martes, 14 de mayo de 2013

Condenan espionaje del Departamento de Justicia a la agencia noticiosa AP


MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de periodistas estadunidenses y organismos internacionales condenaron la intromisión del Departamento de Justicia de su país al allegarse indebidamente de los registros telefónicos de los reporteros y de las oficinas de la agencia de noticias Associated Pres (AP).

En comunicados emitidos la noche de ayer, la Newspaper Association of America (NAA) y The News Media Guild acusaron al Departamento de Justicia estadunidense de haber atentado contra la libertad de prensa.

“Esas acciones (del Departamento de Justicia) estremecen la conciencia estadounidense y violan la imprescindible libertad de la prensa que está protegida por la Constitución” del país, afirmó la presidenta de la NAA, Caroline Little, en un comunicado.

En términos parecidos se expresó el sindicato The Newspaper Guild, agrupación de periodistas estadunidense.

“La recopilación de estos registros (telefónicos) es espantosa y supone un atentado directo contra los periodistas”, afirmó el comunicado de este gremio.

“El Departamento de Justicia tiene que detener semejantes investigaciones. La capacidad de los periodistas de cultivar y proteger sus fuentes es clave para mantener a la sociedad informada sobre las cuestiones de afectan a la vida de la gente”, continuó.

El comunicado del Guild agregó que “no hay justificación ni explicación posible para esa investigación desmesurada. Parece que los funcionarios están tergiversando las leyes dirigidas a salvaguardar la seguridad pública como mecanismo para acallar a aquellos que se preocupan por el derecho de la sociedad de estar informada”, publicó la agencia Efe.

De acuerdo con la agencia AP, los investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut).

El Departamento de Justicia habría realizado estas averiguaciones en el marco de un mandato judicial para investigar presuntas revelaciones de información gubernamental clasificada.

Además la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) calificó de “infracción gravísima” de la libertad de información la “violación de las comunicaciones telefónicas” presuntamente cometida contra reporteros y oficinas de AP.´

RSF afirma que el Departamento de Justicia estadunidense envió el pasado 10 de mayo un correo a AP en el que le informaba de la investigación de 20 líneas telefónicas, pero “sin precisar ni los motivos ni los argumentos legales del procedimiento”.

Recuerda que esa actuación habría tenido como objetivo descubrir a los informantes de AP en relación con una operación de la CIA en Yemen para evitar un atentado de Al Qaeda.

“Suscribimos las palabras de Gary Pruitt, director general de AP, quien denuncia una ‘intromisión masiva y sin precedentes’”, en una comunicación enviada el secretario de Justicia de EU, Eric Holder.

“Reporteros sin Fronteras pide al Departamento de Justicia que acceda sin demora a la petición de AP de entregarle –o destruir– los datos de los teléfonos. Estimamos también que hechos tan contrarios a las garantías constitucionales exigen un examen ante una comisión de investigación del Congreso”, agrega RSF en un comunicado.

Además, la organización con sede en París “constata con preocupación que la administración federal actual no ha roto con las prácticas en vigor durante el doble mandato de George W. Bush, que sacrificaron los datos privados y sobre todo el derecho de los ciudadanos a estar informados”, añade.

RSF considera que este suceso demuestra la necesidad de que haya en Estados Unidos una ley federal “en materia de protección de fuentes (federal shield law). Un principio que 34 Estados de la Unión reconocen, en diversos grados, en su legislación”.

El antecedente

Una notificación del Departamento de Justicia enviada a Associated Press (AP) el pasado viernes 10, puso al descubierto una intervención del gobierno de Estados Unidos con el trabajo periodístico de la agencia que calificó el hecho como “una intromisión masiva y sin precedentes”.

Y es que el gobierno de Barack Obama, según denunció el lunes AP, tuvo acceso durante los meses de abril y mayo de 2012 al historial de llamadas de hasta 20 líneas telefónicas en tres de sus oficinas, entre ellas las de Nueva York y Washington, donde trabajan más de 100 personas.

Según la agencia de noticias, dicha acción podría estar relacionada con una investigación para conocer quién reveló a sus reporteros datos sobre una operación de la CIA en Yemen, que frustró un atentado en el primer aniversario de la muerte de Bin Laden.

En la lista de llamadas estarían las realizadas por los cinco reporteros y el editor que trabajaron en aquella noticia.

Sin embargo el presidente de AP, Gary Pruitt, reclamó en una carta enviada este lunes al Fiscal General, Eric Holder que “no hay justificación posible para una recolección tan amplia de las comunicaciones de AP y sus reporteros”.

En dicha misiva, Pruitt explica que los historiales de llamadas pueden “revelar comunicaciones con fuentes confidenciales involucradas en todas las actividades de AP durante un período de dos meses, dar a conocer el protocolo de funcionamiento de la agencia, así como información sobre actividades y operaciones que el Gobierno no tiene ningún derecho a conocer”.

La agencia se enteró de la intromisión mediante una notificación que recibió el viernes pasado por parte del Departamento de Justicia estadunidense.

AP afirmó que no ha recibido repuesta gubernamental sobre la razón para obtener la información. Incluso, el lunes pasado el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney dijo desconocer cualquier intento del Departamento de Justicia para obtener información de AP.

“No tenemos ninguna implicación en las decisiones que se puedan tomar en relación con investigaciones criminales, ya que esos asuntos son gestionados independientemente por el Departamento”, dijo Carney.

