miércoles, 23 de enero de 2013

Nuevo desliz de Peña: confunde a Gamboa con Beltrones


JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F. (apro).- En respuesta a las críticas panistas sobre una eventual intervención presidencial en los comicios de este año, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que Enrique Peña Nieto “no intervendrá en lo absoluto en la elección federal del mes de julio”, e insistió que continúan los trabajos del Pacto por México.

Sin embargo, ya el encuentro con los senadores, realizado en un hotel de Polanco, Peña Nieto volvió a cometer otro desliz: confundió a Emilio Gamboa con Manlio Fabio Beltrones, coordinadores ambos de las bancadas priistas, pero el primero era su anfitrión y el segundo estaba ausente. “Senador Beltrones”, le dijo a Gamboa Patrón.

El hecho incluso generó un Trending Topic en Twitter bajo #ConfundoAGamboaConBeltrones.

Apenas la semana pasada, Peña Nieto fue blanco de críticas al modificar el nombre del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) durante la presentación de la declaración patrimonial de los funcionarios de su gabinete

Este martes, en rueda de prensa previa a la comida que las bancadas de PRI y PVEM sostuvieron con Peña, Gamboa Patrón comentó que “les puedo asegurar de antemano que el presidente será profundamente respetuoso de las leyes, entiende su papel de Estado, sabe que no deben, en función de la ley particular y así lo hará”.

Gamboa Patrón reiteró que de los 95 compromisos del Pacto por México, hay 26 que serán legislados en el primer semestre. Sobre el tema de telecomunicaciones, aclaró que el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, hablará del tema en la plenaria de Nayarit; y pronosticó que habrá un “trabajo fino” para avanzar en la ley secundaria de la reforma constitucional educativa, aprobada por más de 21 estados.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política no quiso entrar en los detalles sobre la posible reforma en materia de telecomunicaciones y la energética.

Sobre la licitación de la tercera o cuarta cadena, Gamboa Patrón afirmó que este tema “está en el aire”; y agregó que “no ha sido tocado por el Senado, no ha sido enviada una opinión. Es facultad del presidente de la República, a través de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Gobernación”.

“Es muy probable que se toque con el secretario de Comunicaciones y Transportes, pero no tenemos hoy una definición al respecto sobre cuál va a ser el posicionamiento de mis compañeras y compañeros senadores”.

Televisa admite siete años después el telemontaje sobre Cassez


JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Siete años después de aquella transmisión del 9 de diciembre de 2005, cuando el programa Primero Noticias anunció que “en vivo” los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron a integrantes de la banda de secuestradores El Zodiaco, el conductor estelar de esta emisión de Televisa, Carlos Loret de Mola, admitió que se trató de “un engaño”.

“En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que se pudo haber descubierto el engaño (…) no lo hice y lo lamento”, afirmó Loret de Mola el pasado lunes 21 de enero, dos días antes que los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia volvieran a analizar la petición del amparo de la ciudadana francesa Florence Cassez.

El “telemontaje” y la simulación de una liberación y detención “en vivo y en directo” de Cassez y de su pareja sentimental Israel Vallarta se convirtieron en parte de la argumentación fundamental de los abogados y familiares de la francesa para pedir su liberación.


Durante siete años, Grupo Televisa guardó silencio sobre el “telemontaje”. Cuando se descubrió esta operación, en febrero de 2006, la empresa optó por correr al reportero Pablo Reinah, a quien acusó de ser cómplice de la estratagema. Reinah se defendió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pidió que se restableciera su honor y la empresa admitiera que él no fue el único responsable.

Reinah ganó en su litigio, pero Televisa nunca aclaró ante las audiencias si hubo otros directivos de la empresa que estuvieran enterados de este “montaje”, armado por los principales responsables del área informativa de la televisora. A nivel interno, se menciona al vicepresidente de Información Nacional, Amador Narcia, como corresponsable de esta operación, junto con Genaro García Luna, entonces titular de la AFI, y su “brazo derecho”, Luis Cárdenas Palomino.

El nombre de Amador Narcia volvió a mencionarse en el reciente escándalo de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua, integrantes de una caravana de seis camionetas que circulaban en Centroamérica con el logotipo de Televisa y transportando droga y 9.2 millones de dólares. Televisa negó cualquier vínculo con esta caravana y consideró “apócrifa” la firma de Narcia en oficios que exhibieron los detenidos.

Lavado de Imagen

En la emisión del lunes pasado, Loret de Mora afirmó:

“El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura (de Florence Cassez), que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo”.

Loret de Mola no aclaró cómo se enteraron de que se trató de un montaje, ni tampoco si hubo alguna disculpa con los detenidos.

En El Noticiero del pasado 22 de enero, la emisión nocturna de Canal 2, López Dóriga hizo un recuento del caso: la detención, el testimonio de las víctimas, especialmente de Ezquiel Elizalde y de Cristina Ríos Valladares, de la resolución del ministro Arturo Zaldívar, un año atrás, pero evadió el punto fundamental de la violación procesal: el telemontaje y su principal responsable político, Genaro García Luna.

Condusef no investigará caso Monex


Mario Di Costanzo, titular de la Condusef, quien fuera una de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, señaló que el caso Monex no es competencia de la instancia a su cargo.



Mario Di Costanzo, ex secretario de Hacienda del gabinete legítimo de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros “no es aplicable” al caso de las tarjetas Monex utilizadas en la campaña presidencial del PRI, a través de una triangulación.

