miércoles, 2 de abril de 2014

Opera #RedDeProstitución en PRI-DF (investigación MVS)

Preocupa a AI la seguridad de activista de derechos humanos tras denunciar abusos policiales



Amnistía Internacional (AI) se encuentra profundamente preocupada por la seguridad de Martha Solórzano Martínez, una activista de San Luis Río Colorado, Sonora, después de que fuera objeto de repetidas amenazas por parte de agentes de la policía municipal a causa de las denuncias que presentó contra la policía por abuso de poder, corrupción y malos tratos.Amnistía Internacional (AI) se encuentra profundamente preocupada por la seguridad de Martha Solórzano Martínez, una activista de San Luis Río Colorado, Sonora, después de que fuera objeto de repetidas amenazas por parte de agentes de la policía municipal a causa de las denuncias que presentó contra la policía por abuso de poder, corrupción y malos tratos.

El 25 de febrero, Martha organizó una protesta pacífica frente a la jefatura de policía de San Luis Río Colorado, después de que la policía municipal detuviera a un joven el día anterior y le propinara una paliza tan brutal que tuvo que ser hospitalizado. Un agente implicado advirtió a Martha Solórzano Martínez que guardara silencio y no presentara una denuncia, a lo que este agente le respondió: "Pinche vieja [...] te voy a echar a los policías y a los militares".

El 9 de marzo de 2012, el hijo de Martha Solórzano Martínez, Jorge Luis Zavala, fue detenido por la policía municipal por su presunta participación en un incidente violento y declarado culpable. Sin embargo, tanto Jorge Luis como su familia afirman que la acusación es falsa y creen que se presentó como represalia por el activismo de Martha. Jorge Luis Zavala asegura que la policía le dijo al detenerlo: "Ya te conocemos, eres el hijo de la vieja grillera, ahora sí nos la vamos a chingar".

El 1 de marzo de 2014 Jorge fue trasladado, sin explicación, a 600 km de la capital del estado. Él y su madre han sido informados por terceros que su vida corre peligro en prisión a causa del activismo de su madre en favor de los derechos humanos.

La organización llama a las autoridades a que tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Martha Solórzano Martínez, Jorge Luis Zavala y otros miembros de su familia; así como llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y actos de intimidación contra ella y su familia.

Finalmente, la organización recordó a las autoridades su obligación de investigar todas las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de la policía municipal de San Luis Río Colorado, que los agentes sometidos a investigación sean suspendidos de sus funciones y que los resultados de la investigación se hagan públicos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En noviembre de 2013, el mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas ordenó que se asignara protección policial a Martha Solórzano Martínez, a quien se le asignaron dos agentes de la policía estatal de Sonora. Sin embargo, esta protección no abarca los viajes que Martha realice para visitar a su hijo en prisión.

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento, en 2012, del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, muchas de las más de un centenar de personas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz, generando frustración, inseguridad y desilusión. Aunque el gobierno afirma que está funcionando eficazmente, el mecanismo dista de estar plenamente operativo al carecer de personal formado, recursos y el apoyo político de alto nivel necesario para garantizar que las autoridades apliquen sus medidas de protección en todos los niveles. La impunidad de la que disfrutan las personas responsables de los ataques –debido a la falta de eficacia en las investigaciones, a menudo realizadas por autoridades estatales sospechosas de participar en las amenazas– sigue favoreciendo que se toleren los ataques. El mecanismo debe ser só lo una parte de una estrategia global para abordar la violencia contra periodistas y contra quienes defienden los derechos humanos. El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente ante el clima imperante de hostilidad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos en varios estados.

El 25 de febrero, Martha organizó una protesta pacífica frente a la jefatura de policía de San Luis Río Colorado, después de que la policía municipal detuviera a un joven el día anterior y le propinara una paliza tan brutal que tuvo que ser hospitalizado. Un agente implicado advirtió a Martha Solórzano Martínez que guardara silencio y no presentara una denuncia, a lo que este agente le respondió: "Pinche vieja [...] te voy a echar a los policías y a los militares".

El 9 de marzo de 2012, el hijo de Martha Solórzano Martínez, Jorge Luis Zavala, fue detenido por la policía municipal por su presunta participación en un incidente violento y declarado culpable. Sin embargo, tanto Jorge Luis como su familia afirman que la acusación es falsa y creen que se presentó como represalia por el activismo de Martha. Jorge Luis Zavala asegura que la policía le dijo al detenerlo: "Ya te conocemos, eres el hijo de la vieja grillera, ahora sí nos la vamos a chingar".

