domingo, 29 de marzo de 2009

Refrenda Manu Chao su apoyo a la liberación de presos de Atenco


Fuente: La Jornada de Jalisco

JORGE CABALLERO

El cantante Manu Chao envió un comunicado disculpándose por la cancelación del concierto del jueves en la Rambla Cataluña por la presunta violación al artículo 33 de la Constitución Mexicana; el documento difundido a los medios que cubren el Festival dice: Ayer al despertarme se me informó que el gobierno mexicano está investigando mis declaraciones de prensa en el Festival Internacional de Cine de la ciudad de Guadalajara… Declaraciones refiriéndose al operativo’ policial realizado en mayo de 2006 en la localidad de San Salvador Atenco. Ese operativo dejó dos muertos, más de 200 detenidos y varias denuncias de ultraje sexual de mujeres por parte de policías. Hoy en día siguen en la cárcel 12 personas con condenas absurdas de 31 a 112 años. Sin duda alguna, yo me revindico como uno más de toda esa gente que milita para su liberación intentando así acabar con parte de toda esa clamorosa injusticia.

“Poco a poco en el día nos llegó la información sobre la posibilidad de una orden de verificación migratoria sobre mi persona, y que podría derivar en cualquier momento en mi expulsión inmediata del país sin previo juicio.

“Ayer anoche en la Rambla Catalunya de Guadalajara se proyectó al aire libre y de libre acceso, la película LT22 Radio La Colifata, de Carlos Larrondo en el contexto de la sección Cinelandia que el Festival de Cine me invitó a liderar. Como de costumbre existía la probabilidad que cantara unos temas después de la proyección, como ocurrió durante el Festival en el Instituto Cabañas a lo largo del ciclo Cinelandia. Me parece importante señalar que esos palomazos informales nunca fueron parte de la programación oficial del evento y son ofrecidos sin ningún ánimo de lucro a los amantes de cine que vienieron a disfrutar de las películas seleccionadas.

“La decisión de no cantar en la Rambla Catalunya este último jueves fue expresamente mía. La tomé para evitar cualquier posibilidad de desbordamiento violento en caso de que las autoridades tuvieran intención de venir a por mí durante el acto. Lo que podría haber generado un enfrentamiento entre policías y público. Consciente de que en esa velada podían asistir niños y miles de personas, no quise tomar el riesgo de que se trasformase esa fiesta cultural en algo incontrolable y penoso para los presentes.

“La razón primordial de mi decisión fue ésa. Y ninguna otra.

“Aquí mismo me disculpo a toda la gente que acudió al acto y se quedó sin esos temitas rumberos después de la película. Espero que entiendan mi decisión y la valoren en el contexto. Siempre atento”. Manu Chao.

Por su parte el director del certamen, Jorge Sánchez, expresó: “Manu Chao es invitado nuestro, hasta que abandone el país y queremos agradecerle su generosidad con el Festival y los habitantes de Guadalajara. Llegamos a un acuerdo con Manu Chao de que él debe expresar de manera personal su opinión sobre esta situación…llegamos al acuerdo de no protagonizar nosotros esta situación que le compete de manera personal y no declarar nada al respecto. Personalmente no puedo opinar porque soy un director del Festival”.

Asimismo el cineasta Alberto Cortés dijo: “Me parece que es ridículo a estas alturas que una opinión ejercida con la libertad de opinión que debe haber en todo el mundo se le quiera reprimir a alguien por expresar su opinión”.

Las defensoras y los defensores de derechos humanos, en riesgo


Fuente: La Jornada de Jalisco

JORGE ROCHA

Un problema que nuevamente empieza a despuntar en la agenda pública es el asunto de la represión y la criminalización de las defensoras y los defensores de derechos humanos y de líderes sociales. Precisamente el día de ayer en el centro de la ciudad de Guadalajara se realizó un acto de repudió al asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas presidente y secretario respectivamente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) con sede en el estado de Guerrero, y cuyos cuerpos fueron hallados sin vida y con visibles huellas de tortura y tratos crueles y degradantes el 20 de febrero pasado, luego de siete días de haber sido desaparecidos por tres hombres armados, que se identificaron como policías.

