurriendo fuertemente al uso de capital, tecnología e insumos petroquímicos externos, y orientarse al mercado nacional y cada vez más al global, gracias a la liberalización del comercio agrícola y las políticas de seguridad alimentaria basadas en el comercio internacional.

El tema de los monocultivos actualmente suscita posiciones encontradas entre las empresas agroindustriales, los productores locales y organismos de derechos humanos, debido a que los monocultivos tienen diversos impactos negativos en el ejercicio y vigencia de los derechos humanos, colectivos e individuales, de poblaciones originarias y rurales, como: el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la vivienda adecuada, los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y comunidades étnicas y el derecho al agua.

En los últimos años, la producción de agrocombustibles (etanol y otros combustibles que se originan procesando el maíz, la caña de azúcar, la palma de aceite, la soya y otros alimentos) se ha convertido en un sector estratégico de inversión para muchos países. Grandes consumidores de energía como Estados Unidos y la Unión Europea están impulsando fuertemente la producción de agrocombustibles para disminuir su dependencia de combustibles fósiles externos, argumentando que constituyen energías “limpias” que reducen las emisiones de gas y la contaminación a nivel mundial.

En América Latina, el avance de los monocultivos para fines agronindustriales y generación de combustibles se ha extendido como parte de las políticas de desarrollo de agencias multinacionales y de los gobiernos nacionales. Actualmente los monocultivos se extienden desde México hasta Argentina.

Los efectos negativos del avance de las empresas agroindustriales y sus monocultivos en América Latina son múltiples. Entre ellos podemos resaltar los desalojos forzosos que provocan violaciones al derecho a una vivienda adecuada y a otros derechos humanos como la alimentación, el agua, la tierra y el territorio, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad de la persona, la seguridad del hogar, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes y la libertad de circulación, entre otros. Las expectativas de lucro generadas por el negocio agroexportador, y más recientemente por el auge de los agrocombustibles, así como el alza en el precio de los alimentos han desatado una fuerte demanda de tierra y agua para expandir los monocultivos. En varios países se ha denunciado que esta expansión ha provocado un gran número de conflictos con las comunidades originarias, que se han visto acosadas y forzadas por diferentes métodos a abandonar sus tierras, según se evidencia en varios de los casos incluidos en el Informe. Los desalojos forzosos de personas y comunidades enteras, realizados en muchos casos de forma violenta por la fuerza pública o por grupos paramilitares, son uno de los métodos más comunes.

Otro de los problemas más graves ligados a la expansión de los monocultivos es la pérdida del acceso a tierras y territorios por parte de la población local. Esta pérdida es causada por acción u omisión del Estado. Varios de los casos analizados en el Informe muestran cómo pequeños campesinos propietarios o con derechos de posesión legalmente reconocidos son presionados a vender sus tierras, sea por medio de ofertas aparentemente lucrativas de compra o por diversas formas de coacción, como las amenazas y el hostigamiento personal. En varias ocasiones, además, los campesinos originarios quedan rodeados por amplias extensiones de monocultivos y expuestos a la fumigación indiscriminada con productos químicos altamente nocivos para la salud.

Un tercer ejemplo es la pérdida de la autonomía y la soberanía alimentaria. En numerosos artículos se indica que antes de la expansión de los monocultivos la población vivía de la siembra de productos tradicionales pero con la transformación de sus campos y la consecuente pérdida del acceso a alimentos los/as campesinos/as se han empobrecido. Además, cuando las fumigaciones de las plantaciones coinciden con la etapa de floración de las legumbres, éstas son afectadas severamente por los herbicidas.

El caso mexicano incluido en el Informe analiza el impuso de la palma africana que se dio a partir de finales de los años 40 y pone especial énfasis en la situación que se vive en Chiapas. En el texto se da cuenta de cómo los recursos presupuestales asignados al sector agropecuario son mayoritariamente destinados al fomento de los monocultivos y a la agricultura de exportación, mientras que el apoyo a los cultivos alimenticios y a la agricultura familiar campesina/indígena recibe magras porciones de los recursos públicos. Teniendo en cuenta los índices de pobreza rural e indígena, y la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar la realización progresiva de los derechos sociales de los grupos más desfavorecidos, el Estado incumple las obligaciones asumidas con su ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1981 al hacer una asignación discriminatoria de recursos públicos a favor de inversionistas y en detrimento de los sectores más pobres de la población.

