martes, 8 de noviembre de 2011

AUDIO: Entrevista a AMLO en Hechos con Javier Alatorre







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Oficio de Papel



* La crisis de Moreira el bailador
* Fraudes y desvíos en Coahuila
* El Congreso local fue cómplice

Los días del líder nacional del PRI están contados. Todos en ese órgano politico lo saben y ya preparan la sustitución del hombre fuerte de la maestra Elba Esther Gordillo, Humberto Moreira Valdés, alias “Moreira el bailador”.

Pero a quien sí bailó Moreira fue a los millones de coahuilenses que cegados por la pavimentación de calles y avenidas, la construcción de puentes y otras obras sin sentido, nunca se preguntaron de dónde salía el dinero y mucho menos sabían que esas construcciones serian el pretexto para un histórico y fraudulento endeudamiento de parte de la administración del todavía presidente del PRI.

El escándalo destapado por las áreas de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y filtrado a un diario de la ciudad de México, han puesto en jaque al PRI y con ello mientras pasen más los días y Humberto Moreira se mantenga al frente de ese partido, se debilita la posición del exgobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, en las encuestas con miras a la Presidencia de la República del 2012.

Calificado ya como un pasivo del PRI, “Moreira el bailador” se quiere aferrar a la presidencia del partido, mientras que su protectora Elba Esther ya tiene al sustituto para que sea ella quien desde el SNTE y el Panal decida el futuro de este país.

Además de su próxima salida del PRI, Moreira Valdés tiene mucho que explicar sobre la corrupción en su administración cuando hasta el año pasado se desempeñó como gobernador de Coahuila. Los documentos que sustentan las acusaciones en contra de su gobierno son contundentes. El endeudamiento en el que incurrió el gobierno de Coahuila no sólo fue resultado de la falsificación de documentos, sino de un perverso cabildeo en el Congreso del estado para modificar leyes que permitieran blindar las acciones ilegales ordenadas desde el palacio de gobierno.

La denuncia penal de hechos presentada contre la gestión de Moreira establece que durante los últimos meses del ejercicio del profesor –integrante del equipo de la eterna lidereza del SNTE, Elba Esther Gordillo– y hasta la fecha en que se separó del cargo de gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza se negó a los coahuilenses que existiera por parte de esa administración una deuda superior a los 3 mil 500 millones de pesos. En cambio, se trabajó en todos los niveles para blindar los actos de gobierno que le permitieron endeudar a esa entidad al menos durante las siguientes décadas por un monto de 34 mil millones de pesos.

Fue el coordinador de la Comisión de Finanzas en el Congreso, el diputado Salomón Juan Marcos Issa, quien afirmó ante varios medios de comunicación que la deuda del estado era de sólo 3 mil 500 millones de pesos y no de 7 mil millones como ya comenzaba a comentarse entre otros miembros de la Legislatura local.

Ya para entonces se hablaba de otros pasivos generados por procesos de bursatilización y financiamientos vía cadenas productivas, como los que otorga la banca de desarrollo. Es cierto, como en todos los estados de la República Mexicana, Nafin y Bancomext otorgaron créditos a las Pymes y a los exportadores de la región. Ese monto ascendía a 7 mil 441 millones de pesos y, en sentido estricto, era un pasivo por el cual las finanzas del estado tenían que responder.

En ese nivel se buscaba centrar la discusión y distraer a la opinión pública. Sin embargo, Moreira y su equipo negaban una y otra vez mayores pasivos. Se afirmaba –como si con decirlo se construyera la verdad– que además se tenía registrada deuda de los municipios y no del estado, y que tampoco se trataba de deuda pública. No significada, por lo tanto, que el gobierno del estado tuviera que pagarla. “Cuando se termine esta administración, veremos los números que van a quedar. De obra pública el año pasado fueran cerca de 9 mil 000 millones de pesos y la bursatilización va a quedar en cero y va a quedar una deuda normal que viene siendo un 10 por ciento de la obra pública de los seis años”, aseguraba Juan Marcos Issa.

De esta forma, el Congreso del estado, por lo tanto, nunca realizó un estudio serio de la documentación que respaldaba la deuda del estado y, sobre todo, los caminos que se utilizaron para contratar un pasivo que supera varias décadas de participaciones federales. Los legisladores de esa región tampoco analizaron a conciencia qué porcentaje de esos recursos se destinó a obra pública, a proyectos que realmente beneficiaran a la población y cuánto de esos recursos a gasto corriente.

