Director de albergue para niños migrantes en Tapachula deja Chiapas por temor a agresiones

Elio Henríquez, corresponsal

Publicado: 06/08/2013 16:47

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El director del albergue para niños migrantes no acompañados y en situación de calle Todo por Ellos, con sede en Tapachula, Ramón Verdugo Sánchez, salió de Chiapas por temor a ser agredido, luego de que policías federales irrumpieron en sus instalaciones el pasado 27 de julio, informaron sus colaboradores.

Dijeron que el activista “desapareció” el domingo pasado, por lo que integrantes de otras organizaciones no gubernamentales se movilizaron para tratar de localizarlo, pero el lunes Verdugo Sánchez se comunicó al albergue para informar que había salido del estado por seguridad y que estaba bien.

El pasado 27 de julio, cinco policías federales irrumpieron en las instalaciones del refugio, lo que generó preocupación entre diversos organismos y activistas dedicados a la defensa de migrantes en Chiapas y otras partes del país.

Según denunció en su oportunidad Verdugo el albergue y él mismo fueron objeto de acoso y amenazas de personas no identificadas desde el 27 de julio.

Luego de la irrupción de los agentes federales, Ramón Verdugo solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con la finalidad de que emitiera medidas cautelares para él y para el albergue, pero desde el domingo decidió abandonar el estado debido a las amenazas que ha recibido, según uno de sus colaboradores en el albergue.

Verdugo informó en días pasados que luego de la irrupción policiaca el jefe regional de la Policía Federal Preventiva, Hugo César Lasserre Larraga le aseguró que no existe ninguna denuncia en contra suya ni del refugio.

Raúl Álvarez Garín: la referencia indispensable

Luis Hernández Navarro

Raúl Álvarez Garín es uno de los personajes más emblemáticos del movimiento estudiantil-popular de 1968. Durante el conflicto tuvo una enorme influencia en la conducción del Consejo Nacional de Huelga. Preso en Lecumberri durante dos años y siete meses, desempeñó un papel central en atenuar los efectos degradantes de la vida en la cárcel y fomentar a su interior un ambiente de estudio organizado. Años más tarde, su reflexión sobre los acontecimientos fue central para esclarecer lo sucedido. Con mucho, su trayectoria política encarna las aspiraciones y convicciones de la generación que protagonizó esa protesta.

“El 68 –escribió Carlos Monsiváis en La tradición de la resistencia– es el fenómeno más significativo de la historia de México en la segunda mitad del siglo XX”. Para muchos jóvenes, esa fecha fue su bautizo de fuego en el mundo de una política distinta. Hasta ese momento, política era, en lo esencial, sinónimo de transa, corrupción, componenda y manipulación. Pero el movimiento dio a esa actividad un nuevo sentido de honradez, dignidad y verticalidad, de compromisos con causas colectivas. Raúl Álvarez ha mantenido a lo largo de todos estos años esos valores. Él es un político de convicciones morales.

Nacido en 1941, militante de izquierda desde su adolescencia, integrante de la Juventud Comunista, con la que rompió antes del estallido de 68, animador infatigable de la izquierda revolucionaria, Álvarez Garín es un hombre coherente. Ya lo era cuando con 27 años de edad se encontró en la cresta del descontento estudiantil del 68, había pasado por la Facultad de Ciencias de la UNAM y cursaba el tramo final de la licenciatura en físico-matemáticas en el IPN. Lo ha seguido siendo hasta nuestros días. Crítico implacable del poder, ha navegado toda su vida contra la corriente, apostado siempre a los movimientos sociales para transformar el país.

Su formación política inicial estuvo marcada por el activismo estudiantil, la influencia de la revolución cubana y su crítica a los partidos comunistas y las discusiones ideológicas promovidas por las organizaciones revolucionarias que surgieron en el país. Simultáneamente tímido y hosco, formal y responsable, desarrolló grandes dotes como organizador.

Ante asambleas y grupos, Raúl habla pausadamente, con sencillez y autoridad. Así lo ha hecho durante décadas. En sus intervenciones políticas busca explicar el significado de los hechos, los alcances de las acciones. Es simultáneamente estratega y pedagogo. De manera directa da contexto y problematiza el alcance de las posiciones a debate. Su lenguaje es comprensible, ajeno a la jerga marxista aunque profundamente influido por esta teoría.

Casado en primeras nupcias con María Fernanda Campa, hija del dirigente ferrocarrilero comunista Valentín Campa, quien pasó la mitad de su vida en cárceles y en la clandestinidad, Raúl vivió desde joven la experiencia de la represión de manera directa. Nunca ha olvidado esa lección.

Entrevistado hace cinco años por una publicación de izquierda, señalaba: Siento un compromiso vital con los aspectos políticos generales, no sólo por la experiencia propia, sino por lo que se muestra que continúa como amenaza grave en la vida nacional. Esto lo vivo como un problema de emoción también, porque uno siente que las amenazas de violencia represiva, de irracionalidad total, se mantienen y son de los componentes más graves.