De acuerdo con AP, la noticia que cree fue el detonador del espionaje telefónico a sus reportero salió a la luz pública el 7 de mayo de 2012, tras haber acordado el retraso de su publicación debido a que varios miembros del gobierno estadunidense alegaron que podía poner en peligro la seguridad nacional.

Finalmente, el día 7 se publicó la información revelando que la CIA había impedido un atentado en un avión procedente de Yemen, pese a que la Casa Blanca había afirmado previamente que carecía de “información creíble acerca de planes de organizaciones terroristas como Al Qaeda para atacar en EU”.

Triquis anuncian instalación de municipio autónomo en Oaxaca


GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F. (apro).- Indígenas triquis anunciaron que instalarán una sede alterna del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, con pobladores que desde hace tres años fueron desplazados por la violencia en la región, tras las muertes de los defensores de derechos humanos Jyri Antero Jaakkola y Beatriz Cariño.

En conferencia de prensa, Jesús Martínez Flores, quien se presentó como presidente del municipio autónomo, informó que el próximo 17 de mayo se instalará la sede alterna en la comunidad de La Brama Paraje Pérez, municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca.

Martínez explicó que la sede alterna pretende la pacificación de la región, así como retomar los proyectos productivos que se vieron interrumpidos por la actuación de “grupos paramilitares” identificados con el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) y de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort).

Según el dirigente indígena, el MULT cuenta con el apoyo del exgobernador José Murat, y que el Ubisort está vinculado desde sus inicios con el PRI. “A partir de enero los paramilitares del MULT tomaron el control de la región triqui porque los de la Ubisort se han ido muriendo o están en la cárcel”, apuntó.

Martínez Flores aseguró que, por la violencia, 700 familias triquis han sido desplazadas, y 50 personas han sido asesinadas. Estos crímenes, dijo, se mantienen impunes, y ejemplos de ello son los homicidios de los activistas Jyri Jakkola y Beatriz Cariño, así como –un año después– el del dirigente triqui Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, Cleriberta Castro.

Los activistas murieron el 27 de abril de 2010, tras ser baleados mientras transitaban hacia la comunidad de San Juan Copala para llevar víveres a la población que había sido cercada por grupos paramilitares, que no permitían la salida ni la entrada de alimentos, médicos o maestros.

Por este ambiente de violencia, recordó, 135 personas fueron beneficiadas con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “aunque nunca se han cumplido”.

De acuerdo con Martínez Flores, pese a las denuncias presentadas ante las autoridades de Oaxaca por el despojo de tierras, viviendas y vehículos, “ahora en manos de los paramilitares, vemos que los que siempre hemos querido la paz estamos huyendo y los que atacaron y mataron están tranquilos”.

El 23 de mayo, dijo, los desplazados sostuvieron una mesa de trabajo en busca de dar solución al conflicto, “pero Gabino (Cué Monteagudo, actual gobernador) no tiene voluntad para consolidar el retorno de los triquis que han salido de la región”.

Además, agregó que los adherentes al municipio autónomo de San Juan Copala buscan un diálogo con el gobierno federal, “porque ya vimos que Gabino no va a hacer nada”.

Y explicó que desde 2010 los grupos paramilitares se han adueñado de otras comunidades triquis como San Miguel, Rio Tejón y Llano Nopal, lo que ha obligado a cientos de triquis a refugiarse en San Quintín, Baja California; el Distrito Federal, Oaxaca,, Querétaro, San Luis Potosí y Estados Unidos.

Jesús Martínez invitó a representantes de los medios de comunicación a atestiguar la instalación de la sede alterna del municipio autónomo de San Juan Copala, el próximo 17 de mayo, acto al que, dijo, se calcula la asistencia de unos 500 triquis, muchos de ellos desplazados por la violencia.

Suman 60 vehículos retenidos por normalistas en Michoacán


MÉXICO, D.F., (apro).- Al no encontrar eco a sus demandas –plazas automáticas, la modificación del plan de estudios y la validez del primer semestre de los alumnos de nuevo ingreso–, la mañana de este martes estudiantes normalistas volvieron a meter presión a las autoridades estatales al secuestrar una decena de camiones de carga y autobuses en la región de Zamora.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, las unidades retenidas circulaban por la zona cuando fueron interceptadas por los estudiantes, que ya tienen en su poder 60 autotransportes.

Además de los vehículos, que permanecen resguardados en la comunidad de Turícuaro, municipio de Nahuatzen, en una zona serrana de la Meseta Purépecha de Michoacán, los estudiantes mantienen privados de su libertad a cinco policías estatales que retuvieron desde el pasado domingo 5.

La Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán ha recurrido a la toma de autobuses y otras unidades propiedad de empresas como Coca Cola, Pepsi, Gamesa y Aga, para exigir mil 200 plazas automáticas en el sector educativo estatal para quienes este año egresan como maestros en la entidad.

Sin embargo, el gobierno de Michoacán advirtió que no cederá a las exigencias de los normalistas.

El gobernador interino del estado, Jesús Reyna García, declaró ayer que la entrega de plazas automáticas no tiene viabilidad financiera ni legal, por lo que exhortó al movimiento estudiantil a deponer su actitud y sentarse a dialogar.

“Hemos dicho que no por los problemas presupuestales que enfrenta el estado y porque consideramos que en este momento el Estado no requiere de los servicios de la totalidad de ellos en la carrera magisterial”, expuso.

