martes, 12 de marzo de 2013

El Ejército y los abusos del poder contra el SME


Martin Esparza

La noche del 10 de octubre de 2009 en que fueron tomadas por asalto las instalaciones del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro para ejecutar –aun antes de su publicación– el decreto de su extinción, el Ejército Mexicano enlodó su casta de institución patriótica al servicio del pueblo, cuando a soldados disfrazados de policías federales se les utilizó como golpeadores, incluso con la orden de tirar a matar, para desalojar, a punta de bayoneta y con lujo de fuerza, a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Documentos en nuestro poder ratifican la denuncia que en su momento hiciera pública el teniente de zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez, cuando dio a conocer a todo el país el denigrante papel que fueron obligados a hacer cientos de militares, quienes por órdenes superiores debieron disfrazarse de policías federales e incluso de civiles para colaborar en el encubierto “golpe de Estado”, fraguado desde la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.

Lamentable es que las funciones del Ejército Mexicano, garante de la seguridad y dignidad nacionales, se hayan trastocado para agredir a la clase trabajadora que es, sin lugar a dudas, parte del pueblo de México. Y peor todavía, que los altos mandos no hayan protestado por tal infamia como sucedió en 2006, cuando el expresidente Vicente Fox pretendió utilizar a las Fuerzas Armadas para desalojar a los integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. En esa ocasión, el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Clemente Vega García, pidió que el expresidente le diera la orden por escrito para que quedara constancia de la infamia que se pensaba consumar. Fox rehuyó, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a asumir el alto costo social, político e histórico que tal acción hubiera representado, por lo que el Ejército se salvó de tal ignominia.

Por desgracia, no sucedió lo mismo con el extitular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, quien aceptó prestarse al papel de comparsa de Calderón y su gabinete, y en el colmo de las vilezas, consintió que en los protocolos de la intervención militar se autorizara a la tropa abrir fuego contra quien intentara recuperar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro.

Por su origen popular y porque debe ser una fuerza de paz, las tareas de represión tienen que estar fuera de las funciones y el compromiso ético de nuestro Ejército Mexicano, sólo así se entiende que sus cualidades patrióticas estén al servicio de las causas sociales. Desde 1968, cuando se escribió una de las páginas más indignantes de las Fuerzas Armadas al haber sido utilizadas para asesinar a mansalva a cientos de estudiantes en Tlatelolco, el Ejército no había procedido de forma tan censurable en contra del pueblo como –ahora se sabe con certeza– actuó la noche del 10 de octubre de 2009.

En uno de los partes, fechado el 12 de octubre de ese año, se lee:

“Hago de su conocimiento que en los periódicos El Universal y Reforma se publicó la nota periodística ‘Fuerzas federales custodian termoeléctrica en EdoMex [Estado de México]’ y ‘Vigilan PFP [Policía Federal Preventiva] y Ejército subestaciones’, en la cual se aprecia una fotografía de un vehículo militar de 6.5 toneladas con las siglas 0325277, perteneciente al 25 Batallón de Infantería (Toluca, México). No obstante haber comunicado telefónicamente y posteriormente en mensaje FCA número 41726, del 11 de octubre de 2009, que estaban suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal uniformado que permita su identificación como militares, debiendo realizarlas con uniforme azul o civil, y en vehículos que no tengan características militares. Por tal motivo agradeceré realizar las siguientes acciones:

“A. Se le ratifica la orden de imponer correctivo disciplinario debidamente fundado y motivado al comandante del 25 Batallón de Infantería.

“B. Realizar una investigación remitiendo el resultado para antes de las 18:00 [horas] del 15 octubre de 2009.

“C. Ratificar y supervisar que la totalidad de organismos bajo su mando estén enterados [de] que están suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal uniformado a las instalaciones de la extinguida Compañía de Luz y Fuerza del Centro (todo movimiento a estas instalaciones), agradeciendo realizarlas, en caso de ser necesario, de civil o con uniforme azul y en vehículos que no tengan características militares” (sic).

Y firmaba el documento “confidencial e interno” de la Sedena el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, JM Castillo Segura.

