jueves, 8 de agosto de 2013
Se manifiestan familiares de levantados; exigen a gobierno noticias sobre paradero
Córdoba, Ver.- Una vez mas, al mediodía de ayer familiares de los desaparecidos emprendieron una manifestación para exigir autoridades una respuesta sobre el paradero de los jóvenes.
En esta ocasión se plantaron frente al ayuntamiento de Córdoba, sin embargo, fue notable la poca participación de las familias que se unieron para hacerse escuchar, a lo que, aseguran, se debe a que en constantes ocasiones hay quienes reciben llamadas para dar datos sobre el paradero de los jóvenes y prefieren ir a buscarlos.
Desde aproximadamente al mediodía se plantaron en el ayuntamiento y se retiraron a las 2 de la tarde para encontrarse con el subprocurador de Justicia, Ricardo Carrillo Almeida.
Los manifestantes piden conocer qué ha sucedido con sus hijos, hermanos, primos o esposos, incluso coinciden en que si cometieron algún delito, que lo paguen, pero que les garanticen que se encuentran bien o que se lleva a cabo el procedimiento de acuerdo a la ley.
Y es que el temor aumenta, toda vez que han encontrado pertenencias de todo tipo en lotes baldíos, en uno de ellos, tienen registrados en fotografías al menos 10 zapatos que fueron tirados, lo que aumenta su miedo por la integridad física de los jóvenes.
No obstante, alrededor de las 2 de la tarde, cuando ya se retiraban de la zona, de repente se registró una fuerte movilización, pues se habló de que los cuerpos habían aparecido en el punto conocido como la “maquinaria”, hasta donde llegaron fuerza federales de seguridad y familiares sin éxito alguno.
Para entender el cártel español: crónica de Avión
El texto vale su peso en oro. Carlos Slim se reúne con los más insignes representantes del cártel español: los multimillonarios gallegos de Avión. Sirve para recordar que en esa tríada sagrada -estado, corporaciones y migrantes- nada es más importante que los residentes de toda la vida, pues ellos abren las puertas de Los Pinos.
Esta fantástica, amén de corta, crónica de un reciente viaje del magnate a las tierras de los Vázquez Raña cuenta todo diciendo poco: los hilos ocultos de la conexión Pemex-Galicia, las oleadas de privatizaciones habidas y por haber y el poder de unos pocos sobre millones de jodidos se muestran con toda la frivolidad de una nota veraniega…
56.200 millones de euros en el bolsillo y el gusto aparentemente intacto por los pequeños placeres. El empresario mexicano Carlos Slim, considerado la segunda mayor fortuna del planeta por detrás de Bill Gates, ha pasado unos días en el municipio orensano de Avión, lejos de los suntuosos destinos vacacionales asociados a los multimillonarios.
En el bar Moncho, que se promociona por el buen vino y las carnes a la brasa (especialidad de la casa) el magnate y un grupo de amigos han podido dedicarse a la tertulia y a jugar al dominó. Seguro que la partida fue entretenida y disputada, ya que además del propio Slim ante la mirada de los parroquianos movieron ficha el empresario azteca Olegario Vázquez Raña, el mayor fabricante de papel de México, Miguel Rincón, y el notario público, Daniel Goñi. Alberto Abed, presidente de FlyMex, también se encontraba entre los presentes, aunque no ha mostrado su peripecia con la ‘mula de seises’ y las otras 27 piezas albinegras.
Vázquez Raña, hijo de emigrantes de este municipio gallego, titular de un holding de sanidad, comunicación, turismo y finanzas en México y buen amigo de Slim, ha ejercido de anfitrión. Con todo, no es la primera vez que el dueño de Telmex se mezcla con los vecinos de Avión, adonde llegó el pasado jueves. Lo hizo tras aterrizar en el aeropuerto vigués de Peinador y dirigirse desde allí en Rolls Royce a la mansión de Vázquez Raña, donde se celebró el cumpleaños de la mujer de éste, Ángeles Aldir.
En esta cafetería, Slim, ha pedido una tónica y se ha detenido a comprar un helado. “¿Éste es nuevo, no?”, ha preguntado señalando uno de los que ofrecía la carta.
Por si no les quedaba claro que el cártel español de los negocios existe y cuenta con aliados de peso, este encuentro entre Carlos Slim y los oligarcas gallegos en el bucólico pueblo de Avión muestra el estilo hispánico de hacer negocios.
Un dominó, un carajillo y otro chanchullo que caerá sobre nuestras espaldas…
Exigen ONG castigar a los asesinos de los tres integrantes de la Larsez
CITLAL GILES SÁNCHEZ Y
HERCILIA CASTRO (Reportera y Corresponsal)
Organizaciones defensoras de los derechos humanos como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón y el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg) condenaron el asesinato de los integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur, Emiliano Zapata (Larsez), entre ellos su dirigente, Raymundo Velázquez Flores.