Periodista revolucionario, al salir de la cárcel, en 1971, Álvarez Garín fue promotor, junto a un grupo de dirigentes del movimiento de 68, de la revista y organización política Punto Crítico. En el México de aquellos años los espacios para ejercer un periodismo independiente se limitaban al Excélsior de Julio Scherer, el suplemento La Cultura en México de Siempre! y la revista ¿Por qué? De allí que contar con una publicación que rompiera el cerco informativo fuera vista por la izquierda como una tarea central.

Punto Crítico apareció por vez primera en enero de 1972 para contribuir con una política editorial clara y consecuente, al debate organizado de las fuerzas de izquierda sobre bases objetivas y permanentemente renovadas, con la intención de acceder a una unidad creadora y no a una unidad estéril y a la postre burocrática.

Han pasado ya muchos años desde aquella aventura pero, ya como militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl continúa promoviendo la prensa crítica, ahora como coordinador de asuntos laborales y sindicales de Corre la Voz, un periódico de masas ampliamente distribuido entre movimientos populares del valle de México.

Incansable guardián de la memoria, Alvarez Garín presentó, a finales de 1993, siendo diputado de la 55 Legislatura, la iniciativa para adicionar al artículo 8 de la Constitución un párrafo que dice: Los ciudadanos tienen derecho al libre acceso a todos los archivos y registros oficiales, salvo aquellos relacionados con la seguridad y defensa del Estado, que estarán reservados hasta por un periodo máximo de 25 años, contados a partir de la fecha original de expedición del documento. Su propuesta fue congelada.

Como parte de su lucha contra el olvido publicó La estela de Tlaltelolco: una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil del 68, uno de los libros más brillantes de cuantos se han escrito sobre los acontecimientos de ese año. También forma parte de esta misión, su incansable labor para que se esclarezcan los crímenes del pasado perpetrados por el Estado y se castigue al ex presidente Luis Echeverría.

El movimiento de 68 no se ha diluido ni asimilado. Su espíritu sigue vivo en los movimientos que hoy cuestionan el autoritarismo estatal y la falta de democracia, la desigualdad y la exclusión social. Para ellos, 68 es, como Raúl Álvarez, una re­ferencia indispensable. Por eso, este vier­nes 9, a las 5 de la tarde, en la sala Mi­guel Covarrubias del Centro Cultural Uni­versitario, se le realizará un homenaje.

Twitter: @lhan55

Minera canadiense en busca de oro y plata pone en riesgo la zona de Xochicalco

Angélica Enciso L

Temixco, Mor., 5 de agosto.

El centro arqueológico Xochicalco, tierras de cultivo, lagos, sitios ceremoniales y zonas de selva baja caducifolia forman parte de las 15 mil hectáreas concesionadas a Esperanza Silver, minera canadiense que busca obtener oro y plata en la zona. El primer proyecto es la explotación a cielo abierto del cerro El Jumil, ubicado a 17 kilómetros de Cuernavaca y a 500 metros de los vestigios, y sería el primero de este tipo en el estado.

Mediante convenios que la empresa firmó con varios comisariados de bienes comunales a cambio de entre 80 mil y 100 mil pesos, realiza exploración del subsuelo en sus siete concesiones, otorgadas por la Secretaría de Economía, que abarcan territorio de los municipios de Xochitepec y Temixco, y colindan con Miacatlán.

La llegada de Esperanza Silver a la región, desde hace una década, ya provocó fracturas en la vida comunitaria de Tetlama, cuyos comuneros son propietarios de los terrenos de El Jumil y demandan las 350 fuentes de empleos directos que ofrecerá la empresa si entra en operación. Además, se han visto beneficiados por ella con las rifas de pantallas planas e infraestructura en las escuelas.

Hay otro sector de habitantes de la comunidad y residentes de poblados aledaños que ven efectos negativos en el futuro si se realiza la explotación minera: daños al acuífero, contaminación de aire y lagos, la agricultura se vería vulnerada por la escasez de agua, los lagos contaminados perderían su productividad, habría pérdida de selvas y desaparición de empleos agropecuarios.

Por ahora el proyecto está en punto muerto, debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el 7 de junio la manifestación de impacto ambiental, pero la empresa anunció en su página de Internet que volverá a presentar el documento, ya que las deficiencias señaladas por la dependencia en su resolución pueden someterse a estudios adicionales.

Apunta que el proyecto de extracción de oro es importante para la comunidad de Tetlama. Cuenta con un fuerte apoyo de la comunidad local, con la que la compañía tiene un contrato de derechos de superficie a largo plazo y han trabajado diligentemente con la empresa a través de la exploración.

