miércoles, 16 de febrero de 2011
El Estado cuestiona el testimonio y la participación de militares en violación y tortura de dos mujeres indígenas
Difusión Cencos México D.F., 14 de febrero de 2011
Boletín de prensa
OPIM / Tlachinollan / Cejil
La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestros argumentos sobre las solicitudes de interpretación de sentencias que el Estado mexicano presentó al Tribunal.
El pasado 29 de diciembre, México presentó ante la Corte Interamericana dos solicitudes de interpretación de las sentencias emitidas los días 30 y 31 de agosto de 2010 a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. De acuerdo con el Estado, tales solicitudes se basaron en lo establecido por el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.”
En este sentido, el 7 de enero del 2011, en comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación informó que: “el Gobierno de México es enfático al señalar que, las solicitudes de interpretación formuladas no constituyen en modo alguno un desconocimiento o cuestionamiento de los puntos resolutivos de las sentencias, ni se trata de recursos que pretendan modificar los términos de los fallos dictados por la Corte Interamericana.”
Sin embargo, el escrito presentado por el Estado cuestiona la participación de militares en los hechos del caso. El requerimiento pretende entonces ser utilizado como un mecanismo de impugnación de las sentencias respectivas. Éstas, en agosto del año pasado, declararon la responsabilidad de México por las violaciones sexuales y torturas que Valentina Rosendo e Inés Fernández padecieron a manos de miembros del ejército mexicano, así como por las deficiencias en la investigación de los hechos y la intervención del fuero militar, entre otras transgresiones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas internacionales.
En su solicitud, el Estado mexicano cuestiona el fallo de la Corte Interamericana, sosteniendo como ya lo hizo durante el proceso contencioso que no ha sido probado que fueron militares quienes cometieron los actos de violación sexual y tortura en perjuicio de ambas víctimas. Del mismo modo, los escritos presentados por el Estado señalan que compete a autoridades ministeriales y judiciales internas establecer esos hechos, e incluso anticipa que los mismos podrían quedar impunes. Lo anterior es contrario a lo establecido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”
Las solicitudes presentadas por el Estado, además, entrañan un nuevo cuestionamiento a la palabra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y a las propias sentencias emitidas por parte de la Corte en la que señalan que existen todos los elementos y prueba para declarar que los hechos ocurrieron y que fueron elementos del ejército los involucrados.
Frente a esto, en nuestros argumentos presentados como organizaciones representantes de Valentina Rosendo e Inés Fernández solicitamos a la Corte Interamericana que deseche tales solicitudes, declarándolas inadmisibles, puesto que el pedido de interpretación del Estado es un desafío al Tribunal, y no una consulta. En consecuencia, se ha solicitado al Tribunal que reitere al Estado mexicano su obligación de cumplir cabalmente el fallo.
Cabe recordar que las sentencias -que tienen un carácter definitivo e inapelable según la Convención Americana- ordenaron al Estado mexicano conducir en el fuero civil las investigaciones sobre los hechos del caso, a fin de sancionar penalmente a los responsables de las violaciones sexuales sufridas en el año 2002 por las indígenas me’phaas en el estado de Guerrero. Hasta este momento ambas investigaciones siguen siendo conocidas por la Procuraduría General de Justicia Militar, en lo que constituye una muestra clara de las reticencias a cumplir cabalmente con los fallos, en aras de preservar la impunidad de que gozan los elementos de las Fuerzas Armadas responsables.
Por otro lado, es importante destacar que la presentación de las solicitudes de información se suma a la ausencia –en los cuatro meses transcurridos- de acciones efectivas tendentes al cumplimiento de las sentencias. En esa medida, evidencia el nulo compromiso con el que Estado mexicano se aproxima al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Las organizaciones representantes de Inés y Valentina instan a las autoridades mexicanas a dar pronto cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. En particular, advierten la necesidad de que en forma inmediata avancen, en el ámbito de la justicia civil, los procesos respectivos tendientes a ejercer el poder punitivo contra todas las personas responsables de los ataques, perpetrados por militares, contra la integridad sexual de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Como lo señaló la Corte en sus sentencias, esas investigaciones deberán ser conducidas con perspectiva de género y adecuación a la identidad cultural de las víctimas, garantizando el pleno acceso de sus representantes a las actuaciones y sin exponer a nuevos riesgos a las señoras Rosendo Cantú y Fernández Ortega El desacato de esta orden del tribunal internacional implica la negación del acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.
Para mayor información comunicarse con:
Milli Legrain. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Tel.: + (1) 202 319 3000
Román Hernández. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. Tel.: + (52) 757 476 1220 . Celular: 045 757 106 6095
México DF, 11 de febrero de 2011.
Frente al desastre agroalimentario, medidas de emergencia y cambio de modelo: Conoc
Difusión Cencos México D.F., 14 de febrero de 2011
Boletín de prensa
Conoc
El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) demanda lo siguiente: Frente al desastre agroalimentario, urgen medidas de emergencia y, sobre todo, un cambio del modelo agroalimentario neoliberal.
Urge que el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión asuman su responsabilidad y dejen a un lado su pasividad, indolencia y complicidad.
Las heladas en el norte del país: gota que derrama el vaso del desastre de las políticas gubernamentales.
Dependencia alimentaria creciente en el peor de los mundos: elevación récord de precios internacionales, cosecha de maíz de Sinaloa siniestrada y cero reservas públicas de alimentos.
Las grandes corporaciones agroalimentarias: únicas ganadoras del desastre alimentario.
Comprometidas la seguridad alimentaria de los mexicanos y la seguridad nacional.