El 1 de marzo de 2014 Jorge fue trasladado, sin explicación, a 600 km de la capital del estado. Él y su madre han sido informados por terceros que su vida corre peligro en prisión a causa del activismo de su madre en favor de los derechos humanos.

La organización llama a las autoridades a que tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Martha Solórzano Martínez, Jorge Luis Zavala y otros miembros de su familia; así como llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y actos de intimidación contra ella y su familia.

Finalmente, la organización recordó a las autoridades su obligación de investigar todas las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de la policía municipal de San Luis Río Colorado, que los agentes sometidos a investigación sean suspendidos de sus funciones y que los resultados de la investigación se hagan públicos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En noviembre de 2013, el mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas ordenó que se asignara protección policial a Martha Solórzano Martínez, a quien se le asignaron dos agentes de la policía estatal de Sonora. Sin embargo, esta protección no abarca los viajes que Martha realice para visitar a su hijo en prisión.

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento, en 2012, del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, muchas de las más de un centenar de personas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz, generando frustración, inseguridad y desilusión. Aunque el gobierno afirma que está funcionando eficazmente, el mecanismo dista de estar plenamente operativo al carecer de personal formado, recursos y el apoyo político de alto nivel necesario para garantizar que las autoridades apliquen sus medidas de protección en todos los niveles. La impunidad de la que disfrutan las personas responsables de los ataques –debido a la falta de eficacia en las investigaciones, a menudo realizadas por autoridades estatales sospechosas de participar en las amenazas– sigue favoreciendo que se toleren los ataques. El mecanismo debe ser só lo una parte de una estrategia global para abordar la violencia contra periodistas y contra quienes defienden los derechos humanos. El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente ante el clima imperante de hostilidad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos en varios estados.

Exclusión de Aspirantes a la BUAP e Invitación a Campaña en Defensa de la Educación Pública


A los medios masivos de comunicación
A los medios alternativos de comunicación
A los organismos defensores de derechos humanos
A las organizaciones populares y democráticas
A la comunidad universitaria
Al pueblo en general.

El día de ayer 31 de marzo se inició el segundo paso a seguir en el proceso de admisión 2014 a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que consiste en la entrega de documentos como parte de los requisitos a cubrir para presentar los ahora dos exámenes de admisión por la nueva modalidad.

Anualmente el número de jóvenes excluidos del derecho a la educación por parte de las universidades públicas de nuestro país es alarmante, estamos hablando de que más de medio millón de jóvenes quedan sin la posibilidad de ingresar a una institución pública de educación superior y que por lo tanto esta inmensa masa de jóvenes queda básicamente sin ninguna alternativa a seguir.

Tan sólo en nuestro estado, de los más de 50 mil aspirantes que presentarán examen de admisión en este año, menos de 22 mil serán aceptados, es decir existirán más de 28 mil estudiantes que solo tendrán la posibilidad de elegir entre el integrarse a una de muchas escuelas incorporadas que bajo el discurso de garantizar el derecho a la educación superior con “cómodas mensualidades”, han surgido como negocio de funcionarios y ex funcionarios universitarios, o engordar el ejército de reserva en donde no existe más beneficio que el de la explotación laboral y denigración de la condición humana.

En este año la modalidad para ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se ha modificado de manera que tanto a la Administración Central encabezada por el Rector José Alfonso Esparza Ortiz, como al gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, les implique el menor costo político ante el incremento de las manifestaciones de jóvenes que año con año les es negado su derecho a la educación universitaria.

Sin duda, ésta táctica de prevención de protestas de aspirantes a nivel Medio Superior y Superior tuvo el aval del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su reciente visita a la BUAP; visita que tuvo por objetivo el que dicho organismo se cerciorara de que las políticas neoliberales dictadas desde los organismos financieros internacionales estuvieran rindiendo efecto en nuestra universidad.

El discurso manejado por las autoridades universitarias es que a mayor número de posibilidades, mayores oportunidades para el ingreso, sin embargo la verdadera motivación de esta nueva modalidad es la cínica evidencia de las contradicciones en su actuar, al emitir una convocatoria que estipulaba la aprobación del examen con 550 puntos pero que en los hechos esto no era suficiente para ingresar a la universidad por la creciente demanda, dejando fuera a miles de estudiantes a pesar de haber cumplido con el requisito, generando descontento ante esta medida arbitraria y excluyente.