En su comparecencia ante los diputados de la comisión investigadora que da seguimiento al caso, Di Costanzo señaló que “la Condusef supervisa la transparencia en la relación del usuario y la institución financiera. Nosotros no vemos flujos monetarios. El caso no es materia de la Condusef”, apunta el diario El Economista.

El 7 de enero pasado, Mario di Costanzo, uno de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, fue anunciado como nuevo titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef).

En octubre pasado, la Junta de Coordinación Política calificó como improcedente la demanda del partido del Movimiento Ciudadano de que se iniciará una investigación por el Caso Monex, a menos que ésta se circunscribiera la Condusef.

Recaba Yosoy132 más de mil 100 firmas contra alza al transporte


SELEN TERÁN

El Movimiento #YoSoy132 SLP hasta la fecha ha logrado recabar más de mil 100 firmas contra el aumento a la tarifa del transporte público, mismas que serán entregadas a los 27 diputados locales, encargados de determinar el nuevo costo por el servicio. Desde hace dos semanas mediante el sitio de internet, change.org, el movimiento recaba firmas y realiza una petición al Congreso del Estado para que no autorice el aumento al transporte público.

En dicha plataforma se explica a los usuarios que tanto el gobierno como los concesionarios pretenden subir a siete pesos con 50 centavos el pasaje del transporte urbano, lo que golpeara la economía popular, “solamente beneficia a los concesionarios dado que toma en consideración los bajos incrementos al salario mínimo, los escalonados aumentos de los insumos necesarios para la vida. Para impedir este aumento y mejorar el servicio debemos organizarnos para retirar a los concesionarios parásitos y estatizar el servicio”, se lee en la página web.

Asimismo se suscribe las peticiones del movimiento, destacando la consulta popular para aprobar una nueva tarifa; democratización del consejo, evaluación del servicio, y que el estado subsidie el incremento.

Entre los comentarios que emitidos, los usuarios reclaman el mal servicio que prestan los permisionarios, además de aseverar que el transporte urbano es un derecho, no un negocio, tal como opinó Emmanuel Mireles.

Para participar, se requiere de un correo electrónico, proporcionar nombre y apellido, calle y código postal, además de la ciudad donde se habita. Hasta el momento se contabilizan 504 firmas.

Para quienes no poseen un correo electrónico, integrantes del movimiento se encuentran recabando firmas, las cuales también serán enviadas a los diputados. En rueda de prensa voceros del movimiento, aseguraron que en la Ley del Transporte Público no determina que en el segundo sábado del año sea la fecha límite para autorizar una nueva tarifa, “por el contrario, únicamente a partir del esta fecha se pueden iniciar formalmente el dialogo y presentaciones de estudios para la revisión tarifaria”, explicaron.

Aunque reiteraron que el problema de raíz continúa siendo la mencionada ley.

Asimismo anunciaron que en próximas fechas expondrán un estudio de los accidentes que se han suscitado a raíz del servicio de transporte público que otorgan los permisionarios, todo ello mediante un acervo hemerográfico de cuatro años, lo que expondrá las deficiencias del propio servicio.

CIDHM denuncia dos casos de tortura; señala a policías federales


Raúl Morales Velázquez

CUERNAVACA. La Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDHM) solicitó la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y de Amnistía Internacional sobre el caso de la tortura cometida en contra de Alejandro Ávila Arteaga y Carlos Luna Ramírez a manos de elementos de la Policía Federal Preventiva en el municipio de Emiliano Zapata. Luego de haber recibido de parte de los familiares de estas personas copia de la “Ampliación de declaración de los procesados Alejandro Ávila Arteaga y Carlos Luna Ramírez” que llevaron a cabo en el penal federal ubicado en Puente Grande, Jalisco, de fecha 11 de diciembre de 2012, derivado del Exhorto 415/2012-E correspondiente a la causa penal 84/2012, en donde se narran las torturas de que fueron objeto ambas personas por parte de elementos policíacos, de elementos de la Policía Federal Preventiva.

Juan Carlos Luna Ramírez señaló que “un sujeto salió del terreno de enfrente y me amagó en la cabeza con arma de fuego, me dijo ya te cargó la chingada cabrón y vas a hacer todo lo que yo te diga o aquí mismo te voy a plomear… los señores nunca se identificaron, golpeándome con la culata de su arma en mi cabeza y en el cuerpo, me tumbaron al suelo… me pusieron un trapo en la cara con una bolsa de plástico… en la camioneta me empezaron a electrocutar en mis partes nobles, en la cabeza y en los pies… patadas sobre mi cuerpo… me colocaron una franela en la cara, y me empezaron a vaciar agua sobre mi nariz y boca, siendo que me desfallecí en varias ocasiones por falta de respiración y me seguían golpeando, me seguían dando toques en el cuerpo… en las oficinas de la policía federal que se encuentra en Cuernavaca”.

Y continuó: “me tumbó al suelo, burlándose y diciéndome a dónde vas pichoncito, ahorita te vamos a ir a colgar… en eso escuché gritos del señor Alejandro que lo estaban torturando, y escuché un ruido como de disparo y me dijeron ya lo cargó la chingada a tu compañero… si ya no quieres que te sigan torturando tienes que aceptar lo que te están diciendo, en eso grié sí yo soy el culpable pero no me sigan golpeando más”.