Hoy la agricultura campesina, temporalera, en pequeña y mediana escala, es la que puede y debe sacar a México del desastre agroalimentario.
Con las políticas neoliberales hacia el campo, incluido el TLCAN, el gobierno mexicano abandonó la producción nacional y campesina de alimentos, apostando la seguridad alimentaria de los mexicanos a un mercado internacional dominado por la especulación, los monopolios, la incertidumbre climática –económica-financiera global y el uso político del sector agroalimentario por las grandes potencias.
La mayor parte de las organizaciones de productores, de los pequeños y medianos agroindustriales, de los académicos e investigadores del país y de los ciudadanos y ciudadanas del país han levantado su voz en innumerables ocasiones en los últimos lustros llamando a reconocer los errores del modelo agroalimentario del país y proponiendo políticas públicas alternativas y viables en el interés nacional y de las mayorías. Tenemos el caso, entre muchos otros movimientos y voces, del Movimiento El campo no aguanta más, de la Campaña Sin maíz no hay país y las propuestas del CONOC en los últimos 5 años. Voces y propuestas que el gobierno y el Congreso de la Unión no han querido ver, ni escuchar, ni atender.
La pasada crisis alimentaria de 2007-2008 fue una gran señal de alerta que el gobierno federal y el Congreso de la Unión no quisieron atender y hoy el campo no aguanta más y el país entero tampoco.
Es el momento de enfrentar la catástrofe agroalimentaria con visión de Estado y considerando el interés nacional y de las mayorías por sobre los intereses externos y de un reducido grupos de corporaciones. En CONOC, tenemos experiencias y propuestas alternativas para salir de la catástrofe que deben ser tomadas, ahora sí, en cuenta. ¡El hambre no espera!
Propuesta de medidas emergentes
1. Declaratoria de situación de emergencia agroalimentaria nacional por el Ejecutivo Federal. Si se niega a ello, el Congreso de la Unión deberá asumir esta responsabilidad a través de un decreto legislativo instruyendo al Ejecutivo Federal al respecto.
2. En el marco de la declaratoria de emergencia agroalimentaria nacional, establecer las siguientes medidas de emergencia para enfrentar los siniestros agroalimentarios en el norte del país e impulsar la producción alimentaria en ciclo primavera-verano 2011:
A. Se requiere un programa urgente de pago y ayuda a los productores por los siniestros y acciones integrales de apoyo para las resiembras en todas las regiones agrícolas del norte del país, NO SÓLO en Sinaloa.
B. Se requiere establecer políticas de aumento de la producción de alimentos que garanticen el abasto interno en los diferentes países. Una producción principalmente de base campesina, con una combinación de precios aceptables y mayor inversión pública para mejorar el acceso al financiamiento, semillas y plantas adecuadas, fertilización, comercialización directa, etc.
C. Entrega anticipada de los apoyos del Procampo a más tardar el 31 de marzo a todos los beneficiarios del ciclo P-V.
D. Triplicar los fondeos de la banca de desarrollo para crédito de avío para el próximo ciclo P-V, con respecto a los canalizados en 2010, reduciendo las tasas de interés efectivas al productor en 50%, aumentando las garantías de dicha banca a los intermediarios y disminuyendo las garantías y otros requisitos a los productores organizados.
E. Programas de emergencia incluyendo empleo temporal para cultivos afectados como maíz, hortalizas, cítricos, café, plátano y otros.
F. Formar un Fondo especial de Emergencia para atender de forma adecuada sin las limitaciones de programas actuales. Establecerlo y administrarlo en coordinación con las Organizaciones de Productores.
G. Promover de seguros agropecuarios contra afectaciones climatológicas que sean adecuados a cada cultivo y región.
H. Alinear, simplificar y asegurar un ejercicio antes de las siembras de los programas de la Sagarpa, Sedesol, SRA, SE y SHCP, hoy dispersos, sin rumbo ni metas, al objetivo central de aumentar sostenidamente la producción nacional de alimentos, con prioridad a la agricultura familiar y en pequeña y mediana escala de temporal.
I. Establecer un estricto control gubernamental de los precios de las semillas y fertilizantes al tiempo que se fortalecen los financiamientos y apoyos para las organizaciones económicas de productores a efecto de realizar compras consolidadas, producción local de insumos y una distribución oportuna entre sus asociados.
J. Establecer temporalmente una comisión nacional de coordinación y seguimiento operativo (ejecutivo; legislativo, organismos económicos de productores) y comisiones estales similares.
3. En el marco de la declaratoria de emergencia agroalimentaria nacional, adoptar medidas para el reforzamiento de los programas de ayuda alimentaria: Diconsa, Liconsa, Oportunidades, Comedores Populares, financiamiento y apoyos para multiplicar y generalizar mecanismos asociativos/cooperativos de abasto directo campesinos-consumidores, etc. Presionar al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los municipios para establecer urgentemente programas de ayuda alimentaria tales como comedores populares, servicio de comida caliente en las escuelas primarias públicas, aumento de la cobertura de programas como abasto social de leche y abasto en zonas rurales, empleo temporal para actividades productivas y de restauración y conservación de recursos naturales; etcétera.
Llamamiento al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión
Hacemos un llamado urgente y atento al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión a un acuerdo nacional para emprender medidas emergentes y, sobre todo, un cambio de rumbo para enfrentar la catástrofe alimentaria y aprovechar las condiciones internacionales y domésticas para impulsar la revalorizar y reactivar las economía campesinas, la producción y el mercado internos, la recuperación de la soberanía alimentaria, garantizando los derechos de los campesinos y las campesinas, el derecho a la alimentación para toda la población, el derecho a no migrar y los derechos de los consumidores. Las declaraciones, foros y puntos de acuerdo hoy no sirven de mucho: se requieren decisiones de Estado y medidas legislativas acertadas y oportunas previa deliberación y acuerdos públicos con las organizaciones campesinas, los sectores productivos y la sociedad civil.