Las declaraciones del diputado Salomón Juan Marcos Issa sólo alborotaron el avispero en Coahuila. Los actores políticos cayeron en la cuenta que durante la negociación de la Ley de Ingresos 2011 del estado de Coahuila no se aprobó para dicho ejercicio fiscal contratación de deuda alguna. Sin embargo, sí se autorizó al gobierno de Coahuila para que se estructuraran los créditos que se tenían contratados en el sistema financiero y que sí fueron autorizados por el Congreso del Estado.

En consecuencia, es un hecho que ningún crédito se hubiera adquirido sin autorización del Congreso y, mucho menos, ser materia de reestructura o refinanciamiento.

Pero fue a finales de julio de 2011 cuando los coahuilenese se esteraban de la estela de irregularidades en las que incurrió el gobierno local a cargo de Humberto Moreira en la contratación de créditos que ubicaban a la deuda de la entidad en el monto de 34 mil 000 millones de pesos.

Se trataba de financiamientos, en su mayoría bancarios, que se habían contratado de manera irregular y, en algunos casos, gracias a la falsificación de documentos oficiales, evidentemente colocaba a funcionarios públicos ante un eventual proceso judicial con responsabilidades de tipo penal. Para ese momento, los funcionarios del gobierno del estado de Coahuila y el propio gobernador interino seguían negando la existencia de esa deuda. La mentira primero y después la impunidad total, pues al final de cuentas sólo se trata de dinero público manejado fraudulentamente por funcionarios, banqueros y avalado por legisladores.

La Procuraduría Fiscal de la Federación a cargo de Javier Laynez no tuvo otro remedio que iniciar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por el uso de documentación falsa en un trámite ordinario de afectación de participaciones federales.

El 4 de agosto, la diputación permanente del Congreso del Estado de Coahuila tuvo que reconocer que esa entidad tenía una deuda por 34 mil millones de pesos y que por esa circunstancia se había enviado por parte del gobernador interino una iniciativa para abrogar la Ley de Deuda Pública para el Estado, así como otros ordenamientos legales con los que se buscó blindar, desde ese recinto legislativo, una serie de fraudes a las arcas públicas, a los ciudadanos del estado y a todos los contribuyentes del país.

En otras palabras, el gobierno de Moreira tuvo que modificar leyes locales que le impedían endeudar de manera tan ominosa al estado.

Al modificar la Ley de Deuda Pública se pretendió regularizar la deuda que se había adquirido, pero sobre todo exonerar de cualquier responsabilidad patrimonial a los funcionarios públicos que incurrieron en irregularidades.

Si el Congreso local aprobaba la deuda reconocida, entonces – pensó Moreira – no habrá argumento alguno para hablar de contravención a las leyes, lo que resultó en una iniciativa de ley con dedicatoria y hecha exprofeso para dejar al margen de estas irregularidades al líder del PRI.

Fue el 6 de agosto pasado cuando se abrogó la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila. Dicho acto se realizó en una sesión extraordinaria del Congreso local y tenía como principal objetivo terminar con la obligatoriedad de que cualquier deuda pública se contrajera por un periodo superior a un ejercicio fiscal específico, lo que era congruente con la obligación del gobernador en turno y del propio Congreso de aprobar una Ley de Ingresos de manera anual.

La Ley abrogada también prohibía que la deuda se contrajera por un tiempo superior al del ejercicio correspondiente, previa aprobación del Congreso. De esta forma, ningún gobernador podría disponer de recursos que comprometieran al estado más allá de su periodo de gobierno; además se exigía que dicha deuda se aplicara a proyectos productivos.

El Congreso local, de esta forma, generó una ley para proteger a Humberto Moreira porque, según los documentos presentados ante el Poder Judicial, se tuvo mucho cuidado en incluir la posibilidad de reestructurar créditos aún cuando “los mismos por alguna causa se hubieran realizado sin cumplir con algún requisito legal”.

Hasta ahora la investigación al gobierno del líder nacional del PRI se ha concentrado en la supuesta falsificación de documentos para firmar créditos bancarios y operaciones de factoraje por más de 3 mil millones de pesos, de un total de la deuda del estado de Coahuila por más de 37 mil millones de pesos. Sin embargo, las pesquisas en torno a este caso deberían involucrar desde ahora el ejercicio de dichos recursos.