En un comunicado de prensa que firman varias organizaciones entre las que se encuentran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para Todas y Todos, Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Insyde, Cencos, Serapaz, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan se hace un enérgico llamado a que cesen las acciones de intimidación a las defensoras y los defensores de derechos humanos de aquella región del país y que no se deje en la impunidad este condenable hecho.

En el documento se señala que los actos de intimidación, persecución y amenazas para las defensoras y los defensores de derechos humanos se han intensificado, al grado de que entre el martes 17 y viernes 20 de marzo de este año, la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, recibió mensajes anónimos de amenazas de muerte a causa de su labor como promotora y defensora de los derechos de su comunidad. De manera contundente le hacen saber que ella podría ser la siguiente en ser desaparecida, torturada y ejecutada, como sucedió con Raúl Lucas y Manuel Ponce.

En el boletín de prensa se lee que al igual que la OPIM y la OFMP, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, organización que ha asumido la defensa jurídica de los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce, ha sido víctima de actos de persecución y hostigamiento, como sucedió también el pasado viernes 20 de marzo cuando ocho de sus integrantes que viajaban sobre la carretera Ayutla-Tierra Colorada, fueron perseguidos de manera intimidatoria por tres hombres desconocidos, que se transportaban en una camioneta marca Chevrolet Silverado color Azul con placas de circulación NU88768. Entre el tramo Ayutla-Tecoanapa, los activistas también escucharon cinco detonaciones de arma de fuego, que se presume fueron disparos al aire.

Por su parte, organizaciones del estado de Jalisco como Amnistía Internacional Sección Guadalajara, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la UdeG, la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, Vihas de Vida, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Colectivo Movilidad Solidaria, el Comité de Derechos Humanos Anacleto González Flores, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer y el Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas que encabeza esta iniciativa, como se dijo antes, convocaron a realizar una denuncia pública en el centro de la ciudad en torno a estos hechos y exigieron al gobierno de Felipe Calderón garantizar la integridad física y psicológica de las familias los dos indígenas asesinados y de los demás miembros de la organización a la que pertenecían; esclarecer los hechos a través de una investigación independiente, exhaustiva e imparcial para sancionar a los responsables de estos lamentables hechos; el retiro del Ejército Mexicano de realizar funciones de seguridad pública; adoptar las medidas necesarias para asegurar la seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos de los pueblos indígenas de Guerrero; y la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), recluido en la prisión de Ayutla, considerados preso de conciencia por Amnistía Internacional desde noviembre del año pasado.

Pero la situación no sólo está presente en el sur del país, hace dos semanas la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó el estado de Jalisco para conocer de primera mano el entorno que están viviendo las personas que en nuestra entidad se están dedicando a la defensa de los derechos humanos. La simple visita es un llamado de atención a la opinión pública y como ya se ha mostrado a lo largo de los últimos meses, en nuestro territorio hay casos donde los defensores se ven involucrados en procesos legales plagados de irregularidades, otros han sido objeto de la represión directa y otros más son presa de la descalificación sistemática de aquellos que ven afectados sus intereses.

En el momento presente parece que dedicarse a promover y defender los derechos humanos se ha convertido en una actividad de alto riesgo. La afectación de intereses políticos, la expansión del capital, la intolerancia del poder, la necesidad del sistema de apropiarse de los recursos naturales estratégicos nos han ubicado en un escenario que se creyó que no volvería. Nuevamente la posibilidad de la represión generalizada, del hostigamiento y de la violencia política se hace presente y el primer signo evidente se da cuando las y los defensores de derechos humanos se vuelven víctimas de la violencia.

jerqmex@hotmail.com

Salen libres 7 nahuas presos en Chilapa; aún hay otro dentro

Los acusaron de homicidio, pero no se les comprobó; permanecieron casi 3 años

Fuente: La Jornada de Guerrero

Se les fabricaron delitos por su oposición al programa federal Procede, dice su defensa
LAURA REYES

Siete nahuas de Rincón de Chautla, de los ocho que fueron detenidos por el supuesto delito de homicidio que no se les pudo comprobar, fueron liberados después de casi tres años –el pasado 25 de este mes– en que permanecieron en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilapa, y advirtieron que buscarán la reparación económica del daño, así como conseguir que 37 indígenas de la zona presos “de manera injusta” en ese mismo penal y en el de Chilpancingo puedan salir.