Confiamos en que esta publicación resulte de interés para usted y el medio de comunicación en el cual colabora, por lo que esperamos pueda asistir y difundir la información que considere relevante para su audiencia.

Nuestros invitados, que en su mayoría llegarán al DF el día 13 de junio y se quedarán toda la semana, estarán a su disposición para responder a eventuales entrevistas o solicitudes que considere pertinentes

Contacto:

Noé Pineda Arredondo, HIC-AL, e-mail comunicacion@yahoo.es
Maria Silvia Emanuelli, HIC-AL, e-mail hic-al@hic-al.org

Fuente: CENCOS
Difusión: soberanía popular

Walmart: si dices ser una empresa ambientalmente responsable ¡Respeta los árboles de nuestra ciudad!



Les hacemos llegar fotos del predio donde Walmart quiere construir un supermercado. Desde hace 5 años los ambientalistas hemos propuesto este predio verde para un parque público y un centro cultural, no obstante, el presidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martinez Garrigos, da preferencia a las grandes empresas como Walmart antes que a la comunidad, pues ni siquiera nos ha contestado a la carta que le entregamos hace 20 días donde le solicitamos que el predio se convierta en parque público. No podemos seguir permitiendo que destruyan el verde de nuestra ciudad.

Si estas a favor de que este predio arbolado ubicado en la glorieta de Tlatenango sea un parque público y no un supermercado, envía tu adhesión ahora mismo; nombre con los dos apellidos, nombre de organización/institución a: aza.yolitia@gmail.com

Carta abierta al Presidente Municipal de Cuernavaca

Entregada el pasado 7 de abril de 2010 la cual no ha tenido contestación

¡Necesitamos parques públicos, no más centros comerciales!

Cuernavaca, Morelos, a 7 de abril de 2010

C. Lic. Manuel Martínez Garrigós
Presidente Municipal de Cuernavaca
C. Arq. Manuel Rodríguez Cota
Secretario de Obras Públicas Servicios Públicos y Medio Ambiente
Municipio de Cuernavaca

Por medio de la presente les exponemos lo siguiente:

Tenemos conocimiento de que en el predio ubicado entre las avenidas Emilliano Zapata y Calzada de los Reyes se planea construir un centro comercial de la empresa Walmart. Cabe señalar que precisamente ese predio figura en la lista de propuestas que entregamos hace meses al Ayuntamiento de Cuernavaca para ser convertidos en parques públicos, sin embargo, ya ha sido adquirido por Walmart para construir un Superama.

¿Se repite la historia del el ex-Hotel Casino de la Selva? Donde los ciudadanos proponíamos se contruyera un parque público y un centro cultural las autoridades decidieron permitir la destruccion de cientos de árboles y murales para contruir dos megatiendas.

De acuerdo a la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Cuernavaca, en el predio antes mencionado existen 166 árboles de diferentes edades, no obstante, destacan varios árboles de dimensiones enormes de no menos de 30 años de edad. No podemos concebir cómo ante el dramático panorama de calentamiento global y cambio climático Walmart escoge un área tan arbolada y solicita el retiro de la totalidad de los árboles, cuando es perfectamente conocido que la masa arbórea juega un papel fundamental ante al calentamiento global, ya que regula el clima y proporciona otros servicios ambientales que requerimos para vivir. Ustedes saben -- porque en reiteradas ocasiones lo hemos mencionado en base a datos científicos cocmprobados -- que al despojar determinada área verde de su masa arbórea y en su lugar se vierte concreto, se convierte el lugar en una “Isla de Calor” modificando el microclima del área, aumentando la temperatura, impulsando de esta manera al calentamiento global.

Por otro lado, preguntamos ¿realmente necesitamos más centros comerciales Walmart en Cuernavaca? A un kilómetro y medio, en línea recta, desde donde se pretende construir este Superama hay otro Superama y muy cerca de ahí un Walmart. Aun más, ¿se ha tomado en cuenta el flujo de automóviles en la época de la Feria de Tlaltenago más los que generaría el centro comercial en cuestión?

El argumento que siempre se maneja es que se les perdona todo a estas empresas porque traen fuentes de trabajo, pero, ¿es que acaso no podemos crear fuentes de trabajo sustentables y verdes? Por ejemplo, este predio donde Walmart quiere construir otro Superama, que cuenta con una bellísima casa estilo Cuernavaca y un amplio arbolado, pudiera ser –- como ya se propuso hace meses -- un parque público y un centro cultural que ofrecería empleos y Superama instalarse en un lugar donde no haya otros Superamas cerca y no afecte al medio ambiente. Los ciudadanos pagamos millones de de pesos de impuestos ¿y el Ayuntamiento no puede obtener un predio para convertirlo en parque público?