En el gobierno de Coahuila, luego de la salida de Moreira, aseguran que todo ese dinero se aplicó en obras sociales y que las aclaraciones, en todo caso, se concentran sólo en poco más de 3 mil millones de pesos. No obstante, los analistas se preguntan cuáles son las obras de infraestructura que ameritaron tanto dinero. Por ejemplo, en el segundo piso de Enrique Peña Nieto el monto invertido fue de 8 mil millones de pesos; en la presa El Cajón los recursos destinados ascienden a 9 mil millones de pesos, considerada la obra más importante del sexenio de Vicente Fox. Todas son edificaciones monumentales. Otra inquietud es cuál fue la premisa financiera bajo la cual contrató este pasivo.

Es cierto que anualmente las participaciones federales para Coahuila se ubican entre 25 mil millones y 26 mil millones de pesos. Así que la deuda claramente se pensó en el largo plazo y para comprometer estas participaciones. Por ello, era importante la bursatilización de las partidas federales, para lo cual era necesaria la calificación de Fitch Ratings. De esa forma, se pagaría a los bancos con los que se firmó estos créditos

Ahora, el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz, había recibido la solicitud de información de los bancos que participaron en los créditos al gobierno de Coahuila. Una investigación del senador panista Guillermo Anaya asegura que la deuda del estado con la banca comercial pasó de 30 mil millones a 56 mil millones de pesos por concepto de interés y servicio de la deuda.

El legislador blanaquiazul tendrá que demostrarlo y por ello solicitó a la CNBV que, en este caso, entregue información para tranquilidad de los contribuyentes. Seguramente se argumentará secreto bancario. Anaya también asegura que parte de esos recursos se encuentran ya invertidos en San Antonio, Texas, con lo que podría tomar forma lo que ya se comenta en el sector financiero: el multimillonario pasivo que se contrató a nombre de las finanzas de Coahuila –que aporta el 2 por ciento del PIB– no fue invertido para beneficiar a los coahuilenses. Entonces ¿en dónde está el dinero? Coahuila simplemente no podía endeudarse a ese nivel.

El caso práctico de Walmart en Chile.



Atizapán de Zaragoza, Estado de México a 7 de noviembre 2011.


La globalización no es solamente para las corporaciones. A medida que las compañías multinacionales se expanden por el mundo, el movimiento social y laboral busca maneras de asegurar que los derechos de los trabajadores sean respetados.

En Chile el monopolio opera a través de tres cadenas: A Costo, Líder y Ekono.

A principios de este año los estudiantes de Chile iniciaron un movimiento para presionar al gobierno conservador de ese país para que accediera a reformar el sistema de educación. Después de tres meses, su lucha los llevó a un paro nacional que pedía reformas tributarias, laborales y de seguridad social, así como mayores inversiones en salud y educación.

Walmart despidió a 22 trabajadores por manifestar su apoyo al paro y participar en la propuesta. La compañía alegó que los trabajadores habían abandonado sus puestos, pero los trabajadores lo negaron enfáticamente. Con el apoyo de redes sociales, estudiantes, indignados, los trabajadores despedidos respondieron al ataque, significando esto rechazar a “ la cárcel del miedo ” en que vive la clase trabajadora del monopolio.

Rápidamente, el monopolio se dio cuenta de que sus empleados chilenos tenían apoyo y solidaridad de miles en el mundo, que condenaban conducta represiva hacia los trabajadores, recibiendo el Director de Walmart en Chile miles de correos electrónicos con presión nacional e internacional, viéndose en la necesidad de contratarlos nuevamente.

Esto nos demuestra que organizadamente las redes sociales, los estudiantes, los indignados, son un poder para detener al monopolio o las malas decisiones de los gobiernos que socavan nuestra democracia y principalmente nuestra economía.

No es posible aceptar que Javier Lozano Alarcón Secretario de Trabajo Y Previsión Social golpeador de Felipe Calderón Hinojosa; no resuelva lo que es su obligación como: evitar 55 mil esclavos en Walmart, explotación de mineros sin respeto a sus derechos laborales, acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas pretextando su costo, cuando existen robos en los contratos en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, fuente de riqueza de políticos; escuchar a los maestros a nivel nacional y evitar sus manifestaciones, el permitir una quiebra fraudulenta en contra de trabajadora de Mexicana de Aviación, proponer cambios a la Ley Federal del Trabajo en contra de los trabajadores.