Este plan está en marcha aunque la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco está a medio kilómetro de distancia. Para esta zona arqueológica, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1999, el cerro El Jumil es parte de su diseño. El primero de noviembre, desde el lado izquierdo de la peña de El Jumil se traza una línea recta del sol al momento de salir, y pasa por la plaza principal de Xochicalco, la pirámide de serpientes emplumadas y la acrópolis. El trazo de la ciudad está pensado a partir de El Jumil, señala Silvia Garza experta que desde 1984 ha estudiado el sitio. Señala que si se hace un tajo abierto al cerro se acabará con el trazo de la ciudad de Xochicalco y ya no se entenderá el concepto de los monumentos.

Comunidad dividida

Unos 30 comuneros de Tetlama llegan alrededor de las 9 de la mañana a la explanada del palacio de gobierno en Cuernavaca para demandar que Esperanza Silver no se retire de la comunidad. Decimos sí a la mina. Sabemos de todos los riesgos, todo trabajo tiene un riesgo, aquí el cianuro se maneja muy vigilado. La empresa nos da apoyos que el gobierno no ha dado, señala Noé Espíndola.

Con pancartas que dicen: El cianuro no mata, mata la ignorancia. Todos con la mina por el porvenir de nuestras familias, explica que si esa sustancia que se usa en el proceso de extracción del oro fuera tan mala, ya hubiera muchos muertos. Los que se oponen lo hacen por envidia, y son 20 personas. Yo creo que a ellos les ofrecieron dinero. Además, la mina nos ofrece un pozo de agua, y esto el gobierno nunca lo ha hecho.

En Tetlama hay 160 comuneros, la mayoría de ellos en favor de la mina, y alrededor de mil 400 habitantes. Quienes están en contra del plan minero señalan que los comuneros están acostumbrados a estirar la mano para recibir dinero, no les gusta trabajar. Relatan que primero concesionaron las tierras comunales del cerro Milpilla al gobierno para que creara allí un basurero que recibió desechos de diez municipios y ya está cerrado.

Ahora, apuntan, ceden sus tierras a la mina para seguir en las mismas. No ven más allá del dinero que reciben, que habrá consecuencias para el medio ambiente y la salud. Ellos y sus hijos también serán afectados, señalan habitantes de Tetlama que pidieron mantener sus nombres en anonimato debido a la confrontación interna del poblado.

Relatan que a los pocos comuneros que están en contra de la minaz las autoridades comunales pretenden expulsarlos. A los pobladores opositores al proyecto en las tiendas ya les niegan la venta de productos; en las escuelas a sus hijos los señalan.

En un documento enviado el 18 de junio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, integrantes del Movimiento Morelense en Contra de las Concesiones Mineras de Metales Preciosos denunciaron una campaña de intimidaciones en contra de los habitantes de Tetlama que son parte de esta organización.

Detallaron que desde enero han ocurrido diversos hechos en el poblado, como la presencia de un dispositivo policial municipal para vigilar y amedrentar a los opositores, a quienes les toman fotografías; han sido amedrentados por Macario Espíndola, secretario de bienes comunales; ha habido robo a sus negocios; el agua se les entrega en forma diferenciada, y la casa en Cuernavaca de Lilián González, activista del movimiento, fue allanada el 7 de junio, mientras ella estaba en una conferencia de prensa.

La empresa llegó a la comunidad y rompió el tejido social, advierte González. Con contratos que hizo con las comunidades por 100 mil pesos en promedio que se repartan entre los comuneros, la empresa obtuvo derechos para hacer la exploración y con convenios similares puede hacer la explotación, señala.

Hay algunas autoridades comunales que no han aceptado, como es el caso de Miacatlán, explica Juan Jiménez, campesino. En el zócalo de Alpuyeca, platica que Esperanza Silver tiene concesionado el subsuelo de territorios donde hay tierras de cultivo, ojos de agua, lagunas que riegan mil 700 hectáreas de áreas agrícolas y cerros donde hay sitios sagrados, las raíces de los pueblos.

En esta región se produce desde maíz, sorgo, frutas, hortalizas hasta ganadería. Es fuente de empleos para jornaleros que vienen de otros estados para el corte de calabaza y flor de calabaza, además hay unos 100 pescadores que trabajan en los lagos de Coatetelco –fuera de la zona concesionada– y El Rodeo. Cientos de empleos generan estas actividades, que no estamos dispuestos a sacrificar por los pocos trabajos de la mina, dice Jiménez.

Denuncian acoso contra integrantes de movimiento

Dulce Maya

YECAPIXTLA, Mor. El “Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala” denunció el acoso judicial que el Gobierno del Estado y la CFE han emprendido en contra de los integrantes del movimiento. En un comunicado de prensa, el movimiento social lamenta que el gobierno del estado “envíe un nuevo citatorio para intimidar a la oposición, justa y social, a la realización del gasoducto en el Oriente de Morelos”.

De ahí que “invitamos a todos los medios de comunicación y organizaciones solidarias a asistir y estar pendientes de la comparecencia del compañero Jaime Domínguez Pérez, el día de mañana 6 de agosto a las 11 horas en el Ministerio Público Federal con sede en Cuautla”, en un acto solidario.