Además, añadió, “existe una reforma en el artículo tercero constitucional que dispone, de manera precisa, que para ingresar a la carrera magisterial se requiere realizar un examen”.

Por separado, los dirigentes normalistas aseguraron que el gobierno estatal los ha amenazado, ya que si no desisten de la actitud y devuelven las unidades y liberan a los policías no habrá convocatoria para los alumnos de nuevo ingreso a las normales.

“También está amenazando a las autoridades comunales de que les retirarán los apoyos de los programas de combate a la pobreza si nos apoyan”, señalaron.

Denuncian ante la PGR ataques cibernéticos al portal del diario El Mañana de Nuevo Laredo


MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación por los ataques cibernéticos –seis en lo que va del año– contra el portal de internet del periódico El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuyo tráfico mensual rebasa el millón de visitas en promedio.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión informó que esta mañana recibió la denuncia presentada por directivos del periódico en las oficinas de la PGR en esta ciudad, y aseguró que hay dos averiguaciones abiertas por ataques sufridos en las instalaciones del diario.

De acuerdo con directivos de El Mañana, con los ataques cibernéticos se ha intentado saturar los servidores para que el servicio se interrumpa, o bien dañar las bases de datos de información, particularmente en notas periodísticas en las que se cuestiona el desempeño de las autoridades locales.

“Tomamos muy en serio este tipo de acciones y por eso hemos decidido poner esta denuncia. No creemos en coincidencias, pues es obvio que son ataques sistemáticos los que hemos enfrentado”, puntualizó Ramon Cantú Deándar, director general del diario.

Detalló que el último incidente ocurrió el pasado domingo 12, cuando el servidor mostró caídas del sistema que interrumpían el servicio por espacio de 10 a 20 minutos, situación que es anómala y que coincide, dijo, con la publicación de notas críticas hacia el desempeño de las autoridades locales.

La noche del 11 de mayo de 2012, un comando atacó a balazos el edificio de El Mañana, sin que se registraran personas lesionadas.

En esa ocasión, sujetos armados a bordo de un auto dispararon al estacionamiento, donde varios vehículos resultaron con daños, y también dispararon contra una cámara de seguridad del periódico.

Al escuchar las detonaciones, algunos empleados se tiraron al suelo y otros sufrieron crisis nerviosas.

El ataque de aquella vez duró alrededor de cinco minutos, según el secretario general de Gobierno del estado de Tamaulipas, Morelos Canseco.

Años antes, el 6 de febrero de 2006, El Mañana de Nuevo Laredo fue blanco de un ataque con una granada.

En esa ocasión dos hombres armados ingresaron a las instalaciones del matutino e hirieron a un reportero.

Lanza alerta Artículo 19

La organización internacional de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 emitió ayer una alerta por los ataques cibernéticos al portal de El Mañana, en la que pide a las autoridades federales y estatales que tomen medidas para proteger la libertad de prensa.

“Información recabada por Article 19 revela que en por lo menos dos ocasiones la página de Internet de El Mañana ha sido atacada cuando han publicado notas relativas al desempeño del actual gobierno municipal”, difundió ayer la organización desde sus oficinas para Latinoamérica ubicadas en la Ciudad de México.

En un comunicado enviado a organizaciones nacionales e internacionales, puntualizó:

“Article 19 hace un llamado a las autoridades federales y de Tamaulipas, para que sin dilaciones cumplan con la responsabilidad de garantizar y proteger la libertad de expresión bajo su jurisdicción”.

Añadió:

“Los ataques del domingo se dieron tras la publicación de notas periodistas (sic) que cuestionaban el desempeño de las autoridades municipales, luego que una familia muriera ahogada tras haber sido arrastrada por el agua de las lluvias en un fraccionamiento asentado de manera irregular a pocos metros del cauce de un río”.

Asimismo, explicó que en una de las notas publicadas El Mañana retomó los comentarios de varios de sus lectores, quienes además de lamentar la muerte de un bebé de ocho meses y sus padres, criticaron la “avaricia” de las autoridades que autorizaron la construcción del fraccionamiento.

Rescatarán los cadáveres de mineros atrapados en Pasta de Conchos


MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Ricardo García Cervantes, subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que el gobierno federal rescatará los 63 cadáveres de los mineros sepultados en Pasta de Conchos.

La PGR integró un equipo interdisciplinario junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emprender el rescate de los cuerpos.

Entrevistado por el periódico Reforma, García Cervantes estimó que el rescate podría costar “varios millones de dólares”, aunque no precisó la cantidad.

El rescate podría durar entre seis y doce meses, añadió.

El 19 de febrero de 2006 un total de 65 mineros fueron sepultados tras una explosión en Pasta de Conchos. Sólo dos de ellos fueron rescatados.

El ISSSTE ya prestará servicio a matrimonios gay


El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inició el registro de las parejas de integrantes de un matrimonio entre personas del mismo sexo, luego de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) lo solicitó en 2011.

En un comunicado el organismo explicó que con esa decisión se garantiza el ejercicio pleno y en igualdad de trato y de oportunidades de los derechohabientes, familiares y cónyuges sin discriminación por motivo de preferencia sexual.

Con ese acto el ISSSTE también cumple con la Resolución por Disposición 2/2011, que en su momento les fue dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al ISSSTE, pues se determinó que se cometía un acto de discriminación al impedir que personas que forman un matrimonio con otra personas del mismo sexo pudieran registrar a sus cónyuges.