En las órdenes giradas a los militares que hicieron las funciones de supuestos policías federales se establecía en uno de sus puntos: “En caso de ser atacada la base de operaciones, instruirá al personal que se encuentre apostado se proteja utilizando los accidentes del terreno y parapetos, a fin de no ser blanco redituable a los atacantes, debiendo de tener conocimiento del sector de tiro que le corresponda”. Hasta la fecha, los altos mandos castrenses se han guardado bien de tocar el tema ante la opinión pública. De hecho, el teniente Marcos Gerardo Mendoza tuvo que enfrentarse a la justicia militar bajo la supuesta falta de “abandono de servicio de armas”, por haberse negado a participar en la denigrante farsa ordenada por sus superiores y por hacer del conocimiento de la sociedad la inusual medida que representó un atropello a los derechos civiles y constitucionales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

El 19 de febrero pasado, durante la celebración del Día del Ejército, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo que los soldados que se alejen del sendero del cumplimiento de la ley o violen derechos humanos “habrán de asumir las consecuencias”. Sólo le faltó decir qué castigo merecen aquellos altos mandos militares que se han prestado, precisamente, a violar la ley y los derechos humanos de los ciudadanos, que como en el caso de los electricistas del SME fueron reprimidos no por fuerzas policiales sino por elementos castrenses.

Es indudable que, por el honor del Ejército Mexicano, los generales que participaron en la indignante agresión del 10 de octubre de 2009 nos deben una explicación a todos los mexicanos. Claro está, si algo de vergüenza y de honor les queda.

*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas

Indígenas tarahumaras sufren amenazas e invasión a sus tierras


CHIHUAHUA, Chih., (apro).- Indígenas tarahumaras expondrán el próximo jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la problemática que enfrentan desde hace tiempo, con la invasión sistemática de sus tierras y la histórica lucha por su reconocimiento ancestral.

María Monarca Lázaro, Lorenzo Moreno Pajarito, Miguel Manuel Parra y María Luisa Bustillos viajaron este martes a la ciudad de Washington, donde se celebrará la audiencia. Ellos van en representación de las comunidades de la Sierra Tarahumara, como Huitosachi, Bakajípare y Mogótavo, municipio de Urique, así como de Choreachi, Coloradas de la Virgen y Mala Noche, de Guadalupe y Calvo.

La comisión acude respaldada por las organizaciones Alianza Sierra Madre, Tierra Nativa y Consultoría Técnica Comunitaria que pertenecen a la Red de organizaciones para la defensa integral de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, representadas ante la CIDH, por las abogadas Alma Verónica Chacón y Carmen Hurtado.

“Nosotros sí hemos recibido amenazas para que no se muevan todo eso, para aprovechar ellos nada más. Las autoridades no nos oyeron por eso acudimos a las organizaciones”, denunció Lorenzo Moreno Pajarito.

En la sesión con la CIDH, los indígenas tarahumaras hablarán sobre los obstáculos que enfrentan para lograr el reconocimiento legal de su territorio y plantearán soluciones que tienen implicaciones para todos los pueblos originarios de México.

La falta de reconocimiento ancestral implica que no tengan acceso preferente a los beneficios del uso y aprovechamiento de los recursos naturales de sus propias tierras, como el caso del proyecto Barrancas del Cobre del que fueron excluidos y afectados por la contaminación que genera.

María Teresa Guerrero, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, explicó que los casos de las comunidades tienen años ante los tribunales, y mientras no tienen acceso a recursos naturales, la lucha legal es muy larga y la expansión de los proyectos turísticos avanza muy rápido.

“Los indígenas tienen derecho a una consulta previa, libre e informada, sobre los programas, proyectos o leyes que incidan directamente con el desarrollo y bienestar de sus comunidades”, explicó Isela Gonzáles, directora de Alianza Sierra Madre.

Aun así, en el proyecto turístico Barrancas del Cobre, el gobierno creó el Fideicomiso Barrancas del Cobre e implementó el proyecto en territorios indígenas, sin consultar a sus comunidades y a pesar de que desde hace un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró que tienen obligación de consultar a las comunidades, pero el desarrollo continúa sin consulta.

Además, expondrán la necesidades que afrontan de manera cotidiana: servicios de salud deficiente o nulos, falta de acceso al agua para el servicio doméstico y el consumo humano, falta de escuelas adecuadas a la cultura de las comunidades, contaminación a causa de basura que desechan los hoteles y demás servicios.

Asimismo, la comisión solicitará la intervención de la CIDH para que se agilice la solución de los conflictos que tienen en los tribunales y que respeten sus derechos, particularmente que sean consultados en los conflictos donde el gobierno tome decisiones que afecten sus territorios y familias.