En el texto advierten que después de la incursión policiaca en Tepoztlán para imponer la ampliación de la autopista, de la evidente violación y simulación de ley al comenzar a construir sin el permiso de los comuneros, no es extraño que el secretario general de Gobierno, Jorge Messeguer criminalizara una vez más la protesta social, la defensa de los derechos de los pueblos y la solidaridad con sus amenazas de demandas penales contra miembros del Frente de Tepoztlán e insinuando la supuesta conducta delictiva de compañeros del Frente de Pueblos, en medios de comunicación.

Detallan que este martes es citado a comparecer como testigo Jaime Domínguez Pérez ante el Ministerio Público Federal con sede en Cuautla y que por la misma causa en que han sido citados compañeros de Huesca y Amilcingo, en torno a la averiguación previa 258/2012 donde la CFE demanda a quien resulte responsable del delito de obstrucción de obra por la cantidad de 50 millones de dólares en pérdidas.

“Cabe recordar que aun cuando es una demanda federal por parte de la CFE, personal del Gobierno de Graco Ramírez ha intervenido, amenazando a compañeros con esta demanda en los diálogos realizados con el Gobierno del Estado en noviembre del año pasado, y también fueron promesa de buena voluntad por parte de Graco a la comunidad de Huesca, cuando entonces era Gobernador electo”.

“Como ya se ha argumentado anteriormente, la demanda de la CFE es improcedente, pues la obra en el momento del paro no contaba con los permisos de construcción, y para que encuadre el delito de obstrucción de obra, esta debe estar debidamente requisitada”, refieren.

Ahí argumentan también que “la ilegalidad ha sido la constante en el Proyecto Integral Morelos y su forma de implementación. Pues como hace un mes denunciamos, fue aprobada por el IEPC la construcción del gasoducto, con estudios del Estado de México. Pero no solo esta gran arbitrariedad existe, sino que en la reunión celebrada el día 16 de julio con el IEPC y personal de Gobernación, se nos dijo que la termoelétcrica no tiene ningún permiso de Protección Civil, verificación o trámite alguno”. “¿Cómo entonces el Gobierno del Estado, mandó a 250 elementos de la Policía Estatal para romper el plantón de Huesca, si no existía un estudio y certeza por parte de la obligada Protección Civil, sobre la seguridad del proyecto? ¿Cómo hace uso de la fuerza pública, si la Licencia de Uso de Suelo para la termoeléctrica, condiciona claramente que la obra debe ser aprobada por Protección Civil antes de la realización de la construcción?”, cuestionan

Frentes Unidos de Tepoztlán levantan denuncia por órdenes de aprehensión

Dulce Maya

MEXICO, D.F. Dirigentes de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán anunciaron una denuncia internacional “por la violación de nuestros derechos humanos” dirigida a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y otras autoridades internacionales.

En conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), los comuneros afirmaron que “nuestro movimiento está siendo criminalizado por el gobierno del estado de Morelos y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes han reiterado que existen órdenes de aprehensión contra cuarenta integrantes de esta organización, y tememos que en cualquier momento las activen”. Manifestaron que “en contubernio, los tres niveles de gobierno (el gobierno de Graco Ramírez, el municipal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) con la empresa Tradeco, invadieron ilegalmente las tierras comunales de nuestro municipio; la asamblea de comuneros no ha autorizado la ampliación de la autopista, pero ellos han invadido nuestras tierras”.

Dieron conocer que el comisario de bienes comunales, Ignacio Cortés Salazar, no ha hecho nada para detener la ilegal incursión a nuestra tierras y tampoco se presentó a la asamblea a la que el pasado 28 de julio él convocó”.

Ahora “nos convocan para que autoricemos la ampliación de la autopista; para qué quieren firmar un convenio si ya nos invadieron. Tradeco ya está ocupando nuestras tierras en un abierto claro de ilegalidad, ante la inmovilidad, pasividad y complicidad del comisario comunal y los tres niveles de gobierno”. Acusaron que “quienes han delinquido son los tres niveles de gobierno y la empresa Tradeco; ellos invadieron nuestras tierras, quieren justificar la invasión con una consulta ilegal y amañada; se está violando el decreto presidencial del 14 de noviembre de 1929 y también los decretos presidenciales de 1937 y 1988”.

Exigieron detener las obras de ampliación de la autopista La Pera-Tepoztlán, ya que estos trabajos carecen de sustento legal, afectan sus tierras y dañan el medio ambiente, y explicaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en complicidad con el gobierno morelense, permiten a la empresa Tradeco realizar obras sin poseer el derecho de vía ni han sido concertadas con la mayoría de los cerca de 700 ejidatarios afectados.