Por lo que de acuerdo en lo dispuesto en el Artículo 206 en relación con el 208 del Código Federal de procedimientos penales se solicitó la inspección de las lesiones, “a lo que el secretario certifica y hace constar que: el señor Juan Carlos Luna Ramírez, quien se encuentra tras las rejas de prácticas muestra en la frente de su lado derecho inflamación de aproximadamente dos centímetros, una cicatriz en la parte superior del lado derecho, también se advierte un punto negro del lado derecho de la boca, así como una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en la parte central baja de la espalda, siendo todo lo que se aprecia a simple vista”.

Festejará Cherán aniversario de su levantamiento contra bandas delincuenciales


La comunidad purépecha de Cherán festejará el segundo aniversario de su levantamiento armado contra bandas delincuenciales que afectan sus recursos naturales, el próximo 15 de abril, con una programa cultural que por primera ocasión se transmitirá a través de televisión abierta.

La transmisión será posible gracias a un colectivo oaxaqueño enfocado en los medios alternativos que prestará el equipo, y sin la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya que el municipio goza de autonomía y la transmisión se realizará bajo el modelo de medio de comunicación comunitario.

Información proporcionada vía telefónica por integrantes del colectivo Radio Fogata, que pidieron el anonimato por razones obvias, indica que la transmisión del 15 de abril estará en vigencia durante toda la jornada aunque se pretende que en el futuro exista un canal de televisión comunitario con transmisión continua, como una forma de ofrecer información más apegada a la realidad sobre el movimiento indígena de Cherán en defensa de sus bosques, ya que los activistas están en desacuerdo con el manejo informativo que hizo la estación radiofónica XEPUR, La voz de los purépechas, en el inicio del conflicto.

Demandan a la CFE en Papanoa aplicar una tarifa única de luz


RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)

Tecpan, 22 de enero. Pobladores de Papanoa pidieron a los representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicar una tarifa única en los hogares de esa localidad con el fin de que se reduzcan los altos cobros por consumo de energía eléctrica.

La inconformidad de los lugareños nació por los últimos recibos de cobro en los que las cifras se elevaron inexplicablemente, ya que el consumo de energía en las casas es el mismo, aseguró el comisario ejidal de Papanoa, Adrián Moreno Catalán.

En entrevista, dijo que durante una reunión con los representantes de la CFE, realizada en las instalaciones de la Comisaría Ejidal de Papanoa, los afectados expusieron sus quejas y demandaron a la paraestatal que aplique en los hogares de las comunidades donde se registraron las alzas una tarifa única, con el propósito de que los moradores puedan pagar sus recibos normalmente.

Abundó que además el problema se reprodujo en las localidades de Puerto Vicente Guerrero, Estero Colorado, Parada del Puerto, La Cuesta, Los Laureles, El Rincón y El Trapiche donde muchas personas que generalmente pagaban recibos de entre 150 y 250 pesos les llegaron cobros por 900 o mil pesos, en casas donde sólo hay dos o tres focos.

Asimismo, agregó que los trabajadores de la CFE se reunirán de nueva cuenta con los inconformes el próximo domingo en las oficinas ejidales de Papanoa, donde, además de escuchar las irregularidades en cuanto al servicio que darán a conocer los usuarios, efectuarán revisiones en las instalaciones eléctricas de las viviendas donde se elevó el consumo y por ende el cobro, además de que los de la empresa, añadió, ofrecieron aplicar un plan de descuentos en las tarifas de cobro a las personas en cuyas casas no existan anomalías que originen fugas de energía eléctrica.

El comisario resaltó la buena disposición de la paraestatal y confió en que las quejas por los incrementos sean resueltas favorablemente el fin de semana próximo.

En esta crisis se requiere de todos, hasta del Ejército, sentencia el líder de Upoeg El instituto armado abusó, pisoteó derechos y violentó garantías, recuerda Marco Antonio Suástegui

CITLAL GILES SÁNCHEZ Y
 FRANCISCA MEZA CARRANZA ( )

El coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, aseguró que en estos momentos se requiere de todos, incluidos los militares, para restablecer el orden en los municipios; sin embargo, aseguró que una vez que haya paz en las comunidades, “el campesino regresa al campo; el Ejército, a sus cuarteles”.

Entrevistado en Chilpancingo sobre la advertencia de Tlachinollan de que si el Ejército toma el control de la seguridad en Ayutla emprenderá acciones urgentes para volver a expulsarlo, debido a que con su presencia se recrudecerán las violaciones a los derechos humanos, Bruno Plácido aseguró que las violaciones de los derechos de los ciudadanos ya están dadas.

“Hay una gran desarticulación social, y hoy tenemos que coordinarnos todos para buscar una solución. En momentos de crisis, ahorita necesitamos de todos para restablecer el orden”, indicó.

Sin embargo, aseguró que una vez que se restablezca la paz y el orden, todos regresarán a su papel.

“El campesino, que regrese al campo, porque no es correcto que agarre las armas, pero ante una necesidad porque se perdió la tranquilidad, se ve necesario a hacerlo; el Ejército, a sus cuarteles”, dijo.

El coordinador de la Upoeg aseguró que se está reconstruyendo la paz, lo cual “no es fácil (…); primero debemos dar tranquilidad a la gente y luego ya nos regresamos cada quien a sus lugares”.