Se reproduce el comunicado del Conapred:

En cumplimiento a la Resolución por Disposición emitida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en 2011 dirigida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), este instituto de salud pública ha comenzado el registro de las parejas de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Con esta medida se garantiza el ejercicio pleno y en igualdad de trato y de oportunidades de las y los derechohabientes, familiares y conyugues, sin ningún tipo de discriminación con motivo de sus preferencias sexuales.

Este uno de los puntos resolutivos contemplados en la Resolución por Disposición 2/2011, que este Consejo dirigió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al ISSSTE, en la que se determinó que se cometía un acto de discriminación al impedir que matrimonios entre personas del mismo sexo no pudieran registrar a sus conyugues.

Con el reconocimiento de este derecho a dicho sector social, el ISSSTE cumple con el mandato legal constitucional derivado de la última reforma en materia de Derechos Humanos que establece expresamente el principio pro persona, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales de que México es parte que más beneficien a las personas.

El ISSSTE sienta un precedente importante al cumplir con esta obligación legal de reconocimiento de derechos en igualdad para todas las personas, lo cual deberá ser replicado y aplicado por el resto de las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la seguridad social.

Conapred reconoce la voluntad y el apego a la legalidad del ISSSTE y de su titular, Sebastián Lerdo de Tejada, en el cumplimiento de dicha Resolución, lo cual abona a lograr una sociedad de derechos.

Emite CNDH recomendación a Mondragón y Kalb por mala atención médica en penal


RODRIGO SOBERANES

Veracruz, Ver.- La muerte de un reo indígena en una cárcel de Veracruz a causa de una enfermedad mal atendida originó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb.

El 31 de julio de 2012, una persona de origen indígena mazahua, presa por delitos federales en el penal de Villa Aldama, falleció a causa de un cuadro diabético mal atendido por los médicos de ese centro de readaptación social federal.

Luego de documentar el caso, la CNDH emitió una recomendación a Modragón Kalb en la que se le pide la reparación del daño a los familiares de la persona fallecida, cuya identidad no fue revelada por el organismo.

En segundo lugar, se pide que las autoridades federales a que “colaboren ampliamente” con la CNDH en una investigación contra tres personas señaladas por el mal cuidado al recluso fallecido.

En el siguiente punto se le pide a Mondragón que dé capacitación a los servidores públicos del penal de Villa Aldama sobre los derechos humanos de los reclusos, “especialmente indígenas”.

Además, le pide a Mondragón que gestione equipo de análisis clínicos “y material suficiente” para la detección oportuna de los padecimientos de los internos, “y se emitan diagnósticos tempranos, informando a este organismo nacional de su cumplimiento”.

En el quinto punto de la recomendación, se exhorta a que no se autorice la entrada de reos con padecimientos graves, crónico degenerativos o en etapa terminal “que requieran de la atención constante y especializada”.

Desde el 19 de abril de 2012, la CNDH recibió una queja de parte del representante del reo enfermo acusando falta de atención médica para tratarse la diabetes mellitus que padecía desde hace 12 años.

La CNDH pidió que se tomaran medidas

En abril de ese año, el reo ya tenía dificultades para ver y a pesar de que la CNDH pidió que se le brindara la atención médica adecuada, sólo le dieron insulina.

“El 31 de julio de 2012, a las 21 horas, V1 falleció en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, a causa de neumonía bilateral, insuficiencia renal crónica y diabetes mellitus de larga evolución”, dice el texto de la recomendación.

Migrantes modifican sus rutas en el estado, buscan alternativas para no morir: MMM


RODRIGO SOBERANES

Veractruz, Ver.- Veracruz está cambiando la ruta migratoria de México. Incidentes como el ataque a un tren el pasado 1 de mayo han orillado a los centroamericanos sin documentos a buscar alternativas para no morir y así llegar al norte del país.

Según Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) y voluntario del albergue La 72 de Tenosique, Tabasco, las redes de activistas en favor de los migrantes, han notado cambios en el comportamiento de la migración.

Esos cambios, dijo, comenzaron hace dos meses aproximadamente y, de acuerdo con los testimonios recabados día con día en los albergues del sureste del país, los migrantes buscan formas para evitar ser agredidos en Veracruz.

Según Figueroa, Veracruz es el estado más peligroso dentro de la ruta migratoria por tren en México, y en específico, el tramo comprendido entre Coatzacoalcos y Tierra Blanca, donde se encuentra la comunidad de Medias Aguas.

Justo en medio de ese tramo el 1° de mayo ocurrió un ataque en un tren donde, según testimonios, viajaban unos 500 migrantes que fueron agredidos por un grupo de delincuentes con armas de fuego y machetes, y arrojados del tren en movimiento.

En su percepción, los migrantes "se están atrincherando" en albergues como el de Tenosique, el primer contacto humanitario para decenas de migrantes que cada día ingresan al país por Guatemala.

“Veracruz se ha vuelto un muro para la migración que ha inducido nuevas estrategias para cruzar un estado que es ineludible en la tenebrosa ruta del Golfo (…) llegar a Veracruz es entrar en un fango y tratar de salir con vida”, dijo el activista en entrevista.

Según información recopilada por el MMM, se ha registrado un aumento en el número de migrantes que llegan a Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, y cuando constatan los riesgos de deben sortear a partir de ese punto, deciden regresar a los albergues de Tenosique e Ixtepec, Oaxaca.