Además, exigieron a todas las autoridades de todos los niveles y a todos los representantes populares “que tomen cartas en este asunto y que se pronuncien ya que estamos a punto de ver un despojo ilegal, artero y a plena luz por parte del Estado y sería un precedente pésimo para el pacto social en el que se supone que vivimos en este golpeadísimo país por la corrupción y por la delincuencia organizada dentro del gobierno”. Pedro Flores, integrante de la organización Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, aseguró que los comuneros cuentan con los documentos que los amparan como dueños. “La SCT no tiene ningún derecho a estar construyendo, ampliando, ni mucho menos instalando una caseta de peaje en terrirorio de Tepoztlán, puesto que toda la documentación nos ampara y ellos están en un proceso impositivo de despojo a la comunidad de Tepoztlán”.

Agradecieron a las organizaciones que se han solidarizado con el movimiento como: Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Región Malinche; Frente Juvenil Xochicuautla; Colectivo por la Autonomía (COA); Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA); Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales; y Red en Defensa del Maíz, entre muchos otros.

En búsqueda de armamento invaden con violencia viviendas de Cuentepec

Elizabeth Cuevas Villalobos

TEMIXCO. Habitantes del poblado indígena de Cuentepec en Temixco acusaron a agentes ministeriales de golpearlos y torturarlos al irrumpir con violencia sus viviendas en búsqueda de armamento.

Uno de los afectados, Heriberto Calderón Villegas, narró que la madrugada del 23 de julio, hombres armados y encapuchados, quienes portaban un chaleco con la leyenda Policía Ministerial allanaron su domicilio, ubicado en la calle Emiliano Zapata.

“Nos encañonaron, nos pusieron de rodillas y con las manos en la cabeza como si fuéramos unos delincuentes, pero en lo que unos estaban así, con los rifles encañonándonos, otro le seguía pegando porque no había abierto la puerta todavía; cuando yo ya estaba de rodillas, cuando logran abrir la puerta uno de ellos me jala y me tira al piso”, relató.

Los afectados detallaron que los uniformados inspeccionaron tanto su habitación, donde dormía con su esposa e hijas, como la de su hermano; sin embargo, al no encontrar las armas, lo sacaron al patio donde fue golpeado en varias ocasiones.

Cerca de 10 agentes ministeriales fueron los que irrumpieron en su vivienda, donde Heriberto cuenta con un taller para hacer trabajos de herrería. Su esposa Érika, con quien procreó dos niñas, denunció que se llevaron varios objetos de valor.

“Se llevaron dinero, medallas, aretes, perfumes, celular. Después vimos eso cuando empezamos a arreglar las cosas, qué faltaba; se llevaron dinero de los tres, también de mí cuñado”, comentó Érika Avilés.

En uno de los cuatro domicilios que fueron cateados por los agentes ministeriales detuvieron a Vicente Olivares Carriles de 18 años, acusado de homicidio; sin embargo, su padre Lorenzo afirmó que es inocente, por lo que exige sea liberado.

El último domicilio inspeccionado por los oficiales fue el de Timoteo Olivares Orihuela, quien explicó que los ministeriales abrieron la puerta principal con un marro para posteriormente inspeccionar sin encontrar armas.

La incursión de los agentes ministeriales a dichos domicilios se llevó a cabo mediante una orden de cateo librada por el juez de primer distrito judicial con sede en Cuernavaca, David Ricardo Ponce González.

Investigan autoridades tortura y ejecución de 2 personas del municipio de Atlatlahucan

Fernando Baltazar

CUAUTLA. En las últimas 24 horas dos personas fueron asesinadas en el municipio de Atlatlahucan, una de las cuales fue ejecutada después de recibir tortura, mientras que la segunda recibió el impacto de una escopeta en medio de una riña. Las autoridades investigan los homicidios sin tener detenidos hasta el momento.

En el primer caso, las autoridades recibieron el reporte ciudadano de la presencia de un cadáver en el interior del domicilio ubicado en la calle Pinos s/n, del poblado de San Miguel Tlaltetelco, del municipio de Atlatlahucan.

En el lugar encontraron un vehículo de la marca Toyota, tipo Yaris color azul metálico, con placas del Distrito Federal 322-WXZ, y del lado derecho de la entrada, una mancha de líquido hemático de aproximadamente 40 centímetros de diámetro.

Al fondo del lugar se observó el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, con las extremidades superiores e inferiores amarradas con un cable color rojo, asimismo, alrededor del cuello se le apreció un cable color negro, acción con la cual le privaron de la vida.

Al realizar una revisión al vehículo, fue localizada una cartera y dentro de ella una identificación con fotografía, misma que coincidía con los rasgos fisonómicos del occiso, identificándolo como Teófilo Guisar Mendoza de 60 años de edad, cuyo domicilio se ubicaba en el Barrio Talabarteros, en Chimalhuacán, estado de México. Se integró la carpeta de investigación YA-UIDD-B/2094/2013.

En el segundo caso, testigos oculares refirieron que un grupo de personas ingería bebidas alcohólicas, entre los que se encontraba Israel Aguirre Martínez de 35 años de edad cuando se registró una riña en la que participaron tres personas, una de las cuales le disparó con una escopeta a la víctima quien cayó al suelo de forma inmediata.