En este mes de abril, se llevará a cabo el primer filtro condicionante para la admisión a la BUAP: la PAA, examen de habilidad verbal y matemática, elaborado por el College Board, empresa norteamericana con sede en Puerto Rico encargada de medir el “nivel educativo” de los estudiantes mexicanos. Con este primer filtro, lo que las autoridades universitarias intentan garantizar en alianza con Rafael Moreno Valle es que quienes queden excluidos en esta primera etapa, NO SE ORGANICEN para exigir su derecho a la educación, generando la malograda idea en la cabeza de todo estudiante excluido que desde el principio no tuvo las herramientas para lograr un buen resultado y que merecen no tener un lugar en la universidad; por otro lado, esta nueva modalidad garantiza a las escuelas privadas un gran número de clientes directos para el próximo ciclo escolar. Aunado a esto, este doble filtro implican mayores gastos para las familias y los jóvenes aspirantes de otros estados del país, principalmente de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Estado de México ya que tendrán que viajar por lo menos en 4 ocasiones a la capital poblana sin la garantía del ingreso, por lo que muchos de ellos ya no tendrán la posibilidad de presentar la segunda vuelta por su situación económica.

Aun cuando la BUAP recibió para este año más de 5 140 millones de pesos como presupuesto general, cantidad mucho mayor a la percibida por el municipio de Puebla que es de 3 789 millones de pesos, la reducción de la matrícula en comparación con la demanda sigue siendo de dimensiones escandalosas, es por eso que como Unión Por la Organización Estudiantil integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, denunciamos y condenamos el proceder de la actual administración de la BUAP.

La educación en nuestro país se ha convertido en una mercancía de vastas ganancias para aquellos a los que impulsan, promueven y consienten el proyecto privatizador de la universidades públicas, desde los organismos financieros internacionales quienes emiten las “recomendaciones” hacia los países dependientes, aparentemente en materia de educación pero que de fondo tienen planteamientos meramente empresariales, obteniendo beneficios económicos a costa de las masas de los trabajadores y del futuro de millones de estudiantes. Lejos de ser la educación un derecho humano, se ha convertido en un privilegio de clase; en algo de difícil y en algunos casos imposible acceso.

Como parte de la problemática denunciamos la violación a los acuerdos tomados con la universidad el 14 de agosto de 2013 fecha en la que levantamos el plantón que habíamos montado en días anteriores frente a la DAE con la exigencia del derecho a la educación para más de 20 compañeros que ahí se encontraban manifestándose y en donde sufrimos actos intimidatorios y hostigamiento por parte del personal de DASU que portaron armas de fuego durante la noche, ya que la indicación que les dieron era que nosotros nos encontrábamos armados; información otorgada tiempo después por los propios veladores del área centro, Asimismo recurrieron a prácticas como el corte de luz, la toma de fotografías, la negación del acceso a compañeros monitores de derechos humanos, el cierre de los sanitarios y la persecución de nuestros compañeros manifestantes cuando se desplazaban a buscar algún sanitario o a ver a los compañeros que se encontraban afuera de ciudad universitaria.

Con quienes sostuvimos el diálogo y tomamos los acuerdos fue con el Mtro. Julio Galindo Quiñones, titular de la Dirección de Desarrollo en Integración Estudiantil, el Lic. José Manuel Alonso Orozco, viejo Agüerista y actual director de regionalización, y el Dr. Gabriel Pérez Galmiche director de la renovada DAGU ahora llamada Dirección de Enlace y Gobernanza. Los mencionados a nombre del rector pactaron que a nuestros compañeros se les otorgaría una beca del 100 por ciento durante un año y medio en escuelas incorporadas, y que al cabo de este tiempo se les respetaría el pase automático a la universidad en el periodo de revalidación de 2014. Sin embargo desde el mes de diciembre del año pasado la institución dejo de pagar las colegiaturas de nuestros compañeros, situación que ha provocado intimidación por parte de los directivos de las escuelas incorporadas, presionando a nuestros compañeros para que efectúen los pagos y negándoles el acceso a las aulas, generado la deserción de estos pues se torna imposible el poder absorber los costos. Extra a esto la documentación oficial de nuestros compañeros se encuentra retenida por la DAE a través de las escuelas incorporadas quienes solicitan el cubrimiento del adeudo más una cuota de 1500 aproximadamente por la devolución de los mismos lo que representa una limitación fundamental para que ellos puedan buscar otras opciones o intenten participar en este proceso de admisión 2014.