En conferencia de prensa y respaldados por el Movimiento Social de Izquierda (MSI), agrupación a la que pertenecen, denunciaron las condiciones graves y de pobreza extrema en que viven los indígenas de comunidades de Chilapa, y las detenciones arbitrarias y acoso que sufren a diario por parte de agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), al igual que del Ejército, que se mantienen en la zona y desde los últimos tres años han duplicado su número en la región.

El encarcelamiento de los indígenas, originarios de la comunidad Rincón de Chautla y de los cuales uno aún permanece en prisión –David Sánchez Luna– por no poder pagar 25 mil pesos de fianza, se debe, según explicó el abogado defensor, Pedro Tepetate Romero, a la defensa que desde hace años han hecho de los derechos humanos de los nahuas y por ser promotores del rechazo al Programa de Certificación de Derechos Ejidales Procede, pues sólo busca la privatización de las tierras ejidales y ha generado división del pueblo.

Incluso, a 11 comisarios municipales de la región que se opusieron al Procede se les fabricaron demandas, mismas que lograron ser retiradas por la movilización que encabezaban esos indígenas, que meses después fueron acusados de homicidio calificado, daños y lesiones como resultado de una balacera en la región, a la que resultaron ajenos pero se les vinculó.

Otras de las acciones que impulsaban, antes de que ese grupo fuera detenido, era el rescate de la Policía Comunitaria para “enfrentar” la inseguridad desatada por caciques, delincuentes y narcotraficantes de la región.

Los indígenas liberados son: Daniel Luna Martínez, Anacleto Luna Gaspar, Bernardino Sánchez Luna, Jordan Luna Virgenio, Heleodoro Luna Virgenio, Francisco Germán Hoxpango, Cornelio Germán Hernández, David Sánchez Luna, sigue preso en el Cereso de Chilapa.

La defensa

Bernardino Sánchez Luna, uno de los indígenas liberados, aseguró que el encarcelamiento de dos años y 10 meses fue totalmente fabricado, pues nunca se les pudo comprobar ninguna responsabilidad; incluso señaló como responsables a los caciques Mauricio Hernández Rodríguez, Santos Villalva Celedonio y Leobardo Rodríguez Tolentino de haber fabricado los hechos y los testigos que se presentaron a declarar sobre el caso.

“Fue un encarcelamiento injusto por un delito que nunca cometimos y que nos fabricaron con alevosía y ventaja. No nos vamos a detener, vamos a buscar la liberación de otros compañeros detenidos”, sostuvo Sánchez.

Recalcó que ha sido evidente que la Federación y el estado están buscando erradicar a los pueblos indígenas, que es motivo suficiente para que no sean respetados y se abuse de ellos.

Procede, la causa

La síndica procuradora de Ahuacuotzingo, Justina Bustos Martínez, no descartó que en el encarcelamiento de esos ocho indígenas haya tenido que ver también el gobierno federal, sobre todo por el rechazo al programa Procede, que sólo “ha enfrentado a los campesinos” porque ya no tienen un régimen comunal que los hacía dueños de las tierras, que eran usadas de común acuerdo.

Por su parte, el líder del MSI, Ranferi Hernández Acevedo, insistió en que seguirá la defensa del régimen comunal que es lo que mantiene unidas a por lo menos 40 comunidades indígenas.