Bruno Plácido aseguró que el movimiento de autodefensa “llegó para quedarse”, y aunque ahora participan todos los ciudadanos, por la dimensión del problema, se reestructurará y se harán leyes que avalen estas acciones.

La advertencia del Cecop

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, consideró que la llegada del Ejército a la zona de los levantamientos es “un arma de doble filo” porque es una institución que se ha portado mal y ha pisoteado los derechos humanos.

Consideró que, al convertirse en Policía Auxiliar, la Policía Comunitaria perdería su esencia y se desarticularía.

En entrevista, expresó que es ilógico el ofrecimiento del gobernador, quien, consideró, busca desarticular a la Policía Comunitaria.

“Caerían en lo mismo que han caído los ministerios públicos que actúan en aquella región o en la zona: van a defender al gobierno y se van a empezar a corromper; entonces esta seguridad que la Crac ha garantizado durante 17 años se va a perder, va a perder la esencia porque van a estar sujetos a un jefe, a un amo, que en este caso sería el gobierno del estado, y no les convendría; sería un error fatal que los llevaría a la destrucción”, vaticinó.

Aseguró que los integrantes de la Crac deben cuidar que no haya infiltrados y dijo que aunque el levantamiento civil es positivo y legítimo, no cuenta con la experiencia de la Comunitaria.

Consideró que se tiene que llegar a un acuerdo entre los dirigentes de la Crac y de la Upoeg, porque, de lo contrario, comenzarán ofertas como ésas.

“Van a depender de gobierno y va a empezar el factor ambición, el factor envidia, a correr entre ellos y eso va a causar la desaparición de la Policía Comunitaria y del movimiento armado; lo que tienen que hacer es unirse las dos organizaciones, y de esta manera podrán salir solos, sin necesidad del gobierno, ni del Ejército”, dijo.

Sobre la presencia del Ejército en la zona, dijo que las cosas podrían empeorar y que si los ciudadanos ya comenzaron con el movimiento, deberían continuar ellos.

“Por todos es bien conocido que el Ejército se ha portado mal en Guerrero, ha cometido abusos, violaciones, ha pisoteado los derechos humanos, ha violentado las garantías de los guerrerenses, y creo que hoy es bueno que el movimiento llame al Ejército o la Marina, que son los mismos al final de cuentas; la Policía Federal, peor tantito; creo que si ya iniciaron trabajos y ya iniciaron los levantamientos, deberían continuar”, dijo.

Destacó también que, además, las comunidades y las autoridades han reconocido el movimiento, lo cual le da más validez.

Militares intentan, sin éxito, tomar retenes


MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 22 de enero. Soldados trataron de replegar a los hombres armados levantados en autodefensa contra la delincuencia organizada, de los puestos de revisión y control de Las Mesas, municipio de San Marcos, y de El Pericón, municipio de Tecoanapa, en un intento por recobrar el control de esa zona de la Costa Chica, denunció quien se identificó como el Comandante M1.

También denunció que esta mañana llegaron a Tecoanapa tres agentes de la Policía Ministerial en una camioneta Ranger blanca que antes utilizaba “gente de la maña”, para informar a los comerciantes que ahora ellos cobrarán la cuota de piso, y fijaron en 200 pesos la tarifa. “Los que operaban aquí ya valieron madre, y ahora van a entregarnos la cuota a nosotros”, aseguró que fue la amenaza textual de los ministeriales a los comerciantes.

El Comandante M1 explicó que para impedir que los militares tomaran el control, habitantes de varios pueblos de Ayutla, Tecoanapa y San Marcos reforzaron los retenes.

Detalló que el primer intento de los militares por replegarlos ocurrió alrededor de las 6 de la tarde del lunes pasado, en el retén de Las Mesas. Unos 30 militares que llegaron en seis vehículos replegaron a los habitantes armados de ese turno del retén, pero un tiempo corto después, 400 personas más que respaldan el movimiento de autodefensa terminaron por hacer recular a los soldados, según el relato del informante.

Hoy, a las 9 de la mañana, los soldados intentaron nuevamente el repliegue de los habitantes levantados, pero esta vez en el puesto de revisión y control de El Pericón. Era un número de militares similar al de ayer; uno de ellos, que suponen de mayor rango, les dijo a gritos que llevaban la orden de sus superiores de tomar el control de los retenes en esa zona. “¡Ahora sí nos vamos a hacer cargo de la seguridad!”, soltó el militar, según la reconstrucción de hechos del Comandante M1.

Acuerdan alcaldes y diputados respaldar la autodefensa civil


Van Tecoanapa, San Marcos, Igualapa, Juchitán, Ayutla, Cuautepec, Ometepec, Azoyú y otros cuatro

Pide ayuda la alcaldesa de Tierra Colorada, pues en su municipio se están refugiando los criminales

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 22 de enero. Alcaldes, síndicos y regidores de al menos 15 municipios de Costa Chica y La Montaña se reunieron con diputados locales para exponer la situación de inseguridad en sus municipios y la falta de apoyo del gobierno del estado, motivo por el que, dijeron, están a favor de los movimientos de autodefensa que hace unas semanas emprendieron pobladores e integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). Algunos munícipes aseguraron que ese movimiento ha sido más eficiente que la misma Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).

La reunión se llevó a cabo en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso del estado como parte de los acuerdos del 15 de enero, cuando diputados e integrantes de la Upoeg sostuvieron una reunión para tocar el tema del movimiento de autodefensa.