En reuniones sostenidas entre nuestra organización y la universidad, Gabriel Pérez Galmiche intentó en repetidas ocasiones condicionar el cumplimiento de los acuerdos a cambio de que nosotros dejáramos de prestar solidaridad a un grupo de trabajadores que al interior de la universidad se vienen organizando en contra de los abusos laborales de los que están siendo víctimas, puesto que según comentarios del propio Galmiche, estos “actuaban en contra de los intereses del rector”, a lo que siempre nuestra respuesta fue la de rechazar dicha condicionante, ya que consideramos que la lucha no se limita únicamente al ámbito estudiantil y que de aceptar esa condición se vulnerarían los principios y la independencia que como organización nos rigen.

Posteriormente el 4 de marzo de este año, nuevamente una comisión de nuestra organización se reunió con este funcionario, puesto que durante la madrugada del mismo habían sido detenidos 8 de nuestros compañeros, dos de ellos, Juana Marcelino de Rita y Daniel García Tolentino cerca de la Facultad de Medicina, lugar en que nuestros compañeros pintaron una consigna política en una pared de dicha facultad “alto a la represión” por los hechos ocurridos en el auditorio Che Guevara, el cerco informativo y la campaña de linchamiento en contra de nuestra organización, del colectivo Brigada Estudiantil Multidisciplinaria, del organismo de derechos humanos independiente Comité Cerezo México y organizaciones populares como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y que ante el conocimiento de nuestra organización y nuestro proyecto por parte de la autoridades universitarias considerábamos que no interpondrían la denuncia sin antes dialogar, sin embargo la denuncia fue hecha ante la Agencia del Ministerio Público no. 5, lo que provocó que nuestros compañeros fueran consignados al penal de San Miguel, tan es así que continúan en libertad su proceso penal.

En dicha reunión, nos reunimos con el Dr. Gabriel Pérez Galmiche para garantizar que la universidad no denunciara a nuestros compañeros, y el tema de los compañeros de las escuelas incorporadas salió a la conversación; en ese momento no se resolvió nada respecto a eso, ya que nuestra prioridad era la libertad inmediata de nuestros compañeros, se acordó en reunirnos posteriormente para discutir ese punto, sin embargo ya no volvieron a atender el teléfono así que dimos por entendido que existe nula voluntad para resolverlo.

Ante este panorama como organización informamos que damos inicio a una campaña masiva de denuncia que consistirá en la pega de carteles, volantes y saloneos al interior de la universidad para informar sobre el juego perverso llamado “Admisión 2014” impulsado por la rectoría y sus operadores y como parte de las actividades de esta jornada de lucha realizaremos el Foro en defensa de la educación pública y gratuita y en contra del proyecto privatizador de las Universidades Públicas el día 8 de abril del presente en la facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Por ello, la necesidad de que como jóvenes aspirantes a la educación media superior y superior nos organicemos en coordinación con padres de familia, obreros, campesinos, indígenas, como pueblo trabajador en su conjunto, para exigir la cancelación de la modalidad que pretende imponer la BUAP a jóvenes aspirantes a la Universidad.

Llamamos a todas y todos los abogados comprometidos con las demandas y la lucha legitima de nuestro pueblo para tener condiciones de vida digna a generar las alterativas jurídico-políticas ante esta imposición.

A las organizaciones del movimiento popular y de derechos humanos les hacemos un llamado fraterno y solidario para que se pronuncien a favor de que se cancelen estos filtros discriminatorios de ingreso a la BUAP.

A los catedráticos e intelectuales democráticos y progresistas los exhortamos a exigir a la BUAP que constituya un Comité de connotados académicos a efecto de que sean ellos los que generen un examen de admisión de acuerdo a las condiciones educativas de Puebla y México; para con esto romper la dependencia con la empresa College Board para los exámenes de admisión de la BUAP.

Al pueblo de México le hacemos un llamado a luchar en todos los estados del País por ampliación de la matrícula y por una educación basada en la esencia de los principios del Artículo 3ro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: Democrática, científica, popular e internacionalista.

¡Alto a la Privatización de la BUAP!
¡Alto a la nueva modalidad de admisión a la BUAP!
¡Por una educación laica, gratuita, científica y popular!
¡Por la Unidad Obrero Campesino Indígena y Popular!

Unión Por la Organización Estudiantil

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

UPOE-FNLS