Llamamos al Congreso de la Unión a establecer a una mesa urgente al Ejecutivo Federal, a las organizaciones campesinas y a los sectores productivos para enfrentar el desastre agroalimentario con medidas de emergencia y de cambio de modelo.
Propuestas estructurales urgentes (cambio de modelo agroalimentario)
Es necesario luchar por una nueva política agroalimentaria para frenar la carestía. Entre las decisiones que deben ser tomadas urgentemente por el Congreso de la Unión están las siguientes: a) Aprobar el derecho constitucional a la alimentación y la Ley de Planeación para la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional. b) Aprobar una ley para ordenar al ejecutivo federal a establecer una reserva estratégica alimentaria y un mecanismo de administración de las importaciones y exportaciones de productos agroalimentarios estratégicos para la seguridad alimentaria del país. c) Aprobar una ley de emergencia alimentaria que impulse la producción campesina de alimentos para reducir la dependencia de las importaciones a no más del 15% del consumo nacional que fortalezca la diversidad de programas alimentarios a fin de eliminar la pobreza alimentaria y compensar los impactos en de la elevación de los precios en la economía popular. d) Acuerdos entre países productores para la administración de la oferta y el manejo de reservas, con el objetivo de estabilizar un nivel de precios remunerativos para los productores y apropiados para los consumidores. e) Aprobar una ley para obligar al ejecutivo federal a iniciar la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN. f) Aprobar un decreto para proceder a investigar las prácticas monopólicas y anticompetitivas de las principales agroempresas vinculadas a la cadena alimentaria. g) Establecer medidas y en esto la mayor responsabilidad es de los países más desarrollados, para detener la inversión especulativa en las Bolsas de productos agrícolas y otras materias primas. h) En el caso del café entre otras medidas a futuro deben fortalecerse las Bolsas en los países productores. i) Es necesario establecer mayores reservas de alimentos en cada país y en algunos productos a nivel regional o mundial, con mecanismos administrados por organismos públicos bajo el amparo de la ONU, que garanticen la distribución de alimentos aun bajo fuertes afectaciones climatológicas. j) Debe tenderse a esquemas que garanticen niveles de precios adecuados para los productores. La actual liberalización comercial dominada por las empresas agroalimentarias transnacionales y la especulación financieras en las Bolsas, ha llevado a la disminución de precios y fuertes fluctuaciones que arruinan a la producción campesina y generan una gran incertidumbre. Por ello debe haber mayor cooperación entre países productores y consumidores, para definir nuevos mecanismos de regulación no solo de los precios, también de la producción y el manejo de reservas1. k) En el caso de México es importante que no se tenga una excesiva sobrevaluación del peso, que actualmente debería colocarse en niveles cuando menos de 14.00 pesos por dólar. l) Debe acotarse el papel de las grandes empresas agroalimentarias transnacionales que manipulan la producción y precios, el procesamiento, la distribución y precios a los consumidores con productos en buena parte con bajos niveles nutricionales, a través de una mayor intervención de los Estados en alianza con las asociaciones de productores y consumidores, para el establecimiento de un esquema alimentario favorable al conjunto de la población.
Llamamiento a las organizaciones campesinas y de la sociedad civil
Hacemos un llamado a las organizaciones campesinas para impulsar las medidas emergentes y de cambio de modelo agroalimentario antes enunciadas y a constituir un frente unitario frente al Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión.
Atentamente,
¡El hambre no espera!
¡Producción campesina de alimentos para salir de la crisis alimentaria!
¡Salvemos al campo para salvar a México!
Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC)
Notas
1. Por ejemplo en el caso del café, es claro que es difícil tener un esquema uniforme para los tres tipos de café principales, los cafés robustas, los arábigos no lavados, y los arábigos lavados que en los últimos años tienen tendencias de diferenciación de costos de producción y precios. En cada tipo de café hay una producción dominante de pocos países productores, en robusta de Vietnam, Indonesia, Brasil e India; en arábigos no lavados de Brasil y Etiopia y en arábigos lavados de Colombia, México, Perú y países Centroamericanos. En el caso de los arábigos lavados, puede decirse que actualmente en físicos se tienen precios altos que van de los 260.00 a 300.00 dólares las 100 libras y se necesitarían precios adecuados para los productores de 160.00 a 180.00 dólares, que implicaría una reducción de alrededor del 35%, pero que deberían ser sostenibles en términos reales en periodos prolongados. Consideramos que sería posible una mayor cooperación de los principales países productores de cafés arábigos lavados, para hacer más homogéneas los niveles de calidad, el manejo de políticas de producción, exportaciones, reservas, incluso de destrucción de cafés de menor calidad, cuando se tengan niveles de sobreproducción y exceso de reservas.
Otro ataque más a la familia Reyes Salazar, incendian la casa de la señora Sara
Hoy martes 15 de febrero del 2011 a las 7:30 PM, fue incendiada la casa de la señora Sara Reyes en el poblado Guadalupe en el Valle de Juárez, aproximadamente a 100 metros de un puesto militar. La señora Sara es madre de Elías Reyes Salazar y María Magdalena Reyes Salazar quienes junto con Luisa Órnelas esposa de Elías, fueran secuestrados el pasado lunes 7 de febrero en el mismo Valle de Juárez, actualmente “resguardado” por el ejercito.