Lic. Manuel Martínez Garrigós: Durante su campaña usted se comprometió a proteger y conservar el medio ambiente de Cuernavaca. Revertir las acciones causantes del calentamiento global y cambio climático son de extrema urgencia y sobre eso hay que actuar decididamente. Su gobierno no debe de permitir que las áreas verdes de Cuernavaca sigan siendo convertidas en planchas de concreto. Como ciudadanía se lo solicitamos.

Por lo antes expuesto.

• Le pedimos exhorte a la empresa Walmart de México, que en aras de su lema “Empresa ambientalmente responsable” y para que sea congruente con ello, desista de instalar un Superama en este predio arbolado; que su gobierno le de facilidades para ubicar un predio adecuado donde no afecte al medio ambiente.

• Que dicho predio arbolado, actualmente propiedad de Walmart, sea adquirido por el Ayuntamiento de Cuernavaca para convertirlo en un parque público y centro cultural, que tanto necesitamos los habitantes de Cuernavaca.

Quedamos en espera de su respuesta.

Atentamente,

- Vecinos de Tlaltenango
- Greenpeace
- Hacia un Entorno Saludable
- Guardianes de los Árboles, A.C.
- Ciudadanos de Santa María por la Defensa del Bosque de Agua
- Frente Pro Defensa del Casino de la Selva, A.C.
- Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ
- Colectivo Pensar en Voz Alta
- Fundación Rescatadores de la Biosfera, A.C.
- Jóvenes Unidos por la Naturaleza y el Medio Ambiente Plantesl 1 del Cobaem
- Consejo Ciudadano Cultural para las Artes en Morelos
- Tianguis Orgánico Los Pochtecas
- Compañía de Titulo Teatro Subito

Fuente: Notas Rebeldes
Difusión: Soberanía Popular

Discute Suprema Corte dos ‘Méxicos’ en caso de guardería ABC


Difusión Cencos México D.F., 15 de junio de 2010

Fuente:Terra

Dos “Méxicos” se enfrentaron ayer en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la discusión de la guardería ABC, según percibieron los padres de los menores que fallecieron durante el incendio.

Uno, el que ellos han empujando desde hace un año, para que el Estado no sea una “figura nebulosa” que sirve de motivo para la impunidad.

Otro, el que sigue adormecido en la comodidad del “todo pasa y no pasa nada”, y la justicia por la muerte de 49 niños se diluye en una discusión sobre “el relativismo moral” de la actualidad.

“(Arturo) Zaldívar habló sobre el México que todos deseamos, el que merecemos. (Salvador Aguirre) Anguiano sobre el México que vivimos, y es triste”, reflexionaba Abraham Fraijo, padre de Emilia, durante el receso de la discusión que inició ayer.

Abraham comparaba las palabras de ambos Ministros durante sus ponencias.

Las de Zaldívar, quien hablaba de la necesidad de cambiar paradigmas respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos, para dejar atrás el País donde “pueden morir 49 niños quemados por negligencias de las autoridades y no hay responsables”.

Las de Aguirre Anguiano, quien ante los padres de niños muertos en un incendio que llevan un año exigiendo justicia, citaba a Cicerón para definir la moral y la ética.

En el salón de sesiones padres agrupados en el Movimiento 5 de Junio, asistieron al debate, acompañados por activistas y su abogado Lorenzo Ramos. Aquí estaban Pati, Celia, Abraham, Julio, Roberto, José Francisco, María de Jesús, Mery, Guadalupe, Manuel, Luis Carlos, Mauro, Lupita, Adrián y por la noche se sumaría Moisés.

En medio de un silencio tenso y con el cansancio del viaje ocurrido un día anterior, escucharon la primera parte de la sesión que giró alrededor de la facultad de investigación de la Corte.

Tecnicismos incomprensibles para un ciudadano común que el abogado Ramos les tradujo en tarjetitas enviadas conforme avanzaba la discusión. Tan incomprensibles que los activistas que acompañaban a los padres lo llamaron “lengueñol ininteligible”, en el Twitter.

“Venimos como padres de familia de los niños afectados, venimos a ver de qué están hechos los ministros, a ver qué tan cierto es de que ellos no tienen ninguna presión por parte de los poderes del Estado mexicano y aquí vamos a estar presentes”, había dicho Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, al arrancar la sesión.

