CITLAL GILES ( )
Chilpancingo, 14 junio. El mismo día en que el dirigente de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) salió de la cárcel de Ayutla, donde estuvo recluido por seis días, por la fabricación del delito de homicidio, se corrió la versión de que en el camino para su comunidad Juquila, ya lo estaban esperando para matarlo.
Los habitantes de Juquila dicen que están atemorizados ante las constantes amenazas y hostigamiento que reciben. Tlachinollan consideró que actualmente la zona es insegura.
En conferencia de prensa, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, acompañado por Álvaro Ramírez Concepción, Maximino García Catarino y Gabino Salvador Benito, integrantes de la OFPM, denunció que la “fabricación” del delito de homicidio que le hicieron a Ramírez Concepción es una muestra de la persecución que están sufriendo los pueblos indígenas.
“Este expediente no tiene sustento jurídico, está viciado desde su origen, los testimonios no son suficientes como para haber girado una orden de aprehensión, ni para haber tenido en la cárcel a Álvaro durante seis días”, criticó Rosales Sierra.
Agregó que hay un intento de perseguir a los integrantes de la organización, buscan minar su reestructuración, luego de la ejecución de Raúl Lucas y Manuel Ponce, pero “esto evidentemente molesta al gobierno del estado”.
Rosales Sierra denunció que el gobernador Zeferino Torreblanca utiliza al sistema de justicia “para golpear a los disidentes políticos y para desarticular a las organizaciones que le son incómodas, que le cuestionan su forma arbitraria de gobernar, el autoritarismo con que se conduce y la militarización excesiva que hay en las comunidades indígenas”.
En la conferencia, Maximino García Catarino dijo que temen salir de sus casas porque constantemente reciben amenazas de muerte, represión y hostigamiento “y no estamos de acuerdo con todo esto, detienen injustamente a gente. Y como prueba está el encarcelamiento de Ramírez Concepción”.
De hecho, Rosales Sierra denunció que no hay seguridad para los integrantes de la organización, debido a que las amenazas “son un poco fuertes en estos momentos, la zona es insegura”.
Lamentó que el gobierno del estado no ha desplegado todos los mecanismos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, ni de los integrantes de la OFPM, a pesar de las medidas cautelares que tienen por la Coidh.
De hecho denunció que el sábado, día en que Ramírez Concepción salió de la cárcel, llegó información de la parte alta de las comunidades de que había personas armadas en el camino a Juquila, esperándolos para matarlos y aunque pidieron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública para que otorgara una patrulla, “nos dijeron que no tenían personal desplegado en la zona es esos momentos y que si queríamos esperar al otro día o más tarde”.
De igual forma García Catarino dijo que en estos últimos días, los demás integrantes de la organización han recibido amenazas de muerte para que dejen de organizarse.
Agregó que Policarpio Patriarca siempre se ha encargado de fabricarles delitos, “y el Ministerio Público como que se vende pues con él (Policarpio), ellos ya están amañados, llevan ya 12 años de culpar a gente que es inocente”.
Recordó que Gabino Salvador Benito hace 12 años fue detenido porque también le fabricaron un delito, acusado por el mismo Policarpio Patriarca.
Recordó que luego de las ejecuciones de Raúl Lucas y Manuel Ponce, les mataron a otros dos compañeros: Francisco García Guadalupe y Constancio Rufino Lucas, integrantes también de la OFPM.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
No hay comentarios:
Publicar un comentario