En la reunión de ayer estuvieron los diputados Valentín Rafaela Solís, Eduardo Montaño, Luisa Ayala Mondragón, Marcial Liborio, Jorge Salazar Marchán y Tomás Hernández Palma; así como el coordinador de la Upoeg, Bruno Plácido Valerio, e integrantes de los comités de autodefensa en esas regiones.

Por los alcaldes estuvieron el de Tecoanapa, Manuel Quiñonez; de Igualapa, Omar González; de Juchitán, Demetrio Guzmán; de Ayutla, Severo Castro; de Cuautepec, Arquímedez Quintero; de Ometepec, Antonio Atenógenes; de Xochihuehuetlán, Fermín Rivera; de Copala, Sadot Bello García; de Azoyú, Luis Bustos; de Tlacoachistlahuaca, Armando Ramos; de Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez, y de San Marcos, Gustavo Villanueva Barrera.

En la reunión, Bruno Plácido manifestó que es necesaria la unidad de autoridades y la sociedad para hacer frente a la delincuencia organizada, pues por todos es sabido que en la policía y en los gobiernos hay gente involucrada en la delincuencia.

“No esperen que vengan gente de la CIA y DEA a capacitar a nuestra policía; urge que le pongan atención a esto. Hay alcaldes involucrados que dan protección a los chicos malos; no dan armas, pero protegen, y hay que revisarlo; sabemos que nos pueden matar, pero más valen que mueran 10 y no mil de miedo”, dijo.

La mayoría de los alcaldes expusieron que en sus municipios, con excepción de San Luis Acatlán –donde comenzó el movimiento de la Policía Comunitaria– y en Ometepec, “hay graves problemas de inseguridad”.

El de Ayutla admitió que “hemos sido rebasados” por la delincuencia; sin embargo, aseguró que ahora el pueblo está dispuesto a defender sus intereses.

Los alcaldes criticaron que gobiernos pasados no pusieron la atención debida, “por el temor”.

El de Cuautepec denunció que el principal delito es el abigeato, pero celebró la llegada de la Upoeg con el movimiento de autodefensa, que identificó como policía comunitaria, y aseguró que lo respaldará con todo.

El de Xochihuehuetlán pidió apoyo del Congreso para gestionar más presupuesto para la seguridad, y lamentó que no cuentancon patrullas, y como es uno de los municipios más alejados, “ni los secretarios quieren ir para allá”.

El síndico de Cualac mencionó que allá se creó consejo ciudadano en algunas comunidades, y no hay policías, pues “sólo el pueblo puede salvar al pueblo”.

El alcalde de Copala admitió que “tenemos miedo a hablar, cuando queremos desenmascarar a nuestro municipio”; por eso pidió a las autoridades apoyo con lo necesario para combatir la inseguridad.

El de Azoyú dijo que se debe apoyar, pues “es la forma de cómo podemos cuidarnos unos a otros”.

El de Tlacoachistlahuaca felicitó al movimiento de autodefensa, dijo que antes “nadie se había atrevido” a tomar las armas para defenderse de los delincuentes y aseguró que esto beneficiará a todos los municipios.

El de Cruz Grande fue más allá y llamó a los diputados a elevar este movimiento a las instancias federales, para que la Federación otorgue presupuesto para la Comunitaria y que también se cuide que no se infiltren los delincuentes.

El presidente de San Luis Acatlán, lugar donde nació la Comunitaria, resaltó los logros, pues desde que se creó, el índice de delitos ha disminuido considerablemente.

El alcalde de Igualapa reprochó que recibió un ayuntamiento con una patrulla vieja, 22 policías y sólo 14 armas largas, de las cuales sólo ocho están en buen estado; “no tenemos ni armas, ni cartuchos; en julio, la administración pasada recibió 5 mil cartuchos, pero no hay nada en existencia; yo quiero pensar que hubo mucho tiroteo, porque no recibimos ni un cartucho, y Seguridad Publica nos dice que pongamos una demanda y que nos lavemos las manos y que no nos metamos en problemas”.

El alcalde de Juchitán celebró el encuentro: “ni el gobierno del estado, ni el federal nos habían convocado a una reunión tan importante como ésta”.

La presidenta de Juan R. Escudero pidió a la Upoeg llevar a su municipio las acciones de autodefensa, pues está sufriendo el efecto cucaracha: todos los delincuentes de Ayutla y Tecoanapa se están yendo a su municipio, y a pesar de que ha pedido apoyo al gobierno del estado para adquirir armamento, no ha tenido respuesta.

“Es preocupante, porque Tierra Colorada es un municipio estratégico: tenemos entrada por todos lados; los delincuentes que salen de Ayutla y Tecoanapa se vienen a Tierra Colorada. Cuente con el apoyo; me gustaría que llegaran a mi municipio. Tenemos miedo, es obvio, pero, unidos, vamos a sacar esto adelante”, dijo.

Se suman al levantamiento ciudadanos de San Marcos y dos comunidades de Tixtla


MARGENA DE LA O ( Enviada)

Tixtla, 22 de enero. Los levantamientos armados continúan. Hoy se levantaron ciudadanos en San Marcos y tomaron la vigilancia de las carreteras y hasta de los bancos, y el lunes, habitantes de las comunidades nahuas de Acatempa y Atliaca, ambos del municipio de Tixtla, se armaron contra la delincuencia organizada.