A través de un comunicado, las organizaciones manifestaron que mientras en diversas regiones del estado predominan la inseguridad y los conflictos sociales, en Coyuca de Benítez se encontró el cuerpo de tres integrantes de la Larsez todos “con visibles huellas de violencia y el tiro de gracia”.
Se recordó que hace un par de meses, condenaban la ejecución de tres integrantes de la organización Unidad Popular de Iguala, que entre ellos, estaba el dirigente de la organización, Arturo Hernández Cardona. “Hasta hoy no se sabe de algún responsable que haya sido encarcelado”.
Los activistas manifestaron que estos recientes asesinatos de los luchadores sociales “son una inequívoca muestra más de que para los poderes establecidos y los poderes fácticos que cogobiernan en el estado, los luchadores sociales que están ligados al movimiento social y no caen en las practicas partidario-electorales, son una amenaza”.
Se informó que la última actividad de Velázquez Flores fue la promoción de la refundación del Partido Comunista, convocada para este 20 de agosto en Coyuca de Benítez.
“Es inevitable pensar que su muerte puede estar ligada a su actividad política y de gestión, pues los antecedentes de hostigamientos y amenazas que denunció Raymundo Velázquez en varias ocasiones, presuntamente responsabilizando a miembros del gobierno del estado fortalecen esta hipótesis”, indicaron.
De igual forma exigieron a las autoridades encargadas de procurar justicia que realmente se investigue y se sancione a los responsables y poder hacer justicia al triple asesinato de los integrantes de la Larsez “sus asesinatos no deben quedar impunes”.
Las organizaciones también criticaron las declaraciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien reclamaron que pretenda solucionar los problemas de forma estructural, ante el hecho de haber otorgado apoyos económicos a las familias desplazadas de La Laguna. “Lo menos que podemos esperar tanto en el caso de La Laguna, como en el de la Unión Popular de Iguala y en el de la Larsez, es que se encuentre a los culpables a través de una efectiva acción de la procuración de justicia y se evite la impunidad”.
Las organizaciones recalcaron que la impunidad es un factor que sólo es atribuible al estado, quien es el responsable de la procuración e impartición de justicia, así como buscar, encontrar a los culpables de los delitos y llevarlos ante los tribunales “velando por el debido proceso legal y los derechos humanos de las víctimas y de los presuntos delincuentes”.
Se unen CRAC y SSC en la demanda de que el Ejército deje de hostigarlos
Chilpancingo, 7 de agosto. Esta mañana, la Upoeg, el gobierno estatal y representantes de la Federación trasladaron a Casa Guerrero la negociación que el martes se tornó ríspida en en El Pericón, Tecoanapa, donde acordaron que los dirigentes del Sistema de Seguridad Ciudadana que coordina la Upoeg se reúnan mañana en la Secretaría de Gobernación en ciudad de México.
Con este compromiso la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y el Sistema de Seguridad Ciudadano, consiguieron que el gobierno estatal intervenga ante el gobierno federal para que el Ejército y la Armada de México respeten a la Policía Comunitaria y la Policía Ciudadana.
Por primera vez, la CRAC y el SSC coincidieron en su demanda de que el Ejército y la Marina dejen de hostigar a sus sistemas de seguridad.
La reunión entre Upoeg y gobiernos fue en Casa Guerrero. Del lado del estado la encabezó el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y el asesor del gobernador, Ernesto Aguirre; del lado de la Federación estuvo el delegado de Gobernación, Juan Salgado Brito, y el de PGR, Salvador Anaya del Carmen. Al final dieron una conferencia de prensa conjunta.
El dirigente de la Upoeg, Bruno Plácido Valerio, informó que mañana serán recibidos en audiencia en la Secretaría de Gobernación, y reclamó a los funcionarios presentes que a los policías ciudadanos se les trate como delincuentes. “Lo que estamos haciendo es resolver los problemas de inseguridad; esa es la propuesta que vamos a llevar a la Secretaría de Gobernación”, comentó.
Reconoció que la Upoeg está de acuerdo en normar el trabajo de la policía ciudadana, es decir, cambió su posición y dejó ver la posibilidad de que acepten la propuesta gubernamental de la Policía Rural, “siempre y cuando esto no sea una imposición, sino que antes tiene que tener el consenso de las comunidades, y a partir de este consenso poder determinar el nombre (que llevará) y el mecanismo que seguirá”.
Ayer algunos medios manejaron la posibilidad de que los funcionarios fueron retenidos en la Asamblea de El Pericón, hoy, ellos mismos rechazaron que haya sucedido.
Martínez Garnelo agregó que también acordaron la aplicación de recursos para obras sociales que garanticen el acceso a la salud, educación y desarrollo de las comunidades en que opera tiene influencia la Policía Ciudadana.