Hasta la calle Laureles mz.24 lt.1, colonia Pozo Mancera, en Atlatlahucan, llegaron los peritos y el fiscal que conoce del caso, donde tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de Aguirre Martínez, al que se le observó una lesión en el pecho, del lado izquierdo, con las características de las producidas por proyectil de arma de fuego.

En el lugar fueron embalados dos casquillos calibre 30-30. Se integró la carpeta de investigación número YA-UIDD-B/2096/2013.

“Militarizar mandos de seguridad en municipios, riesgo para la población”

Záyin Dáleth Villavicencio

Tanto la presencia de fuerzas federales como la presunta intención de militarizar los mandos de Seguridad Pública de los municipios con altos índices de inseguridad encienden la alerta para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues a decir de su presidente, José María Cázares Solórzano, representan un riesgo para la población.

“Sí es preocupante para nosotros la presencia de fuerzas federales, porque es un indicio de que las cosas en el estado de Michoacán no están tranquilas, sobre todo en la zona de Tierra Caliente (…) pero además preocupa el actuar –de la Policía Federal y el Ejército– violentando los derechos humanos de los ciudadanos”, aseguró.

La vocación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina es atender problemas de seguridad nacional y eso, indicó, genera que no sepan actuar de acuerdo con las circunstancias sociales de cada municipio y, en consecuencia, que se presenten las violaciones de los derechos humanos.

Por ejemplo, explicó que de enero haste el 5 de agosto este organismo captó un total de 147 quejas: en contra de la Policía federal 69, la Secretaría de la Defensa Nacional 71 y la Secretaría de Marina siete.

Las denuncias se dispararon entre junio y julio, luego de que se reforzara la presencia de las fuerzas armadas en Michoacán, específicamente en la región de Tierra Caliente, toda vez que de enero hasta finales de junio eran 75 las quejas recibidas, las cuales prácticamente se duplicarían un mes más tarde.

En este contexto, la Visitaduría Regional de Apatzingán encabeza la lista de quejas, con 45 denuncias por conceptos como abuso de autoridad, violación al derecho de la seguridad pública, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y amenazas.

“Por lo tanto, seguimos exhortando a las autoridades municipal y estatal a que hagan su mayor esfuerzo por recobrar la tranquilidad de esta zona de Michoacán; mientras tanto, la Comisión Estatal estará muy vigilante de la presencia de fuerzas federales y de su actuar con la sociedad, afirmó Cázares Solórzano.

Respecto a la decisión de militarizar los mandos de Seguridad Pública en varios municipios, el ombudsman señaló: “creemos que para el Ejército Mexicano no es ésta su función más adecuada”.

Sin embargo, señaló: “ojalá que de ser así, sea por muy poco tiempo, y que sea la misma autoridad la que busque recobrar la tranquilidad y evitar escenarios en los que se violenten los derechos humanos por parte de las fuerzas federales”.

Asesinan al líder de la Larsez y a otro más

REDACCIÓN

El dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez Flores, fue encontrado ayer asesinado, con las manos atadas y con el tiro de gracia. Le acompañaban dos miembros de su misma organización, Samuel Vargas, quien también fue asesinado, y otro cuya identidad no fue revelada, quien se encuentra desaparecido.

El dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares Enríquez, dijo que los tres estaban desaparecidos desde hacía tres días, luego de haber asistido a un encuentro de militantes del Partido Comunista en el estado de Morelos.

Encuentran el cuerpo en Río Grande en Coyua de Benítez

Relató que ayer, como a las 11 de la mañana, en las inmediaciones de la colonia 10 de Abril, del municipio de Coyuca de Benítez, un pescador descubrió un cuerpo flotando en el Río Grande, de ese municipio, por lo que se dio aviso a la policía, pero ésta tardó más de tres horas en acudir.

Dijo que fue entonces cuando él se acercó para ver el cadáver y reconoció al dirigente de la Larsez, y poco más tarde encontraron el cuerpo de Samuel Vargas, un dirigente de Zacualpan. Los dos estaban atados de las manos y presentaban un tiro en la frente, y se encontraban en estado de putrefacción.

Informó que el vehículo en que viajaban, de la marca Nissan, fue localizado quemado entre Coyuca y Aguas Blancas.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Acapulco.

La Larsez ha realizado movilizaciones en diferentes momentos, en demanda de proyectos productivos, entre otras cosas. Hace un mes aproximadamente, sus militantes tomaron la sede de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y levantaron el movimiento cuando el gobernador Ángel Aguirre se comprometió a entregarles, entre otras cosas, láminas para viviendas de sus agremiados.

Historias de refugiados, entre el temor y la esperanza en la sierra de Heliodoro Castillo

PEDRO PARDO

Heliodoro Castillo, 5 de agosto. Son ya cuatro días sin comer. Sobre el piso de arena y bajo el sol, el cuerpo encorvado de Víctor Manuel Torres García yace sin poderse comunicar con nadie en el poblado de Ixtayotla. Está solo.