En las primeras 12 horas de movimiento en Atliaca hubo un muerto y un detenido. Los habitantes armados en autodefensa detuvieron a dos hombres; a uno lo liquidaron aparentemente cuando intentó huir, y al otro, su compañero, lo detuvieron y turnaron a la PGJE.

Una consecuencia inmediata del movimiento fue la suspensión de clases en los seis planteles de Atliaca, desde nivel básico hasta medio superior.

La distancia entre ambas comunidades es corta, pero cada una es responsable de su movimiento; están coordinadas, pero no homogenizadas, aclararon. A la entrada de cada comunidad hay retenes, donde hombres con rifles y machetes, y caras cubiertas con pañuelos, pasamontañas y playeras, controlan el paso; todas las personas tienen que mostrar alguna identificación para cruzar, además de que los vehículos son revisados escrupulosamente.

En el retén de Acatempa, la primera comunidad levantada de camino a Apango, municipio vecino a Tixtla, unas 100 personas regulan el paso. Uno de los hombres de esa comunidad levantada mencionó las razones de la autodefensa: “el pueblo se levantó por lo mismo de que el gobierno ya no nos quiere, no creemos en el engaño de lo que viene prometiendo; el pueblo ya está cansado; no hace justicia en contra de los maleantes, y entonces el pueblo se alzó para hacer seguridad”.

Pero el movimiento de autodefensa de esta zona comenzó en Atliaca. A las 15 horas de ayer, la gente detuvo a siete personas, entre ellos una mujer, y las acusaron de extorsionar a los comerciantes de la comunidad. A cinco los detuvieron en el tramo carretero Tixtla-Chilpancingo; a los otros dos, en el pueblo, entre ellos la mujer, cuando viajaban en una camioneta.

Los habitantes intentaron lincharlos, pero policías municipales intervinieron y los rescataron. Rozando la noche de ayer, trasladaron a los siete a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El retén de esa comunidad está justo en la señal de carretera en la que se lee: Atliaca, 6 mil 436 habitantes. A partir de ahí, hasta el centro del pueblo, las escenas más comunes son las mujeres asomadas en las puertas, como si temieran salir; los hombres jóvenes reunidos y platicando en lugares visibles del pueblo, y los ancianos observando, armados, desde las esquinas.

Casi todo el pueblo está sumando, se sabe porque en la calle Juan Alvarez, frente a la primaria Redención Proletaria, mujeress cocinan en grandes tambos de aluminio, para alimentar a los habitantes armados en su autodefensa.

Un muerto y un detenido

En la calle Vicente Guerrero de la colonia Modesto Lozano, de Atliaca, amaneció el cadáver de un hombre. Era joven (parecía no rebasar los 20 años), moreno, de cabello corto, oscuro y un poco ondulado; vestía pantalones de mezclilla y una sudadero con capucha color negro.

La posición en que quedó el joven sobre el suelo fue boca abajo, aunque con el torso inclinado hacia su brazo izquierdo, y la cara sumida en tierra hecha lodo por su propia sangre. Se sabe que los habitantes le dispararon, pero no se saben qué partes le hirieron.

Las versiones de los habitantes son distintas sobre las razones del homicidio: unos dicen que era extorsionador; otros, la que más reprodujeron, fue que burló los dos retenes en una Urvan del servicio público marcada con el número 25 del sitio Transportes Unidos de La Montaña y las Dos Costas, que manejaba acompañado de otro joven; lo vieron sospechoso, le marcaron el alto, bajó y quiso huir cuando intentaban detenerlo porque supuestamente las cosas que llevaba en el vehículo, como una estufa y un tanque, eran robados. Por eso le dispararon.

Al joven que lo acompañaba lo mantuvieron detenido en la comisaría; después lo entregaron a la PGJE.

Acuerdos para parar movimiento

Esta mañana llegaron hasta Atliaca el alcalde de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca; la procuradora Martha Elva Garzón Bernal; el secretario de Seguridad Pública, Guillermo Jiménez Padilla; el comandante de la Policía Federal, Salvador Bautista Vázquez; el representante de la Zona Militar 35, Rafael Hernández Nieto, y la subsecretaría para el Desarrollo Político, Rossana Mora Patiño. Los recibió el comisario municipal, Octavio Ojeda Granado. El propósito era llegar a acuerdos, aparentemente para desactivar el movimiento.

Es momento de verdaderas acciones contra la pobreza; millones de personas no pueden esperar más.



El pasado lunes 21 de enero, en el estado de Chiapas, el presidente de México Enrique Peña Nieto presentó un programa denominado “Cruzada Nacional Contra el Hambre”. Este programa busca coordinar el trabajo de dependencias estatales y federales ya existentes con el objetivo de mejorar su eficacia en el combate contra la pobreza.

Amnistía Internacional (AI) considera que el anuncio de una estrategia adecuada en contra del hambre y por consiguiente de la pobreza constituye un paso en la dirección correcta para poner fin a esta grave y urgente crisis, pero observa con preocupación la falta de claridad sobre cómo se ejecutará esta estrategia. AI considera que por su extensión, la pobreza es una de las crisis de derechos humanos mas profundas que enfrenta México y como tal debe ser abordada por las autoridades para tener impacto sobre las comunidades afectadas.