Explicó que la dificultad del viaje en la ruta migratoria "se ha agudizado" con el cobro de "cuotas" a los migrantes por parte de los delincuentes, quienes exigen 100 dólares a cambio de dejarlos seguir su camino.

Figueroa Señaló que, una vez atrincherados, se organizan y planean nuevas estrategias para no viajar en tren de carga, pero nunca desisten a abandonar sus planes de migrar debido a que es "una migración forzada" que los orilla a asumir cualquier riesgo que implique salir de sus países para buscar una vida mejor.

¿Los esfuerzos del gobierno para mejorar el bienestar de la población, van por buen camino?


Por: Arturo Huerta González
2013-05-14 04:34:58

Enrique Peña Nieto afirmó el 10 de mayo que con las reformas estructurales, los ingresos de las familias serán mayores. Cabe recordar que lo mismo dijeron cuando fueron presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, y Felipe Calderón, y las familias siguen esperando sus promesas. Las familias que sí han visto mejorados sus ingresos y fortunas, con las dueñas de la banca, del sector financiero, como de Telemex, del Grupo México, de las dos grandes televisoras, las que están invirtiendo en Pemex, en infraestructura, y en aquellos otros sectores que el gobierno ha venido privatizando, para ampliarles la frontera de inversión al gran capital nacional e internacional.

El presidente dijo que el objetivo de las reformas estructurales está encaminado a aquellos “quienes tengan un trabajo, cualquiera que sea, su ingreso sea mayor, y que a las madres de familia el ingreso que tienen les alcance para más”. Promesas van y vienen de que el futuro será mejor con tales políticas, y ya estamos desde hace rato en ese futuro, y los resultados de estas reformas de privatización y extranjerización de la economía, ha sido la reducción del tamaño y participación del gobierno en la economía, y el sector favorecido ha sido el sector financiero. A los trabajadores por su parte, con la reforma laboral les quitaron las prestaciones laborales, y los llevan a que sean contratados por tiempo, en forma parcial, y despedidos a bajo costo, situación que ha llevado a que el ingreso percibido no les “alcance para más”, lo que ha polarizado la mala distribución del ingreso, y aumentado el número de pobres, y la delincuencia a lo largo y ancho del país.

Peña Nieto dijo que su gobierno quiere “poner orden para que realmente México pueda descollar y aprovechar sus fortalezas”, y que las reformas transformadoras están encaminadas a que “el país aproveche todo su potencial en beneficio de los mexicanos”. El problema es que siguen sin darse cuenta que no son los mecanismos del mercado de mayor apertura, y mayor privatización de la economía, lo que llevará a potenciar el desarrollo del país, ni a beneficiar a la mayoría de la población. El mercado, es decir, el sector privado, es hegemonizado por el sector financiero y el gran capital asociado a éste, los cuales buscan la ganancia, y no el bienestar de las grandes mayorías, y de hecho, incrementan su acumulación de capital y riqueza a costa de las grandes mayorías. Ahí están los datos a nivel mundial y nacional, de cómo se acentúa el poder económico de la cúpula empresarial, de cómo aumentan las tasas de desempleo, subempleo, y la economía informal, y la pobreza. De cómo los gobiernos, los Congresos y partidos políticos de todas tendencias actúan, gobiernan y legislan a favor del gran capital, y no para atender las demandas de las grandes mayorías de la población, evidenciando que no hay democracia en la toma de decisiones. Predomina un discurso demagógico, ramplón, engañoso, que siempre promete que el futuro será mejor, haciendo creer que se instrumentan las medidas adecuadas para ello, y se impulsan las mismas políticas que han venido predominando en las últimas décadas y que son las causantes de que en nuestro país 60 por ciento de los trabajadores se encuentre en la economía informal, donde no cuenta con un salario fijo, ni prestaciones laborales, ni seguro social, ni vacaciones, y por otra parte, el ingreso que reciben los trabajadores del sector formal, no les alcanza para satisfacer las demandas básicas de él y su familia.

Estamos viendo en muchos países europeos grandes manifestaciones de descontento por parte de los excluidos y afectados por las políticas económicas predominantes, y no obstante los gobiernos no realizan cambio alguno de tales políticas. En nuestro país, el gobierno federal está feliz porque los llamados partidos de oposición están con él, impulsando tales reformas, evidenciando que ningún partido encabeza el descontento (pasivo en gran medida) que tienen grandes sectores de la población, por los problemas de desempleo, subempleo, caída de salarios, y creciente privatización de los servicios de educación y salud. Su Pacto por “México” le permite al gobierno seguir con tales reformas estructurales de orientación de mercado, pues no encuentra oposición significativa en dicho camino. Tales políticas seguirán exacerbando las diferencias de ingreso y de riqueza entre los mexicanos, y por tanto la lucha de clases, que llevará a que se realicen grandes manifestaciones como en los países europeos, y cuando éstas cambien la correlación de fuerzas, allá y acá, habrá cambios de gobierno, que tendrán que instrumentar políticas a favor de las grandes mayorías, y será hasta que ello acontezca, que los ingresos de los trabajadores podrá ser suficiente para resarcir y mejorar las condiciones de vida de ellos y sus familias. Mientras más avancen las reformas estructurales a favor del gran capital, el país será cada vez menos nuestro, y por lo tanto más difícil será revertirlas, dado que los gobiernos extranjeros, en el cual tiene su origen la inversión extranjera que está adquiriendo tales activos en el país, salvaguarda sus intereses. De ahí la importancia de frenar tales reformas. De decir no a la reforma financiera presentada la semana pasada (de la cual hablaremos en próximos artículos), que favorece al gran capital bancario, así como a la reforma energética que próximamente presentarán, que llevará a que la cúpula empresarial, nacional e internacional se apropien de la renta petrolera.