Con el rostro cansado, luego de todo el día de sesión en la Corte, Pati salió satisfecha por la posibilidad que lanzaron siete Ministros de considerar que sí hubo graves violaciones a los derechos humanos en los hechos del 5 de junio del 2009.

“Eso nos da tranquilidad, pero esperamos de ellos nombres. Queremos nombres de los responsables”, dijo.

Al igual que Abraham, consideró que en la discusión de la Corte se enfrentaron dos “Méxicos”.

“El que plantea Zaldívar, el México que debe dar ese gran paso. Y el otro conservador, que está atorado en el siglo anterior, con pereza, con indiferencia, el que no quiere atreverse a romper paradigmas”, decía.

Y mientras escuchaban en silencio la sesión Pati y Celia, madre del pequeño Juan, se aguantaban las ganas de lanzar una zapatilla a los defensores de este México aletargado.

“¿Por qué tendremos que estar aquí escuchando debatir a los Ministros si darán justicia o no a nuestros hijos?”, consideró Pati.

Con información de Grupo Reforma

Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular

Suspenden suministro de medicamentos a damnificados por explosiones del 22 de abril


ANALY S. NUÑO

Más de 35 damnificados por las explosiones del 22 de abril DE 1992 presentaron una queja colectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) en contra de las secretarías de Salud (SSJ) y Desarrollo Humano (SDH) porque no se les han expedido nuevas credenciales del Fideicomiso de Apoyo y Seguridad Social (Fiass) a los beneficiarios que ya las tienen vencidas, además de que desde hace dos meses no se les proporcionan los medicamentos que requieren; al mismo tiempo, los afectados señalaron que el mandatario estatal no ha cumplido con los compromisos que asumió con ellos en su campaña a la gubernatura.

A decir de los quejosos, reunidos afuera de las instalaciones del organismo defensor de los derechos humanos, desde el 2006 los damnificados empadronados en el Fiass se han visto perjudicados porque no se les ha emitido una credencial vigente para recibir el apoyo médico que se les garantizó cuando se formó el fideicomiso, razón por la cual actualmente cerca de 400 personas -beneficiarios directos e indirectos- corren el riesgo de quedarse sin seguro social, pues en la Dirección de Participación Ciudadana de la SDH les aseguran que no hay instrucciones para renovar las acreditaciones.

“Hay credenciales vencidas desde el 2006 y posteriormente se han vencido otras y ha sido la misma situación, somos bastante los afectados, más de 200. Las credenciales de nuestros familiares directos, o sea de los que su atención médica depende de nosotros que estamos en el fideicomiso se vencieron y no se han expedido, entonces nos presentamos a la Secretaría de Desarrollo Humano que es quien extiende y expide estas credenciales y nos dijeron que no hay ahorita instrucciones de renovarlas”, dijo Lilia Ruiz Chávez, presidenta de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, AC.

Además, los quejosos señalaron que por segunda ocasión en lo que va del año, una en abril y la otra en junio, el gobierno del estado no ha realizado el pago correspondiente a Farmacías Guadalajara -empresa con la cual se firmó un convenio para que proporcione el medicamento a los afectados empadronados en el fideicomiso-, por lo que durante dos meses los damnificados no han recibido el medicamento debido y hasta el momento no se les ha dado explicación del motivo de la retención del pago.

“No nos dan razón en el Hospital General de Occidente, los únicos que nos dicen es en Farmacias Guadalajara cuando vamos por el medicamento, dicen que es porque no se ha hecho el pago correspondiente y que mientras no se les haga el pago no nos darán los medicamentos”, agregó Ruiz Chávez.

Tras presentar las quejas, los afectados también entregaron una copia de la “Cartacompromiso 22 de Abril en Guadalajara”, la cual está firmada por, Emilio González Márquez, quien durante su campaña a la gubernatura se comprometió a trabajar en 11 puntos relacionados con las afectaciones ocurridas durante las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma, entre los que destacan la reapertura y el total esclarecimiento del caso, así como la mejora en la atención médica y un informe mensual del manejo de los recursos del Fiass. En ninguno de los puntos se ha trabajado.