AI recuerda que los últimos presidentes de México también se habían comprometido a acabar con la pobreza, las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala un aumento sustancial en el numero de personas en pobreza entre 1990 y 2010. El gobierno federal debe indicar claramente las acciones que tomará en el corto, mediano y largo plazo para atender a toda esta población.

Es por esto que más allá de los compromisos, serán necesarias acciones efectivas que demuestren que está lucha es efectivamente una prioridad de el nuevo gobierno.

Si bien el plan anunciado enfatiza un carácter no asistencial, así como una inclusión de quienes viven en la pobreza en las soluciones, preocupa a la organización la falta claridad sobre la manera en la cual se lograran estos objetivos y en cómo instituciones ya existentes van a ser capaz de lograrlos por el simple hecho de mejorar la coordinación. Preocupa además la ausencia de partidas presupuestarias específicamente destinadas a la ejecución de este plan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que se llevará a cabo con el presupuesto que ya estaba previsto para programas como Oportunidades.

Amnistía Internacional considera que las medidas anunciadas hasta el momento fallan en satisfacer ciertas condiciones fundamentales para el éxito de la estrategia. La organización considera que además de lo dado a conocer, esta estrategia deberá:

Identificar y atacar las causas estructurales de la pobreza y no únicamente sus consecuencias con políticas de corto alcance.

Garantizar que las personas que se beneficiarían de este programa, contarán con mecanismos para participar de las decisiones que afecten sus vidas.

Considerar integralmente la serie de privaciones que conforman la pobreza, incluyendo el acceso a la seguridad y a la justicia.

Debe definir objetivos mínimos claros con fechas concretas para su cumplimiento.

Contar con adecuados mecanismos de exigibilidad que permitan a las personas beneficiarias exigir a las autoridades el cumplimiento de estos objetivos y el respeto a sus derechos.

Construir mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permita a las personas que se busca beneficiar y a la sociedad en general conocer y evaluar la eficacia de las acciones para combatir la pobreza.

AI llama a las autoridades mexicanas a incluir los puntos antes mencionados en sus esfuerzos para combatir la pobreza, y recuerda al gobierno de que este compromiso para combatir la pobreza debe ir a la para de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas.

Política habitacional

En concreto | Laura Itzel Castillo

El tema del acceso a la vivienda puede abordarse desde distintos enfoques y disciplinas; cubre aspectos técnicos, jurídicos, financieros, sociales, culturales, urbanos; trastoca a diversidad de instituciones y trasciende la actuación de una amplia gama de actores. Por ello la complejidad para su análisis y evaluación.

El antecedente remoto de la política habitacional en México, es decir donde el Estado asume la responsabilidad de promover y financiar la vivienda, en particular la dirigida a los sectores de menores recursos, se ubica en la década de los años 40.

Inicialmente se limita al control de los alquileres, que entre los años 1942 y 1948 tiene relevancia. Es en ese entonces que surgen los decretos de congelamiento de rentas como medidas emergentes para atenuar los efectos económicos derivados de la Segunda Guerra Mundial, para intentar frenar la especulación inmobiliaria.

En 1925 se funda la Dirección General de Pensiones Civiles para los Trabajadores del Estado, que es el antecedente inmediato del ISSSTE, institución que a finales de los 40 inicia la construcción de grandes conjuntos de vivienda para trabajadores.

A nivel ciudad, se inicia un proceso de transformaciones que tuvo implicaciones tanto en el ámbito urbano, como en el social y cultural; se construyen grandes unidades habitacionales como el Conjunto Miguel Alemán (mil 80 viviendas) y Nonoalco Tlatelolco (11 mil 960 viviendas) en el DF, que se convirtieron en símbolos de un nuevo habitar urbano, sinónimos de la modernidad, en la búsqueda de alternativas habitacionales, acompañados de amplias áreas verdes, equipamientos, servicios y comercios. A partir de entonces las instituciones de seguridad social se preocupan por proveer de vivienda a sus trabajadores.

A partir de la década de los 70 del siglo pasado el Estado mexicano empezó a asumir un papel más activo en la producción de vivienda de interés social, destinada a los sectores más desfavorecidos.

En esta etapa, el Infonavit, FOVISSSTE, Indeco y Fonhapo priorizan la atención a la necesidad de vivienda, ponderan las condiciones de hacinamiento y menor nivel de ingresos y desarrollan mecanismos para potenciar la participación social, pues la vivienda es considerada un vehículo de desarrollo social frente a la pobreza.

Desde la década de los 90 del siglo pasado, el Estado mexicano pasó de ser “promotor” a “facilitador”, centrándose en la supuesta eficacia del mercado habitacional. Es por esto que el desempeño del sector vivienda ha obedecido, desde entonces, al comportamiento de las fuerzas del mercado, donde el papel del gobierno sólo consiste en formular la política, promover las reformas institucionales y crear y proteger los derechos de propiedad, para facilitar el desarrollo del sector inmobiliario.

Lo anterior significó una mayor participación del sector privado en la oferta habitacional, orientada a los sectores sociales de mayores ingresos y una escasa producción de vivienda social con respecto a la demanda. De tal manera que, las opciones para acceder a la vivienda en México, sobre todo para la población de bajos ingresos, son mediante programas gubernamentales marginales e insuficientes, como los denominados Piso firme o Vivienda tu casa.