Recordemos que la señora Sara es madre de Josefina Reyes Salazar, activista por los Derechos Humanos que fuera asesinada en enero del 2010, después de recibir amenazas por parte de las fuerzas federales por sus actividades políticas. También Rubén Reyes Salazar, otro hijo de la señora Sara fue asesinado en agosto del 2011. Por todos estos crímenes la familia Reyes Salazar no ha recibido justicia, ni respuesta por parte de las autoridades. Por todos estos motivos denunciamos, que el incendio de la casa de la señora Sara es parte de la campaña de hostigamiento a la familia Reyes Salazar.
En estos momentos, mientras la casa de la señora Sara arde en llamas, Marisela Reyes Salazar, Claudia Reyes Salazar, dos hijas de la señora Sara, mantienen una huelga de hambre en un campamento instalado el pasado miércoles 9 de febrero, frente a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua Zona Norte en Ciudad Juárez, para exigir la presentación con vida de Elías Reyes Salazar, María Magdalena Reyes Salazar y Luisa Órnelas Soto, quienes además se encuentran delicados de salud.
Asimismo, en apoyo a estas demandas y al plantón de la Familia Reyes, un grupo de estudiantes de varias universidades que participan en Redes Universitarias y el Comité Ciudad Juárez No están Solos, realizaron, el día de hoy (15 de febrero), un Ayuno afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México.
¡Exigimos el cese de las hostilidades a la familia Reyes Salazar!
¡Protección a la vida y a los bienes de la familia Reyes Salazar!
¡Presentación con vida de Elías Reyes Salazar, María Magdalena Reyes Salazar y Luisa Órnelas Soto!
Informes:
En Ciudad Juárez: Adrián Fuentes Luján: 65 62 74 30 37
En la Ciudad de México: Manuel Otero: 55 38 97 04 41
Fuente: Comité Cd. Juárez no están sólos
Basilia, mujer maya injustamente sentenciada
Difusión Cencos México D.F., 14 de febrero de 2011
Boletín de prensa
Centro ProDH / Indignación
• El gobierno de Quintana Roo mantiene en injusta prisión a la señora Basilia Ucán Nah desde hace casi tres años
• ¿Cuántas injusticias más hacen falta? Las prácticas del sistema penal mexicano, que afectan a Basilia Ucán Nah, son contrarias a los estándares mínimos de derechos humanos
• El Centro Prodh e Indignación exigen su inmediata liberación y acciones concretas para que estos hechos no se repitan
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Indignación) han asumido la defensa de Basilia Ucán Nah, mujer indígena maya detenida injustamente en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, desde hace casi tres años, acusada de delitos que jamás cometió. Se le ha sentenciado a 12 años con tres meses de prisión por los delitos de corrupción de menores y lenocinio.
La señora Basilia Ucán Nah ha sido sometida, desde el 18 de marzo de 2008, a un procedimiento penal carente de las mínimas garantías procesales. Las irregularidades, violatorias de sus derechos humanos, evidencian cómo los sistema de procuración y administración de justicia, ante su ineficiencia, aprovechan la situación de vulnerabilidad que afecta a las mujeres indígenas para fabricar culpables y cumplir con su cuota de trabajo o con la expectativa social de que las autoridades actúen frente a la delincuencia.
Basilia Ucán es originaria de Yoactún, localidad próxima a la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto. Es habitante de una zona predominantemente indígena del estado de Quintana Roo: casi el 70 por ciento de la población pertenece al pueblo maya peninsular. En marzo de 2007, a raíz de una llamada anónima que denunciaba hechos de “corrupción de menores” en perjuicio de dos adolescentes del sexo femenino, se inició una averiguación previa en la que, en principio, uno de los probables responsables señaló la participación de funcionarios y policías de Felipe Carrillo Puerto en la comisión de dichos ilícitos. No obstante durante las investigaciones el ministerio público, presionando a las víctimas y manipulando testimonios, terminó por fabricar una culpable en la persona de Basilia Ucán. El juez penal de primera instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto –licenciado Ramón Jesús Aldaz Bencomo- hizo suyas esas probanzas a pesar de su ilegalidad y, sin considerar las pruebas de descargo que acreditaban la ilegalidad de las actuaciones ministeriales, emitió una sentencia condenatoria de 12 años de prisión.
Del análisis de la sentencia emitida el día 12 de octubre de 2010 se derivan diversas violaciones al debido proceso; a continuación algunas de ellas:
• Las probanzas presentadas por el ministerio público, a través de las cuales sostuvo su acusación, fueron recabadas de manera ilegal. A pesar de ello el juez las convalidó y utilizó como argumento para sustentar la sentencia.
• Las supuestas agraviadas nunca hicieron un señalamiento directo en contra de Basilia Ucán Nah, se retractaron de sus declaraciones y expresaron haber sido hostigadas y presionadas por las autoridades para firmar declaraciones que ni siquiera conocían.
• En su declaración ministerial, utilizada a manera de confesión, Basilia no refiere conocer a las menores ni acepta ningún hecho constitutivo de delito. Además esta declaración se realizó sin asistencia de abogado o persona de confianza.
Las organizaciones que han sumido su caso, dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, consideran que en el presente caso hay graves violaciones de derechos humanos porque:
A. Hay una doble discriminación que subsiste en el ámbito de la procuración e impartición de justicia: por ser indígena y por ser mujer, situación especialmente alarmante en una entidad donde la mayoría de la población es indígena maya. Lo anterior demuestra que no existen condiciones mínimas para que las personas pertenecientes al pueblo maya accedan a juicios equitativos y en donde sean consideradas sus diferencias culturales.