Apoyemos a redes sociales, a indignados, a trabajadores, a estudiantes, que son organizaciones habilidosas e inteligentes.

Frente Nacional contra Walmart
Dr. Enrique Bonilla Rodríguez
fundador y coordinador
frentenacionalac@yahoo.com ( agradezco reenviar ).

Positivo, el modelo de la Policía Comunitaria, afirma el arzobispo


La corporación podría reproducirse en otros municipios del estado, opina Garfias Merlos

H. BRISEÑO Y M. DE LA O

El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, calificó de positivo el modelo de seguridad implementado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) en pueblos de La Montaña, el cual consideró, podría aplicarse en otras localidades o municipios.

En la conferencia de prensa dominical, Garfias Merlos expresó que “la Policía Comunitaria en Guerrero ha significado una iniciativa de la sociedad; en donde la Policía Comunitaria está establecida definitivamente ha significado seguridad para el pueblo; en ese sentido es una experiencia buena, la cual puede plantearse como modelo de participación ciudadana”.

Indicó que la Policía Comunitaria no recibe ninguna retribución, y quienes a ella pertenecen lo hacen más por colaboración y disposición al servicio.

El arzobispo de Acapulco subrayó que dicho modelo “sí ha generado condiciones de seguridad en donde está presente en la alta montaña de Guerrero y en la Costa Chica”.

Enfatizó que es una buena experiencia que pudiera ser orientada o acompañada de otros elementos o factores para que cumpla con la finalidad para la que se creó.

Manifestó que “como Iglesia en su momento también ha habido un apoyo para este tipo de expresiones, donde la sociedad o la comunidad favorezca la generación de confianza alrededor del pueblo. Es un ejemplo que está dando resultados, puede tener elementos para poderse aplicar en otras partes”.

El sábado, en la comunidad indígena Santa Cruz del Rincón, la CRAC resolvió, después de una asamblea regional, que los conflictos derivados por la incursión de empresas transnacionales y los hechos de violencia, incluidos los del crimen organizado que ocurran dentro de su zona de influencia, serán enfrentados por ellos mismos y no por autoridades estatales o federales.

En la misma asamblea se determinó la situación de cinco personas detenidas por la Policía Comunitaria el mes pasado por portar 33 paquetes de mariguana.

El acuerdo consistió en que los detenidos serán reducados bajo los usos y costumbres de la organización; posteriormente fueron incinerados 600 kilos de mariguana.

Al respecto, Garfias Merlos señaló que cuestiones más específicas pueden cuestionarse o encontrarse formas más precisas en el modelo de organización de la CRAC, pero la experiencia en general, insistió, ha sido positiva.

Respaldo a la Coordinadora

Mientras se garantice la seguridad de las zonas donde tiene influencia la CRAC, deben respaldarse decisiones como la que tomó ayer en asamblea, señaló el presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del Estado de Guerrero, Julio César Hernández Serna.

“Todo lo que sea en beneficio de la seguridad y en contra de la inseguridad, siempre será bienvenido, y la CRAC va a participar para coadyuvar y atemperar la inseguridad en Guerrero, bienvenida su decisión”, indicó.

En su asamblea del sábado, la Coordinadora determinó que los conflictos que se generen en la región, relacionados con las empresas transnacionales que pretenden explotar minerales y los hechos de violencia, incluidos los del crimen organizado, serán enfrentados por la organización.

En esa asamblea, los miembros de la CRAC también decidieron la situación de las cinco personas que detuvieron por portar 33 paquetes de mariguana.

En entrevista después de la sesión del Colegio, Hernández Serna consideró que la actuación de la Policía Comunitaria es un ejemplo de lo que puede lograr la ciudadanía organizada, además “cuando hay un delito flagrante el citando puede intervenir, arropado por la ley”.

Mencionó que después de la asamblea de ayer, como presidente del Colegio, da su voto de confianza a la CRAC por su efectividad en resolver casos como el de las cinco personas tenidas con droga.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Encuentran en el ex cuartel militar de Atoyac más de 50 ojivas y una insignia


RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Atoyac, 6 de noviembre. Una insignia militar y más de 50 ojivas de bala, que serán enviadas a los laboratorios de la Procuraduría General de la República (PGR) para ser analizadas, fueron encontradas durante las excavaciones que se realizan en el ex cuartel militar de esta ciudad, informó Humberto Guerrero Rosales representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a de los Derechos Humanos en México (Afadem).