VIDEO: Reforma telecomunicaciones debe enriquecerse sin afectar su estructura: Amedi


Suman 2,351 ejecuciones en primeros 100 días de Peña Nieto


En los primeros 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron ejecutadas 2 mil 351 personas en el país, cifra ligeramente mayor a la reportada en los últimos 100 días del sexenio de Felipe Calderón, cuando se registraron 2 mil 338 ejecuciones, de acuerdo con el conteo del diario Reforma.

Asimismo mientras que en el calderonismo murieron en promedio 21 personas al día en hechos relacionados con el crimen organizado, con el actual gobierno el promedio es de 23 homicidios al día.

Los estados con más ejecutados bajo el gobierno de Peña Nieto son Sinaloa, con 357; Chihuahua, con 271; Jalisco, con 258; Nuevo León, con 238; y Coahuila y el Estado de México, con 209 casos cada uno.

Al respecto, el director del Instituto de Seguridad y Democracia, Ernesto López Portillo, dijo al periódico que las propuestas en seguridad del actual gobierno no se reflejaron en una disminución inmediata en el número de ejecuciones, pues primero se tienen que analizar las múltiples causas de los homicidios.

El especialista en seguridad Guillermo Garduño puntualizó que los homicidios no pueden detenerse en 100 días, dado que el narcotráfico está inserto en las instituciones federales y el tejido social, y consideró que para reducir el número de ejecuciones el gobierno de Peña Nieto debe depurar las corporaciones policiacas y promover la denuncia ciudadana.

Athié pide expresar ‘repudio’ contra Rivera en el cónclave


El exsacerdote considera que el cardenal mexicano, quien actualmente participa en la reunión en el Vaticano donde se elegirá nuevo papa, no representa los valores del Evangelio, a la comunidad cristiana y creyente de México. 


El cardenal Norberto Rivera participa desde hace unas horas en el cónclave en el Vaticano. (Foto: Cuartoscuro)

El exsacerdote Alberto Athié Gallo hizo un llamado para “aumentar la presión” contra le presencia del cardenal mexicano Noberto Rivera, en el cónclave del Vaticano, donde se elegirá nuevo Papa, ya que insiste en señalarlo por su presunta complicidad en casos de pederastia.

En una carta, el exministro católico aseguró que el cardenal “desprecia” a más de cien víctimas que, asegura, sufrieron abusos por parte de los padres Marcial Maciel, Nicolás Aguilar y del Carlos López, en México, Estados Unidos y en otros países del mundo.

Athié asegura que Rivera miente públicamente al decir que un juez de los Estados Unidos lo absolvió de las acusaciones, “cuando en verdad lo que el Juez declaró fue que no tenía elementos suficientes para atraer el caso a su jurisdicción”.

“No hay que olvidar que el Cardenal Rivera había declarado ante el primer Juez que lo interrogó acerca de los chamacos que el P. Nicolás metía en su cuarto de la parroquia, que la palabra “chamaco” se refiere ¡a personas de entre los 18 y los 30 años!”, señaló.

Recordó, además, las más de 23 mil firmas de personas de México y de otros países, que han expresado públicamente su repudio a que asista al cónclave.

“Se siente representante de la catolicidad mexicana, cuando no tiene la calidad moral para participar porque no representa a los valores del Evangelio, a la comunidad cristiana y creyente de México”, sostuvo Athié.

“Hoy comenzó el cónclave y, aunque las intenciones de Rivera sean otras, podemos seguir expresando públicamente nuestro repudio a su presencia y que haremos públicas todas las firmas y se las entregaremos en sus oficinas de la Ciudad de México”, agregó.

Una vez más en Cerro de San Pedro, festival “de resistencia” contra la MSX


Sergio Serrano Soriano, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, manifestó que a partir de la 11 horas del sábado 16 de marzo inician los trabajos del 11 Festival Cultural de Cerro de San Pedro. Enfatizó que es un festival de resistencia y denuncia en contra de la destrucción del patrimonio histórico y cultural y de la contaminación que genera MSX.

El festival inicia con un paseo ciclista desde la plaza de Fundadores hasta Cerro de San Pedro, comentó Eduardo Ruiz, organizador de la rodada.

Continúa con tres mesas de trabajo donde se discutirá la situación del movimiento antiminero y sus perspectivas.

Se contará con la presencia de personas que han tenido problemas de contaminación y daños por la actuación de mineras. Estarán presentes representantes del movimiento en contra de la minería en Caballo Blanco, Veracruz, que lucha para que no se instale una minera canadiense junto a la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. También estarán los luchadores sociales en contra del proyecto minero a tajo abierto en Xochicalco, Morelos, y otros más.

Se realizará la premiación del concurso de cuento corto en donde se han apuntado 25 escritores.