B. A pesar de la existencia de elementos que podrían evidenciar la participación de funcionarios públicos y policías de Felipe Carrillo Puerto en hechos relacionados con la explotación sexual infantil, en ningún momento el ministerio público realizó alguna investigación para verificar este hecho, al contrario, fabricó una culpable en la persona de Basilia para “rendir cuentas a la sociedad”. En consecuencia pareciera que no existen condiciones adecuadas de verdadero acceso a la justicia para posibles víctimas de explotación sexual infantil, pues se procesa a personas inocentes y se omite investigar a los verdaderos responsables de delitos tan graves como el citado.
C. Confirma que el actual sistema de justicia penal es ineficaz para realizar investigaciones de calidad que permitan, por un lado, disminuir el índice de impunidad que afecta a la sociedad y, por otro, garantizar que a toda persona sometida a un procedimiento de índole penal, se le hagan efectivas las mínimas garantías judiciales establecidas tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales. El proceso seguido a Basilia corrobora que las prácticas del procedimiento penal mexicano que han sido sistemáticamente señaladas por organismos internacionales como contrarias a los estándares mínimos de derechos humanos siguen siendo la base de la acción persecutoria del delito, con lo cual ni se garantiza la seguridad pública ni la existencia de juicios justos y equitativos.
Basilia ha apelado, con el apoyo jurídico de Indignación y el Centro Prodh, la sentencia condenatoria que fue emitida por el juez de la causa. En esa tesitura esperamos que, al emitir la sentencia de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo, tome en consideración las violaciones cometidas en perjuicio de Basilia, reconozca la inexistencia de elementos y dicte su inmediata e incondicional libertad.
Basilia Ucán, mujer maya injustamente sentenciada | Centro ProDH e Indignación exigen su inmediata liberación
Cancún, Quintana Roo, a 9 de febrero de 2011
Van pobladores de La Montaña al Congreso por tarifa preferencial
Viajan al DF para seguir con la gestión ante legisladores federales y representantes de la CFE
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 14 de febrero. Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales de La Montaña y Costa Chica se concentraron en el Congreso local con la intención de que los diputados se interesaran al movimiento que impulsan desde 2007 en demanda de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asigne un pago preferencial al estado de Guerrero, pero no cristalizaron su intención, aunque hoy mismo viajaron a la ciudad de México para continuar con su gestión.
La intención de los campiranos es que el Ejecutivo y el Legislativo secundaran su demanda, y aunque no fue posible, advirtieron que no se detendrán, y conseguirán su objetivo tal como lo hizo Chiapas, donde las zonas indígenas pagan cuota preferencial por energía eléctrica.
El viaje a la ciudad de México tiene un objetivo, que los integrantes del movimiento se reúnan con una comisión de diputados federales, representantes de la CFE y de la Secretaría de Gobernación para mañana martes en el Congreso de la Unión, para tratar su demanda.
Abel Bruno Arriaga, uno de los dirigentes del Comité Regional de Gestoría y Defensa Social de La Montaña, es decir una de las organizaciones que integran la unión de pueblos, comentó que la intención es que la CFE les haga factible un descuento de 50 por ciento a todos los guerrerenses, en proporción a sus percepciones y condiciones de vida.
Otra de las opciones que habrán de plantear mañana, es que el gobierno federal asignen una tasa fija, “por ejemplo que todos los compañeros indígenas paguen cien pesos por cuota de energía eléctrica, porque no es lo mismo el que gana un albañil, un agricultor a otras personas de las ciudades”.
Consideró que la actitud del gobierno estatal de no respaldarlos, quizá se deba a que le están rehuyendo al pago de diferencia, y es que de aprobar la CFE el pago preferencial, el Ejecutivo estaría aportando la parte que no pagarían los guerrerenses.
No obstante, dijo que el movimiento ya se prepara con otra opción, a través de una reforma de ley, “pero le estamos apostando a que el gobierno aporte una cuota”.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Auto de Formal Prisión a 10 ejidatarios que defendían su Territorio en Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
15 de febrero de 2011
Actualización de la AU_01
Acción Urgente
• Se registraron violaciones a las garantías judiciales de los detenidos tseltales
• 10 presos políticos perseguidos por el gobierno de Sabines
En seguimiento a la Acción Urgente 01, que este Centro de Derechos Humanos (Frayba) emitió el pasado 02 de febrero del presente, en relación a la detención arbitraria de 117 indígenas tseltales, ejidatarios de San Sebastián Bachajón (SSB), municipio de Chilón, adherentes a La Otra Campaña (LOC), emitimos nuevas informaciones:
El pasado viernes 11 de febrero de 2011, aproximadamente a las 20.00 hrs. al término del plazo constitucional, el Juez Víctor Adolfo Vera Morales, titular del Juzgado del Ramo Penal de Catazajá, Chiapas, decidió dictar Auto de Formal Prisión al Sr. Jerónimo Guzmán Méndez por los delitos de homicidio calificado, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado y daños; al Sr. Domingo Pérez Álvaro, homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado y daños; así como a los Sres. Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro López Gómez, Miguel Álvaro Deara, Pedro García Álvaro (con discapacidad mental), así como al menor de edad Mariano Demeza Silvano por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado y daños. Nueve de los indígenas enfrentarán su proceso judicial bajo detención en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS No. 17), en la causa penal 39/2011, en tanto que el menor de edad fue trasladado al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Villa Crisol en el municipio de Berriozábal, Chiapas y puesto a disposición del Juez Primero Especializado de Primera Instancia en Justicia para Adolescentes, Lic. Edilberto Molina Barrientos.