Por su parte, el director de Quejas del organismo, Luis Arturo Jiménez Jiménez, advirtió que este día la comisión estará digiriendo medidas cautelares a los titulares de las secretarías de Salud y Desarrollo Humano, Alfonso Petersen Farah y Martín Hernández Balderas, respectivamente, así como a Enrique Rábago Solorio, director del Hospital General de Occidente, para que se asegure el derecho a la salud, en tanto el cuarto visitador, Arturo Martínez Madrigal -quien se encargará de darle seguimiento a dichas quejas- emite la resolución correspondiente al caso.

Jiménez explicó que la comisión realizará un análisis para revisar los nuevos requerimientos de los quejosos en conjunto con la recomendación 16/2000-IV, con el fin de darle la resolución debida y exhortar a las autoridades a cumplir con los puntos recomendados o posiblemente emitir una segunda recomendación en el mismo sentido.

Cabe señalar que dicha recomendación se emitió por concepto de violaciones al derecho a la solidaridad, relativas a las necesidades y secuelas que padecen las víctimas de las explosiones, además de violaciones del derecho a la verdad, a la protección de la salud y a la impartición de justicia. La recomendación se archivo el 13 de noviembre de 2006 por incumplimiento insatisfactorio, es decir, cinco de los ocho puntos recomendados no fueron aceptados, y en el caso de los tres puntos admitidos el cumplimiento fue de manera parcial.

Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular

En la ruta original

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Durango. Un intento de balance, se publicó en el número seis de la revista Oposición (del 1 al 15 de junio de 1970) que no se asumía explícitamente como órgano del Partido Comunista Mexicano, mas por su director Arnoldo Martínez Verdugo y dos de los cinco integrantes del Consejo de Redacción, David Alfaro Siqueiros y Othón Salazar Ramírez, amén de su línea editorial, era inocultable el sello ideológico.

Con aquel texto y arropado con el nombre de aquellos personajes, amén de los verdaderos hacedores del quincenario –Hugo Ponce de León, Manlio Tirado López y Armando Martínez Verdugo--, comenzó formalmente, hace 40 años, la odisea que me condujo a comunicarme con usted tres veces a la semana por medio de la pantalla electrónica y el papel impreso.

Cierto es que 13 años antes, en Bogensee, cerca de Berlín, República Democrática Alemana, conduje un programa radiofónico en español que se traducía al alemán y al inglés, y transmitía dos veces a la semana para los estudiantes de la Escuela Superior de la Juventud Wilhem Pieck, profesores, trabajadores de intendencia y habitantes de la comunidad rural vecina.

Fue en Oposición en la que me formé hasta 1980, ya como periódico quincenal e incluso semanario, donde me asignaron todas las tareas habidas y por haber: redactor, reportero, ayudante eventual del prensista, voceador, corrector de galeras y de estilo, coordinador de sección, administrador, jefe de información y de redacción, corresponsal en Moscú y subdirector. Todo, excepto portar la tarjeta de director, pero sí desempeñar buena parte de sus obligaciones periodísticas, y sancionado por ello por los dirigentes del PCM, mientras a Gerardo Unzueta Lorenzana lo ratificaron como titular.

Formidable resultó la primera década. Y un acierto principal fue colaborar, desde 1975, en medios impresos y electrónicos ajenos a la prensa comunista, como la efímera incursión en Ovaciones y la más significativa en Radio Educación y, por esta vía, Canal 11.

Suman 39 medios para los que laboré como colaborador externo o como asalariado, en 11 como editor, incluida La República, órgano de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, donde el respeto profesional fue sorprendente, mas finalmente demandé por despido injustificado y gané la primera demanda laboral.

Las nuevas tecnologías borraron muchas fronteras y estas reflexiones son reproducidas en un centenar de medios de comunicación sin que este escribidor reciba, desde 2006, un centavo de sus editores. Y la publicación que subsidia el trabajo de Utopía y de Forumenlinea, el mensuario Forum, padece un draconiano boicot presidencial.

Los grandes y pequeños retos sellan la odisea emprendida hace cuatro décadas. Por ejemplo, la persecución y hostigamiento jurídico y extrajurídico de los dos secretarios de la Defensa Nacional, durante 1993-2002, hasta asaltar las oficinas de la revista, por tocar temas de lo prohibido como la creación del ombudsman militar y la modernización de las fuerzas armadas. Esto sucedió mientras los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León se contaban entre los anunciantes de Forum, en tanto que Felipe (del Sagrado Corazón) de Jesús Calderón Hinojosa pone en juego sus instintos primarios.