Él es una de las víctimas por los desplazamientos humanos provocados por grupos de la delincuencia organizada en al menos 13 comunidades de tres municipios ubicados en las regiones Centro y Tierra Caliente.

Sin embargo, El Gordo, como le llaman sus amigos, tiene un retraso mental debido a un golpe sufrido en la cabeza y al momento de que su abuela Carlota García Ocampo saliera de su comunidad él se quedó solo al interior de su vivienda. A sus 25 años de edad, huérfano de padre y madre Víctor Manuel es criado por su abuela, pero el peso de los años impidió sacarlo en el éxodo, ante el asecho y temor de los delincuentes.

Tras un recorrido hecho por La Jornada Guerrero en las comunidades de conflicto se pudo apreciar como cientos de personas buscaron refugios en iglesias o casas de pobladores vecinos.

Los caminos que conectan a estas comunidades, asoladas por la delincuencia organizada, son de terracería, sinuosos, sólo hay espacio para un vehículo y no cualquiera puede transitar sobre esas pendientes.

Son horas las que recorren a diario estas personas para buscar refugios, algunos en vehículos, otros a pie.

En la localidad de Huautla, una concentración de mujeres y niños es resguardada por personal del Ejército de la 35 zona militar.

Para los pobladores si el gobierno y las fuerzas de Seguridad federal y estatal no les garantizan paz, no querrán regresar nunca más a sus casas.

Sin embargo, reconocen que es difícil volver a rehacer sus vidas en otras localidades e incluso en otros municipios del estado. “Vamos a causar lástima a la ciudad, estamos bien pobres, unos tenemos familiares, otros no, qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir, si junto mi ganado y lo vendo no me va a alcanzar para una renta”, lamentó Florentino Soto Basave, de 44 años de edad oriundo Ixtayotla.

Se anima a regresar a su pueblo pues piensa que su ganado y siembra se perderán.

Al llegar a Ixtayotla chivos, burros, perros, se encuentran dentro de la cancha de basquetbol, mientras otros animales están al interior de las casas comiendo lo que pueden.

“¡Gordo!”, le grita el hombre para encontrar a Víctor Manuel; le acerca un par de galletas y dos tazas de agua, las cuales calman el hambre y la sed del joven, quien apenas balbucea lo que pudiera entenderse como un “gracias”.

Tras el paso por la comunidad de El Capire, deshabitada por sus casi 60 habitantes, una escuela primaria de construcción precaria presume un letrero “Las escuelas Olaguer”, en referencia a el ex alcalde de Tlacotepec y actual diputado local.

En el trayecto un grupo de militares y personal de la Policía Estatal Preventiva de Guerrero patrullaban la zona; advierten que han dejado personal en otros poblados y que cercarán el camino para evitar más desplazamientos.

Al llegar a Tetela del Río, donde comenzó el exilio de los comunitarios, una tensa calma se respira; tres campesinos aseguran que no se moverán de su lugar de origen y que el miedo no los amedrentará.

En tanto, Leticia Rivas García, también de esa misma localidad, cuyo esposo está secuestrado, narra su historia. “El día lunes mi esposo salió, fue a trabajar; se alquila de peón y fue a trabajar y ya no regresó; se supone que lo agarraron, lo secuestraron y ahorita no sabemos nada de él, si ya lo liberaron o no sé qué harían de él. Son siete (hijos los que tengo) y dos nietos que están bajo mi responsabilidad. Tenemos miedo más que nada hace rato nos dijo el muchacho que vino del gobierno que dice que nos regresáramos, cómo nos regresamos si a él lo tienen agarrado; que regresemos, si vuelven y nos vayan a hacer algo, yo no puedo correr”, lamentó.

Mientras tanto, personal del Ejército y Policía estatal recorrerán la zona; algunos ciudadanos no pretenden volver ante el miedo y la zozobra que se vive en esta zona.

Pobladores y miembros del SSJC bloquean dos carreteras federales

Informa Plácido Valerio que la Upoeg acepta la Policía Rural, pero bajos los principios de los pueblos

MARGENA DE LA O

El Pericón, 5 de agosto. Miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana que lidera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), respaldados por habitantes, bloquearon la carretera de Tierra Colorada hacia la Costa Chica, desde esa cabecera municipal hasta Tecoanapa, y la que va de Acapulco a Chilpancingo, en Xaltiaguis, porque el Ejército desarmó a sus policías ciudadanos esta mañana.

Entre el bloqueo de la carretera a Costa Chica quedaron decenas de soldados retenidos. Los pueblos que apoyaron la actividad contundentemente decidieron que la liberación de las carreteras sólo a cambio de que el Ejército les devolviera las armas a los policías ciudadanos.