Según información del gobierno de Chiapas, emitida el 13 de febrero, durante las diligencias del término constitucional, los detenidos contaron con garantías judiciales que protegen sus derechos como detenidos, sin embargo, la información documentada en el lugar de los hechos por este Centro de Derechos Humanos confirma que la defensora de oficio Yolanda Álvarez Cruz, abogada indígena, que los asistió durante su declaración preparatoria ante el Juez es de lengua y cultura Cho’l y el actual defensor Darío Sánchez Escobar es mestizo. Durante las diligencias, las y los testigos, indígenas tseltales, que rindieron su declaración a favor de los 10 indígenas detenidos, no fueron asistidos por intérpretes calificados para las diligencias judiciales, ya que se cuenta con el dato que policías municipales uniformados fueron presentados como traductores, lo que intimidó a varios testigos; otras personas que sirvieron como traductores eran de lengua Cho´l o bien tseltales que no contaban con la formación adecuada y suficiente para asumir esa responsabilidad jurídica, por lo que esta situación desvirtuó las declaraciones en la defensa de los detenidos.
Las y los integrantes de este Centro de Derechos Humanos que asistieron en la defensa durante el término constitucional, fueron obstruidos en su labor de defensa por funcionarios de ese juzgado, ya que no tuvieron un acceso adecuado al expediente penal para realizar su trabajo de defensa.
Después del ejercicio penal, los 10 indígenas encarcelados fueron presionados para que sus familiares y/o autoridades comunitarias, adherentes a LOC, participaran en una “mesa de negociación”, promovida por el gobernador de Chiapas Juan José Sabines Guerrero y el Secretario General de Gobierno Noe Castañon León, así como el grupo de “oficialistas” del ejido de San Sebastián Bachajón, Chilón, y el grupo de “priistas” de Agua Azul, municpio de Tumbalá, para firmar un “Pacto de civilidad y concertación para la paz en el Centro Ecoturístico Agua Azul.”
El Frayba cuenta con información que Pedro García Álvaro, quien tiene discapacidad mental, fue obligado a firmar una declaración autoinculpatoria ya que dada su condición no está posibilitado a articular un relato completo, tal y como se asienta en la declaración preparatoria, de tal manera que se le ha dejado en estado de indefensión, además de no realizarle los estudios correspondientes para su situación.
Según datos recabados, documentamos que Jerónimo Guzmán Méndez, acusado por el delito de homicidio calificado y Domingo Pérez Álvaro, por el delito de homicidio en grado de tentativa, y varios más de los acusados, no se encontraban en el lugar de los hechos ocurridos el 02 de febrero, en donde lamentablemente perdió la vida el Sr. Marcos Moreno García y resultó herido Sr. Tomás Pérez Deara. Las declaraciones jurídicas de las personas que acusan a los 10 detenidos resultan no claras y enrarecidas. Asimismo se cuenta con datos que indican que al menos 25, de los 117 indígenas tseltales que inicialmente fueron detenidos pertenecientes a LOC, firmaron declaraciones sin conocer el contenido en donde señalaban a sus compañeros ahora privados arbitrativamente de su libertad. Otros indican que les condicionaron su libertad si no firmaban ese documento y otros fueron amenazados: “me dijeron que si no cooperaba me iban a torturar y a meter una bolsa en la cabeza”.
Según testimonios de las 107 personas que fueron liberadas el 04 de febrero, indican que no se les permitió leer su declaración ante el ministerio público, así como otros documentos que firmaron y de los cuales desconocen su contenido. Informan que cuentan con un apercibimiento judicial y que al momento de su liberación fueron amenazados de encarcelamiento si no desistían en su lucha por la defensa del territorio y de su organización social y política a través de LOC.
Para este Centro de Derechos Humanos la detención y procesamiento de las personas injustamente encarceladas, se encuentran en un escenario de represión por autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que priva arbitrariamente de la libertad a 10 personas por su acción política y social en la defensa de sus derechos.
Este Centro de Derechos Humanos considera que se violaron el derecho al debido proceso, garantías judiciales, presunción de inocencia y protección judicial de los 10 indígenas tseltales.
Ante los hechos anteriormente narrados, solicitamos a los colectivos, organizaciones, grupos y personas que realicen actos de solidaridad a favor de las 10 personas detenidas por la defensa al territorio de los pueblos indígenas. Así también envíen cartas a las autoridades mexicanas exigiendo:
• La liberación de Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro López Gómez, Miguel Álvaro Deara, Pedro García Álvaro, Mariano Demeza Silvano.
• Una investigación seria, exhaustiva y apegada a la verdad de los hechos ocurridos el día 02 de febrero, en donde fue despojada la caseta de cobro a los adherentes de LOC; así como el esclarecimiento del fallecimiento del Sr. Marcos García Moreno y de la agresión al Sr. Tomás Pérez Deara.
• Una investigación seria y exhaustiva que sancione a las y los funcionarios de procuración y administración de justicia de Chiapas que ocurrieron en actos violatorios a los derechos humanos.
• Se respete el ejercicio al derecho al territorio de los Pueblos indígenas, que están realizando las ejidatarias y ejidatarios de SSB adherentes a LOC.
Pedimos el envío de sus acciones urgentes a:
Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, México DF
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Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
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Dr. Noé Castañón León
Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
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Teléfono:+ 52 (961) 61-6-53-54, 61-653-55 Fax: + 52 (961) 61-6-53-50
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Lic. Víctor Adolfo Vera Morales
Juzgado del Ramo Penal de Playas de Catazajá
Km 2.5, carretera Catazajá – Palenque
Catazajá, Chiapas. Anexo al CERSS No. 17
C.P. 29980 Catazajá, Chiapas.