Armados, habitantes de Atlixtac colocan retenes y declaran toque de queda


Desde el sábado se mantienen activos porque Ejército y policías no hallaron a los secuestradores

SALVADOR CISNEROS SILVA ( Corresponsal)

Atlixtac, 13 de mayo. Pobladores de comunidades del municipio de Atlixtac realizaron desde el pasado sábado retenes armados en diferentes puntos debido a “supuesta presencia de un grupo delictivo dedicado al secuestro y extorsión”.

El pasado viernes, la Policía Federal, Ejército, Policía Estatal y Policía Municipal realizaron un operativo para localizar un grupo de secuestradores que operaba en esa franja de La Montaña, debido a que se tenía conocimiento de que se mantenía a una persona cautiva en una vivienda de esa comunidad.

Al no tener resultado el operativo, los pobladores decidieron organizarse para vigilar, recorrer y poner módulos de revisión armados con rifles calibre 22 en los cruceros que comunican a los municipios de Tlapa, Chilapa, Zapotitlán Tablas y Acatepec.

“Nosotros notamos la entrada y salida de personas ajenas a la comunidad, así como halcones, por eso la gente se decidió a poner los retenes para tener un poco de control en los coches que pasan por las noches hacia las comunidades del municipio”, comentaron pobladores quienes decidieron omitir su nombre debido a la situación.

Los días sábado y domingo gente armada de las comunidades del municipio realizó recorridos e instaló módulos de revisión; desde el mismo sábado hay toque de queda en la cabecera municipal.

Argumentaron que el agente del Ministerio Público ya tiene conocimiento del caso y que los pobladores pidieron apoyo directo al 93° batallón de infantería para que resguardara el crucero de Tlatlahuiquitepec para generar mayores condiciones de seguridad para los pobladores.

Hasta el momento no se tiene conocimiento oficial del mencionado secuestro, debido a que las autoridades municipales han mantenido la información reservada, argumentando que “no somos quien tiene que dar esta información, el caso está ya en manos de las autoridades competentes y ellas tendrán que dar a conocer los logros de esta búsqueda”, finalizaron.

Plantea OCSS la unidad de luchadores ante los nuevos hostigamientos


RODOLFO VALADEZ, CORRESPONSAL

Atoyac, 13 de mayo. “Mi detención y posterior liberación fueron con el fin de impedir que la formación de una policía comunitaria en este municipio como parte de una campaña de represión del gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, contra los pueblos que han dado muestras de rebeldía, como El Quemado”, aseguró la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino. Sostuvo que su arresto fue parte de una campaña de intimidación del gobierno federal para combatir a la lucha social o la oposición al gobierno actual y prueba de ello, apuntó, es lo que hizo el gobierno con los maestros cetegistas que los agarró y luego los soltó, lo mismo que a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y los normalistas de Ayotzinapa, “además de mi caso, que aunque lo quisieron hacer más grande, yo le demostré jurídicamente que era inocente del delito por el que me acusaban y no les quedó más remedio que liberarme”. En la primera entrevista que da luego de que fue arrestada y liberada en marzo, Mesino Mesino consideró urgente que las organizaciones y luchadores sociales se organicen para combatir unidas los nuevos embates de hostigamiento y represión que prepara el gobierno federal en contra de quienes luchan a favor del pueblo.

La guerrilla y MPG, por la desigualdad social, dice sobreviviente de El Charco


ISRAEL SALGADO URIÓSTEGUI (Corresponsal)

Iguala, 13 de mayo. El sobreviviente de la matanza de El Charco Efrén Cortés Chávez consideró que la guerrilla y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) tienen su antecedente en la desigualdad y sostuvo que “el gobierno está abonando a que pueda haber un estallido social y la gente se cubre la cara porque es un emblema de resistencia, no porque sean delincuentes, guerrilleros o narcos”.

Confirmó su confianza en la justicia internacional en torno al caso de El Charco para que quede un precedente que en México no se respeta el estado de derecho ni se castiga las violaciones a los derechos humanos, por eso recurrieron a organismos internacionales.

“Esperemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vea la situación de la violación de derechos humanos para que quede demostrado que aquí se juzga a quien no tiene dinero, el que tiene dinero no está preso, si no todos los políticos estuvieran presos”.

Llamó al gobierno a que haga caso con respecto a la exigencia del movimiento popular, del campesino, el estudiantil o el magisterial porque el pueblo tiene derecho a exigirle al gobierno que en vez de defender los intereses de los pobres defienden a los ricos y todavía el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, amenaza con aplicarles la ley a la gente que no tiene para comer en un país con 60 millones de pobres.

Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tenga la demanda obliga a que los abogados que están llevando ese caso empiecen a recabar la información y si la declara válida, se iría a la Corte Interamericana. Agregó que se presentó una petición para que se recabara toda la información del caso porque en México los tribunales no investigaron el ataque, porque “independientemente de que si hubo guerrilleros o no, hubo una masacre y no un enfrentamiento como lo pretenden hacer creer, porque había gente desarmada, civiles que estaban en la escuela”.