Critica Tlachinollan desinterés del estado; “los derechos humanos no son prioridad”

Desde la salida de la ONG de Ayutla no ha habido ningún acercamiento, reprocha

Fuente: La Jornada de Guerrero


JESUS RODRIGUEZ MONTES (corresponsal)

Tlapa, 27 de marzo. Desde que el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan hizo público que cerrará sus oficinas en Ayutla debido a que sus integrantes han sido hostigados por su participación como defensores en el caso de los dirigentes na savi asesinados, no se ha establecido ninguna comunicación formal con las autoridades estatales; eso es signo de que las organizaciones de derechos humanos “no somos prioridad” para el gobierno, afirmó el director de la ONG, Abel Barrera Hernández.

Desde que el miércoles se informó el hostigamiento contra los defensores, “no ha habido acercamiento, se ha creado un vacío de las autoridades hacia nuestro trabajo, para nosotros es signo de tomar a la ligera nuestro trabajo como defensores porque pareciera que no se le da credibilidad a nuestras denuncias”, señaló en entrevista.

Hace 14 años que el Centro Tlachinollan abrió sus oficinas en Tlapa y en 2003, tras el caso de las dos indígenas me’phaa de Ayutla que denunciaron que fueron violadas por militares, la organización instauró una oficina en ese municipio. Actualmente es la organización no gubernamental más importante del estado.

Barrera Hernández consideró que de manera equivocada, las autoridades del estado interpretan que el trabajo de los defensores tiene la intención de confrontarlas, y por ello no intervienen cuando denuncian amenazas relacionadas con su trabajo.

“Tal vez nos miran como actores incómodos, que nos empeñamos en molestar a la autoridad a cada momento y eso es lamentable, porque nos vuelve más vulnerables, ese silencio ayuda a que los actores que se han empeñado en atacar a los defensores, pues actúan ahora con manga ancha”, sostuvo.

Esa circunstancia “nos coloca en una situación de alto riesgo, nos pone al límite de nuestro trabajo con la intención de que claudiquemos”, lamentó.

Del hostigamiento a los integrantes de Tlachinollan y las amenazas de muerte a la dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, ya se informó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a diputados federales, añadió Barrera.

Además, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitaron medidas de protección, y se espera que resuelva en el transcurso de la siguiente semana. De aprobarlas, el organismo solicitará al gobierno ejecute acciones para la seguridad de los defensores.

Alarcón: con el gobierno de Torreblanca, los momentos más difíciles de la Coddehum

Tendrá presencia en Costa Chica “aunque estemos expuestos”

Fuente: La Jornada de Guerrero

MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 27 DE MARZO. En un breve y rápido repaso de sus relaciones con las administraciones estatales durante los 18 años de vida de creación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, definió que “los momentos más difíciles para la instancia y para su presidente han sido con el actual gobierno”.

Consultado luego de su mensaje con motivo del 18 informe del organismo a los legisladores locales, el ombudsman guerrerense mantuvo mesura a los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación con respecto a si había un retroceso en el tema de derechos humanos en la entidad.

“Yo he dado a conocer a la opinión pública que cuando ya no se aprecia el respeto por la vida estamos en una crisis de valores, yo no me atrevería a llamarlo retroceso”, esquivó.

Por otro lado, afirmó que el cierre de la oficina que Tlachinollan tenía en Ayutla –decisión tomada por el propio organismo al no contar con las garantías para desarrollar el trabajo de la defensa de los derechos humanos–, “dejará a la región, por el momento, en un estado de indefensión”.

Por lo anterior, anunció que el organismo buscará tener mayor presencia en la región de la que venía teniendo hasta ahora, “aunque también estemos expuestos, porque también corremos riesgos”, señaló.

A pesar de este panorama difícil que enfrentan los defensores civiles de derechos humanos y del mismo organismo público, Alarcón Hernández consideró que este día el Congreso local mandó un mensaje positivo sobre el respeto y la defensa del trabajo que realizan, con el mensaje de solidaridad y respaldo a la institución de parte del presidente de la Comisión de Gobierno, Armando Chavarría.

Sobre el cierre de la oficina de Tlachinollan en Ayutla, el ombudsman señaló que era responsabilidad de todos, porque todos los sectores deberíamos expresar nuestra condena al ataque, al trabajo de los defensores, pero que sobre todo era responsabilidad de las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública y la procuración de justicia.