El desarme ocurrió alrededor de las 9 horas, en el puesto de revisión que los militares tienen a la altura de la telesecundaria Juan Escutia, en la comunidad de El Pericón, perteneciente a Tecoanapa. Según el soldado que se identificó como el mayor González, al grupo de policías ciudadanos les quitaron cinco armas de uso exclusivo del Ejército, y dos escopetas que llevaban en la cajuela de un vehículo; las primeras fueron la causa, porque según el mando militar existe un convenio firmado por Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Upoeg, y demás miembros del Sistema de Seguridad Ciudadano; el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y el Ejército, de que los policías ciudadanos no utilizarían armas exclusivas del Ejército.

Después de la constitución formal de Sistema de Seguridad Ciudadana, la Policía Ciudadana cedió los puestos de revisión a los militares en la carretera Tierra Colorada a Ayutla.

Plácido Valerio informó hace dos días que en asamblea los pueblos donde tiene influencia el Sistema de Seguridad Ciudadano que no le entrarían a la propuesta gubernamental de Aguirre Rivero de crear la Policía Rural. Hoy, en entrevista, aclaró que postura de la Upoeg y su sistema es oficializarlo, pero no con los principios que proponen el gobierno estatal, sino los pueblos.

En el contexto del desarme, Plácido Valerio denunció que el Ejército encubre a la delincuencia organizada. Mencionó que llevan varias denuncias documentadas de que hombres de negro armados merodeaban El Pericón por las noches. “La delincuencia quiere crear un segundo frente, después seis meses que llevamos aquí, ahora apoyada por el Ejército. La gente ratifica que (los soldados) conviven con esta gente; cómo es posible que se infiltren delincuentes y no pase nada, pues. Ratificamos que hay una convivencia entre algunos militares con la delincuencia”, dijo en entrevista.

Exigió que sea investigado el mando militar encargado del puesto de revisión en la zona, a quien identificó como el capitán Brown, por el caso de los “grupos paramilitares o de la delincuencia organizada que conviven con el Ejército”.

Y hoy, poco después de que se supo del desarme, la gente del pueblo volvió a ver a esos hombres, comentó el comisario municipal, Salomón García Ramírez. Detalló que tras el desarme hicieron sonar una especie de alarma que advierte a los habitantes de que algo sucede y deben reunirse, y unas mujeres que por acortar camino buscaban el punto de encuentro entre una siembra de maíz, vieron cómo unos hombres, tres o cuatro quizá, corrían a refugiarse entre el sembradío que queda a espaldas del puesto de revisión militar de El Pericón. Las mujeres que estaban junto a Plácido Valerio, aseguraron que esos hombres iban resguardados por militares, que al verlas las encañonaron.

Detrás de las milpas hay una especie de campamento: una galera improvisada de madera y unas hornillas de tierra, para cocinar, en un espacio amplio donde incluso el INAH hace trabajos de exploración. En lo que más hizo énfasis Plácido Valerio, mientras mostraba el lugar, fue en una soga que colgaba de un poste de madera; aseguró que los militares ocupaban el lugar para torturar a sus detenidos y para dar refugio a los delincuentes. Los habitantes de Tecoanapa comenzaron entre 9 y 10 de la mañana el bloqueo a la entrada de El Pericón, es decir, poco antes del puesto de revisión militar, y a la salida del pueblo, que está una distancia corta de la entrada a la cabecera municipal; la acción cercó a los soldados en su puesto de revisión.

Transcurría el tiempo, y la gente se sumaba a los puntos de bloqueo. A las 14 horas, el lugar de más tensión, fue el cercano a la fachada de la cabecera municipal de Tecoanapa, donde llegó el mayor González, quien en principio, auxiliado por un equipo de sonido trataba de convencer a los habitantes de que se quitara del lugar y permitieran el paso, porque el bloqueo no tenía razón de ser y afectaba a sus paisanos.

Plácido Valerio y el Mayor González, se encontraron en ese punto. El primero le reprochó al militar que no respetaran a la Policía Ciudadana, que hostigaran a los elementos, y que los desarmaran, también le advirtió que los habitantes estaban molestos y que finalmente son los que decidirían si se irían los militares.

Antes, en entrevista, el dirigente de la Upoeg mencionó que los pueblos podrían pedir la salida del Ejército en la Costa Chica, sobre todo de las zonas donde tiene influencia el Sistema de Seguridad Ciudadano, pero aclaró que eso lo determinarán en mesas ciudadanas. El mayor González atajó a Plácido Valerio diciendo que hay un convenio firmado y que lo respetara, el de que la Policía Ciudadana no usaría armas exclusivas del Ejército. La plática termina, y el mando militar insiste a la gente por bocina que se retiren, y a gritos los habitantes concentrados le contestan que lo harán hasta que le regresen las armas a los policías ciudadanos.

Después de las 3 de la tarde, la Policía Ciudadana fue más contundente, porque los militares no entregaban las armas: el bloqueo se amplió desde Tierra Colorada hasta Tecoanapa, y lo reforzaron con el de Acapulco a Chilpancingo.