Aceptan la reglamentación
Plácido Valerio dijo que aceptarán ser reglamentados, pues “hasta el juego de canicas tiene reglas, entonces tenemos que ajustarnos a la legalidad”.
Al preguntarle que si cambiaron de decisión y aceptarán la Policía Rural, comentó: “no se trata de aceptarlo todo como venga, sino de hacer las propuestas que nosotros consideremos adecuadas y construir un modelo en el que participemos todos, porque nosotros no nos oponemos a que actúe el Ejército u otra instancia. pero que lo haga con respeto a la Policía Ciudadana”.
El lunes, Plácido Valerio había dicho que no se sumarían a la Policía Rural.
El trabajo forzado es intolerable
Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva,
Únete a la protesta con tu firma ahora desde el siguiente enlace.
Muchas gracias y un saludo atento,
Guadalupe Rodríguez
Salva la Selva
guadalupe@regenwald.org
Para cultivar palma aceitera se derriban árboles centenarios y se desplazan poblaciones violentamente. En las plantaciones los derechos humanos no cuentan -los trabajadores son considerados como esclavos. Así se enriquecen multinacionales como la norteamericana Cargill y sus clientes.
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Muchas gracias y un saludo atento,
Guadalupe Rodríguez
Salva la Selva
guadalupe@regenwald.org
Ecuador - Pronunciamiento Ley de Comunicación: Una herramienta para fortalecer la democracia
La Ley Orgánica de Comunicación, aprobada el 14 de junio por la Asamblea Nacional, es una victoria de las organizaciones sociales que durante mucho tiempo hemos luchado por mejores condiciones para ejercer el derecho humano a la comunicación y el acceso universal a las tecnologías y medios que la facilitan.
La distribución equitativa de las frecuencias radioeléctricas, una de las principales banderas exigidas desde las redes y entidades de comunicación y la sociedad civil, ha sido finalmente reconocida en la Ley. El artículo 106 establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de radio y televisión serán distribuidas equitativamente: 33% para medios públicos, 33% para medios privados, y 34% para medios comunitarios.
Ecuador logra así un avance realmente histórico, porque abre la posibilidad de que las voces de los excluidos y excluidas puedan expresarse a través de sus propios medios de comunicación. Ahora los medios públicos y comunitarios tienen una Ley que los ampara y promueve. Nunca más los medios comunitarios podrán ser perseguidos como ilegales o piratas. Gana la democracia, gana el país y ganan los sectores populares, que por siglos fueron condenados al silencio.
Otro aspecto positivo de la Ley es que, con la restricción a los monopolios y oligopolios (Art 113), se garantiza una mayor diversidad y pluralidad de voces en la esfera pública. A partir de ahora los medios están obligados a difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de, al menos, 5% de su programación diaria (Art. 36). La Ley también garantiza la inclusión de las personas con discapacidad a través de diversas medidas (Art. 37).
La ciudadanía cuenta con mayores garantías para acceder a información de calidad elaborada con responsabilidad social. Los trabajadores y trabajadoras de los medios contarán con mejores condiciones para desempeñar su trabajo, con respeto a sus derechos laborales.
Con relación al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, la Ley afirma en su artículo 35 el derecho de todas las personas a acceder y capacitarse en las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. Por lo tanto, el Estado debe implementar políticas públicas para que ninguna comunidad, por más alejada o pobre que sea, quede marginada del acceso a Internet y otras tecnologías, o de la posibilidad de tener sus propios medios de comunicación.
Por fin, la diversidad cultural ecuatoriana tendrá mayor presencia en los medios de comunicación. El país y sus cineastas, músicos, actores, grupos culturales y productoras locales, se verán favorecidos, pues la Ley establece que al menos el 60% de la programación diaria en el horario apto para todo público se destinará a la difusión de contenidos de producción nacional, incluyendo un 10% de producción nacional independiente. La música nacional deberá representar el 50% del contenido de la programación musical.
Las voces y los derechos de niños, niñas y adolescentes contarán con espacios en los medios de comunicación, dado que a partir de esta Ley los medios están obligados a promoverlos de forma prioritaria. (Art. 15)
La ciudadanía cuenta ahora con un mecanismo legal que le ampara y defiende frente a posibles actos de difamación, ofensas o ataques a la dignidad personal y colectiva, difundidos por los medios de comunicación.
Aspectos problemáticos
A la vez que reconocemos estos avances, constatamos en la Ley algunos vacíos y ambigüedades que podrían prestarse a interpretaciones contrarias a su propio espíritu, que apunta a democratizar la comunicación. Consideramos que la reglamentación y las políticas de implementación de esta Ley deben garantizar los derechos y la participación ciudadana, por lo que apelamos a que su elaboración se haga con consultas y aportes de diversos actores sociales.