Criticó al gobierno por “pretender desvirtuar el movimiento popular asegurando que está infiltrada la guerrilla. Si así fuera, ambos movimientos tienen su antecedente en la desigualdad porque ni un guerrillero es delincuente, ni un luchador social es delincuente, la única diferencia es el método de lucha, el guerrillero lucha con las armas y el luchador social lucha con la resistencias, la acción, la protesta y hasta con la confrontación si son agredidos”.

Finalmente, manifestó: “Un maestro que usa bombas molotov, machetes, garrotes y piedra no es guerrillero, es un luchador social. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, está preparando el camino para golpear al movimiento”.

EL ACUERDO DE SUCHITOTO

Representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Alemania y Holanda preocupados por la desbordada violencia e inseguridad que se vive en la región, reflejada en las múltiples violaciones contra los derechos humanos y de los pueblos, la ausencia de oportunidades para las y los jóvenes, y el creciente deterioro de la calidad de vida para la mayoría de la población, nos reunimos entre el 24 y 26 de abril en Suchitoto, Cuscatlán, El Salvador, en el ENCUENTRO REGIONAL SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, para discutir y reflexionar sobre estas problemáticas y las consecuencias para la vida de nuestros pueblos.

AU Probable desaparición forzada de Teodulfo Torres Soriano

 

ACCIÓN URGENTE ¡EXIJO LA APARICIÓN CON VIDA DE TEODULFO TORRES SORIANO, “EL TÍO”!

Para firmar esta acción urgente da click aquí

Probable desaparición forzada de Teodulfo Torres Soriano, testigo de la agresión en contra de Juan Francisco Kuykendall el #1DMX (01 de diciembre de 2012)

Hechos:

La última vez que alguien cercano vio a Teodulfo Torres Soriano con sobrenombre cariñoso de “El Tío” de 41 años de edad, fue el 24 de marzo cuando salía en el trascurso de la mañana de su domicilio ubicado en la Colonia Popular Santa Teresa, Delegación Tlalpan, al Sur de la Ciudad de México; la última vez que uno de sus amigos se comunicó con él fue el martes 26 de marzo aproximadamente a las 17:00, sin conocer dónde estaba o hacia dónde se dirigía; posterior a esa llamada telefónica ninguna otra entró a su celular y él tampoco llegó a su casa.

Antecedentes:

Cabe resaltar en este caso que Teodulfo Torres Soriano acompañaba a Juan Francisco Kuykendall, quien, como es de conocimiento público, se encuentra en estado grave debido al disparo de un proyectil lanzado por parte de miembros de la Policía Federal a las afueras del Congreso de la Unión en San Lázaro, el 01 de diciembre de 2012 (1DMX). Ésta agresión fue presenciada y videograbada por Teodulfo Torres Soriano, quién auxilió y acompañó a la familia durante la hospitalización y quién estaba obligado por ley a testificar sobre los hechos antes descritos.

Teodulfo Torres Soriano es miembro del proyecto de agricultura urbana “El Terreno”, es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y ha sido solidario con diversos movimientos sociales.

Acciones realizadas por los familiares

• Los familiares y compañeros de Teodulfo Torres Soriano han agotado los medios institucionales de búsqueda como LOCATEL y el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), búsqueda en Ministerios Públicos, Hospitales, Cárceles, SEMEFOS y albergues sin ningún éxito, ante estos hechos y debido a su calidad de testigo en la agresión a Kuykendall se teme una desaparición forzada por motivos políticos.

• El día 3 de abril se reportó, por primera vez en LOCATEL (N° Reporte 573194).

• El 12 de abril el Sr. Joaquín Torres, padre de Teodulfo acudió al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) y se realizó una denuncia de ausencia y fue emitido un foto-volante, así mismo se realizó una denuncia de ausencia en el Ministerio Público que quedó asentada como Averiguación Previa: DGAVD/CAPE/T3/00595/13-04 y fue asignado un agente de policía de investigación.

• El 16 de abril, de CAPEA llaman al Sr. Joaquín Torres con el objeto de que éste se presente para corregir foto-volante y la fecha de desaparición del 26 de marzo (dada en la primera denuncia por parte de quien lo acompañó la primera vez) por la del 23 de marzo (fecha en que, por última vez, el padre del Teodulfo afirmó haberlo visto).

• El 17 de abril, acuden a la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), se lleva una foto reciente que es digitalizada y boletinada a todos los estados del país.
• Hasta la fecha no se ha tenido noticia alguna de las denuncias presentadas en el caso.

Por lo anterior, las organizaciones firmantes solicitan al gobierno mexicano:

1. Que las autoridades responsables presenten de inmediato ante la autoridad competente a Teodulfo Torres Soriano, debido a que se teme sea una víctima de desaparición forzada.

2. Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Teodulfo Torres Soriano.

3. Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Teodulfo Torres Soriano, y pedimos que los resultados de esas investigaciones se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.

4. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México, específicamente la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

A los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos que en la medida de sus atribuciones externen al Gobierno Mexicano su preocupación ante la gravedad de estos hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas.