Por su parte, Mario Martínez Ramos, organizador del evento, expresó que en Cerro de San Pedro el sábado por la tarde se escuchará la música de grupos como Metal Sirus Kinder Calavera, Nota Sonotra, Beto Blus Band, Monroy Blus y El Maravilloso Traje de Crema (parte de lo que fue la Maldita Vecindad) y otros destacados artistas.

Elizabeth Medina Gordoa, del grupo ambiental Pro San Luis Ecológico, manifestó que el domingo 17 de marzo en la ciudad de San Luis Potosí se continúa con el festival, por la mañana los trabajos de análisis de la situación minera en el país y por la tarde en la plaza de Aranzazú se escuchará a Eccos, Eukaskera, La Leyenda, Storyville, Dobermans y varios grupos musicales más.

Manifiestan los opositores a la Minera San Xavier que la resistencia contra la transnacional canadiense sigue, que el Festival es un himno a la vida en contra de la barbarie de los extranjeros y contra el daño ambiental y cultural.

Acosa crimen organizado a refugio para migrantes, denuncia sacerdote


RODRIGO SOBERANES

Veracruz, Ver.- El sacerdote defensor de migrantes, Tomás González Castillo, denunció acoso que La 72, Hogar–Refugio para Personas Migrantes es víctiva de acoso por parte de una red con centro de operaciones en Coatzacoalcos.

El albergue emitió un comunicado firmado por Tomás González en el que donde informa que han documentado cientos de testimonios de migrantes que dicen ser obligados a pagar 100 dólares a los supuestos delincuentes para poder subir al tren de carga.

En Tenosique, donde se encuentra ese albergue, los migrantes abordan el tren carguero que parte hacia Coatzacoalcos, Veracruz, que es “el centro de operaciones de criminales bien identificado por las personas migrantes”, según La 72.

El comunicado es sacado a la luz a una semana de que un colaborador del albergue, Rubén Figueroa, denunció amenazas de muerte en su contra por parte del mismo grupo de personas señaladas de exigir las “cuotas” para abordar el tren.

“Después de una semana del último evento en el que nuestra casa se vio amenazada, después de discernir y recibir el apoyo solidario de organizaciones y personas hermanas, mandamos nuestra palabra a través de este comunicado”, dice el documento.

Tomás González informó que los migrantes afectados y La 72 ya denunciaron esos hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y consta en la averiguación previa AP PGR/TAB/TEN/206/D/2013.

En el documento, el centro humanitario informa que entregó los testimonios de los migrantes a las senadoras Layda Sansores y Ana Gabriela Guevara y a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adscritos a la 38 zona militar.

La 72 también informó sobre las extorsiones al alcalde de Tenosique, Carlos Alberto Vega Celorio, a diputados tabasqueños y al gobernador de ese estado, Arturo Núñez Jiménez.

González Castillo opinó que la denuncia ante la PGR y los acercamientos a las otras autoridades “se han revertido en contra nuestra” por la amenazas recibidas por Rubén Figueroa el pasado 3 de marzo.

Rubé Figueroa recibió “amenazas de muerte por parte de personas identificadas por los migrantes y por nosotros como los criminales que cobran la cuota y controlan el flujo migratorio de Tenosique a Coatzacoalcos”.

El albergue de migrantes informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dictó medidas cautelares para La 72 en julio de 2011, “medidas que nunca fueron cumplidas a cabalidad y que finalmente la CNDH sin dar explicaciones, cerró el expediente”, dice el texto.

De acuerdo con el documento firmado por el cura franciscano, Tomás González, La 72 también pidió –sin éxito- medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) el beneficio de protección a defensores de derechos humanos y periodistas y tampoco recibieron una respuesta positiva, según el comunicado.

Con el aumento al IVA todos pagaremos la privatización del petróleo


Alfredo Ramírez*

La pretensión de privatizar el petróleo constituye uno de los objetivos de la clase política que actualmente gobierna a México. Enrique Peña Nieto, el PRI y los poderes fácticos que lo llevaron a la Presidencia de la República se aprestan a pagar viejas y nuevas facturas a los grandes potentados de este país dejando que inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, manejen y exploten el crudo mexicano.

Ya el PRI ha dado un paso adelante al aprobar la modificación de sus estatutos para permitir que particulares se apoderen de ese importante recurso y de paso aumentar el IVA, así como aplicárselo a alimentos, medicinas, transporte y libros.