Al cierre de la primera semana de trabajos en el ex cuartel militar, que el domingo fue de descanso, Guerrero Rosales dijo que los hallazgos de los peritos de la PGR en una de las cuatro zonas a un costado del ex campo de tiro en los últimos dos días de labores, demuestran la presencia de los militares en el lugar.

Uno de los objetos encontrados, dijo, es una insignia, al parecer perteneciente al 49 batallón de infantería, de algún soldado que estuvo presente aquí en el ex cuartel, y en la zona ampliada se hallaron 53 ojivas, que serán enviadas a los laboratorios de balística de los servicios periciales de la PGR para que sean analizadas y determinar si fueron usadas y a qué tipo de arma pertenecen o cualquier otro dato que pudiera ser útil para la investigación.

Agregó que el hallazgo de las ojivas retrasó los trabajos en la zona ampliada, donde se encuentra la anomalía más grande, de aproximadamente 8 metros de longitud, de las detectadas por el radar geológico en los escaneos que se hicieron en mayo pasado.

En la zona a un costado del ex campo de tiro, abundó, los antropólogos encontraron un lugar donde se cree que existió una construcción que fue derribada y los escombros fueron usados para rellenar el terreno, además de que toparon con una plancha de concreto que dificulta los trabajos y que obligará a los peritos a excavar por debajo de ella para determinar si hay algo debajo de ella que valga la pena o se pasa por alto.

Los trabajos, añadió, continuaran el lunes, y se efectuarán en otros cuatro lugares donde fueron detectadas anomalías, y dijo que existe satisfacción de parte de los familiares por la forma meticulosa con que se han efectuado las labores, a diferencia de las que se han hecho anteriormente, que fueron sin tanto cuidado.

Sin embargo, insistió en que se debe requerir la información que pudieran proporcionar los que estuvieron en el ex cuartel en aquella época, y sostuvo que la exigencia de la familia Radilla es la de excavar en toda la zona de ser necesario, hasta dar con los restos de Rosendo Radilla.

Fuente: La Jornada de Guerrero

En memoria de Ramiro


El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), cuyo coordinador es Javier Monroy Hernández, amplió el plazo hasta el 10 de diciembre para que organizaciones y luchadores sociales, poetas u fotógrafos puedan reunir, cuando menos, 20 mil pesos para remodelar la tumba de Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro.

Dijo Monroy Hernández: “hay un conjunto de organizaciones y dirigentes que tienen su mirada en los espacios de poder y estas luchas de abajo no les interesan, no se identifican; reivindicar a Ramiro tiene un costo político, pero para quienes tienen sus ojos puestos en el poder y quieren quedar bien con las autoridades, van a tratar de deslindarse”.

El llamado de Monroy tiene sentido común. Quien apoya a la remodelación de la tumba del comandante Ramiro, cuando menos se entiende que tenía simpatía por su movimiento armado, o bien si no están de acuerdo con su lucha pero de manera solidaria podría realizar su aportación.

El gesto de apoyar la causa, es de solidaridad con quien soñaba con una patria diferente, a quien se le respetaban sus ideales y convicciones, y además era un guerrillero reconocido que con fusil en mano deseaba un Guerrero diferente, liberado de la pobreza, opresión y miseria.

Los políticos o luchadores sociales, así como organizaciones ciudadanas, que tanto han cacareado la política de izquierda y la lucha social, hoy tendrán la oportunidad de realizar su aportación para una tumba digna de un guerrerense que entregó su vida por una causa.

El propósito de Tadeco es reivindicar a Ramiro, a dos años de su cobarde asesinato. El 4 de noviembre de 2009 Omar Guerrero Solís fue masacrado en una emboscada, tendida por Cayetano Alvarado Palacios, supuestamente paramilitar vinculado al cacique de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez, y éste a la vez muy cercano a Rubén Figueroa Alcocer, ex gobernador de Guerrero.

Puede ser que el grito de Tadeco no se escuche, porque la esfera del poder lo opaque, pero sí el grito de libertad de Ramiro, que aún retumba en lo largo y ancho de la Sierra Madre del Sur; sus ideales son respetables, luchar por una vida digna, por mejorar las condiciones de vida de las comunidades y por el respeto a los derechos humanos. Dijo Javier Monroy: “no es exaltar la lucha armada sino luchar por una vida digna”.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Boletín de Democracy Now! en Español

7/11/2011

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