Tlachinollan debe ser itinerante: Torreblanca

Minimiza cierre de oficinas en Ayutla

Fuente: La Jornada de Guerrero


CITLAL GILES (
)

El gobernador Zeferino Torreblanca consideró que el cierre de las oficinas del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en el municipio de Ayutla, no significa que vayan a dejar de velar por los derechos de las personas, pues indicó que “la oficina no hace a la organización” y en una analogía del palacio de gobierno, dijo: “las organizaciones al igual que el gobernador tienen que ser itinerantes”.

Consultado sobre la determinación de Tlachinollan de cerrar sus oficinas ubicada en Ayutla, el mandatario consideró que aunque no se alegra de que se hayan cerrado las instalaciones, “no creo que se vayan a suspender, ni se deban suspender todos los trabajos encaminados a garantizar y salvaguardar los derechos individuales de los ciudadanos”.

El gobernador comentó que el cierre de la sede, no indica que Tlachinollan, ni ninguna otra organización, se vayan de Guerrero y anunció que su gobierno dará todas las facilidades para que se puedan mover y continuar con sus actividades.

Negó que haya retroceso en materia de derechos humanos como lo han declarado algunos representantes de organizaciones sociales y recalcó que el gobernador es el primer interesado de que se respeten los derechos de las personas y recalcó que su gobierno siempre será garante de que las organizaciones sociales se puedan desplazar a cualquier rincón de Guerrero para cumplir sus objetivos.

“No podemos permitir hoy que en estas condiciones políticas y sociales, cualquier ciudadano venga a afectar este libre derecho que hemos ganado los mexicanos a través de la transparencia y democracia, podemos seguir teniendo discrepancias en opinión y puntos de vista pero insisto, mi gobierno seguirá siendo facilitador para que los derechos humanos se respeten”, aseguró.

Torreblanca: refinería, no; mejor la presa La Parota


Fuente: La Jornada de Guerrero

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Para el gobernador Zeferino Torreblanca el proyecto hidroeléctrico La Parota sigue vigente en Guerrero, incluso consideró que es prioritario impulsar estos proyectos en lugar de buscar una refinería, pues la presa traerá muchos beneficios para la zona campesina, además de complementar los proyectos turísticos. De hecho, destacó que desearía llevar la discusión de su construcción a nivel nacional. En conferencia de prensa, descartó solicitar en la Conferencia Nacional de Gobernadores –que se llevará a cabo este fin de semana en Monterrey– que se incluya a Guerrero entre posibles estados para asentar una refinería; planteó apostarle a otros proyectos y de industria, como La Parota. Agregó que si el alcalde Manuel Añorve Baños, no tiene inconveniente, pudieran enfocarse a la promoción de ese proyecto. “Es un desarrollo que traerá muchos beneficios, nos va a ayudar a cuidar el medio ambiente y además va a respetar las posiciones que tienen nuestros hermanos campesinos en esa zona”, aseguró.

Demandan barzonistas apoyo para pagar adeudo a la CFE



Fuente: La Jornada de Zacatecas

Deben a la paraestatal $8 millones por servicio de energía en 110 pozos

VEREMUNDO CARRILLO-REVELES

Aproximadamente un centenar de barzonistas se manifestaron ayer por segundo día consecutivo en el Centro Histórico de la capital del estado, en demanda de la canalización de recursos para saldar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el adeudo de 8 millones de pesos por servicio de energía en 110 pozos, con los que producen más de mil familias,

Al mediodía los campesinos, procedentes de seis municipios y encabezados por los líderes Conrado García y Carlos Arellano, cortaron la circulación en la intersección de las avenidas Hidalgo, Tacuba y el callejón del Santero, generando un notable congestionamiento vial que se prolongó más de una hora, hasta que se instaló una mesa de diálogo con autoridades estatales en el salón de recepciones del gobierno del estado.