Dicho partido por supuesto que tiene experiencia en el arte de mentir, simular y engañar para tratar de consumar esta acción antipatriótica y lesiva para el grueso de la población mexicana. La intentona privatizadora será seguramente revestida con palabras rimbombantes dirigidas a ciertos sectores de la sociedad.

Con el pretexto de modernizar y elevar la competitividad de Petróleos Mexicanos (Pemex), los paladines del discurso y del dogma neoliberal urgen y claman por la inversión privada en dicha empresa, argumentando que ello finalmente traerá beneficios económicos y sociales para el país. Nada más alejado de la realidad. Dejar que la iniciativa privada explote el petróleo significaría un desfalco de recursos para las arcas públicas y, por ende, para los mexicanos. Veamos algunos números para ilustrar lo anterior.

Pemex, según el Presupuesto de Ingresos de la Federación 2013, aporta por los conceptos de “Derechos a los hidrocarburos” e “Ingresos de organismos y empresas que corresponden a Petróleos Mexicanos” más de un billón 253 millones de pesos; es decir, alrededor de 38 por ciento del gasto del gobierno federal. Los ingresos provenientes de la paraestatal se destinan para sufragar gastos en salud, educación, obra pública, entre otros conceptos, en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Si el gobierno de Enrique Peña Nieto privatizara esta empresa se dejarían de percibir tales recursos, los cuales de ninguna manera podrían ser compensados con los ingresos fiscales recaudados por los particulares que resultaran beneficiados de la privatización. Por ello, más que una lucha ideológica, impedir la entrega a la iniciativa privada del crudo mexicano reviste una prioridad para la mayoría de la población mexicana. Evidentemente Pemex, como lo han sugerido varios especialistas, requiere de una reestructuración que le permita, sin dejar de ser una paraestatal, continuar siendo una palanca del desarrollo social.

Pero los que se creen dueños de México y de sus recursos ya anticipan soluciones marcadamente antisociales ante la crisis en las finanzas públicas que provocaría la entrega del petróleo a empresas privadas en su mayoría extranjeras. En efecto, tienen la intención de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 19 por ciento y su generalización a medicinas y alimentos, una medida a todas luces regresiva y perjudicial para millones de ciudadanos.

En la era neoliberal las políticas públicas –en los hechos– han beneficiado a un puñado de políticos ligados con grandes intereses financieros y económicos. De ahí que muchos de éstos ni siquiera pagan las contribuciones a las que por ley están obligados.

Como se sabe, las empresas privadas pagan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por más o menos 30 por ciento de sus ingresos. No obstante, gracias a su cercanía con los políticos en el poder y a la serie de triquiñuelas que emplean, deducen una gran cantidad de este impuesto; es decir, lo pagan y lo recuperan, o de plano no lo pagan. Así, Telmex paga solamente 6.5 por ciento de ese gravamen, Wal-Mart 2.1 por ciento, Televisa 5.4 por ciento, Palacio de Hierro 2.8 por ciento, Bimbo y Grupo Posadas 2.3 por ciento.

Entonces, si estas grandes corporaciones ni siquiera cumplen con sus obligaciones fiscales, podemos anticipar que si se les permite invertir en la explotación del crudo, la nación no saldría beneficiada, más bien, los beneficiados serían, una vez más, grupos oligopólicos que literalmente continuarían desfalcando el patrimonio de todos los mexicanos.

La ola privatizadora en la era del neoliberalismo en México no es, para nada, una experiencia positiva. Como dice Luis Linares Zapata: los inversionistas extranjeros “se apropiaron de los ferrocarriles sin que hasta la fecha se vea o sienta progreso alguno en más vías, carga aumentada o pasajeros. Dominaron la banca e incrementaron los repartos de dividendos a sus matrices sin que fluya el crédito interno.

Penetraron, con serias irregularidades, la generación eléctrica ocasionando incrementos continuos para los consumidores. La minería ha sido toda una épica de conquista indetenible que no deja más que algunos empleos, litigios continuos, miserables impuestos y mucha devastación de aguas, bosques y tierras”.

Pero la privatización más escandalosa y dañina en la historia reciente –y que aún estamos pagando todos los mexicanos– ha sido la bancaria. Salinas de Gortari, durante su periodo presidencial, impulsó las políticas neoliberales dizque modernizadoras, aduciendo que las manos privadas son mejores para administrar que las públicas.

Así, privatizó los bancos, que a la postre resultó un gran fraude que cobró forma en el tristemente célebre Fobaproa. Con este mecanismo, el erario público sufre cada año una significativa sangría. Al cierre de 2012, la deuda del IPAB es de 814,918.0 millones de pesos (dato oficial establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013), siendo una deuda que originalmente era privada y que ahora es de todos los mexicanos.