Entre los puntos problemáticos destacamos:
• El artículo 83 autoriza la creación de medios públicos de carácter oficial, lo que resulta contradictorio porque un medio público, por definición y por estar financiado por los contribuyentes, debe tener una vocación pluralista y una línea editorial independiente. En todo caso, será importante establecer cuotas u otros mecanismos para asegurar que la mayoría de las frecuencias del 33% que corresponden al sector público, se concesionen a medios públicos NO oficiales.
• El artículo 20 trata sobre la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación y establece que quienes formulen comentarios en las páginas Web de los medios deben ser debidamente identificados por el medio. En dicha disposición se afecta explícitamente el anonimato en línea, elemento fundamental de la libertad de expresión en internet. Además, la privacidad de los usuarios podría verse comprometida, ya que no se establece cómo los medios gestionarán los datos personales que están obligados a solicitar. La separación entre la información generada por el medio y los comentarios de particulares es suficiente para deslindar responsabilidades.
• El artículo 26 sobre el “linchamiento mediático”, si bien apunta a dar solución a un problema real, resulta ambiguo en su formulación. Es necesario que la reglamentación precise claramente qué casos podrían considerarse bajo este artículo para no coartar el rol del periodismo de investigación en hechos de interés público.
• El artículo 106 se refiere a la distribución equitativa de frecuencias, incluyendo el numeral 5 relativo a las nuevas señales que permitirá la digitalización. La Transitoria 20 señala que estas nuevas señales de radio y televisión serán administradas por el Estado. Contradictoriamente ya está aprobado un Plan Maestro de Transición a la TV Digital (octubre 2012) que asigna a los mismos concesionarios las nuevas señales. La digitalización, ¿multiplicará por cuatro la concentración de frecuencias digitales o será una oportunidad para distribuirlas equitativamente?
• El Art. 42 establece la titulación obligatoria para quienes ejercen tareas periodísticas de carácter permanente. Dicha titulación debe ser otorgada a comunicadoras y comunicadores que laboran en medios comunitarios atendiendo a la experiencia acumulada, la trayectoria profesional y el conocimiento específico que representan méritos equivalentes al título.
Confiamos que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación y la Superintendencia de la Información y Comunicación tengan apertura a las propuestas de la ciudadanía para la elaboración del reglamento, así como la necesaria transparencia para elaborar los informes vinculantes, sin tomar en cuenta afinidades políticas o intereses económicos, para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión.
Ecuador está frente a una oportunidad histórica para democratizar la comunicación. La ciudadanía estará atenta al fiel cumplimiento de los artículos que la garanticen.
FIRMAMOS:
Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, CORAPE
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER
Radialistas Apasionados y Apasionadas
Colectivo Churo Comunicación
Agencia Latinoamericana de Información, ALAI
Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, OCLACC
SIGNIS
Isabel Ramos
Nelsy Lizarazo
Mauro Cerbino
María Belén Calvache
Guadalupe Yapud
Grace Merino
Fernando Checa
Adhesiones: autoconvocados.leycom@gmail.com
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A partir de un acuerdo con la
Unión por las Libertades Civiles de Nueva York, el Departamento de
Policía de Nueva York aceptó dejar de almacenar los nombres de las
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autoridades luego de haber sido detenidas y cacheadas, y posteriormente
fueron absueltas de todo tipo de acusación penal. Durante años, la
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injustificadas. Más...
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"No quiero morir en la cárcel": la abogada Lynne Stewart, enferma de cáncer, pide su liberación
El equipo jurídico de la
abogada presa Lynne Stewart presentará hoy ante un tribunal federal un
pedido para que sea liberada. Stewart tiene 73 años y está muriendo de
cáncer en una prisión de Texas. El mes pasado, el médico que la atiende
en la cárcel estimó que su esperanza de vida es de aproximadamente 18
meses. La presentación de hoy sucede después de que la Oficina Federal
de Prisiones denegara su solicitud de excarcelación anticipada. Los
abogados de Stewart están apelando esta medida y esperan poder
discutirla en la audiencia con el juez John Koeltl, quien dictaminó la
primera sentencia de Stewart. Más...
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Activistas denuncian infiltración de policía en manifestaciones contra la explotación laboral en Bangladesh
La organización Estudiantes Unidos contra la Explotación Laboral (USAS,
por sus siglas en inglés) presentó una demanda para que el gobierno de
Washington, DC, emita una orden que impida a la policía espiar las
actividades del grupo. La demanda judicial alega que una oficial de
policía llamada Nicole Rizzi se infiltró en las manifestaciones llevadas
a cabo en abril contra la explotación laboral, tras el devastador
incendio en una fábrica de Bangladesh en el que murieron más de 1.100
trabajadores. Más...
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