ACCIÓN URGENTE EMITIDA POR:

Comité Cerezo México
Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC
Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ¡Hasta Encontrarlos!
Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos FEDEFAM
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”

DIRECTORIO DE DESTINATARIOS:
Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, México DF
Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55) 5277.2376
Correo: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. Piso, Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc,
C.P. 06600 México D.F.
Fax: (52 55) 50933414;
Correo: secretario@segob.gob.mx

Luis Armando González Placencia
Presidente de la CDHDF
direccion.quejas@cdhdf.org.mx

Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Edificio “Héctor Fix Zamudio”
Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6° piso
Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01040, México, D.F.
Tels. y fax 56 81 81 25 y 54 90 74 00
correo@cndh.org.mx
Con copia a: comitecerezo@nodo50.org
Comité Cerezo México

Para más información:
Comité Cerezo México
Calle Volcán Kirishima L. 6 Mz. 4, Colonia El Mirador III Secc. Delegación Tlalpan. CP 14449,
tel. 56559465
correo electrónico: comitecerezo@nodo50.org

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Pue/Méx. Boletín informativo: Asalto a integrante de la ReddH


Amigos de los medios de comunicación

Integrantes, colaboradores y amistades de la ReddH

A las organizaciones solidarias con la ReddH

Reciban un cordial saludo de parte de los que integramos la ReddH, al mismo tiempo les informamos que ayer 13 de mayo alrededor de las 23:30 horas fue asaltado en un taxi nuestro compañero Israel Sampedro Morales, entre las cosas robadas esta su teléfono celular.

La línea fue dada de baja desde ayer, y en estos días se estará recuperando el número.

Lo anterior con el objetivo de preveer que los delincuentes hagan mal uso de la información encontrada en el teléfono.

Agradecemos la atención prestada,

Atentamente

Dignidad, Justicia, Libertad

Red de Defensa de los Derechos Humanos

REDDH

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AI pide a México liderazgo regional para defender los derechos de las mujeres




El día de hoy, 13 de mayo, Amnistía Internacional (AI) ha dirigido una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México llamando a las autoridades mexicanas a mostrar su compromiso con los derechos humanos a nivel regional. AI considera que los compromisos públicos hechos por las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos y de defensa y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deben también transformarse en acciones concretas en su política internacional.

La organización considera urgente que México muestre este compromiso instando al gobierno de El Salvador a cumplir pronta y efectivamente con las medidas cautelares dictadas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la ciudadana salvadoreña Beatriz. Hasta el momento las autoridades de El Salvador no han cumplido estas medidas, poniendo en grave riesgo la vida de Beatriz.

Beatriz es una joven salvadoreña de 22 años, y debe afrontar un embarazo de alto riesgo, y con muy escasas posibilidades de éxito debido a sus graves problemas de salud y a una severa malformación del feto. Ante esta situación los médicos han dictaminado que Beatriz necesita un aborto terapéutico.

El 29 de abril del presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares al Estado de El Salvador para proporcionar a Beatriz un tratamiento médico adecuado, según lo prescrito por sus médicos y conforme a los deseos de la paciente, en un plazo no mayor a 72 horas. A pesar de esta resolución el gobierno de El Salvador aún no ha actuado, poniendo su vida en riesgo.

El 26 de abril, los Relatores de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, la Cuestión de la Tortura y la Violencia Contra las Mujeres, así como también la Presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU especializado en la discriminación contra las mujeres, pidieron al gobierno salvadoreño que se proporcione urgentemente el tratamiento médico adecuado a Beatriz para salvar su vida.

La Corte Suprema de El Salvador actualmente está considerando el caso a petición de los médicos involucrados, quienes alertan que Beatriz podría morir si continúa con su embarazo, y no han intervenido debido al riesgo de ser procesados bajo las estrictas leyes antiaborto del país. Sin embargo, la Corte no ha respondido con la urgencia exigida por el caso.

“Queremos que su caso se resuelva lo antes posible. Que Beatriz no se muera, así de sencillo. Cada día que pasa, su situación de salud se agrava. Ella solo quiere salvar su vida, y estar con su familia” expresó Dennis Muñoz, uno de los abogados de Beatriz.

Para Amnistía Internacional este es un claro caso de discriminación, y de violación al derecho a la salud, así como de sometimiento a un trato cruel, inhumano y degradante por parte de las autoridades salvadoreñas. El caso de Beatriz es simbólico en uno de los pocos países del mundo donde el aborto está penado en todas las circunstancias, incluyendo el riesgo para la vida de la madre o abuso sexual, y donde las mujeres de bajos recursos carecen de los servicios médicos necesarios para garantizar su salud.

México, cómo país que se ha mostrado activamente comprometido con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que según el Pacto por México asume los derechos humanos en una política de estado, debe instar a las autoridades salvadoreñas a cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión.

Información Adicional

Beatriz, madre de un niño, está embarazada de 22 semanas y seriamente enferma. Actualmente está hospitalizada con lupus y problemas de riñón. Su situación de salud es tan grave que 15 médicos del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador recomendaron la intervención médica cuando Beatriz tenía solo 13 semanas de embarazo, pues podría morir si continúa con su embarazo. Los médicos también han diagnosticado al feto de anencefalia (le falta gran parte del cerebro y cráneo), lo que en la mayoría de los casos resulta en la muerte del bebé a las horas o días de nacer.

Sin embargo, los médicos de Beatriz no le han brindado el aborto que puede salvarle la vida, y que ésta ha solicitado, porque temen ser procesados bajo las leyes salvadoreñas que imponen sentencias de prisión a cualquiera que lleve a cabo o tenga un aborto.

Hace dos meses, los médicos escribieron a las autoridades solicitando protección explícita contra un posible procesamiento si proveen a Beatriz el tratamiento que tanto necesita. A pesar de la obvia urgencia del caso, ninguna autoridad ha respondido.

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