Por lo anterior, cuando los priístas y sus aliados pactistas hablan de inversión privada en Pemex versus modernización y desarrollo, nos están diciendo que están cocinando otro negocio para los poderes fácticos de este país.

*Secretario de Cooperativismo, Economía Popular y Movimientos Civiles y Sociales del CEN de Morena

FUNDALEX: LE URGE AL ESTADO MEXICANO UN PLAN MÍNIMO PARA PROTEGER A PERIODISTAS


* Para la Fundalex, además del cambio de régimen, son necesarios otros mecanismos institucionales para dar garantías de seguridad y respeto a la libertad de expresión

México, D. F., a 12 de marzo de 2013

La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), manifiesta que la vida de los periodistas mexicanos continuará en riesgo mientras la impunidad siga siendo el principal instrumento para quienes tienen la necesidad de ocultar información o ven amenazados sus intereses particulares, frente a los intereses legítimos de la sociedad.

Para la Fundalex, además del cambio de régimen, son necesarios otros mecanismos institucionales para dar garantías de seguridad y respeto a la libertad de expresión de los periodistas y del derecho a la información de los ciudadanos.

En los últimos días han ocurrido el asesinato del periodista Jaime Guadalupe González Domínguez en Ojinaga, Chihuahua y la desaparición del trabajador del Diario de Ciudad Juárez, Víctor Javier Campos, quien apareció muerto en Agua Prieta, Sonora.

Ocurrieron también repetidos ataques contra los periódicos El Siglo de Torreón y el Diario de Ciudad Juárez, así como contra la televisora Canal 44 de ésta última ciudad.

No menos grave para la libertad de expresión y el derecho a la información es el camino tomado recientemente por el diario Zócalo en Coahuila, quienes anunciaron ayer 11 de marzo que “en virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado”.

El pasado jueves 7 de marzo aparecieron en diversos lugares de Coahuila alrededor de 50 mantas donde amenazaban a la familia Juaristi, dueños del diario con sede en Saltillo y subsidiarias en Monclova, Ciudad Acuña y Piedras Negras. El caso del Zócalo de Coahuila no es inédito, en Tamaulipas los medios han omitido las noticias sobre el crimen organizado y antes, el 20 de septiembre de 2010 El Diario de Ciudad Juárez en el editorial titulado “¿Qué quieren de nosotros?”, dijo entre otras cosas: “… somos comunicadores, no adivinos…. Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros”, y agregó: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto de esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo”.

Hace falta la voluntad comprometida de todos los actores sociales: gobiernos, legisladores, jueces, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y de la población en general, para terminar con los ataques en contra de quienes tienen la misión social de transmitir y analizar la realidad en que vivimos.

La Fundación para la Libertad de Expresión reitera, hoy con mayor preocupación, que una sociedad sin libertad de expresión y derecho a la información no sólo es una sociedad mutilada en el conocimiento de sí misma, sino que adolece de los principales elementos de una democracia como son el debate de las ideas y la crítica, que sin duda fortalecen a las instituciones.

La Fundalex ha puesto énfasis en el peligro de que en nuestro país la libertad de expresión entre a una zona de crisis, porque es una señal de que los demás derechos están a punto de ser conculcados. La libertad de expresión está pasando a ser el termómetro que permite ir midiendo el funcionamiento eficiente del estado o la aparición de instituciones deficientes que conducen tarde o temprano al estado fallido.

Para la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), es urgente que el Estado mexicano elabore un plan de acción básico, con respuestas mínimas pero eficaces, para evitar que hechos como los antes descritos continúen sucediéndose, o incluso agravándose, en México.

La Fundalex expresa su solidaridad con los familiares y compañeros de Jaime Guadalupe González Domínguez y Víctor Javier Campos, así como con la planta laboral de los periódicos El Siglo de Torreón, El Diario de Ciudad Juárez, Canal 44 y diario Zócalo, de la misma forma a los periodistas que han debido alejarse de su lugar de trabajo para poder salvar su vida.

En el caso de Jaime Guadalupe González Domínguez y Víctor Javier Campos, la Fundalex solicita al Gobierno del Estado de Chihuahua tomar las medidas pertinentes, para garantizar la seguridad social y económica a sus deudos como sería el pago de un salario decoroso a su familia, para sufragar los gastos de la educación de sus hijos, garantizando su sustento y vestido, integrando a esposa e hijos al Instituto Mexicano del Seguro Social, además de apoyarlos con la debida atención médica y psicológica.