Durante el bloqueo, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y el propio titular de Tránsito y Vialidad, Antonio Caldera, buscaron que fueran liberadas las vialidades, argumentando la afectación a la ciudadanía por tratarse de una hora pico, sin embargo los manifestantes arremetieron al señalar que sus acciones obedecían a que por segunda ocasión en menos de 24 horas el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Juan Antonio Rangel Trujillo, los dejó plantados en las mesas de negociación.

En entrevista, Conrado García mostró su repudio a la falta de compromiso de parte de funcionarios estatales y asevero que estos ocultan información a la gobernadora Amalia García, falseando la realidad del campo zacatecano. Recordó que hace algunas semanas fue levantado el plantón de tractores que permaneció varios días en la entrada a Guadalupe con el compromiso de que se buscarían soluciones a la problemática con la CFE; sin embargo el ofrecimiento, dijo, fue incumplido.

Al cuestionarle sobre el deslinde que existe de parte de la directiva nacional de El Barzón, que lidera Juan José Quirino Salas, en torno a su organización, García se limitó a señalar que no quiere entrar en polémicas.

En meses pasados Salas acusó a García y Arellano de usurpar el nombre de El Barzón y amenazó con proceder jurídicamente.

Alrededor de las 14 horas finalmente se estableció una mesa de negociación en la que participaron los campesinos y autoridades de gobierno del estado, encabezadas por el titular de Sedagro, Juan Antonio Rangel Trujillo, quien indicó que es falso que haya dejado plantados a los barzonistas.

El funcionario manifestó que existe un recurso estatal de 8.5 millones de pesos para disminuir los adeudos de productores agropecuarios con la CFE, siempre y cuando el saldo negativo no sea mayor a 20 mil pesos.

En este sentido, explicó, hay un doble problema de fondo con la organización que lideran García y Arellano: por un lado el grupo pretende que la totalidad del recurso les sea entregado solamente a ellos, cuando existen otras asociaciones y otros productores que también lo necesitan. Al cierre de la edición, las negociaciones continuaban.

Lecciones del Exxon Valdez



Escuche

Por Amy Goodman

Hace veinte años, el buque petrolero Exxon Valdez derramó al menos 11 millones de galones de petróleo en las prístinas aguas de Prince William Sound, en Alaska. Las consecuencias del derrame fueron desastrozas y lo continúan siendo al día de hoy. El incidente tuvo un gran impacto en el medio ambiente y la economía. En lugar de considerarlo simplemente como un caso de contaminación, Riki Ott cree que el desastre del Exxon Valdez es una amenaza fundamental para la democracia estadounidense.

Ott, una toxicóloga marina y pescadora comercial de salmón, oriunda de Cordova, Alaska, comienza su libro sobre el desastre, “Not One Drop” (Ni una gota), con una cita de Albert Einstein: “Ningún problema puede ser solucionado con el mismo nivel de conciencia que lo generó”.

El masivo derrame se extendió 1.900 kilómetros desde el lugar del accidente, y cubrió 5.150 kilómetros de costa y un área de 25.900 kilómetros cuadrados en total. El 24 de marzo de 1989, Ott, que formaba parte del Consejo Directivo del Sindicato de Pescadores del Distrito de Cordova, estaba inspeccionando la escena desde el aire: “Era una escena surreal. Era simplemente maravilloso, marzo, el amanecer, las montañas de color rosado, brillando con la luz del sol. Y de repente, llegamos al lugar donde estaba la cubierta roja del buque petrolero, que es del largo de tres canchas de fútbol; el agua mansa, de color azul profundo; y esta mancha negra, como de tinta, que se extendía con la marea”.

La noticia del derrame se conoció en todo el mundo, y mucha gente se acercó a Valdez, Alaska para empezar la limpieza. La vida marina quedó devastada. Ott dice que hasta medio millón de pájaros marinos murieron, además de 5.000 nutrias marinas, 300 o más focas de Groenlandia y millones de salmones jóvenes, huevos de peces y peces jóvenes. La muerte de los huevos de peces provocó un impacto de largo plazo, aunque retardado, en la pesca de arenque y salmón en Prince William Sound. En 1993, la industria pesquera estaba en quiebra. Las familias perdieron su sustento luego de haber pedido grandes préstamos para comprar botes y permisos de pesca costosos. Aunque la pesca de salmón mejoró, los arenques nunca volvieron.