La odisea continuará hasta que doña Naturaleza y el acceso a las ciencias médicas lo permitan y no dispongan lo contrario, como lo hicieron sobre mi adorada compañera Angélica Méndez Zamora. Por la sencilla razón de que el origen y el rumbo del camino fue escogido a voluntad, por convicción, en tanto que la oficina que ocupa el abogado, economista y administrador público todavía no queda claro si fue por decisión de los electores y, además, tendrá que desocuparla el 30 de noviembre de 2012, en medio del rechazo y la repulsa no sólo populares, sino de quienes lo encumbraron en el poder.

Acuse de recibo

Con motivo de Iniciativa de la plutocracia (14-VI-10) y que fue enviada con un lamentable error en el primer párrafo, la comunicadora Fabiola Sánchez recuerda: “Hay una máxima en política: ‘Cuesta mucho dinero llevar al poder a un político que no goza de aceptación popular, pero cuesta muchísimo más mantenerlo ahí’"... Aquí se registraron dos oportunas correcciones de María Teresa Menéndez Monforte e indebidamente se convirtió el apellido materno en Monteforte. Gracias, Antonio… Desde la capital de Durango, Raza para la Defensa de los Derechos Ciudadanos, denuncia: “Ya a punto de concluir, la gestión del gobernador duranguense Ismael Hernández Deras está plenamente identificada como la administración que más ha saqueado las arcas públicas en la historia de Durango beneficiando, de manera ilícita, a los altos funcionarios que fungieron en ella, así como a algunos empresarios selectos y parientes muy cercanos del mandatario estatal”... El cártel incómodo. El fin de los Beltrán Leyva y la hegemonía del Chapo Guzmán es el título del nuevo libro de José Reveles. Las 265 páginas que forman este documentado y ameno reportaje se leen en tres sentadas.

forum@forumenlinea.com
www.forumenlinea.com
Difusión: Soberanía Popular

La comida chatarra se quedará en las escuelas: se imponen las empresas sobre la salud de los niños

Difusión Cencos México D.F., 15 de junio de 2010
Boletín de prensa
El Poder del Consumidor

Los lineamientos para regular los alimentos y bebidas al interior de las escuelas fueron modificados antes de llegar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Presentados el 26 de mayo por los secretarios de salud y educación federales y la mayoría de los estatales, anunciando que de inmediato serían turnados a la COFEMER, de manera inexplicable fueron enviados dos semanas después, el 9 de junio, despareciendo de ellos los listados de alimentos que establecían cuales no entrarían a las escuelas.

Con la modificación realizada a los lineamientos en el siguiente ciclo escolar podrán encontrase una larga lista de los alimentos que han contribuido a alterar los patrones de consumo, que han llevado a los niños y niñas mexicanas a presentar los mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo, con las consecuencias en salud que esto representa.

“Lo que podremos ver en el siguiente ciclo escolar serán Pingüinos, Donas, Submarinos y todos los pastelitos Bimbo en raciones menores; papas fritas y diversas frituras con un poco menos de aceite y con los mismo niveles de sal; dulces, chamoys y demás productos. Lo más preocupante es que se mantendrán el mismo tipo de productos y que no cambiarán los patrones de consumo en las escuelas. En menos de dos semanas, las empresas tuvieron el poder de rasurar los lineamientos, esta es la moral de empresas como Bimbo (Marinela, Ricolino, Barcel, etc) y Pepsico (Sonrics, Sabritas, etc.)”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

Al quedar fuera los listados de alimentos y aplicarse únicamente el criterio de la densidad (450 kilocalorías por 100 gramos) y el de 140 kilocalorías por ración, la mayor parte de los productos solamente cambiarán de presentación a raciones más pequeñas, como ya lo inició Bimbo.

“La disponibilidad y accesibilidad a alimentos en las escuelas continuará siendo dominada por lo que popularmente llamamos comida chatarra. Sin programas de abasto de frutas y verduras, que estén dirigidos a recuperar los alimentos regionales , y con la disponibilidad y accesibilidad a comida chatarra, permanecerán los mismos patrones de consumo. El círculo de la publicidad de comida chatarra se continuará cerrando en el espacio en el que se encuentran cautivos los niños: la escuela. Por eso es tan importante para las empresas mantenerse ahí. Requerimos de políticas de estado que garanticen el abasto escolar de alimentos saludables y que prohíban todo tipo de publicidad y patrocinio de las empresas al interior de los planteles”, señaló Julieta Ponce, nutrióloga del centro de Orientación Alimentaria (COA).