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México: el gobierno debe implementar medidas urgentes para salvar las vidas de migrantes




Los secuestros rutinarios, la violencia sexual, el reclutamiento forzoso en bandas criminales, la trata de personas y el asesinato de migrantes son acontecimientos comunes en las vidas de docenas de miles de migrantes irregulares que atraviesan México cada año. De acuerdo con Amnistía Internacional, la impunidad es la norma en estos abusos.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, que cumplió ayer sus primeros 100 días de mandato, no ha dado hasta ahora ningún paso para corregir el fracaso absoluto del gobierno anterior para enfrentar esta crisis humanitaria. “Una vez más, el destino de migrantes irregulares en México se ha dejado en segundo plano” dijo Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México.

“Por contra, albergues de migrantes y defensores de derechos humanos han reportado a Amnistía Internacional un incremento en el flujo migratorio y en los ataques a migrantes y defensores de migrantes”.

En febrero, surgieron nuevos reportes de casos de secuestro de migrantes en Medias Aguas, Veracruz, lo que confirma el aparente deterioro de la situación. Las autoridades aún tienen que proporcionar la información relativa a las medidas tomadas para investigar estos incidentes.

Las y los defensores de derechos humanos que dan refugio y apoyo a los migrantes también se han enfrentado a más amenazas e intimidaciones. El 4 de marzo de 2013, Rubén Figueroa, quien trabaja en el albergue “La 72” en Tenosique, Tabasco, recibió amenazas. “Este hecho resalta una vez más los riesgos que sufren las personas que se dedican a garantizar la seguridad de los migrantes” dijo Knox.

Además de esto, las y los defensores de migrantes que han recibido protección han reportado que frecuentemente las medidas son pobres e ineficaces. Las investigaciones para encontrar a los responsables nunca prosperan y los funcionarios públicos locales continuamente dejan de apoyar el trabajo de los albergues y, en ocasiones, promueven la hostilidad hacia los migrantes.

Recientemente, el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación indicó que las denuncias por secuestro de migrantes únicamente se envían a la Procuraduría General de la República sin hacer más, lo que es sintomático de la incapacidad del gobierno federal para conducir una respuesta coordinada y efectiva para esta crisis.

Amnistía Internacional exige la acción inmediata del gobierno en ciertas áreas prioritarias. Con independencia de las acciones que se tengan contempladas, el gobierno de Peña Nieto debe urgentemente:

· Asegurarse de que las y los defensores de migrantes en riesgo reciban protección efectiva.

· Implementar, dirigir y coordinar a nivel federal medidas efectivas para prevenir abusos en contra de migrantes.

· Establecer e implementar protocolos para la investigación de crímenes contra migrantes y facilitar los mecanismos de denuncia para que los migrantes puedan reportar cualquier abuso.

· Establecer una base de datos de migrantes desaparecidos con el fin de que sus familiares puedan presentar información, incluyendo el ADN, para ayudar en la identificación de personas desaparecidas.

Información adicional

Durante el último año Amnistía Internacional ha realizado un activa campaña de visibilización de la situación que viven las personas migrantes a su paso por México. Como parte de dicha campaña Amnistía Internacional denunció que la situación de las y los migrantes en México es tan vulnerable que su vida llega a depender de hechos tan básicos como tener unos calcetines o unos zapatos en buen estado cuando atraviesan zonas desérticas o pantanosas.

Esta vulnerabilidad es fruto de la violencia por parte de grupos criminales y funcionarios públicos, en ocasiones actuando en connivencia.

Durante esta campaña, en la que han participado miles de personas, diferentes albergues de migrantes de todo el país han recibido unos 15,000 pares de calcetines, muestra de la solidaridad de la sociedad mexicana e internacional ante la inacción de las autoridades.

Defender la cacatúa filipina al borde de la extinción

Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva,

La cacatúa filipina está gravemente amenazada de extinción. Solamente unos 1.000 ejemplares -la mayor población en la pequeña isla de Rasa- viven frente a la isla de Palawan. Precisamente allí pretenden construir una central eléctrica de carbón. Desde Filipinas nos piden apoyo internacional. Por favor, súmese a la carta que enviaremos a las autoridades filipinas, completando el formulario que encuentra bajo la carta en el enlace.


Y por favor, ayude a difundir esta ciberacción. Muchas gracias y un saludo atento,

Guadalupe Rodríguez
Salva la Selva
guadalupe@regenwald.org

Denuncia Familia de Jotolá amenazas de agresiones físicas

Ejido Jotolá, Chilón. Chis.