Por otro lado, las desarrolladoras inmobiliarias han saturado el mercado de vivienda con productos, en su mayoría, de muy mala calidad. Esta sobreoferta inadecuada da lugar a 5 millones de viviendas desocupadas en el país, reconocidas por el Inegi. La mayoría de estos fraccionamientos se encuentra alejada de las zonas urbanas y no cuenta con equipamiento ni con la infraestructura necesaria para poder albergar a las familias dignamente.

Preguntamos: ¿qué pretende hacer el nuevo gobierno con este grave problema heredado?, ¿cuál es su diseño de política urbana? ¿Acaso continuar profundizando la crisis?

El fatalismo- Columna semanal de Sergio Aguayo



El debate sobre las armas en Estados Unidos es un buen indicador del estado que guarda el fatalismo mexicano.

Una parte de México sigue atrapada en tesis expuestas por Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Según el poeta arrastramos un "sentimiento de inferioridad" del cual se desprende la resignación y el silencio ante la injusta realidad. Sostengo que tras esas actitudes están las consecuencias de ser vecino de un país expansionista y agresivo. La derrota militar en 1847 y la pérdida de la mitad de nuestro territorio acentuó la depresión mexicana y nos arrastró al aislamiento frente al mundo: dejamos de estudiar sistemáticamente al vecino del norte desde aquel año hasta principios de los setenta del siglo XX.

Ese fatalismo aparece en el debate que se libra en Estados Unidos sobre las armas. Ni Barack Obama ni sus opositores de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) mencionan al nocivo contrabando de armas a México. Nos ignoran. Los muertos con balas estadounidenses no existen. Conocen lo que sucede pero evaden la verdad incómoda. La negación les sale barata por la pasividad de quienes gobiernan a México: cuando se trata de Estados Unidos la mayoría prefiere el silencio.

En un incisivo ensayo César Cansino (El excepcionalismo mexicano. Entre el estoicismo y la esperanza, Océano, 2012) argumenta que al menos una parte de la sociedad mexicana ya maduró en términos políticos y culturales y se salió del laberinto de la soledad. Comparto esa interpretación y creo que ya existen sectores dispuestos a abjurar del fatalismo que paraliza frente a Estados Unidos. En otras palabras, considero posible, deseable y urgente influir en el debate sobre las armas que se libra en Estados Unidos para lograr que la tragedia humanitaria alimentada por sus armas sea uno de los términos de referencia.

Ya está sucediendo. Cada vez se reconoce más que hay un nexo directo entre la violencia y el abastecimiento de armas desde Estados Unidos. Está aceptándose el absurdo de sólo atender a víctimas, combatir a los cárteles o encarcelar capos; tienen que frenarse simultáneamente las rutas de suministro de los llamados "cuernos de chivo", las barrets calibre 50 o las pistolas "matapolicías".

Para modificar los términos del debate tiene que mejorar la calidad del conocimiento. Las investigaciones pioneras de Georgina Sánchez o Magda Coss, por ejemplo, tienen que ampliarse para confirmar las correlaciones entre acontecimientos en el otro lado y el incremento en las muertes mexicanas. Hay evidencia de que la liberalización en la venta de armas de asalto en Estados Unidos aumentó la potencia de fuego del crimen organizado e incrementó el número de muertes en nuestro país.

El conocimiento debe mexicanizarse. Buena parte de la investigación sobre el tema se hace en Estados Unidos; los principales hallazgos sobre "Rápido y Furioso", un contrabando de armas auspiciado por el gobierno estadounidense, se dan por trabajos hechos en aquel país. Tenemos que fortalecer un conocimiento mexicano orientado a incidir más en el país vecino. La historia es clara: Washington escucha a los que hablan fuerte y con evidencia. Una constatación de lo anterior es la excelente defensa jurídica hecha por el gobierno mexicano de los connacionales condenados a muerte y el trabajo cotidiano de protección que realizan nuestros consulados. No podemos evadir nuestra responsabilidad. Cuando se dialoga con funcionarios estadounidenses sobre armas es frecuente que reaccionen señalando la responsabilidad mexicana y recordando la corrupción e ineficacia de nuestras aduanas. Tienen razón. Lo que sucede en nuestras garitas es una vergüenza que debería incorporarse a la agenda de seguridad nacional.

¿El gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá más determinación en este tema o se refugiará en la fatalista evasión? Un motivo de esperanza es el perfil del nuevo embajador en Washington, Eduardo Medina Mora. Cuando era procurador tenía muy claro el problema: en diciembre de 2008 sorprendió a una audiencia binacional poniendo sobre la mesa una Barret calibre 50 (un fusil de francotirador cuyas balas atraviesan el concreto) que había sido comprada en Texas e incautada en Matamoros. Ya nombrado embajador insistió en que el derecho de los estadounidenses a poseer armas no debe servir para "armar a grupos criminales extranjeros" (Zócalo, 17 de enero de 2013). El ex embajador Arturo Sarukhán hizo lo que pudo por meter el contrabando de las armas en la discusión. No llegó muy lejos porque el gobierno anterior era bastante pusilánime frente a Washington. En esta ocasión puede ser diferente. La nueva administración se ve dispuesta a darle mayor prioridad a las víctimas y a la seguridad. Cualquier avance estará determinado, en el último de los casos, por la movilización de esa parte de la sociedad mexicana organizada que busca aliados en el país fronterizo porque ya se liberó del fatalismo frente a la potencia. Ya era hora.

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

Boletín de Democracy Now! en Español



23/1/2013

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