Esta situación económica desfavorable es una de las bases de la acción legal contra ExxonMobil, la mayor empresa petrolera del mundo. El complejo litigio se ha prolongado durante dos décadas, y ExxonMobil está ganando. Hay 22.000 actores que demandan a ExxonMobil. Un jurado le otorgó una indemnización de 5.000 millones de dólares a los demandantes por daños y perjuicios, que equivale a lo que eran, en aquel momento, las ganancias anuales de Exxon. Esta cifra fue reducida a la mitad por un Tribunal Federal de Apelaciones, y fue reducida finalmente a apenas poco más de 500 millones de dólares por la Corte Suprema. A lo largo de los 20 años de batallas judiciales, 6.000 de los demandantes originales murieron. ExxonMobil, con sus millonarias ganancias anuales y ejércitos de abogados, puede hacer que el caso de Valdez permanezca en los tribunales durante décadas, mientras los pescadores comerciales damnificados van muriendo de a poco.

El poder de ExxonMobil para librar una batalla contra decenas de miles de ciudadanos hizo que Ott se uniera al creciente número de activistas que quiere poner a las empresas en su lugar, quitándoles su estatus jurídico de “persona”. Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del siglo XIX le dio a las empresas el estatus de “personas”, brindándoles el acceso a protecciones amparadas por la Carta de Derechos. Irónicamente, este derecho surge de la “Cláusula de Protección Igualitaria” de la 14ª Enmienda, adoptada para proteger a los esclavos liberados de las opresivas leyes estatales luego de la Guerra Civil. Históricamente, las empresas eran habilitadas por los estados para realizar sus actividades. Los estados podían revocar el permiso de una empresa si esta inclumplía la ley o actuaba por encima de su habilitación.

Ricki Ott me dijo: “Durante los primeros cuarenta años luego de la aprobación de dicha ley, se presentaron 307 demandas, diecinueve por parte de afroestadounidenses, el resto por empresas. Y en ese momento, cuando la Décimocuarta Enmienda se aprobó para las empresas, surgió esto que se llama persona empresarial. Y la persona empresarial, a los ojos de la ley, puede tener acceso a derechos, derechos humanos, a la Carta de Derechos, a protecciones constitucionales. Eso está mal. La palabra “empresa” nunca aparece en la Constitución ni en la Carta de Derechos. Así es como perdimos la libertad de expresión. Aún tenemos, como pueblo, la Primera Enmienda, pero también la tienen las empresas”.

Se considera que la “libertad de expresión” de las empresas incluye realizar contribuciones a campañas políticas y hacer lobby en el Congreso. Las personas que inclumplen la ley pueden ser encerradas; cuando una empresa incumple la ley – aunque cometa un delito doloso, provocando la muerte – las consecuencias no suelen ser más que una multa, que la empresa puede cancelar mediante el pago de impuestos. Como expresa Ott: “Si la ley conocida como ‘la tercera es la vencida’ puede poner a alguien preso de por vida, ¿por qué no sucede lo mismo con las empresas?” La llamada reforma ‘tort’ del derecho estadounidense está erosionando la capacidad de los individuos de demandar a las empresas y la capacidad de los tribunales de valuar los daños y perjuicios, de modo tal que disuadiría a las empresas de cometer actos ilícitos.

Ott, junto con otras personas, redactaron una “28a Enmienda” de la Constitución que les quitaría el estatus de “persona” a las empresas, sometiéndolas a la misma supervisión que existía en los primeros 100 años de historia de Estados Unidos.

Con la actual crisis económica mundial y la creciente indignación pública por los excesos de los ejecutivos de AIG y de otros beneficiarios del rescate financiero, ahora podría ser el momento de ampliar el compromiso público para terminar con el desequilibrio de poder existente entre la gente y las empresas que ha socavado la democracia.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.

© 2009 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español,spanish@democracynow.org