Fax: + 52 (916) 3660011
Favor de enviar copia a:
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Calle Brasil 14, Barrio Mexicanos, 29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Tel: + (52) 967 6787395, 967 6787396, Fax:+ (52) 967 6783548
Correo: accionurgente@frayba.org.mx
ONG: acentúa EU los procesos de exclusión de la migración actual
La migración en América tiene que ver con factores de exclusión y dominación de los países del norte hacia los países del sur, puntualizó Leopoldo Maldonado Gutiérrez, miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Al participar en el foro Las dos caras de la migración en México, organizado por el Voluntariado Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), presentó el trabajo “Para una cultura de los derechos humanos. Vulnerables somos todos”.
En su planteamiento señaló que “el gobierno estadounidense impone y determina la política migratoria del Estado mexicano y se encuentra totalmente relacionado con las políticas laborales de Estados Unidos (EU)”, que recrudece la protección fronteriza cuando no es requerida mano de obra barata y, por el contrario, mantiene una vigilancia laxa cuando es necesaria una fuerza laboral que cobre poco y no demande derechos constitucionales, apuntó.
Para el gobierno de EU, “ser pobre y extranjero es una amenaza a la seguridad nacional”, postura que evidencia “una visión sumamente excluyente y discriminatoria” que desde hace dos décadas es denunciada de manera constante por numerosas organizaciones de la sociedad civil, argumentó Maldonado Gutiérrez.
Sin embargo, detalló, el tema de los migrantes, y en particular los abusos a los que son sometidos durante su paso por la República Mexicana, apenas comienza a preocupar a las autoridades, ocasionado primordialmente por los hallazgos de centroamericanos víctimas del crimen organizado; esto ha encendido focos rojos en los gobiernos de Honduras, El Salvador y Nicaragua, por ejemplo, haciendo que sus representaciones diplomáticas soliciten a su contraparte mexicana información que pueda explicar cómo ocurren este tipo de crímenes.
A pesar de tal panorama en el ámbito nacional, se pueden contar algunos logros en el contexto internacional, agregó el ponente, como la respuesta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a las denuncias presentadas por organizaciones civiles mexicanas respecto a las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército mexicano.
En ese sentido, destacó Leopoldo Maldonado, los comisionados encargados de recibir y evaluar las pruebas acerca de los distintos casos presentados, han coincidido en calificar la situación de los migrantes como una verdadera tragedia humanitaria, semejante a las condiciones que enfrentan habitantes de países que sufren una guerra civil.
Tal conocimiento por parte de la CIDH ha generado un interés de los comisionados y del comisionado relator por visitar México y conocer directamente las condiciones a las que se enfrentan los migrantes en su trayecto hacia EU, lo que podrá tener lugar en los próximos meses, señaló el jurista.
Fuente: La Jornada de Veracruz
Durante balacera en Tamaulipas, sicarios secuestran camión que iba a Ciudad Valles
Luego de los hechos de violencia ocurridos en días recientes en la Huasteca, zona colindante con Tamaulipas, en el municipio de Padilla, en el vecino estado, fue secuestrado un camión de pasajeros que se dirigía de Matamoros a Ciudad Valles, en una jornada violenta que lleva 17 muertos, sin distinción de mujeres e infantes entre las víctimas.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Nuevo Padilla, cabecera municipal de Padilla, cuando miembros del crimen organizado causaron una balacera que se extendió a diversos puntos del municipio desde la madrugada del lunes.
En respuesta, efectivos del Ejército y cuerpos policiacos tanto federales como de Tamaulipas se movilizaron, por lo que un grupo de civiles armados detuvo el camión de pasajeros 6046 que cubría la ruta Matamoros-Ciudad Valles, hizo descender en despoblado a los 14 viajantes, y usó el vehículo para cerrar el paso a las fuerzas del orden que se aproximaban al pueblo.
El saldo de fallecidos hasta el cierre de esta edición asciende a 17: siete personas en la cabecera municipal y 10 más en las comunidades y colonias periféricas, cuatro de ellas ejecutadas fuera de un automóvil
En cuanto a los 14 pasajeros del camión secuestrado y que se dirigían a la Huasteca, poco después de terminado el enfrentamiento fueron auxiliados por otro transporte y llevados a Ciudad Victoria.
Fuente: La Jornada de San Luis
Toman habitantes de Santiago Miahuatlán el Palacio Municipal
ELIZABETH RODRÍGUEZ LEZAMA
Santiago Miahuatlán. Con el objetivo de manifestar su repudio a Silvestre Antonio Ovando, quien concluyó su gestión como presidente municipal, así como para advertir que no permitirán el ingreso, hoy, del nuevo munícipe, Juan Alcántara, un grupo de pobladores mantienen tomado el Palacio.
Fue a las cero horas de ayer cuando los habitantes se reunieron en la plaza central para iniciar la toma del edificio, luego de que Silvestre Antonio Ovando optó por ignorar las peticiones que durante las últimas semanas hicieron los pobladores para conseguir la libertad de Maurilio Cupertino de Jesús Nuevo.
Los inconformes recordaron que esa persona se encuentra presa desde hace casi dos meses, por participar en las manifestaciones para evitar la explotación del agua del pozo Chiltepintla, por parte del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable de Tehuacán (OOSAPAT).