El Dr. Abelardo Avila, investigador de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de la Nutrición, señaló “El acelerado incremento en el sobrepeso y la obesidad, así como sus consecuencias en la salud de la infancia de nuestro país es alarmante. Por ejemplo: en 2006 se dio a conocer que el sobrepeso y la obesidad en los dos millones de escolares del Estado de México afectaba al 30% , para el 2008 afectaba al 33%, ahora en el 2010, encontramos que el 37% % presenta sobrepeso y obesidad. La prevalencia de obesidad suele ser relativamente baja en los niños de primer año y muy alta en los de 6to año. Lo más dramático es que un alto porcentaje de niños obesos en edad escolar ya presenta síndrome metabólico, es decir un grave y progresivo daño a su salud; esto tiene que ver con el consumo de este tipo de productos, con el deterioro de los patrones de consumo, con el abandono del consumo de frutas y verduras, de cereales integrales, de la dieta tradicional”.

Las organizaciones sociales coinciden con los especialistas en reconocer el paso importante que se ha dado para sacar los refrescos de las escuelas considerando que es la población mexicana la que tiene la mayor ingesta de calorías a través de bebidas y que el consumo frecuente de estas bebidas desde temprana edad es una de las principales causas del síndrome metabólico que ya manifiesta sus primeras expresiones en niños de tan sólo 5 años de edad.

La Dr. Julieta Ponce del COA, el Dr. Abelardo Ávila del INN y Alejandro Calvillo de EPC concordaron en señalar en la importancia de regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia tanto al interior de los planteles escolares como a través de los medios de comunicación, reconociendo su impacto negativo sobre los hábitos alimentarios y como uno de los elementos que conforman el ambiente obesigénico infantil.

Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular

Atenco, periodistas, derechos humanos

Martes, 15 de Junio de 2010 00:00
Escrito por José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla

Nosotras, nosotros, conocemos las graves violaciones a los derechos humanos que el 3 y 4 de mayo de 2006 el Estado mexicano cometió en San Salvador Atenco. A raíz de dichos acontecimientos 12 personas siguen presas.

Nos preocupa que el proceso que se les siguió estuvo plagado de irregularidades, no fue respetado el principio de presunción de inocencia ni las garantías de debido proceso y que las pruebas en que se fundó su condena fueron recabadas de manera ilegal.

Consideramos que estas irregularidades implican que no tuvieron derecho a un juicio justo. Es un signo de alarma que el delito de “secuestro equiparado” el cual estimamos es inconstitucional, pueda ser empleado para criminalizar demandas sociales y que el sistema de procuración y administración de justicia fue utilizado de manera facciosa para convertir en delincuentes a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Sabemos además que existe un precedente jurídico emitido por un órgano del Poder Judicial de la Federación, que consideró que los hechos por los cuales fueron sentenciados Ignacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, no son constitutivos del delito de secuestro equiparado; este antecedente, aún y cuando normativamente no es vinculatorio para los Ministros, consideramos que por cuestiones de seguridad y congruencia jurídica así como por la trascendencia del caso no puede ser soslayado.

Por todo ello, llamamos a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia a liberar a los 12 presos del caso Atenco.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra reúne a una serie de pueblos y comunidades campesinas a las afueras de la ciudad de México, entre ellas a San Salvador Atenco. Antes de que termine el mes de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá sobre la libertad de estos 12 presos. Es su último recurso jurídico. Es un momento decisivo. De perder esta batalla legal, tendrán que purgar condenas que van de 31 y hasta 112 años de prisión.

Los defensores de derechos humanos Damian Camacho Guzmán y Roberto Mendoza Delgado, integrantes del Frente de Pueblos y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos han sido agredidos en situaciones similares al documentar casos en Atenco y en defensa de la fuente de empleo del SME en Cuernavaca, por lo que la libertad de expresión bajo ataque pone en riesgo derechos democráticos.

En los últimos años, México ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la libertad de expresión y esto se debe a la falta de garantías para ejercer dicha labor. En los últimos ocho años se han registrado asesinatos, desapariciones, y una gran cantidad de hostigamientos y amenazas a periodistas, comunicadores, comunicadoras y a medios de comunicación, al igual que a personal administrativo de los mismos. Esto ha sido motivo de preocupación por parte de diferentes instancias de derechos humanos y organizaciones tanto nacionales como internacionales defensoras y promotoras del derecho a la libertad de expresión.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos AC, tuvo conocimiento de un correo electrónico enviado el 19 de abril de 2010, en donde se vierten amenazas de muerte en contra de 27 periodistas del estado de Morelos.

