Desde la salida de la ONG de Ayutla no ha habido ningún acercamiento, reprocha
Fuente: La Jornada de Guerrero
JESUS RODRIGUEZ MONTES (corresponsal)
Tlapa, 27 de marzo. Desde que el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan hizo público que cerrará sus oficinas en Ayutla debido a que sus integrantes han sido hostigados por su participación como defensores en el caso de los dirigentes na savi asesinados, no se ha establecido ninguna comunicación formal con las autoridades estatales; eso es signo de que las organizaciones de derechos humanos “no somos prioridad” para el gobierno, afirmó el director de la ONG, Abel Barrera Hernández.
Desde que el miércoles se informó el hostigamiento contra los defensores, “no ha habido acercamiento, se ha creado un vacío de las autoridades hacia nuestro trabajo, para nosotros es signo de tomar a la ligera nuestro trabajo como defensores porque pareciera que no se le da credibilidad a nuestras denuncias”, señaló en entrevista.
Hace 14 años que el Centro Tlachinollan abrió sus oficinas en Tlapa y en 2003, tras el caso de las dos indígenas me’phaa de Ayutla que denunciaron que fueron violadas por militares, la organización instauró una oficina en ese municipio. Actualmente es la organización no gubernamental más importante del estado.
Barrera Hernández consideró que de manera equivocada, las autoridades del estado interpretan que el trabajo de los defensores tiene la intención de confrontarlas, y por ello no intervienen cuando denuncian amenazas relacionadas con su trabajo.
“Tal vez nos miran como actores incómodos, que nos empeñamos en molestar a la autoridad a cada momento y eso es lamentable, porque nos vuelve más vulnerables, ese silencio ayuda a que los actores que se han empeñado en atacar a los defensores, pues actúan ahora con manga ancha”, sostuvo.
Esa circunstancia “nos coloca en una situación de alto riesgo, nos pone al límite de nuestro trabajo con la intención de que claudiquemos”, lamentó.
Del hostigamiento a los integrantes de Tlachinollan y las amenazas de muerte a la dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, ya se informó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a diputados federales, añadió Barrera.
Además, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitaron medidas de protección, y se espera que resuelva en el transcurso de la siguiente semana. De aprobarlas, el organismo solicitará al gobierno ejecute acciones para la seguridad de los defensores.
Fuente: La Jornada de Guerrero
JESUS RODRIGUEZ MONTES (corresponsal)
Tlapa, 27 de marzo. Desde que el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan hizo público que cerrará sus oficinas en Ayutla debido a que sus integrantes han sido hostigados por su participación como defensores en el caso de los dirigentes na savi asesinados, no se ha establecido ninguna comunicación formal con las autoridades estatales; eso es signo de que las organizaciones de derechos humanos “no somos prioridad” para el gobierno, afirmó el director de la ONG, Abel Barrera Hernández.
Desde que el miércoles se informó el hostigamiento contra los defensores, “no ha habido acercamiento, se ha creado un vacío de las autoridades hacia nuestro trabajo, para nosotros es signo de tomar a la ligera nuestro trabajo como defensores porque pareciera que no se le da credibilidad a nuestras denuncias”, señaló en entrevista.
Hace 14 años que el Centro Tlachinollan abrió sus oficinas en Tlapa y en 2003, tras el caso de las dos indígenas me’phaa de Ayutla que denunciaron que fueron violadas por militares, la organización instauró una oficina en ese municipio. Actualmente es la organización no gubernamental más importante del estado.
Barrera Hernández consideró que de manera equivocada, las autoridades del estado interpretan que el trabajo de los defensores tiene la intención de confrontarlas, y por ello no intervienen cuando denuncian amenazas relacionadas con su trabajo.
“Tal vez nos miran como actores incómodos, que nos empeñamos en molestar a la autoridad a cada momento y eso es lamentable, porque nos vuelve más vulnerables, ese silencio ayuda a que los actores que se han empeñado en atacar a los defensores, pues actúan ahora con manga ancha”, sostuvo.
Esa circunstancia “nos coloca en una situación de alto riesgo, nos pone al límite de nuestro trabajo con la intención de que claudiquemos”, lamentó.
Del hostigamiento a los integrantes de Tlachinollan y las amenazas de muerte a la dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, ya se informó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a diputados federales, añadió Barrera.
Además, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitaron medidas de protección, y se espera que resuelva en el transcurso de la siguiente semana. De aprobarlas, el organismo solicitará al gobierno ejecute acciones para la seguridad de los defensores.
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