Asimismo, hicieron mención de que Silvestre Antonio Ovando deja un municipio muy deteriorado, con falta de servicios, deficiente obra pública y una comunidad inconforme porque se nota la falta de trabajo.
Debido a que el presidente saliente no rindió un informe público, pues se limitó a entregarlo por escrito, los manifestantes consideraron que se trató de una falta de respeto para sus gobernados; exigieron que se le obligue a comparecer ante el pueblo.
Aclararon que no pertenecen a algún partido político, pero destacaron que no permitirán que Juan Alcántara tome posesión como nuevo alcalde porque es bien sabido que va a mantener en el ayuntamiento a personas cuyo trabajo de otras administraciones ya conocen y no es muy prometedor.
Por ello explicaron que si el nuevo presidente decide tomar posesión en otro espacio irán hasta ese lugar para impedir su toma de protesta porque para ellos su arribo a la presidencia representa un trienio más de atraso para Miahuatlán.
Indicaron que irán a tocar todas las puertas necesarias en el gobierno del estado y el Congreso local, para hacer oír su voz, pues lo que buscan a fin de que se designe un consejo municipal.
El Palacio se mantiene cerrado, y en la parte frontal colocaron mantas con leyendas de repudio hacia Silvestre Antonio Ovando, mientras un grupo de pobladores mantiene guardia permanente frente al edificio, donde colocaron una carpa.
Fuente: La Jornada de Oriente
Argentina protesta ante EE.UU por avión con material bélico no declarado
La Cancillería argentina presentó este lunes una nota de protesta ante Estado Unidos en referencia al avión de la Fuerza Aérea del país norteamericano que arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires (centro), con material no declarado abordo y lamenta las omisiones en la información proporcionada por la embajada estadounidense en el momento de declarar el material.
“Hasta el momento, ni esa Embajada ni el Gobierno de los Estados Unidos de América han proporcionado explicaciones satisfactorias que aclaren la presencia de material no declarado en el cargamento que llegó al Aeropuerto de Ezeiza, así como tampoco el uso que se le pretendía dar una vez ingresado al país, teniendo en cuenta que parte del material se trataba de elementos que se utilizan en operaciones de inteligencia y/o comunicaciones”, señala la minuta.
La nota añade que “la única información provista por los funcionarios estadounidenses presentes en el Aeropuerto de Ezeiza fue que un bulto determinado contenía elementos que hacen a la seguridad de los Estados Unidos, y solicitaron que si la Argentina insistía en abrirlo no se hiciera a cielo abierto, para evitar que pudiera ser fotografiado por satélites de espionaje”.
Buenos Aires también invita a la cancillería argentina a las autoridades de Estados Unidos a colaborar en la investigación para esclarecer este nuevo episodio.
Asimismo, el canciller argentino, Héctor Timerman aseguró este lunes durante una entrevista con una cadena internacional, que su país está diciendo la verdad en el tema del avión estadounidense que portaba material bélico y medicamentos vencidos, luego que la Casa Blanca señalara estar “preocupada” e indicará que “no podía ser cierto”.
"La Argentina está diciendo la verdad, un tercio de la carga que trajo ese avión no estaba en la Lista de Buena Fe, que nos entregó la embajada de los Estados Unidos", dijo el canciller.
El diplomático afirmó que todo lo declarado por la embajada norteamericana fue autorizado.
“Así como nosotros cumplimos con las leyes de Estados Unidos, queremos que ellos también cumplan con las leyes argentinas", sostuvo.
Indicó que "las leyes son para que todos las cumplamos"
Timerman añadió que "la lista del material nunca fue adulterada, ni cambiada y explicó que se llevó esa lista al aeropuerto y se comprobó que cerca de mil pies cúbicos de material no estaba incluido".
En ese contexto explicó que "la Argentina ha sufrido dos atentados terroristas y tiene leyes muy estrictas sobre lo que puede entrar y no pude entrar al país para evitar tener un tercer atentado".
Timerman dijo además que EE.UU. "tiene que darnos una explicación" e instó a Washington que colabore con la investigación.
"No nos han dado ninguna explicación. Yo pregunté qué pensaban hacer con ese material una vez ingresado en el país, a quién se lo pensaban entregar y porqué había que entrar material que no estaba autorizado", dijo el canciller.
Estados Unidos dijo este lunes estar “perplejo y preocupado por las acciones de las autoridades argentinas".
Calificó de "inusual e imprevisto" el registro de la carga que iba en el avión militar y afirmó que "no creemos que eso sea cierto", precisó Crowley a los medios de comunicación.
El subsecretario del Departamento de Estado norteamericano para la región, Arturo Valenzuela manifestó que está sorprendió debido a que las cosas no se conversaron en “forma respetuosa” y adelantó que el Gobierno nortemericano pedirá la devolución del material incautado.
Por su parte, el Secretario general del Centro Militar para la democracia, José Luis García dijo a teleSUR que “la causaba extrañeza las opiniones emitidas por Valenzuela que, pomposamente, porque es un funcionario de la jerarquía menor”.
“El funcionario que es ni el Canciller, ni el vicecanciller empieza a demonizar la situación”, precisó García.
Fuente: Telesur
Boletín de Democracy Now! en Español
15/2/2011
baje el audio (disponible alrededor de las 17:00 ET)
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- Legisladores iraníes reclaman la ejecución de líderes opositores
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- Juez retirado encabeza comité constitucional egipcio
- Egipto solicita que se congelen los fondos de Mubarak
- Autoinmolaciones de protesta se extienden a Marruecos
- Blogger sirio condenado a cinco años de prisión tras juicio secreto
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El Resto de la Hora de Democracy Now!
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