Una vez que hemos consultado con varios de los trabajadores y trabajadoras de varios medios de comunicación mencionados en el escrito anónimo, nos han manifestado estar de acuerdo en enviar esta información a las instancias nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, ya que si bien el mencionado escrito mezcla deliberadamente acusaciones dolosas y sin fundamento con amenazas de muerte, estas se dan en un contexto de amenazas e intimidaciones mediante mensajes anónimos que han creado un clima de temor generalizado que ha llegado a acatar un toque de queda oficioso decretado supuestamente por un grupo de narcotraficantes (el Cartel del Pacífico Sur) en el más completo abandono de responsabilidades legales por parte del gobierno del estado que, sin embargo, ha avanzado en el proceso de militarización de la ciudad y la zona conurbana.

Las amenazas han continuado e incrementado en contra de Angelina Albarrán, por lo que el caso ha sido asumido por diversas instancias defensoras de periodistas.

Consideramos que es obligación del Estado mexicano cumplir con los instrumentos nacionales e internacionales que garanticen la libertad de expresión y el libre ejercicio de la actividad periodística, por lo que, aún cuando carezca de veracidad dicho comunicado, se deben tomar las medidas pertinentes para impedir que esta amenaza pueda tener algún viso de realidad.

Hemos revisado la situación en otras partes del país y tiene prácticamente los mismos elementos de lo que ocurre en Morelos: correos electrónicos anónimos decretando toque de queda, cierre de establecimientos, miedo generalizado, caravanas de vehículos de uno y otro cartel, amenazas a periodistas, silencio de los medios masivos de comunicación, complicidad de policías con delincuentes, gobierno infiltrado, militarización, por señalar algunos de ellos.

Hemos señalado recientemente sobre esta campaña: ¡que el miedo no nos paralice!

Sin embargo, entendemos que este asunto no se trata de algo meramente individual, sino colectivo, como sociedad, si somos capaces de reaccionar.

Diversos periodistas de Morelos han sufrido agresiones verbales o físicas durante operativos policíacos y militares, en el desempeño de su trabajo. En el caso de la agresión verbal con amenazas del general en retiro Manuel Farfán, secretario de Seguridad Publica del ayuntamiento de Cuernavaca, en contra del reportero Guillermo Hinojosa del noticiero de radio Línea Caliente, también el periodista Helios Magaña Vázquez, camarógrafo del noticiero Radio Fórmula, recibió a corta distancia el disparo de un petardo de gas lacrimógeno que le impactó y estalló en el abdomen, por lo que tuvo que ser atendido en un hospital, debido a las lesiones provocadas el 27 de mayo de 2010.

En Temixco, Morelos, un grupo de militares que realizaban operativos y cateos en el fraccionamiento Burgos de este municipio retuvieron momentáneamente a periodistas y les ordenaron borrar fotografías y videos de los soldados. Una camioneta de la policía local, en la que viajaban militares y policías preventivos municipales frenó intempestivamente junto al automóvil del reportero de Reforma y el corresponsal de Notimex, cortando cartuchos y apuntando hacia el vehículo particular los soldados ordenaron que sus ocupantes descendieran de él. Los elementos de las fuerzas federales ordenaron la identificación de los reporteros y cuestionaron el trabajo informativo al momento en que ordenaban la eliminación de las fotografías en las que aparecían los soldados.

4 de mayo 2010. En el Vergel, durante el levantamiento del cadáver de una mujer policía, elementos de la Policía Metropolitana agredieron verbal y físicamente despojando de su cámara fotográfica al reportero José Luis Rojas del Sol de Cuernavaca.

Así pues, defender la libertad de expresión en la práctica, conlleva riesgos laborales y profesionales, además de significar un desafío al compromiso, a la conciencia y a la calidad ética en el desempeño de esta tarea social. Los cínicos no sirven para este oficio, escribió uno de los grandes periodistas recién fallecido, pero combatir el cinismo requiere asumir el compromiso de defender la libertad de expresión aunque no sea del agrado del poder.

Corre la voz: este viernes 18 de junio doble invitación, a las 19 horas la presentación en el cine Morelos de Nin Tecuani, el corazón del cerro o la historia de un pueblo que se negó a morir, de Ángel Álvarez, y al terminar, nos vemos en La Comuna para celebrar el derecho a la libertad de expresión.

Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: Soberanía Popular