A 11 de marzo del 2013.

Compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones Independientes A.L

A los Compañeros de la org. Aderentes de la otra Campaña.
A los Centros de Derechos Humanos, Nacional e Internacional.
A la Junta del Buen Gobierno de Morelia y los Altos.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por este medio y de la manera más atenta y respetuosa nos dirigimos ante Ustedes, para informarles todos los acontecimientos que prevalece dentro del ejido Jotolá, son los siguientes.

El día 5 de marzo del presente, fue amenazado el C. Ricardo Sánchez Luna, por los CC. Mateo Sánchez Gómez, Pascual Aguilar Sánchez y Mariano Moreno Pérez, en donde dijeron que Ricardo es uno de la cabecilla, que obstaculiza la repartición del cuadro urbano.

Nuevamente el día 9 del presente, como a las 9:00 horas de la mañana. Volvieron a mencionar que es mejor agarrarlo de una vez, pero sin saber a dónde lo iban a llevarlo. Son las mismas personas que amenazaron el día 5 de marzo.

El compañero Ricardo Sánchez Luna, teme que le agreden físicamente por los grupos mayoritarios de Juan Cruz Méndez, comisariado ejidal.

Por lo que surgió en el año 2010. Fueron ellos mismos quienes cortaron el alambrado del Jeronimo Demeza Moreno.

Así es que le pedimos al gobierno Federal, Estatal, Local, que intervenga para la no agresión de nuestros compañeros.

Es necesario sentarse en una mesa para desaogarse y firmar un pacto de no agresión en diversa circunstancias y dar propuestas o alternativas en reparto agrario.

Hacemos recordar que el compañero Ricardo Sánchez Luna, está verificado por las medidas cautelares y Teme por su familia y ante su persona.

El día miércoles 6 de marzo del 2013, yo Ricardo Sánchez Luna, juntamente con mi esposa, nos presentamos a la oficina del Ing. Luis Demetrio López Dominguez, recidente agrario de Ocosingo, en donde le dimos a conocer que el grupo de Juan Cruz Méndez, están amenazando verbalmente y el nos respondió que no va a pasar nada porque es acuerdo de mayoría, por las mediciones del cuadro urbano. También me dijo que nadie está en posecion. Esperamos el apoyo para una pronta solución, en salvaguardar a mi Familia.

Ricardo Sánchez Luna
Enriqueta Gómez Sántiz.

presentó Amicus Curiae para Alberto Patishtán Universidad de Minnesota

130305 Nota Info Patishtan by soberaniapopular

Solidarios de la Voz del Amate piden por que la SCJN reasuma su competencia para resolver caso de Alberto Patishtán.

A la opinión pública
A los medios de comunicación estatal, nacional e internacional
A los medios alternativos
A la sexta internacional
A las organizaciones independientes y defensores de los derechos humanos, ongs

Presos injustamente Solidarios de la Voz del Amate integrantes de la Sexta declaración de la selva lacandona del EZLN recluidos en el penal No. 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Después de casi los 13 años de encarcelamiento injusto a nuestro compañero Alberto Patishtán Gómez a llegado el momento que se descubra toda anomalía e irregularidades que existen en su expediente, como este día 6 de marzo del año en curso habrá audiencia para discutir la reasunción de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto de nuestro compañero mencionado, la cual nosotros confiamos en los ministros que cuando descubran todas las mentiras en el caso de nuestro hermano con esto dictarán la liberación inmediata de nuestro compañero.

Al mismo tiempo le hacemos este llamado al gobierno del estado Manuel Velasco Coello a que nos libere de forma inmediata e incondicionalmente, como ellos sabrán que nosotros estamos pagando delitos que las mismas autoridades prefabricaron.

Por último invitamos a la sociedad civil, a las organizaciones independientes nacionales e internacionales a no bajar la guardia de exigir la verdadera justicia y las libertades robadas por el mal sistema, y ya no más injusticias y encarcelamientos injustos, todos hacia la verdad.

F R A T E R N A L M E N T E

Solidarios La Voz del Amates

Rosario Díaz Méndez
Pedro López Jiménez
Alejandro Díaz Sántiz
Juan Díaz López
Juan Collazo Jiménez
Rosa López Díaz
Benjamín López Aguilar
Juan López González
Alfredo López Jiméneez

San Cristóbal de las Casas, Chiapas; a 5 de marzo 2013.

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